Zócalo 89 by Zócalo Noticias

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Contenido

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Catedráticos y analistas en la UNAM.

¿Qué hará Calderón con la Cofetel?

Día histórico, 5 de junio: murió la Ley Televisa.

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MESA DE REDACCIÓN

Cofetel, cabeza de playa CARTON DE LUY

Escudero PARA SEGUIRLES LA PISTA

Los senadores Televisa y TV Azteca... PORTADA

La ley que necesitamos

Alma Rosa Alva de la Selva

¿Qué hacer?

Javier Esteinou Madrid

La disputa por el espectro radioeléctrico Raúl Trejo Delarbre

¿Qué hará Calderón? Jenaro Villamil

Abajo la Ley Televisa; arriba la Corte Javier Corral

Los 47 “abajo firmantes”

Dulce María Sauri Riancho

Concentración televisiva Fernando Butler Silva

MEDIOS DE SERVICIO PÚBLICO

Medios públicos después del 5 de junio Ernesto Velázquez Briseño

Trabajo común por medios públicos: Jorge Volpi

Zócalo, comunicación, política y sociedad Es una publicación mensual editada en México DF., por Proyectos Alternativos de Comunicación, S.A. de C.V., Reserva exclusiva título núm. 04–2000–090816141800–102, Número de certiﬁcado licitud de título 12280. Número de certiﬁcado de licitud de contenido 8943. Número ISSN 1665–8698. Domicilio:Calzada México Tacuba 235 cuarto piso, colonia Popotla, delegación Miguel Hidalgo. Tels.: 53416590 y 53416597, alternativamedios@prodigy.net.mx, periodicozocalo@hotmail.com. Internet: www.revistazocalo.com.mx. Impreso en los talleres de Expo & Ediciones; Sur 113 B # 2278. Col. Juventino Rosas. Del. Iztacalco. México 08700, D.F. Tel. 5741-2868. Precio por ejemplar: 20 pesos Suscripción anual: 250 pesos por 12 números Distribución: Publicaciones CITEM, S. A. de C.V. Tel.: 52380200. En Sanborns en toda la república. EDUCAL, S.A. de C.V. Tel: 53544037, 53562815. En el Distrito Federal, Edo. de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Guerrero.

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ELECCIONES 2006

Tenemos una “presidencia capturada”:

Jenaro Villamil

En 2006 “el fraude más documentado”: Federico Arreola

Los medios públicos después de la

A un año del 2 de Julio

resolución de la Suprema Corte

Érika Loyo Beristáin

El Estado, al servicio de los poderes fácticos Jaime Cárdenas á árdenas

DERECHOS HUMANOS

Marín... ¿será castigado? Beatriz Mojica

El gobierno de Calderón otra vez ante la CIDH Balbina Flores Martinez

PERIODISTAS

La guerra sucia del 2006, documentada.

¿Sirven los narcos al buen periodismo? José Reveles

COMUNICACIÓN

Perversos, los monopolios mediáticos: Román Gubern

¿Sirven los narcos al buen periodismo?

Somos ciber-nómadas: Eric Mcluhan INTERNACIONAL

Sicko, de Michael Moore Naief Yehya LIBROS

Narcotráfico, el gran

Director General: Carlos Padilla Ríos Portada y Diseño Gráﬁco: Sergio Romero Sánchez Diseño Original: Elina Vilchis Corrección de estilo: Samuel Sánchez Fotografía: Iván Bustamante, Cuartoscuro Reporteros: Balbina Flores Martínez, Ricardo Martínez, Primavera Téllez Girón, Atziri Ávila, Zósimo Díaz, Adrián Barreto Bedolla, Gerson Hernández, Víctor Becerril Comité de Redacción: Beatriz Solís, Javier Corral Jurado, Jenaro Villamil, José Reveles,Rogelio Hernández López

Colaboradores: Luis Miguel Carriedo, José Luis Martínez, Graciela Ramírez, Agustín Ramírez, Gabriel Sosa Plata, Jorge Meléndez, Pablo Arredondo, Francisco Hernández Lomelí, Andrés De Luna, José de Jesús Guadarrama, Víctor Becerril, Jorge Pulido, Raúl Valencia, Rocío Casillas Aceves, José Luis Durán King, Agustín Pineda, Claudia Benassini, Naief Yehya, Antonio Medina, Raúl Trejo Delarbre, Rafael Luviano, Elvira García, Octavio Islas Caricaturistas: Hernández, Luy Luy, Jans, Bogotá, Kemchs, Gallut

Esto va a doler un poco.

Consejo Editorial :Alma Rosa Alva De La Selva, Irma Ávila, Javier Esteinou, María Victoria Llamas, Carlos Mendoza López, Jorge Meléndez, José Palomo, Octavio Islas Carmona, Graciela Ramírez, Ernesto Villanueva, Manuel Gutiérrez Oropeza†. Circulación: Martín Cárdenas Se Secretaria: Concepción Villegas

Contacto: alternativamedios@prodigy.net.mx En Internet: http: //www.revistazocalo.com.mx http://revistazocalo.blogspot.com

ZÓCALO

MESA

DE REDACCIÓN

Cofetel, cabeza de playa

A pesar de la vergonzante derrota infringida a los promotores directos

e indirectos de la Ley Televisa, gracias a la acción de inconstitucionalidad de los 47 ex senadores y al juicio razonable de los nueve ministros de la Corte, los concesionarios de radio, televisión y telecomunicaciones mantienen un bastión fundamental en la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), en especial con el presidente del organismo, Héctor Osuna, quien ha hecho de la defensa del empresariado voraz, una cruzada en detrimento del Estado mexicano. El propio secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez ha reiterado la denuncia de “la captura” que del órgano regulador, han realizado las empresas reguladas. Acusación gravísima de una secretaría de Estado contra una institución de menor jerarquía. Y, sin embargo, a tres meses de la denuncia de Téllez (3 de abril), el responsable de la Cofetel continúa en su cargo. La composición del organismo continúa inalterable, aunque las imputaciones por irregularidades en el funcionamiento de la Cofetel también surgieron de los ministros, durante el análisis de la acción promovida por los ex legisladores, en que la Corte determinó la inconstitucionalidad del Artículo 9-C, que permitía a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente -en su caso-, objetar los nombramientos o

renovar a los comisionados de la Cofetel, propuestos por el presidente. La Corte confirmó las facultades del Ejecutivo para ratificar o deponer a los cinco integrantes del organismo regulador, reafirmando la rectoría del Estado en esta importante materia, en que la actuación del Ejecutivo sigue siendo omisa, pero si a Calderón los motivos expuestos no le resultan suficientes para remover a los comisionados “capturados” por las empresas, en mayo pasado el juez duodécimo de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, Miguel de Jesús Alvarado, resolvió, en el amparo 619/2006, que los nombramientos de los comisionados de Cofetel, Eduardo Ruiz Vega y Gerardo Francisco González Abarca, “son consecuencia directa de actos violatorios de la Constitución, por lo cual no pueden seguir surtiendo efectos” y deben abandonar sus cargos, como consecuencia del pleito legal que mantienen con Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous, subsecretario y director de asuntos jurídicos de la SCT. Motivos sobran para que el Ejecutivo Federal haga uso de sus facultades y limpie a la Cofetel de los funcionarios, que como lo acepta el propio Osuna, están en sus cargos para proteger a los empresarios del sector, y no a los intereses del país. Además, sería necesario que una nueva legislación garantice la autonomía e independencia de la Cofetel para evitar que el espectro radioeléctrico sea controlado por grupos de poder fáctico.

Matan a Monitor radio; Gutiérrez Vivó acusa a GRC, Fox y Calderón

onitor, “murió” a las 10:00 horas del viernes 29 de junio, después de 33 años al aire, debido al boicot publicitario del gobierno federal y empresas privadas a ese espacio, acusó José Gutiérrez Vivó, conductor del noticiario, antes de cerrar su micrófono, y reiterar sus denuncias contra Vicente Fox y Felipe Calderón. Uno de sus principales colaboradores, Miguel Ángel Granados Chapa, entrevistado por Zó Z calo, recordó el papel de la familia Aguirre Gómez y Grupo Radio Centro (GRC) en el cierre: “fue fundamental, por su falta de palabra”; el GRC adeuda a Monitor más de 21 de millones de dólares y en vez de recibir el pago, tuvo que invertir en su defensa jurídica. Así, “la insolvencia, la escisión del GRC y de la familia Aguirre fueron factores decisivos”.

Aplaza SCJN resolución del caso Lydia Cacho

La Suprema Corte decidió, ocho votos a tres, aplazar la resoluciónn del caso Lydia Cacho, hasta que su Comit Comité de Reglamentos elabore un protocolo de indagación. Previamente, el Ministro Juan Silva Meza, expuso, entre otras conclusiones de su investigación, el “concierto de autoridades” de Puebla y Quintana Roo “para violar derechos fundamentales de la periodista”; ataque sistemático áático tico a garant garantííías as de menores de edad; y competencia del Congreso para decidir la procedencia de juicio político íítico al gobernador de Puebla. Respecto a las autoridades involucradas: las legislaturas de cada estado son responsables de proceder, en su caso, contra Guillermo Pacheco, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla (TSJP) y los procuradores de Puebla y Quintana Roo; al TSJP toca decidir sobre Rosa Celia Pérez González, áález, lez, juez Quinto Penal; y al Ministerio PPúúúblico blico de ambos estados la acción penal por delitos contra la administración de justicia y colusión entre autoridades.

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FRASE DEL MES

La Cofetel defiende a los empresarios Nosotros no damos servicio al usuario ﬁnal. Es decir, el Estado mexicano no ofrece teléfonos, no ofrece internet, no ofrece eso. Bueno, en políticas que se dan a través de la secretaría, nosotros lo que ofrecemos es vigilar a la iniciativa privada que invierte; darle las facilidades para que lo haga en un ambiente competitivo... Héctor Osuna, presidente de la Cofetel, deﬁende a la iniciativa privada, en detrimento de su función como servidor público. En entrevista con Carmen Aristegui (W Radio, junio 13).

EL CARTÓN

DE LUY

Escudero

ZÓCALO

PARA SEGUIRLES ◆

LA PISTA...

Los senadores Televisa y TV Azteca

Jorge Mendoza Garza

l Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española deﬁne a la palabra lacayo como: un “criado de librea cuya principal ocupación era (es) acompañar a su amo en sus desplazamientos”. Los comportamientos de los senadores Javier Orozco Gómez y Jorge Mendoza Garza encajan en ese concepto, por la compañía brindada a los barones de la televisión mexicana: Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego. Orozco Gómez, ha sido Abogado General de Televisa, y en la pasada legislatura fue el Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía en San Lázaro, justo Javier Orozco Gómez cuando se aprobó la desaparecida Ley Televisa. Aunque fue postulado como suplente de la senadora Irma Ortega Fajardo; ésta renunció al cargo el primer día de la actual legislatura para ceder su curul a Orozco. Javier Orozco Gómez es uno de los 327 ex diputados que aprobaron por unanimidad las leyes federales de Radio y Televisión, y Telecomunicaciones, en diciembre de 2005. Actualmente, es uno de los 19 diputados “afortunados” que pasaron a ser senadores en la LX legislatura. Además, el representante de la familia verde ecologista en Xicoténcatl, es integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Jorge Mendoza Garza es ﬂamante senador por el Partido Revolucionario Institucional, y nada menos que Presidente de la Comisión de la Defensa Nacional. De 1994 a 2006 trabajó como Vicepresidente de Información y Asuntos Públicos, de la Señal Con Valor. Y, entre 2002 y 2004 dirigió a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. ¿Qué estarán fraguando ambos personajes ahora que les mataron a la gallina de los huevos de oro, es decir a la Ley Televisa? Habrá que seguirles la pista.

◆ Kellogg ś es demandada por

publicidad engañosa

a organización no gubernamental, El Poder del Consumidor demandó ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y las secretarías de Salud y Gobernación a Kellogg ́s Company de México, por emitir “publicidad engañosa que promueve hábitos alimenticios inadecuados para los niños”. Los días 4 y 11 de junio, esta asociación civil denunció además, el uso manipulador del Tigre Toño en anuncios televisivos. Según el personaje, “un verdadero tigre se hace entrenando duro y desayunando Zucaritas que te llenan de energía para ganar”. Lo que no se dice en el anuncio es que el producto contiene 40 por ciento de azúcares. En Estados Unidos el 18 de enero, la misma transnacional ha sido receptora de otra demanda, al igual que Viacom (propietaria del canal infantil Nickelodeon,) por parte de Center for Science in the Public Interest y Camping for a Comercial-Free Childhood , “por la publicidad de alimentos de baja calidad nutricional en horarios (en que) los televidentes son niños menores de ocho años”. En México, Profeco dio luz verde a la denuncia –la cual sigue su curso–. En Estados Unidos la empresa de cereales llegó a una negociación con los demandantes, para que no presentaran la queja; a cambio de que Kellogg ́s regulara su publicidad hacia los menores. Además, personajes como El Hombre Araña y Shrek, no podrán ser empleados en sus empaques para niños menores de 12 años, cuando haya más de 12 gramos de azúcar por porción. La publicidad de la ﬁlial que opera en México atenta contra diferentes leyes, como la General de Salud, la Federal de Protección al Consumidor y la Federal de Radio y Televisión. El argumento principal es que “utilizan todos

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los recursos para engañar a los niños”, aﬁrma Alejandro Calvillo representante de la organización mexicana. A la demanda se han sumado 250 personas por vía electrónica. Esas acciones se pueden respaldar en la dirección electrónica www.elpoderdelconsumidor.org ¿Qué harán al respecto las autoridades mexicanas?

◆ Pegaso reta a Televisa

l grupo Pegaso ofrecerá, a partir de 2008, su oferta de televisión restringida satelital directa al hogar (DTH, por sus siglas en inglés), que incluirá conexión a Internet. Tras la quiebra, hace dos años, del Grupo Galaxy Mexicana, operadora de Direct TV en México, el consorcio de Alejandro Burillo intentará competir con el único proveedor de este servicio, Sky, propiedad de Grupo Televisa, para obtener el 10 por ciento del mercado en los próximos cinco años. Con la concesión, otorgada por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), a la empresa de Burillo en febrero pasado, la ﬁrma se prepara para arribar al sector con la mejor tecnología. El vicepresidente de Grupo Pegaso, Alejandro Orvañanos, aﬁrmó que su producto “se distinguirá de la competencia por la oferta de Internet y telefonía, además del sistema de televisión restringida, el triple play” (Reforma, 26 de junio), por lo que sólo están a la espera de la liberación de una concesión de telefonía. Pegaso ha adelantado que explotará el modelo must offer, que obliga a las empresas de televisión abierta a distribuir sus contenidos a todos los proveedores de TV restringida. Así, las señales de TV Azteca y Televisa serán incluidas en la parrilla de programación del nuevo jugador de televisión satelital. Habrá que dar seguimiento a las respuestas que el emporio de Azcárraga empleará para hacer frente a tamaño desafío.

◆ Canales digitales para el GDF y TV UNAM

l Gobierno del Distrito Federal (GDF) y TV UNAM solicitaron a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), permisos para operar canales digitales. El GDF hizo la petición para operar el Canal 21, a través de un documento que indicaba: “Como se verá en el dictamen técnico, solicitamos la frecuencia del Canal 21 de UHF” (Reforma, 30 mayo 2007). Por su parte, el rector Juan Ramón de la Fuente mencionó que “tenemos ya el permiso... en televisión abierta en un perímetro acotado, con una potencia limitada... va a ser el Canal 20” (El Universal, 16 de junio). No obstante, ambos canales serán digitales. Al respecto, el Doctor Raúl Trejo Delarbre ha comentado “no entiendo por qué ambas instancias aceptaron dichas concesiones, si los canales digitales y analógicos contienen el mismo ancho de banda de seis megahertz. Lo que menos entiendo es por qué aceptan -cada uno por separado- estos canales de difusión restringida... dicen que el GDF tiene planes para dotar de convertidores a varios millones de habitantes de la Ciudad de México y del Valle de México (es raro, porque no gobierna Naucalpan, por ejemplo), tienen un plan para comprar 8 millones de convertidores a una empresa China, que costarán menos de 10 dólares cada uno, y con ellos los que tienen televisiones analógicas podrán ver las versiones digitales. La pregunta sería por qué el GDF les va a hacer a las televisoras privadas el trabajo de convertir los televisores. Nuestras preguntas son ¿Por qué la UNAM no ha reivindicado la idea de tener un canal de verdad?, y ¿Por qué los representantes de la ciudad “con movimiento”, solicitaron una señal de poco movimiento en el espectro radioeléctrico? Más claro...

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PORTADA Alma rosa alba de la selva

La Ley que necesitamos

on el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que echó por tierra la llamada Ley Televisa se cierra un episodio más de la larga trama en la búsqueda de una reforma democrática al marco legal de los medios de comunicación, cuyos capítulos sería extenso reseñar aquí, porque se remontan a tres décadas atrás. Esa legislación se conﬁguraba ya como el mayor triunfo político, aunque nada despreciable en lo económico, de la poderosa industria de los medios electrónicos, desde el nacimiento mismo de la radio en México, con todo y las victorias que tal industria había conseguido en años recientes. El objetivo de la Ley Televisa por dominar el espectro radioeléctrico (espacio propiedad de la nación por el que transitan las ondas de radio y televisión), y también las señales de las tecnologías de la información y la comunicación, ha quedado al margen. Con ello se cierra un episodio sobre las nuevas reglas para el funcionamiento de los medios electrónicos y las telecomunicaciones, ahora estrechamente imbricados con la convergencia tecnológica, que los asocia y fusiona. Se abre otro capítulo, muy importante, quizá decisivo, que tiene como punto de arranque el contundente dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como insumo fundamental las propuestas y recomendaciones, recogidas en distintos momentos y foros a lo largo de los años, que fueron vertidas por muchos ciudadanos quienes, como nosotros, estamos convencidos de que el país está, hoy más que nunca, en su etapa de migración hacia los escenarios digitales que deben funcionar de acuerdo con el interés público y no a partir del beneﬁcio de particulares. Se abre un período cuyo objetivo central está en que, ahora sí, se formule una El turno del Congreso.

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auténtica reforma integral y democrática para la actividad de los medios, en la perspectiva de la convergencia tecnológica, o de que incluso se formule una nueva ley. Esa fase, a la que podríamos titular “La Reforma que Necesitamos” o “La Ley que Necesitamos” ha comenzado a escribirse ya, con discusiones públicas, debates en el Congreso que apuntan a ventilar cómo debe ser el marco legal en la materia, de frente a los problemas y necesidades que enfrentamos. Los tiempos que vienen no serán fáciles, los intereses del poderoso sector radiotelevisivo y de las telecomunicaciones continúan intactos, ahora estos consorcios están haciendo el “recuento de daños”, con el fin de redefinir su estrategia para influir en el marco legal que surja. Está también presente la complejidad de la agenda en el tema, llena de asuntos pendientes, con viejos y nuevos problemas que es preciso atender. El que sigue es el momento del Congreso, es difícil e implica grandes retos. Con una visión de conjunto de la problemática del marco legal y a la luz de los criterios y directrices generados en las discusiones de la Corte, los legisladores habrán de revisar los aspectos de la vieja Ley de 1960 que, con todo y su obsolescencia, continúan operando; así como los rubros de la Ley Federal de Telecomunicaciones que habrán de funcionar en términos supletorios y los artículos de la Ley Televisa que continúan en pie. Es necesario que los legisladores consulten los proyectos legislativos que ya contaban con un importante avance y que fueron frenados por los mismos poderes fácticos que impulsaron la legislación que también llegó a ser llamada la Ley de la Triple T (Televisa, TV Azteca y Telmex). Me refiero al predictamen de la Ley Federal de Radio y Televisión, derivado de la Iniciativa Ciudadana entregada al Congreso en diciembre del 2002, y al predictamen para una nueva Ley Federal predictam de Telecomunicaciones, de mediados de ese mismo año. Ambos proyectos deben ser materia fundamental para formular una reforma democrática y apropiada para el

dinámico escenario de la convergencia, en el cual los dos sectores, la radiodifusión y las telecomunicaciones, se están internando en los albores del desarrollo de la Sociedad de la Información en nuestro país. El tiempo apremia. Los minutos políticos han comenzado a correr para la nueva ley que es preciso impulsar, en especial por el deslizamiento de argumentos, que pueden ser estrategias dilatorias, los cuales señalan que elaborar el nuevo marco legal se llevará mucho tiempo, o que existen otros temas que es necesario anteponer. Se impone preguntar ¿cómo tendrá que ser esa reforma, esa nueva ley que necesitamos? Habremos de responder a dicha pregunta, no a partir de una lista de meros ideales que quisiéramos alcanzar, sino con base en las necesidades de la sociedad mexicana y las propuestas sociales vertidas a través de años de discusión pública que hoy deben ser recuperadas para construir esa nueva ley, así como de los argumentos centrales empleados por la Corte para su dictamen. Podríamos decir entonces que: Necesitamos una ley que ante el nuevo escenario de la convergencia tecnológica asegure y refuerce la rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico, de frente a los proyectos e intereses de los consorcios dominantes de la radio, la televisión y las telecomunicaciones. Esa legislación deberá asegurar la utilización social del espectro radioeléctrico, para que el Estado esté en posibilidad de formular una política para construir una Sociedad de la Información más equitativa y con una visión democrática; Necesitamos una ley de la que surja un órgano regulador verdaderamente imparcial, autónomo y con participación ciudadana, cuyas decisiones estén libres de conﬂictos de intereses y ofrezcan la seguridad jurídica necesaria a quienes forman parte del sector de la radiodifusión y de las telecomunicaciones; Se requiere frenar y acotar los esquemas de concentración ya existentes en ambos sectores, para que no se vean transferidos y ampliﬁcados en el naciente escenario de la

Sociedad de la Información. Necesitamos una ley que, de una vez por todas, abra paso a la competencia, para que exista en México no sólo una tercera cadena de TV, sino una cuarta o más, que aporten una diversidad tan necesaria hoy en día en la televisión del país. Necesitamos una ley que regule la publicidad en radio y televisión, de manera que el interés comercial no afecte los contenidos ni los derechos de los públicos de los medios. Necesitamos una ley que garantice, en la radio y la TV, el ejercicio efectivo del derecho de réplica (hoy impracticable) y el derecho a la información, que constituyen derechos ciudadanos básicos. Necesitamos una ley que haga posible que contemos con medios auténticamente públicos, con una figura jurídica que los sustente y con participación de la sociedad, y no medios entendidos como gubernamentales o hasta entendidos como oficiales. Necesitamos una ley en la que tenga cabida la radio comunitaria y que permita que los pueblos indígenas puedan generar, operar y administrar estaciones de radio y canales de TV. Necesitamos una ley que, reconociendo la importante finalidad social de los medios culturales y educativos, les ofrezca condiciones para su óptimo desarrollo, con el objetivo de que grupos más amplios de la sociedad mexicana puedan aprovechar sus beneficios. Necesitamos una ley que cierre el paso a la contratación de propaganda política por los partidos, convertidos en clientes de las empresas televisivas, mecanismo que se ha traducido en una cuantiosa transferencia de recursos públicos a las mismas. Es indiscutible la necesidad de debatir las características de esa ley que necesitamos en estos momentos, en los cuales la cuestión de los medios ha saltado a la primera escena nacional y revelado, para mayores sectores

Marcha vs Ley Televisa.

de la sociedad, su relación con el avance o los pasos atrás del proceso hacia la democracia en México. Aun cuando hoy, muchos consideramos que están puestas las bases para una reforma o una ley democrática en este campo, sabemos que los tiempos que corren, como están las cosas en el país, no son fáciles y que por tanto llegar a ello no será sencillo. Tenemos también serias reservas respecto al trabajo del Congreso, donde hacen falta solidez y proyecto frente al tema, además de que en su interior, como es sabido, los consorcios mantienen sus ﬁchas, las cuales activarán en su próxima operación política. Por ello requerimos, demandamos un Congreso a la altura de las circunstancias, que esta vez anteponga el interés nacional y no use su propuesta legislativa como moneda de cambio. Requerimos de un Congreso que actualice e incorpore las propuestas que por años, y sostenidamente, han presentado diversos grupos de la sociedad mexicana y que hasta hoy han sido dejadas de lado. Un Congreso, en suma, que formule esa ley que necesitamos, que habrá de ser pieza fundamental para la Reforma del Estado y el avance de la democracia en México. alvadelaselva@hotmail.com ZÓCALO

Foro Balance de la Ley Televisa, 20 de junio. Foto: Mireille Campos / CEIICH

Javier Esteinou Madrid

l mes de junio del 2007 en México no sólo continuaron el combate contra el narcotráﬁco, la discusión por la ley del aborto, y mayores manifestaciones populares contra la ley del ISSSTE, sino por encima de todo, fue el momento en que se corrigió una tremenda desviación ideológica, política y económica que arrastraba la historia reciente del país con la aprobación de la Ley Televisa. El 7 de junio, Día de la Libertad de Prensa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló los aspectos centrales de la Ley Televisa y colocó el mandato de la Constitución mexicana por encima de los intereses de los poderes fácticos informativos, que ya la habían rebasado con impunidad, exceso, cinismo y prepotencia desde décadas anteriores. La decisión de la Corte es un evento de enorme trascendencia histórica que contribuyó, signiﬁcativamente, a reposicionar al Estadonación como instancia rectora del país frente a las fuerzas monopólicas de la posmodernidad tecnológica y política, encarnadas en los poderes fácticos informativos que erosionaron drásticamente la centralidad, soberanía y

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¿Qué hacer? misión del Estado mexicano. Guardando toda proporción histórica, la acción de la Corte en el terreno comunicativo fue un acto equivalente al que ejerció Benito Juárez el 12 de julio de 1859, cuando decretó las Leyes de Reforma para limitar el enorme poder ideológico-político que alcanzó la iglesia cuando obstaculizaba el proceso democratizador de esa época. La Corte corrigió la enorme tendencia errática que autorizaron dos poderes de la República, rendidos a los monopolios mediáticos, que reproducía un futuro comunicativo autoritario, asﬁxiante y excluyente; colocando los límites jurídicos mínimos para que la comunidad nacional pueda producir otro futuro, participativo, plural e incluyente. Frente al vergonzoso y deplorable comportamiento del Poder Ejecutivo y de una parte mayoritaria del Poder Legislativo, al aprobar y luego promulgar, respectivamente, la Ley Televisa; el Poder Judicial de la Federación, dio un ejemplo de responsabilidad y nacionalismo al demostrar cómo un poder republicano se debe comportar con autonomía e independencia, para salvaguardar las necesidades comunicativas de

la población ante los intereses y las presiones de los grandes monopolios mediáticos.

Construir otro futuro

Los poderes Legislativo y Ejecutivo deben crear las condiciones políticas para elaborar otro marco jurídico, éste democrático, en materia de la radiodifusión, que rescate los derechos comunicativos mínimos de la mayoría de la población, demandados durante las últimas cuatro décadas. Ese otro marco legislativo democrático debe considerar: 1.- Una nueva ley para la radiodifusión y las telecomunicaciones nacionales, que incluya las necesidades comunicativas de todos los sectores y no sólo de los grandes concesionarios de la radiotelevisión. 2.- Legislar en materia de comunicación, sin rebasar los límites constitucionales que ﬁjaron los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia con el dictamen sobre la Ley Televisa, y considerar el mandato de la actual Constitución como esencia del proyecto marco jurídico comunicativo.

3.- No caer en el extravío de pensar que hay que partir desde cero, sino retomar las iniciativas, ya pulidas y enriquecidas, que se quedaron congeladas en el Senado de la República. Dichos proyectos son la Iniciativa Ciudadana Para la Reforma a la Ley de Radio y Televisión; y la Iniciativa para Reformar las Leyes Federal de Radio y Televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones. 4.- Que ese proceso legislativo y jurídico cuente con reglas de total transparencia y sin discrecionalidad política. 5.- Evitar que, en el nuevo proceso legislativo, quienes elaboren y dictaminen la siguiente propuesta jurídica para la radiodifusión y las telecomunicaciones sean juez y parte, es decir, sean concesionarios y legisladores, porque se mancharía y degeneraría radicalmente la dinámica y el resultado normativo en este terreno; y volvería a contrastar con el comportamiento altamente ético e imparcial que tuvo la Suprema Corte para dictaminar la Ley Televisa. 6.- Incluir, en la reforma del Estado, la revisión profunda del lugar y las funciones que han alcanzado los poderes fácticos informativos para reducir la soberanía y rectoría del Estado-nación mexicano; y legislar imparcialmente sobre esta realidad, para que se pueda dar la transición política a la democracia en el país. En síntesis, si los magistrados de la Corte, con su comportamiento institucional

ya comprobaron que “estaban hechos” de imparcialidad, moralidad, civilidad y constitucionalismo para enfrentar su deliberación frente a la Ley Televisa, ahora el Legislativo y el Ejecutivo deben demostrar públicamente al país si están hechos de equidad, justicia y republicanismo elementales para crear una nueva Ley Federal de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones que permitan la democracia y el crecimiento comunicativo, colectivo equilibrado; o simplemente continuarán con su comportamiento de clase política enana, que fortalece al Estado padrastro, con su consecuente subordinación cultural de la sociedad a la dinámica salvaje de los monopolios informativos en México.

Impacto de la decisión de la SCJN

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación produjo, entre otras, las siguientes ventajas: 1.- Cerró el paso a los tiempos de la Ley Televisa, que desde su aprobación y publicación por la Presidencia de la República en el 2006, se aplicaron durante más de un año y que representaron la creación de un ambiente de inconstitucionalidad, desigualdad, concentración, impunidad, corrupción y desconocimiento de los derechos comunicativos básicos de la población. Se rescataron las bases mínimas para los tiempos del Estado de Derecho Comunicativo. 2.- En comparación con la actuación de los poderes Legislativo y Judicial, se tuvo una Corte valiente, independiente, e imparcial que actuó, sabia, con base en el marco constitucional de 1917. 3.- Representa un ejemplo histórico de actuación en la división de poderes del Estado mexicano, al grado que el Poder Judicial corrigió jurídicamente los graves errores del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, e incluso le señaló su grave irresponsabilidad al haber permitido la omisión institucional en el proceso de aprobación de la Ley Televisa. Hereda una tradición

histórica valiosa para el futuro ejercicio autónomo de la división de poderes, y la aplicación de la Constitución mexicana. 4.- Coadyuva a encarrilar el proceso de la Reforma del Estado ante la necesidad urgente de fortalecer la posición del Estado, la República y la Constitución, por encima de los intereses de los poderes fácticos salvajes de los monopolios masivos de la difusión en México. 5.- Creó bases para la construcción de un proyecto republicano de comunicación que considere la rectoría del Estado y los principios constitucionales, como esencia del modelo de comunicación nacional, por encima de la dinámica, desregulada, de los intereses voraces de los oligopolios de la información. 6.- Rescató el proyecto de comunicación nacional, no desde las posiciones ideológicas de los partidos, entre grillas y presiones, sino desde el manantial de principios constitucionales que formuló cuál es el interés público que le corresponde al Estado; cómo ubicar los apetitos monopólicos; cuál es el lugar de los medios públicos y comunitarios, que se requieren para que exista democracia comunicativa. 7.- Las discusiones de la SCJN le dejaron a la sociedad mexicana una mina conceptual para reﬂexionar sobre las bases para reconstruir el modelo del Estado Nación, en el campo de la comunicación, y el papel de aquél ante la comunicación de la sociedad para construir un proyecto de comunicación equilibrado y no aprovechado y voraz. 8.- Al detener la Ley Televisa, los ministros aportaron jurisprudencia para trabajar en la reforma de los medios que tendrán que tomarse en cuenta, como diques constitucionales, que ya no se pueden volver a rebasar en reformas por venir a la radiodifusión y a las telecomunicaciones nacionales. 9.- El veredicto de la Corte dio un enorme impulso al proceso de la democracia en México, al consolidar apertura, pluralidad, división de poderes, competencia, criterios de igualdad, ciudadanización de los procesos comunicativos, y límites constitucionales a los poderes fácticos. jesteinou@prodigy.netz ZÓCALO

Raúl Trejo Delarbre

La disputa por el espectro radioeléctrico

l desmoronamiento de la Ley Televisa tiene consecuencias más allá de la televisión. La contrarreforma de 2006 no solamente establecía desmedidos privilegios para las empresas de televisión y radio que ya disponían de concesiones y que podrían utilizarlas para difundir otros servicios de telecomunicaciones, sin necesariamente pagar por ellos. Además, como insistimos en la edición anterior de Zócalo, la Ley Televisa ponía en manos de las corporaciones mediáticas el desarrollo ulterior de las telecomunicaciones en México como parte de un modelo que excluye el contraste, la competencia y la ciudadanización de los espacios de comunicación. Ese modelo excluyente ha quedado en suspenso, al menos durante el breve tiempo que transcurre entre las decisiones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó en los

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primeros días de junio y la reacción que esos fallos alcancen, tanto en el Ejecutivo Federal como, muy especialmente, en el Congreso de la Unión. Dos semanas después de la extinción que la Corte decretó contra la Ley Televisa, estaba pendiente la decisión que el presidente Felipe Calderón tomaría acerca de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. En tanto, al interior de todos los partidos políticos se extendían, no sin contradicciones, los propósitos para emprender una auténtica reforma del régimen para los medios de comunicación en México. A esas decisiones obedecerá la orientación del panorama comunicacional en este país, o para decirlo de otra manera, de las posiciones que prevalezcan en el Congreso y en la clase política mexicana dependerá el modelo de Sociedad de la Información que tendrá México

en las próximas décadas. En la abrogación de la Ley Televisa, los ministros de la Suprema Corte expresaron consideraciones muy críticas acerca de la concentración de los medios en este país y a favor del acceso de la sociedad a las posibilidades de la comunicación de masas. En sus deliberaciones subrayaron, sin denominarlos de esa manera, la confrontación que existe entre el modelo excluyente y el modelo ciudadano para el desarrollo de las telecomunicaciones en México

Más televisión o más deﬁnición

La Ley Televisa permitía la utilización de las frecuencias, originalmente concesionadas para radiodifusión, con propósitos más versátiles pero en beneficio de las empresas que ya disponían de esos segmentos del espectro radioeléctrico. Aquella contrarreforma no propiciaba la convergencia tecnológica –es decir, la posibilidad de difundir contenidos audiovisuales, de telefonía e Internet gracias a la digitalización en la emisión y recepción de tales mensajes–; lo que auspiciaba era un empleo restringido y privatizado de tales espacios. Lo que hace falta ahora es intensificar el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de las telecomunicaciones, pero de tal manera que se diversifiquen las opciones de y para la sociedad. La nueva legislación y las políticas del Estado respecto de las telecomunicaciones, tendrían que propiciar la utilización de las bandas de radiocomunicación para difundir más canales de televisión y no solamente los mismos que tenemos ahora, como propiciaba la Ley Televisa y como estableció el Acuerdo para la Televisión igital Terrestre que expidió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el 2 de julio de 2004. En ese documento, además de refrendar

todas las concesiones de televisión privada hasta 2021, el gobierno del presidente Vicente Fox resolvió que el futuro de la televisión mexicana tendría que descansar en la televisión digital de alta definición. Esa televisión, como es bien sabido, permite la transmisión de imágenes de sobresaliente calidad. Pero al establecerla como única opción para el futuro, el gobierno anterior nos condenó a, fundamentalmente, mirar más de la misma televisión que hemos padecido durante décadas. Con el estándar tecnológico ATSC (Advanced Television Systems Committee) que la SCT eligió para México y que es el que se utiliza en Estados Unidos, cada una de las frecuencias por las que ahora se transmite televisión puede ser utilizada para difundir un canal de alta calidad digital. Pero en ese espacio podrían transmitirse no uno sino tres o cuatro canales de televisión digital, con imágenes de buena calidad aunque no con definición tan alta como en la otra opción. Si México se mantiene sujeto a la lectura que las autoridades de Comunicaciones y Transportes y las televisoras hicieron del estándar ATSC, en el mediano plazo tendremos los mismos canales difundiendo la misma programación, aunque en alta definición. Si el Estado resuelve modificar esos parámetros, siguiendo las reflexiones que varios de los ministros expresaron en la Corte, el tránsito a la televisión digital podría significar más canales y no solamente mejor imagen para los que ya existen.

Internet del futuro, inalámbrica

Las decisiones de la Corte conﬁrman la importancia que tiene el espectro radioeléctrico, es decir, la porción del espacio aéreo por donde se propagan las señales de radiodifusión. Durante la reciente discusión, algunos defensores de la Ley Televisa sostuvieron que la comunicación que se difunde en frecuencias de carácter abierto, como la televisión eevisión no codiﬁcada, se estaba volviendo obsoleta y que el futuro de los medios se encuentra en Internet. Por eso, sostenían, el litigio alrededor de las bandas de radiodifusión convencionales forma parte de una visión que está siendo superada por el desarrollo tecnológico. Aquellas posiciones eran poco informadas, o muy interesadas. Nunca como ahora el espacio radioeléctrico se ha convertido en motivo de

intensas disputas no solamente porque la televisión abierta sigue teniendo un enorme valor comercial, cultural y político en todo el mundo. Además, el futuro de las nuevas formas de comunicación que se desenvuelven en y en torno a Internet se sustenta en la irradiación de señales de manera inalámbrica, precisamente en frecuencias del espectro radioeléctrico como las que la Ley Televisa asignaba casi exclusivamente a las grandes corporaciones mediáticas.

En EU, liberación de espectro

Ahora mismo, en Estados Unidos se desarrolla una intensa e interesante discusión acerca del uso que se le asignará a una porción del espectro radioeléctrico que quedará liberada a comienzos de 2008, cuando las primeras televisoras que se comprometieron a transitar del sistema analógico al digital hayan completado ese proceso. En ese país, como señalamos antes, se puso en práctica el sistema que luego sería copiado por las autoridades mexicanas para que cada televisora dispusiera de un canal adicional al que ya tenía para difundir simultáneamente señales analógicas y digitales. La diferencia es que en México el gobierno nunca precisó los mecanismos para que las televisoras que ahora cuentan con dos frecuencias, por cada canal que ya tenían, le regresen al Estado la que dejarán de utilizar para ese servicio cuando se complete el tránsito al sistema digital. En aquella nación, en cambio, hay plazos y procedimientos que conducirán a la devolución, a más tardar en el primer mes del año próximo, de una porción equivalente a 60 megahertz, que equivalen al espacio que ocupan diez canales de televisión en cada localidad. Esos 60 mhz serán subastados por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, pero no simplemente al mejor postor, sino de acuerdo con políticas para orientar la utilización de dicho espacio. Se trata de frecuencias que están ubicadas en la banda de 700 megahertz, en donde se encuentran los canales de UHF que van del 38 al 69. Ese segmento tiene valor adicional porque, de acuerdo con el Centro para la Democracia y la Tecnología (CDT) “a diferencia del espectro en algunas otras frecuencias, en éste se pueden transmitir señales que pasan fácilmente a través de las paredes y que no requieren de una

clara ‘línea de observación’ entre el transmisor y el receptor. Por eso, el espectro será muy atractivo para una gran variedad de postores para varios propósitos comerciales”. Organismos como el CDT, consideran que en esas frecuencias podrían transmitirse servicios de Internet de banda ancha para que los consumidores dispongan de más opciones en el mercado de ese tipo de conexiones. La transmisión inalámbrica “podría ofrecer una manera de gran eﬁcacia en términos de costos para contribuir a espolear una mayor competencia en la banda ancha, porque no requiere el gasto que hace falta para tender nuevos cables hasta los hogares. Pero la banda ancha inalámbrica necesita espectro y gran parte del espectro potencialmente idóneo ya está concesionado a las transmisiones de televisión y radio, a las redes de telefonía celular y a otros usos. El espectro de 700 Mhz, que ha estado conduciendo transmisiones de televisión analógica pero que los radiodifusores van a dejar libre, representa un inusual conjunto de radio frecuencias contiguas, disponibles y de alta calidad”. El meollo de la Ley Televisa era la facultad que otorgaba a las corporaciones mediáticas para utilizar, prácticamente a su antojo, el espectro radioeléctrico que irían liberando gracias a la digitalización de las señales. En otros países la disputa por ese recurso natural se encuentra en el centro de las políticas de comunicaciones. La discusión estadounidense acerca del espectro que está por ser liberado seguramente se intensiﬁcará durante el resto de este año. A México le sería de la mayor utilidad atender a experiencias como esa, en donde se demuestra que el futuro de las telecomunicaciones, lejos de prescindir de las frecuencias de difusión aérea, descansa hoy más que nunca en una utilización racional, y con criterios sociales, del espectro radioeléctrico. rtrejo@servidorunam.mx ZÓCALO

Jenaro villamil

“C

ambios cosméticos”, “transformaciones mínimas”, “sólo un dos por ciento se decretó anticonstitucional”, son algunas de las expresiones apresuradas que los promotores o defensores de la Ley Televisa emitieron ante la opinión pública, después de las sesiones históricas de la Suprema Corte. Por supuesto que el cambio fundamental fue más allá de lo cosmético. A pesar de que el titular de la Cofetel, Héctor Osuna, ex presidente de la comisión dictaminadora en el Senado, ha tratado de minimizar el alcance de las resoluciones de los ministros, lo cierto es que el gran negocio de la apropiación del espectro radioeléctrico se le fue de las manos al duopolio televisivo. El ex senador Javier Corral, protagonista central en la acción de inconstitucionalidad, junto con otros 46 ex legisladores que se opusieron a la Ley Televisa, ha hecho otro balance. De los 11 artículos de las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones que los senadores impugnaron ante la Corte, los ministros le dieron la razón en ocho y la mitad en uno de los transitorios. De estos ocho artículos que se consideran inconstitucionales, los fundamentales del plan de negocio cayeron: el 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que permitía el refrendo automático y concesiones hasta por 20 años; el artículo 17 de la misma ley, que privilegiaba el método de subasta pública, para que quien ofreciera más se quedara con las licitaciones; y los artículos 28 y 28-A, que permitían a los actuales concesionarios quedarse con el espectro sobrante sin pagar contraprestación alguna. Además, de los 21 conceptos de invalidez anticonstitucional –que no son lo mismo que número de artículos impugnados–, la Suprema Corte de Justicia les dio la razón a los ex senadores en 14 de estos conceptos.

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Visto de esta forma, el balance es completamente distinto al que quieren promover las televisoras y sus defensores jurídicos y mediáticos. Otro punto sustancial en esta discusión: la Ley Televisa no fue la redacción de una ley nueva, sino cambios a ciertos artículos de la Ley Federal de Radio y Televisión (que data de 1960) y de la Ley Federal de Telecomunicaciones (que data de 1995), para ajustarlos a los intereses de los concesionarios. “Bajo el pretexto de la convergencia tecnológica, los promotores de estas reformas se aseguraban un largo dominio de las telecomunicaciones”, sintetizó Javier Corral en el foro realizado en la Casa Lamm, el miércoles 20 de junio. En términos estrictos, no fueron más de 38 artículos los que se reformaron en el paquete de la Ley Televisa. De estos 38 artículos no todos son inconstitucionales. Los ocho que sí lo son, constituyen la “nuez” del negocio que se vino abajo. No estamos hablando del dos por ciento, sino de cerca del 40 por ciento de artículos que se modificaron. Sin embargo, en el balance hay muchos asuntos pendientes. Aún no ha deﬁnido el presidente de la República qué hará con el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), y el Senado y la Cámara de Diputados han anunciado nuevas leyes, pero no ha quedado claro cuál será la ruta crítica.

Inconstitucional

Dos semanas antes que los ministros de la Suprema Corte de Justicia discutieran los alcances de la Ley Televisa, el juez duodécimo de distrito en materia administrativa de la capital del país, Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, resolvió, en el amparo 619/2006, que los nombramientos de los comisionados de Cofetel, Eduardo Ruiz Vega y Gerardo

Foto: Isaac Esquivel / Cuartoscuro

¿Qué hará Calderón?

Francisco González Abarca, “son consecuencia directa de actos violatorios de la Constitución, por lo cual no pueden seguir surtiendo efectos” y deben abandonar sus cargos.v La sentencia fue emitida el 11 de mayo y prácticamente se adelantó a la resolución de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que consideraron inconstitucional el último párrafo del artículo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en el que se establecía que la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente podía objetar los nombramientos o la renovación de los cinco comisionados de Cofetel, propuestos por el titular del Poder Ejecutivo. A pesar de estas dos resoluciones judiciales, coincidentes en el fondo, ni Ruiz Vega ni González Abarca han abandonado sus cargos como comisionados de Cofetel, ni los quejosos Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous, promoventes del amparo, han dejado sus cargos en la SCT para asumir como comisionados de Cofetel, ni se ha resuelto la apelación que radica en el Tribunal Colegiado Décimo Tercero de Distrito, con sede en la capital. Lo más grave es que el presidente Felipe Calderón no ha hecho explícito si permanecerán los cinco integrantes del pleno de la Cofetel o si removerá a todo el organismo, tal como lo han sugerido especialistas jurídicos, representantes del sector, los ex senadores que promovieron la acción de inconstitucionalidad y hasta el ministro Genaro Góngora. Durante la discusión en la Suprema Corte

el comunicado del 21 de junio de 2006, y los nombramientos de los comisionados Eduardo Ruiz Vega y Gerardo Francisco González Abarca, hoy terceros perjudicados; y en su lugar, deberá designar a los hoy quejosos (Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous, actualmente subsecretario y director de asuntos jurídicos de la SCT, respectivamente), en los términos que fueron señalados en el comunicado del nueve de mayo de 2006, emitido por la presidencia de la República”. La sentencia también establece que no existe contradicción con el artículo 9-D de la Ley Federal de Telecomunicaciones, ya que “los nombramientos de los hoy terceros perjudicados (Ruiz Vega y González Abarca) derivan de una actuación inconstitucional y, por ende, deben quedar insubsistentes”.

Los negocios en juego

La tensión se agrava y no se sabe cuál será el futuro del paquete de licitaciones que esta semana anunció el pleno de la Cofetel, ya que le corresponderá a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitir la convocatoria correspondiente en el Diario Oficial de la Federación. La comunicación entre el titular de esta dependencia, Luis Téllez, y el presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, prácticamente está rota, en tanto no se resuelva el dilema de la permanencia o remoción de los comisionados de Cofetel. “No se toman las llamadas”, confirmaron versiones de ambas partes, una semana después que tanto Téllez como Osuna debatieron públicamente sobre los alcances de las resoluciones de la Suprema Cort (ver Proceso, número 1598). Corte Entrelaslicitacionesanunciadas a finales de junio por la Cofetel se encuentran las de la banda de 3.4-3.6 y 3.6 y 3.7 gigahertz que permitirán la entrada a los servicios de acceso inalámbrico de banda ancha a través de la tecnología conocida como Wimax y se tiene disponibilidad para licitar 150 megahertz. La tecnología Wimax, de acuerdo con un estudio de Rafael A. Junquera, director de Telemedios, permitirá reducir sustancialmente el costo del acceso de internet en banda

ancha, debido al uso del sistema inalámbrico y podría ser utilizado para la telefonía inalámbrica fija y móvil. Los intereses involucrados en la incursión de Wimax son enormes. Con anterioridad, la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) ya sugirió que empresas dominantes como Telmex no incursionen en las licitaciones, a fin de evitar un mayor control monopólico. La empresa Sprint Nextel fue el primer operador en el mundo al anunciar un gran despliegue de Wimax móvil para cubrir una población de 100 millones de habitantes con su red para 2008, y el estudio de Junquera calcula que de este año al 2009 invertirá tres mil millones de dólares, que se repartirán entre empresas como Nokia, Samsung, Motorola e Intel, para permitir el uso de esta tecnología en telefonía celular. Otras licitaciones importantes anunciadas por Cofetel son 30 megahertz de las bandas de 1.9 gigahertz, que pueden utilizarse en acceso inalámbrico fijo y móvil, así como la banda 1.7-2.1 gigahertz que servirá para los servicios de telefonía móvil de tercera generación o IMT-2000. La clave de estas licitaciones es que no se fortalezca el monopolio de ninguno de los actores claves del sector, especialmente Telmex, en materia de telefonía. Sin embargo, el 21 de junio, al instalar el Comité Técnico de Portabilidad, Osuna afirmó que no le interesa que la Cofeco declare “dominante” a la empresa de Carlos Slim. jenarovu69@yahoo.com.mx

Foto: archivo

de Justicia, Góngora Pimentel estableció que la derogación del último párrafo del artículo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones tenía como consecuencia “dejar insubsistentes los nombramientos realizados, para que vuelva a llevarse a cabo el procedimiento de nombramiento, en el cual puedan participar también los anteriores comisionados”. Góngora aclaró que con esta decisión “no se darían efectos retroactivos a la sentencia, pues los actos que hubiere llevado a cabo la actual integración de la Comisión Federal de Telecomunicaciones quedarían intocados”. Es decir, las políticas y acuerdos hasta ahora adoptadas por Cofetel se mantendrán firmes. Esa posición fue avalada por el ministro ponente, Sergio Aguirre Anguiano, quien afirmó, durante la misma sesión: “me parece razonable y aceptable lo que propone el ministro Góngora Pimentel, pero a condición de que se diga además lo siguiente: ‘Esto no afecta en forma alguna lo realizado por la comisión ni por los comisionados’”. Frente a la coincidencia entre ambos ministros, que representaron los dos polos en la discusión sobre la Ley Televisa, Mariano Azuela, ex presidente de la Suprema Corte, acotó que no le correspondía al pleno decidir sobre el futuro de Cofetel. Explícitamente, Azuela responsabilizó a Felipe Calderón: “Quien puede designar a los comisionados es el titular del Ejecutivo; ya el titular del Ejecutivo verá si cumple, cómo cumple… Yo coincido con el ministro Góngora, pero no le toca a la Corte estar diciendo esto. ¿Por qué? pues porque esto está de algún modo afectando a personas que tienen derechos y, desde luego, el derecho de ir al amparo”. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro de Cofetel afecta a todo el sector, uno de los más dinámicos de la economía. Los datos de la propia comisión confirmaron que en el primer trimestre de este año, las telecomunicaciones registraron un crecimiento de 22.4 por ciento, superior al 2.6 por ciento del crecimiento de la economía nacional. La sentencia del juez Alvarado Esquivel establece claramente que “en el plazo de veinticuatro horas, a partir del momento en que esta sentencia cause ejecutoria, el presidente de la República deberá dejar insubsistentes

Héctor Osuna, presidente de Cofetel ZÓCALO

Javier Corral Jurado

Abajo la Ley Televisa Televisa; arriba la Corte Para Carmen Aristegui. Por su valiente postura periodística íística en el tema de la Ley Televisa, y desde dónde lo hizo.

Foto: archivo

un cuando falta todavía una parte muy importante de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Televisa: el engrose de la sentencia; ya podemos intentar un balance del proceso, revisar algunas de sus consecuencias y hacer un ejercicio de perspectiva política. íítica. Se trata de un hito en la historia del debate comunicacional del país y un antecedente importante para el nuevo orden jurídico mexicano. En efecto, la batalla contra la Ley Televisa, a través de la acción de inconstitucionalidad, obtuvo importantes logros tanto para el futuro de la administración de la justicia en nuestro pa país, como para el tema de la regulación de los medios de comunicación. Las decisiones del tribunal constitucional desarticularon los principales objetivos que la empresa se propuso, cuando decidió llevar al Congreso su iniciativa de ley.

Corral en debate.

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La legislación de radio y televisión de 1960, y la de Telecomunicaciones de 1995 se mantienen vigentes, con cierto grado de operatividad y funcionalidad, si en realidad se quisieran aplicar. Y no podría ser de distinta manera en cuanto que, ni la reforma conocida como Ley Televisa reformó la totalidad de ambas leyes, ni la acción de inconstitucionalidad impugnó la totalidad de las reformas. Esto es, para ubicar exactamente la trascendencia del fallo de la Corte, y la responsabilidad que queda al Poder Legislativo mexicano en cuanto a modificar la legislación y adecuarla al desarrollo político, íítico, social y económico, es fundamental saber: Lo que conocemos como Ley Televisa, fue un proceso de disección legislativa, que se concentró en unos cuantos artículos: se modificaron 13 artículos y se adicionaron 15 de la LFRyTV, que consta de 106. Se modificaron tres artículos y se adicionaron seis de la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT), que consta de 74. Esto es, la reforma constituyó un total de 37 artículos y creó 8 transitorios. ¿Qué se buscó fundamentalmente con esa reforma quirúrgica? Asegurarle a Televisa un largo dominio sobre las frecuencias, a través de un refrendo automático a perpetuidad construido mediante dos disposiciones que se entrelazaban: 1.- Un plazo fijo de 20 años como término de duración de las concesiones y exceptuar al refrendo de una nueva licitación, el artículo 16; 2.- Un uso indiscriminado del espectro, que le fue concesionado por el Estado para dar el específ ífí íf fíco servicio de radiodifusión, que le permitía ampliar sus negocios al poder ofrecer todo tipo de servicios de telecomunicaciones, sin que mediara licitación alguna y sin la obligación de entregar pago o contrapresión al Estado –a través de un régimen de autorización especial contenido en el artículo 28 y 28ª de la LFRyTV, y cuyo complemento fueron las adiciones al artículo 3 de la LFT.

Proceso impecable Pero la lucha contra esas reformas ganó terreno en más de un sentido. No sólo recupera el Estado rectoría económica, social y política íítica en una actividad estratégica para la nación en el desarrollo de la democracia, amén de la recuperación para el gobierno de la República de cerca de 20 mil millones de pesos que supone el valor monetario del espectro que pretendían autodeﬁnir en su uso. También se logró avanzar en el compromiso de la transparencia y se sentaron importantes criterios e Manuel Barttlet, exsenador. interpretaciones constitucionales que serán referentes indiscutibles del proceso legislativo para la modernización de las Leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión. La Corte supo distinguir, desde que la acción de inconstitucionalidad se presentó, el 4 de mayo de 2006, que el tema merecía un tratamiento especial y de cara a la nación. El contraste con la forma en que se operó la reforma en el Congreso fue abismal: los ministros dispusieron cancelar, a lo largo de toda una semana, las sesiones de las dos salas y del pleno de la Corte para dedicarse al estudio del proyecto, tiempo en el que recibieron también a quienes estuvieron a favor y en contra de la Ley. Se entregó a los promoventes el proyecto y se le hizo llegar de igual forma y tiempo a las partes demandadas: las Cámaras del Congreso y al titular del Poder Ejecutivo. Nosotros entregamos en esa semana seis memorandums complementarios de nuestros argumentos de invalidez de varios de los artículos, y fue clave en el proceso ese intercambio que pudimos realizar con todos y cada uno de los jueces constitucionales. Los memorandums se concretaron a enfatizar los asuntos más importantes de la acción, en apoyo al proyecto del ministro Aguirre que de entrada planteaba la nulidad del artículo Foto: Adriana Camacho

A fondo ¿Qué fue lo que decidió la Corte? Invalidar los cuatro grandes objetivos que se planteó Televisa. De los 21 conceptos nos dio la razón en 14. De los 11 artículos permanentes nos dio la razón en 8, nuliﬁcó totalmente dos, e invalidó tramos normativos en los otros seis. De los tres transitorios, nos concedió la razón en uno. Declaró inconstitucional la subasta, los 20 años como plazo ﬁjo, el refrendo a perpetuidad, el agandalle de espectro radioeléctrico para servicios adicionales de telecomunicaciones, la parte que impedía que efectivamente obtuvieran la opinión favorable de la Cofeco los interesados en participar en nuevas licitaciones de frecuencias y declaró inexistente la atribución del senado para objetar los nombramientos que realiza el Ejecutivo en la Cofetel, invalidando con ello a los actuales comisionados. ¿Se murió toda la reforma? No, pero eliminó las abusivas pretensiones de la empresa, atajó sus fríos cálculos de poder y dinero, su ambición desmedida. Eso sí quedó inoperante y no funcional. Las nulidades no inhiben ni desaceleran el desarrollo tecnológico del sector de la radiodifusión, como falazmente lo aseguró la empresa de Emilio Azcárraga en un boletín íín leído por López Dóriga el jueves 8 de junio pasado; lo que han detenido es el plan de negocios que tomó como pretexto la convergencia tecnológica para armar un blindaje transexenal

a sus negocios y aumentar sus ganancias.

Foto: Cuartoscuro

3.- Asegurarse el derecho de poder participar en nuevos procesos de otorgamiento de frecuencias, a través de la subasta (artículo 17G) y de eludir la opinión del órgano encargado de la competencia económica para determinar quiénes pueden o no participar en una nueva licitación (artículo 17E), y 4.- apropiarse del control del órgano regulador de las Telecomunicaciones con comisionados a modo para inﬂuir y determinar el sentido de las decisiones a su cargo. De los 37 artículos, ya con sus transitorios, la acción de inconstitucionalidad impugnó sólo 11 artículos permanentes y tres transitorios, mediante 21 conceptos de invalidez porque violentaban 13 artículos de la Constitución. No pudimos llevar a la acción de inconstitucionalidad todos nuestros votos particulares que presentamos en la tribuna del Senado, en efecto 43, porque por más grotesco que parezca no todas las aberraciones jurídicas son inconstitucionales. Sobre todo cuando la acción de inconstitucionalidad plantea un control abstracto de la constitucionalidad mediante un simple ejercicio comparativo entre la norma secundaria y un artículo de la constitución.

Beatriz Solís, asesora.

ZÓCALO

Foto: Cuartoscuro

Pedro Cerisolsa, exsecretario de la SCT.

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Foto: Galo Ramírez

28 de la LFRyTV, y llamando la atención sobre temas relevantes y muy graves que él había desestimado en su ponencia. Metimos “toda la carne al asador sobre el refrendo automático y el discriminador régimen de permisos. El primero se logró completamente, el segundo sólo en parte. La discusión se abrió el 21 de mayo con la presencia de peritos en la materia, seleccionados de la UNAM y del IPN, para despejar dudas sobre las complejidades técnicas del asunto. Una semana antes –el 14 de mayo–– habían estado en audiencia privada los directivos de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión quienes en una presentación desbordada en recursos tecnológicos también magniﬁcaron los efectos de una sentencia contraria al artículos 28 , “nos podemos rezagar 20 o 30 años con el resto del mundo en materia de convergencia de redes, y como siempre vamos a llegar tarde”, dijo Enrique Pereda, el presidente del Consejo Directivo, quien pidió mantener intacto también el artículo 16 sobre el refrendo “la seguridad jurídica que necesitamos para recuperar nuestras inversiones”. A ninguno de los ministros pudieron engañar con los mitos del espectro, que son muchos más que los que la religión ha impuesto acerca del cielo. El ministro ponente, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, se metió al tema digital, a la convergencia t e c n o l ó g i c a , estudió sistemática e integralmente el acuerdo por el que se adoptó la política í ítica para la transición de la televisión digital terrestre y en la audiencia con los expertos resultó más perito que ellos. El ministro Genaro David Góngora lo dijo en el debate plenario: “Nos han querido vender la idea de que, en

virtud de los altos costos de la inversión, la concesión perpetua que consagra el artículo impugnado (el 16) es apenas suﬁciente para recuperar modestamente lo invertido, ya no digamos para obtener lucro”.

El primer acuerdo En este primer balance, no debo dejar pasar la discusión inaugural del debate de los ministros de la Corte sobre competencia, legalidad y legitimación de la acción y sus promoventes. Quedó un primer acuerdo como precedente para la administración de la justicia, “en tratándose de acciones de inconstitucionalidad”: el proyecto se puede entregar a los promoventes y a los demandados, pueden alegar en la etapa ﬁnal y complementar sus argumentos sobre la validez o invalidez de las normas. No hay en este tipo de juicio partes propiamente dichas, pues nadie reclama para sí derecho subjetivo alguno, pero los ministros votan por unanimidad que los que presentan la acción, así hayan perdido el carácter de senadores, tienen plena legitimación activa, pues es la supremacía de la Constitución lo que está en medio. Esto rompe con el concepto tradicional de la personalidad jurídica, y se coloca como un mirador permanente frente a la pereza o la irresponsabilidad legislativa que intercambia bienes del dominio de la nación por favores de campaña electoral. Repartida la ponencia, no hay más que

Protesta de organizaciones civiles afuera del Senado.

subirla a la red de redes: cientos de abogados, comunicadores y ciudadanos bajaron de internet el archivo que contenía 547 hojas tamaño oﬁcio, es probable que tras el engrose de los argumentos que se adicionaron en el debate la sentencia resulte en unas 1000 o más hojas. La transparencia y la apertura del proyecto multiplicó y elevó los riesgos de la presión y el cabildeo por parte de quienes pueden sufrir el revés, pero siempre será mayor la oportunidad y la ganancia de orear los papeles de la Corte. Así lo hizo con sus debates, en ocho sesiones, a lo largo de tres semanas, en contraste aleccionador para los legisladores que hace un año engendraron esas modiﬁcaciones legales de manera subrepticia en la Cámara de Diputados, y con mudez asombrosa en la Cámara de Senadores ante las impugnaciones que presentamos en la discusión que pensábamos como revisora. El Poder, que por su naturaleza debiera estar más dispuesto a la deliberación y al debate, lo canceló, fruto de la línea íínea que Televisa impuso en ese proceso: no cambiarle ni una coma a sus dictados. Por ello fue importante que el ministro ponente, Aguirre Anguiano, retomara partes completas de los planteamientos que varios senadores formulamos en la tribuna, advirtiendo de los privilegios, y las ventajas que se concedían a los principales concesionarios de la radio y la televisión de

Lo que sigue Una nueva legislación que recupere los distintos proyectos que se encuentran en las Cámaras, y se emita una nueva Ley Federal de Radio y Televisión, que entre otros aspectos formule un auténtico órgano regulador de la materia, dotado de autonomía constitucional. Mientras eso llega, es de esperar una decisión fundamental del Ejecutivo Federal, con la que puede cobrar su ejercicio constitucional una enorme conﬁanza y respeto de los ciudadanos en general: la deposición total de la actual Cofetel para una nueva integración que responda a los intereses de la Nación y no de las empresas reguladas, compuesta por hombres y mujeres desprovistos de intereses directos con las empresas reguladas, y con probada capacidad y experiencia en el sector. No hay duda alguna en que el Presidente Calderón puede y debe acometer esa decisión. La SCJN determinó que la Cámara de Senadores no tiene atribuciones constitucionales para objetar los nombramientos que realiza el Ejecutivo (artículo 76 fracción X de la Constitución). Por lo tanto, la intervención del Senado es violatoria del principio de división de poderes, ya que invade el ámbito de atribuciones del Presidente. Lo anterior causa un efecto de invalidez sobre los nombramientos de los actuales

Foto: Cuartoscuro / Luis Mejía

nuestro país. Retomar las intervenciones de esos legisladores, desoídas, ninguneadas, sirvió para reforzar los argumentos en los que apoyó su propuesta de invalidar algunos de los asuntos más importantes que planteamos en la demanda. Deben cobrar conciencia los legisladores y las cúpulas partidistas que el desaseado método del mayoriteo por conveniencias político-electorales, íítico-electorales, ya no podrá actuar tan impunemente como hasta ahora, y que los debates que se ganan en la tribuna y se pierden en la votación, pueden surtir efectos un año después.

comisionados de la Cofetel y genera al Presidente de la República una decisión derivada de una competencia de ejercicio obligatorio: nombrar a las autoridades del órgano con base en la Constitución. En efecto, los nombramientos realizados por el Presidente Vicente Fox, cinco en mayo de 2006 y cuatro en junio del mismo año, con base en el mecanismo planteado en la Ley Televisa son en consecuencia inconstitucionales. Estos no podrían apelar a que se les está aplicando retroactivamente la ley, pues los ministros argumentaron que no existe retroactividad en la invalidez de los nombramientos en virtud de que el cargo se va ejercitando de manera sucesiva, esto es, a lo largo del tiempo, por lo que no podría considerarse como un hecho consumado un nombramiento realizado por un periodo de ocho años en los primeros meses del mismo. No obstante este hecho de invalidez de los actuales comisionados, en la discusión de la SCJN se precisó que los actos emitidos por el actual órgano son jurídicamente válidos.

El artículo 105 La fracción II del artículo 105 de la Constitución, establece que, para que una norma pueda ser declarada inválida por la Corte, a través de la acción de

Deliberación de ministros en la Suprema Corte.

inconstitucionalidad, se requieren ocho votos de los once que integran su alto tribunal pleno. Echar abajo una ley de carácter general en la que concurrieron dos poderes del Estado para su creación y publicación, como lo es el proceso legislativo a cargo del Congreso y la promulgación a cargo del Ejecutivo, requiere que la razón jurídica quede establecida por una mayoría caliﬁcada que dé fuerza y sustento a la nulidad de las normas impugnadas. Sin embargo, esa mayoría caliﬁcada se supone de entre los que tengan conocimiento y sean parte del estudio, deliberación y votación del asunto. Como se sabe, nos sometimos a un pleno de nueve ministros. Y aunque el pleno que conoce del asunto se redujo en su número, no la proporción de los ocho votos. Para lograr los efectos de invalidez prácticamente se requiere unanimidad, apretada circunstancia que plantea la necesaria revisión de las bases que permiten el ejercicio de los instrumentos de control constitucional –las controversias y las acciones– y del número requerido de votos, a partir de situaciones como la que se vivió actualmente. En esa dirección apunta, por cierto, la iniciativa de reforma legal presentada por el Senador del PRD, Carlos Sotelo García. En otros países, la declaración de invalidez de una norma requiere de mayoría simple, aunque sólo

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Foto: Iván Bustamante

con efectos particulares y no generales. En Estados Unidos se necesitan sólo cinco de los nueve miembros de la Corte Constitucional. El caso del escalonamiento de comisionados puso de relieve, de manera dramática, esta realidad. Seis ministros de los nueve consideraron inconstitucional la manera y los tiempos en los que debe renovarse la Cofetel, pero tres no lo consideraron así, y se quedó ﬁrme el artículo segundo transitorio de la Ley Televisa que también constituye una intromisión en las facultades del Poder Ejecutivo, siempre y cuando tomemos en cuenta que se trata de un órgano desconcentrado de la administración pública federal, esto es, se trata del mismo Poder Ejecutivo.

Nulo, el refrendo automático Conforme avanzó la discusión en el pleno de nuestro tribunal constitucional, se exhibió a los que fraguaron y operaron la aprobación de esa legislación frente a múltiples advertencias de que los preceptos normativos no sólo eran aberrantes desde el punto de vista social, cultural, jurídico, político y económico, sino también varios de ellos inconstitucionales. Se acreditó en el debate de la Corte que no se trató de errores, negligencia o ignorancia jurídica, sino de omisiones deliberadas en unos casos y, en otros, de acciones abiertamente contrarias al interés público.

Está dicho que las concesiones no son derechos reales. Por más que la dinastía monárquica de la televisión así los haya pretendido convertir. No son, suponen, la propiedad del bien concesionado, sino se trata de un derecho instrumental: el Estado autoriza la prestación de un servicio público llamado radiodifusión y concesiona temporalmente un pedazo del espectro para su transmisión. Por lo tanto, en todo momento, el Estado debe conservar la posibilidad de revertir, recuperar, o refrendar ese espectro, pues de acuerdo con el 27 constitucional, es un bien del dominio directo de la Nación, y conforme al 28 constitucional, en ese tipo de bienes concesionados, el Estado debe asegurar la eﬁ cacia en la prestación de los servicios, garantizar su uso social y evitar fenómenos de concentración. El Estado, a través de la autoridad política, debe mantener para sí la potestad de vigilar que la explotación de ese bien, que nos pertenece a todos los habitantes del territorio, se dirija en todo momento a satisfacer el interés general. Es fundamental aclarar que la Corte sólo invalidó la parte normativa del refrendo que las exceptuaba del procedimiento de licitación y de cumplir con los requisitos en él establecidos, pero mantuvo vigente

El Poder Judicial de la Federación ha dado una enorme lección de dignidad, y responsabilidad a los otros dos poderes que engendraron una ley injusta y sin escrúpulos. Pero seguirá en ellos la oportunidad del resarcimiento y la rectiﬁ cación, si al hacer los ajustes ordenados por la Corte, aprovechan la ocasión para entregarle al país una verdadera legislación de medios electrónicos, con sentido democrático tico y vocaci vocación de servicio público. javiercorral_99 @yahoo.com.mx

Foto: Iván Bustamante

Día histórico, 5 de junio: murió la Ley Televisa.

la primera parte del párrafo que les concede derechos preferentes sobre terceros pues, en efecto, quienes detentan un derecho de concesión que han cumplido a cabalidad, no sólo tienen la posibilidad de volver a participar en la licitación sino que, pueden tener ciertas ventajas sobre nuevos interesados. Está en manos del Congreso precisar, en una nueva legislación, los casos en que el refrendo sea sometido a nueva licitación, y la manera en que se concretará un derecho preferente sobre terceros de los actuales concesionarios.

Derrota al duopolio.

20 ZÓCALO Comunicación Política Sociedad

Dulce María Sauri Riancho*

Los 47 “abajo ﬁrmantes”

Foto: Cortesía Seado

ran más de las 3 de la mañana del 31 de marzo de 2006 cuando, con paso lento y cansado, abandonamos la vieja casona de Xicohténcatl, todavía con humor para hacer algunas bromas sobre fantasmas y aparecidos que seguramente alberga un edificio que fue hospital, pero que en esa larguísima jornada había tenido “paredes ciegas y sordas”, frente a razones y argumentos del debate sobre las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión. Fue un momento que concentró en el debate esperanzas, trabajo y esfuerzos de muchos, no sólo los que estábamos en ejercicio, sino también de diputados y senadores que desde 1977, cuando se reconoció en la Constitución el Derecho a la Información, una y otra vez habían convocado a foros y mesas redondas, presentado iniciativas que nunca se dictaminaban. El desenlace de esa noche añadía, a la frustración, la conciencia del peligro que representaban las reformas que esa misma madrugada serían enviadas al Presidente de la República para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, porque la mayoría parlamentaria se había negado sistemáticamente a aceptar modificación alguna a la Minuta, lo que hubiese significado el regreso a la Cámara de Diputados, que entonces tendría la oportunidad de revisar su precipitada unanimidad de meses atrás. La votación fue de 81 a favor, 40 en contra y 4 abstenciones. En ese momento no completábamos los 43 senadores necesarios para interponer una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, desde 1995, cuando se estableció esta figura en la Constitución, ninguna

minoría parlamentaria de las Cámaras de Diputados o de Senadores del Congreso de la Unión había empleado ese recurso. Sí se habían interpuesto controversias contra el Presidente de la República, pero acciones de inconstitucionalidad, ninguna. La mera posibilidad ya había provocado sonrisas escépticas y burlonas en varios rostros de quienes creyeron que esa madrugada se consumaba la derrota de una minoría opositora, a la que ellos mismos habían representado en sus pantallas como “contrarios al progreso y a la modernización”, los “emisarios del No”.

El regalo de Fox

Caminando junto a la estatua ecuestre de Carlos IV evoqué recuerdos e imágenes de esa madrugada que parecían tener desenlace definitivo, como la imposibilidad de presentar el resultado de los trabajos de la Conferencia de Telecomunicaciones que, después de meses de intenso estudio, había generado una iniciativa que naufragó en el Pleno de la Cámara de Diputados en 2002. Recordé la Mesa de Medios de Comunicación en la Secretaría de Gobernación, recién iniciado el gobierno del Presidente Fox, que sumó a especialistas, académicos, organizaciones sociales, empresarios y representantes de los partidos políticos ííticos a fin de –ahora sí– í– generar í– acuerdos para los cambios en esa área vital de la transición democrática. El Diario Oficial del 10 de octubre del mismo a o, publicó el regalo de añ las nuevas reglas para tiempos oficiales y la cesión de espacios públicos ú úblicos a los concesionarios de radio y TV. Ese día, íía, fue interceptado el Presidente

Dulce María Sauri. ZÓCALO

Fox, descendiendo la escalera del salón de sesiones del Senado, después de la entrega de la Medalla Belisario Dom Domíínguez ínguez –m – áártir síímbolo de Libertad de Expresiónn y Democracia Democracia– por el reclamo valiente y dolido del senador Javier Corral, su correligionario del PAN, ante tal despojo a la Nación. Recordé también la iniciativa de Ley de Radio y Televisión que, el 12 de diciembre del mismo 2002, habían presentado al Pleno Raymundo Cárdenas y Javier Corral, en nombre de 60 senadores del PRD y el PAN, que hacían suya la propuesta ciudadana que se quedó en la Mesa de Gobernación, frustrada por el oportunismo y la abdicación presidencial. Rememoré foros convocados por la subcomisión de Comunicaciones y Transportes para, otra vez, recabar opiniones y puntos de vista de la sociedad, empresarios y académicos que, aunque escépticos, acudieron a la llamada. El grupo de trabajo fue conformado por diez senadores del PRI, que durante seis meses de 2003 nos reunimos a analizar el marco

La marcha de los senadores.

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legislativo de radio y TV, con el invaluable apoyo del equipo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces comprendí que convergencia digital y Sociedad del Conocimiento están indisolublemente unidos y no debe haber interés económico alguno que obstaculice el acceso y disfrute de sus beneﬁcios; había que analizar y discutir sobre radio y televisión abiertas, pero también sobre el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de información y comunicación, para ampliar la Democracia y la competencia económica; que radio y televisión y telecomunicaciones eran parte de un todo indivisible, técnica y socialmente; que secuestrar a una parte era limitar y dañar al conjunto; que el poder del dinero no debía prevalecer sobre el interés de la sociedad; que en otros países de larga tradición democrática y desarrollo capitalista avanzado, el Estado y su gobierno ejercían una eﬁcaz regulación para garantizar a sus ciudadanos la rápida y oportuna apropiación del desarrollo tecnológico.

La fecha que nunca llegó

Manuel Bartlett, durante el largo debate de ese día, había expresado una y otra vez exhortos, excitativas y apremios a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para que dictaminase la iniciativa del 12 de diciembre del 2002, a finales del 2004, al comenzar 2005, hasta obtener la declaración formal y el compromiso de la Junta de Coordinación Política íítica del Senado, leído ante el Pleno, comprometiéndose a presentar el dictamen antes del 15 de abril, que nunca llegó. El 8 de diciembre llegó la Minuta. Esa mañana, en reunión previa del PRI, se intentó argumentar a favor de su aprobación automática, con el pretexto del sello de unanimidad que traía de la colegisladora y el inminente fin del período ordinario de sesiones, el 15 de diciembre. “Es lo que se pudo acordar”; “aunque sea poco, más vale algo a irnos en blanco”; “son los puntos más importantes: la Cofetel, el fin de la discrecionalidad del Presidente”. En la tarde, 20 senadores del PRI discutimos y decidimos que el trabajo de cuatro años del Senado no podía ser ignorado, por respeto a nosotros mismos, propusimos que el análisis y la discusión se hicieran entre febrero y abril de 2006. La tormentosa campaña presidencial acompañó el trabajo de análisis de la Minuta. Otra vez, generosamente, acudieron al Senado expertos, académicos y comunicadores; empresarios independientes de la radio, representantes de las redes comunitarias y, por vez primera, los presidentes de los órganos reguladores de la Competencia Económica y de Telecomunicaciones. Señalaron los peligros de las reformas: eran concentradoras, no habría libre competencia económica, señaló el titular de la Cofeco; despojo al Estado de su función de

administrador del bien público que es el espectro radioeléctrico, señaló la Cofetel. La indignación y el rechazo inicial de los radiodifusores se diluyeron con la promesa de concesiones “combo” AM-FM. Las cartas de sorpresa y preocupación de algunas cámaras empresariales de telecomunicaciones o de televisión por cable, ante el trato inequitativo y protector de los intereses de los concesionarios de televisión abierta, fueron sustituidas por comunicaciones de apoyo a la posición de la cámara de la industria. Las voces discordantes de concesionarios se diluyeron y acallaron, pero las audiencias públicas, transmitidas por el Canal del Congreso permitieron atestiguar, a una audiencia sorprendentemente amplia, la cantidad y la calidad de los argumentos y la posibilidad de modiﬁcar la Minuta en lo más peligroso.

Los 47 senadores

El Grupo Panista pretendía hacer “Cirugía mayor”, antes de la visita de su presidente nacional y de la exigencia de apoyo a la campaña de su candidato a la Presidencia de la República, aprobándola sin cambiarle una coma. “Traidores al PRI y a su candidato: Madrazo”, nos llamaron a los senadores priístas que argumentamos en contra. ¿De verdad creerían que aprobando la minuta en sus términos, las televisoras iban a ayudar incondicionalmente a la campaña del PRI? Si había que elegir entre Madrazo y Calderón, ¿a quién le cumplirían? El apoyo de los medios, incluyendo el diálogo de la telenovela La Fea más Bella, no fue para el PRI, pero ya habrían pasado la Minuta el 30-31 de marzo; la habría publicado el Presidente de la República el 11 de abril... El 4 de mayo de 2006, 47 senadores, siete más de los que votamos contra las reformas, interpusimos la Acción de Inconstitucionalidad, con 21 conceptos de Invalidez, desde el procedimiento legislativo hasta la parte medular: el uso discrecional, por parte de los concesionarios de la televisión, del bien público, del espectro radioeléctrico. En medio de una campaña particularmente enconada, 16 senadores del PRI, 15 del PAN,

15 del PRD (todo el grupo parlamentario) y uno de Convergencia, hallamos la ffórmula para el acuerdo: los intereses superiores de la Nación; la defensa de la diversidad y la pluralidad esenciales a la democracia; la libre competencia económica, el desarrollo y la competitividad.

Las represalias

Nuestra posición, contraria a la mayoría de nuestros grupos parlamentarios, debatir en la tribuna, votar contra la Minuta sin modificación alguna y firmar la Acción de Inconstitucionalidad, tuvo consecuencias inmediatas: sólo uno de los compañeros del PRI es actualmente diputado federal; ninguno de Acción Nacional. Desafiar a uno de los máss grandes poderes ffácticos tiene costos y los hemos asumido. Más de un año después, el 21 de mayo, la Suprema Corte discutía el proyecto de resolución de Acción de Inconstitucionalidad elaborado por el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Durante 10 sesiones –dos de audiencia pública con expertos de la UNAM y el IPN– los ministros debatieron y fijaron criterios sobre garantías individuales y derechos humanos vinculados a la Libertad y a la Democracia. Se alcanzó la mayoría calificada, de 8 votos de los 9 ministros presentes, para declarar inconstitucional la utilización discrecional del espectro radioeléctrico, por parte de los concesionarios de la televisión abierta; se eliminó la figura de la subasta pública –el poder del dinero–– para definir al ganador de una licitación; se eliminó el plazo de 20 años fijos para una concesión, homologándolo con el de telecomunicaciones; se expulsó del sistema jurídico el refrendo a perpetuidad de una concesión; se estableció la obligación de contar con la opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia para participar en una licitación, como marca la Ley de Telecomunicaciones. En cuanto a medios públicos y comunitarios, los ministros eliminaron los principales rasgos de discrecionalidad del gobierno, que ffácilmente se pueden convertir en arbitrariedad, al borrar el “cuando menos”, “a su juicio...”, “de considerarlo necesario...”. En cuanto a la Cofetel, aunque no

se obtuvieron los 8 votos para declarar inconstitucional su naturaleza de órgano desconcentrado y sus atribuciones, la Corte reivindicó a los cuatro comisionados de la Cofetel –que habían señalado el riesgo y el despojo que representaban las reformas, en el momento mismo de la discusión–– a quienes se había impedido ser comisionados del nuevo órgano. La intervención, mediante el mecanismo de la objeción por parte del Senado o la Comisión Permanente, en su caso, fue declarada inconstitucional. Aunque la grave omisión de incumplimiento del mandato constitucional para el acceso de los pueblos y comunidades indígenas a radio y televisión no alcanzó mayoría caliﬁcada, fue señalada por la Corte, como cuestión a subsanar por parte del Congreso. Estos 15 días, después de la histórica resolución de la SCJN, se han escuchado reiteradamente argumentos que pretenden restarle fuerza y minimizar sus consecuencias. “Sólo 2 artículos fueron eliminados (28 y 28-A de la LFRTV)”, dicen. Sólo que son, precisamente, la columna vertebral del despojo. “Se atenta contra la convergencia digital...”, cuando son concentración, exclusividad y privilegios indebidos, los que obstaculizan la acelerada introducción de innovaciones tecnológicas; “se vuelve a los tiempos del exacerbadopresidencialismoyladiscrecionalidad en el otorgamiento de concesiones...”, cuando las reformas declaradas inconstitucionales trasladaban la discrecionalidad a las televisoras y a un órgano -la Cofetel- capturado por los intereses de aquellos que pretende regular. –Los nuevos legisladores asumirán el reto de la gran reforma pendiente. Los criterios vertidos en el debate de la SCJN serán guía y aliento, más allá de las consideraciones jurídicas. Una y otra vez los ministros nos recordaron que se trata de libertades fundamentales: la de expresarnos, comunicarnos, informarnos, para propiciar, como sociedad, la formación de una conciencia independiente. Nuestro derecho inalienable de vivir plenamente la Libertad. *Ex senadora del PRI. dulcesauri@gmail.com ZÓCALO

Fernando Butler Silva *

Concentración televisiva Primera parte

n el sector de la Televisión existen al menos dos niveles: Los productores de contenidos audiovisuales y los operadores de medios de transmisión, mismos que tienen una relación de complementariedad, en una industria caracterizada por elevados costos de expansión, en la producción de contenidos audiovisuales, y en la actualización tecnológica de la red de transmisión, así como bajos costos de reproducción y elevada volatilidad de la demanda de los mismos. Se observan, al menos, dos modalidades de acceso a los servicios que ofrece la industria. En Televisión Abierta, la audiencia accede a estos servicios gratuitamente, a través de equipos receptores de precio reducido, en los cuales la recepción de un televisor no impide que otro tenga acceso a las mismas señales en condiciones similares. Los servicios de Televisión Restringida, por su parte, consisten en la provisión de múltiples canales de Televisión en formatos codificados, mismos que sólo puede descodificar el usuario, previo pago de una suscripción, lo cual permite excluir a quienes no han contratado los servicios. En la Industria de la Televisión se presentan fuertes incentivos a la concentración ya que, por un lado, la integración vertical entre la producción y la transmisión puede generar ganancias en eficiencia, al facilitar la coordinación de las predilecciones de las audiencias y la producción de contenidos para satisfacerlas. Por otro lado, la integración horizontal entre operadores de medios de transmisión permite ampliar la cobertura de localidades de sus redes, mientras que la integración

24 ZÓCALO Comunicación Política Sociedad

horizontal entre productores de contenidos permite ampliar su portafolio de contenidos audiovisuales y aumentar la capacidad de producción, de manera tal que la empresa disminuye sus riesgos, incrementa su competitividad, y aumenta su capacidad para ﬁnanciar los elevados costos de la producción. Las concentraciones resultantes pueden crear o fortalecer empresas con poder de mercado en los diferentes sectores de la oferta de Televisión, en detrimento de las condiciones del proceso de competencia. Al respecto, dado que el acceso de un operador de Televisión a una amplia gama de contenidos audiovisuales es determinante para ser una opción atractiva para los usuarios, las cadenas establecidas que controlan el acceso a contenidos tienen incentivos para incurrir en acciones anticompetitivas. De hecho una de las principales causas por las que la cadena de Televisión Restringida Direct TV salió del mercado, a través de su venta en el 2004 a Sky, fue su incapacidad para acceder a los canales de Televisión Abierta de Televisa, canales a los cuales Sky, como ﬁlial de dicha empresa, si podía acceder.

Cifras de Concentración en TV

La industria de Televisión en México está altamente concentrada. Por ejemplo, en el sector de la Televisión Abierta, 95 por ciento de las frecuencias (canales) se encuentra concentrado en dos empresas. Televisa tiene 225 frecuencias propias y 32 aﬁliadas. TV Azteca cuenta con 180 frecuencias propias. Televisa es la más beneﬁciada porque tan sólo

en el D.F., suma 60 mega hertz, entre canales concesionados y “espejos”, que representan el 65 por ciento del total. Esta situación de elevada concentración en el Sector se vio exacerbada como consecuencia del Acuerdo por el que se Adopta el Estándar Tecnológico de Televisión Digital Terrestre y se Establece la Política para la Transición a la Televisión Digital Terrestre en México, de 2004. A los concesionarios y permisionarios de Televisión se les comenzó a otorgar canales “espejo” (canal adicional en UHF) para llevar a cabo ahí sus transmisiones digitales, lo cual tuvo varias implicaciones: a) Las empresas del sector (Televisa y Televisión Azteca) obtuvieron el refrendo de sus concesiones por 16 años, hasta el 2021. b) Reforzó aún más la posición de las principales empresas del sector, ya que los 437 canales ocupados por Televisa y Televisión Aztecaa se convierten en 874 canales (reservados o en operación). c) Si bien los canales digitales pueden convivir técnicamente con los canales analógicos, sin necesidad de una separación entre un operador y otro, sí se limita el uso del espectro radioeléctrico para la incursión de nuevos jugadores, principalmente en la Televisión Analógica.

Cifras de Rentabilidad en TV

Relacionado con la elevada concentración industrial descrita, está el hecho de que estamos hablando de empresas con grandes activos, y con una dinámica de elevados ingresos y de gran rentabilidad, propios de un mercado que en la actualidad tiene un valor calculado de 2.8 miles de millones de dólares. Por ejemplo, los activos de la empresa Televisa (83,030 millones de pesos) aumentaron en seis por ciento de diciembre de 2005 a diciembre de 2006, mientras que sus ingresos (37,932 millones de pesos) han experimentado una tasa de crecimiento de 10.2 por ciento anual promedio, en los últimos dos años, y su utilidad de operación (EBITDA) presenta una tasa de crecimiento promedio anual, para dicho periodo, de 24.7 por ciento, siendo de 13,749 millones de pesos al cierre del 2006. Mención especial merece la filial de Televisa en el negocio de Televisión por Cable, ya que ésta representa el 19.1 por ciento de los ingresos totales de la empresa Sky. Esta empresa tiene una participación de mercado de más del 22 por ciento en la industria de Televisión por Cable y un valor de sus activos de 6,212.4 millones de pesos. En los últimos ltimos tres aaños, los ingresos totales han aumentado a una tasa de 45.2 por ciento anual, fundamentalmente por el incremento en el nnúmero de sus suscriptores, mismos que durante 2006 aumentaron en 14.4 por ciento, llegando a la cifra de 1.4 millones en enero de 2007. Este crecimiento vertiginoso de sus ingresos se ve reflejado en un aumento sostenido de su utilidad de operación, a una tasa promedio de 73.5 por ciento anual, llegando en el 2006 a un monto de 3,555.5 millones de pesos. Por su parte, los resultados de TV Azteca reflejan los problemas financieros por los que ha pasado la empresa, pero también señalan su fuerte potencial de crecimiento. De esta forma sus activos totales han presentado un comportamiento descendente, pues a pesar

del incremento de 12.4 por ciento presentado en 2006 (21,423 millones de pesos), éstos aun no alcanzan el nivel de 2003. En contraste, los ingresos totales de la empresa presentaron una recuperación, después de la caída de -0.7 por ciento en el 2005, alcanzando en 2006 un crecimiento de 7.9 por ciento, y logrando un nivel de 8,880 millones de pesos. Asimismo, la utilidad de operación ha crecido de manera constante a una tasa promedio anual de 3.7 por ciento, llegando a un monto de 3,842 millones de pesos en 2006.

Mercado de Publicidad en TV

En 2004, la Televisión Abierta alcanzó el 91.7 por ciento de los hogares, y la Televisión restringida el 19.2 por ciento. Respecto a la Televisión Abierta, en 2005 Televisa tuvo una audiencia de 68.5 por ciento, mientras que TV Azteca logró 28.3 por ciento, y todos los demás canales, escasamente, 3.2 por ciento. La gran participación en la audiencia de los dos principales grupos televisivos los convierte en el instrumento por excelencia para la transmisión de la publicidad de bienes y servicios. El mercado de publicidad en Televisión

es uno de los más dinámicos del mundo. En el 2005 los servicios de Televisión captaron cerca de 38 por ciento del gasto en publicidad en el Mundial, monto que crecerá a tasas anuales de 6.5 por ciento entre 2005 y 2010, debido al desarrollo de la Televisión Digital. De este monto la Televisión Abierta captó, en 2005, 94 por ciento de la inversión publicitaria en Televisión. En México la inversión publicitaria en Televisión tiene un gran potencial de crecimiento, ya que en 2004 correspondía a sólo 0.46 por ciento del PIB, lo que contrastaba con lo observado en dicho año en Brasil (1.52 por ciento), Estados Unidos (1.39 por ciento), Chile (0.8 por ciento) y España (0.75 por ciento). En 2005, la inversión total en gasto publicitario en nuestro pa país fue de 44.9 mil millones de pesos, de los cuales 58.0 por ciento se destinó a la Televisión Abierta, 3.2 por ciento a Televisión Restringida y 38.8 por ciento a otros medios publicitarios. Del monto total del gasto publicitario dedicado a la Televisión Abierta, el Grupo Televisa captó captó 71.2 por ciento y Grupo TV Azteca 28.2 por ciento. Al respecto, se calcula que el gasto publicitario total en Televisión en México

ZÓCALO

registrará, en los próximos años, un crecimiento anual de 9.3 por ciento en Televisión Abierta y de 32.6 por ciento en Televisión Restringida.

Modelos de TV

El modelo mexicano actual, de dos cadenas nacionales de Televisión, es anacrónico. En el pasado, en los servicios de radiodifusión, la escasez del espectro radioeléctrico y la necesidad de prevenir interferencias entre los canales de televisión fueron determinantes en las políticas ííticas para otorgar un número limitado de concesiones. Por ello, la Televisión Abierta, en casi todos los países del mundo, consistía en monopolios o duopolios nacionales. Sin embargo, desde 1970 diversos países otorgaron nuevas concesiones para favorecer el desarrollo de cadenas independientes que pudieran atender las crecientes demandas de servicios televisivos. Por ejemplo, Estados Unidos originalmente contaba con tres cadenas de televisión de cobertura nacional, pero debido a la fuerte demanda por concesiones para estaciones privadas de televisión, adoptó un programa para adjudicar, por localidades, el espectro disponible en las bandas UHF y VHF. Este programa permitió el desarrollo de

450 estaciones privadas de Televisión para 1995. Posteriormente, diversas estaciones independientes se aﬁliaron para formar un cuarto canal con cobertura nacional, así como canales mixtos que combinan medios de transmisión de acceso abierto y restringido. Canadá, por su parte, mantuvo un duopolio televisivo hasta 1970, cuando otorgó concesiones para nuevas estaciones de Televisión, mismas que permitieron el desarrollo de dos cadenas regionales separadas.

Políticas Regulatorias de la TV

La existencia de empresas grandes en los mercados no es preocupante por sí misma, ya que pueden existir ganancias de eﬁciencia para la sociedad por el aprovechamiento de las economías de escala y de objetivo y, en algunos casos, se presenta una mayor velocidad de innovación y difusión tecnológica. Sin embargo, en presencia de barreras a la entrada, o en ausencia de un marco regulatorio e institucional fuerte y pro-competitivo, las empresas establecidas pueden utilizar su poder de mercado, tanto para ﬁjar precios oligopólicos por arriba de los que establecería un mercado competitivo, disminuyendo el bienestar social y ocasionando severos daños

a la eficiencia económica del resto de la economía, como para fortalecer y perpetuar las barreras que impidan la entrada de empresas competidoras a su mercado. Al respecto, en el mundo las autoridades de competencia evalúan las fusiones y las adquisiciones de las empresas en estos sectores caso por caso, y el marco regulatorio debe asegurar que todas las empresas y tecnologías í ías puedan competir en igualdad de circunstancias, eliminando barreras legales artificiales que protejan a algunas, a fin de que, a través del proceso competitivo se logre la aspiración de aumentar la eficiencia y productividad de la economíía, economí a, asignando recursos a las empresas y tecnologías íías más eficientes y desplazando a aquellas que no lo son. En particular, con respecto al diseño regulatorio eficiente que imponen el acelerado cambio tecnológico y el fenómeno de convergencia digital, en industrias como las de Televisión y Telecomunicaciones, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera que las mejores experiencias internacionales en términos de logros en reducciones tarifarias para los consumidores y acceso, diversificación y calidad de los servicios de comunicaciones, siguen prácticas que se basan en la liberalización de los mercados, el desarrollo de esquemas regulatorios sólidos y la promoción efectiva de la competencia entre los proveedores. Al respecto la OCDE recomienda: i) adoptar los principios de neutralidad tecnológica y flexibilidad; ii) instaurar reguladores autónomos e independientes; iii) fortalecer el alcance, efectividad y aplicación de la política íítica de competencia; iv) asignar de manera eficiente los recursos escasos, incluyendo el espectro radioeléctrico; v) promover el acceso al servicio universal; vi) proteger a los consumidores; y vi) eliminar las regulaciones económicas innecesarias. * Presidente del Colegio Nacional de Economistas bbutler@colegiodeeconomistas.org

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Ernesto Velázquez Briseño*

Medios públicos después del 5 de junio

n una célebre jornada, entre las más recientes deliberaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que giró en torno a las reformas a las Leyes Federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, públicamente conocidas como Ley Televisa, el ministro Mariano Azuela hizo una extensa reflexión sobre la inequidad en que se encuentran los medios públicos frente a los comerciales, sobre todo considerando la tarea fundamental que cotidianamente realizan, precisamente la del cumplimiento de los principios generales que señala la legislación federal de r adio y televisión. Lo que se pretendía en aquellas reformas no era sino establecer un régimen para una televisión comercial fuerte, digital, y otro para “una televisioncita modesta, casi diríamos de función social altruista”, decía el ministro, y añadía: “en la que es para especular y ganar dinero todo es clarísimo, pero en el caso de las estaciones culturales, oficiales, de experimentación y comunitarias se les sujeta a una gran discrecionalidad”. Ese día, Azuela y ocho ministros más declararon inconstitucionales dos fracciones del artículo 20 de la Ley Federal de Radio y Televisión. Lo que se hizo fue cumplir -no sin la elocuente sorpresa de muchos- el antiguo anhelo del reconocimiento público, sólido, de peso específico, al provenir del máximo tribunal de la Nación, respecto a la ominosa situación legal a que están sometidos los medios electrónicos dedicados a la educación y la cultura. El adjetivo recurrente en su análisis, que también lo fue en la denuncia pública, es inequidad, que evidencia un marco jurídico discriminatorio y discrecional. Un día después, el miércoles 30 de mayo, los medios impresos

señalaban que se trató de “un reconocimiento de la Corte a la función social de los medios educativos”. En las reformas, que ahora han sido suspendidas en lo fundamental por la Corte, se añadía la intención de establecer condiciones especialmente persecutorias para la creación de nuevos medios permisionarios, así como la imposibilidad (por omisión) de que éstos pudieran brindar servicios como redes de telecomunicaciones. Es decir, aprovechar, con el aval de la ley, las posibilidades que en materia de convergencia tecnológica permite la radiodifusión digital. Por supuesto, es necesario referir que el Ministro Azuela no habló de medios públicos: habló de las “estaciones culturales, oﬁciales”, de los “permisionarios”, que es la ﬁgura jurídica mediante la cual la mayoría de los medios educativos y culturales operan en México, frente a los “concesionarios”, aquellos medios comerciales que pueden hacerlo todo.

Una denominación importante

El ministro Azuela no habló de medios públicos, porque no está así establecido en nuestras leyes: hemos tenido la lamentable tradición de que se hable de medios oﬁciales o gubernamentales y ese es uno de los elementos básicos que podrá subsanarse cuando, entre otras cosas, se cuente con el marco jurídico adecuado para la operación de los medios educativos y culturales. Ese es el punto principal de los escenarios, después de la sentencia de la Corte: la derogación de las reformas mencionadas sólo es parte de una tarea extensa que aún deben realizar estos medios, para lograr que las leyes consideren todos los elementos que garanticen su desarrollo e incluso su misma permanencia.

Los temas se multiplican si queremos que existan realmente medios públicos en México, no dedicados a la propaganda gubernamental y al elogio interminable del funcionario en turno. Es necesario que se respalde, en las leyes y no en los discursos, su independencia editorial y su autonomía de gestión. Si deseamos que tengan una operación sana es necesario que cuenten con las posibilidades de ﬁnanciación que hasta ahora se les han negado sistemáticamente. Cada vez que se ventila la mera posibilidad de que los medios públicos puedan comercializar una pequeña porción de su tiempo aire, la respuesta del sector privado

ha sido escandalosa: “es competencia desleal”, porque estos medios “recibirían recursos públicos y además podrían obtener ingresos comerciales”. Lo que no se ha dicho es que, si algunas instancias reciben dinero del erario en nuestro pa s, son precisamente los medios privados. Tanto paí en presupuestos de comunicación social como en inversiones de los partidos políticos, ííticos, inmensos recursos gubernamentales gu , aaño con aaño, terminan invertidos en ellos, sin que la ciudadanía íía tenga elementos para evitar el despilfarro.

El dispendio publicitario

El adjetivo despilfarro no es exagerado, si se analizan los presupuestos de campaña asignados a los partidos políticos, ííticos, o si se considera que

ZÓCALO

solamente el presupuesto del Canal 22, uno de nuestros mejores medios culturales, representa apenas cinco por ciento de lo que destinó, cada año, en publicidad, la Presidencia de la República en el por muchas, terribles razones, inolvidable y lamentable sexenio pasado.

Si deseamos emplear las nuevas tecnologías digitales en beneﬁcio de la educación y la cultura es necesario que los medios públicos cuenten con los recursos necesarios para hacerle frente a la conversión tecnológica que, por otro lado, es un proceso irreversible. Aquellos medios que no cuenten con equipamiento digital en el corto plazo simplemente saldrán del aire; pero además es necesario mirar los nuevos servicios que permitirá la convergencia tecnológica como algo más que propuestas comerciales. Pensar en interactividad, video bajo demanda y transmisión de datos para ﬁnes educativos, atención de servicios de salud en comunidades remotas, y el fomento urgente de la inclusión social que representan el acceso a la educación y a la cultura, es imprescindible. En los días íías as terribles y temibles del aañño 2006, cuando se discut discutííían an en el Senado los t rminos de la Ley Televisa, ante la exigencia de té que los medios educativos y culturales tuvieran garantííaa de acceso a los servicios que se podrán garantí á proporcionar como redes de telecomunicaciones, alguno de sus defensores preguntaba asombrado: “¿Qué entonces los medios públicos úúblicos también quieren ingresar en la prestación de servicios de telefonía?” íía?” La respuesta es sí, claro, pero no como negocio: baste pensar en la posibilidad de que los medios educativos y culturales, así como los indigenistas y comunitarios puedan llevar este tipo de servicios a las regiones del pa s con alt paí altísimos niveles de rezago social, para valorarlo. A estos primeros elementos se suman muchos más: la necesidad de garantizar la preservación de nuestro patrimonio audiovisual; la posibilidad de crear

realmente mecanismos de apoyo a la producción independiente, lo que por cierto no quiere decir apoyar a productores de telenovelas, sino a aquellos realizadores que buscan renovar los lenguajes audiovisuales y atender temas no considerados por la radiodifusión comercial, por no ser redituables publicitariamente. Se trata de un nuevo marco jurídico que garantice, además, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, lo que en decenas de países es una realidad cotidiana y en México ha parecido siempre la petición de una nueva aparición de la Virgen del Tepeyac.

El proyecto legal de la Red

En México existen más de 50 medios educativos y culturales provenientes de los áámbitos más diversos. Algunos son de dependencias federales, otros de gobiernos estatales, universidades públicas ú úblicas y privadas y hasta congresos locales. Reunidos en La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, han trabajado, desde su creación hace máss de diez aaños, en lograr esa certeza jur jurííídica dica y, especialmente, desde hace un aaño, en un nuevo proyecto legal que fomente un servicio público úúblico de radiodifusión educativa, cultural, cient cientííífi fica y social de calidad. Ese proyecto será presentado al poder legislativo en las próximas semanas y su conformación es ya, en sí misma, un gran esfuerzo por reunir en un documento todas las ideas y muchas de las necesidades de un grupo tan diverso y con tantas peculiaridades. Por cierto que este proyecto legal, por desgracia, pero como era de esperarse, fue filtrado a la prensa en una versión que no era otra cosa sino un documento de trabajo. No fue sorprendente que se filtrara, sino descubrir la absoluta carencia de profesionalismo y ética periodística de uno de nuestros supuestos expertos en comunicación. Lo recuerdo ahora, denunciando el comportamiento informativo sin seriedad y tendencioso de los medios privados, y no deja de sorprenderme su cualidad para ver la paja en el ojo ajeno. En fin.. El proyecto desarrolla y explicita los principios que La Red ha reunido en un documento de la mayor importancia que, a su vez, ha recuperado el espíritu ííritu de la Declaración por

una Televisión Educativa y de Descubrimiento, presentada por la Asociación Internacional de Televisoras Educativas y de Descubrimiento (AITED) ante la UNESCO en 1999, reconocida más tarde por este organismo y, de cuyos socios, tres fueron representantes de México. Entre sus fundamentos se encuentran: • Que el uso de los medios de comunicación electr nicos en la vida contempor electró contemporááánea nea es fundamental y que, por su importancia y penetración, su función no debe restringirse exclusivamente a los avatares tecnológicos gicos y econ económicos. • Que los medios de comunicación electrónicos ocupan un lugar preponderante y son componentes fundamentales en la sociedad mexicana. A partir de ellos se construye la visión del mundo y la de los medios culturales que permean el tejido social e inﬂuyen, de manera decisiva, en la agenda nacional. • Que su impacto social es tan relevante que no puede ser restringido a los desarrollos tecnológicos que los inﬂuyen y transforman.

• Que el espectro radioeléctrico es un bien de la Nación y por tanto es obligación del Estado cuidar que se haga un uso responsable del mismo. • Que, en consecuencia, la función social de los medios electrónicos representa una tarea estratégica para el desarrollo social de la Nación mexicana. • Que es obligación del Estado Mexicano propiciar una radiodifusión de calidad, dedicada a fomentar la educación y la cultura, a impulsar un desarrollo integral del ser humano, en que sea primordial el reconocimiento y la valoración de la convivencia democrática, de la pluralidad y de una sociedad multiétnica, con profundo arraigo en sus raíces históricas • Que, del mismo modo, es obligación del Estado favorecer que los medios no lucrativos cuenten con recursos suﬁcientes para su existencia y desarrollo, así como favorecer la instalación de

El momento del Poder Legislativo

La iniciativa de La Red se conforma en un momento excepcional y con la conciencia de que no será tarea ffácil ni de corto plazo. Sin embargo, tenemos la posibilidad de que ﬁnalmente sean establecidas políticas ííticas públicas congruentes con respecto a la función social y al servicio público de los medios de comunicación en México; tenemos también la gran oportunidad histórica de que el Poder Legislativo recupere algo del respeto perdido en los días vergonzosos

en los que, en siete minutos, optó por intereses personales y, desde luego, políticos. í íticos. La Corte, por su parte, ha dado una muestra de que el Estado mexicano tiene la obligación de anteponer los intereses ciudadanos a los de los grupos económicos. Es necesario que el Legislativo lo entienda así y actúe como el país y su futuro democrático requieren. Debe ser, desde luego, una verdadera reforma legal que no busque el blindaje de negocios privados, sino las mejores condiciones legales a favor de toda la sociedad, es decir, una reforma que transforme en norma jurídica lo que en una sociedad democrática debe prevalecer como principios dentro de la realidad de los medios y que ya es una demanda extendida: libertad de expresión, derecho a la información,

A mediano plazo, señal abierta para TV UNAM

l 15 de junio el rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente anunció que en breve, TV UNAM ampliaría su señal digital restringida. Sería “el primer paso” para que la Universidad Nacional contara con señal abierta. Antes de concluir el presente año, Canal 20 iniciaría transmisiones en una zona de la capital del país, se dijo. Para ampliar la información acerca de esa noticia, Ernesto Velásquez Briseño, director de la televisora universitaria comentó: -Se trata de un canal que se transmitir transmitiríía ía como señal digital de prueba, es un muy buen principio para que, sobre todo, la televisión avance en la migración a radiodifusión digital y para que podamos iniciar una transmisión abierta en el áárea metropolitana. En un principio esto fue planeado para abarcar una zona limitada de la Ciudad de México xico y, como ttú lo sabes, esta migración de la televisión a formato digital es un proceso irreversible. En este sentido, el anuncio del doctor Juan Ramón de la Fuente signiﬁca que con esto damos el primer paso que nos llevará, más temprano que tarde, a contar con nuestra señal abierta, como lo ha querido siempre la Universidad

independencia editorial, derecho de réplica, transparencia de gestión, garantía de opciones, inclusión de todos los grupos y todas las ideas, y la garantía de una verdadera competencia. Una nación sin crítica, íítica, decía Octavio Paz, es una nación ciega. Una nación sin educación y cultura es una nación condenada al olvido permanente y a la mediocridad. Los medios públicos trabajan por un desarrollo cultural y educativo que garantiza una población pensante, con alternativas, con independencia. Una población que construirá. Desde luego, esa naciónn que pueda mirar, como quería quer Paz, y mirar libremente.

* Director de TVUNAM ernestovel@servidor.unam.mx Foto: archivo

nuevos proveedores de un servicio público úúblico de radiodifusión de calidad y propiciar que los servicios y recursos que ofrecen las nuevas tecnologías í ías de radiodifusión sean también empleados para propósitos educativos y culturales.

y como se nos había ííaa negado hist históóricamente. -Algunos colegas se preguntan por qué optaron por el permiso digital y no por el Ernesto Velázquez. Director de TV UNAM. analógico. -No, no es así. La Universidad no optó en un año, una vez reubicada la frecuencia del Canal principio por un canal digital. Históricamente la 20 en formato digital, saldrá al aire con una Universidad contó, cuando surgió la televisión, cobertura limitada en el área metropolitana, con una frecuencia analógica, que 50 años con la misma programación que tiene el Canal después, sabemos que no se utilizó, y en Cultural Universitario. Lo más importante consecuencia la UNAM perdió esa posibilidad. es que este es el primer paso para este gran Cuando, más adelante, la Universidad solicitó propósito de contar con una señal abierta, y una frecuencia analógica para tener un canal sobre todo para convertir al Canal Universitario abierto, la autoridad la negó. Fue hasta el año en el primero de carácter cultural que emita a 2000 que se le otorgó a la UNAM el permiso través de tecnología de radiodifusión digital. -¿Cuánto calculan que pasarían a para operar una señal digital de prueba bajo la frecuencia del Canal 60. El año pasado, en 2006, televisión abierta? La salida del Canal 20 es televisión abierta, TV UNAM hizo una solicitud ante la SCT para pero televisión abierta digital. que se reubicara esta señal del Canal 60 a otra El anuncio del rector se dio a conocer durante frecuencia, (Canal 20) en términos de acatar lo que el propio reglamento de migración a señales la inauguración de las nuevas instalaciones de UNAM, acto donde también se convocó al digitales menciona. Al mismo tiempo solicitamos TV UNAM Sistema de Apoyo a la Producción Televisiva el incremento de potencia, que desde luego supone un incremento de cobertura y, al mismo realizada por Jóvenes, en que se impulsarán tiempo, pedimos autorización para transmitir propuestas de realizadores y productores de programación cultural. Antes de terminar este hasta 25 años de edad. ZÓCALO

Foto: Miriam López

ebemos celebrar los momentos brillantes de la institucionalidad y de la legalidad en México (con la decisión de la Corte), a veces escasos. Festinar que un grupo de senadores estuvieran en contra de la línea íínea dictada por sus partidos y decidieran presentar una acción de inconstitucionalidad; además de que académicos y representantes de la sociedad civil se sumaran a esta iniciativa y crearan un ambiente cada vez más favorable en la opinión pública. Congratularnos porque la Corte transmitiera a través del Canal Judicial, las sesiones y se invitara a expertos, para escuchar a todas las partes, y declarar inconstitucionales algunos de los artículos claves de la Ley Federal de Radio y Televisión, por vulnerar el patrimonio de la nación y las leyes de la libre competencia, agrega Jorge Volpi, director de Canal 22, en entrevista. La resolución es muy positiva, por declarar inconstitucionales los artículos base de aquella ley, y por el propio espíritu ííritu de la declaración de los ministros, lo cual debe permear la actuación de los miembros del Congreso de la Unión. Ahora, los miembros del Congreso tienen la facultad de decidir qué hacer en este momento, si reformar los art artííículos culos declarados inconstitucionales; o redactar una nueva ley de radio y televisión y otra de medios públicos, úúblicos, o si éstos son incluidos en una legislación más general. -¿Usted qué tipo de ley acepta? -Esa es la discusión de los distintos medios del servicio público, úúblico, que no somos púúblicos porque la ley no nos reconoce. Tratamos de deﬁnir una estrategia conjunta para saber qué serí serííaa mejor, si una ley de medios públicos úúblicos o un proyecto más amplio, que considere la regulación de los medios públicos. ú úblicos. -La Red de Radiodifusoras y Televisoras

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ENTREVISTA

Trabajo común por medios públicos: Volpi El espíritu ííritu marcado por la Suprema Corte (sobre la Ley Televisa) debe estar presente entre legisladores, opinión óón púública y la sociedad civil, para que a diferencia lo que ocurrió con esa ley el año pasado, ahora se tome conciencia de cuáles son las mejores reformas para el país íís y la sociedad, incluidos, ahora síí, los medios públicos. ú úblicos.

Carlos Padilla Ríos Culturales y Educativas de México ya tiene una propuesta ¿qué opina al respecto? -Efectivamente, aunque ahora las circunstancias han cambiado. Ese proyecto estaba pensado en los términos de la ley anterior, antes de la resolución de la Corte. Analizamos si los principios que ya trabajamos deban incluirse en una ley general de radio y televisión. Para ello es necesario llegar a acuerdos. De lo que se trata es de regular adecuadamente la existencia, sustento jurídico, viabilidad, independencia y transparencia de los medios públicos. Que no deben estar al servicio del gobierno en turno, sino ser independientes, y estar al servicio de la sociedad, autónomos. -Existen distintos medios de servicio público pertenecientes a las universidades, instituciones culturales, gobiernos estatales. ¿Es Es dif difícil la discusión entre ustedes? -Claro, y además en regímenes íímenes distintos, de concesión y permiso. Hay que encontrar una ley lo suficientemente general para englobar todo, que pueda regular esas particularidades de los distintos medios de servicio público, por la pertenencia del medio y por el régimen en el que está incluido. La regulación debe ser lo suficientemente amplia, pero también lo suficientemente concreta para intentar, legalmente, resolver los problemas de cada medio. -A pesar de la camisa de fuerza que representa la legislación en la materia, surgen otros medios de comunicación como el Canal Judicial Judicial. -Efectivamente, hay efervescencia para crear canales de servicio público, como también sucede en el Congreso, que es muy positivo. Ahora que TV UNAM llegue a ser un canal que transmita en sistema abierto, resulta estupendo. No se trata de competir, sino de ofrecer un servicio público al

televidente, que tenga alternativas de alta calidad que fomenten los valores de la democracia que muchas veces son mucho máss dif difíciles de encontrar en la televisión comercial. -Si el Distrito Federal llegara a tener un canal de televisión, ¿qué desearía usted ver en ese Canal? -Más que decir qué me gustaría ver, celebro que haya más canales que busquen transparencia, imparcialidad, pluralidad, que reflejen los intereses múltiples de los habitantes dell DF DF. -Acerca del ombudsman para el televidente de Canal 22, ¿qué avance tiene su propuesta? -Trabajamos un doble planteamiento de autorregulación, importantísimo para un medio del servicio público, pero también como ejemplo para otros medios. Estamos redactando nuestro código de conducta y estilo y también en el defensor del televidente, cuyo nombre daremos a conocer en septiembre. -¿El ombudsman será representado por una persona o por una colectividad? -El consejo programador existe, pero el ombudsman sí tiene que ver con una figura. Así fue creado originalmente. Será un experto, un académico de reconocido prestigio, con independencia absoluta frente al canal. Tendrá la oportunidad de discutir programación, tratamiento de la información y quejas. -¿Y la agencia de noticias? -La presentaremos quizá a finales de junio. Primero viene la programación de verano, luego la agencia de noticias, más tarde la programación de otoño, después el código y el ombudsman; y más adelante el Comité de Apoyo a Productores Independientes y coproducciones.

ELECCIONES 2006

ENTREVISTA

Tenemos una “presidencia presidencia capturada”: Jenaro Villamil Norberto Hernández Montiel

ntrevistado por Zó Z calo, explica que captura del Estado es un término que acuñó el Banco Mundial, como categoría de análisis para medir el grado de concentración monopólica en un país, el cual, de acuerdo con esta definición, n, “muy dif difícilmente es democrático”, ya que en este contexto hay intentos continuos de las empresas para influir en las decisiones del Estado. Detalla que estamos viviendo el pleito por el control de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), “una disputa entre dos formas de observar la política íítica de regulación de las telecomunicaciones, de radio y televisión”, la cual está más allá de ser un enfrentamiento entre Héctor Osuna, presidente del organismo, y Luis Téllez, secretario de Comunicaciones y Transportes. No obstante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un primer paso para la resolución de este confl icto, indicó, por medio de su fallo “evidente, e implícitamente, reconoce que fue un proceso de negociación en donde las empresas predominantes impusieron sus criterios, en función del clima electoral y de la presión electoral que existía en 2006”. Esta situación es muy riesgosa para el país, porque “no hay una decisión de autoridad de Felipe Calderón para atajar, imponer o marcar, una política í ítica de Estado autónoma de los intereses dominantes del sector y eso va a generar muchos conflictos, mucha tensión”. A esto se añade que el Poder Legislativo también tiene una responsabilidad a cumplir en este tema y debe “definir hasta qué grado ya se descapturó de los intereses de las

televisoras”, a causa de la aprobación de la Ley Televisa, sin revisión en la Cámara de Diputados y por mayoriteo en el Senado. “Estamos viviendo la continuación de un conﬂicto –indica Villamil– porque prácticamente, todo el proceso electoral de 2006 implicó varias capturas. Es tan claro, que Luis Téllez, el secretario de Comunicaciones y Transportes “ya lo maneja así”. En tal situación están el Instituto Federal Electoral (IFE), y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo que “explica muy bien Julio Scherer –quien es abogado y hace un análisis jurídico del proceso electoral de 2006– en la segunda parte del libro. En estos cinco meses del gobierno de Calderón hay una permanente tensión entre el proceso de captura o recaptura y el proceso de liberalización o descaptura de distintas instancias”. El IFE, plantea el autor, “en lugar de ser un organismo verdaderamente autónomo de sus propios regulados, es decir de los partidos e incluso de los grupos fácticos que dominan el poder, cae en la categoría de captura del Estado”. Por ello,

la de Felipe Calderón “es una presidencia capturada, que funge además con una serie de carteras múltiples”, lo cual es muy evidente en la Secretaría de Educación Pública, con el grupo de Elba Esther Gordillo, a quien Calderón “le ha dado posiciones de poder que ni siquiera un gobierno priista le hubiera otorgado”. El pánico moral

La otra categoría de análisis que aplica Villamil es el pánico moral, integrado por cinco ejes: preocupación ante una amenaza o peligro sobredimensionados; hostilidad ante la diferencia, la crítica o la disidencia; consenso creciente a favor de conservar el estado de las cosas, aun a costa de violentar los derechos más

Foto: archivo

A partir de los conceptos captura del Estado y pánico moral, Jenaro Villamil, analiza en el libro La guerra sucia, los medios y los jueces -que escribió en conjunto con Julio Scherer Ibarra-, expedientes como la Ley Televisa; las elecciones del 2006, los asesinatos de periodistas durante la gestión de Vicente Fox y en los meses iniciales de Felipe Calderón, a quien le atribuye una presidencia capturada.

Presentación del libro de Jenaro Villamil y Julio Scherer Ibarra. ZÓCALO

ENTREVISTA elementales y eliminar la idea de una oposición legítima; desproporción entre la realidad y el imaginario colectivo. La guerra sucia, desatada contra Andrés Manuel López Obrador durante la campaña, asegura, involucró todos los elementos anteriores, “todo el expediente de 2006, que apenas se está volviendo abrir, en términos de revisión institucional, pero lo que realmente va a concretar muchas cosas es la manera en que resuelva el IFE todo el asunto en relación con los spots del caso, en que están vinculados muchos signos de captura, en que la fiscalización electoral ha fracasado y, además, los intereses más sensibles y más fuertes de las televisoras están ahí. Ahora, opina, “estamos viviendo la otra fase del pánico moral. Esa es la tesis fundamental del texto que me tocó escribir. En síntesis hablamos de la comunicación del miedo, la sobreutilización, el abuso de la percepción. De lo que se trata, es de que se interiorice el golpe de Estado mental, el temor y las campañas de denostación y de criminalización en contra de quienes, desde el Estado, desde el gobierno, son señalados como las amenazas. “En el 2006 la amenaza era Andrés Manuel López Obrador. En estos momentos la amenaza, así como lo que justifica todo tipo de arbitrariedades, es el narcotráfico, y por supuesto, en ese paquete entran hasta los pocos aliados que tiene Calderón. Lo que vemos entre los grupos de Manuel Espino y de Felipe Calderón tiene mucho de guerra sucia y de inducción del pánico moral. Los asesinatos de periodistas

En cuanto a los excesos del ejército, apunta: “se trata de minimizar o relativizar las cargas negativas de un combate al narcotráﬁco que, desde mi punto de vista, ha quedado como marketing. Así se oculta el uso del ejército en funciones de policía”. –Aparte tenemos los asesinatos de periodistas. –Ese es otro expediente correlativo con la crisis, una herencia, continuidad terrible del gobierno foxista: el menosprecio al ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información, que comienza con la minimización de la prensa que caracterizó a Vicente Fox. Acordémonos de la famosa

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expresión de Fox, de que no leía prensa, porque prefería estar bien. Si Calderón realmente quiere gobernar con un sello distinto tendría que romper con esa dinámica foxista, y no hacer declaraciones que no sirven para nada. Paradójicamente, los que están actuando son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, en el caso de Lydia Cacho, que toca puntos muy sensibles sobre cómo se quiso destruir, torturar y encarcelar a una periodista que hizo una denuncia sobre una red de crimen organizado. ––Aﬁrmas que el cambio se frustró, no por un personaje demonizado, sino por la prevalencia de una cultura política íítica que boicotea su propio futuro y colocó a la disidencia en el terreno de la ruptura, a lo que se añade la declaración de Fox, de que en el 2006 había íía logrado una victoria personal. –Esa declaración del ex presidente demuestra que la presidencia de Felipe Calderón sigue capturada por la herencia e intereses generados durante el gobierno de Fox. Tan es así, que no pasa mes o semana en que Fox lo recuerde y le diga a Calderón: “tú llegaste ahí por mí”, que haga una exhibición grotesca de la irregularidad e impunidad que él encabezó y permitió. Acerca de la situación actual, señala “una creciente fractura y ruptura de la cohesión social en México, alentada además por medidas de fuerza”, aunque existe “la posibilidad de un cambio que implica una revisión muy profunda, precisa, de lo que vivió México en 2006, porque de no ser así, corremos el riesgo de repetirlo, de empeorar”. Hay muchos signos, evalúa, “que alientan el pesimismo, pero a pesar de eso, observo que en la política también funciona la ley del péndulo. Todos los agravios e irregularidades que se impusieron y se cometieron hace un año empiezan a ser revisados y a ser objeto de un análisis severo. Ya empezó la Corte con la Ley Televisa, el caso Oaxaca, el de Lydia Cacho, expedientes que se relacionan con el 2006, el pánico moral y, de una u otra manera, con la guerra sucia. Si el Presidente actúa como si estuviera capturado y el Congreso también, lo que queda es el Poder Judicial, que está tratando de resarcir los graves errores que llevaron al Estado a esta situación”.

ENTREVISTA

En 2006 el fraude más documentado: Federico Arreola

Integrante del Gabinete Alternativo de Andrés éés Manuel Lóópez Obrador, el periodista Federico Arreola, aﬁrma que “el dos de julio del 2006 hubo un fraude gigantesco, escandaloso, y sobre todo documentado”, en el cual, además ááss de medios electr electróóónicos nicos e impresos, cumplieron un papel fundamental las empresas encuestadoras, “cuyos propietarios militan abiertamente en el PRI y el PAN.”

un año del 2 de julio asegura: “nunca habíamos tenido un fraude tan documentado como éste. Fue tan perfectamente claro que todo el mundo lo vio. Hay evidencia estadística, cibernética, fotograf as, videos, miles de testimonios y ahora, fotografí un año después, tenemos las confesiones de todos los que participaron.” Recuerda: “ya confesaron” Vicente Fox, Elba Esther Gordillo, Manuel Espino y Roberto Madrazo, en un libro. El mismo Luis Carlos Ugalde, acepta tácitamente los hechos en su declaración de que Fox fue un irresponsable. “Es tremendo –lamenta– antes de un año de haberse cometido, los culpables de este retroceso democrático lo están cantado. Lo triste –añade– es que están destruyendo al país. Es país está mal: hay una guerra contra el narcotráﬁco que se está perdiendo, sin crecimiento económico, no hay empleo, ni bienestar”. Entrevistado respecto a la publicación de su libro, Las razones del descontento, basado en sus experiencias durante la campa campaña de López Obrador, asegura que las compa compañí ñías ñí as demoscópicas, “prácticamente trabajaron para el PAN, claro, siempre tratando de hacerse los simpáticos, ááticos, objetivos e imparciales, pero el encuestador en jefe de GEAISA, Guillermo Valdés, es el actual director del CISEN. Hubo una maquinaria que llevó a cabo el fraude, asevera: encuestadores, medios, empresarios, los dirigentes del PRI y del PAN. Manuel Patiño, un buen analista me ayudó a hacer el capítulo íítulo dedicado a las encuestadoras que quedan muy bien exhibidas”. -¿En las elecciones del 2006 los medios fueron determinantes? - En esta elección lo fueron. Les dimos demasiada importancia tambiénn y creo que ya no habr habríííaa que dárselas. áárselas. No sólo participaron las televisoras también

las radiodifusoras, los periódicos. A pesar de que hubo momentos de cierto equilibrio de los medios, el 2 de julio se dejaron caer brutalmente, apoyando el fraude. El IFE no cont contó los spots de Fox en televisión, ni los del PAN, que fueron muchos más que los de todos los partidos juntos, los de las organizaciones empresariales. En mi libro, básicamente hablo del papel tan lamentable que jugaron los medios y los empresarios. De este grupo, el líder ííder de todo esto fue Claudio X. González á . ález De los periódicos dicos dice:“ dice:“Milenio, muy cuestionable, a excepción de La Jornada, que en su opinión estuvo “muy bien.” A El Universal lo califica como “el menos peor”, Reforma muy entregado al PAN y los medios de provincia igual. En Monterrey, un estado que Arreola conoce bien, expone que “allá existen Milenio y El Norte, que actuaron igual que Milenio y Reforma aquí aquí. Adem s de Televisa y TV Azteca existe una cadena Ademá regional de televisión que es de Milenio.” En esa ciudad, afirma, “sembraron mucho miedo los empresarios y toda esta gente... se iba a acabar el mundo si ganaba Lóópez Ló pez Obrador y todo eso.” Los medios, estaban al servicio del gobierno y en contra de López Obrador, desde el intento de desafuero y desde antes de empezar la campaña. En radio, la excepción es Carmen Aristegui. Al final de la contienda, “se llenó la pantalla de televisión con descalificaciones tremendas a López Obrador. Nadie cubrió las protestas y la gente se dio cuenta del papel de los medios, y rápidamente la gente se lanzó contra los medios a criticarlos y denostarlos”, apunta. -Varios libros se han escrito acerca del 2 de julio, uno de ellos, El 2 de julio de Carlos Tello, donde asegura que López Obrador aceptó haber perdido. -Es una pendejada y los medios le dieron

todo el vuelo. El libro de Madrazo, que tiene más valor, que es una confesión muy importante, no ha tenido el mismo impacto. Obviamente mi libro no lo va a tener. Con diﬁcultades estuvo exhibido en Sanborn’s un poquito, porque viene en la portada la caricatura de (Carlos) Slim. -¿Cuál es la autocrítica que usted hace al movimiento popular? -Más allá de los numerosos errores, que seguramente cometimos, lo cierto es que ganamos. En el libro señalo muchas cosas que hubiera hecho de otro modo. Yo no hubiera salido tanto en la televisión, pagando spots, y hubiera estado más cerca de los empresarios. Yo soy neoliberal, creo en la libre empresa... pero lo cierto es que ganamos y nos robaron la elección. (Carlos Padilla Ríos) ZÓCALO

Érika Loyo Beristáin*

A un año del 2 de Julio; los medios y la simpliﬁcación

a pasado ya un aaño del proceso electoral, de aquella búsqueda de la paz, para que la violencia no nos rebase; no nos asalte el miedo; ni la crisis social se visibilice; del candidato “menos malo”. La unión entre el discurso institucional desgastado de la política íítica y el nuevo discurso institucional de los medios de comunicación rindieron frutos para legitimar, en la medida de Foto: Cuartoscuro / Nelly Salas lo posible, al actual presidente, pago de cientos de horas de anuncios, pagados por Felipe Calderón Hinojosa. ellos, y que no estaban permitidos legalmente. Después de unas campañas fundadas en el El ex presidente Vicente Fox también falló desprestigio mediatizado, la política íítica se erigió en porque antes que dar confianza, traspasó en un sistema de mediatización indicial. todo momento los fundamentos legales de sus Durante los procesos electoral y post electoral, atribuciones, utilizando programas sociales con fallaron muchas instituciones encargadas de fines electoreros, pasando por encima de cualquier otorgarnos certeza, obligación legal de la cual son autoridad, poniendo en riesgo el proceso electoral responsables y por la cual nacieron. Los rezagos sin que nadie ejerciera el derecho o el poder para de credibilidad y confianza fueron muchos, sobre sancionarle. todo desde la perspectiva de lo político, íítico, es decir, del espacio público, ciudadano, que resiste, lucha Indicialidad mediática y se mueve en sintonía opuesta a la política í ítica La certeza, confianza, credibilidad de las institucional. instituciones políticas, ííticas, fueron altamente minadas Fallaron el Instituto Federal Electoral (IFE) y por su propio comportamiento; todo ello, en sus consejeros. Rebasados por la realidad políticoí íticodetrimento de la sociedad que hoy se fundamenta electoral-mediática, áática, demostraron que no pudieron en una nueva cultura política, íítica, que si bien se manejar con habilidad y respeto la circunstancia post encuentra en ciernes, se va creando lejos de la electoral. Los consejeros, incipientes ante la crisis, indicialidad de la mediatización actual, desde lucen ridículos íículos hoy, ante sus nuevos escáándalos en sus propios ámbitos de resistencia, pero ¿qué puerta. Léase spotgate. es y cómo se manifiesta esta nueva indicialidad Falló el Tribunal Electoral del Poder Judicial mediática y cómo se hace visible en los procesos de la Federación que en lugar de castigar, sólo electoral y post electoral? hizo llamados a la concordia, paz y civilidad Si bien antes la política íítica se visibilizaba a que ya habían sido rebasadas, por todos los través de un funcionamiento significante verbal, llamados “supra poderes”, alternos a la política: í ítica: en el dominio de lo simbólico (lenguaje verbal, empresarios, cúpulas, medios de comunicación. El símbolos y signos políticos), ííticos), hoy está obligada a

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abrirse camino, a existir y a significar a través de lo que Verón (2001) llama, la mediatización del contacto, provocada por un orden inverso de significación. Esto quiere decir que antes la política íítica se significaba a través del símbolo íímbolo (actividad lingüística), el orden de lo icónico (del funcionamiento de la imagen como analogía) y del orden de los fundamentos indiciales del índice í (que implican vínculos íínculos existenciales y de búsqueda permanente de un contacto y conexión mediatizada, sobre todo, a partir de la televisión). Este nuevo estatuto de la espectacularización de la política íítica implica que se busque espacializar el conflicto, a partir de un rostro o de una imagen; provoca que el político íítico se materialice en objetosujeto-producto y productor de risa en busca de popularidad, rating, posicionamiento y realismo cotidiano de la política íítica misma. Ante este nuevo orden inverso, la televisión se ha convertido en la nueva arena, desde la visión conceptual hasta la simbólica; en el mejor dispositivo estructural que le permite a la política íítica mediatizar sus prácticas discursivas con nuevas lógicas y narrativas. Es entonces, que esta inversión significante ha provocado que hoy podamos constatar que vivimos en una democracia audiovisual (Verón: 2001), en tensión constante con el conflicto y por ende, con lo político. í ítico. Desde esa perspectiva,, Ver Verón señala que la visión de “lo real social” mediático áático (televisivo) es un imaginario que los medios construyen a partir de una visión fragmentada y parad paradóóójica jica que deviene en una falta de credibilidad en torno a la política íítica institucionalizada. Lo parad paradóóójico jico de esta nueva espectacularización política í mediatizada e indicial, es que a pesar de ser ítica un espacio democr democrááático tico de producción de diferencias,

enfrentarnos a partir de la personalización y la confrontación mediada a través del rating. Lo que constatan los procesos electoral y post electoral, vistos a la luz de su propia mediatización, es que la nueva espectacularización y visibilización de la política íítica se concentra en el conflicto (visto como violencia) y el escándalo político. íítico. Los medios se convirtieron literalmente en arenas (Wolton: 1998) sensacionalistas de generación de miedo, burla y risa, que dejan de lado a lo político íítico y lo desdeñan constantemente. no hay un reconocimiento del conflicto que se genera a partir de una visión del nosotros, sino que se reconoce el conflicto desde una postura a medias, fundamentada en la libertad de expresión y en la búsqueda de los consensos.

Simpliﬁcación televisiva

Esta es una de las muchas causas por las que el conflicto post electoral, establecido por los ciudadanos, ciertamente descontentos y afines a la visión política íítica de el ex candidato Andrés Manuel López Obrador; no tuvo el seguimiento informativo y mediático que necesitaban muchos ciudadanos. Esta es una de las causas que provocan que hoy, muchos autores llamen a los ciudadanos en resistencia “ovejas ensordecidas por un ex candidato” en lugar de observar sus acciones desde una perspectiva de lo político-cultural. í ítico-cultural. Lo que evidencia esta mediatización indicializada, tanto del proceso electoral como del post electoral, es que, a pesar de que los medios deberían ser el lugar a partir del cual se hace legítimo íítimo o no el conflicto (que es necesario e indispensable para la existencia de toda democracia); éste se observa como un espacio de violencia y no de resistencia, como un espacio de subversión y no de lucha. Específicamente, el proceso post electoral creado, imaginado y culturizado por los propios ciudadanos; fue mediatizado como un proceso violento, subversivo, agresivo, “cochino” y con pérdidas para la sociedad. Ante tal visión, hoy constatamos que nuestra incipiente democracia audiovisual, los discursos políticos ííticos se tornan unidimensionales y simplificados (en spots, sketches o sátiras audiovisuales), insistentes en

La lógica del rating

Sin negar que la reconfiguración de la política í ítica mexicana se vive desde-en-y-a-partir de este nuevo espacio público mediático, debemos de admitir que la capacidad simbólica de la política í ítica ha quedado rebasada por el lenguaje de los mismos medios, específicamente de la televisión. Esta nueva indicialidad de la política í ítica mexicana demostró estar fundamentada a partir de la narrativa auto conservacionista de la política í ítica misma, y la narrativa de las instituciones y de la “supuesta” legalidad; cosa que hace visible la existencia de un nuevo lenguaje institucional en nuestro país, el cual va más allá el discurso político íítico nacionalista. Esta nueva institucionalización es la del lenguaje de los medios, es una institucionalidad de la indicialidad que se rige bajo la lógica de criterios económicos, la imagen que vende, produce rating y popularidad. Estas pautas se mezclan con criterios éticos e informativos, que implican la credibilidad como un factor de rentabilidad. Así, tratan de imponer sus propias visiones y normas. Ante lo cual caben muchas dudas, ¿en dónde queda la contra-política?, í ítica?, ¿dónde situar el espacio de las luchas y de las resistencias ciudadanas?, ¿cómo hacer visible lo político íítico desde el conflicto natural de la democracia? Analizar las elecciones y el proceso post electoral desde una visión simplista de sus escándalos áándalos y conflictos, sin considerar que estamos ante la emergencia de este nuevo estatuto político í ítico mediático áático es negar la existencia de lo político, í de ese espacio en donde se mezclan ciudadanos, cultura, comunicación y la naturaleza misma del conflicto. Significa negar que las elecciones del 2006, significaron la emergencia de nuevas “culturas

políticas” ííticas” (en plural y dignas de ser estudiadas más a fondo) las cuales se encuentran en construcción, cada una de ellas desde su propia lógica y espacio de resistencia. El reto está, como dice Mouffe (2003), en hacer de la democracia audiovisual y sus procesos de mediatización y visibilización, un espacio que conciba el antagonismo como agonismo, concepto en que la lucha entre adversarios permita la posibilidad de crear un nosotros, que no sólo sea espectacular o violento, sino que permita dar cauce a lo que llama consensos conﬂictivos en donde cada parte tenga su voz, su legitimidad y su imagen sea reconocida y visibilizada en su propia esencia. El reto de nuestra nueva democracia audiovisual indicial, está en reconocer que el conﬂicto es parte de su esencia, no sólo a partir de su espectacularización violenta, sino a través de una mirada que nos muestre el alto grado de imaginación, creatividad, risa carnavalesca y conocimiento que exponen en su resistencia. No es digno ver a los ciudadanos, como una simple masa “borrega” que sólo asiente y sigue, la nueva mediatización indicial de lo político, í ítico, requiere miradas dignas. Después del proceso post electoral, lo político íítico ha demostrado ser más digno de estudio de lo que se ha dicho. Faltará mucho qué decir en torno a esta nueva construcción de la cultura política, íítica, vista a través de nuestra incipiente democracia audiovisual. Bibliograf a Bibliografí Mouffe,Chantal(2003): La paradoja democrática á , ática Gedisa, Barcelona.Mouffe, Chantal (1999): El retorno de lo político. íítico. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical. Paidós, Barcelona.Verón, Eliseo (2001): El cuerpo de las imágenes, Colombia, Norma. Wolton, Dominique (1998): El nuevo espacio público, Gedisa, Barcelona.

* Profesora del ITESM, Campus Guadalajara Doctora en Ciencias Sociales por la U UdeG. eloyo@itesm.mx

ZÓCALO

Jaime Cárdenas

El Estado, al servicio de los poderes fácticos

l Estado de Derecho está constituido por tres elementos básicos: 1) El poder público debe tener su origen en la soberanía popular; 2) El poder debe estar limitado democráticamente; y, 3) El poder se justifica y legitima si garantiza derechos humanos. El primer elemento en nuestro país sigue siendo muy débil, pues aunque contamos con elecciones de un poco más calidad que en el periodo del partido hegemónico, al término de éste los poderes fácticos (televisoras, radiodifusoras, grandes capitales privados, partidos, sindicatos) controlan el aparato del Estado; el poder público está a su servicio y no al servicio de los ciudadanos. El sistema electoral presenta deficiencias indudables: las campañas se hacen en los medios y la autoridad electoral no tiene competencias legales suficientes para salvaguardar la equidad en las contiendas; el financiamiento privado está sin control en las antecampañas y precampañas, lo que propicia que quien define las elecciones sean los grandes capitales privados con corrupción añadida; el financiamiento público es excesivo al igual que la duración de las campañas; los instrumentos de fiscalización de la autoridad electoral son débiles; las nomenclaturas de

36 ZÓCALO Comunicación Política Sociedad

los partidos controlan el proceso político; no existen mecanismos de democracia directa ni candidaturas independientes; los partidos no funcionan democráticamente a su interior, lo que avizora la consolidación de una partidocracia mexicana; el sistema electoral no es expresión ni está destinado a la ciudadanía, sino a otros intereses. El poder público no se encuentra limitado democráticamente. El Poder Judicial mexicano no es independiente

ni garantiza el acceso a la justicia a los ciudadanos ni es eﬁciente. Según datos del propio Poder Judicial federal, de cien amparos presentados por los ciudadanos, el 75 por ciento se sobresee (esto es, no se entra al fondo del asunto, pues alguna causa procesal lo impide); es decir, el Poder Judicial decide pero no resuelve los grandes problemas económicos, so-

ciales y políticos del país. Es además un poder controlado por la Presidencia de la República y las mayorías legislativas que controlan el Senado, debido a un deﬁciente mecanismo de nombramiento de los ministros, que no le da a la ciudadanía participación en las designaciones. La cultura jurídica nacional se distingue por su formalismo, no se orienta a la protección de los derechos humanos ni a la salvaguarda de los principios democráticos. La jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte en contravención de lo señalado por la ley suprema, impide que los jueces locales y autoridades administrativas interpreten las leyes secundarias desde la Constitución, lo que propicia el no cumplimiento y el divorcio de las autoridades no federales con respecto a la Carta Magna. El Ministerio Público es un órgano político de defensa a los que se consideran políticamente cercanos o de ataque a los adversarios políticos, como se demostró en el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador. El proceso de investigación es deﬁciente, es sobre todo inquisitorio y no acusatorio, y suelen realizarse las investigaciones sin garantizar los derechos

humanos a los acusados. El Ministerio Público tiene indebidamente el monopolio de la acción penal, lo que en los hechos significa que si el MP no desea consignar un caso, es difícil que ello se produzca aunque sus decisiones finales sean revisadas por el Poder Judicial federal. Es además muy escaso el número de consignaciones en relación con el número de denuncias y querellas presentadas por los ciudadanos, lo que significa impunidad.

Inﬁltrados

Ningún órgano constitucional autónomo –Banco de México, IFE, Comisión Nacional de Derechos Humanos– lo es a plenitud. Como demostró la elección federal de 2006 con el IFE, estos órganos suelen estar penetrados por los poderes formales o los poderes fácticos (medios de comunicación electrónicos, partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, intereses trasnacionales, iglesias). El Poder Legislativo está necesitado de una gran reforma que lo democratice y lo ponga al servicio de los ciudadanos. No rinde cuentas a los ciudadanos, las comisiones del mismo, que son sus órganos fundamentales, no cuentan con el marco legal adecuado para tramitar, en tiempo y forma, las iniciativas de reforma o para controlar al Ejecutivo, se carece de un estatuto del parlamentario y de mecanismos que eviten la corrupción a su interior. Los legisladores han dejado de ser representantes de la nación y ahora lo son de los poderes fácticos, principalmente

de los medios de comunicación electrónica, como se ha visto de manera meridiana con la Ley Televisa. La democracia en México, si se puede llamar así, es delegativa. El ciudadano vota cada tres años pensando que es libre, pero carece de instrumentos de control interelectoral. No hay mecanismos de accountability ni de rendición de cuentas fuertes. La transparencia al poder no va a la médula de éste; se queda en los poderes formales y no atiende a los poderes fácticos. El Ejecutivo ha enviado al Congreso iniciativas de reforma constitucional para que los partidos transparenten su vida interna, los recursos que emplean y el patrimonio que ejercen, lo que parece bien. Sin embargo, se olvida del poder fáctico más importante: los medios de comunicación electrónica, que también deben ser sujetos obligados de las leyes de transparencia, por el papel que han acumulado en la videocracia que padecemos. El sistema jurídico y político no se orienta a la protección de los derechos humanos. Los derechos económicos, sociales y culturales carecen de medios de garantía jurídica. En México para luchar por estos derechos los ciudadanos tienen que hacer marchas y plantones, y no como se debiera, acudir a los tribunales para reivindicar una vivienda, un hospital, una escuela. El juicio de amparo –orgullo nacional–, es una institución individualista y decimonónica, sin utilidad real de cara a los derechos humanos de los ciudadanos. Necesitamos mecanismos procesales de protección a los derechos colectivos e intereses difusos. El sistema judicial requiere una profunda reforma

para darle a cada ciudadano la acción popular de inconstitucionalidad. Las minorías deben tener acceso a los medios de comunicación electrónica a través de los tiempos del Estado para que realmente tengan voz. En general todo el sistema debe incorporar mecanismos participativos y deliberativos. López Obrador tiene razón en su crítica a las instituciones. No tendremos el fin de la transición hasta que tengamos un Estado de Derecho pleno. Las instituciones no cumplen con sus finalidades sociales. Ha sido un error concebir la democracia y la transición sólo en términos electorales. La manera de estar en el siglo XXI es con un Estado fuerte para que exista y se desarrolle una sociedad civil fuerte, en donde los poderes fácticos, de manera señalada los medios de comunicación electrónica, queden sujetos a las bases y principios de la democracia. jaicardenas@prodigy.net.mx ZÓCALO

DERECHOS HUMANOS Beatriz Mojica

ace poco más de un año el país se estremeció al escuchar las conversaciones telefónicas entre Mario Marín y Kamel Nacif, presentadas en los medios de comunicación. En dichas grabaciones se daba cuenta de la cínica confabulación entre funcionarios públicos y empresarios, para violentar la ley y acallar la voz de una periodista que se había atrevido a documentar el terrible problema de la pederastia. En lugar de investigar a las maﬁas de pederastas, algunos sectores con prerrogativas políticas preﬁrieron perseguir a la periodista, a través de una demanda penal por difamación y la utilización facciosa del poder para vulnerar sus garantías individuales y con ello también la libertad de expresión en México. El caso de Lydia Cacho ha exhibido: 1) Las redes de complicidad, entre una parte de la clase política y delincuentes poderosos, que dan cobijo a hechos tan deleznables como la pederastia. 2) Que se puede utilizar el poder político para violar las leyes y acallar a quienes se atreven a denunciar los abusos. 3) La necesidad de que contemos con instancias efectivas para llamar a cuentas a los altos funcionarios públicos, como gobernadores, procuradores o jueces, cuando cometen arbitrariedades. Desde luego, el caso de Lydia Cacho también ha puesto en evidencia que los poderes Ejecutivo y Legislativo se convierten en comparsas al proteger la impunidad, e impiden investigar a los actores políticos, como se demuestra en el caso del gobernador de Puebla, cuyo Juicio Político, en la Cámara de Diputados, está congelado por legisladores panistas y priístas. En la Procuraduría General de la República, la investigación sobre las violaciones a la Ley por parte de Mario Marín, corre igual suerte.

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El caso Lydia Cacho siguió tres vertientes para la búsqueda de justicia, en los tres poderes del Estado mexicano: el Legislativo, por medio del Juicio Político; el Ejecutivo, a través de la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial, en el cual se encuentra ahora. Únicamente la Corte ha manifestado una postura digna, y todo apunta a que hará la recomendación al Congreso para que se concrete el Juicio Político contra Mario Marín y por primera vez, en la historia reciente, se pueda hacer justicia, aunque sea con todos los asegunes descritos y un poco a destiempo. Según el dictamen de la comisión investigadora del caso Lydia Cacho, encabezada por el ministro Juan Silva Meza, el gobernador de Puebla, Mario Marín incurrió en violaciones graves a las garantías de la periodista y solicita al Pleno de la Corte emitir una recomendación para ﬁncar responsabilidades políticas, administrativas y penales al gobernador de Puebla y otros funcionarios involucrados, incluyendo a la Procuradora y al Presidente del Tribunal de Justicia de Puebla. El dictamen conﬁrma lo que todos los mexicanos y mexicanas sabíamos, porque escuchamos en las ofensivas conversaciones entre el góber precioso y el empresario Kamel Nacif: cómo las fuerzas del Estado se movieron, a petición expresa del empresario, a quien Lydia señala como protector del pederasta Succar Kuri. Al emitir una recomendación al Congreso, la Suprema Corte marcaría un precedente invaluable, no sólo en la defensa de la libertad de expresión, sino también, en el combate a la impunidad que impera a lo largo y ancho del país. Castigos ejemplares para los delincuentes, aunque sean parte del Estado, es lo que no existe y eso vulnera nuestra democracia. Por eso es plausible la resolución de la Corte de investi-

Foto: Germán Romero / Cuartoscuro

Marín... ¿será castigado?

Cacho mirando al Ministro Meza

gar a un funcionario que pertenece al círculo de “intocables”, como los gobernadores. Se abre la esperanza, para los ciudadanos comunes, sobre la posibilidad real de acceder a la justicia. Con una recomendación, la Corte dará un gran paso, pero otra vez quedaría en las Cámaras la decisión de concluir el proceso, que en este caso es el juicio político. Los legisladores también pueden optar por la omisión, para seguir con la cadena de complicidades que se tejen entre los grupos políticos como el PAN y el PRI, que han permitido a Mario Marín continuar en el poder, como ocurrió con Felipe Calderón, quien a pesar de su promesa de campaña, de revisar el caso, una vez investido como presidente, acudió a Puebla a reiterar su apoyo al góber precioso. Los ciudadanos esperamos que, en esta ocasión, el Congreso no sea omiso, esperamos que los legisladores y los procuradores de justicia nos den una muestra clara de que en este país existe el ánimo de avanzar en el combate a la impunidad. El caso Lydia Cacho ha creado precedentes en el acceso a la justicia por violaciones a las garantías individuales cometidas por autoridades; y en el combate contra la impunidad en agresiones contra periodistas que se cometen en México, tema fundamental en la argumentación de la despenalización de los llamados delitos de prensa a nivel federal.

Balbina Flores Martinez

El gobierno de Calderón, otra vez ante la CIDH

l próximo 18 de julio el gobierno mexicano comparecerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, para abordar, el estado de la libertad de expresión y el acceso y uso de frecuencias radioeléctricas en México. La diligencia se llevará acabo en Washington, durante el período de sesiones de la Comisión. Reporteros Sin Fronteras (RSF), con sede en París, y organizaciones mexicanas, solicitaron, en abril pasado, audiencia a la CIDH, en la cual explicaron: “nuestra organización expondrá a la Comisión la situación de los periodistas asesinados y desaparecidos en México, para lo que desearíamos estuviera presente el gobierno mexicano”. Paralelamente, agrupaciones de protección a periodistas, como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, el Centro Nacional de Comunicación Social, la Fundación Manuel Buendía y el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, también solicitaron la itervención ante esa instancia internacional. En su texto, Robert Menard, secretario general RSF consideró: “En 2006, México fue unos de los países más mortíferos del mundo para los periodistas, después de Irak, con nueve asesinatos y siete desaparecidos, tres de ellos en 2007. Desde 2000, un total de 24 periodistas han pagado con su vida el precio del valor a la hora de denunciar la plaga del narcotráﬁco, y los abusos de poder de determinados gobernadores, encubiertos por crisis sociales y políticas de gran magnitud como ocurrió en Oaxaca el año pasado”. Esta es la segunda ocasión que el gobierno de Felipe Calderón ha sido citado ante la CIDH, para rendir cuentas a las instancias internacionales en materia de libertad de expresión. La primera vez fue el 6 de marzo, cuando la Asociación de Periodistas 7 de junio, A.C. y periodistas de Los Mochis, Sinaloa, acudieron a la Comisión para abordar el tema “del derecho a la libertad de expresión en Sinaloa”, en particular, debido a la falta de garantías

para el ejercicio periodístico en ese estado, en que “del año 2004 a la fecha, se registraron 32 agresiones contra periodistas, como el asesinato del fotógrafo Gregorio Rodríguez, del diario El Debate, ocurrido en noviembre de 2004, y la desaparición de Alfredo Jiménez Mota, reportero de El Imparcial de Sonora (2 de abril de 2005).

Sin respuestas La primera vez, en marzo pasado, la delegación mexicana aceptó no tener respuestas a los reclamos de justicia: “No venimos preparados para dar respuesta a casos individuales, pero trataremos de dar respuesta (sic) a la solicitud de información formulada por la Comisión. El gobierno tiene muy claro que México tiene una serie de problemas y lagunas para la plena vigencia (sic) de los derechos humanos en México, el gobierno ha erradicado las políticas de estado violatorias de derechos humanos (sic) y lo que ocurre en México no son (sic) resultado de una política de Estado son todavía parte de los problemas estructurales que prevalecen en el país”, dijo el embajador Juan Manuel Gómez Robledo, quien encabezó la delegación, acompañado de Rafael Oceguera Ramos y Marco Antonio Sazueta, del gobierno del Estado de Sinaloa; Omar García de la Procuraduría General de la República y Eugenia del Carmen Díaz Hidalgo, titular de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

La delegación mexicana (www.cidh.org), se limitó a enlistar las acciones emprendidas por la administración de Vicente Fox, pero sin hacer referencia a las del actual gobierno. Citó directrices institucionales que deben seguir

agentes de Ministerio Público y policías federales respecto a las condiciones y reserva de las fuentes de los periodistas, cuando éstos sean requeridos en calidad de testigos en la integración de una averiguación. Esas instrucciones fueron establecidas por la Procuraduría General de la Repú-

blica. Refirió también la creación, en 2005, de fiscalías en cada una de las delegaciones de la PGR en la República, para investigar y perseguir los delitos contra la prensa, además, de la instauración del Centro de Atención Ciudadana para los casos vinculados con la profesión, y la puesta en marcha de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra Periodistas. La delegación fue interrogada por la no competencia de esa Fiscalía cuando gran parte de los asesinatos han sido perpetrados por el crimen organizado y le fue solicitado a la delegación mexicana informar sobre los aspectos específicos de las investigaciones del caso de Gregorio Rodríguez, a lo que contestó que la información estaba siendo recabada y que sería entregada en tiempo y forma. En reiteradas ocasiones, organismos internacionales y nacionales de protección a la libertad de expresión, entre ellos la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH, han solicitado al gobierno mexicano investigar y sancionar a los responsables de los asesinatos y desapariciones de periodistas. Hoy una vez más el gobierno mexicano deberá comparecer ante esta instancia. ¿Habrá respuesta?. floresbalbina@hotmail.com ZÓCALO

José Reveles

¿Sirven los narcos al buen periodismo? pronto hay periodistas pioneros, adelantados de los cambios históricos y por ello son excepcionales, a lo Nigromante, a lo Francisco Zarco, pero duele aceptar que en la mayor parte de los casos deja mucho qué desear el desempeño informativo y de opinión frente a una organización civil que crece, exige, denuncia, ya no comulga con ruedas de molino, se solidariza con sus semejantes y con los diferentes, y casi siempre desconfía de lo que le dicen los poderes a través de los medios. El gobierno actual no deja lugar a dudas: su prioridad es el combate al tráfico CRESTOMATÍA de drogas y a la delincuencia organizaImagen del video transmirido por TV Azteca. da, que ya había logrado ocupar regiones os cínicos no sirven para este ofiamplias del país, en donde era patente la aucio. Viene como anillo al dedo el sencia de autoridad. A esa especie de “territítulo de uno de los libros del recién torios liberados” por parte de la criminalidad desaparecido maestro polaco Rysenfocaron su campaña guerrera el ejército, zard Kapuscinski, para alertar sobre las forla marina, las policías federales, estatales y mas y contenidos que ha de adoptar el buen municipales, pero también invaden zonas de periodismo en México, en épocas aciagas convivencia en que la ciudadanía común recomo ésta que nos toca vivir y que involucra sulta víctima de excesos documentados. a todos. Inmersos en la vorágine violenta, sobre Como nunca, los medios de comunicatodo medios electrónicos en que la reflexión ción viven en el filo, sin asideros fáciles. En no parece ser recurso cotidiano de trabajo, tiempos de crispación, como el que atraviesa se han dejado envolver y utilizar por parte y estremece a México, tienen que optar entre de autoridades formales –nada fuera de lo la ética y el negocio; entre la verdad exprecomún– pero ahora también por sicarios, secomún– sada en contextos históricos, con prismas cuestradores y traficantes. de pluralidad, y la información espectáculo, Se recibe una videograbación y, sin facilona, chatarra, veleidosa, frívola –y ahora mayor evaluación ética o periodística, se hasta riesgosa para su propia seguridad– con transmite completa al aire. Es como si la tetal de vender más. levisión abierta, la radio o la prensa escrita Sociedad y medios están íntimamente se youtubizaran. Todo mundo sabe que en el enlazados. Si la ciudadanía avanza, mejoran portal de youtube.com pueden ubicarse las prensa, radio y televisión. Si hay retrocesos escenas más agresivas, de extrema crueldad sociales, ello se refleja en los medios. De y sadismo, hasta llegar a los asesinatos.

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Citaré sólo dos ejemplos: El 28 de marzo de 2007, a nivel nacional, TV Azteca transmitió íntegro, el ilegal interrogatorio a dos hombres cautivos, maniatados y golpeados. Eran presuntos Zetas, sicarios bajo las órdenes del Cártel del Golfo, capturados por el grupo Gente Nueva (una supuesta escisión de esa organización criminal) en Veracruz. Víctor Manuel Pérez Rocha y Jesús Arano Servín, los jóvenes torturados, a quienes se obligó a dar nombres de jefes y policías protectores del tráﬁco de drogas, aparecerían muertos y envueltos en sábanas a un lado de la otra televisora, la ﬁlial de Televisa en el puerto jarocho. “Somos Gente Nueva y eso les va a pasar a todos los que apoyen a Los Zetas. Por un México Limpio. Atentamente, Gente Nueva”, decía una cartulina en uno de los cadáveres y tenía una alusión a “Z-40”, el hombre que sustituiría a “Z-14”, un jefe de los sicarios que fue acribillado unos días antes, durante una carrera de caballos en el rancho Villarín, cercano al puerto. El cadáver fue secuestrado para evitar que se corroborara su identidad, pues se supone que era El Lazca, uno de los principales jefes de sicarios. Quienes vieron el noticiario de Javier Alatorre pudieron escuchar muchos nombres y apellidos de policías de Boca del Río y de Veracruz, que serían protectores del narco y que, en nombre de los delincuentes, cometerían asesinatos de sus rivales. También se hizo alusión a periodistas “en la nómina” del Cartel del Golfo. Hubo tres efectos: • La Procuraduría General de la República ordenó arrestar o arraigar a varios mandos de los mencionados en el video por los dos sicarios, quienes luego serían ejecutados.

¿Por qué descartar que TV Azteca esté padeciendo una consecuencia de su actitud poco reflexiva? Otra vez la cita de Kapuscinski: “hace años los negociantes descubrieron de repente que la verdad no es importante y que ni siquiera la lucha política es importante; que lo que cuenta en la información es el espectáculo”. • Artículos editoriales, como uno aparecido en el Diario Tribuna y en Enlace Veracruz defendieron a los colegas: “los conocemos de toda la vida y con un video pretenden cambiarles la propia, ponerlos mal con sus familias, con sus amigos, en sus lugares de trabajo. Se trata de un simple golpe publicitario que no logra justicia –proseguía–; que con gente torturada hacen que digan lo que quieren y señalen a mandos policíacos”. Sea cierto o no, los denunciantes están muertos. • Ya acribillado y sepultado, tras un ataque de narcos, se acusó al comandante Gerardo Gutiérrez Monraga de proteger a la delincuencia. Otros huyeron o fueron arrestados tras la difusión escandalosa a ﬁnales de marzo, pero los comandantes José Luis Salas Luna y Rafael Leal Murillo fueron reinstalados un mes después en la policía intermunicipal Veracruz–Boca del Río, la misma zona donde el 10 de mayo serían acribillados los cuatro escoltas de la familia del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto. “Estamos trabajando con amparos en la bolsa”, confesaron, pues la PGR tiene abierta una averiguación previa. Espectáculo, periodismo sin valor Casi nadie se atreve a ligar estos hechos criminales con el levantón que sufrieron en Monterrey el reportero Gamaliel López Candanosa y el camarógrafo Gerardo Paredes Pérez, también el 10 de mayo. El hecho es que la gente armada, que se enfrenta con la policía y con sus enemigos narcotraﬁcantes, llegó a Veracruz procedente de Monterrey, la que a su vez provenía de Tamaulipas. En el periódico Milenio Diario, citado por Reporteros Sin Fronteras, se publicó que el mes anterior a su desaparición, Gamaliel exhibió retratos de presuntos autores de homicidios en Monterrey, e hizo públicos dos mensajes

del narco. También cubrió durante seis meses la presencia del ejército en Nuevo León, ordenada por el actual gobierno federal. ¿Por qué descartar que TV Azteca esté padeciendo una consecuencia de su actitud poco reﬂexiva? Otra vez la cita de Kapuscinski: “hace años los negociantes descubrieron de repente que la verdad no es importante y que ni siquiera la lucha política es importante; que lo que cuenta en la información es el espectáculo. Una vez que hemos creado la información-espectáculo, podemos vender esta información en cualquier parte. Cuanto más espectacular es la información, más dinero podemos ganar con ella”. Para ser justos, hay que admitir que hasta la revista Proceso cayó en la tentación de transcribir, de manera acrítica y sin ﬁrma, un video que se le hizo llegar de forma anónima. A semejanza del de Veracruz, pero éste en La Laguna, quien habla en el video es el jefe antisecuestros de Coahuila, Enrique Ruiz Arévalo, que fue a su vez secuestrado. Tiene una venda en los ojos, está maniatado, tal como muestra una fotografía en el semanario y como apareció fugazmente en youtube. Por boca del rehén torturado, los secuestradores señalan como “jefe de plaza” del narco en Gómez Palacio, Durango, al político y empresario lagunero Carlos Herrera Araluce, hombre al que se atribuyen fuertes apoyos para campañas políticas. Él mismo fue objeto de un atentado por esos días. ––¿De dónde sale el dinero?, le preguntan al secuestrado Ruiz Arévalo. ––Él dice que de los quesos. ––¿Y tú que sabes? ––No. Del lavado de dinero, del movimiento de droga y dar el beneplácito para que instalen los cárteles. Y cuando llega la esposa del Chapo Guzmán y viene aquí, a Torreón, la acompaña la escolta de Carlos Herrera a las diferentes tiendas y galerías. Él la protege.

Imagen del video publicada en Proceso

El lunes 14 de mayo se dio el secuestro de Ruiz Arévalo, en medio de otros levantones que conmocionaron a la clase empresarial de La Laguna, reporta Proceso. El video que reproduce fue dado a conocer en una reunión del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada. Allí se acusa al empresario, ex alcalde de Gómez Palacio, no solamente de controlar y rentar la plaza, sino de haber ordenado muchas muertes, de organizar fiestas entre políticos y narcos y de mantener el control sobre más de mil narcotienditas en la región. ¿Quién sirve a quién? ¿Los narcos al buen periodismo? Eso hay que desecharlo por absurdo. Si no se establecen criterios claros sobre qué y a quién beneficia la difusión de “las verdades” de la delincuencia, los medios terminarán como la DEA, que da credibilidad a todo lo que le dicen testigos protegidos –quienes reciben dinero y otros beneficios– y con ello arma acusaciones internacionales y exige extradiciones. México no se merece que lleguemos al título de un libro de otro autor, considerado uno de los padres del “nuevo periodismo”, el estadounidense Tom Wolfe: El periodismo canalla, por acción o por omisión. Es buen momento para reflexionar si la información no se está convirtiendo en una compulsiva repetición de todas las ofertas que recibimos, vengan de donde vengan. Muy malo si acabamos siendo caja de resonancia de los peores sonidos, los de la violencia invasiva de nuestra vida diaria. El buen periodismo es siempre “un periodismo intencional”, dice Kapuscinsky. Habría que buscar que esas intenciones siempre sean las correctas. jreveles@prodigy.net ZÓCALO

Perversos, los monopolios mediáticos: Román Gubern Mentira que vivamos en una Aldea Global Los medios nunca sustituirán a la comunicación El Big Brother erosionado

l investigador de Comunicación Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona, Román Gubern, aseguró que los monopolios en el campo de la comunicación y la información son perversos, refiriéndose al dictamen de inconstitucionalidad de la Ley Televisa, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el argumento de que si se aprobaba esta legislación, se iban a calcificar los monopolios en México. Durante su visita a la Ciudad de México, para presentar La imagen pornográfica y otras perversiones ópticas, el también catedrático español del Massachusetts Institute of Technology, comentó que el comercialismo pesa mucho y los medios de comunicación que parecen más rentables suelen ser los dominantes, interrogado respecto a la hegemonía cultural que han generado en la programación mexicana Televisa y TV Azteca. En España, como en el resto de Europa, funcionan canales públicos los cuales tienden a corregir el comercialismo excesivo de las emisoras privadas, pero no siempre escapan a la influencia comercial, “por ejemplo si están haciendo comerciales a veces también entran por la línea pública”, añadió. También se refirió al uso de Internet para emprender campañas de guerra sucia. “En Europa –dijo– pasa esto, pero no con las dimensiones de Estados Unidos, como el caso de Mónica Lewinsky, que fue un tema destapado por Internet. Lo que hay que buscar –para evitar estas acometidas– son contrapesos a este poder; y pienso que una opinión pública bien informada recibe una cobertura de medios escritos, radiofónicos, televisivos,

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Gerson Hernández

El Escritor en entrevista.

Foto: Alejandro Pérez Valle

que permiten observar un mosaico de opiniones contrastadas, que permiten que se luzca la verdad”. Contrastó los planteamientos teóricos referidos a la videopolítica, en torno al cual, comentó “tendríamos que mencionar primero a Giovanni Sartori, rri, quien escribió el Homo Videns, bastante apocalíptico, en donde alerta efectivamente acerca del “hegemonismo” que los medios audiovisuales, la televisión en particular, pueden ejercer sobre la conciencia colectiva, yo pienso que hay que estar alerta a este fenómeno, pero creo que la sociedad democrática tiene mecanismos y palancas suﬁcientes para contrarrestar esos intentos de hegemonismo totalitario”. Respecto a la no renovación (17 de mayo) de la concesión a la televisora RCTV en Venezuela, apuntó: “mi primera impresión es que los medios sólo pueden ser clausurados

por los tribunales, y en este caso fue una medida tomada por el Ejecutivo, no por el poder Judicial, por lo tanto en principio creo que es una medida arbitraria de un poder personal”. En torno al concepto de populismo mediático, aplicado a la forma de ejercer la comunicación de Álvaro Uribe, en Colombia; Hugo Chávez, en Venezuela y Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador, en México, aseveró que, “en la medida que los medios son más inﬂuyentes, la sociedad puede ser manipulada más fácilmente, por tanto el caudillismo mediático es un tanto mayor al que antes se ejercía a través de la prensa escrita, o de la radio, en comparación de la imagen, que es un medio muy poderosos de comunicación”. El también director del Instituto Cervantes de Roma y presidente de la Asociación Española de Historiadores del Cine, reﬁrió que existen modelos de comunicación democráticos, “en los que se supone que la gente tiene derecho a participar de la forma más legítima posible”, pero “las empresas son propiedad privada y eso tiende a producir una cierta asimetría entre unos pocos que informan y muchos que son informados. No obstante, es verdad que los nuevos medios tecnológicos como Internet y los blogs permiten, lentamente, ir corrigiendo éste hegemonismo de las grandes empresas, que son emisores de información sobre un público que solo la consume.

La comunicación cara a cara no sustituye al chat

En cuanto a su versión de que cine, televisión, computadora, teléfono celular y hasta los videojuegos tienen un papel trascendental en el

modelo de la Comunicación Política, indicó: “he criticado la comunicación virtual porque hay aspectos de la comunicación face to face, que no pueden sustituirse en los chats, porque se eliminan cuatro quintas partes de la comunicación interpersonal: la mirada, el tono de voz, complementos fundamentales que permiten detectar quién miente, quién engaña, si te dicen la verdad a medias. Es evidente que la comunicación mediada no es tan completa como la cara a cara. Lo he dicho en todos mis libros: los medios son importantes, pero nunca podrán reemplazar totalmente lo que es la comunicación”. –En México solamente el diez por ciento de la personas tienen acceso a la red. Haga un ejercicio de política comparada entre este país y España. –Yo había dicho, justamente, que es mentira que vivamos en una Aldea Global. Si decimos que en Manhatan hay más teléfonos que en toda el África, vemos que hay una gran asimetría. Explicó el desgaste de determinados programas de televisión, como el Big Brother: “la erosión, todos los programas comerciales sufren procesos de ascenso, de estancamiento y de erosión, entonces al Gran Hermano ha sido una moda televisiva, y como todas las modas están sujetas a la erosión en el gusto del mercado; aunque ha dejado muchos descendientes, en diferentes formatos”.

–Usted habló de las culturas periféricas ¿Cuál sería la deﬁnición de éstas? –Las culturas no institucionales; vivimos en un mundo dominado por el pensamiento central, compañías audiovisuales, periodísticas, monopolios y luego hay, las culturas alternativas o subculturas que pueden ser como el hip hop, por ejemplo. –Ha hablado de los efectos de las “sociedades de la muerte” que producían en las mismas una excitación, esto haciendo alusión al Eros y Tánatos. En México se realiza ahora el culto a la Santa Muerte. ¿Cuál es su interpretación de lo que está pasando? – Es muy interesante, yo sé que en México se festejan los días de muertos con calaveras de azúcar. Conozco la obra de José Guadalupe Posada, y supongo que el culto a la muerte y al diablo tienen que ver con la conquista española, pero la verdad es que no puedo hablar ampliamente del tema, porque no soy especialista en eso. –¿Continuamos viviendo en una sociedad voyerista? –Totalmente. Yo creo que ha habido un cambio de paradigmas. Muy afortunadamente, hace 40 años, se habló de la sociedad del espectáculo y yo creo que ahora es más justo hablar de la sociedad

voyerista, que es el otro lado de la sociedad del espectáculo, y en ese aspecto, el Gran Hermano, por ejemplo, ha sido muy glamoroso pero no ha sido el único, efectivamente. Internet ha sido una buena muestra de esta sociedad. – ¿Cuál es la relación entre la obra que viene a presentarnos hoy –una actualización de su libro de hace quince 15 años– con la tesis principal del Eros Electrónico? Usted plantea que debido a la incapacidad por parte de los seres humanos de relacionarse interpersonalmente, las personas recurren a Internet. – Mi obra va por etapas, cuando escribí Del bisonte a la realidad virtual, ésta era un fenómeno emergente, bastante novedoso. Hoy está más estudiada. Mi obra es una serie de reflexiones y el Eros electrónico, se centra en los aspectos emocionales derivados del uso de las nuevas tecnologías. En ese sentido son dos libros complementarios. El primero está más enfocado en la estética, y el segundo al punto de vista de la psicología. Hace 15 años el catedrático español, por primera vez, emitió un análisis acerca de lo que llama la “hipertrofia iconográfica”, columna vertebral de su obra, y de su análisis comunicativo.

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Somos ciber-nómadas: Eric Mcluhan P ara el comunicólogo canadiense Eric McLuhan las nuevas tecnologías de la información convierten a los usuarios en virtuales cazadores de la información, objeto de estudio de la Media Ecology Ecology, como lo debe ser la percepción de cómo los medios transforman la cultura. El catedrático de la Universidad de Toronto, hijo de Marshall McLuhan creador del concepto Aldea Global Global, fue entrevistado por esta publicación durante la Octava Convención Anual de la Media Ecology Association Association, celebrada en el Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México.

- ¿Cómo afectan los medios de comunicación a la cultura? - Con los nuevos medios de comunicación hemos creado una cultura de cazadores de información. Antes nos considerábamos recolectores; ahora que la información se ha convertido en un ambiente, recolectarla no tiene sentido. Todo es fácil de conseguir en cualquier lado. Pero la navegación y el arte de cazar son habilidades de interés para cualquier nómada. Como los cazadores paleolíticos, los nuevos nómadas, van hacia donde se encuentre la acción. El ambiente eléctrico toma la era neolítica como su contenido y nos hace a todos cazadores nómadas. Estas son las preocupaciones propias de la ecología mediática. Por ende, lo primero que la Media Ecology debe estudiar es al ahora nómada, como forma de cultura. -¿Qué tipo de nómadas somos actualmente? -Los nómadas metafísicos, usuarios de la telefonía, radio, televisión, Internet. El nómada antiguo utilizaba espadas o ﬂechas; el contemporáneo usa un mouse, con mejores resultados, porque es mucho más poderoso que una espada. Somos entonces ciber-nómadas, los cuales conformamos audiencias masivas, a su vez eléctricas. -¿Cómo ha evolucionado la percepción de las audiencias? -En estas nuevas circunstancias tenemos que empezar a trabajar en el problema de la percepción. Los anunciantes de hace una generación centraron su atención en la imagen, en lugar del producto, utilizando

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publicidad participativa, con fantasías de vida. La calidad de imagen ajusta el grado de participación. - ¿Qué pasa con la percepción de las nuevas generaciones, con la brecha generacional? - Mis estudiantes en Toronto me comentan que encuentran a sus hermanos menores incomprensibles. Es que cada generación tiene sus rasgos culturales de comunicación independientes. Los preadolescentes centran su atención en los celulares, cuyos modelos recientes tienen tantas características que no es necesario adquirir un medio adicional. Constituyen una nueva cultura. El ciberespacio es realmente el interespacio. La ecología mediática tiene una nueva frontera qué cruzar: la percepción. Los cambios en la percepción creada por los medios siempre han formado una parte central en el estudio de cómo los medios transforman la cultura. El acercamiento medio-ecológico necesariamente debe ser contra-ambiental, sólo por objetividad. Cada país vive su propia cultura, a la vez que trata de vivir en armonía con la cultura: comunicación global dentro de una aldea global. Eric McLuhan lanzó al mundo, desde la Octava Convención de la Media Ecology Association, su más reciente trabajo, y podrá ser descargado desde el sitio oﬁcial del evento www.media-ecology.org.mx.

Foto: Archivo

Arturo Caro Islas

Eric McLuhan durante la octava convención de Media Ecology. En el Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México.

arturocaroi@gmail.com

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INTERNACIONAL Naief Yehya

Sicko, de Michael Moore

ueva York.- En una nación donde cualquier crítica, que ligeramente se incline hacia la izquierda, es motivo de ataques de histeria dignos de una epidemia de ébola, es natural que un cineasta como Michael Moore sea visto como un polemista prodigioso, un redentor o como una alimaña obesa y hedionda. Moore es, para su suerte y su desgracia, demasiado famoso, demasiado controvertido, demasiado odiado y demasiado celebrado como para que su cine pueda ser apreciado por lo que es y no por lo que representa. En su caso, la mayoría los medios estadounidenses parecen olvidar que cualquier artista, cineasta o pensador con ideas radicales será por fuerza controvertido. Esto es trágico, especialmente porque su nueva película, Sicko (2007), trata un tema que debería tener el poder de unificar a la mayoría de los estadounidenses, sin importar su afiliación partidista, pero, a pesar de buscar una especie de reconciliación, Moore retoma las mismas estrategias que han enfurecido a todos los conservadores del país. Moore elogia, precisamente, a dos regímenes que la derecha estadounidense repudia particularmente: Francia y Cuba. Difícilmente podemos imaginar que de esta manera Moore ganará muchos amigos en la derecha o convertirá a muchos republicanos, o por lo menos acordará una tregua con sus enemigos, aunque siempre es concebible que suceda. No obstante, tampoco podemos creer que Moore esté predicando para el proverbial coro, ya que sus filmes recaudan decenas de millones

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de dólares y alcanzan audiencias inimaginables para un documental. Sicko, sigue el modelo de Roger and Me (1989), Bowling for Columbine (2002) y Fahrenheit 911 (2004). Moore cuenta una serie de historias entrelazadas, protagonizando al personaje que ha creado de sí mismo: un cineasta con cachucha de beisbolista, ingenuo y curioso que recorre el mundo hablando con la gente, comparando experiencias y poniendo en evidencia sus puntos de vista y creencias a través de ejemplos particulares. Atrás quedó la época en que Moore hacía un cine en que confrontaba a los villanos, explotadores y corruptos, armado únicamente con una cámara, un arma cuyo principal poder radica en intimidar y amedrentar a quienes abusan de su poder para explotar a los menos afortunados. No hay en esta ocasión escenas incómodas, como aquella en que humilla a Charlton Heston en su propia casa, o en que expone a personajes siniestros del calibre de Dick Clark. Aquí no intenta cuestionar a los ejecutivos de las aseguradoras (quienes llevaban meses cuidándose las espaldas y circulando memorándums para prevenirse mutuamente de la amenaza que representaba Moore).

Más de 25 mil, dispuestos a testimoniar

Para quienes esperan ver a Moore acorralando ejecutivos y políticos, su más reciente trabajo será una decepción, ya

que en él no hay confrontaciones y todas las entrevistas se hacen de manera voluntaria. En cambio, su ﬁlme presenta una serie de casos devastadores de ambición criminal por parte de las aseguradoras, crueldad corporativa, negligencia médica y desesperanza ante un sistema de salud voraz y despiadado. No hace falta investigar demasiado para demostrar que el sistema de salud en el país más rico del mundo es profundamente inmoral. Por un lado hay 50 millones de estadounidenses que no tienen seguro de salud, por lo que simplemente no tienen derecho a enfermarse, ya que los altísimos costos de una visita médica, una hospitalización o de los medicamentos,

son inaccesibles a la mayoría de la gente. Por el otro, los 250 millones de asegurados deben tener fe en que sus seguros cubrirán cualquier enfermedad o accidente, sin castigarlos injustamente, por cualquier detalle baladí en su historial médico, o descaliﬁcarlos de la cobertura que requieren, por incurrir en alguna de las condiciones de la inmensa lista de males que anulan un contrato de seguro. Moore presenta sus argumentos contando una serie de casos de estadounidenses brutalmente traicionados por sus seguros, abandonados en las situaciones más desesperadas de su vida: enfermos, en bancarrota, ancianos y desvalidos. El cineasta no tuvo muchos problemas para encontrar víctimas del sistema de salud que quisieran compartir su experiencia con él, por el contrario bastó un anuncio en Internet para que en unos días recibiera más de 25 mil respuestas. Además de que numerosos ex empleados de aseguradoras se ofrecieron para confesar sus propios pecados, al revelar cómo habían buscado las maneras de ahorrar dinero para sus empleadoras, al dejar sin cobertura a sus clientes.

Atención gratuita en Cuba a quienes se les negó en Guantánamo En la segunda parte del ﬁlme Moore contrapuntea estos casos con otros en Canadá, Francia e Inglaterra, donde la seguridad está socializada. Para ﬁnalizar Moore intenta llevar a tres socorristas, que quedaron muy enfermos por participar en las tareas de rescate de las torres gemelas de Nueva York tras los ataques del 9 de septiembre, a recibir los mismos servicios de salud gratuitos que supuestamente se ofrecen a los presos de Guantánamo, pero al verse rechazados por las autoridades militares (a las que nunca vemos), Moore los lleva a ser atendidos en Cuba, donde de manera gratuita se les ofrecen todos los servicios de salud que sus seguros les habían negado.

Imagen del documental.

No hay aquí una meticulosa propuesta para mejorar los servicios de salud, no hay planes ni estrategias, lo que hay son simples comparaciones de casos semejantes, en distintos contextos, que permiten ver que el sistema de cobertura universal que tienen la gran mayoría de los países ricos, y muchos que no son tan ricos, es inmensamente superior al sistema privatizado estadounidense. Quizás la mejor entrevista es la que Moore sostiene con el ex parlamentario británico Tony Benn quien lee un panﬂeto de 1948, donde se anuncia la creación del sistema socializado de medicina en Inglaterra, a pesar de que en esos momentos el país estaba en ruinas, tras la Segunda Guerra Mundial. Benn enfatiza que dicha acción tuvo que ver con la solidaridad que provocó la destrucción de la guerra, pero también que fue un efecto de la democracia y no del paternalismo estatal.

Nixon y la privatización Las historias de horror son acompañadas por datos (como el hecho de que los EUA ocupan el lugar 37 en el mundo en servicios médicos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud), estadísticas comparativas sobre expectativas de vida y mortalidad infantil que ponen en evidencia el catastróﬁco estado en que dejó la privatización, emprendida durante el régimen de Richard Nixon, a los servicios de salud de Estados Unidos. El cineasta recupera grabaciones donde el ex presidente, caído en el Watergate, presenta el proyecto para crear un sistema privado de salud, que ofrecía jugosos beneﬁcios, y Nixon que carecía de interés alguno en el tema, recogió la idea -por su potencial lucrativo-, y poco después impu-

so el actual régimen. Nixon aparece como un déspota corrupto, pero la crítica alcanza a la actual candidata a la presidencia, Hillary Clinton, quien es ridiculizada con furia por haber intentado crear un sistema universal de salud y, al no lograrlo, acepta enormes donativos de las aseguradoras. Muchos han señalado que Moore no permite matices ni visiones divergentes de la suya en su cine. Eso no debería sorprender a nadie y tan sólo pone en evidencia la ignorancia de un público, que en esencia no entiende lo que es el cine documental. El cine es punto de vista, opinión, gesto y expresión. El documental ofrece una visión y argumentos para sostenerla. Esperar de un ﬁlme “la Verdad”, con mayúscula, es prácticamente equivalente a la fe religiosa. No es ese el estándar contra el que debe medir. Toda proporción guardada, nadie esperaría que Alain Resnais hubiera presentado el punto de vista nazi en su prodigioso documental Noche y bruma (1955) para ofrecer un argumento balanceado. Este es, sin duda, el ﬁlme más logrado de Moore, sin que esto quiera decir que es el mejor. Es un trabajo contenido, y aunque manipulador, es directo y contundente. Quizás una de las razones por las que funciona es que, en este caso, no se preocupa tanto por señalar culpables. Por supuesto que las aseguradoras, y los políticos que tienen en los bolsillos son los responsables del estado de las cosas, pero es el pueblo estadounidense el que ha permitido esta situación, por lo que Moore pregunta: ¿quiénes somos y qué ha sucedido con nuestra alma? nyehyz@nyc.rr.com ZÓCALO

Sergio Octavio Contreras*

Artículo sexto; cambio sin democracia

n México el tema del derecho de acceso a la información pública ha tomado un nuevo giro con la reforma al artículo sexto constitucional, al abrir el abanico de posibilidades para que los ciudadanos puedan pedir información a las instituciones o entidades que reciban recursos públicos. En el fondo tal reforma no se origina en raíces democráticas, sino en cambios tecnológicos. En los medios de comunicación, políticos, analistas, funcionarios y académicos han considerado que la reforma al artículo sexto de la Constitución mexicana (aprobada por el Congreso de la Unión el 6 de marzo y el 24 de abril del año en curso), es un avance en la materia de acceso a la información, al crear una categoría de sujetos obligados, porque incluye a los gobiernos de todos los niveles y por establecer los mínimos de transparencia que deberán de cumplir (1). Si bien lo anterior es cierto, el fondo del cambio no ha ocurrido a partir de la mejora democrática, sino de la innovación tecnológica. En todo caso, la mejora democrática deberá demostrarse con indicadores sociales cualitativos a mediano plazo y no cuantitativos, como actualmente se intenta medir la transparencia. La reforma podrá establecer una serie de criterios para mejorar el acceso a la información y también para obligar a las entidades, públicas o civiles, cuando éstas reciban recursos del erario, a entregar datos a los solicitantes, pero tal teoría deberá demostrarse empíricamente, pues la mejora del nivel de vida, a través de la información, ha sido un tema lleno de mitos y hasta el momento no comprobado del todo. Lo concreto y real es que la reforma abre el abanico de posibilidades, hace sujetos obligados a entidades que, desde antes del

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Foto: Moises Pablo / Cuartoscuro

cambio ya deberían de entregar información pero no lo hacían, y crea un avance jurídico en materia del derecho a saber. El cambio a la Constitución se detona por un factor: la tecnología. El derecho a la información, garantizado también en tratados internacionales firmados por el Estado mexicano y 32 leyes locales, debe unificarse a través de la reforma constitucional, por un lado para crear principios generales a establecerse en cada norma estatal y por otro utilizar la tecnología como columna vertebral del cambio. Respecto al uso de las nuevas tecnologías, el inciso V del artículo sexto de la Constitución es muy claro: “los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos”. También el tercer artículo transitorio establece que “La Federación, los Estados y el Distrito Federal deberán contar con sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información y de los procedimientos de revisión a los que se refiere este Decreto, a más tardar en dos años…” Como se puede analizar, la reforma Constitucional es detonada por la sociedad red, es decir, por los alcances de la tecnología para facilitar, poner a disposición, comunicar y enlazar a los usuarios, en este caso, con las instituciones. Por tal motivo, “converger en conocimiento, normas y beneficios, es un paso previo a la convergencia de las instituciones y los procesos de gobierno” (2). Sin el cambio tecnológico, sostenido principalmente en Internet, la reforma

al Artículo Sexto sería insuﬁciente y hasta cierto punto inexistente desde la perspectiva global. El uso de “medios electrónicos disponibles” y el uso “remoto de los mecanismos de acceso a la información”, se basan en el principio de las nuevas tecnologías de información y comunicación, donde no sólo se incluye Internet, sino también la comunicación satelital o la telefonía móvil. Así pues, la reforma constitucional se enmarca dentro de los llamados gobiernos digitales, gobiernos on line o ciber-gobiernos, que proporcionan mayores posibilidades de interacción con los ciudadanos y mejoran los sistemas de comunicación: Tal cambio no es un descubrimiento mexicano, sino un efecto de la transformación global que vivimos los habitantes de este planeta en nuestra vidas diarias, en nuestros sistemas de convivencia y evidentemente en nuestros derechos civiles. 1. La reforma al Artículo 6to. de la Constitución y su argumentación jurídica, pueden consultarse en la página de Internet del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), en la siguiente dirección: http://www.ifai.org.mx/informe/dictame_ AudicionConst.pdf 2. Robert O. Keohane y Joseph S. Nye Jr. Governance in a Globalizing Word, Washington D.C., Brooking Institution Press, 2000. * Master en Sociedad de la Información por la Universidad Oberta de Cataluña (UOC). analisismedios@yahoo.com

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LIBROS ◆ Políticas ííticas de comunicación social y desarrollo regional en América Latina

Primera Edición 2006 Editorial UACM y AMIC

n su primer volumen colectivo, investigadores de la comunicación ofrecen un mosaico de posibilidades para ver, investigar y escribir sobre el mundo de la comunicación. Se trata de una compilación de ensayos y artículos. Es una mirada, como aseguran los participantes, en torno los fenómenos comunicativos en la era global. Lenin Martell, Marta Rizo García y Aimeé Vega Montiel, integrantes de la Asociación Mexicana de Investigadores Comunicadores AC, invitan, con este libro, a la reﬂexión sobre temas televisivos, radiofónicos, redes de internet, los formatos periodísticos con enfoques teórico metodológicos, política, opinión pública, economía política, estudios de género, estudios de recepción, semiótica,

entre otros. Se incluye una investigación de Susana González Reyna, titulada “ El estilo periodístico y la retórica en el discurso periodístico”; Enrique E. Sánchez Ruiz, escribió “La cinematografía Latinoamericana a la sobra de Hollywood”, y Delia Crovi, “De la televisión por cable a las redes públicas de telecomunicaciones 50 años de CATV en México”. “Amanecer periodístico: El Sol de Hidalgo”, es otro texto de Elvira Hernández Carballido. Este primer volumen, incluye a un investigador invitado extranjero, John Sinclair, quien inicia el libro, con el texto: “El El Hollywood de América Latina: Miami como centro regional de la industria televisiva”.

◆ Ruta trasnacional: a San Salvador por Los Angeles Juan Carlos Narváez Gutiérrez Edición: Universidad Autónoma de Zacatecas, Instituto Mexicano de la Juventud, Miguel Ángel Porrúa, 2007

l estudio de campo que realiza Juan Carlos Narváez Gutiérrez, ofrece, por medio de esta obra, una visión testimonial de la Mara Salvatrucha alejada de equívocos y clichés, sin omitir las alusiones al pandillerismo y la drogadicción que hay entre los jóvenes salvadoreños que habitan Pico Union, en Los Angeles, una de las ciudades más latinoamericanizadas de Estados Unidos. El autor, armado con una grabadora y una cámara fotográﬁca, integra en este texto su formación de sociólogo y literato, para llevar al lector al hábitat estadounidense de los MS 13, quienes emigran, de la marginación que viven en su país, para encontrar, a miles de kilómetros de distancia, la segregación que sólo evaden agrupándose y estableciendo sus propias reglas y códigos para sentirse como en El Salvador, aunque cuando son deportados por los agentes de migración sólo desean encontrarse otra vez con la Mara, en Los Angeles.

◆ Narcotrá Narcotr ﬁco: El gran desaf desafíío ío de Calderón

Alejandro Guti Gutiérrez, reportero de la revista Proceso Editorial Planeta.

l autor describe la extensa red que el narcotráfico ha entretejido en todo el país, entre políticos, policías, comandantes, funcionarios, hasta llegar a la casa presidencial durante el sexenio de Vicente Fox. En el capítulo “Un topo en los pinos” revela lo que ocurrió en la detención e interrogatorio a Nahum Acosta Lugo, coordinador de giras del Presidente Fox (febrero 2005): “en la inspección ministerial del teléfono de Acosta Lugo se encontraron 250 números meros telef telefónicos, uno correspondía a Héctor Beltrán Leyva, El Ingeniero, conocido narcotraficante y de quien recibía grandes cantidades de dinero”, “una relación de hace 10 años, según reveló Santiago Vasconcelos”. Cita las conversaciones de Nahum, quien salió libre “porque intervinieron muchos intereses políticos, ííticos, el asunto llegaba mucho más arriba en la casa presidencial y en el Partido Acción Nacional”. En “Felipe Calderón, hacia dónde va”, incluye entrevistas, testimonios y opiniones de analistas, datos precisos y contundentes respecto a los responsables de la oleada de violencia en que se encuentra sumergido el país, desde que el gobierno de Felipe Calderón decidió sacar al ejército a las calles, declarándole con ello la guerra al narcotráfico: “aderezado con una campaña mediática áática y algunos golpes de mediana y menor significación”, como las extradiciones, aunque después vino la reacción, de la cual en “Mensaje del narco a Calderón”, cita: “el mensaje escrito en un papel que dejaron en el asiento de una de las camionetas utilizadas para ese embate”: “A nosotros nos vale madre el gobierno de Felipe Calderón” (6 de febrero de 2007). “El olor a plomo, territorios en disputa y Los Arellano Félix: un cártel áártel por dentro”, revela pugnas, alianzas y traiciones. En algunas de estas narraciones, Gutiérrez, menciona “los reclamos” de algunos narcotraficantes a periodistas por no publicar su versión y el uso de algunos medios de comunicación para trasmitir sus mensajes. “El 15 de septiembre de 2006, un miembro de La Familia Michoacana contactó a mi compañero Francisco Castellanos, al cual le señaló su malestar porque sólo se hubiera publicado la versión de El Paisa, del bando contrario. Comenta inclusive, la presentación pública que, el 22 de noviembre de 2006, en periódicos estatales hizo, a través de un desplegado, La Familia Michoacana. ZÓCALO

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Cambiar la televisión Martha Chapa

n las décadas más recientes se ha debatido acerca del sistema de concesiones que prevalece en México y de las responsabilidades que contraen con el Estado y la sociedad las empresas concesionarias. Sin embargo, nunca se habían registrado cambios importantes al marco normativo. Ahora, después de las controvertidas modiﬁcaciones que se realizaron el año pasado a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, conocidas como Ley Televisa, el tema volvió a ponerse sobre la mesa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en la controversia que presentó un nutrido grupo de senadores de la LIX Legislatura, resolvió que los cambios a varios artículos de ambas leyes fueron inconstitucionales. Por ejemplo, en el muy cuestionado artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que en opinión del magistrado ponente Sergio Aguirre Anguiano, otorga mayores privilegios a los actuales concesionarios, al concentrar las actividades de radiodifusión y

telecomunicaciones en pocas manos, en lugar de fomentar la competencia, la diversidad y la pluralidad. Durante mayo y junio los promotores como los impugnadores de la Ley Televisa expusieron de nueva cuenta sus razones. Los primeros, que insistieron en conservar y acrecentar los privilegios de los dos grandes consorcios televisivos. Los segundos, con análisis más sólidos, emitieron llamados a preservar la autoridad del Estado en la administración del espectro radioeléctrico, como parte del patrimonio nacional, asegurar condiciones de equidad para las empresas que participen en ese campo, fomentar y aprovechar de manera justa y equitativa los beneﬁcios de la llamada convergencia digital, y garantizar la promoción de la diversidad, la competencia y la pluralidad para beneﬁcio de los mexicanos. Con toda esa información, la Corte realizó su análisis y emitió su resolución sobre la inconstitucionalidad de los artículos fundamentales de la legislación aprobada hace un año.

Transparencia en la U de G

n tiempos en los que el acceso a la información pública representa la única vía para solicitar a las instituciones transparentar el uso de recursos públicos, la Universidad de Guadalajara “asume responsablemente su compromiso con la sociedad jalisciense en materia académica, al presentar su Portal de Transparencia como un avance en la nitidez presupuestal, eje central de la presente gestión”, dijo el rector Carlos Briseño Torres, en teleconferencia transmitida a la ciudad de México. Con la apertura del Portal de Transparencia, la U de G da un paso adelante en la rendición de cuentas, benéﬁco no sólo para la institución, sino para la sociedad, al permitir a la comunidad universitaria, “y sobre todo a los ciudadanos, saber de qué manera se están utilizando los recursos que se destinan a la educación superior, los cuales son parte de la aportación que hacen con el pago de cuotas e impuestos, respectivamente”, agregó Briseño.

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Ahora que decidieron los magistrados, urge que revisemos e insistamos en dos puntos esenciales: la concentración y los contenidos. Respecto al primero, bien sabemos que existe un duopolio que acapara el mercado, las audiencias, los patrocinadores, los derechos exclusivos de transmisiones, entre muchos otros aspectos que involucra el tema. Por lo que toca a la segunda cuestión, también hay una inmensa coincidencia social de que los contenidos son en su mayoría estupidizantes, despolitizadores, superﬁciales y hasta contrarios a la educación y los valores humanistas. México necesita avanzar en su sistema democrático y de libertades, por lo que no tienen cabida ni tendencias monopólicas, ni enemigos de las propuestas de la sociedad en su conjunto. La apuesta es clara: la televisión debe cambiar. enlachapa@prodigy.net.mx www.marthachapa.net

“Vamos a poner toda la información que sea necesaria en el portal, desde rubros de nómina, proyectos de investigación, programas de estudio, información detallada sobre infraestructura y oferta cultural”, aﬁrmó, a pregunta expresa sobre el tipo de datos a los cuales se tendrá acceso. Destacó que la página (www.transparencia.udeg.mx) contiene las pólizas, número de cheques y comprobaciones del gasto universitario de centros, sistemas, administración general y empresas parauniversitarias, así como la carga horaria de profesores y personal administrativo. Esta página de Internet contiene datos de los meses de abril y mayo de este año, es decir, desde el inicio del rectorado de Briseño Torres, además de información sobre ﬁdeicomisos, el Centro Cultural Universitario, el Teatro Diana y la Feria Internacional del Libro (FIL). El rector aseguró que con el nuevo portal, la U de G cumple con

lo establecido en la Ley de Transparencia e Información Pública del

Estado de Jalisco, y con ello, dijo, es una de las universidades del país, que ha tomado la iniciativa en ese sentido. Consideró que Internet

“es una valiosa herramienta para que las universidades tengan mayor contacto con sus respectivas comunidades” (Rigoberto Cruz).

Academicos apoyan radios comunitarias

a desprotección jurídica de los medios públicos en general, y de las radios comunitarias e indigenistas en particular, debe ser “atendida de manera prioritaria por el Congreso de la Unión, con el objeto de elaborar los lineamientos que reconozcan y definan con toda claridad las reglas del juego”, afirmó el doctor Manuel Alejandro Guerrero, director de la Revista Iberoamericana de Comunicación (RIC). Durante la presentación de los números 10 y 11 de la RIC dedicados a la reflexión en torno a los medios públicos y las radios comunitarias e indigenistas, el académico consideró que en materia de medios de comunicación, el país atraviesa por un momento coyuntural, luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Indicó que en ambos números de la RIC, investigadores de varias instituciones educativas del país, resaltan el papel protagónico de los espacios que le dan “voz a los sin voz”. Por ejemplo, el maestro Lenin Martell analiza la emergencia de radios comunitarias en Estados Unidos y la importancia que las prácticas mediá mediáticas alternativas representan para los sujetos que tienen la necesidad de comunicar lo local y lo propio. Las aportaciones de Antoni Castells i Talens, Edith Cortés Romero, y Susana Herrera abordan el papel determinante del Estado

y de los medios hegemónicos en el desequilibrio comunicativo en México. La multiculturalidad y la construcción de identidades son los temas centrales de los artículos de Luis Manuel Arias Reyes, Maya Lorena Pérez Ruiz, Inés Cornejo Portugal y Elizabeth Bellón Cárdenas, quienes destacan la importancia del fenómeno migratorio y la conformación de un sector “híbrido y deslocalizado”. Alfonso Gamucio Dargón hace hincapié en los retos de la comunicación para el cambio social, desde la perspectiva latinoamericana, y Vicente Castellanos Cerda analiza los obstáculos de las lenguas minoritarias para ser incluidas en el espectro mediático y la eﬁcacia de la comunicación alternativa para crear un sano choque lingüístico-cultural. Lucila Vargas, profesora de la Universidad de Carolina del Norte y miembro del comité internacional de la RIC, enfatizó la indisoluble relación entre los procesos de comunicación y la transformación social. “La contribución de los articulistas enriquece el delineamiento y la progresiva consolidación de lo que yo llamo `comunicación alternativa para el cambio social´, disciplina que fusiona las investigaciones sobre medios alternativos con los principios de la comunicación para el desarrollo”, dijo Vargas y urgió a colocar esta nueva rama de estudio, al interior de las escuelas y facultades de comunicación, pues “es a través de los medios alternativos que puede fraguarse la lucha contra el poder hegemónico”. (Violeta Roldán)