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Mesa de Redacción 4
El Complot de Televisa
El cartón de Hernández 5
Con el spot a flor de labios
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IFE, Cofeco y Cofetel rechazan Ley Televisa Gerardo Israel Montes La Minuta contraria a la Constitución Agustin Ramírez Proyectos de reforma a leyes de radidifusión y telecomunicaciones Gerardo Israel Montes Monitor ganará el litigio: José Maria Abascal Carlos Padilla Ríos En vilo conflicto Infored-GRC José de Jesús Guadarrama Familiares de periodistas piden al Fiscal justicia Balbina Flores Martínez Audioescándalo político; patética exhibición Jenaro Villamil Vertientes de la filtración Ernesto Villanueva Desde la Coloña Aquiles Canto Medios: oráculos de lo perverso José Luis Durán King
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Critican Ley Televisa
Entrevista
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Monitor - GRC litigio
Opinión
Justicia 36 38
La AFI ¡ya produce miniseries¡ Itzel Zúñiga Terror en la Forntera Sauro González Rodríguez y Carlos Lauría
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¿Quedarán impunes?
Directorio Director General Carlos Padilla Ríos Jefe de Información Gerardo Israel Montes Portada y diseño original Mónica Méndez Padilla Jiménez Diseño gráfico David Márquez Reyes, Lex Robles Lagunes Fotografía Iván Bustamante, Alejandro Meléndez, Cuartoscuro, Procesofoto
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Zócalo
Reporteros Balbina Flores Martínez, Itzel Zúñiga, Eric Estrada Ángeles, Mauro Godoy, Ricardo Martínez, Primavera Téllez Girón, Haydée Martínez, Galo Ramírez, Atziri Ávila, Zósimo Díaz. Colaboradores Luis Miguel Carriedo, José Luis Martínez, Graciela Ramírez, Agustín Ramírez, Gabriel Sosa Plata, Jorge Meléndez, Pablo Arredondo, Francisco Hernández Lomelí, Pablo Marentes, Beatriz Solís, Jenaro Villamil, Andrés De Luna, José de Jesús Guadarrama, Víctor Becerril,
Jorge Pulido, Raúl Valencia, Rocío Casillas Aceves, José Luis Durán King, Agustín Pineda, Claudia Benassini, Jorge Mansilla, Naief Yehya, Antonio Medina. Caricaturistas Hernández, Luy, Bogotá, Jans Redacción Jaime Morales M. Consejo Editorial Alma Rosa Alva De La Selva, Irma Ávila, Javier Esteinou, María Victoria Llamas, Carlos Mendoza López, Jorge Meléndez, José
Reportaje
Tira madiática 41
Sentido del humor / Jans
Entrevista 42
Yo quise ser periodista: Evo Morales Jorge Mansilla Torres
Opinión
Terror en la Frontera: CPJ 38
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Entrevista
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Los spots de los candidatos a la presidencia Claudia Benassini Félix Vigilar a los medios Pablo Arredondo Ramírez Ensombrecido retorno de Canal 40 Jorge Meléndez Preciado Critican agandalle de Tv Azteca Galo Ramírez Garay
Análisis 50
Quise ser periodista
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Opinión
Estocadas de cronistas contra toreros, desde la segunda década del Siglo XX Victor Becerril
Caja de Luz 54
Furia y escape
Cartón Erótico 55
Tecnología de punta Kemchs
Libros y Revistas 56
Los Chayos, el origen
Novedades Editoriales
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Palomo, Octavio Islas Carmona, Graciela Ramírez, Beatriz Solís, Ernesto Villanueva, Manuel Gutiérrez Oropeza †, Rogelio Hernández López. Diseño página web Diego Poot Circulación Martín Cárdenas Secretaria Concepción Villegas Zócalo, comunicación, política y sociedad Es una publicación mensual editada en México, DF por Proyectos Alternativos de Comunicación, S.A.
de C.V., Reserva exclusiva título núm. 04-2000090816141800-102, Número de certificado licitud de título 12280. Número de certificado de licitud de contenido 8943. Número ISSN 1665-8698. Domicilio:Calzada México Tacuba 235 cuarto piso, colonia Popotla, delegación Miguel Hidalgo. Tels.: 53416590 y 53416597, alternativamedios@prodigy. net.mx, periodicozocalo@hotmail.com. Página en Internet: www.periodicozocalo.com.mx. Impreso por: Editorial Esfuerzo S. A. de C. V. Esfuerzo No. 16-A Col. Lázaro Cárdenas, Naucalpan, Edo. de Mex., Tel. 5358 5958 Precio por ejemplar: 20 pesos
Suscripción anual: 250 pesos por 12 números Distribución: Publicaciones CITEM, S. A. de C.V. Tel.: 52380200. En Sanborns en toda la república. EDUCAL, S.A. de C.V. Tel: 53544037, 53562815. En el Distrito Federal; Edo. Méx, Morelos, Puebla, Querétaro y Guerrero.
Fotos de portada: Procesofoto, Cortesía Cofeco, Cuartoscuro
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El complot de Televisa
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l cierre de esta edición la página El Universal On Line adelantó el martes 28 de febrero que al día siguiente, el periódico publicaría grabaciones donde el asesor jurídico de Televisa, Javier Tejado Dondé exhibía su derecho de picaporte para informar y ordenar a senadores y su personal de apoyo, lo que deberían hacer para ganar la voluntad de los legisladores, a favor de la Minuta que los diputados aprobaron en diciembre, y que conviene a la empresa donde trabaja, quien se ostenta también como Director de Información. El contenido de las conversaciones reveló el grado de influyentismo que un individuo puede alcanzar cuando labora para la empresa más poderosa de medios de comunicación del subcontinente, al tiempo que demostraba la preocupante subordinación de senadores, y la frágil imagen de independencia del Congreso, frente a la televisora que a muchos provoca temor. Esas grabaciones confirmaban las versiones de que Emilio Azcárraga había desatado una gran estrategia para doblegar a quienes en principio se opusieron a la Ley Televisa como los miembros de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones (Canieti), cuya presidenta María Teresa Carrillo apenas en diciembre había firmado un desplegado oponiéndose, y dos meses después cambió de opinión porque “su jefe ya había hablado con ella”. El dueño de Radio Fórmula Rogerio Azcárraga también se echaría para atrás. Las mismas conversaciones sacarían a la luz, la parcialidad del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones apoyan-
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Compiten en diseño
omo lo publicó Zócalo en su edición de febrero, la prensa escrita de la capital del país registra una evolución permanente, donde no únicamente las empresas resultan beneficiadas en su competencia sana con publicaciones similares, también el lector y la propia actividad periodística. El pasado 27 de febrero Milenio Diario cambió su diseño: tamaño, tipografía, diagramación e incorporación de más planas a color. Los cambios siempre generan opiniones a favor y en contra, lo importante es la constante búsqueda por brindar un mejor producto gráfico. En
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Zócalo
opinión del nuevo dueño de Excélsior, Olegario Vázquez Raña, el 18 de marzo ese periódico también modificará su diseño, uno de los más conservadores y criticados en la edición de Zócalo No. 72.
do la Minuta, a pesar de que sus miembros se presentan como inocentes asesores independientes o académicos. Apenas 15 días atrás el país se había conmocionado por el complot entre el gobernador de Puebla, Mario Marín y el empresario Kamil Nacif contra la periodista Lydia Cacho, que se reveló también a través de una filtración al periódico La Jornada. En esta ocasión la filtración reveló la confabulación de Televisa, senadores, asesores y organismos que se presentan como especialistas independientes, a favor de una Minuta, que muchísimos sectores han criticado, porque sólo favorece al duopolio televisivo, en detrimento del Estado y la sociedad . El contenido de las cintas revive la polémica entre quienes ven en las filtraciones de información un delito por revelar “asuntos privados”, como lo tipifica la ley, y quienes privilegian el derecho a saber acerca de asuntos públicos, amparándose en las recomendaciones de la Corte Interamericana que estable estándares donde se justifica la primacía de la libertad de expresión y el derecho a estar informado sobre el derecho a la vida privada. Por lo pronto, al abrir marzo quienes defienden la polémica Minuta pasaban por su peor momento, exhibidos en su complot, en momentos en que se inicia la redacción final del dictamen que será votado, se dice, en las primeras semanas de este mes. ¿No será mejor profundizar el análisis y esperar?
Frases del Mes Mario Marín (MM) -Quiúbole, Kamel. Kamel Nacif (KN) -Mi gober precioso. -Mi héroe, chingao. -No, tú eres el héroe de esta película, papá. MM-Pues ya ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos constesta. Pero es que nos ha estado jode y jode, así que se lleve
su coscorrón y que aprendan otros y otras. KM-Ya sé, y es que estos cabrones siguen sacando mamadas y mamadas. Pero yo hice una declaración. Fui a la televisión. MM-Ah, qué bueno. ¿Allá en México o acá en Puebla? KN-Aquí, pero dijeron que la iban a mandar allá. Salió aquí. Y yo en el Milenio le dije, si lo quieres leer, le dije, pus al señor gobernador no le tembló la mano. MM-Ni nos tiembla ni nos temblará.
Parte de la conversación telefónica entre el gobernador Mario Marín y el empresario Kamel Nacif publicada por La Jornada el 14 de febrero.
El cartรณn โ ข Hernรกndez
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IFE, Cofeco y Cofetel rechazan Ley Televisa Justo cuando los animadores privados de la Minuta de reformas a las leyes federales de la Radio y la Televisión y de Telecomunicaciones festinaban su reagrupamiento y la posible aprobación de la misma como ocurrió en San Lázaro, los representantes de la Comisión Federal de Competencia, de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y del Instituto Federal Electoral acudieron al Senado para aclarar que el controvertido documento no puede ser aprobado como lo desea Televisa y los legisladores que virtualmente la representan; que el hacerlo significaría dar marcha atrás a una legislación en la materia de por sí, insuficiente y poco efectiva, pues no resolvería las demandas que la nación y la industria exigen del sector. Presentamos una síntesis de esa histórica reunión donde prevaleció el sentido común y la razón de los representantes gubernamentales,- una excepción entre tanto ineptitud del gobierno foxista-, frente a la cerrazón de la mayoría de los senadores del PRI y del PAN, quienes insisten en legislar a favor de los intereses del gran capital y no del país. Gerardo Israel Montes
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egra noche para Televisa la del 22 de febrero. Aquel día las comisiones de Comunicaciones y Estudios Legislativos del Senado recibirían a los representantes de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y del Instituto Federal Electoral (IFE) para conocer sus puntos de vista acerca de la Minuta de reformas a las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, aprobadas en diciembre por los diputados. Durante todo el mes de febrero Televisa había movido eficazmente sus piezas para obtener el respaldo a la Minuta de concesionarios disidentes como Rogerio Azcárraga. También logró que la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones (Canieti) diera marcha atrás a sus cuestionamientos iniciales. Los radiodifusores independientes quienes junto con Azcárraga habían firmado un desplegado crítico depondrían su actitud si se les otorgaba, gratuitamente, las concesiones de FM, conocidas como frecuencias Combo. Previamente al miércoles 22 , los senadores conocieron los argumentos de académicos, promotores de las radios comunitarias e integrantes de la sociedad civil, todos contrarios a polémica Minuta, sin que éstos conmovieran la intención de la mayoría de legisladores del PRI y del PAN por aprobar las reformas en su contenido más cuestionable. Por eso se esperaba con enorme expectativa, la opinión de los representantes del Cofeco, Cofetel y el IFE quienes a partir de diciembre habían 6
Zócalo
cuestionaron el favoritismo hacia la televisión; la escasa participación de los organismos regulares de esa industria, así como el pírrico papel otorgado al arbitro electoral. El salón de comparecencias del Senado, en el quinto piso de la torre El Caballito, estaba abarrotado de senadores, asesores, representantes de la industria de radio y televisión, representantes de la academia, críticos y apoyadores de la Minuta, y muchos periodistas. Durante la sesión Jorge Arredondo, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), fue cla-
Gamboa Patrón
Foto: ASrchivo
ro: “Aquí contundentemente la Cofetel opina que (la minuta) no es un avance. Para la Cofetel es un retroceso, (porque) agrega otra complejidad: no resuelve los puntos de fondo que requiere el órgano regulador para operar; es más, esta minuta le resta facultades de las poca que hoy tiene”. Aunque no asistió el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde envió la postura de ese organismo, en el cual cuestionó el contenido del artículo 79-A de la iniciativa elaborada por el diputado priista Miguel Lucero Palma, donde se establece que
“los partidos políticos deberán informar al IFE sobre la propaganda que hubiese sido contratada por los partidos políticos o por los candidatos a cualquier puesto de elección”. Al respecto Ugalde también fue directo: “El IFE no estaría en condiciones de influir en la definición de las tarifas, convirtiéndose sólo en la caja de cobro de los medios de comunicación”. En su oportunidad el presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, dijo: “Estas reformas no son suficientes para resolver la dicotomía existente: por un lado, mantienen una legislación de telecomunicaciones pro-competitiva y pro-convergente; y, por el otro, establecen una ley específica para los servicios de radiodifusión abierta que mantiene disposiciones diferentes para materias comunes a los servicios de telecomunicaciones”. El posicionamiento de los organismos gubernamentales y del IFE no fue del agrado de los senadores que respaldan la llamada Ley Televisa, entre ellos: Emilio Gamboa, Héctor Osuna Jaime y Eric Rubio, quienes esperaban el beneplácito de los funcionarios al activismo pro-empresarial de los legisladores. La condena casi unánime al documento dejó sin armas a los defensores de la minuta, quienes, luego de reconocer también las carencias del mismo, echaron mano de la gastada pregunta aplicada a la mayoría de los asistentes a las diversas consultas sobre ese tema. El senador priísta Emilio Gamboa se encargó de iniciar la ofensiva al preguntar a Pérez Motta. - Reconoce usted que tiene avances la minuta; sin embargo, por otro lado, dice que tiene ineficiencias. ¿Usted cree que es mejor tener algo, como viene en
la minuta; o es conveniente dejar que las fuerzas del mercado se rijan como hasta ahora? El funcionario respondió de manera elegante, pero clara. “Cuando se nos pregunta si esta minuta es un avance o no, (consideramos) que sin duda es un avance. En la última página del documento donde manifestamos nuestra posición, comentamos que la Cofeco reitera su coincidencia con las medidas encaminadas a homologar el marco regulatorio aplicable a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión (planteadas en la minuta). “También consideramos que se debe aprovechar esta oportunidad para modernizar el marco regulatorio mediante la incorporación de medidas favorables a la competencia” (que no fomenta la Minuta de los diputados). Sin embargo, agregó, “hasta ahí nos quedamos (en las recomendaciones). El cómo operan ustedes la palabra aprovechar, es una decisión de los legisladores, no de la Cofeco. Ustedes
Eric Rubio
Foto: Senado
son quienes por naturaleza tendrán como prioridad el interés público. Nosotros acataremos” (la decisión del Senado). La postura de la Cofetel Gamboa Patrón encaminó sus baterías ahora contra Jorge Arredondo: “¿Avanza la minuta en homologar en un solo sistema la radio, la televisión y las telecomunicaciones; o es mejor como estamos el día de hoy, considerando que usted nos dijo que ahora (la Cofetel) no tiene elementos para hacer nada”, le preguntó. Frente a los senadores, entre ellos, Manuel Bartlett, Javier Corral, Dulce María Sauri, Raúl Ojeda, José Bonilla y Carlos Rojas, el funcionario fue tajante: “no es un avance (al contrario), es un retroceso.” Arredondo había dicho momentos antes: “El proyecto de iniciativa no regu-
la espectro radioeléctrico y redes bajo un mismo régimen jurídico, lo que impide evolucionar a la convergencia; tampoco asegura la rectoría del Estado para regular el usos eficiente del espectro radioeléctrico, y no fortalece al órgano regulador, siendo esto contraproducente al desarrollo del sector de telecomunicaciones y al interés público”. Recordó que desde 1995 la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) “promueve la convergencia, precisamente porque su objetivo es regular las vías generales de comunicación (que incluye a las redes y el espectro), sin distinguirlas por los servicios que prestan, en concordancia con un modelo de libre competencia. Como el espectro determinado para radio y televisión, en un futuro podrá utilizarse para prestar servicios de telecomunicaciones, sugirió que su regulación debería trasladarse de la Ley Federal de la Radio y la Televisión a la LFT. El presidente de la Cofetel conminó a los legisladores presentes a hacerse varias preguntas: “¿Qué es lo que realmente pretende el Estado. Con qué modelo queremos impulsar la convergencia; queremos continuar legislando sobre vías de comunicación, es decir sobre espectro, redes de telecomunicaciones y comunicación vía satélite, como lo establece el primer artículo de la LFT? O, bien, lo que se busca ahora es desviarnos y legislar sobre servicios: larga distancia, móvil y radiodifusión, que es donde está insertado el dictamen proveniente de la Cámara de Diputados. Jorge Arredondo aclaró: “para desarrollar la convergencia, es necesario regular primero las vías de comunicación, y después admitir la creciente diversidad de servicios. Si queremos legislar servicios nunca vamos a acabar (con las diferencias al momento de legislar). Por el contrario, si lo que legislamos son las vías de comunicación por las cuales pueden pasar una serie de servicios , estamos en un modelo distinto. Y el modelo planteado en la LFT de 1995, es legislar sobre vías de comunicación”. Por lo anterior, al entrar en las opciones legislativas disponibles en la actualidad refirió que, por un lado, está la iniciativa aprobada por los diputados el primero de diciembre pasado, la cual parte de dos instrumentos: la LFT y la LFRT. “Pero esta iniciativa junta ambas leyes y establece ciertos vínculos en determinados elementos; es decir, es un modelo de empalme, pero no necesariamente de convergencia, porque mantiene dos regímenes jurídicos distintos
Pérez Motta
Foto: cortesía Cofeco
para un mismo recurso que es el espectro, e incluso para el servicio de radiodifusión”. Lo anterior, explicó Arredondo, provoca que el espectro (que es un bien escaso que pertenece a la nación, y el cual es el rango de frecuencias que se usa para las telecomunicaciones), sea tratado de una forma (en la LFT), y con otro régimen (en la LFRT). La opción planteada para lograr una verdadera convergencia, sería trasladar íntegramente el segmento del espectro regulado en la LFRT, a la LFT. Mientras que la LFRT permanecería como un instrumento para regular los contenidos de programación. Para el presidente de la Cofetel, en materia de espectro el Estado, por interés público, está obligado a administrar su planeación, para un desarrollo del sector de telecomunicaciones a largo plazo; determinar sus usos comerciales y sociales; otorgar concesiones y permisos a los particulares mejor calificados; asegurar tanto el mejor precio para su uso comercial, como sus usos para fines sociales. La inadecuada administración del espectro pone en riesgo la convergencia, porque dificulta el ingreso de nuevos servicios, tecnologías y prestadores de servicios. Jorge Arredondo había dicho en su momento con relación a las facultades claves que debería tener el órgano regulador, y que la Minuta no considera: “Por ejemplo, en la iniciativa el órgano no tiene un objeto claro; ni cuenta con los mecanismos de nombramientos (de los comisionados) que garanticen conocimiento, imparcialidad, tendencias y objetividad; tampoco posee una naturaleza jurídica y una organización congruente con el orden y jerarquía de la administración pública federal. Y con relación a las facultades esenciales para el órgano regulador ejerza una marzo / 2006
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plena rectoría, que ayude en el desarrollo del sector de las telecomunicaciones, resulta que la denominada Ley Televisa no le permite a la Cofetel resolver sobre concesiones y permisos; auditar y sancionar; regular dominancia; resolver sus recursos de revisión; regular las tecnologías de la información y comunicación; ni ordenar el régimen de transición a la convergencia; además de que no dota a la comisión de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para su mejor desempeño. En conclusión, para la Cofetel, la Minuta a discusión en el Senado, no regula el espectro ni las redes bajo un mismo modelo, para admitir la creciente diversidad de nuevos servicios en convergencia. Además, no asegura la rectoría del Estado para regular el uso eficiente del espectro radioeléctrico; ni permite la viabilidad y continuidad del regulador para beneficiar el desarrollo del sector de las telecomunicaciones a largo plazo. Las intrigas de Eric Rubio Para buscar demeritar los fuertes señalamientos a las carencias de la minuta, vertidas por Jorge Arredondo, el senador Eric Rubio buscó sembrar la duda sobre “las verdaderas” intenciones del presidente de la Cofetel y el resto de los comisionados que lo acompañaban. -Ingeniero Arredondo, con todo respeto y amistad que nos une -empezó su intriga el senador priísta-, “yo estoy seguro que la opinión (de la Cofetel) está hecha con todo profesionalismo, sin considerar lo dispuesto por la Cámara de Diputados de que ninguno de ustedes podrá continuar en su cargo (como lo establece el segundo artículo transitorio de la iniciativa de LFT). No fuimos nosotros”. La contestación de Jorge Arredondo fue precisa: “Aquí les ofrecemos una opinión del órgano técnico especializado en telecomunicaciones sobre la minuta, con independencia de opiniones políticas y 8
Zócalo
mediáticas escuchadas. Nos han invitado a hacerlo (en el Senado). Estamos haciendo una aportación sobre la convergencia, más allá de especular sobre intereses que pueden empujar el proyecto”. La posición de la Cofeco En su momento, y acerca de la pregunta insistente de si es mejor lo contenido en esta minuta que seguir con la misma legislación, el senador Javier Corral, uno de los principales opositores a la Ley Televisa, ironizó: “ Una pregunta ha recorrido todas estas audiencias: ‘¿es un avance esta minuta?’...(Curiosamente) este es el segmento que Televisa toma de nuestras audiencias, (esperando a que alguien diga) ‘bueno es un gran avance’, para que ahí se pare la nota”. Y dirigiéndose a Eduardo Pérez Motta y Jorge Arredondo, les advirtió: “No vaya a ser que mañana a ustedes se les presente como apoyadores de la minuta en (todos) sus términos”. Después soltó otra pregunta: “¿Es un avance en qué sentido. A favor de quién?”. No obtuvo respuesta de ninguno de los senadores que apoyan la minuta supuestamente elaborada por el diputado priista Miguel Lucero Palma. Momentos antes, el senador Corral había pedido a Pérez Motta ampliar lo expuesto en uno de los párrafos torales de las observaciones emitidas en el documento de la Cofeco, “que cada quien lee como quiere”. El relacionado con el hecho de que “las reformas a la LFRT que propone la iniciativa no aseguran la eficacia en
Héctor Osuna
Foto: Senado
la prestación de los servicios, ni evitan el fenómeno de concentración en la asignación del espectro radioeléctrico, contrarios al interés público en los términos del artículo 28 constitucional”. Antes de responder, Eduardo Pérez Motta reiteró que la opinión que la Cofeco presentó por escrito, “sigue siendo la misma” (el 8 de diciembre pasado donde aseguró que la Minuta no favorecía la competencia y sí la concentración de la televisión privada). Después subrayó que las observaciones de la dependencia , guardaban similitud con lo expuesto por el presidente de la Cofetel, con relación a que la LFT es una ley pro-competitiva y pro-convergencia. “Conforme pasemos lo más posible a telecomunicaciones, vamos a tener un mercado más fuerte con potencial competitivo”. En cuanto a la asignación de concesiones y permisos, si bien se hace a un lado la discrecionalidad al implementar el método de subasta pública, “sin embargo, ello es insuficiente para evitar una concentración excesiva. La manera en que en otras legislaciones se establece la participación de la Cofeco en cuanto a opiniones favorables a los interesados en la participación de licitaciones, no es como se establece en la minuta (que reforma la LFRT y la LFT). Aquí se dice que se pedirá la opinión de la Cofeco. Y nosotros creemos que debe asentarse el requerir una opinión favorable de la Cofeco, no nada más solicitar una opinión. Con ello tendremos un instrumento importante para evitar concentraciones”. Eduardo Pérez Motta, puso dos elementos adicionales a sus observaciones: “Creemos que la opinión de la Cofeco debe también estar en el diseño de las bases de licitación. Porque a veces en el diseño de las bases, se crea un mecanismo que en ocasiones pone en riesgo la competencia. Los cambios en este sentido permitirían a la Comisión prevenir de manera oportuna las concentraciones contrarias al interés público, agregó. Durante la reunión con los senadores, Pérez Motta reforzó su argumento al indicar que en este sector, debe considerarse el “intercambio del espectro entre los diversos jugadores. Y ese intercambio puede llegar a convertirse en una concentración excesiva en el mercado, lo cual tenemos que prever. “ (Debemos considerar) que puede haber un intercambio del espectro entre los diversos jugadores (del sector). Y ese intercambio puede llegar a convertirse en una concentración excesiva en el mercado, que tenemos que prever, porque sólo así se cuidaría el interés público”.
Traspiés de Rubio En torno a la participación de la Cofeco en el diseño de las bases de licitación, el senador Eric Rubio puso en duda la capacidad de la Cofeco para participar en todas las licitaciones. “A nosotros nos han dicho ––comentó––, que en prácticamente todas las licitaciones, que son miles, se ponen plazos, pero estos plazos no se le ponen a la Cofeco porque vienen ya en las bases de licitación. En muchas ocasiones, las más tal vez, en el momento de la entrega de papeles, cuando venció el plazo, aún no se tiene la opinión favorable de la Cofeco”. Ante este hecho, sugirió, habría que hacer una ley para obligar a la Cofeco cuando menos a una afirmativa ficta al momento en que (las empresas) entreguen su documentación. Después, en lo relacionado a la intervención de la Cofeco en los procesos de convocatoria, el senador priista dejó entrever su desconocimiento sobre el orden jurídico que faculta la participación de la dependencia. “No sé si la Comisión tendría la capacidad de intervenir en las miles de convocatorias que hay en todos los procesos de entrega de concesiones. Y si realmente tiene la capacidad, entonces no tendríamos que modificar esta ley, sino la de la Cofeco, donde debe asentarse que en cualquier convocatoria de concesiones, no sólo en telecomunicaciones, sino en general, (la dependencia) debe elaborar las convocatorias”. El presidente de la Cofeco le explicó al senador Rubio que las opiniones que la dependencia emite, ya han sido aprobadas por el poder judicial. “Cuando decimos que se solicite la opinión favorable de la Comisión, y que ésta se tenga antes de entrar a una licitación, hablamos de un asunto que ya está validado por un poder independiente”. Minuta afectaría fiscalización: IFE Aunque Luis Carlos Ugalde no asistió a la consulta pública, hecho que lamentaron varios senadores, quienes habrían preferido un diálogo directo con el consejero presidente del IFE, el órgano electoral envió un documento con observaciones al artículo 79-A contenida en la minuta. Dicho apartado ––que consta de cuatro párrafos––, señala que los concesionarios, “tratándose de elecciones federales”, deberán informar al IFE sobre la propaganda que hubiese sido contratada por los partidos políticos “o por los candidatos a cualquier puesto de elección, así como los ingresos derivados de dicha contratación, conforme a la metodología y formatos
que al efecto emita ese Instituto en el Reglamento de Fiscalización respectivo”. Para el IFE, lo anterior contravendría el artículo 48 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), el cual en su párrafo uno indica que “es derecho exclusivo de los partidos políticos contratar tiempos en radio y televisión, para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales, conforme a las normas y procedimientos que se establecen en el presente artículo. Los candidatos sólo podrán hacer uso de los tiempos que les asignen su partido político o coalición, en su caso, de conformidad con lo previsto en el artículo, párrafo 1, inciso c”. Sin dejar de reconocer que lo planteado en el artículo representa un avance, “al establecer la obligación para los concesionarios de informar al IFE sobre la propaganda contratada por los partidos políticos”, también precisa que, no obstante, “la misma fracción menciona a los candidatos a cualquier puesto de elección, como sujetos que pudieran llevar a cabo contrataciones”. En el texto del IFE se precisan dos interpretaciones de lo establecido en el artículo 79-A. La primera: Sí se otorga a los candidatos la facultad de contratar de manera directa spots en los medios de radiodifusión, “se podría presentar una contradicción entre dos normas del mismo rango, al establecer la primera el derecho exclusivo de los partidos para contratar, mientras que la segunda hace extensivo ese derecho a los candidatos”. La segunda: Al haber oposición entre las dos normas, “prevalecería la electoral sobre la de radio y televisión, por tratarse de una normal especial sobre una general”. “Con respecto a la primera interpretación ––se indica-, si se considera que los candidatos pueden contratar directamente (anuncios) en radio y televisión, se podría afectar el esquema de fiscalización de los recursos de los partidos, el cual (se basa) en la revisión de informes que presentan” las propias entidades políticas. Y sentencia: “Si los candidatos pudieran contratar tiempos en radio y televisión, se perdería capacidad de control y fiscalización por parte del IFE”. El Instituto reconoce que lo establecido en el párrafo 2 del citado artículo, referente a que los concesionarios “atenderán los requerimientos de información en la materia que les formule” el IFE, constituye un “avance significativo, ya que en la actualidad la ley electoral sólo faculta al
IFE para requerir informes de las autoridades públicas, pero con esta reforma, los concesionarios también tendrán obligación de remitir información solicitada por la autoridad electoral”. Respecto a la fracción cuarta del artículo 79-A de la denominada Ley Televisa, en donde se especifica que, durante los procesos electorales federales, el IFE “Será la instancia encargada de pagar la publicidad electoral de los partidos polí- Jorge Arredondo Foto: cortesía Cofetel ticos con cargo a sus prerrogativas, dictando las medidas necesarias para ello”, el documento del Instituto subraya que se necesita un “análisis detallado sobre sus implicaciones, puesto que por un lado permite que el IFE conozca con claridad y transparencia los gastos de los partidos en radio y televisión, al convertirse en encargado de realizar el pago a los concesionarios, dejando a los partidos la negociación de las tarifas, tiempos y medios”. Sin embargo, aclara la autoridad electoral, con la redacción propuesta en la mencionada fracción, “el IFE no estaría en condiciones de influir en la definición de las tarifas, convirtiéndose sólo en la caja de cobro de los medios de comunicación. Ello no coadyuvaría a resolver el problema planteado por los partidos en relación a las tarifas diferenciadas”. Luego de concluida la consulta pública, se le preguntó al senador Héctor Osuna Jaime si los miembros de la Comisión de Comunicaciones y Transportes tomarían en cuenta las aportaciones, comentarios y críticas que los diversos asistentes a las consultas públicas, hicieron en torno a la Minuta. –– Una de las críticas que han recibido quienes apoyan la Minuta, es su negativa a que se le hagan cambios. ¿Usted guarda esa posición? –– No hay tal cosa. Son opiniones. ––¿Usted está en la postura del todo o todo? ––Yo estoy porque pase lo que pueda pasar. Si hay posibilidades de modificaciones, claro (que las aceptaré). Pero esa es una decisión de la mayoría. Yo no puedo imponer nada.
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Corregir a fondo la Minuta*: Fátima Fernández
Pita Cortés,(Radio Educación) David Pensil (Cencos), Fátima Fernández (catedrática de la UNAM) y Fernando Butler (Colegio Nacional de Economistas).
H
ace 84 dias la camara de diputados aprobo un documento cuyo contenido era totalmente desconocido para la mayoria de sus miembros. Algun día conoceremos la historia de como y porque fue que los cinco coordinadores de los grupos parlamentarios decidieron solicitar la dispensa de la segunda lectura. El caso es que habiendo sido silenciada la camara baja, a partir de ese momento y con la convicción de que se habia aprobado algo de relevancia mayuscula para el pais, numerosos grupos e individuos comenzaron a realizar la labor que debieron hacer los diputados. Poco a poco fueron surgiendo diversos comentarios, modificaciones y adiciones a la minuta. Uno de los ánalisis sorprendio por la velocidad y contundencia con la que se pronuncio. Era su trabajo, si, pero en este México donde todavia subsiste la inercia de esperar linea de arriba, no era esperable que un (organismo) desconcentrado de la secretaria de Economia analizara 10
Zócalo
Foto: Miguel Castillo
expedita y exhaustivamente la minuta y fiel a su mision de proteger el proceso de competencia y la libre concurrencia, alertara de inmediato a la Comision de Comunicaciones y Transportes de esta camara donde hoy nos encontramos. En cualquier país con democracia consolidada la opinión de un organo como la Comisión Federal de Competencia, dotado de autonomia técnica y operativa, hubiera bastada para que los senores senadores atendieran la advertencia de que las reformas no evitan fenomenos de concentracion en la asignacion del espectro radioeléctrico. Eso hubiera ocurrido en un país con un liderazgo sensato en la cámara de senadores, pero aqui, atrapados en esta democracia incipiente que aún depende de los poderes fácticos, alqunos miembros con posiciones directivas en la cámara alta parecen cerrar sus oidos y sus ojos a las doce cuartillas que envió la Comisión Federal de Competencia y alqunos hasta comienzan a desplegar una especie de
militancia a favor de una minuta a todas luces corregible. La COFECO no fue el único organismo que encontro objeciones. Quedarán para la historia los primeros documentos de la Cámara Nacional de la Industria Electronica, de Telecomunicaciones e Informatica (Canieti). Me refiero a dos de ellos, el desplegado del 12 de diciembre en el que expresan su “sorpresa, preocupacion y desacuerdo” ante las reformas y las 21 cuartillas con los requerimientos de adecuaciones a la minuta que dieron a conocer el 11 de enero. Alqun día tambien sabremos a que tipo de presion o de amenazas se vio sometida la dirigencia de esta Cámara para cambiar su postura, como lo han hecho tambien otros organismos, medios y ciudadanos. Por lo pronto y al día de hoy, una de las cuestiones que ha mostrado este proceso legislativo es que la historia del Mexico atrasado politicamente se repite de nuevo en materia de radio y television, como en las presiones empresariales de 1960, 1969 o 1973 por mencionar algunas de las que se dieron antes de la reforma politica de 1977 y que estan historicamente documentadas. Hoy, en 2006, aún hay quienes quieren vender la idea de que todo el sector involucrado en las reformas apoya unanimemente la minuta, como en los tiempos del carro completo del regimen de partido casi unico. Es claro que nuestra democracia corre peligro. Y no me refiero unicamente al sistema de partidos que quedo ridiculamente exhibido en la cámara de diputados el 1 de diciembre, sino a un sentido mas amplio de la democracia. Me refiero a ese juego de vigilancias mutuas entre los poderes que concurren en un estado, donde ningun poder esta
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Por otro lado, la opinión que sobre por encima de los demas y donde todos tienen contrapeso. Todos significa to- la minuta expreso la semana pasada la dos, incluidos los poderes fácticos como Secretaria de Hacienda, en el punto 3 las televisoras privadas, mismas que, en donde consigna errores y omisiones del la practica, al quedar sin contrapeso al- documento de los diputados, dice que el guno parecen querer eliminar la com- articulo 17-E no garantiza una sana competencia, retrocediendo hacia los anos petencia y sugiere como lograrla. Cuesochenta cuando no habia ley federal que tión que también queda corregida en la velara por la libre concurrencia o mas version que sobre ese mismo articulo reaun hacia los años cindactaron el 27 de enecuenta cuando bastaba ro pasado varios senauna llamada telefónica Hoy, en 2006, aún hay dores. Sobra decir que hacia la entonces Sequienes quieren vender la este último documento cretaria de Comunicaidea de que todo el sector es una verdadera prociones y Obras Publiinvolucrado en las refor- puesta alterna complecas para eliminar a los mas apoya unánimemen- ta y terminada que decompetidores. te la Minuta, como en los beria pasar a discusión Hoy competencia tiempos del carro completo sin mas dilación. significa posibilidad de Propuestas para codel régimen de partido casi que voces distintas ocuúnico. Es claro que nuestra rregir la minuta ya no pen tambien el especdemocracia corre peligro. Y les faltan, senores setro radioeléctrico. Hoy no me refiero únicamente al nadores, han recibido competencia significa sistema de partidos que que- suficientes. Lo que sicódigos diversos para do ridiculamente exhibido gue es trabajar artículo leer la complejidad del en la cámara.de diputados por artículo con las pomundo que nos tocó el 1 de diciembre, sino a un siciones encontradas vivir. Hoy competensentido mas amplio de la de- hasta lograr un consencia significa tolerancia so. Esa tendria que ser mocracia. hacia el otro que no la tarea una vez que se piensa igual que yo. Y escuche esta tarde a la sugerencias concretas Cofetel, a la Cofeco y al sobre cómo modificar la Minuta en ma- IFE. Ustedes han cumplido ya su trabajo teria de competencia han recibido mu- de atender a quienes tenian sugerencias chas los senadores. que hacer. Pasen ahora a redactar las La COFECO, en la Pag. 9 del oficio modificaciones y adiciones que enviaran que envia, señala su preocupación por- a la cámara de diputados. que la minuta de manera expresa eliLo que aqui ocurra sera histórico, mine el enfoque procompetitivo en el cualquiera sea el sentido en el que ámbito de la radiodifusión abierta y deje se pronuncien. Si la minuta regresa a esta sin medidas que garanticen preci- como llegó, no tendrán perdón de samente un desarrollo competitivo. la historia porque a diferencia de los diputados que fueron sorprendidos, ustedes han escuchado y leído, durante 84 dias, todas las deficiencias y omisiones de ese documento. Si por el contrario, la posición de la Cámara de Senadores es la de corregir a fondo la Minuta, habrán sorteado el complejo escollo que en este proceso ha significado la presión de los empresarios de la televisión y habrán legislado no a favor de un pequeno grupo de la sociedad sino de toda ella. Habrán además, y esto no es cosa menor, coadyuvado a fortalecer la democracia erigiéndose en contrapeso de un poder fáctico que crece ante el silencio complaciente del poder Ejecutivo. Eduardo Perez Motta. Foto:(cortesía Cofeco)
Jorge Arredondo (Cofetel).
Foto: Cuartoscuro
Señores senadores: Hace ocho dias se presento aqui la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y recordó que hace 26 años, en una audiencia pública como esta, enfatizó la libertad del congreso en un entorno de presiones empresariales. Tuve el honor, en aquella ocasión, de redactar ese documento a nombre de mis colegas investigadores y deciamos entonces que la historia de los medios electronicos requeria de una rectificación. Acababa de realizarse por aquellos años la primera reforma política del México contemporaneo que incluia también la idea de una reforma a las leyes de medios. Las reformas electorales se llevaron a cabo, pero la modernizacion de las reglas del juego para los medios ha tenido que esperar. Sobre la mesa tienen ustedes, señores senadores, propuestas para avanzar en esta materia. Aún tienen la palabra, como deciamos hace 26 años, y con ella la posibilidad de corregir el rumbo de esta historia. * Ponencia de la catedrática de la UNAM Fatima Fernández Christlleb en la reunion de trabajo de la Comision de Comunicaciones y Transportes del Senado de la Republica, el 22 de febrero de 2006. marzo / 2006
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OPINIÓN • Agustín Ramírez Ramírez* • ramiarami@hotmail.com
La Minuta contraria a la
Constitución
E
s una realidad incontrastable que la oferta en radiodifusión abierta, para televisión, es insuficiente para cubrir las expectativas de un país de más de cien millones de habitantes, cuya pluralidad cultural no encuentra eco en la pobreza de su programación. Quien encienda el monitor –sin acceso a televisión restringida–, no puede escoger otra programación que no sea la que transmiten Televisa o Televisión Azteca, que para efectos prácticos resultan en lo mismo. En algunos casos, incluso atentan contra principios éticos y legales, como cuando manipulan información o la transmiten parcialmente, sin que tales conductas merezcan sanciones que induzcan verdaderamente a corregir su proceder. Un marco regulatorio deficiente como el actual y una propuesta que deja intocado el tema de sanciones, genera impunidad y promueve conductas arbitrarias por parte de la autoridad. Es resultado del amplio margen de discrecionalidad que permiten las actuales disposiciones, respecto de las cuales, reitero, la Minuta de los Diputados no abona en su corrección. Un ejemplo. Televisa transmitió versiones parciales de lo dicho por quienes han criticado los términos de la iniciativa de los diputados. Tal manipulación informativa no permite que el auditorio se forme una opinión real y objetiva de los diversos puntos de vista sobre las reformas legales en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, que en estos días, se discuten en la Cámara de Senadores. Otro ejemplo: La constante y reiterada “verdad” que aduce Televisión Azteca 12
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sobre el caso del Canal 40, sin que tenga un contrapeso informativo, pues la otra televisora no tiene interés ni jurídico ni mercantil al respecto y la autoridad peca de omisión. En ambos casos, debería privar el principio de informar de manera objetiva y veraz, que no es sólo un comportamiento ético sino una obligación legal, que desafortunadamente resulta rebasado de manera habitual. Desinformar al ciudadano sobre hechos que trascienden los intereses de la sociedad, constituye una perversidad que no debe permitirse. De ahí que el Legislativo, por su naturaleza de representación popular, se encuentra obligado a velar por los intereses de la nación, cuidando que el marco regulatorio de la radiodifusión no tenga como únicos destinatarios a quienes quieren mantener y acrecentar privilegios ilegítimos añejamente construidos. Por ello, es necesario recordar que el Legislativo en México es bicamaral, de ahí que no se deba exigir sólo al Senado de la República que asuma su responsabilidad constitucional, sino también, y con mayor rigor, a la Cámara de Diputados. Es inadmisible, como ya se ha dicho en diversos espacios, que hayan comprometido un bien de la nación, con una propuesta que en nada abona a la diversificación de la oferta comunicativa. Es tan relevante la actividad de la radiodifusión abierta, que su actual marco regulatorio, aún con las deficiencias que lo caracterizan, establece como función social la de “contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana”. Esta es
una de las razones fundamentales por las cuales se hace indispensable diversificar la oferta televisiva y contender con las actuales formas de concentración de medios, que prohíbe la Constitución General de la República. Resulta de una enorme soberbia –por decir lo menos– lo expresado por los “expertos” que avalan la iniciativa de reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión, aprobada por la Cámara de Diputados, en cuanto a que en México no hay concentración de medios. Dolo En la reunión que hace poco se realizó con senadores de la Comisión de Telecomunicaciones para obtener diversas opiniones sobre la Minuta, a la pregunta del senador Javier Corral sobre si el hecho de que en conjunto Televisa y Televisión Azteca acaparen más del 80 por ciento de las concesiones de radiodifusión, no es signo inequívoco de la existencia de fenómenos de concentración, responden que “una empresa externa”, de la cual no recuerdan su nombre, determinó que en nuestro país no existe concentración de medios. Quieren con ello desvirtuar la opinión, que por escrito, externo la Comisión Federal de Competencia Económica. Un comentario tan contundente, ajeno totalmente a la realidad, sólo puede hacerse por ignorancia o por dolo. No reconocer que la existencia única de ambos consorcios televisivos es un fenómeno de concentración, aunque en efecto en términos formales no constituya monopolio, significa desconocer la historia de nuestro país. Intenta olvidar lo que la vox
populi señala: las complicidades an- aunque debe participar en el proceso cestrales entre poder político y poder de licitación. Si a lo anterior se agrega que en mediático. Porque resulta contrario a la razón términos del artículo 17-G propuesseguir sosteniendo tal postura, estoy to por los Diputados “para definir el seguro que en conciencia admiten lo otorgamiento de la Concesión [la Coque en público niegan. Por ello se- misión valorará] la congruencia entre ñalan “haber leído varias veces la Mi- el programa a que se refiere el artícunuta de los Diputados” sin encontrar lo 17-A de esta Ley y los fines expreen qué sustenta su dicho la Comisión sados por el interesado para utilizar Federal de Competencia. Precisan, la frecuencia para prestar el servicio en contrario, que la propuesta de los de radiodifusión, así como el resultaDiputados permite abrir el mercado a do de la licitación a través de subasta nuevos competidores. pública”, sin que se exija el pronunSu lectura conviene sólo a sus inte- ciamiento favorable de la Comisión reses. Para ellos tengo una respuesta Federal de Competencia Económica, simple. El artículo 16 de la iniciativa el proceso confirma que los cambios cambia en forma aparente, y es nece- legales que se promueven fortalecen sario reitela presencia rarlo, sólo en de fenómeapariencia, nos de conlos términos centración, Sería indispensable que el actuales para pues resulta Senado de la República, al el otorgaobvio que los miento de actuales conpromover adiciones a la Minuta, concesiones. cesionarios no pierda de vista, entre otras Actualmente no tendrán muchas cosas, el tan deficiente establece que quien compiesquema de revocación de ta por las fre“el término cuencias que de una conconcesiones a que se refiere cesión no poactualmente el artículo 31 de la actual Ley drá exceder detentan. Federal de Radio y Televisión, de 30 años y Bastará podrá ser reque presenque en estos momentos no frendada al ten su soguarda relación ni congruencia mismo concelicitud de con el cumplimiento de las sionario que refrendo y finalidades sociales a que tendrá prefeacrediten un rencia sobre “buen comdebe estar afecto el servicio terceros”. portamienpúblico de radiodifusión. La proto” para que puesta estael refrendo blece veinte proceda, deaños como jando a quietérmino para nes tengan explotar el bien, de ahí que se diga interés en explotar el bien, con sólo que se mejora el esquema concesiona- eso, con la intención. rio, aunque de nuevo insisto, sólo en A lo anterior debe adicionarse que apariencia. La verdad es que lo rele- los defensores de la Minuta también vante de la redacción no se encuentra nos recuerdan que la Constitución en el plazo, sino en la siguiente redac- General de la República prohíbe dar ción, que forma parte del articulo 16 efectos retroactivos a las leyes; nos que se propone reformar: “El refren- advierten con ello que los grandes do de las concesiones, salvo en caso consorcios de medios de nuestro país de renuncia, no estará sujeto al pro- tienen asegurada su participación macedimiento del artículo 17 de la Ley”. yoritaria en el mercado, pues aunque Lo anterior significa, para decirlo cla- se modificara la Ley, no sería legalramente, que el refrendo implica un mente posible que se les revocaran los derecho de preferencia sin que medie actuales títulos de concesión. proceso de licitación. Conforme a la Transcurrido el plazo actual de sus ley actual, el concesionario también títulos, solicitarán el refrendo, que no goza de este derecho preferencia, se les podrá negar porque, como he
sostenido, el régimen de revocación de concesiones es bastante flexible y aunque en la fracción IX del artículo 31 de la actual Ley señala que podrá proceder la revocación por “Cualquier falta de cumplimiento a la concesión”, al no ser precisa, genera un amplio campo de discrecionalidad. Por lo anterior sería indispensable que el Senado de la República, al promover adiciones a la Minuta, no pierda de vista, entre otras muchas cosas, el tan deficiente esquema de revocación de concesiones a que se refiere el artículo 31 de la actual Ley Federal de Radio y Televisión, que en estos momentos no guarda relación ni congruencia con el cumplimiento de las finalidades sociales a que debe estar afecto el servicio público de radiodifusión. No se trata por supuesto de establecer un marco legal que genere incertidumbre jurídica a los actuales concesionarios, sino de introducir reglas que favorezcan una mayor participación en el mercado de los medios electrónicos. La Minuta es inconstitucionalidad, porque no se trata sólo de una discusión en la que se plantean posturas contrarias, pues los “fenómenos de concentración” se encuentran prohibidos por el artículo 28 de la Constitución General de la República, que en su párrafo décimo prescribe “El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contrarien el interés público”. En su análisis, el Senado de la República debe evaluar, si como lo señala la Constitución, la Minuta aprobada por los Diputados favorece el interés público o si, por el contrario, se perfecciona un marco legal favorable a sólo un sector de la industria de la radiodifusión.
*Abogado, miembro fundador de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información
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Proyectos de reforma a leyes de Propuesta de la Subcomisión,
L
Gerardo Israel Montes a minuta que contiene las reformas a las leyes federales de la Radio y la Televisión (LFRT) y la de Telecomunicaciones (LFT), que se discute y analiza en el Senado, ha recibido severas críticas por las omisiones e insuficiencias en varios de los temas centrales para mejorar el desarrollo de ambos sectores. Más allá de la sorpresivo y cuestionado aval que prácticamente toda la industria privada de la radiodifusión y las telecomunicaciones dio a la iniciativa, luego de que organismos como la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones e Informática (Canieti), habían propuesto cambios sustanciales al documento legislativo, no pueden dejarse de lado los vacíos contenidos en dichas reformas. Entre las deficiencias destacan la poca maniobrabilidad otorgada a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), para la entrega, refrendo y revocación de concesiones y permisos, responsabilidad que seguiría recayendo en el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); y el sistema de subasta pública para el otorgamiento de concesiones, acto que daría a las empresas con mayor ca-
pacidad económica, amplias oportunidades de obtener una frecuencia, en detrimento de aquellas empresas con menos recursos financieros, pero que presenten una buena opción programática que cumpla con los objetivos sociales marcados en la LFRT. Por otro lado, la denominada Ley Televisa ignora, el desarrollo de los medios públicos y comunitarios y el derecho de réplica de quienes se sientan agraviados por información inexacta difundida por algún medio de comunicación electrónico. Varias de estas omisiones se encuentran en la iniciativa elaborada por una Subcomisión Especial de senadores a principios del año pasado, a la que los legisladores que actualmente impulsan la Ley Televisa, “congelaron” y se opusieron. Para hacer un comparativo entre las distintas propuestas emitidas por los legisladores, a continuación retomamos algunos de los puntos más relevantes del proyecto diseñado por dicha subcomisión senatorial. Así como las reformas planteadas por el diputado priísta Miguel Lucero Palma; además de las observaciones que un grupo de senadores panistas (entre ellos Javier Corral y Felipe de Jesús Vicencio), hicieron a la iniciativa de este último.
Iniciativa elaborada por la Subcomisión Especial administrar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico en lo referente” a dicho servicio; asimismo, “analizar, tramitar y resolver sobre el otorgamiento, nulidad, caducidad, renovación y revocación de concesiones, permisos y asignaciones directas para el servicio de radiodifusión, así como cualquier modificación a los títulos correspondientes”; igualmente, tendría que resolver e imponer las sanciones derivadas del incumplimiento de las disposiciones legales. Otorgamiento de concesiones
Senado
Foto: cortesía Senado
Órgano Regulador El órgano regulador en la materia será el Consejo Nacional de Radio y Televisión, el cual será un órgano desconcentrado de la SCT, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargado de regular el servicio de radio y televisión, debiendo “elaborar y hacer público el Plan Anual que contendrá la disponibilidad de frecuencias para cada categorías de usos de licitaciones y convocatorias”. En su artículo 10 precisa que entre las atribuciones del Consejo estaban las de “regular el servicio de radio y televisión(...), 14
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En cuanto a la manera de obtener una concesión, se estipulaque ésta se otorgaría “mediante licitación pública llevada a cabo por el Consejo. El pago de derechos por el otorgamiento de una concesión para prestar el servicio de radiodifusión, se establecerá de acuerdo a las características de la licitación y según lo determine la Ley Federal de Derecho”, se apuntaba en el apartado 52. Sobre la prestación de los servicios de radiodifusión, se fijaba en su artículo 32, que éstos podrían realizarse mediante una concesión, “para uso comercial con fines de lucro”; permiso, para satisfacer las necesidades de carácter cultural, social, científica, educativa y experimentales, “siempre que su uso no sea lucrativo”; y de explotación directa, “para la prestación de servicios de los medios de Estado sin fines de lucro”. Las frecuencias destinadas a permisos , “no podrán ser menores al 20 por ciento de la disponibilidad total establecida en el Cuadro Nacional de Atribución de frecuencias, de acuerdo con sus zonas de cobertura”, se precisaba en su artículo 33.
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radiodifusión y telecomunicaciones Ley Televisa y proyecto panista Publicidad a permisionados Más adelante, en su artículo 89, se indica que los permisionados podrían obtener ingresos, sin fines de lucro, mediante donativos en dinero o en especie, tanto nacionales como internacionales, y por medio de patrocinios y publicidad. En el capítulo referente a publicidad, se detallaba que el tiempo de transmisión que los concesionarios destinaran a publicidad, “no podrá exceder el 20 por ciento del tiempo total de transmisión, en el caso de la televisión, y el 40 por ciento para la radio(...) Los permisionados no podrán exceder del 7 por ciento del tiempo total de transmisión, incluyendo el patrocinio”. Otros de los puntos abordados en la iniciativa, recomienda que los prestadores de servicio de radiodifusión”, deberán transmitir programación nacional en un porcentaje de 50 por ciento del total de la programación diaria. Un 20 por ciento de la programación nacional deberá ser contratada a productores independientes”; misma obligación que tendrán los medios de Estado. Derecho de réplica Una de las características de mayor relevancia que debería tener una reforma a la LFRT, y que no es considerada en la Ley Televisa, es el establecimiento de un procedimiento que garantice el ejercicio del derecho de réplica de los ciudadanos en la radio y la televisión, y la obligación de los prestadores de radiodifusión de atender este derecho. Aunque el nuevo reglamento para la radiodifusión considera el derecho de réplica, éste carece de sustento en la ley, además de fijar condiciones que no garantizan su pleno ejercicio,
fundamentalmente porque coloca a los concesionarios en una lógica de juez y parte, ya que será las propias emisoras las que determinarán si procede o no la queja del interesado. Ante este hecho, los legisladores proponen que en el artículo 92 se precise que “toda persona que se considere afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas por radio o televisión, que le puedan causar un perjuicio, tiene derecho a efectuar en el mismo medio su rectificación en las condiciones que establece esta ley (...) Este derecho, en caso que la persona afectada haya fallecido, puede ser ejercido por sus familiares en línea ascendente o descendente en primer grado”. Para el ejercicio del derecho de réplica, los legisladores panistas proponen que la rectificación sea gratuita, limitándose a los hechos de la información que el aludido desee corregir; en tanto, la rectificación se hará en el mismo formato y características del espacio utilizado para la difusión de la información impugnada, sin exceder del doble del espacio de la divulgación de la misma. En lo relacionado a los tiempos de Estado , la iniciativa proponía que “durante los 90 días previos a la día de la jornada electoral, en el caso de las elección presidencial o de gubernaturas en las entidades federativas, y cuarenta y cinco días antes en el caso de los demás procesos electorales(...) el Consejo deberá poner a disposición del Instituto Federal Electoral la totalidad de los tiempos de Estado, salvo los dispuestos para la difusión de mensajes relacionados a la seguridad nacional y salud pública, y estos deberán ser destinados para la promoción del voto, así como de los partidos políticos para la promoción de sus candidatos”.
Iniciativa Miguel Lucero Palma o Ley Televisa Órgano regulador De acuerdo con la iniciativa de reforma a la LFT, “en el marco de la convergencia tecnológica (...) no se justifica la existencia de autoridades distintas para los fines de referencia, pues en todo caso, los servicios que habrán de prestarse serán de naturaleza afín, por lo que deberán sujetarse a las mismas reglas de operación y funcionamiento”. Por ello propone adicionar el artículo 9-A, para definir a la Comisión Federal de Telecomunicaciones como el “órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, y tendrá autonomía plena para dictar sus resoluciones”. Una de las mayores críticas que ha recibido la Ley Televisa, es la contrariedad que existe en la supuesta autonomía que tendría la Cofetel, debido a que varias de sus atribuciones quedarían supeditadas a la decisión final de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Lo anterior queda ejemplificado en varios incisos del artículo 9-A, empezando por el párrafo cuatro donde se asienta que la Cofetel deberá “opinar” respecto de las solicitudes para el otorgamiento, modificación, prórroga, cesión y revocación de concesiones y permisos “en materia de telecomunicaciones”. En tanto, conforme a lo estipulado en el párrafo cinco del mencionado artículo , el órgano regulador tendrá que someter “ Foto:Notimex a la aprobación de la Secretaría, Lucero Palma el programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico”; asimismo, (párrafo 15) deberá “proponer” al titular de la SCT “la imposición de sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables”. marzo / 2006
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Portada Por su parte, en el párrafo seis fija como responsabilidad de la Cofetel, “coordinar los procesos de licitación para ocupar y explotar posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país, con sus respectivas bandas de frecuencias y derechos de emisión y de recepción de señales”. Artículo 28 de la LFRT Este artículo ha sido uno de los más polémicos, debido a que otorga amplias facilidades para que en el actual proceso de convergencia tecnológica, los empresarios de radiodifusión ingresen al sector de las telecomunicaciones, oportunidad que no se les brinda de igual forma a los operadores de éste último sector, para que puedan acceder al mercado de la radio y la televisión. El apartado establece que “los concesionarios que deseen prestar servicios de telecomunicaciones adicionales a los de radiodifusión a través de las bandas de frecuencias concesionadas deberán presentar solicitud a la Secretaría(...) Para tal efecto, la Secretaría podrá requerir el pago de una contraprestación, cuyo monto se determinará tomando en cuenta (entre otros aspectos), la amplitud de la banda del espectro radioeléctrico en la que se prestarán los servicios de telecomunicaciones adicionales a los de radiodifusión, y la cobertura geográfica que utilizará el concesionario para proveer el nuevo servicio”. A su vez, propone, sin que los concesionarios de radio y televisión participen en licitación alguna, que “en el mismo acto administrativo por el que la Secretaría autorice los servicios de telecomunicaciones, otorgará título de concesión para usar, aprovechar o explotar una banda de frecuencias en el territorio nacional, así como para instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones (...) Estos títulos sustituirán la concesión a que se refiere el artículo 21 de la presente ley”. Por otra parte, en la fracción II de la iniciativa, se fija que“el servicio de radiodifusión se regirá por las disposiciones de la presente ley, en lo que no se oponga a la Ley Federal de Telecomunicaciones”.
Subasta Pública Entorno al procedimiento para el otorgamiento de concesiones, el artículo 17 de la iniciativa para reformar la LFRT, propone implementar el método de subasta pública, por el cual el gobierno federal tendría derecho a recibir una contraprestación económica. La justificación para ello, es que mediante este sistema se aseguraría la transparencia en el ejercicio de atribuciones, al instante en que el ejecutivo federal autorizará el aprovechamiento del espectro radioeléctrico. “Una de las principales críticas al marco jurídico vigente, es su alto grado de discrecionalidad. Con la licitación se logra terminar con este mito en el entendido de que, como un procedimiento administrativo sujeto a un régimen de Derecho Público, está encaminado a seleccionar de entre un conjunto de aspirantes que responden a una convocatoria, al solicitante que asegure la utilización de un bien público de la nación”. Los argumentos vertidos en esta iniciativa, insisten en que la concurrencia de participantes a una subasta pública, propiciará una sana competencia entre todos los operadores de radiodifusión, evitándose así la concentración de servicios en unas cuantas empresas y terminando con las facultades discrecionales del ejecutivo federal en el otorgamiento de los títulos de concesión. Publicidad electoral En su artículo 79-A, la iniciativa establece que “en cumplimiento de la función social de la radiodifusión a que se refiere el artículo 5 de esta ley, en la difusión de propaganda electoral”, los concesionarios de radiodifusión, tratándose de elecciones federales, deberan informar al IFE sobre la propaganda que hubiese contratada por los partidos políticos o por los candidatos a cualquier puesto de elección, así como los ingresos derivados de dicha contratación. Asimismo, atenderán “ los requerimientos de información en la materia que les formule el Instituto Federal Electoral. “Tratándose de concesionarios, éstos ofrecerán tarifas equivalentes a la publicidad comercial, y El Instituto Federal Electoral, durante los procesos electorales federales, será la instancia encargada de pagar la publicidad electoral de los partidos políticos con cargo a sus prerrogativas, y dictará las medidas necesarias para ello.
Propuesta senadores del PAN Órgano regulador En las modificaciones propuestas por los senadores panistas, entre los que están Javier Corral, Felipe de Jesús Vicencio y Wadi Amar Shabshab, se considera que “fortalecer y garantizar la autonomía de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), como órgano regulador de las telecomunicaciones en México, incluyendo a la radiodifusión (radio y televisión abierta) como una especie de los servicios de telecomunicaciones es, sin duda, un objetivo que debe lograrse ampliamente”. Sin embargo, las reformas en análisis (Ley Televisa) no lo proponen, “pues en materia de telecomunicaciones deja intocadas la normas actuales que la reducen a una oficina de trámite del Secretario del ramo”. Ante ello, “al órgano regulador se le deben atribuir funciones en ambas materias (en telecomunicaciones y en radio y televisión), con la finalidad de que las mismas se ejerciten con plena autonomía, con el fin de eliminar el error en que incurre la minuta, de dejar a la Cofetel con facultades insuficientes en materia de Telecomunicaciones y dotarla, en forma aparente, de plena autonomía solo en materia de radio y televisión. Por esta razón los senadores proponen modificar el artículo 9-A, para establecer que “La Comisión Federal de Telecomunicaciones 16
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es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social de las telecomunicaciones y la radiodifusión, y tendrá autonomía plena para dictar sus resoluciones”. En tanto añade, que el objetivo de la Comisión “es el beneficio a la población en general propiciando la sana competencia del sector, la cobertura y el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión”. Javier Corral Foto: Senado Por lo que respecta a sus atribuciones, plantean que la Cofetel será la encargada de “coordinar y llevar a cabo los procesos de licitación pública para el otorgamiento de concesiones, permisos y asignaciones directas para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”.
Estando obligada, también, a “recibir, analizar y dictaminar las solicitudes para el otorgamiento, modificación, autorización de servicios adicionales, prórroga, cesión, revocación y caducidad de concesiones y permisos en materia de telecomunicaciones y servicios de radiodifusión, previa opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia sometiendo las resoluciones favorables a firma del Secretario de Comunicaciones y Transportes para la emisión de los títulos respectivos”; además de “imponer” sanciones por infracciones a las disposiciones legales. Artículo 28 de la LFRT Los senadores del PAN son claros al advertir que el artículo 28 de la iniciativa de Miguel Lucero Palma, alienta, al mismo tiempo, prácticas monopólicas y un régimen discriminatorio, toda vez que la participación de los concesionarios de radiodifusión en el sector de telecomunicaciones, les dará mayores oportunidades de negocio y crecimiento, en detrimento de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones”. “(...) se advierte que la intención de la reforma se centra en declarar que la radio y la televisión constituyen un servicio de telecomunicaciones, a fin de posibilitar que los concesionarios de radio y televisión, puedan prestar ‘servicios de telecomunicaciones adicionales a los de radiodifusión’”. En relación al párrafo tercero del artículo, donde se señala que cuando la SCT autorice brindar los servicios de adicionales de telecomunicaciones, otorgará a los concesionarios de radiodifusión una nueva concesión para explotar redes públicas de telecomunicaciones, los legisladores precisan que dicha autorización suple el proceso de licitación. “Tal postura limita la participación de otros interesados en la explotación de un bien público. Cabe advertir que también contraviene lo dispuesto por el artículo 27 de la Constitución, pues ningún acto administrativo firme, como en el presente caso sucede con una concesión de radio y televisión, puede generar en favor de su titular un derecho adicional que debe ser materia de un acto administrativo diferente, para prestar un servicio relacionado pero finalmente distinto, pues necesariamente debe perfeccionarse, previo proceso de licitación pública”. Dicho apartado constitucional especifica que el aprovechamiento de los bienes del dominio directo de la nación, sólo podrán darse a “los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, (y) no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes”. Una situación como la propuesta, alegan los senadores, es violatoria del artículo 28 de nuestra Carta Fundamental, particularmente de lo dispuesto en el párrafo décimo que señala: “El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público”. Con las modificaciones que plantean, la redacción del artículo 28 quedaría de la siguiente manera: “Los concesionarios o permisionarios que deseen prestar servicios de telecomunicaciones adicionales a los de radiodifusión a través de las bandas de frecuencias concesionadas, deberán presentar solicitud a la Comisión. de conformidad con lo establecido en
los artículos 14 y 24 de la Ley Federal de Telecomunicaciones” También proponen que los servicios de telecomunicaciones adicionales a los de radiodifusión, “únicamente podrán ser autoriza- Felipe de Jesús Vicencio Foto: Senado dos en los canales asignados para las transmisiones digitales, una vez que éstas empiecen a ser prestadas, previa opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia”, la cual “requerirá” una contraprestación. “En el mismo acto administrativo por el que se autorice el servicio de telecomunicaciones, se otorgará título de concesión para usar, aprovechar o explotar una banda de frecuencias en el territorio nacional, así como para instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones, a que se refieren las fracciones I y II, respectivamente, del artículo 11 de la Ley Federal de Telecomunicaciones”. Buscando la equidad para que los concesionarios de telecomunicaciones amplíen su presencia en otros sectores, lo establecido en este artículo “debe ser consistente con las mismas condiciones aplicables a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones para servicios adicionales, y aplicables en igualdad de circunstancias a cualquier tipo de concesionario y no en condiciones diferentes como se propone en el texto de la minuta”. (aprobada por la Cámara de Diputados). Subasta Pública Los senadores panistas ponen de relieve que con la aplicación de la subasta pública, saldrían beneficiadas únicamente las empresas que cuenten con amplios recursos financieros para invertir, dejando fuera a aquellos interesados que, sin contar con amplios recursos económicos, presentaran, en cambio, una propuesta socialmente viable del bien público a explotar. Lo anterior contravendría el artículo 28, que en su décimo párrafo establece que en caso de que se concesione un servicio del dominio directo, “ las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes”. En relación con el artículo 17-G, el cual dispone que para la entrega de una concesión la Cofetel deberá considerar “la congruencia entre el programa a que se refiere el artículo 17-A (referente al programa de concesionamiento de frecuencias) y los fines expresados por el interesado para utilizar la frecuencia para prestar el servicio de radiodifusión, así como el resultado de la licitación a través de la subasta pública”, los legisladores precisan que tales términos no consideran los criterios para “valorar la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes”. Para tomar la decisión sobre la entrega de una concesión, la Cofetel “privilegiará” los fines aducidos por el interesado y el monto ofrecido en la subasta pública, “lo que implica que a mayor capacidad económica, mayores posibilidades de ser beneficiado”. Con el propósito de que se cumplan las disposiciones constitucionales, los senadores recomiendan que en la reforma a la LFRT se asiente, “de manera preponderante”, que en la evaluación para la entrega de una concesión, la Cofetel atienda de forma especial los programas de los interesados que cumplan con la función social a que hacen referencia los artículos 4 y 5 de la ley. marzo / 2006
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OPINIÓN • Xóchitl Gálvez
Insuficiente la Minuta
sobre radios indígenas*
L
a primera gran preocupación de la Comisión Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) es como permisionaria del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas que, a lo largo de 27 años, ha cumplido una función social de extrema importancia. Las veinte radiodifusoras en Amplitud Modulada de la CDI se ubican en los quince estados con mayor población indígena y han sido vehículo de comunicación entre comunidades y entre personas y familias. Las emisoras del Sistema tienen un perfil único: son culturales, oficiales y permisionadas, apoyan las acciones de las instituciones en beneficio de las comunidades indígenas y acompañan a las comunidades en sus propios procesos de desarrollo, pero no son oficialistas ni voceras del gobierno federal ni de los gobiernos estatales. Por su vinculación con las comunidades indígenas, y por la apropiación de las radios que se ha dado por parte de las comunidades, son de interés y servicio comunitario. Además, el propio Sistema ha impulsado dos proyectos experimentales, uno, referente a la operación de radiodifusoras de baja potencia ubicadas en cuatro albergues escolares indígenas de Yucatán, y, dos, el proyecto considera la participación de los becarios del albergue en la operación de las emisoras. En diez años de operación más de 200 niños han participado en su programación. Radios indígena comunitaria El segundo proyecto consiste en radios con participación indígena comunitaria. En marzo de 2004, la CDI obtuvo tres permisos adicionales para operar tres radios de baja potencia, en FM, con participación indígena comunitaria en las localidades de Zacán, Huecorio y Tingambato, en Michoacán. Estas radios son operadas por la propia comunidad con supervisión y apoyadas directamente por la CDI. Como Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas requerimos que se nos reconozca como entidades públicas, tener acceso a la convergencia digital, poder convertir nuestras frecuencias en redes 18
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públicas de telecomunicaciones y aprovechar las ventajas de la tecnología digital. Nos interesa también contar con la oportunidad de ingresos adicionales mediante donaciones y que se garantice el presupuesto anual para operar nuestras radiodifusoras. El compromiso de la administración actual es trabajar en la construcción de una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Lo hemos hecho en diversas líneas de desarrollo y, respecto a las comunicaciones, se ha dado un fuerte impulso al equipamiento y modernización de nuestras radiodifusoras mucho tiempo abandonadas. Sin embargo, este impulso debe ser sistemático, independientemente de quien dirija la institución. Por eso creo necesa-
Xóchitl Gálvez
Foto: archivo
rio reformular la iniciativa. El espectro radioeléctrico es un bien nacional y no debe ser subastado en su totalidad, sino reservar un espacio para cumplir su función social y atender el artículo segundo Constitucional según el cual estados y municipios tienen la obligación de: Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes en la materia determinen. Si las condiciones para que esto suceda son la subasta pública, difícilmente podrá cumplirse este precepto constitucional. De ahí la necesidad reiterada de rescatar la función y responsabilidad social que deben tener los medios de comunicación y no sólo verlos bajo una óptica mercantilista o comercial.
Otra gran preocupación es cómo asegurar que los medios de comunicación concesionados difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la nación mexicana. Es deseable que en la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión se establezca un porcentaje del tiempo en los medios de comunicación para la difusión de programas en lenguas indígenas. Producción independiente De igual forma, cuando en la minuta se habla de producciones independientes ¿por qué no considerar un porcentaje para producciones propias indígenas y en lengua indígena? La CDI cuenta ya con un programa especial para apoyar con financiamiento estas producciones, el reto es encontrar espacios de difusión, particularmente en los medios de comunicación de mayor penetración. En suma, es necesaria una reforma equitativa y justa; trabajar para llegar a verdaderos consensos y hacer visibles a los indígenas en los medios de comunicación; emitir leyes que promuevan y apoyen a medios públicos como el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas cuya función social es indiscutible. Algunas de nuestras tareas como CNDI son operar el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas como medios públicos; promover el cumplimiento del artículo segundo constitucional y facilitar el acceso de los pueblos indígenas a los medios. Para ello requerimos de una reforma que contemple los derechos de los pueblos indios, pero, sobre todo, los procesos democráticos que vive el país; que garantice la pluralidad, la participación, la libertad de expresión, de réplica, de información. Una legislación moderna y acorde con la diversidad de voces, indígenas y no indígenas, que se escuchan en nuestra nación. *Síntesis de la ponencia de Xóchitl Gálvez presentada en el Senado.
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Entrevista
El prestigio de México se juega en el litigio GRC-Monitor: Abascal El actual conflicto entre Grupo Radio Centro (GRC) y Monitor nace del incumplimiento del primero de las cláusulas que las partes firmaron en su convenio de asociación en 1998, que obligó al segundo a acudir a la Corte Internacional de Comercio para demandar el cumplimiento de las mismas, y cuyo laudo le fue favorable en febrero del 2004. A pesar de que las partes se habían comprometido a cumplir la sentencia de la Corte, GCR lo rechazó acudiendo a los tribunales para desconocerlo ya que el laudo lo obligó a pagar más de 24 millones de dólares a su ex socio. Desde entonces, el litigio ha transcurrido entre juzgados, tribunales, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entrevistamos a José María Abascal, experto en arbitraje internacional, y abogado de Monitor, para conocer los intríngulis del conflicto legal, que espera le resulte positivo, aunque la resolución del tribunal parece inclinarse hacía otro lado.
Jose María Abascal
Foto: Miguel Salguero
Carlos Padilla Ríos
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l convenio de 1998 estableció que Grupo Radio Centro pagaría los costos de producción del programa que a partir de entonces le produciría Infored. Sin embargo, GRC no aceptó el presupuesto del año 2000 que le presentó José Gutiérrez Vivó, y quiso pagar con base en los costos de 1999. Sin considerar incrementos por producción ni el índice inflacionario. Es cuando inicia el conflicto, situación que se repitió hasta el 2004, cuando Francisco Aguirre Gómez, dueño de GRC saca en marzo del 2004, -justo al perder ante la Corte Internacional de Comercio-, al grupo de Gutiérrez Vivó de las frecuencias 88.1 de FM y 1110 de A.M. Es el primer ahogo financiero contra lo que ahora es Monitor. - Monittor no podía separarse de ese convenio. - El convenio implicaba además realizar el programa a GRC y a cambio Infored recibiría el pago por los costos de operación, y un porcentaje sobre las ventas. Ambos compromisos no se cumplieron. A eso se sumó la decisión,de no pagarle a José Ramón Fernández, y su 20
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equipo. Fue todo un programa de asfixia económica. Además, Grupo Radio Centro compró entonces la estación 69 que tenía unos programas de cápsulas noticiosas cada hora. Una mala copia de Monitor, con Jacobo Zabludowski y Nino Canún. Emisora a le que se le metió millones de pesos de publicidad para promocionar a Zabludowski y nada para Monitor. No se podía hacer un programa que coincidiera en formato y estilo como Monitor sin haberlo invitado. Grupo Radio Centro dijo no, este es un programa de noticias y entonces el árbitro le dijo no, violaste el contrato. Durante el juicio, los expertos de la Corte Internacional de Comercio encontraron diferencias entre lo que le debían de haber dado y lo que en realidad recibió. GRC transmitía anuncios que cobraba a un precio, pero reportaba otro a Infored. Habría que recordar que a José Ramón Fernández y a su equipo, se le dejó de pagar 13 millones de pesos, que originó un pleito ante tribunales, que se ganó y que nosotros teníamos orden de embargo al día siguiente. Aguirre Gómez tuvo que pagar todo. - Entonces, Gutiérrez Vivó no podía dejar de producir para GRC. - Bueno eso no lo sé. En mi opinión es que se le cerraban las puertas. - Pero ya era Gutiérrez Vivó, ya era Monitor. - Sí, pero como no había un laudo arbitral Gutiérrez Vivó buscó asociaciones con otros y los Aguirre siempre decían me estás robando la cocinera, y se le cerraban las puertas. Entonces la idea fue pegarle por todos lados en lo financiero a Infored, que entonces así se llamaba para cerrarle los caminos a Gutiérrez Vivó.
- ¿ Cuándo dijo Gutiérrez Vivó hasta aquí y me voy a la Corte Internacional de Comercio? - La demanda de arbitraje se presentó en mayo de 2002 y en marzo de 2004 es cuando sale el laudo que ganó Monitor. A partir de entonces ha sido litigio. Para ganar tiempo Grupo Radio Centro pidió a la CIC unas aclaraciones, cuando se estuvo en la posibilidad legal de pedir la ejecución en septiembre de 2004, pero en noviembre-diciembre de 2004, el juzgado 63 de lo Civil dictó una sentencia –el 11 de noviembre- donde determina que el tribunal arbitral de la CIC que emitió la sentencia a favor de Monitor, estuvo mal constituido. A pesar de que el Grupo Radio Centro había estado de acuerdo con su integración. - ¿El laudo de la Corte es un laudo moral? - No, es jurídico, es obligatorio. Hay dos instrumentos que son la Convención de las Naciones Unidas sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales y el Código de Comercio. Con independencia del país en que se dicte, serán reconocidos y ejecutados a solicitud de la parte. - ¿A qué atribuye usted que el juez 63 de lo civil del Tribunal Superior de Justicia haya tomado como base la artículo 1457 fracción Primera del Código de Comercio para resolver la nulidad del laudo de la Corte Internacional de Comercio? - El argumento fue que el Tribunal arbitral no estaba bien constituido, que los árbitros debían de haber sido expertos en radiodifusión, es un absurdo. Grupo Radio Centro participó en la formación del tribunal arbitral (de la CIC), designando como su representante al licenciado Juan Mijares. Nosotros nombramos al abogado Alejandro Barrio. Ambos designaron
al licenciado Álvaro Siqueiros entonces si Grupo Radio Centro hubiera considerado que los árbitros carecían de esa pericia requerida, debió haber presentado una recusación dentro de los 15 días siguientes al inició del litigio (2002), y no lo hizo, estuvo de acuerdo. En la cláusula de arbitraje de la CIC se establece que los tribunales deberán integrarse con tres árbitros, que cada parte va a designar uno y los dos árbitros designarán al tercero, como presidente, quien fue Eduardo Siqueiros. La Corte Internacional conoce las designaciones de las partes y confirma su nombramiento, y lo nombra tribunal. El presidente les pregunta a las partes si existe alguna objeción en el arbitraje y las dos partes respondieron que no. - ¿Alguien avala el dictamen de la CIC ?(que sesionó en México e integrado por expertos mexicanos). - No, la regla es esa. Si las partes aceptaron someterse al dictamen, eso fue lo que convenimos vamos hacer lo que un tribunal internacional, administrado por la Corte de Comercio Internacional decida. Los tribunales mexicanos no tienen porqué meterse, mientras no haya un delito, una situación francamente violatoria. Juez cantinflesco - ¿ Qué opina usted de que el juez 63 desconociera el fallo de la CIC? - Su sentencia es cantinflesca y no lo digo yo. Muchos abogados coinciden conmigo, cuando saben que el argumento fue que el tribunal arbitral estuvo mal constituido. Curiosamente, Francisco Aguirre Gómez no había alegado eso en la demanda. Un juez sólo puede resolver lo que las partes le propusieron. El juez se sacó de la manga algo que GRC no había alegado. Como yo me he pasado la vida en estos litigios, no necesité mas que leer la demanda para decir a éste lo compraron. Recuerdo que una vez fui con un juez, hace 20 o 30 años y le dije señor juez esta sentencia la dictó o un ignorante o un corrupto. Me dijo usted me está insultando, y le dije usted escoja. Entonces, a la decisión de este juez se le puede atribuir a una gran ignorancia o a una gran corrupción. Este es el mismo caso. La sentencia en sí misma no se sostiene, pero luego se descubrió, que (el juez 63) tiene cuentas, que le aparece dinero que no corresponde a su sueldo.
- Nosotros nos amparamos. El juez Sexto de Distrito en materia civil dicta una resolución que dice: Si las partes designaron a los árbitros y estuvieron de acuerdo, no encuentro que el tribunal haya estado mal constituido. Si el presidente del tribunal arbitral de la CIC le preguntó a las partes y éstas respondieron que estaban de acuerdo, pues aquí no hay nada que alegar. Nos concede el amparo. Entonces Grupo Radio Centro interpone una apelación en donde entonces sí ya compra la idea del juez de que el tribunal estaba mal constituido. Durante el arbitraje se presentaron peritajes de expertos en radio tanto del Grupo Radio Centro como de Infored. Aunque la única cuestión de radio era determinar si el programa de Nino Canún y el de Jacobo Zabludowski violaban el estilo y el formato de Monitor. La otra cuestión era contable si Aguirre Gómez había pagado los presupuestos de acuerdo a lo contratado. Ese es un análisis contable y para eso se presentaron peritajes de contabilidad, pero el problema principal era la violación al contrato y para eso se necesitan abogados. Entonces que me digan dónde están los errores del juicio. - Cuando deciden acudir a la Suprema Corte es porque temían que el Tribunal ratificara la decisión del juez 63 de ratificar la nulidad del laudo de la Corte Internacional. - Teníamos plena conciencia de que así lo iba hacer. Cuando nosotros tuvimos indicios de que las cosas no venían bien, por la dilación y los argumentos preliminares del magistrado, quien comenzó a decir que el amparo tenía defectos. Los argumentos y todos se los contesté y entonces se quedó callado, con el expediente en la mano. - Si el tribunal hubiera dicho el juez 63 tiene la razón y ratifica la sentencia, ustedes hubieran perdido los 20 millones de dólares. - El caso. - ¿Por qué la deuda asciende a 20 millones de dólares? - Es el cálculo que hizo el Tribunal arbitral después de haber escuchado a los peritos. Es la suma que debe y los daños y perjuicios que el Grupo Radio Centro le ha inferido al Grupo Monitor. - ¿A qué atribuye usted que Grupo Radio Centro no haya respondido las acusaciones de ustedes en desplegados?. - Porque si todo el arreglo fue en lo oscurito y querían mantener las cosas así. en lo oscuro, con medias defensas y
Jose María Abascal
Foto: Miguel Salguero
verdades. Usted cree que si se tuvieran argumentos se quedarían callados. No quieren que se hable de esto. - Algunos analistas dudan que el litigio entre dos particulares ponga en riesgo la libertad de expresión. - Bueno, porque mucho se ha hablado de que Monitor tiene problemas financieros, porque le deben esa cantidad de dinero. No es que Monitor esté llevando un pleito para sacar dinero. Está reclamando que lo mantengan en una asfixia económica, por incumplimiento en sus contratos. Se hace un pleito para salvar un negocio cuando las sumas a las que tiene legítimo derecho para llevarlo a cabo, no se te pagan. Imagínese un empresario como Gutiérrez Vivó cómo va a crecer, ya entiende dónde está el ataque a la libertad de expresión: ´Vamos a evitar que no crezca, a castigarlo financieramente´. Una empresa con esos castigos no crece o crece menos. - ¿Los actuales altibajo financieros de Monitor, son consecuencia del litigio con Aguirre Gómez? - Definitivamente. - Algo más que quiera agregar. - Tengo fama de ser un abogado honesto y mi pasión ha sido la abogacía. En todo este tiempo me ha preocupado más el ver que probablemente el último reducto del estado de derecho, que es el arbitraje, le estarían dando un gran golpe (de confirmarse la nulidad del laudo de la CIC), con lo cual golpean el prestigio internacional de México, sería algo vergonzoso. En conferencia de prensa a principios de febrero José Gutiérrez Vivó Monitor solicitó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que conociera del litigio. Días después el máximo tribunal dijo que analizaría la petición, la cual finalmente rechazó.El abogado Abascal confiaba en que la Suprema Corte podría evitar “una catástrofe” para evitar la corrupción”. Pero la Suprema Corte le dijo que no. marzo / 2006
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OPINIÓN
. José de Jesús Guadarrama
En vilo conflicto
Infored-GRC José de Jesús Guadarrama
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ndica un dicho mexicano que “en el amor y la guerra todo se vale”, pero parece que para nuestros tiempos se debe agregar: “...y en los negocios...”, lo que involucra violar acuerdos y resultados de arbitrajes internacionales o simplemente acatar sólo la parte que nos conviene, sin importar que lo puesto en juego sea el estado de derecho, y la honorabilidad del ambiente empresarial, como ya lo han ventilado diversos expertos para el caso del largo pleito entre Infored y Grupo Radio Centro (GRC). Lo grave de esta situación es cuando son miembros del propio Poder Judicial -que conocen a la perfección lo que implica una laudo internacional- quienes se prestan a poner en tela de juicio la honorabilidad del país, lo cual envía señales negativas a inversionistas nacionales y extranjeros. Ya no es suficiente con que se apruebe en el Congreso y por unanimidad una reforma legal sin conocerla, pero con la seguridad de que implica un posterior respaldo a intereses particulares y personales; o no aplicar reglas de dominancia establecidas en nuestras leyes; o permitir que entre particulares se violen los derechos concesionarios que se tienen sobre el espectro radioeléctrico e incluso que el mismo Poder Judicial argumente, por primera vez en la historia de las telecomunicaciones mexicanas, que “la interconexión no es un asunto de interés público”. El caso Infored-GRC es un componente más de lo que está ocurriendo con el estado de derecho en nuestro país y la gravedad que se suma en esta ocasión es que se trataría de “un caso insólito” -como lo ha señalado el periodista Miguel Ángel Granados Chapa-, en el que un compromiso de buena fe, de honor, sería violentado 22
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con el aval y apoyo de quienes conocen a la perfección la trascendencia de cumplir o no con el resultado de un arbitraje internacional. Sin embargo, la advertencia se hizo desde tiempo antes de que se conociera el resultado del arbitraje internacional al que acudieron José Gutiérrez Vivó y la familia Aguirre. En diciembre de 2003, Francisco Aguirre, presidente del Consejo de Administración de GRC, expresó su interés de que ya terminara el conflicto y “para bien o para mal, me refiero a que cada quien se quede con lo suyo... pero sin el laudo”, advirtió. (El Financiero, 15 de diciembre de 2003). En ese entonces ya se rumoraba que los resultados del laudo favorecerían a Gutiérrez Vivó, lo que se mezclaba con versiones de que Infored estaría llegando a acuerdos con Prisa, el grupo español de medios; al tiempo que se reorganizaba a El Heraldo de México, para convertirlo en lo que hoy es Diario Monitor. Piden intervención de la SCJN Hoy lo que se pide es la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el riesgo de que mediante un proceso de corrupción ya denunciado, se prolongue aún más la solución de un problema que debió terminar en enero de 2004, cuando la Corte Internacional de Comercio dio la razón a Infored. El problema comenzó en el 2000, cuando GRC violó contratos de prestación de servicios firmados en 1998 José Gutiérrez
con la empresa de Gutiérrez Vivó, al adquirir Grupo Radio Centro las emisoras de Radio Red que habían sido propiedad de Clemente Serna Martínez y Clemente Serna Alvear. En tales acuerdos de 1998 se suscribió el compromiso entre Infored y GRC que, en caso de conflictos, se someterían al arbitraje de la Corte Internacional de Comercio, alternativa a la que recurrió Infored en mayo de 2002. De acuerdo con la cronología proporcionada por Infored, en mayo de 2004 el proceso ya había observado diversas etapas: “1.- El 7 de mayo de 2002, Infored y José Gutiérrez Vivó demandaron a Grupo Radio Centro, en un arbitraje administrado por la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con motivo de diversos incumplimientos al contrato que las partes tenían celebrado 2.- El arbitraje se condujo por tres árbitros mexicanos y conforme a las leyes mexicanas. 3.- No se puede dar detalles de lo que pasó durante el arbitraje por la
Foto: Miguel Castillo
confidencialidad que las partes pactaron. 4.- El 1 de marzo de 2004, la Cámara de Comercio Internacional notificó a las partes el laudo final, en el cual, entre otros puntos, se decidió que Grupo Radio Centro había incumplido los acuerdos con Infored y que debía pagarle más de 21 millones de dólares, como suerte principal. 5.- Las leyes mexicanas reconocen la obligatoriedad (a) del compromiso que celebren las partes para someter sus diferencias a un arbitraje -acuerdo de arbitraje- y (b) de los laudos. 6.- La ley mexicana en materia de arbitraje (que está incluida en una de las secciones del Código de Comercio) es una legislación moderna. Sigue un modelo de ley que han venido adoptando muchos países. Las naciones han decidido, desde hace tiempo, y marcadamente a partir de los 80, tutelar el arbitraje y los laudos, porque de lo contrario irían en contra de las reglas del comercio. 7.- En ese sentido, el artículo 1461 del Código de Comercio mexicano dice: Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que haya sido dictado, será reconocido como vinculante y, después de la presentación de una petición por escrito al juez, será ejecutado de conformidad con las disposiciones de este capítulo. 8.- El 3 de marzo de 2004, Infored pidió a un juez federal mexicano que dictara una resolución “reconociendo” el laudo dictado a favor de Infored. El juez dijo en su sentencia que todavía no podía declarar el reconocimiento del laudo, sino hasta que transcurriera el plazo establecido en el laudo, pero también indica claramente que “las partes contratantes hoy contendientes pactaron que la decisión de los árbitros firmada por la mayoría de ellos sería definitiva y obligatoria para las partes” (página 35 de la sentencia) y que Infored podrá presentar su demanda de ejecución de los más de 21 millones de dólares contra GRC. En este segundo aspecto, la sentencia del juez establece con precisión que “se dejan a salvo los derechos de las partes” respecto de la ejecución del laudo, entre otras prestaciones, para que los hagan
valer en el momento procesal oportuno (página 39 de la sentencia). Como se puede apreciar, esta decisión no tiene ningún efecto negativo para Infored. 9.- Lo único que resulta de la decisión del juez (según la interpretación de esa fecha) es que Infored debe esperar a que concluya el plazo referido, para que dicha empresa pueda pedir el reconocimiento del laudo, lo cual nunca ha sido cuestionado por Infored. 10.- (Para ese entonces) Infored presentará, en breve, la demanda judicial de ejecución contra Grupo Radio Centro, de los más de 21 millones de dólares a que fue condenado”. Incumplido el laudo Sin embargo, casi un año y nueve meses después resultó que no sólo no se ha cumplido con el mandato del laudo, sino que incluso lo han querido desconocer en los tribunales. El 3 de marzo de 2004, a poco más de un mes de haberse conocido el resultado del arbitraje internacional, GRC determinó unilateralmente sacar de las frecuencias 88.1 de FM y 1110 de AM la programación de Infored. En ese fecha, GRC informó el resultado del laudo del juicio de arbitraje: “El contrato ha sido rescindido e Infored y el Sr. Gutiérrez Vivó en conjunto y en su caso serán recompensados con la cantidad de 21 millones 15 mil 778.01 dólares por daños y perjuicios. Sin embargo, GRC advirtió que “objetará la eficacia de esta decisión ante las cortes mexicanas”. Lo anterior implicó el reconocimiento por parte de GRC del mandato en la parte que se refiere a la terminación de los contratos, pero
no en cuanto al pago de los 21 millones de dólares a la firma de Gutiérrez Vivó y lo cual es un elemento que ni las autoridades en materia de concesiones, ni el Poder Judicial, han observado. Lo cierto es que desde el 11 de noviembre de 2004, fue el juez 63 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien declaró nulo el laudo arbitral. El juez resolvió que: “se declara la nulidad del laudo arbitral de fecha 30 de enero de 2004, de conformidad con el artículo 1457 fracción I inciso d) del Código de Comercio, por lo cual las partes deberán cumplir con la cláusula compromisoria que se contiene en el Contrato de prestación de servicios de producción de noticieros, programas informativos y eventos especiales de fecha 23 de diciembre de 1998, en virtud de los razonamientos lógicos y jurídicos establecidos en el considerando quinto del presente fallo”. Sin embargo, una situación similar ya se había presentado el 26 de mayo del 2004, cuando GRC dio a conocer que el Juez Séptimo de Distrito “B” en Materia Civil de Distrito Federal negó a Infored el reconocimiento del laudo, conforme una resolución que señalaba que: “Ha sido improcedente el reconocimiento del laudo arbitral promovido por Infored, S.A. de C.V. y José Elías Gutiérrez Vivó, en contra de Grupo Radio Centro, S.A. de C.V., por lo que no se reconoce judicialmente el laudo arbitral número 12138/ KGA de 30 de enero de 2004, y se dejan a salvo los derechos de las partes respecto del reconocimiento, ejecución o en su caso nulidad de dicho laudo, para que los hagan valer en el momento procesal oportuno”. La interpretación de Infored fue que el fallo le favorecería. El proceso se ha prolongado en los tribunales y a escasos días de que haya una resolución en segunda instancia, José Gutiérrez Vivó ha solicitado que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que tome el caso, antes de lo que se ha previsto como una inminente violación al estado de derecho. marzo / 2006
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Portada
Familiares de periodistas piden al Fiscal justicia Al no existir una ley de federalización de delitos contra periodistas, la Fiscalía no tiene terreno donde actuar sólo funcionará como coadyuvancia: Reveles Le pediría al señor fiscal que reclame facultades para investigar, de otra forma lo veremos como la persona que llegó a un nuevo puesto y aumentó la nómina: Blancornelas Organismos internacionales aplauden creación, pero hacen recomendaciones. Balbina Flores Martínez
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in resultados en casi todas las investigaciones de los 18 asesinatos y las dos desapariciones de periodistas ocurridas durante el sexenio de Vicente Fox, pero tan sólo ocho días después del atentado al periódico El Mañana (6 de febrero)que impactó en la prensa internacional, el gobierno federal anunció la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, una medida que puso en marcha cinco meses después de que adquiriera ese compromiso con el Comité de Protección de Periodistas de Nueva York. A unas semanas de cumplirse un año de la desaparición del reportero Alfredo Jiménez Mota (El Imparcial) y de los asesinatos de Raúl Gibb Guerrero (La Opinión) y la periodista Guadalupe García Escamilla (Estéreo 91), ocurridos en abril de 2005, se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas. Entre el miedo y la incertidumbre del gremio periodístico de varios estados, y sin la menor confianza en las autoridades estatales y federales, David Vega Vera fue nombrado fiscal especial, sin el menor entusiasmo.
Fiscal David Vega Vera.
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Foto: cuartoscuro
Sin embargo, familiares y compañeros de periodistas asesinados no perdieron la esperanza de recibir justicia: ”Le diría al nuevo fiscal que le echara más ganas porque ha pasado el tiempo para encontrar a mi hijo y nada”, comentó a esta corresponsal (RSF), con voz melancólica, Esperanza Mota, madre de Alfredo Jiménez, quien añadió:“Ellos dicen que sí, que siguen trabajando pero si no tienen buenos resultados para nosotros, es que no”. Ellos dicen que ha sido un caso muy difícil, que pensaron iba a ser fácil, pero no ha sido así. Lo cierto es que a casi un año de la desaparición de Alfredo, se desconoce su paradero”. En otro región del país, la petición no es distinta: “Las fiscalías han sido un escaparate para justificar a los funcionarios, pero sin resultados. Tenemos el caso de todas las fiscalías que se han creado, como ocurre con la que se creó para investigar a las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez, donde los resultados han sido pobres”, señalaron periodistas del diario La Opinión, quienes pidieron omitir su nombre. “Las fiscalías generalmente responden más a intereses políticos que para resolver casos, que de acuerdo a los expertos en criminalística, deberían resolverse en 72 horas; cuando se deja pasar el tiempo, por más fiscalías que se nombren los resultados son difíciles que se presenten. “En Poza Rica se creó una fiscalía especializada para investigar el asesinato de Raúl Gibb que tampoco produjeron resultados. Ahora nombran a un Fiscal que apenas se va enterar no sólo de uno, sino de varios casos. Es difícil que cambie la actual situación”, agregaron.
También denunciaron que “a un año de aquel homicidio existe la intención de darle carpetazo a las investigaciones. Hay menos presión. En los meses recientes hemos perdido el contacto con la PGR. El equipo del fiscal federal ha disminuido”. Demandan resultados Acerca del nombramiento del Fiscal el periodista José Reveles comentó:“La Fiscalía es una cuestión mediática, al no haber una ley de federalización de delitos contra periodistas, no tiene terreno donde actuar, hará una coadyuvancia, no va a ser la encargada de investigar a fondo todo. “Es una fiscalía que no responde a las demandas de los periodistas. No es viable ni operativa, sigue siendo discrecional su facultad de atraer un caso o no. Si la PGR no respeta sus propios acuerdos de no citar a periodistas, según lo establece el acuerdo para no citar periodistas a declarar, entonces cómo va a cumplir con algo más complicado como es la averiguación. Es necesario reformar la ley para que esta fiscalía pueda actuar, sino serán casos aislados los que atraiga, los que considere de acción federal”, agregó Reveles reportero de El Financiero. Al respecto coincidió Jesús Blancornelas, director del Semanario Zeta: “La Fiscalía no responde a lo que esperábamos los periodistas, fue una salida a lo que tanto se ha reclamado de tipificar como federal la agresión o asesinato de periodistas. Es el sexenio de las fiscales: la Fiscalía del 68, la de mujeres y ahora ésta pero sin facultades. El gobierno foxista crea una fiscalía para dar la impresión que está enfrentando el problema. Le pediría al
Portada fiscal que reclame facultades para investigar, de otra forma lo veremos como la persona que llegó a un nuevo puesto y aumentó la nómina”. Al respecto, Jenaro Villamil, reportero de Proceso, recordó:“La Fiscalía es algo que debió haberse creado hace bastante tiempo desde la primavera 2005, cuando ocurrieron dos asesinatos y la desaparición de un periodista. El hecho de que hasta la fecha la Procuraduría General de la República no haya informado de las investigaciones en el caso de Alfredo Jiménez, Francisco Ortiz Franco, de Zeta; Roberto Mora, de El Mañana, y sigan en la misma situación y circunstancias, significa que la procuración de justicia en estos casos ha sido un fracaso. Y en el asunto de periodistas de El Imparcial ha sido errática”. “Estos antecedentes nos hacen pensar que la creación de la Fiscalía, siendo una medida correcta puede traducirse políticamente en una acción de maquillaje y emergente. Para que esta Fiscalía tenga la credibilidad necesaria, tiene que enfrentar una posición muy clara en el caso que nos ha conmocionado que es el de Lydia Cacho. Es el primer asunto que debe tomar la fiscalía en sus manos. “Si la Fiscalía no adopta una situación de absoluto compromiso y poder en los estados donde el ejercicio periodístico se ha visto cada vez más amenazado, como en Tamaulipas, Tijuana y Sinaloa, estaremos ante una medida burocrática más. Dijo que los ejemplares de la revista Proceso han sido confiscados en dos ocasiones en Guadalajara, y la PGR no ha hecho nada. “Como periodista y ciudadano me interesa saber cuáles son los resultados que la PGR tiene del caso de Alfredo Jiménez Mota. Si está vinculado el narcotráfico, si el gobierno del Estado lo sabía, y qué tipo de relación hay de las autoridades de Sonora y el narcotráfico.¿Por qué en el caso de Tamaulipas, no se ha investigado al procurador Roberto Cayuela, señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato del periodista Roberto Mora”. El Fiscal, dijo, debe informar inmediatamente de manera creíble y documentada, acerca del avance en las indagatorias que se prometió, pero que no se han cumplido. Para Víctor Ronquillo, (Milenio Semanal) “las fiscalías son una medida demagógica, que han mostrado su ineficacia, donde no pasa nada y se gasta mucho dinero. Son un gran negocio, porque hay muchos funcionarios ahí. Hay mu-
chos crímenes de periodistas por esclarecer, pero no voluntad de esclarecerlos, porque no se ha querido llegar al fondo en las investigaciones. Por ello no abrigo muchas esperanzas en la Fiscalía”. Aplauden creación A pesar del escepticismo del gremio periodístico, organizaciones internacionales defensoras de la libertad de expresión como Reporteros Sin Fronteras aplaudieron la creación de la Fiscalía. En carta fechada el 23 de febrero, (RSF)comentó: “Constituye una auténtica primicia mundial, que espera sea un precedente que sirva de inspiración a otros países donde la libertad de prensa está realmente amenazada. Con ello las autoridades federales parecen darse cuenta del clima de terror e impunidad que viven los periodistas mexicanos, sobre todo en lo local”. Sin embargo, la agrupación con sede en Paris, manifestó en el mismo documento:”Su sorpresa de que los casos relacionados con el narcotráfico hayan quedado fuera de su competencia. ¿Cómo puede entenderse esta medida cuando está demostrado que los narcotraficantes y más ampliamente la delincuencia organizada son el principal origen de la violencia con los medios de comunicación mexicanos? La Fiscalía no debería quedar al margen de esta cuestión”. “No ignoramos la magnitud, ni la dificultad del trabajo que le espera, pero el futuro de la libertad de prensa en México, de la credibilidad de la Fiscalía Especial, dependen de que disponga de todos los medios para llevar a cabo su misión”, manifestó RSF. El Comité para la Protección de Periodistas de Nueva York difundió casi al final de febrero un reporte especial llamado “Terror en la frontera”,(que se reproduce en esta edición de Zócalo), y que refleja el estado de violencia, temor y autocensura que enfrentan los periodistas de Nuevo Laredo, en particular luego del atentado contra el periódico El Mañana, ocurrido el 6 de febrero. Ann Cooper, secretaria ejecutiva del CPJ, dijo: “Estamos satisfechos por la decisión de gobierno mexicano de dar un paso adelante en la protección de la libertad de expresión en este país. La designación del fiscal especial proporcionaría a los ciudadanos en México, incluyendo a los periodistas, una estructura legal que proteja la libertad de expresión”.
Alfredo Jimenez Mota.
Foto: El Imparcial.
El acuerdo A/031/06, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de febrero, establece que “la Fiscalía estará adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República a cargo de Mario Alvarez Ledesma y sus funciones serán las de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones de delitos cometidos contra periodistas. Llama la atención el artículo cuarto del acuerdo, el cual establece que “la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, tratándose de los delitos previstos en el artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, declinará la competencia a favor de Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), a cargo de José Luis Santiago Vasconcelos, quien está al frente de las investigaciones del caso Alfredo Jiménez Mota, Raúl Gibb, Guadalupe García y Francisco Ortiz Franco, sin lograr hasta el momento resultados. De los 18 asesinatos de periodistas ocurridos en el sexenio de Vicente Fox, sólo cinco, incluyendo el atentado reciente a el diario El Mañana de Nuevo Laredo, los atrajo la PGR; el resto está en manos de las procuradurías estatales. En estas condiciones, el 23 de febrero, David Vega Vera fue nombrado titular de la Fiscalía Especial para Periodistas, que hasta al día siguiente de su nombramiento no contaba con una oficina en las instalaciones de la PGR. No había forma de contactarlo, ni siquiera a través de las oficinas de Comunicación Social. Fuentes de la PGR indicaron que el fiscal quiere empaparse de los casos que habrá de llevar.
Daniel Cabeza de Vaca.
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OPINIÓN • Jenaro Villamil
Audioescándalo político;
patética exhibición
“
Los demonios del edén se habían soltado e intentaban convertir mi vida en un infierno”, escribió la periodista Lydia Cacho en el prefacio del 20 de enero de este año a la segunda edición de su libro sobre las redes de la pornografía infantil en Cancún. Cuando redactó estas líneas ni la propia reportera y activista radicada en Cancún se imaginó la bomba de expansión que se detonaría mediáticamente el martes 14 de febrero. En esa fecha, La Jornada publicó las 12 estrambóticas llamadas -por ponerle un adjetivo amable- entre el empresario textilero Kamel Nacif Borge y una serie de personajes, destacando el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres. En ellas, se confirmaba lo que la propia Lydia Cacho apuntó una y otra vez en Los Demonios del Edén: las redes de la pornografía infantil constituyen una vertiente compleja del crimen organizado que cuentan con los más altos padrinazgos políticos. En la obra original, el nombre de Marín Torres ni siquiera aparece. Sí salen a relucir, en cambio, los presuntos apoyos del senador Emilio Gamboa Patrón, del ex diputado y actual subsecretario de Seguridad Pública, Miguel Angel Yunes, y de personajes del gobierno de Joaquín Hendricks al pederasta Jean Succar Kuri. “Al descubierto la conjura contra Lydia Cacho”, cabeceó a ocho columnas La Jornada. Otro de los titulares de la nota de interiores, redactada por la excelente reportera Blanche Petrich, sintetizó lo que desde entonces se convirtió en el slogan que expropió
Mario Marín
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el habla popular para referirse al escándalo y sus protectores, a la prioridad de mi trabadevelado: “Mi gober precioso, tú eres el héroe”: Ka- jo periodístico en el libro Los Demonios del mel Nacif a Mario Marín. Edén por hacer del interés público un caso Ese mismo 14 de febrero, en su noti- que, según la PGR involucra: pornografía ciario radiofónico de la mañana, Carmen infantil, abuso sexual de menores y lavado Aristégui transmitió las cintas que cim- de dinero”. braron a la audiencia nacional. El efecto Derivaciones y Dimensiones expansivo fue tremendo. Durante seis días continuos, los principales noticiarios ¿Por qué hablamos de un audioescándalo políradiofónicos y televisivos reprodujeron el tico que ha adquirido dinámica propia? Estas diálogo decadente de un gobernador que son algunas de las razones: 1.- La reacción de indignación generapresumía su interés por “estos temas” y un empresario que se regodeaba en haberle lizada en la opinión pública se provocó a dado un “escarmiento” a la periodista que partir de un efecto auditivo y no visual del eslo mencionó como uno de los tantos padri- cándalo. A diferencia de los famosos videos del sobornador Carlos Ahumada, aquí no se nos de la red mafiosa de Succar Kuri. El escándalo tomó unos niveles inima- trató sólo de exhibir una red de corrupción ginables, dignos de una “película hollywoodense” como editorializó el periódico francés Liberation. Hasta antes del 14 de febrero, de ser un asunto eminentemente regional -ventilado por periodistas de la talla de Ricardo Rocha, en Reporte 13, o Carlos Loret de Mola y Joaquín López Dóriga en sus espacios de Televisa-, el expediente sobre una denuncia de pederastia en Cancún se transformó en un caso de censura a raíz de la detención y secuestro de Lydia Cacho, el 16 de diciembre de 2005, para trasladarla a la ciudad de Puebla. La solidaridad del gremio Succar Kuri Foto: libro Los demonios del edén periodístico y de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales se transformó en una presión brutal en círculos del poder perredista. Se trató para el gobernador Mario Marín. Hasta en- del regodeo cómplice entre un mandatario tonces, los abusos del gober precioso eran co- estatal, un empresario textilero varias veces nocidos en el reducido círculo de periodistas mencionado como violador de derechos lapoblanos, pero el secuestro de Cacho le dio borales de sus empleadas, y de otros personajes secundarios involucrados en la trama una dimensión extrarregional. Frente a estos hechos, la difusión de las 12 del complot contra Cacho, incluyendo a un llamadas telefónicas transformó el escándalo periodista, Andrés Becerril, del cual Milenio de censura en un audioescándalo político que Diario se deslindó muy pronto. 2.- El efecto auditivo documentó para milloencendió la pradera mediática, impactó en las campañas presidenciales y adquirió una nes de mexicanos lo que a diario constatan dimensión propia, imparable, propia de la en sus tratos con círculos de poder político operación de ocultamiento-revelación-con- y empresarial: la misoginia prevaleciente, tradicción-nuevas revelaciones que caracteri- el menosprecio por la dignidad ciudadana, el manoseo de la procuración de justicia a za a los grandes escándalos. En su comunicado de tres páginas, Ca- conveniencia de los intereses particulares y cho volvió a sintetizar el fondo del proble- el ánimo vindicativo de los poderosos que se ma: “Las autoridades poblanas antepusie- sienten inescrutables. Claramente, los diáloron, sin saberlo, el bienestar de un criminal gos en el infierno telefónico entre Marín y
Nacif no se limitan a condenar a la reporte- ritmo de hip hop y de rap de los diálogos ra, sino a insistir en su condición de mujer y entre Nacif y Marín (ver www.goberprecioa planear una posible violación sexual como so.blogspot.com, www.tepocatas.com, www. “escarmiento”. kermitdj.com). El efecto auditivo se transAquí está el ángulo más escabroso del es- forma de escándalo en escarnio y burla, la cándalo: no se trata sólo de corrupción sino peor antesala para un gobernante que se de decadencia moral y ética en altas esferas siente intocable. públicas. De aquí la inferencia ampliamente Desenlaces generalizada de que al referirse a una “bellísima botella de cognac”, Kamel Nacif y Mario El audioescándalo no se clausura con la reMarín se referían a una mujer o a una niña nuncia de Marín Torres. Ni siquiera con la extradición de Jean Succar o la investigaen retribución a los “favores políticos”. 3.-El imaginario social se desató con el ción contra Kamel Nacif. El desenlace de un escándalo y se encendió con la reacción del asunto de tales dimensiones reclama, por lo gobernador poblano. En la cresta del conflic- menos: 1.-Retornar al punto original planteado to, Mario Marín se contradijo. Primero negó la autenticidad de su voz en las grabaciones, en Los Demonios del Edén: romper con la red después dijo que “posiblemente” era la suya, de protección que ampara la pornografía inpero se trataba de una alteración y condenó fantil y los abusos contra menores no sólo en Cancún sino en otros sitios del país. No basta el espionaje telefónico. Esta condena fue adoptada lo mismo por con demonizar a un individuo o a dos emel secretario de Gobernación, Carlos Abas- presarios. Es un hecho que esta red cuenta cal, que por el ombudsman nacional, José con ramificaciones que llegan hasta el más Luis Soberanes, y por el candidato presi- alto nivel político. No se puede romper esta red sin garandencial del PRI, Roberto Madrazo. Ninguno puntualizó en la necesidad de ir al fondo del tizar la elemental protección a las víctimas, problema: el desmantelamiento del crimen desde Emma, la niña que denuncia origiorganizado a partir de la pornografía infan- nalmente a Succar Kuri como a otros familiares. til y la protección de los 2.- Realizar una urderechos de las víctigente y profunda reformas y de la periodista. Realizar una urgente ma para despenalizar Con esos argumentos, y profunda reforma para los “delitos de prensa” para la opinión pública despenalizar los “decomo difamación y caquedaba confirmada la litos de prensa” como lumnia que permiten principal percepción: difamación y calumnia esta serie de abusos conexiste una conjura en que permiten esta serie tra periodistas que se altos niveles de poder de abusos contra perioatreven a meterse en los público para encubrir distas que se atreven a territorios del crimen ora los cómplices de la pemeterse en los territoganizado. En la Cámara derastia. rios del crimen organide Diputados se está ge4.-Desde el 20 de fezado. En la Cámara de nerando una discusión brero, el escándalo se ha Diputados se está geimportante sobre este transformado en el efecto nerando una discusión tema. Los candidatos precioso: crisis política en importante sobre este presidenciales sólo han Puebla; la inminente tema. abordado tangencialcaída de Marín Torres, mente el problema y el agudizada en tanto su gobierno federal nomgobierno reacciona con mayor dosis de autoritarismo a las moviliza- bró a un nuevo fiscal especial para delitos ciones sociales en su contra; concatenación contra periodistas que, entre sus limitadas del caso con las denuncias de corrupción atribuciones, no puede meterse en aquellos de Arturo Montiel que afectan la campaña casos que tengan que ver justamente con inpresidencial de Roberto Madrazo; las nuevas vestigaciones del crimen organizado. 3.- Investigar la continua violación de derevelaciones sobre las redes de complicidad que ha tejido Kamel Nacif en entidades como rechos laborales que amparan el auge de emVeracruz, Chiapas y Guerrero; intercambio presarios como Kamel Nacif. Y aquí es donde de epítetos entre Emilio Chuayfett, coordi- el audioescándalo nos muestra el otro rostro nador de la bancada del PRI en San Lázaro, tremendo de una realidad nacional que quey Miguel Angel Yunes que sólo demostró la dó develado con la muerte de 65 mineros en pueril homofobia entre los políticos priistas. Coahuila: el menosprecio por la dignidad La ironía popular pretende exorcizar el humana de cientos y miles de trabajadores, impacto de las grabaciones con la burla a lo mismo en las minas que en las maquilas. marzo / 2006
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OPINIÓN • Ernesto Villanueva
Vertientes de la filtración
Lydia Cacho
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a pugna entre la periodista Lydia Cacho y el gobernador de Puebla, Mario Marín, reviste una importancia capital por las dos vertientes que se produjeron, por el inédito caso de la revelación de datos que ofenden a la comunidad en general. Vayamos por partes. La primera vertiente busca reflexionar acerca de la legalidad de la prensa en hacer uso de mecanismos que actualizan o incurren en algunos de los tipos penales para lograr aparentemente un bien mayor. Recuérdese que la primera reacción de una parte del PRI fue desautorizar la revelación del contenido de las grabaciones sobre este asunto, al amparo de que con ese hecho se configuraba la comisión de un delito. Es verdad que las libertades informativas no constituyen un derecho absoluto. Deben ser armonizadas con 28
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otros derechos fundamentales de las personas y bienes colectivos, así se establece tanto en la Constitución como en todos y cada una de las convenciones internacionales. No se trata de una cuestión sencilla; antes bien, pareciera resultar sinuoso y complejo. ¿Cómo justificar la afectación del derecho a la vida privada al momento de ejercer el derecho a informar, por un lado y a estar informado, por otro? ¿Qué elementos deben seguirse al respecto? ¿Es legítima y legal esta primacía de un derecho sobre otro en todos los casos o en ninguno? Las grabaciones puestas a disposición del público son actos producto, en principio, de un acto contrario a derecho, según lo previene el artículo 177 del Código Penal Federal que indica: “A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandamiento de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días de multa”. Lo es, de la misma forma, dar a conocer estas grabaciones, conforme al artículo 211 bis del citado ordenamiento, que textualmente dispone: “A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa. En otras palabras, tanto grabar conversaciones privadas como divulgarlas constituyen delitos conforme al código penal vigente. Frente a esa situación pareciera no haber salidas jurídicas para resolver esta aparente colisión de derechos. El asunto, empero, es menos complicado de lo que aparece. Es necesario, por supuesto, encontrar una explicación que vaya más allá de la sociología y la política de donde ha abrevado, hasta el momento, el mayor número de elementos de explicación y justificación de esta decisión periodística. Es vital encontrar un razonamiento que no sólo convenza, sino que esté anclado en el régimen jurídico mexicano. De no ser así, se estaría dando la impresión de que se viola la ley (al
hacer públicas grabaciones que lastiman el derecho a la vida privada) para hacerla cumplir (la procuración y administración de justicia), lo que resultaría en un despropósito. La clave de este asunto se localiza en un análisis sistemático del régimen legal que comprenda, por ende, en su conjunto el universo de normas de derecho y no se detenga en el estudio aislado o reduccionista, que pone el acento en uno sólo de sus elementos. Hay que tomar en cuenta, desde esta perspectiva, que la norma se elabora para prever situaciones generales, abstractas e impersonales. Requiere, por ello mismo, del análisis casuístico con motivo del desarrollo de las exigencias de una convivencia con mayores elementos de democracia. En este proceso de encontrar equilibrio entre informar, ser informado y el derecho a la vida privada se puede advertir un desarrollo cada vez más sustantivo en el ordenamiento jurídico del sistema interamericano. Al respecto, la Convención Americana de Derechos Humanos forma parte del régimen jurídico nacional, con arreglo a lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Más todavía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
Mario Marín
Foto:Procesofoto
interpretado que los tratados y convenciones internacionales no sólo forman parte del ordenamiento obligatorio en el país, sino que están por encima de las leyes federales y locales y sólo debajo de las normas constitucionales (Tesis: P. LXXVII/99, de noviembre de 1999). Esta decisión de la Corte representa un avance en relación a su postura anterior que consideraba que los tratados tenían la misma jerarquía de las leyes federales (tesis P. C/92, de diciembre de 1992).
censura, cuando “estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. Para este estándar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno; para que sean compatibles con la Convención las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce Derecho a la información del derecho que el artículo 13 garantiza La Corte Interamericana de Derechos y no limiten más de lo estrictamente neHumanos, cuya competencia conten- cesario el derecho proclamado en dicho ciosa es reconocida expresamente por artículo. Es decir, la restricción debe ser México (Diario Oficial de la Federa- proporcionada al interés que la justifica ción del 24 de febrero de 1999) se ha y ajustarse estrechamente al logro de ese encargado de inlegítimo objetivo.” terpretar y dirimir (Sentencia Herrelas controversias ra Ulloa contra La Corte Interamericana ha entre distintos deCosta Rica de 2 de establecido estándares que jusrechos contenidos julio de 2004). tifican la primacía de la libertad en la Convención. Ya en 1985, la de expresión y el derecho a esSobre este asunto propia Corte había en particular, la hablado de lo que tar informado sobre el derecho Corte Interameridenominó “neceal honor y a la vida privada. cana ha establecisidad social impeSi bien es verdad que las grado estándares que riosa” (OC-5/85). baciones no constituyen pruebas justifican la primaMás aún, la propia en juicio, sí representan indicios cía de la libertad Corte en el caso Herrera Ulloa ha de expresión y el que justifican racionalmente una establecido que: derecho a estar inindagatoria a fondo para deslin“127. El control formado sobre el dar responsabilidades. democrático, por derecho al honor parte de la sociey a la vida privadad a través de la da. De acuerdo a opinión pública, ese Alto Tribunal las libertades informativas sólo pueden fomenta la transparencia de las actividarestringirse, para evitar el fantasma de la des estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual debe existir un margen reducido a cualquier restricción del debate político o del debate sobre cuestiones de interés público.” De conformidad con el criterio de la Corte Interamericana, el “interés público” es el referente para determinar en cada caso si predominan las libertades informativas o el derecho al honor, a la vida privada o a la propia imagen. No hay una definición unívoca de “interés público”, pero puede sostenerse que las informaciones de “interés público” son aquellas que, en sentido amplio, permiten ejercer derechos y/o cumplir obligaciones en una sociedad democrática, que requiere saber para decidir. A mayor información de calidad, mejores posibilidades de tomar decisiones que Mario Marín Foto:Procesofoto
Lydia Cacho
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den sentido al concepto universal de ciudadanía. De esta suerte, la revelación por parte de la prensa de las grabaciones aquí comentadas forman parte de esa información de interés público que se ajusta al estándar de la Convención Americana que, como ha dicho nuestra Suprema Corte, tiene una jerarquía mayor a cualquier ley federal o local, incluida evidentemente la normativa penal. La segunda vertiente reside en el hecho de que la revelación de las grabaciones referidas han puesto de relieve un viejo debate sobre inmunidad o impunidad de los altos servidores públicos. Si bien es verdad que las grabaciones no constituyen pruebas en juicio, sí representan indicios que justifican racionalmente una indagatoria a fondo para deslindar responsabilidades. Esa es también la percepción del público y de la mayor parte de la clase política. El problema
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Camel Nacif
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aquí es el propio diseño constitucional que se convierte en una muralla por el momento infranqueable para que las aspiraciones de que se realice una investigación sobre el caso puedan tener éxito. Se trata, por supuesto, de una verdadera paradoja. ¿Puede ser sancionado el gobernador Mario Marín? Sí y no. El entramado legal sobre la materia genera incentivos para proteger la corrupción y propiciar, por ende, que el gobernante se coloque en la práctica por encima de la ley. En efecto, el artículo 108 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que: “Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las le-
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yes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.” De esta suerte, la Constitución establece la igualdad de todos ante la ley. No obstante, para en el artículo 110 párrafo segundo constitucional se establece que: “ Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.” Así, pues, carece de sentido vinculante u obligatorio, la decisión de la mayoría de los integrantes de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en el sentido de que el gobernador de Puebla abandone el cargo y sea investigado por diversos delitos donde podría ser probable responsable. Primero tendría que agotarse el procedimiento que conlleva el juicio político y aceptando que procediera esta resolución sería, como lo señala la propia Constitución “únicamente declarativa”. En este caso, se puede advertir que el fuero o la inmunidad de que goza el gobernador de Puebla genera un conflicto Lydia Cacho entre las aspiraciones sociales y las posibilidades que el marco constitucional ofrece. La Constitución local de Puebla dispone en su artículo 126 que “El Gobernador, durante el período de su encargo, sólo podrá ser acusado por delitos oficiales de la competencia del Estado y por delitos graves del orden común. Para procesar por un delito del orden común a un Diputado, al Gobernador o a un Magistrado, se necesita que la Legislatura, erigida en Gran Jurado, declare por los dos tercios de los votos de sus miembros presentes, si ha lugar o no a formarle causa.
En caso negativo, no habrá lugar a procedimiento ulterior, pero tal declaración no prejuzga sobre los fundamentos de la acusación ni impide que ésta continúe su curso cuando el acusado haya dejado de tener fuero. En el afirmativo, quedará el acusado separado de su cargo y sujeto a la acción de los tribunales ordinarios.” En el caso del gobernador Marín hay indicios claros de que podría haber cometidos graves del orden común, pero el fuero que tiene para que sea juzgado como cualquier mexicano requiere de una mayoría de dos terceras partes de
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los legisladores para retirarle su inmunidad como requisito para que pueda ser procesado. Este último, desde el punto de vista de la correlación de fuerzas políticas en el estado, se advierte complicado que pueda suceder. De esta suerte, el principio de la inmunidad se convierte en una patente de impunidad para gran parte de la opinión pública. Hay que reformar el marco constitucional para que estos lamentables casos no puedan permanecer sin investigación por instituciones que no parecen justificar en pleno siglo XXI.
Desde la coloña
¡Los Demonios del Edén! - ¡Quíubo mi gober precioso! - ¡Oh mi rey de la mezclilla tú eres el héroe glorioso mientras yo siga en la silla! - ¡Ese mi gober chingao..! - Pero papá tú también… Ay, qué pestilente vaho ¡Los Demonios del Edén! Polvo de los mismos lodos Succar, Kamel y Marín, pederastas con los modos de Maciel, cura ruín. El lenguaje más procaz de Kamel-Marín, dúo macho. Qué de insultos, cuantimás si mentan a Lydia Cacho. En sus puños la fiscal, los jueces, una ombudsman, las perversas del penal, ¡todo el sistema truhán!
como para la elección ya nos promete un Madrazo. Hable, gober, hable recio: ¿Es Precioso por el precio o Pricioso por lo necio del priísmo y su desprecio? El muy bravucón Marín que agrede y no disimula luego es maricón bravín que en el silencio recula. Pero separemos pistas yendo al toro por las astas entre dignos periodistas y cochinos pederastas. Ante ese trío tan gacho succar-marín-kamelismo, tenemos a Lydia Cacho y su ejemplar periodismo. AQUILES CANTO
En la plática se graba un adelanto de daños, ¿es la botella una chava añejada de diez años? Puede el gober locochón (un ojo en el garabato) ordenar la violación o el más frío asesinato. Proclama su coscorrón a la prensa en dado caso,
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OPINIÓN • José Luis Durán King
Medios:
oráculos de lo perverso*
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ntes de que Juana Barraza Samperio fuera detenida, su fama la precedía y había rebasado las fronteras de la zona metropolitana y alcanzado incluso los portales de Internet especializados en un culto extremo, en el que los asesinos seriales son las estrellas indiscutibles de un carnaval oscuro cuya programación satisface los gustos más exigentes. La aprehensión de Barraza, ex luchadora profesional devenida en vendedora de palomitas en arenas de tercera categoría, ahora presunta asesina de ancianas y cuya reincidencia delictiva mantuvo en verdadero jaque a las autoridades capitalinas, fue celebrada con un optimismo a todas luces fuera de lugar si juzgamos que la detención de la mujer no fue consecuencia de una investigación exhaustiva y coherentemente ensamblada, sino de un afortunado chiripazo. De no haber intervenido el azar, posiblemente en estos momentos el caso continuaría abierto y a la espera de que la providencia hiciera su parte, tal y como sucedió. Según los registros periodísticos, el pasado 25 de enero el joven José Joel López llegó más temprano que de costumbre a su domicilio en el número
La mataviejitas
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21 de la calle José J. Jasso en la colonia Moctezuma, Primera Sección, donde rentaba una habitación al fondo del inmueble. Al buscar a la señora Ana María Reyes, de 82 años, dueña de la casa, Joel López se percató de que en medio del desorden que privaba en las habitaciones yacía el cuerpo sin vida de la anciana. Segundos después vio correr a dos personas hacia la calle. López optó por perseguir a la mujer y durante el proceso encontró la ayuda de los policías Marco Antonio Cacique e Ismael Alvarado. Tras algunos forcejeos en los cuales quedó en evidencia la fuerza de la mujer, ésta fue aprehendida. Eran alrededor de las 14:30 horas, tiempo exacto para marcar el fin de una carrera homicida que daba visos de engrosar el grueso catálogo de las leyendas suburbanas. Una vez capturada Juana Barraza, quien arriba del cuadrilátero se hacía llamar La dama del silencio, los funcionarios capitalinos de seguridad pública acudieron presurosos a sacarse la foto del recuerdo con la prominente sospechosa, quien de inmediato se transformó en un monstruo para los medios. Sonría para la foto La presentación de la villana ante cámaras y micrófonos de la prensa nacional e internacional cumplió al pie de la letra con un ritual propagandístico que funciona con irrefutable contundencia para, por un lado, ensalzar el papel del Estado en materia punitiva y, por otro, para devolver la tranquilidad al sueño de la ciudadanía. En 1967, el padre del movimiento situacionista, el francés Guy Debord, publicó un polémico análisis al que tituló La sociedad del espectáculo. En él cuestionaba no sólo a los medios sino a la cultura en general, al argumentar, entre otras premisas, que “el dominio del espectáculo ha tenido éxito al moldear en sus leyes a toda una genera-
Succar Kuri
Foto: Ted Kaczynski
ción”, al tiempo que acusaba que “la comodidad es el opio del pueblo”. Instalado desde la comodidad de su sillón favorito, el espectador ha sido testigo de la aprehensión de una legión de antihéroes provenientes de los diferentes estratos de la sociedad. El acto criminal ya no es patrimonio exclusivo, como se afirmaba antaño, de las clases económicamente más desprotegidas. Hoy aparecen a cuadro y en fotografías individuos adinerados y pobres, estrellas de la farándula y políticos, narcos y asaltabancos, pederastas y polleros, extorsionistas y contorsionistas; el carnaval de lo perverso siempre tiene boletos en taquilla. Por si alguna duda quedara de la aseveración anterior, hace apenas algunas semanas, el rey del reality show, Genaro García Luna, confesó risueñamente que la detención de un par de presuntos secuestradores por parte de elementos de la AFI, en el que destaca la ciudadana francesa Marie Louise Florence Cassez, obedeció a los tiempos e intereses de la televisión, por lo que el espectáculo de la nota roja tuvo que alterarse la friolera de 24 horas, todo para montar un acto de prestidigitación mediática en el cual la realidad se copia a sí misma. La faramalla de García Luna ha servido, entre otras cosas, para evidenciar lo que ha sido el foxiato durante más de cinco años de ¿gobierno?: una misa en escena para las audiencias televisivas.
Monsters Inc En el acorralamiento mediático que vivió en carne y espíritu propios La dama del silencio, cuya presentación en sociedad fue como si se tratara de una fiesta de quince años en vecindad, con todo y chambelanes, participaron funcionarios públicos, reporteros, policías, vecinos de la “mataviejitas” e incluso algunos perfiladores y héroes de ocasión. En una nota aparecida el pasado 9 de febrero en el diario matutino El M -perteneciente a El Universal-, titulada “Mataviejitas, consciente de crímenes”, nos enteramos con azoro que Martín Gabriel Barrón Cruz, criminólogo de la procuraduría capitalina y del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), “pasó dos horas con La dama del silencio para detallar un estudio criminal de la mujer a quien se le atribuyen trece asesinatos desde 2002”. Ese tiempo récord de dos horas para elaborar el perfil criminal de Juana Barraza no fue obstáculo para que el criminólogo estableciera seis momentos traumáticos en la vida de la hoy satanizada mujer: “El alcoholismo de su madre [de Barraza], la revelación de que su tutor no era su padre biológico, su abandono de niña en un domicilio extraño, el abuso sexual en su contra –todos ellos antes de los 15 años-, además de la muerte de su hijo durante un asalto y su fracaso en el mundo de la lucha libre”. Nada más y nada menos. Sobra decir que si extendemos el perfil criminal de la “mataviejitas” al grueso de la sociedad mexicana debemos ponernos a rezar, pues momentos traumáticos como los anteriormente mencionados los ha sufrido y sufren miles de ciudadanos dentro y fuera de la capital del país. Lo que es pertinente destacar es la liturgia que rodeó la detención de ese prodigio de descomposición social que hoy ya tiene nombre, apellido e incluso apodo. La frialdad de la mujer capturada casi en flagrancia, la presentación de la criminal al lado de un busto de arcilla de parecido excepcional y el suéter rojo en mujer y monigote, además del ventilamiento público de un historial delictivo que a cualquiera
pone los pelos de punta, forman parte de un protocolo que en Estados Unidos ha sido aplicado desde hace varias décadas para saciar el ritual de retribución que exige el ente social y cuyo paroxismo lo alcanzó la detención de Ted Kaczynski, el Unabomber, quien a partir de 1978 decidio
enviar mensajes mortales a través de cartas que contenían pequeñas bombas hechas a mano y cuyo contenido explosivo acabó con la vida de tres destinatarios. Fueron 18 años de pesadilla que culminaron el 3 de abril de 1996 con la detención del bombardero loco. Pero su presentación a los medios es lo que vale la pena ponderar. Al igual que en el caso de Juana Barraza Samperio, el contexto social en el cual creció Ted Kaczynski fue mencionado aunque subestimado. La transformación física paulatina del doctor en matemáticas fue remarcada por los medios, arrojando luz en un aspecto no considerado del ecoterrorista: las líneas enterradas de conexión entre el Unabomber y la inercia entre la naturaleza salvaje y los nudos naturales. Las cinco fotografías de Kaczynski presentadas en la portada de la revista Time, bajo el título “La odisea
de un genio loco”, van de la década de los cincuenta a los noventa, invitándonos a leer esa odisea como una transformación en escena de un hombre lobo. Como en los filmes de terror de los Estudios Universal, vemos la metamorfosis de Kaczynski desde la high school hasta el matemático nerd de Harvard de los años cincuenta y sesenta, desgarbadamente ataviado con saco y corbata, para arribar al hombre despeinado de rostro cetrino, el ermitaño fotografiado en 1996. La historia narrada, como todos los cuentos de hombres-lobo, es la de la naturaleza salvaje vengándose de la cultura: la pesadilla que comparte créditos con Darwin y Freud, el retorno de lo que atinadamente alguien llamó “el hombre peludo del interior”: la bestia pisando los talones de la civilización. Por ello no debe sorprendernos el concubinato que en México han establecido autoridades judiciales con medios; sobre todo ahora que existen indicios de que hemos entrado de lleno a la exhibición del corpus delictivo como ingrediente del espectáculo. En el amanecer de la carrera presidencial del año 2000, el entonces secretario de Gobernación, Francisco Labastida, dio a conocer en las instalaciones del Museo de Antropología de la Ciudad de México su “Gran cruzada nacional contra la violencia”. Eso fue un viernes, previo a ser destapado como candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República. El lunes siguiente, y para que no quedaran dudas de la efectividad de la cruzada, fue presentado ante los medios el temible Daniel Arizmendi, el Mochaorejas, quien en ese entonces aterrorizaba con sus acciones a la sociedad mexicana. Nuevamente, la gran bestia insumisa traía cabello largo, barba crecida y mirada torva. El ser peludo al que me referí con antelación. Hoy, Arizmendi aparece en infomerciales propagandísticos de dudosa ética ideológica, arrepentido y lloroso, haciendo su numerito para recordarnos que el crimen no paga. * Con este texto el escritor y periodista José Luis Durán King inicia colaboraciones en la revista Zócalo, bienvenido.
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Justicia
Foto: cortesía PGR
La AFI
J
¡ya produce miniseries¡
Itzel Zúñiga
usto en los momentos cuando la credibilidad de la Agencia Federal de Investigación (AFI) se encontraba por los suelos –tras la aparición de un video en el que supuestos agentes torturaban a miembros del cártel del Golfo, Los Zetas, el mando de esa corporación organizó ¡un montaje para la televisión privada¡ de la liberación de tres personas secuestradas, aunque el operativo real se había realizado días antes, y cuya farsa se descubrió por las declaraciones de uno de los presuntos delincuentes. La AFI –que no tiene un área propia de comunicación e imagen-, invitó a las dos televisoras más grandes del país a transmitir el hecho, difundido también por otros medios de comunicación, enterados por casualidad. Sólo que la agencia nunca aclaró que se trataba de una dramatización. Un hecho insólito que deja en entredicho la credibilidad de esa institución. Las sospechas iniciaron cuando uno de los dos presuntos secuestradores, Florence Marie Cassez -de origen francés- denunció haber sido detenida un día antes de que se hiciera pública su captura en un rancho de la carretera México-Cuernavaca, e inculpada “injustamente”. Con ella se detuvo a Israel Vallarta, propietario del rancho y supuesto líder de una banda de plagiarios. 36
Zócalo
Dos meses después el titular de la AFI, Genaro García Luna, reconoció en una conferencia de prensa que el montaje fue realizado “a solicitud de los medios de comunicación”. “En el tema de las imágenes, que es la inquietud, en la operación para rescatar a las víctimas no había prensa, como ya se explicó. Por petición de ustedes –dijo García Luna ante los reporteros– mostramos cómo fue el ingreso a la casa de seguridad”. La confesión llenó los titulares y noticieros nacionales, incluso la prensa internacional le dedicó espacio al asunto. Las reacciones no se hicieron esperar. La diputada panista Patricia Garduño exigió a la Procuraduría General de la República (PGR), a la que pertenece la AFI, “sanciones disciplinarias, administrativas o penales” para los responsables. El candidato presidencial del Partido Nueva Alianza, Roberto Campa, pidió la renuncia de los mandos policíacos de la Agencia. Poco después la Cámara de Diputados exhortó al procurador general, Daniel Cabeza de Vaca, ”a investigar las conductas ilícitas y aplicar medidas contra los autores del montaje”. En su intervención ante la Cámara, la diputada perredista Cristina Portillo recordó que en noviembre del 2001 -por decreto del Presidente Vicente Fox- se creó la AFI, como
una entidad policial ética para privilegiar el papel de la investigación y la lucha contra el crimen organizado que azota al país. ”La revelación (del montaje) demostraría que la Agencia actúa de manera arbitraria en un rancho de la carretera México-Cuernavaca, con ineficacia y al margen de la ley”, indicó en su discurso. Por ello, se pidió la comparecencia inmediata del procurador general “para que ponga a disposición un informe amplio respecto a la estructura actual, métodos, logros y expectativas de la AFI, que permita analizar a fondo la viabilidad de la organización policial. “Pero la institución no lo ha hecho”, dijo la diputada Eliana García, del PRD, autora de la propuesta. “Se promovió este punto de acuerdo porque pareciera que todo es un maquillaje y no hay respuesta real al crimen, lo cual daña al país”. Hasta el momento la AFI o la PGR han declinado abordar el tema ante la prensa. En sus declaraciones, García Luna aseguró que la escenificación fue sugerencia de una “televisora“. De inmediato Televisa y TV Azteca se apresuraron a deslindar responsabilidades. TV Azteca emitió un comunicado. Explicaba que el 9 de diciembre, alrededor de las 5 de la mañana, recibieron una llamada de la AFI invitándolos a acudir cuanto antes al rancho Las Chinitas, en Topilejo, Tlapan. Complicidad o engaño “El día del operativo Fuerza Informativa Azteca llegó al lugar cuando ya habían empezado el supuesto rescate“, expuso, mientras cuestionaba los motivos de las autoridades “para responsabilizar a los medios informativos que estuvieron presentes“. Televisa llegó al extremo. Para protegerse despidió al reportero Pablo Reinah, quien transmitió el evento para el noticiero Primero Noticias con autorización de Carlos Loret de Mola. El director de investigación policial de la AFI, Luis Cárdenas Palominos, llamó a Reinah –como a las 4:30 horas- para invitarlo a presenciar “una detención”, sin dar más detalles. Luego de su despido el periodista envió una carta a la opinión pública. En ella acusó a la agencia y a su titular de culpar a las televisoras en un intento por evadir su responsabilidad. ”Rechazo categóricamente haber tenido conocimiento o haber sido avisado de que ese operativo era una recreación -acotó-... En ningún momento, a nombre propio ni de Televisa, solicité, pacté o participé en un montaje”. “Las autoridades de la AFI pretenden hacernos creer que un reportero puede
Justicia ordenarles cómo y cuándo hacer su trabajo... Desde mi punto de vista es un caso que protege intereses”, escribió Reinah, ganador del Premio Nacional de Periodismo 2001. Ambas televisoras arguyeron desconocer que se trataba de una recreación. Al llegar al sitio señalado se les dijo que se detendría a dos plagiarios, un hombre y una mujer, que mantenían cautivas a tres personas: un joven, una mujer y un menor, entre otros datos. A los medios impresos y radiofónicos no se les avisó del operativo. “Ni siquiera a quienes cubrimos la fuente. No le interesaban (a la AFI), lo que buscaba era que la sociedad pensara: ‘si están trabajando’, ayudados por las imágenes”, dijo un reportero a Zócalo. José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), confirmó esta hipótesis en la misma conferencia de prensa, ofrecida junto a García Luna. “Sería un absurdo por parte de nosotros e irresponsable que nos acompañaran ustedes (radio y medios impresos) en el momento mismo a este tipo de infiltraciones, sobre todo la prensa escrita, que tiene gran desventaja con la prensa audiovisual", expresó. Reporteros y fotógrafos que acudieron -sin previa invitación- a cubrir el evento señalaron que se les impidió el acceso al interior de la casa. También se les prohibió entrevistar a los presuntos secuestradores, los agentes o los plagiados, lo que llamó su atención. De acuerdo con sus testimonios, sólo las televisoras (Televisa y TV Azteca) tuvieron acceso y todas las facilidades. “Para transmitir en vivo se necesita instalar con mucha antelación el equipo, los criminales se habrían dado cuenta de su llegada”, comentaron. “Incluso había cables dentro de la casa. Fue algo pactado, ya sabían que era una simulación”. El reporte de Formato 21 de ese día coincide con estos señalamientos. En su narración radiofónica del 9 de diciembre Roberto Medina relató: “Cuando llegamos, las televisoras ya tenían unidades de transmisión autónomas para transmitir el momento de la liberación de los secuestrados”. “Obviamente la AFI quiere mandar un mensaje... Y curiosamente lo hace cuando ya están aquí presentes las dos televisoras más grandes de México, que ya tenían conectados los cables, instaladas las (estaciones) terrenas. Todo listo para este día”, reportó Medina. Otro periodista dijo encontrarse
horas después con elementos de la AFI en un comercio cercano al rancho. Por ellos se enteró de que se trataba de algo ficticio, ya que “tres días antes, en ese mismo lugar, liberaron a tres personas secuestradas hace 45 días”. Preferencias hacia televisoras La agencia grababa internamente cada uno de sus operativos, pero casualmente, en esta ocasión decidió recrear todo un espectáculo, en lugar de darles copia a los medios. En varias ocasiones se llevó a los medios de comunicación, especialmente a las televisoras. La que casi siempre tenía la preferencia era Televisa. Una fuente al interior de la empresa aseguró que “entre los altos mandos de las instituciones policíacas y la televisora siempre han habido acuerdos y ayuda, preferencias y contactos personales”. Pero TV Azteca también podría tener privilegios. Una antigua reportera de esa empresa en la actualidad labora en el Departamento de Planeación de la AFI. Un periodista que asistió a la cobertura del 9 de diciembre externó: “Ni la reportera de TV Azteca (Ana María Gámez) ni Pablo Reinah se mandan solos. Tuvieron que recibir órdenes de quien haya pactado la recreación”. El caso debería llevar a una revisión de la ética y la metodología, no sólo de las televisoras, sino de las instituciones gubernamentales “porque en México la justicia se confunde con el espectáculo”. Desde hace décadas la cobertura de la actividad policíaca en el país ha estado matizada por gran cantidad de simulaciones para recrear o representar escenas de crímenes o acontecimientos escabrosos. Raúl Trejo, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, estimó que “esta impostación de la realidad ha derivado en la forma como se presentan en los medios de comunicación a los delincuentes, a los que se obliga a asumir poses para ser fotografiados y reproducir actitudes”. Para la diputada Cristina Portillo, “el montaje implicaría que ante la opinión pública, la AFI presentó hechos falsos, ya que sus agentes habrían preparado la escena del secuestro, la situación en que encontraron a las personas secuestradas, habrían fabricado testigos, así como el día y hora en que presuntamente detuvieron a los delincuentes”. Otras causas del escándalo se debieron a que los policías fueron obligados a comportarse como actores y se violaron
los derechos procesales de los inculpados. Lo más grave fue que los plagiados tuvieron que revivir la angustia padecida durante su encierro al permanecer en el lugar en que fueron retenidos contra su voluntad, hasta esperar la llegada de los medios de comunicación.
Foto: Iván Bustamante
Efecto contrario Si la intención de la AFI era recuperar la confianza el “show” mediático que organizó dio sustento a rumores que ponen en duda la autenticidad de otros “exitosos golpes al secuestro”, transmitidos en vivo. Pero a diferencia de este caso no hubo confesión de que el rescate de Rubén Omar Romano, ex director técnico del Cruz Azul, o la liberación de las hermanas de la cantante Thalía fueran también una farsa. La misma sociedad no sabe diferenciar entre la realidad y sus representaciones, acostumbrada a las exageraciones policiacas y a los cada vez más frecuentes talk shows, donde ser observado por las cámaras se muestra como normalidad. “La fascinación por el espectáculo está secuestrando la voluntad y las expectativas del imaginario cotidiano de la sociedad mexicana, y no le permite distinguir y manifestar su desconcierto ante acontecimientos como éste”, dijo Raúl Trejo. Para el titular de la SIEDO, “este tipo de infiltraciones exitosas que se tienen por parte de la Agencia revelan un gran profesionalismo y una gran capacitación”. En contraparte, para Trejo, especialista en medios de comunicación, “una cosa es suponer que la realidad tiene que pasar por la televisión para ser legitimada y conocida por la sociedad y otra forzar a la realidad para ser televisada”. “Las instituciones buscan a los medios para legitimarse, pero su credibilidad depende de la eficacia de su desempeño y no de las apariencias”, puntualizó. marzo / 2006
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Terror en la frontera Fotos: AP/LAREDO Morning Times, Ricardo Segovia
Los ataques provocan temor y autocensura en las salas de redacción de esta ciudad mexicana asolada por el narcotráfico.
Un agente federal custodia las oficinas de El Mañana tras el violento ataque contra el diario.
Sauro González Rodríguez y Carlos Lauría*
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uevo Laredo.- Los relacionistas públicos de esta ciudad, como los de otras partes del mundo, son expertos en el manejo de las malas noticias. Por eso, cuando el familiar de un cliente fue asesinado recientemente, hicieron algunas llamadas y lograron que su nombre no saliera en los diarios. La única diferencia es que en esta ciudad de 300 mil habitantes, ubicada sobre el río Bravo y frente a la ciudad de Laredo, en el estado de Texas, algunos “jefes de prensa” trabajan para narcotraficantes en lugar de hacerlo como ejecutivos de empresa. Y los periodistas que ignoran el consejo de estos relacionados públicos ligados a los cárteles de la droga suelen terminar muertos. Una palabra discreta más que una amenaza explícita es, en general, todo lo que se necesita en una ciudad donde las fuerzas de seguridad están paralizadas y la población vive en un clima de terror, según informaciones 38
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brindadas por periodistas y editores de Nuevo Laredo al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Pero de vez en cuando se registra una represalia que recuerda a los periodistas su vulnerabilidad frente a los ataques. El 6 de febrero, sujetos no identificados atacaron con rifles de asalto y arrojaron una granada en la sede del diario El Mañana. En el atentado, la sede del diario sufrió serios daños y el periodista Jaime Orozco resultó herido de gravedad. Luego de varias semanas en terapia intensiva, Orozco se recupera lentamente. El director editorial de El Mañana, Heriberto Cantú, señaló de inmediato que, para proteger a sus periodistas, el diario reduciría aún más su ya acotada cobertura periodística del narcotráfico y el crimen organizado. El diario se ha estado autocensurando desde que su anterior editor, Roberto Javier Mora García, fue asesinado a puñaladas en marzo del 2004. Dos días después del atentado contra El Mañana, el gobierno federal reaccionó a la indignación nacional anunciando que designaría a un fiscal
especial para investigar crímenes contra periodistas. El presidente Vicente Fox se había comprometido a solicitar la creación del cargo en una reunión que sostuvo con el CPJ en septiembre pasado. El 22 de febrero, Fox cumplió con su promesa al designar a David Vega Vera, un conocido abogado con experiencia en derechos humanos. “Quien atenta contra la libertad de expresión, atenta contra la sociedad”, indicó Fox al hacer público el anuncio. El anuncio del presidente reconoció que los ataques a periodistas en Nuevo Laredo y en otras localidades de la región fronteriza se habían convertido en una cuestión nacional, y admitió que el gobierno federal necesitaba hacer más para proteger a la prensa. La investigación del ataque a El Mañana es la primera tarea para las autoridades federales, que han asumido el control de la investigación. Pero el gobierno federal enfrentará un gran desafío en Nuevo Laredo, ciudad que registró un total de 181 homicidios el año pasado, incluidos el del jefe de la policía y el de un funcionario de seguridad de la ciudad. El clima de terror tiene un efecto devastador en los medios de prensa. La mayoría de los periodistas entrevistados para este informe pidieron que sus nombres se mantuvieran en el anonimato por temor a represalias. Los periodistas reconocieron que se autocensuran y varios afirmaron que ya no salían a trabajar por la noche ni por la madrugada. “Se vive una situación de terror e impotencia. Tenemos vetada la investigación y la profundización. Ir más allá de lo permisible puede ser peligroso”, expresó un periodista. Nombrar a los integrantes de los cárteles de la droga que luchan por el
control de Nuevo Laredo o a sus víctimas es algo prohibido para la mayoría de los periodistas. Los editores examinan los artículos con cuidado para que no se les vaya a escapar un nombre sin darse cuenta. Una sola mención puede resultar fatal. Los periodistas tratan cada asesinato del hampa en forma aislada, raramente le dan seguimiento o lo vinculan con la ola de crimen que sirve como telón de fondo a sus vidas profesionales. El periodismo de investigación murió hace ya mucho tiempo. “A veces optamos por la autocensura porque no tenemos garantía para nuestro trabajo”, declaró una periodista, quien añadió que había recibido amenazas disfrazadas de “sugerencias” o “consejos”. Este tipo de autocensura generalizada, que no es solo típica de Nuevo Laredo, sino de muchas otras zonas del norte de México, empaña las próximas elecciones presidenciales, ya que la violencia relacionada con el narcotráfico y la corrupción oficial que permite el auge de este flagelo, serán posiblemente temas clave en la agenda de los candidatos. Los periodistas son renuentes a cruzar la línea porque no tienen garantías. Han perdido la fe en las fuerzas de seguridad y la justicia de su país. “Las autoridades son las que deben investigar y esclarecer los hechos. Si no lo hacen, ¿por qué hacerlo uno?”, se preguntó un periodista. “Uno debe informar hasta donde te permite tu seguridad, tu bienestar”, agregó. Los delincuentes utilizan una variedad de métodos, como el secuestro, para intimidar a periodistas. Varios periodistas hablaron sobre colegas que habían sido secuestrados y retenidos
por algunas horas. Un periodista señaló al CPJ que lo habían secuestrado en tres ocasiones. Los periodistas raramente informan sobre sus secuestros bien por temor a represalias, por la
falta de confianza en la policía, o por considerar que las propias autoridades son cómplices en el secuestro. La corrupción en Nuevo Laredo es galopante y las redacciones no son la excepción. Algunos periodistas informaron que les habían ofrecido dinero para trabajar para los cárteles de la droga o para comprar su silencio. En algunos casos, dicen los periodistas, son colegas quienes realizan las ofertas de dinero. Algunos reporteros aceptan ofertas del crimen organizado o trabajan como informantes de la policía y, por ello, los periodistas sospechan de sus propios compañeros.
Fox cumple cinco meses después
Las dimensiones del problema de la inseguridad, que ha rebasado a las autoridades locales, no se les escapan a las autoridades federales. Fue en respuesta a una ola de violencia contra la prensa, en particular en la frontera entre México y Estados Unidos, donde los narcotraficantes funcionan abiertamente y el gobierno federal ha sido incapaz de imponer su autoridad, que el CPJ solicitó una reunión con el presidente Fox. Según datos del CPJ, desde que Fox tomó posesión de su cargo en el 2000 nueve periodistas han sido asesinados, cuatro de ellos en cumplimiento de su labor informativa. Otro periodista está desaparecido y se presume que está muerto. Ninguno de estos casos ha sido investigado de modo adecuado. En la reunión del 15 de septiembre con Fox, el CPJ argumentó que las autoridades estatales, normalmente encargadas de investigar homicidios, están abrumadas por la magnitud de la violencia y son más proclives a ser corrompidas. Las autoridades federales, con mayores recursos y sujetas a mayor escrutinio, están en mejor posición para realizar las investigaciones, según el CPJ. El nombramiento de un fiscal especial, por consiguiente, envía un importante mensaje a los vulnerables periodistas del interior del país en el sentido de que el gobierno federal se toma en serio la responsabilidad de hacer valer la Constitución, que garantiza la libertad de prensa.
El nuevo cargo crea, al mismo tiempo, responsabilidad a nivel federal. Desde el punto de vista práctico, las autoridades federales reconocen que llevar adelante investigaciones en ciudades como Nuevo Laredo o Tijuana, donde los carteles de la droga también se han infiltrado en cada aspecto de la vida pública, no será una tarea fácil. José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia de la Procuraduría General de la República (PGR), afirmó al CPJ que el nuevo fiscal especial y el gobierno federal enfrentan “un enorme desafío”. Uno de los primeros puntos en la agenda del nuevo fiscal es el ataque contra El Mañana. Las autoridades federales han asumido el control de la investigación, pero se mantienen herméticas sobre los avances logrados en la pesquisa. El procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, sostuvo públicamente que el ataque estaba relacionado con el narcotráfico y que los responsables habían sido identificados. Santiago Vasconcelos se mostró más circunspecto en una entrevista con el CPJ. Admitió que era prematuro señalar a los responsables y que el ataque fue un intento de intimidar en vez de provocar muertes. El periodista herido en el ataque, indicó, estaba detrás de una pared cuando los sujetos armados ingresaron al diario.
Kamel-Marin, otro caso
El caso de Lydia Cacho, columnista y activista de los derechos humanos que fue arrestada en diciembre y acusada de difamar a un empresario mexicano, también será prioridad en la agenda del nuevo fiscal, indicó la prensa mexicana. Grabaciones de conversaciones telefónicas en este caso apuntan a una conspiración entre funcionarios estatales y empresarios locales para encarcelar y acosar a Cacho. La lucha para proteger a los periodistas que cubren temas relacionados con el narcotráfico no puede separarse de la batalla contra las propias organizaciones del marzo / 2006
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Foto: AP
crimen organizado, en la que el gobierno reconoce deficiencias. En su reunión con el CPJ, Fox señaló que los esfuerzos del gobierno para desarticular a los carteles de la droga habían provocado la violenta reacción de estos. En su nueva función de procurador especial de delitos contra periodistas, Vega trabajará bajo la supervisión de la Subprocuradoría de Derechos Humanos de la PGR, a cargo de Mario Álvarez Ledesma. La oficina de Vega tendrá como enlaces y colaboradores a los 32 agentes del Ministerio Público que han sido designados para atender estos casos. Pero los casos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, que conforman la mayor parte de los ataques a los medios de prensa, serán cedidos a Vasconcelos, cuya oficina tiene los recursos y la experiencia para procesar narcotraficantes. “En su capacidad, el nuevo fiscal supervisará todas las investigaciones de delitos contra periodistas, incluyendo aquellas relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico”, confirmó Santiago Vasconcelos al CPJ. “Esas investigaciones serán conducidas por mi oficina, pero eso no significa que el fiscal especial no tenga jurisdicción. Voy a trabajar en coordinación con el fiscal especial y él tendrá información actualizada de los casos que nosotros hayamos atraído”. El fiscal especial recopilará toda la información de las investigaciones sobre ataques contra periodistas y proporcionará asistencia jurídica y psicológica a los periodistas y familiares que hayan sido amenazados o agredidos. Santiago Vasconcelos sostuvo que la creación de la fiscalía “refleja el interés y la preocupación del gobierno federal en la protección de la libertad de expresión en México... Representa un mensaje directo a los grupos del crimen organizado e individuos que atacan a periodistas por su trabajo. El gobierno ha reconocido que este es un problema nacional y se ha comprometido a proporcionar garantías para la protección de periodistas, de modo que puedan cumplir con su tarea sin interferencia”. El prominente periodista Jorge Zepeda Patterson comentó al CPJ que el nuevo fiscal sólo sería efectivo “si el gobierno decide asignar los recursos necesarios para conducir investigaciones exhaustivas”. Agregó que en el pasado otras procuradurías, creadas para atender emergencias nacionales, habían funcionado sin el debido financiamiento.
Roberto Mora, ex editor de El Mañana en Nuevo Laredo, fue asesinado el 19 de marzo del 2004, por motivos que aun no han sido aclarados asesinado.
Roberto Rock, director editorial de El Universal, recibió la creación de la fiscalía especial con un “cauto optimismo”. Añadió que él y otros periodistas han exhortado a Fox a modificar las leyes para convertir a los crímenes contra periodistas en un delito federal. El CPJ había propuesto en la reunión con Fox la creación de una comisión de expertos que estudie la posibilidad de una mayor participación federal en el combate a los delitos contra periodistas y que luego difunda un informe público con recomendaciones. Santiago Vasconcelos admitió que el gobierno federal enfrenta un camino difícil en el problema de la violencia contra periodistas. “Nuestro principal desafío es quebrar el ciclo de impunidad”, destacó. En Nuevo Laredo, eso parece ser un eufemismo. El año pasado, la violencia llegó a tal punto que el jefe de policía de la ciudad, Alejandro Domínguez, fue asesinado a balazos pocas horas después de haber asumido el cargo. Dos meses más tarde, atacantes armados mataron a un funcionario que supervisaba la seguridad pública en un atentado a plena luz del día cerca del palacio municipal local. Casi ninguno de los responsables de esta ola de crímenes ha sido procesado. El comienzo de este año no ha sido promisorio: más de 31 homicidios se han registrado entre enero y febrero, según informes de la prensa local. Los negocios han sentido el impacto y los turistas, en su mayor parte estadounidenses, han dejado de viajar en gran número.
Santiago Vasconcelos aseguró que para que el fiscal especial pueda tener éxito en su tarea, las autoridades necesitan reconstruir la confianza pública en el gobierno. “Los crímenes contra periodistas necesitan ser resueltos, pero requieren solidaridad social y confianza en las instituciones locales”. Y la confianza está ausente en el actual clima de miedo e intimidación. Los periodistas son sumamente escépticos de la capacidad de las autoridades estatales y federales para revertir la ola de violencia. Algunos periodistas sostienen que una sensación de paz o al menos un retorno a menores niveles de violencia sólo llegaría cuando triunfara uno de los cárteles del narcotráfico que combaten por la supremacía en Nuevo Laredo. Los periodistas consideran a las autoridades como ineficientes, corruptas, temerosas, o cómplices de los narcotraficantes. Creen que los narcotraficantes realizan labores de vigilancia y saben dónde viven los reporteros y qué carros conducen. Según un periodista, “hay tantas ejecuciones que ya no sabes qué enfoque darle a la nota”. El ataque con rifles de asalto y granada contra El Mañana no sólo estaba dirigido al diario, dicen los periodistas. Era una advertencia dirigida a todos los periodistas para que no se pasaran de la raya. En este clima, los periodistas sostienen que para sobrevivir acaso lo mejor sea redactar las notas con objetividad. “Sin poner adjetivos para resaltar la nota. No poner sensacionalismo, eso la hace más comercializable pero también más peligrosa”, señaló un periodista. La sociedad mexicana seguirá atentamente el trabajo de la nueva fiscalía en la investigación del ataque contra El Mañana y de posibles futuros atentados contra medios de prensa. Santiago Vasconcelos admite que las autoridades necesitan de resultados concretos para ganar credibilidad. “Necesitamos obtener resultados concretos para ganar la confianza de la sociedad mexicana. Eso será decisivo para el éxito futuro de nuestro trabajo y somos conscientes de ello”, afirmó. * Con el permiso del Comité de Protección a Periodistas (CPJ) reproducidos el reportaje especial que para esa agrupación realizaron (el 24 de febrero) Sauro González Rodríguez, consultor del programa de las Américas del CPJ y Carlos Lauría, coordinador del programa de las Américas, desde Nueva York. (Subtítulos de la Redacción).
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Sentido del humor
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Entrevista
Yo quise ser periodista: Evo Morales El presidente de Bolivia, Evo Morales no guarda animadversión contra los periodistas o medios de comunicación que criticaron su actividad como dirigente de los productores de coca o como legislador, a pesar de que algunos de esos medios únicamente lo atacaron durante años. Hoy como mandatario Morales revela ante el gremio periodístico de su nación, las enseñanzas y la cercanía que ha tenido con el periodismo y como promotor de las radios comunitarias, en su juventud. El periodista y poeta Jorge Mansilla, colaborador de Zócalo, acompañó durante varios meses la campaña del entonces candidato, quien cinco días después de asumir el cargo acudió a la entrega de los premios de periodismo en Bolivia. He aquí sus impresiones de los encuentros con Evo Morales. Jorge Mansilla Torres
coca, “porque las radios nos acercan más y nos enseñan mejor que en las escuelas”, confió. Ante los dueños de los grandes medios y los más calificados comunicadores, según su peculio profesional, el aún inexperto estadista dijo que “los periodistas que cada año egresan por centenares de las universidades no debieran frustrarse por no encontrar trabajo en las televisoras de moda o los diarios más famosos”. Los convocó a asumirse “comunicadores plenos” de su pueblo encargándose de los sistemas informativos de las radios
ungido con todas las de la ley, Morales pareció haber remontado la torva disAprendí el manejo de la política tancia que por casi 20 años le marcaron gracias a los periodistas, no a los los grandes consorcios de la prensa de políticos”, dijo Evo Morales el pasaBolivia. La televisión privada, ligada de do 27 de enero. “Todavía me guío muchos modos a los poderes fácticos del por ellos asumiendo sus críticas sin rendinero en un país de pobreza crónica, cor, incluso las que parecen agresiones parecía lavarse de culpas en todos sus insultantes a mis evidentes limitaciones”, noticiarios al acusarlo de narcotraficanañadió. te, al descalificarlo como el líder natural Esas palabras, pronunciadas a sólo de un nuevo frente laboral emergente cinco días de haber asumido la presidendel cierre de la minería tradicional. cia constitucional de Bolivia, conmovieEl sector de los cocaleros del Chapare ron al medio millar de comunicadores se rebeló luego de que en 1985 muchos congregados en el salón auditorio miles de mineros quedaran sin alde la Asociación de Periodistas de ternativa de ocupación porque el La Paz para atestiguar la entrega de presidente Víctor Paz Estenssoro los Premios Nacionales de Periodis–el mismo que unos 30 años antes mo 2005. Un sorpresivo y esponhabía nacionalizado con audacia retáneo aplauso de los concurrentes volucionaria las minas e instaurado pareció asentar la confianza del una reforma agraria- dio enormes mandatario que derivó su discurso pasos hacia atrás, presionado por al plano testimonial, de sus vivenel imperialismo ahora metido en el cias con la prensa y sus hacedores. saco neoliberal y la preeminencia Habló Evo Morales ante los comude la economía de mercado. nicadores por casi media hora sin Aquel líder histórico de la Revorecurrir a texto alguno. lución Nacional de 1952, reculó en Antes de él habían hablado el su ejemplar trayectoria e inauguró presidente de la prestigiada asoun tiempo de pérdidas sociales y Foto: archivo ciación, Mario Maldonado, y el Presidente Evo Morales y Jorge Mansilla políticas para los bolivianos con un premiado mayor, Antonio Miranmazazo legal, el Decreto Supremo da, mismos que expresaron discursos del país “donde no hay caminos carrete- 21060, contra cuya inhumanidad e intoconceptuales y de vasto rigor académico, ros que los acerquen y donde el idioma lerancia imperial se lanzaron Evo Moraconsiderando la naturaleza del evento: la español se vuelve tranca y trauma para les y otros mil luchadores sociales. mayor concentración anual de los comu- los millones que sólo hablamos quichua, “Narcotraficante, terrorista, desquicianicadores sociales bolivianos. puquina, aymara o guaraní”. dor de la paz social”, fueron los reiterados Esa noche, Morales, llamado por los Se le quebró la voz cuando reveló cargos del poder y la televisión nocturna medios “el primer presidente indio” de que en su adolescencia de arreador de contra Morales. “Indio ignorante, atrabiBolivia, demostró su capacidad argu- llamas él se propuso ser periodista “en liario, analfabeto atrevido”, lo llamaron mentativa para justificar su histórica pre- los niveles del acercamiento social que los medios cuando Evo Morales fue elegidilección por las radioemisoras alternati- por entonces tenían las radioemisoras do diputado campesino en 1988. vas, a las que proclamó “libertadoras de de los sindicatos mineros. No pude ser Los señoritos de los mass media y los la palabra del pueblo”. eso –añadió- porque las necesidades de analistas con doctorados en Harvard se Como dirigente sindical del cuestio- la supervivencia me arrastraron a otros cebaron con prepotente gozo contra nado gremio de los cocaleros, Morales oficios”. Evo y los otros dirigentes de los pueblos Ayma ayudó a fundar desde los años 80 originarios y de la izquierda antimperial, una red de radios comunitarias en el subDespués de las sombras durante los años de la “capitalización”, trópico central del país, la crítica zona Aquella noche de su primera com- giro verbal retórico para aplicar la ola de del Chapare donde se cultiva la hoja de parecencia pública como mandatario privatizaciones de las empresas históricas
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Entrevista del Estado y los recursos naturales en los años 80 y 90 del siglo pasado. Los gobiernos serviles del imperio –Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora, Hugo Banzer, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa- desataron a los literales perros de jauría bajo su control en los organismos de represión y los medios masivos de comunicación, para evitar el ascenso político de Evo Morales y el nuevo movimiento social de los pueblos originarios. El sistema usó contra ellos discrecionalmente todos los recursos de la insidia mediática: desde la sofisticada nota editorial hasta las repugnantes crónicas amarillistas, desolladoras de la dignidad humana. Vituperio y amago. La oligarquía boliviana, ella sí asentada en los recursos del contrabando y el narcotráfico cartelero, batió palmas cuando el diputado Evo Morales fue expulsado del Congreso en 2002, acusado, entre diez calumnias, de ser un narcotraficante. Nunca pudieron hallarle una prueba de ello, pese a encontrarse él en un centro de producción tan cercano a los cárteles. Al contrario, la furia del sistema se hizo más patente cuando agredieron físicamente a Morales, hasta dejarlo medio muerto en un paraje de la selva, debido a que el líder cocalero detalló nombres, cargos y fortunas de los dueños de Bolivia ligados al narcotráfico internacional. Las transas y los poderes Alentado por su gente y enfrentado a la izquierda socialdemócrata del vividor Jaime Paz, el dirigente comunitario se lanzó como candidato a la presidencia en las elecciones de 2002. Logró un empate técnico con el postulante de la derecha nacionalista, “Goni” Sánchez de Lozada, quien fue finalmente ungido ganador por una alianza de partidos electoreros en el Congreso. En ese tenso periodo de las transacciones partidarias para torcer en el Congreso lo que se decidía o no en las urnas electorales, ocurrieron las “guerras” populares del Agua y del Gas (1998 y 2003, respectivamente), en las que Evo Morales tuvo papeles de riesgo y conducción victoriosa. Las transnacionales que buscaban privatizar el agua de la lluvia y el gas natural fueron expulsadas del país y derribaron, en octubre de 2003, al gobierno del patético Sánchez de Lozada, autor de la matanza de 87 pobladores en El Alto, sitio de la resistencia popular contra las petroleras transnacionales. De 2002 a 2005, los medios de comunicación sostenidos económica e ideológicamente por el imperialismo –en realidad, meros subsidiarios de los consorcios
estadounidenses y españoles, como el grupo Prisa-, se dieron a la infeliz tarea de descalificar con insultos y ridículos gráficos a quien parecía enfilarse a la Presidencia constitucional de Bolivia. En las pantallas de Internet era posible ver imágenes caricaturizadas del indígena Evo Morales vistiendo sombrero de copa, camisa almidonada, corbata y traje de frac, pero descalzo, con abultados y sucios dedos de pies. Las gráficas “on line” confeccionadas por anónimos supremacistas raciales ofrecían, junto a la foto de Morales, una “recompensa en dólares a quien mate a este hijo de puta, indio de mierda que aspira a ser nuestro presidente”. Durante la campaña electoral de 2005, Evo Morales fue insultado en paredes callejeras y volantes a todo color. No le perdonaban su forma de hablar el español, “con faltas de ortografía”, como escribió puerilmente el humorista del lugar común mejor pagado de la prensa nacional, “Paulovich”. Evo Morales no cayó en ninguna frustración ni desánimo. Sostenido por crecientes sectores de opinión en su favor. La clase media más consciente se manifestó abiertamente en su defensa. Los otros seis candidatos de la derecha unieron sus voces y dineros para aplastarlo. El canal televisivo del ex primer mandatario Carlos Mesa, buen comunicador devenido en desastre presidencial, se prestó a esa guerra sucia. Evo se les enfrentó convirtiendo en virtudes sus limitaciones con el español y apelando en trascendentales discursos en idiomas nativos al pueblo profundo, al que durante 180 años de república blanca y católica estaba sometido al trabajo silencioso, al destino servil que en las sociedades de consumo les imponen los propietarios del país, los ejércitos y los inversionistas. En ese lapso ocurrió un fenómeno paralelo: se pusieron de moda las canciones para el “presidente Evo” compuestas e interpretadas por al menos 50 grupos anónimos y otros no tan ignorados, como los artistas más populares y queridos del país. Un disco titulado “Somos pueblo somos más” guarda esos testimonios que también son documento de esta historia. Hasta que el 18 de diciembre habló aquella mayoría silenciosa. Votó masiva y confiadamente por quien encarnaba sus esperanzas y sobrellevaba sus frustraciones. Evo Morales arrasó con 54% de la votación, que bien pudo ser de 60% si el Tribunal Electoral, dominado por la plutocracia, no anulaba al menos un millón 200 mil votos en las zonas indígenas por “fallas” hasta en el marcado y doblado de las papeletas electorales.
Evo Morales y Jorge Mansilla
Foto: archivo
La derecha quedó muda, apabullada. Para reaccionar del golpazo democrático que le había infligido la “nación clandestina” de que hablaba el gran cineasta Jorge Sanjinez, balbuceó críticas a un motivo pueril: “la chompa del Evo”. Se tomó más aliento la derecha reaccionaria cuando “el Evo” –así lo llaman los bolivianos- fue a saludar al rey de España vistiendo chompa, pantalones de mezclilla y tenis. Esa actitud se le hizo intolerable, ofensiva para la dignidad real y la decencia boliviana, pero tuvo que bajarle el tono a su perorata cuando la otra prensa del mundo y la gente del común vieron en el suéter de Morales un recurso contestatario. Ahora, la chompa de Evo es una moda, como en los 90 fue la máscara de los zapatistas. Evo Morales está remontando las tontas campañas de prensa contra su manera de hablar o de vestir. Está obligando a que lo tomen en serio como resumen de la esperanza popular, a que se ocupen de sus proyectos de gobierno, de sus luchas para que, por ejemplo, el gas pertenezca a sus dueños, los bolivianos; está llamando la atención para que en breve se instale la Asamblea Constituyente que deberá rayar las nuevas líneas de juego republicano con inclusión de aquel 65% de población indígena y campesina que determina en las urnas, sin disparar un tiro, los futuros de Bolivia. La gran prensa parece haber entendido, en fin, aquella conclusión del grupo de observadores de Naciones Unidas al término de la votación de diciembre: en Bolivia se ejerció un periodismo excluyente, con asomos racistas en perjuicio de algunos candidatos… “o quise ser periodista –dijo Evo la noche del 27 de enero-, porque entonces pensaba que serlo es la mejor manera de ser gente, de enseñarle a la gente a comunicarse no importa cómo, pero que sirva para que esa gente sea más gente, mejor gente… ”. marzo / 2006
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OPINIÓN
. Claudia Benassini Félix
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ace aproximadamente un mes se iniciaron formalmente las campañas en busca de la presidencia de la República. Y como en cada proceso electoral, la televisión en primerísimo lugar, y luego la radio, se han constituido en los espacios privilegiados por la mayoría de los candidatos para difundir sus spots promocionales. Desde hace ya varios meses los analistas han reflexionado sobre las crecientes cantidades que se invierten por concepto de campañas mediáticas, cuya finalidad es persuadir a los votantes indecisos para que seleccionen la opción indicada.
Foto: Procesofoto
La opción para cada uno de los equipos de campaña entre cuyos integrantes se encuentran estrategas del marketing político, dispuestos a invertir su tiempo y su talento –a cambio de cuantiosas sumas monetarias-, que cristalizarán en la fórmula adecuada para captar a esos grupos de indecisos y de flotantes que todavía no han tomado la decisión. ¿Qué les dicen los candidatos a los ciudadanos indecisos a través de spots con una duración aproximada de veinte segundos? A continuación un análisis del tema.
Felipe Calderón: De los valores a las manos limpias
Las cero horas del jueves 19 de enero fue la fecha seleccionada por los estrategas de Felipe Calderón para lanzar al aire la campaña “Valor y pasión por México”. Y en casi cuatro semanas se han transmitido cuatro spots con contenidos diferentes cuyo hilo conductor pretende ser el lema de campaña. Primero, que 44
Zócalo
pondrá en práctica las enseñanzas de su padre para gobernar el país. Después invitó a los jóvenes a “jugársela” con él en la construcción del nuevo país. Posteriormente, la seguridad como un valor medular para proteger a la familia: “mano dura contra el narco, la transa, los rateros y los delincuentes”. Más recientemente, el valor de las manos limpias para gobernar. El problema fundamental es la comunicación de los valores: un asunto de carácter axiológico que ha formado parte de la agenda de académicos versados en la filosofía. Dicho brevemente, el valor es una noción; llevarlo al menos al nivel de la seudoconcreción en un máximo de veinte segundos constituye un reto difícil de solucionar. Y un asunto no menor es la selección de los valores que constituyen el eje de la campaña de Calderón. Los que hemos visto y escuchado hasta el momento no son propiamente valores, sino una selección arbitraria de peculiaridades a las que pretende conferirse el status de valores. Ejemplos: la juventud es un estadio de la vida que, como los otros, supone ciertas características, entre otras, el enfrentamiento a decisiones fundamentales para la construcción de un proyecto personal, familiar y social. La seguridad es un derecho que los ciudadanos demandan cotidianamente. Es importante que los hijos vayan y vengan seguros de la escuela a la casa, pero para muchas familias esto es insuficiente, máxime cuando directa o indirectamente –a través de familiares y/o amigos- han sido víctimas de la inseguridad. Por último la expresión manos limpias es una socorrida abstracción que ilustra la honestidad. Una cualidad presente en las campañas de Andrés Manuel López Obrador desde su época frente al gobierno capitalino, de la cual se hablará en su momento. Durante la tregua navideña decretada por el Instituto Federal Electoral, columnistas y articulistas de temas políticos dieron cuenta sobre la estrategia de Roberto Madrazo, para allegarse el voto
Foto: Proceso
Los spots de los candidatos a la presidencia
Roberto Madrazo: Porque sí puede.
de los indecisos. Primero que nada, quitarse el apellido paterno para efectos de marketing político, toda vez que, según los expertos, sonaba muy agresivo. Segundo, una campaña con “la gente” que supuestamente votará por él y que expone sus razones: “porque él sí puede recuperar el país, por su experiencia, porque sí tiene los tamaños, porque no nos volvemos a equivocar. ¿Y tú ya sabes por qué? Porque Roberto sí puede”. Más recientemente, en una segunda etapa de su campaña, Roberto habla a la audiencia y reitera que sí puede y que, por supuesto, cumplirá con todas sus promesas porque él ya lo hizo cuando era gobernante. En este caso, el punto nodal, en el que se insistirá más adelante, es la credibilidad. Desde antes de iniciada su precampaña, vaya, desde que se conocieron sus intenciones presidenciales, medios impresos y electrónicos han dado cuenta de que sus aspiraciones por acceder al máximo puesto de elección en el país Roberto Madrazo ha dejado tras de sí deslealtades y cuentas pendientes. Irremediablemente, sus spots están acompañados de una estela de incredulidad producto de la resaca dejada por la campaña anónima que repentinamente apareció en postes y automóviles de diversas ciudades de la República: “¿Tú le crees a Madrazo? Yo tampoco”. Adicionalmente, con o sin apellido, los spots se antojan bastante similares a los promocionales que produjeron los miembros del extinto TUCOM, en la búsqueda de una candidatura alterna a
la del entonces presidente del Partido Revolucionario Institucional. Y más: los referentes a los que apela tienen también semejanza con aquellos empleados por los candidatos a gobernadores y a legisladores del mismo partido. En los spots de Roberto hay un dejo del priísmo más acendrado que los sacó de Los Pinos.
porque se preocupa por mis problemas y… porque como yo se opuso al desafuero”. Cartas de presentación bastante débiles para un candidato que “no lleva dos años en campaña” y que para muchos resulta un desconocido. Y para otros es más o menos identificable su trabajo como priísta y frente a algunas responsa-
Foto: Proceso
Por su parte, los estrategas de Andrés Manuel López Obrador han optado por la continuidad del trabajo realizado frente a la jefatura de gobierno de la capital. Las obras de infraestructura, la pensión para adultos mayores, la dotación de útiles escolares y de otros servicios a la población más necesitada son las constantes del trabajo que realizará como presidente. “Cumplir es mi fuerza”, reitera AMLO en cada spot transmiAndrés Manuel López Obrador: Más de lo mismo tido. Y ésa que es su fuerza es también su talón de Aquiles. Mucho se ha reiterado bilidades inherentes a su militancia. que si bien éstos son logros innegables En otras palabras, un mal comiende su gestión, otros muchos problemas zo para quien ha decidido dejar atrás su quedaron sin resolver. Y son esos proble- pertenencia en el otrora partido en el mas los que en este momento pretenden poder, ahora arropado por jóvenes suser resueltos por los candidatos a gober- puestamente progresistas, apoyados en nar el Distrito Federal: Marcelo Ebrard su proyecto por Elba Esther Gordillo, –que como perredista ¿los solucionará?-, amiga personal de Campa. En suma, un Demetrio Sodi y Beatriz Paredes. inicio de campaña muy lento para quien Es decir, la inseguridad, el transporte quiere reponer el tiempo, y que necesita público y la dotación de agua a colonias el 2 por ciento de la votación para manpopulares. Cabe añadir que sería reco- tener el registro del partido que lo eligió mendable la inclusión de otras promesas como candidato. de campaña más allá de los logros preconizados. Promesas que eventualmente Algunas reflexiones serían realidades producto de los ya casi Hasta aquí un primer análisis de los spots dos recorridos por el país que ha efec- de radio y televisión con que se reinició tuado el candidato perredista, mismos la carrera presidencial. Evidentemenque seguramente han generado otras te, habrá mucho más que decir, sobre demandas por parte todo cómo se van de quienes asisten a comunicando los sus mítines. candidatos con los El problema central que enfrentan votantes indecisos, los primeros spots es el de la Roberto Campa: aquellos que, para credibilidad, tanto en la retórica Un candidato como los analistas, deciutilizada para dirigirse a los votantes tú. dirán el resultado En su primera eta- como por los conocidos escándalos electoral del 2 de pa de spots, Roberto que, en mayor o menor medida, julio. Para contiCampa recurrió al acompañan a los candidatos. nuar con el tema en posteriores enteaser “pronto sabrás sayos se añaden las de mí”. Tras los lugares más conocidos de López Obrador siguientes reflexiones: a) Sin duda alguna, el problema cen–“se preocupa por los pobres”-, Calderón –“tiene una visión moderna”- y Madrazo tral que enfrentan los primeros spots es –“es muy vivo”- el otro Roberto invitó a el de la credibilidad, tanto en la retórila audiencia a preguntarle a quien lo ha- ca utilizada para dirigirse a los votantes bía visto trabajar. En una segunda etapa como por los conocidos escándalos que, se maneja la posible identificación con en mayor o menor medida, acompañan el votante indeciso: Campa “es como yo a los candidatos. Un factor a tener en
cuenta en el diseño de futuras estrategias electorales para las elecciones del 2 de julio y, en consecuencia, un factor clave para el análisis de los spots que gradualmente se difundirán a través de la radio y la televisión. b) Roberto Madrazo es uno de los candidatos a quien los escándalos le reduce el número de simpatizantes. Aunque aparentemente no hay argumentos que sustenten esta afirmación, sino más bien un clamor proveniente de quien hasta ahora ocupa el tercer lugar en todas las encuestas de intención de voto. Habría que seguir con detenimiento lo que sucede en los próximos meses y su inclusión en futuros spots de campaña, aunque hasta el momento es claro que los escándalos sí han influido en la baja de votos para el PRI. c) La frecuencia con que se transmiten los spots es una variable a considerar, puesto que es una recomendación del IFE, en la medida en que es un indicador de los gastos de campaña. Adicionalmente, todo indica que se parte de la hipótesis de “a mayor exhibición, mayor penetración y mayor nivel de influencia”. Una hipótesis no necesariamente comprobable exitosamente, toda vez que en este momento las audiencias disponen de sus propias estrategias para evadir a aquellos candidatos con quienes no simpatizan –en el caso de los votantes duros- y por los que no votarían los indecisos: la más conocida, el control remoto. Cabe añadir que una parte de los spots se transmite por televisión de paga –misma que también permite al usuario recurrir al control remoto en caso de creerlo necesario-, cuyo número de usuarios es mucho menor al de la televisión abierta. En estas circunstancias, la hipótesis arriba enunciada es poco comprobable, toda vez que los mensajes llegan a un número muy limitado de usuarios, sean o no votantes indecisos. d) Finalmente, los análisis ulteriores deberán considerar las estadísticas sobre los votantes indecisos que a decir de los analistas definirán la elección. Esta consideración también debiera ser tomada en cuenta por los candidatos y sus estrategas de campaña para, en etapas posteriores, dirigirse a ellos de manera más precisa. Porque, al menos hasta el momento, las campañas no han cumplido con su cometido. O se dirigen a votantes abstractos vía el valor o lo hacen a través de un proceso de legitimación previa, en virtud de los cargos públicos desempeñados por los ahora candidatos. marzo / 2006
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OPINIÓN • Pablo Arredondo Ramírez*
Vigilar a los medios
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a contienda presidencial ya arrancó en términos formales, y no obstante las incertidumbres que inevitablemente acarrea, ya pueden vislumbrarse algunos ganadores. No se trata de partido ni de candidato alguno. Los previsibles triunfadores son actores privilegiados de la modernidad democrática. Cumplen una doble función: en primer lugar, influyen o pretenden hacerlo en el juego de las rivalidades y las aspiraciones de las fuerzas ortodoxamente políticas; y segundo, sirven como arenas privilegiadas para que se lleve acabo la confrontación electoral. Y en ese toma y daca cosechan ganancias económicas considerables. Por eso, los medios de comunicación, con su majestad la televisión a la cabeza, pueden, desde ya, proclamarse triunfadores de los agarrones que presenciaremos en el 2006. ¿Deberíamos dejarlos operar impunemente? El candente año electoral permitirá constatar, como nunca antes, que el tiempo de la modernidad política ya se instaló en México; quizá con excesivas distorsiones y efectos perniciosos. Es nuestra propia versión de la “democracia salvaje”. Hace poco más de una década (¿alguien recuerda el fatal 1994?) comenzamos a vislumbrar tibios cambios en las maneras de hacer campañas políticas. Todavía bajo la sacudida nacional que representó el asesinato de Luis Donaldo Colosio, inauguramos los debates televisivos y el monitoreo más detallado del comportamiento mediático. Seis años más tarde, los consejeros internacionales, consultores especializados en la comunicación política, ya hacían su agosto en nuestras sierras y valles. Nada sorpresivo si se considera que la ola democratizadora de los noventa en América Latina se manifestó, entre otras cuestiones, en la multiplicación de consultorías de mercadotecnia política de procedencia estadounidense, como lo demuestra Fritz Plasser (Harvard International Journal of Press/Politics, vol. 5, núm. 4). 46
Zócalo
La campaña por la Presidencia de la República en el 2000 tomó renovados giros; las encuestas periódicas irrumpieron en el escenario, el spot televisivo y radiofónico se multiplicó, el cuidado de la imagen predominó sobre las propuestas, los debates se repitieron y por ordenamiento legal los medios electrónicos debieron ser monitoreados por el IFE para sopesar la dimensión de los desequilibrios y de los favoritismos en la cobertura de los partidos y sus candidatos. Un ejercicio necesario pero insuficiente. Consumada una alternancia presidencial que para muchos ha tenido un sabor agridulce y para otros ha sido simplemente insípida, descubrimos una más de las facetas de lo que algunos han dado en llamar la “mediatización de la política”. En este tiempo ha sido patente que la filtración de información y el escándalo en los medios arrojan jugosos rendimientos. La escenificación de nuestras vergüenzas y corruptelas en cadena nacional asaltó los niveles privilegiados del raiting. ¿Qué nueva sorpresa nos traerá el noticiario de la noche o la primera plana de mañana? Cada día un nuevo capítulo de la democracia en paños menores. No parece ocioso recordar que los noticiarios de la televisión se han convertido en uno de los tres géneros más concurridos por las audiencias en México. La política del escándalo, otro de esos bichos comunes en las democracias avanzadas, se ha enquistado en nuestro mundo informativo. Enhorabuena si de transparentar el opaco espacio del poder público se trata. Pero los mal pensados
de siempre sospechan que tras el exhibicionismo se ocultan las intenciones de guerras sucias y similares (los complots) así como los beneficios económicos inherentes al “table dance” televisado. El entorno de la comunicación política de esta incipiente democracia reporta otras tantas novedades. Por ejemplo, la campaña no tiene límites claros, aunque la ley establezca algunos que a nadie parece importar. Siguiendo los pasos de la modernidad, no se sabe exactamente cuándo comenzó la pugna por la sucesión presidencial. Gobernar ya no se diferencia de la promoción hacia el siguiente nivel del escalafón. Es un fenómeno que va de la mano de la política del escándalo, de la descalificación de los contrarios y de la promoción de las ambiciones individuales. “La campaña es permanente”, y aunque suene a trasnochado axioma Leninista, la verdad es que es un principio de la avanzada mercadotecnia política de nuestros días. Es un principio que recorre el más amplio espectro de la vida del poder como bien lo demuestra, sólo por poner un ejemplo, el desempeño publicitario de los dos principales alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara y de un cúmulo de políticos locales en su desbocada carrera hacia la gubernatura de Jalisco. Así lo constata el trabajo de Rubén Martín, en el diario Público Milenio del 9 y 10 de enero de este año. Nadie desea quedarse atrás, no importa si se ubica en la gran capital, en el gobierno federal o en los recónditos espacios de la marginalidad municipal. Quizá ya no predomina el estilo patrimonialista del antiguo régimen; pero las bondades de la publicidad “institucional” han venido a reforzar la tentación de los hombres y mujeres del poder por alimentar el rostro amable de su imagen privada y maquillar sus verdaderas intenciones. Gracias a ello edificamos una de las zonas pantanosas y de mayor riesgo para la política democrática: las precampañas. Ese territorio de todos y de nadie. El salvaje oeste de la democracia mexicana.
A la “campaña permanente” se añade la consolidación de las encuestas: el termómetro de las democracias. La guía de navegación irremplazable. El retrovisor sin el que los políticos no podrían averiguar el efecto de sus acciones y la dirección de sus iniciativas, al decir de Dominique Wolton. Las encuestas llegaron para quedarse, sea en su modalidad de consumo “reservado” o en el formato de difusión ampliada. De hecho no hay medio de comunicación que se respete -con unas cuantas excepciones-que prescinda del patrocinio y/o difusión de encuestas periódicas. Evaluar el desempeño del gobierno a través de las encuestas se está convirtiendo en práctica común. Y aunque en el mercado de la opinión abundan las inconsistencias -y en un descuido las falsedades-, lo cierto es que al menos un puñado de empresas encuestadoras han logrado legitimar positivamente este método de aproximación a los “sentires” ciudadanos. No hace muchos años, las encuestas eran aves raras en el espacio público mexicano; ahora brincan por todas partes con su multiplicidad de temas (las prácticas sexuales, el conocimiento de la historia, los equipos favoritos, los artistas predilectos) buscan reflejar a una sociedad compleja y demandante. Ahora nadie puede negar el apareamiento entre la exploración social a través de las encuestas y la mediatización de la vida cotidiana. Medios y encuestas, otra de las facetas emergentes del escenario de la comunicación política de la transición. Un apareamiento que no debe subestimar los efectos negativos de tal unión. Por ejemplo, la permanente inclinación a presentar en la prensa la rivalidad política como una carrera de equinos. Es previsible que en el 2006 no observemos prácticas comunicativas sustancialmente distintas a las que nos hemos acostumbrado en los años recientes. Son las prácticas que indican que la comunicación política en México ha experimentado cambios, algunos positivos y otros claramente cuestionables, como el surgimiento de una relativa autonomía de los medios electrónicos frente al poder público y un pluralismo mayor (si bien insuficiente) en ese territorio; pero también la creciente banalización de la política, con el sensacionalismo como eje informativo, y la opacidad de los medios frente a la sociedad. Sea como sea, la contienda presidencial servirá para confirmar que, como ha
mantener los privilegios ha sido notorio. La autonomía de los medios (algunos le llaman “empoderamiento”) rinde frutos para edificar barreras de protección en contra de otras lógicas, como la rendición de cuentas. Los observadores por antonomasia del poder en la democracia se resisten a ser objeto de la observación ciudadana. La coyuntura electoral del 2006 obliga a considerar la relevancia que adquiere la observación sobre los medios desde lógicas que superen la estrechez de los intereses partidistas y se amplíe a un horizonte de civilidad democrática. sugerido Manuel Castells, en los tiempos Impulsar la observación de los medios de la política informacional es imposible desde una razón ciudadana es imperapretender hacer política al margen de tiva. La normatividad electoral obliga al los medios. Ellos, si bien no determinan “arbitro” de la contienda, es decir, al IFE, el destino ni los resultados de las campa- a evaluar el desempeño de la radio y la ñas, son la arena pública de la que nadie televisión durante los meses de campaña, puede prescindir. con la finalidad no de sancionar sino de El anticipado triunfo de los medios se conminar al desarrollo de una contienda sustenta, precisamente, en esa realidad. política equilibrada. El mitin electrónico, y el spot publicitaEl ejercicio, iniciado bajo esa modalirio, superan casi a cualquier otra pues- dad en 1997, ha servido de insumo tanto ta en escena de los contendientes y sus para el análisis académico como para la partidos. Sólo que para acceder al privi- presión social. Ha sido igualmente útil legiado espacio de la pantalla es necesa- para develar las marcadas diferencias del rio recurrir a un principio estratégico: comportamiento de los medios en todo la cartera bien cargada y una habilidad el territorio nacional, al margen de las especial para negodistorsiones que ocaciar con los capisiona mirar la realitanes de las ondas dad exclusivamente electromagnéticas. Uno de los déficits más abulcon las anteojeras Las precampañas tados de la comunicación pode la capital. del año pasado enlítica en los tiempos de la deSin duda, al caseñaron mucho al mocratización se ubica en la lor de la lucha elecrespecto. Ahora sólo incapacidad de transparentar toral, el monitoreo resta observar cómo la vida de los propios medios. del IFE, al igual que se intensificará, en Ellos, demandantes legítimos el de otros grupos los meses por venir, de la transparencia de otros ciudadanos preocuel flujo de los recuractores del poder (gobiernos y pados por el desemsos aportados por el partidos), arrugan sus estructupeño de comunicaerario hacia las arcas ras y sus modos reales de opedores y periodistas, de la radio y la teleración frente a la sociedad. Los será un elemento visión. observadores por antonomasia clave para ejercer Uno de los défidel poder en la democracia se una sana presión cits más abultados resisten a ser objeto de la obsocial sobre los mede la comunicación servación ciudadana. dios, esos observapolítica en los tiemdores privilegiados pos de la democrade la política. La tización se ubica en agenda mediática la incapacidad de del 2006 exige contemplar que la pretransparentar la vida de los propios me- sencia ciudadana en las dinámicas de la dios. Ellos, demandantes legítimos de la comunicación política se inscribe en el transparencia de otros actores del po- control social de los medios. Después de der (gobiernos y partidos), arrugan sus todo, radio y televisión sin credibilidad estructuras y sus modos reales de ope- frente a sus audiencias son equivalentes ración frente a la sociedad. En el sexe- a una clase política con legitimidad sonio “del cambio” el exitoso cabildeo del cavada. Es el nuevo juego de la política oligopolio televisivo y sus ramificaciones democrática. en la industria de la radiodifusión para *Catedrático de la Universidad de Guadalajara. marzo / 2006
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OPINIÓN
. Jorge Meléndez Preciado . jamelendez@prodigy.net.mx
Ensombrecido retorno de
Jorge Meléndez Preciado
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uego de nueve meses de haber suspendido sus transmisionescon un leve retorno por unas horas-, el canal 40 volvió a transmitir su señal el martes 21 de febrero a las 22 horas con un noticiario. En la actualidad se denomina Proyecto 40, por un México libre (sic) y la producción está a cargo de TV Azteca. El director es Armando Melgar. La señal se emite desde el cerro del Chiquihuite, instalaciones que fueron tomadas ilegalmente hace tiempo por empleados de Ricardo Salinas Pliego en una acción condenable a todas luces. De los 150 sindicalizados, únicamente 90 reiniciaron labores. Queda pendiente de resolver la situación de 200 empleados, la mayoría de ellos de confianza o colaboradores que no fueron liquidados cuando se repartió dinero para que los huelguistas en el mencionado Cerro ya no opusieran resistencia a quienes aparentemente se ostentan como propietarios. Pero además, no se olvide, aún están las banderas rojinegras en los pisos 40 y 41 del World Trade Center, donde se encuentra CNI. En estas condiciones, sumamente irregulares, empezará una programación que ya está definida pero no se quiso difundir ni siquiera a quienes cubren las actividades de las televisoras. No es posible que las secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes (SCT), no digan nada al respecto. Y es que el accionista minoritario, Hernán Cabalceta- cinco por ciento de la inversión inicial-, y el acreedor importante de Javier Moreno Valle, Salinas Pliego, no deben utilizar una concesión que todavía está en litigio. Pero ya se sabe que Fox puede contestar nuevamente: “¿Y yo por qué?” Alegando que este, como otros asuntos (el caso del hotel Sheraton), es entre particulares (Derbez dixit) y el gobierno no tiene nada qué hacer al respecto. Una vez más nos damos cuenta que el estado de derecho en México es vulnerado por quienes tienen poder. Mientras que todos aquellos que siguen los cauces normales para inconformarse por 48
Zócalo
Canal 40
algo, suelen no ser tomados en cuenta por la autoridad (opositores a la Ley de Radio Televisión y Telecomunicaciones) o incluso se les trata como delincuentes aunque sean víctimas, como en el caso contra Lydia Cacho. Y no es que hagamos una defensa a ultranza de Moreno Valle y algunos de sus empleados y comentaristas, quienes en ocasiones son más soberbios que los dirigentes del duopolio televisivo, pero sabemos que mientras no exista una decisión fundada en derecho, no es posible dar por revocada una concesión que se otorgó a Javier Moreno. Algo en que la SCT debía poner atención. Legitiman despojo
Además, muestra una vez más- y ahí está el caso de la controvertida propuesta de Ley de Radio y Televisión y Telecomunicaciones- los consorcios privados hacen bailar a su son a quienes se proponen: legisladores, miembros de cámaras industriales y algunos medios impresos. Incluso llegan a falsear dictámenes de
organismos extranjeros como sucedió con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la cual no avaló el citado proyecto de Ley y se hizo aparecer como si en verdad la SIP estuviera de acuerdo con los retrocesos que se plantean. De no revertirse este asalto en despoblado, las opciones televisivas se volverán cada vez más predecibles. Máxime que el gobierno está dejando morir a los medios estatales (canales 11 y 22 y estaciones radiofónicas del Imer y Radio Educación), a las cuales les niega apoyos económicos elementales. Es curioso, en el momento que TV Azteca redujo su utilidad neta en 84 por ciento, al decir de la sección de negocios de Reforma, pone en operación, a su antojo y a la fuerza, el Canal 40. El proyecto es posicionarlo para los sectores medios y altos de la población. Ello porque la programación será a base de informativos y algunos de debate para la gente ilustrada. De lo que se trata, a fin de cuentas, es despojar antes de que concluya el sexenio de Vicente Fox la señal que pertenece a Moreno Valle todavía, ya que el juicio entre éste y TV Azteca no se ha finiquitado. Lo que muestra, a las claras, la preferencia de la pareja presidencial por los consorcios mediáticos más importantes no importando el estado de derecho. Mal gobierno el que hace demagogia acerca del apoyo a los más necesitados y da en charola de plata todo lo que le piden los de arriba. Como hemos podido ver en la reciente tragedia de Pasta de Conchos y en la insistencia de Vicente Fox que quiere su pensión vitalicia, algo que nos recuerda al Tata, personaje de televisión que ante cualquier mención insistía “Quiero mi cocol”. Y si bien Pilar Álvarez Lazo (El Universal, 28 de febrero) afirma que no se debe hacer un juicio antes de ver la pantalla y lo que intenta este nuevo proyecto, la realidad es que hasta el momento no vemos un cambio serio, firme, a fondo de lo que son programas como los conducidos por Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze en Televisa.
Televisión
Critican agandalle de Tv Azteca Fox claudicó ante el poder de las televisoras por órdenes de Marta Sahagún: Denise Dresser La reanudación tiene características de un despojo: Virgilio Caballero Regresé porque me ofrecieron libertad: Pilar Alvarez Galo Ramírez Garay
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a reanudación de transmisiones de Canal 40 desató más criticas que apoyos entre el gremio periodístico, y en particular entre la mayoría de los ex colaboradores de la emisora que fundara el polémico Javier Moreno Valle. De acuerdo con periodistas e intelectuales que en algún momento participaran en Canal 40 la señal que ahora presume su eslogan Por un México Libre, no responde a las expectativas de calidad, producción y programación. Un Canal sin propuesta, sin ángel dirían algunos, a pesar de contar con el respaldo de Tv Azteca. Otros aseguran que la reanudación de la señal en medio de un litigio no resuelto “demostró que en México la ley no existe, que la televisión abierta continuará siendo controlada por dos familias, y que además, las condiciones en las que reaparece en nada contribuyen a la democratización de los medios de comunicación. La investigadora y académica Denise Dresser dijo de la reaparición (el martes 21 de febrero) de Canal 40: Es una violación a la ley, es el agandalle de un empresario que se apropia de una concesión que no es suya y lo hace simplemente, porque el gobierno no alza la voz”. Lejos de que Proyecto 40 contribuya a un México libre, como reza su slogan, en realidad la operación de la señal se realiza dentro los limites que determina el señor Ricardo Salinas Pliego. La definición que él tiene de un México libre excluye a quienes son sus críticos, excluye a quienes piensan que la televisión tiene que estar abierta a otras voces y otros concesionarios”. Apuntó que el gobierno de Vicente Fox ha “claudicado” ante el poder de las televisoras y no quiere pelarse con ellas al final de sexenio por órdenes de Marta Sahagún quien pretende que “le cubran las espaldas” en un momento difícil debido a que sus hijos han sido acusados de corrupción. Por su parte, el periodista Virgilio Caballero expuso que la señal “tiene todas las características de un delito de despojo, de atropello a las vías generales de comunicación, de asalto a bienes de la nación
y revela la profunda crisis en la que está sumido el llamado Estado de derecho en nuestro país. “No puede ser que un empresario privado de la comunicación se haga de un nuevo canal literalmente robándose la frecuencia que está asignada a otro” dijo el también colaborador de Radio Educación quien recordó que aún están pendientes los resultados de la querella TV Azteca- Televisora del Valle de México. Destacó que “el despojo” no sólo es a Canal 40 sino a “la nación mexicana” y expresó su indignación porque “la autoridad esté haciendo como que aquí no pasa nada, o peor aún, que es correcto lo que está pasando. Sin esta complicidad Salinas Pliego no se atrevería cometer el atropello”.
Foto: Iván Bustamante
A su vez, el crítico de televisión Álvaro Cueva consideró un hecho“precipitado” la puesta en marcha de Proyecto40 y lo “raro” es que personalidades del círculo rojo participan y avalan el proyecto. Lo extraño, dijo, es que TV Azteca saca Proyecto 40 sin su logotipo, como si se quisiera “desmarcar”. Para el ex conductor de Canal 40 Ciro Gómez Leyva: “La ambición de la televisora del Ajusco por la concesión de Televisora del Valle de México inició hace cinco años cuando CNI Canal 40 rompió un pacto comercial con TV Azteca. “ Televisa y TV Azteca llegaron a unir fuerzas con CNI cuando ésta anunció que contaba con un préstamo de la empresa General Electric (GE) -dueña del 80 por ciento de la cadena estadounidense NBC y Telemundo- para pagar salarios y saldar deudas que impedían el levantamiento
de la huelga iniciada el 19 de mayo de 2005 contra la televisora. Entonces, el duopolio televisivo se rasgó las vestiduras junto con la CTM, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión Similares y Conexos (STIRT) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuyo subsecretario, Jorge Álvarez Hot, hizo todo para obstruir el empréstito y terminar con CNI Canal 40, agregó Gómjez Leyva en su columna de Milenio Diario el 16 de febrero pasado. La SCT guardó silencio (Gabriel Sosa Zócalo 66) cuando TV Azteca, en 1999 firmó con la estadounidense American Tower Corporation un crédito por 120 millones de dólares a cambio de permitir a esa empresa extranjera el uso de sus torres de transmisión, y en 2001cuando Televisa vendió a Promotora de informaciones S.A. (PRISA) de España 50 por ciento de Televisa Radio. El abogado de Canal 40, Javier Quijano, expuso que únicamente con la anuencia de la SCT se puede cambiar la señal de enlace que es del Cerro del Chiquihuite al World Trade Center (Milenio 220206) y ahora se hace de allí a TV Azteca. En conversación telefónica con Zócalo calificó de “atropello” y “usurpación” el uso de la señal de CNI. “No hay Estado de derecho, eso está claro, cada quien tiene su gober precioso y cada quien tiene sus jueces preciosos”. La SCT dio un aplazo para que Hernán Cabalceta se acredite como operador único de TVM. Entre quienes participarán en Proyecto 40 se encuentran antiguos colaboradores de CNI como Pilar Álvarez Lazo quien junto con Luis Niño de Rivera –director de Banco Azteca- conduce ahora el noticiario estelar llamado Informativo 40, Jorge Fernández Menéndez y David Páramo. Pilar Alvarez, ex conductora durante varios años con Ciro Gómez Leyva, del noticiario CNI y de otros programas, justificó su regreso a este Canal argumentando: “Proyecto 40 está diseñado como una señal televisiva de información y cultura. Su administración corre independientemente de Tv Azteca y tiene un consejo editorial autónomo. Para aceptar el espacio periodístico pedí que se me garantizara absoluta libertad editorial y de expresión” (El Universal 28 de febrero). marzo / 2006
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Opinión
Estocadas de cronistas contra toreros, desde la segunda década del Siglo XX La triste historia de la corrupción de la prensa en México se prolonga más atrás del sexenio de Adolfo Ruíz Cortinez, quien instauró el Día de la Libertad de Prensa. Nuevas versiones de la escritora Gabriela
García Padilla, remonta a la segunda década del siglo XX, la entrega de los “sobres” a los reporteros o cronistas que cubrían las corridas de toros. La maestra García Padilla relató meses atrás esa parte de la historia del periodismo que para muchos permanecía oculta, de la llamada fiesta brava, que hoy no se levanta de su crisis.
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Victor Becerril
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ara quien lo intente, resulta muy difícil descifrar la complejidad de una relación entre la fiesta brava y los medios de comunicación. Es otra vez el maridaje que nace desde hace muchos años entre el deporte y el entretenimiento como espectáculo –en este caso el taurino– y la necesidad de mantener el negocio mediante la difusión del triunfo y la derrota, o del resultado de una faena. Pero los toros como espectáculo son otra cosa. Amalgaman tradición, herencia cultural, arte, poesía, pero 50
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también poder, snobismo y corrupción. Verdad y falsedad al mismo tiempo, algo de lo que García Márquez llamó alguna vez realismo mágico, para referirse a una de sus obras cumbres. ¿Sabe alguien cómo se han construido los grandes mitos de la fiesta (y del deporte)? Mucho hay de verdad y mucho de soslayar la realidad, para no caer en el extremo y decir que de mentira, porque cuando el torero se equivoca suele pagarlo inclusive con la vida, y eso no es ficción. Así se concreta el interés hace algunos meses del Centro Taurino Potosino para incluir en su programa del
XVI Encuentro de Peñas Taurinas (grupos de aficionados a la fiesta de los toros) el tema ‘La crónica y la crítica taurina’, sustentada por la maestra Gabriela García Padilla, integrante del grupo Bibliófilos Taurinos de México. De qué otra manera se entiende la crítica de los propios expertos en tauromaquia, que señalan el mal momento por que el pasa actualmente la fiesta y la falta de calidad en todos sus aspectos, lo mismo en la baraja de toreros, que en la carencia de imaginación de las empresas y en la participación de la prensa.
Opinión Gabriela García Padilla sorprendió el 19 de noviembre del 2004 a quienes la escucharon referirse a la ‘Crónica taurina pagada’ con la que hacía referencia al trabajo que con ese título publicó la revista Tiempo en febrero de 1943, para denunciar públicamente la corrupción de medios informativos que en aras de sostener el espectáculo ‘sangraban’ a los toreros de la época, incluyendo a los mejores, como Lorenzo Garza, Pepe Ortiz y Silverio Pérez, quienes se veían obligados a deducir de su sueldo igualas para cronistas taurinos, agrupados para lucrar con los espacios periodísticos. Tiempo, revista semanal cuyo director era Martín Luis Guzmán, publicó durante varios meses el producto de sus investigaciones, aclarando que lo hacía por la exigencia y denuncia de algunos de sus lectores, para descubrir la esquilma de algunos periodistas a los toreros, lo que para algunos significó la ruina. De esta investigación podría deducirse que tal vez la corrupción en la fiesta de los toros sirvió como ejemplo para que esa práctica se reprodujera en otras fuentes deportivas, con otros reporteros que cubrieron fútbol, box y el béisbol, hace 50 años. Los primeros chayos para la prensa Esto fue lo que la concurrencia al Encuentro de Peñas Taurinas escuchó de parte de Gabriela García Padilla: “Nunca hubiera imaginado el fundador del periodismo taurino en México, don Julio Bonilla, editor de El arte de la lidia (1885), que su desinteresada afición serviría luego
Gabriela García
para mermar las ganancias de los toreros”, dijo ante el público potosino, que siguió el tema con interés. Aclaró
centenarios a los cronistas de los diarios matutinos; a los de la tarde como El Gráfico y El Mundo un centenario”.
que la corrupción no era exclusiva de periodistas mexicanos: “Esta situación también existía en España; la aparición de Joselito significó un río de oro para la prensa española. Se fundaron periódicos y desde entonces dejó de ser un secreto que los toreros gastaban el dinero en comprar a la prensa taurina. Para echar de España a Gaona (Rodolfo, torero mexicano), Joselito pagó a un periódico, mientras que Gaona fundaba el suyo”, siguió leyendo García Padilla, quien lanzó después una pregunta: “¿Qué pasaba en México? Muerto Venustiano Carranza se reanudaron las corridas de toros y surgió entonces la pugna Gaona-Sánchez Mejías, quien habló claro: 500 pesos a Monosabio, cronista de cabecera de Gaona, para atemperar un poco su gaonismo; 400 a Don Verdades, de Excelsior, y cuotas de 100 y 50 pesos por corrida para cronistas de menor importancia. “Así corrieron los años. Monosabio se hizo de una casa en Azcapotzalco; Don Verdades, Cascarrabias, Verduguillo, Juan Gallardo y Latiguillo (seudónimos de cronistas taurinos), eran la envidia del gremio. Cuando llegaban a México por primera vez los toreros españoles, preguntaban: ¿Cuál es la tarifa de Gaona? ¿Tanto?… Pues yo doy igual”. García Padilla comentó que algunos toreros se quedaron en la ruina por querer igualar las cuotas que pagaban los grandes toreros (como Gaona y Silveti) y “para que Luis Freg tuviera el dinero necesario para vivir, tenía que torear hasta en los pueblos”. “La cuota mínima para los toreros de primera fila era un centenario, pero Monosabio, cronista de El Universal, cobraba hasta 10 y 12 centenarios por corrida. Los toreros de tercera fila daban tres
Nadie era torero sin permiso Según el texto de Gabriela García el cronista Monosabio cobraba exclusivamente a los mejores matadores y señala: “Todos los toreros iban al besamanos a su casa los martes y nadie se podía hacer torero sin su permiso; como Armillita Chico no iba a visitarlo, emprendió una campaña contra él”. En otra parte de su texto la autora aseguró que los toreros españoles tenían la obligación de pagar a la prensa mexicana para que los tratara bien. “Ante la evidencia de actos de co-
Foto: archivo
rrupción, los gerentes de periódicos como El Universal, Excélsior, La Prensa y El Nacional acordaron dejar de publicar crónicas taurinas al término de la temporada. Eso llevó a que algunos periodistas trabajaran en casa y compraran después el espacio en los medios informativos para publicar sus crónicas. “Verduguillo decidió comprar por contrato un espacio semanal en El Universal; Monosabio pasó a La Afición, donde pretendió seguir dominando a los toreros y como Balderas no marzo / 2006
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Deportes
acató su voluntad, lo persiguió toda su vida, y Armillita tuvo que ceder ante el tiraje de La Afición. Otros cronistas compraban planas de Excélsior, La Prensa, El Nacional. aunque naturalmente que lo hacían con el dinero de los toreros”, señaló García Padilla. Como este arreglo no era lo más adecuado, porque los periodistas se convirtieron en una especie de cobradores detrás de cada torero y los editores de los diarios no querían ‘fiarles’ el espacio, apareció Ricardo Toledo, “quien formó una organización para controlarlo todo. ¿De qué manera? Con mucho dinero. Él compró los espacios pagando por adelantado. Cobraba a los toreros y a las empresas, contrató a los cronistas –a quienes les evitó la molestia de andar detrás de los apoderados–, y ante esta propuesta todos aceptaron. Sólo El Universal y El Nacional prefirieron seguir solos. Toledo, sólo por cobrar y pagar se quedaba con el 50 por ciento del dinero involucrado. Los cronistas sólo tenían que escribir con desbocado verbo y pasar a cobrar puntualmente”. También los fotógrafos Según explicó en San Luis Potosí la maestra García Padilla, el ejemplo cundió y fue creada una organización 52
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de fotógrafos que vendía juegos de fotos a los toreros en sus mejores lances… pero si no los querían se arriesgaban a que circularan imágenes de sus momentos más infortunados. En la década de los 40 surgió un personaje de la crónica, Pepe Alameda, quien cobraba 100 pesos por corrida a cada torero sin la intervención de Ricardo Toledo, aunque algunas de las figuras consideraban que el pago lo hacían con gusto porque se trataba del mejor en su especialidad. Con el auge de la radio, señaló en su conferencia Gabriela García Padilla, vinieron nuevos personajes a incluirse en las ‘nóminas’ de los toreros, como fue el caso de Paco Malgesto, de quien comentó que cobraba 150 pesos al primer y segundo espada; 100 pesos a los ganaderos y 75 pesos a la empresa, aparte de su sueldo de 87.50. Por cierto, Tiempo difundió que en ocasión del retiro del legendario Lorenzo Garza, la Unión de Cronistas Taurinos le mandó aviso de que le cobraría cuota doble. En su edición del 25 de abril de 1943, la revista hizo pública una frase que trascendió por su crudeza, atribuida a Don Dificultades, quien señaló: “Los cronistas son como las mujeres públicas”. ¡Oiga Usted!
Paco Malgesto
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Expulsado de la unión, Don Dificultades –José Jiménez Latapí, conocido también como El ogro de Pino (por la calle donde vivía)– formó un grupo de
Pepe Alameda
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apoderados, para oponerlo al de los cronistas. 2006, la fiesta en crisis Para Gabriela García Padilla, la ponencia presentada en San Luis Potosí no tenía ninguna intención de inferir corrupción en la actual crónica taurina, sino que obedece al interés de las peñas. “Nada nos provoca ya tanto asombro porque nuestro país ocupa el segundo lugar mundial en los niveles de corrupción. No dejé puntos suspensivos después de mi disertación –agrega García Padilla–, porque el resultado fue conocer cómo se sangraba a los toreros y mucha gente se decepcionó. Eso ha sido de toda la vida, porque esto no es sólo de México ni de ahora, sino que se practica desde hace muchos años”. Al preguntarle si le son más útiles a las empresas los periodistas corruptos que quienes no lo son, señala: “Los que se corrompen le hacen más daño a la fiesta, porque desorientan a quienes no saben ver toros”. – Pero entonces qué es mejor para un empresario, se le preguntó. “Tener cronistas veraces. La fiesta es muy subjetiva y tú puedes decir lo que quieras, aunque no sea cierto, pero aquí, si el periodista engaña. Habrá quién sí conozca y lo descubra”. Al referirse a cronistas que se distinguen por sus conocimientos y que están bien informados, Gabriela García Padilla cita a Leonardo Páez, de La Jornada. También cita a quien escribe con el seudónimo de El Bardo, en La Prensa. Según El Bardo de la Taurina, citado por la autora en su texto: “en la actualidad la relación entre los medios y la fiesta brava, no hay nada nuevo.
Deportes La diferencia son los medios de difusión, pero todo tiene un origen entre los toreros, apoderados, promotores, escritores, algunos editores y dueños de periódicos y gente externa que vive de ella”. “La fiesta es un negocio que padece por falta de toreros. La empresa los ha vendido y si en el cartel aparece un Pito Pérez, los que hacen grande el cartel son quienes se prestan para ello. ¿Hasta dónde llega el reparto?, no lo sé”, agrega. La autora dice de Páez: “Se distingue por exponer temas que seguramente incomodan a los empresarios taurinos, como se lee en su columna La fiesta en paz, del 2 de septiembre del 2002. ´Alguien pidió mi opinión de la actual fiesta de toros en México, y le respondí: Pretenciosa pero grotesca, como un concurso de belleza donde las participantes, ligeras de ropa, lucen... várices y juanetes. La rica tra-
dición taurina mexicana, surgida con la raza, el idioma y la religión, hace tiempo abjuró de una ideología congruente y eficaz en torno a la fiesta de toros, y el fantasma de un nuevoriquismo frívolo y distorsionador, asfixia tan original y emocionante espectáculo´. A manera de colofón y más allá de los asuntos del ruedo, tratar de someter a gran parte de la prensa pone en riesgo inclusive a los propios espectadores. Dedicados estrictamente en su mayoría a escribir solamente de la corrida, los medios suelen ignorar incidentes que ocurren a su alrededor, como el ocurrido durante una corrida de toros, en la que un aficionado fue golpeado impunemente por un “torero”. Como si Monosabio y Don Dificultades vivieran todavía para someter conciencias.
Rodolfo Gaona
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La prensa taurina ya no existe en México: Julio Téllez En una entrevista publicada en noviembre del 2004 en la página de internet opiniónytoros.com, el periodista Pla Ventura preguntó al cronista Julio Téllez, conductor del programa Toros y Toreros en Canal 11, acerca de la relación prensa y fiesta brava. -¿Cuánto dinero se gasta un torero mexicano sobornando a un crítico? Se lo preguntó porque en España, estas tarifas están muy altas, y le pregunto esto, porque como todo mundo sabe, usted no tiene precio. - En primer lugar, ya no hay críticos, sólo un periódico, La Jornada, hace crítica. Los demás son cronistas o reseñadores de corridas. La gran prensa taurina en México ya no existe y en consecuencia los grandes embutes o los sobres gordos ya no existen porque tampoco existen toreros importantes que cobren mucho y paguen mucho. Esa etapa casi se acaba en México. Los dos o tres toreros que cobran un poco más, como hormiguitas guardan sus escuálidos ingresos. La empresa de la Plaza México es la que paga algún dinerillo a unos, no muchos locutores o cronistas. El propio empresario lo ha dicho, me lo ha dicho personalmente en alguna reunión de irreconciliación que hemos tenido, y no pasa de cinco mil pesos mensuales… unos 340 euros, por persona. Lo que no sé si les paga todo el año o solamente en corridas o novilladas. Por ahí en mis papeles viejos, tengo un bien documentado archivo con la historia de la extorsión a los toreros de México y España. Fue don Carlos Cuesta Baquero, que se hacía firmar Roque Solares Tacubac, soberbio crítico, historiador y cronista taurino, quien denunció e historió el inició del ‘sobre’ en México. Fue Carlos Quiroz ‘Monosabio’ un gran intelectual del toreo, seguramente el más sabio y el más poderoso periodista taurino de
fines del primer decenio del siglo XX hasta mediados de los cuarenta, que con toda clase de procedimientos extorsionaba a los toreros, fundamentalmente a los españoles, hasta que Antonio Márquez, con gran carácter y mucha decisión lo denunció públicamente y logró que lo echaran del periódico El Universal. Otro gran periodista y hombre de letras, Martín Luis Guzmán, autor de El Águila y la Serpiente, hizo la denuncia más dura en su revista Tiempo, sobre las pillerías de los periodistas taurinos. Nos cuenta, por ejemplo, que los periodistas taurinos se presentaban religiosamente por las mañanas todos los lunes y todos juntos en las casas de los toreros actuantes, para cobrar a como diera lugar ‘su dinerito’. Un día, un torero se les murió, a Félix Guzmán lo mató un novillo y los malvados fueron a donde estaban velando el cuerpo para cobrarle a la infortunada madre. Los toreros mexicanos ya no tienen mayor riqueza para abrir las alforjas. Los dos españoles Juli y Ponce, vienen contratados y asegurados contra todo y contra todos, incluyendo autoridades… y periodistas. Es la empresa la que paga, unos cuantos pesos por decir que la plaza está llena cuando está casi vacía, ella ordena y paga lo que se tiene que decir y los que no aceptan sus condiciones, pues, fuera, somos enemigos mortales de la fiesta y hay que destruirnos a como de lugar. Así están las cosas y no hay para cuando mejorarlas. Por fortuna, poco a poco se consolidan jóvenes periodistas, que, egresados de las universidades en la especialidad de ciencias de la comunicación, se manejan con absoluta honradez y prometen desplazar muy pronto a lo que queda de la escoria periodística taurina que ha padecido la afición durante tantos años.
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Caja de luz
Furia y escape
Estaba sobre una barda viendo la discusión entre dirigentes sindicales, funcionarios, mineros, y los familiares de la gente atrapada en el socavón. Los soldados trataban de bajarnos a mi y a otro compañero, pero no lo lograron. Cuando los ánimos subieron la gente de seguridad comenzó a jalar al secretario del Trabajo, Francisco Salazar para meterlo a la explanada de la mina. Los sigo con el angular, y veo que se le deja ir un tipo que lo comenzó a jalonear. Aunque estaba retirado tiré la foto, la edité y quedó más o menos: Jorge Carballo/ El Universal , el 25 de febrero en la mina Pasta de Conchos. 54
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Humor Kemchs •
Tecnología de punta
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