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Libertad de expresión en gobierno calderonista
Federalizar delitos contra periodistas
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Mesa de Redacción Federalizar delitos Cartón de Hernández Amenaza Para seguirles la pista ¿Se levanta Monitor?
PORTADA
8 11 Pospone Cancillería visita de Relator “Cálmate”, cómo lo vas a publicar 12 Víctor Ronquillo delitos contra periodistas, herramienta contra la impunidad 14 Federalizar Nelly Olivos La libertad de expresión en nueve meses de gobierno Balbina Flores
amenazas del INEGI “no me voy a detener”: Francisco Rodríguez 16 Ante Norberto Hernández Montiel 14 Propaganda sustituye realidad: México envidia a Colombia 17 José Reveles ilusión comunicativa 20 La Ana María Miralles
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN
¿Dónde estaban los medios en el 68?, pregunta Jacinto Rodríguez Munguía Carlos Padilla Ríos
de Granados Chapa 24 ElRaúlmagisterio Trejo Delarbre
¿Dónde estaban los medios en el 68?
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Zócalo, comunicación, política y sociedad Es una publicación mensual editada en México DF., por Proyectos Alternativos de Comunicación, S.A. de C.V., Reserva exclusiva título núm. 04–2000–090816141800–102, Número de certificado licitud de título 12280. Número de certificado de licitud de contenido 8943. Número ISSN 1665– 8698. Domicilio:Calzada México Tacuba 235 cuarto piso, colonia Popotla, delegación Miguel Hidalgo. Tels.: 53416590 y 53416597, alternativamedios@prodigy.net.mx, periodicozocalo@hotmail.com. Internet: www.revistazocalo.com.mx. Impreso en los talleres de Expo & Ediciones; Sur 113 B # 2278. Col. Juventino Rosas. Del. Iztacalco. México 08700, D.F. Tel. 5741-2868. Precio por ejemplar: 20 pesos Suscripción anual: 250 pesos por 12 números Distribución: Publicaciones CITEM, S. A. de C.V. Tel.: 52380200. En Sanborns en toda la república. EDUCAL, S.A. de C.V. Tel: 53544037, 53562815. En el Distrito Federal, Edo. de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Guerrero.
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El Bicentón Jenaro Villamil
TELEVISIÓN
Televisa y su expansión en la televisión restringida Gabriel Sosa Plata Efectos de la sentencia contra la Ley Televisa Javier Corral Jurado En seis meses reformas a la Ley Televisa Nelly Olivos Caso Canal 40...Calderón, igual que Fox: Ciro Gómez Leyva Efectos de las reformas contra la Ley Televisa Norberto Hernández y Carlos Padilla Ríos
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Maniobra TV Azteca para seguir operando Canal 40: Abogado Quijano Carlos Padilla Ríos
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Hidalgo y Tabasco: deficientes leyes de transparencia Miriam A. Robles
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TRANSPARENCIA
Transparencia en la información judicial Argentina Miguel Julio Rodríguez Villafañe Llegará justicia, Javier Quijano
Una computadora... ¿por niño? Ángeles Medina
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Las cartas terminales del Zodiaco José Luis Durán King Ley Televisa: reconocer y rectificar María del Rocío Morgan Franco
RADIOS INDÍGENAS
En Yucatán, radio indígena...comercial Lenin Martell
Los medios han cambiado:Erick Barragán Balbina Flores
Director General: Carlos Padilla Ríos Coordinación: Norberto Hernández Montiel Diseño Gráfico y portada: Silvia Fernández Ramírez Diseño Original: Elina Vilchis Fotografía: Iván Bustamante, Cuartoscuro Reporteros: Balbina Flores Martínez, Ricardo Martínez, Primavera Téllez Girón, Atziri iri Ávila, Zósimo Díaz, Gerson Hernández, Víctor Becerril Comité de Redacción: Beatriz Solís, Javier Corral Jurado, Jenaro Villamil, José Reveles,Rogelio Hernández López Colaboradores: Luis Miguel Carriedo, José Luis Martínez, Graciela Ramírez, Agustín Ramírez, Gabriel Sosa Plata,
Jorge Meléndez, Pablo Arredondo, Francisco Hernández Lomelí, Andrés De Luna, José de Jesús Guadarrama, Víctor Becerril, Jorge Pulido, Raúl Valencia, José Luis Durán King, Agustín Pineda, Claudia Benassini, Naief Yehya, Antonio Medina, Raúl Trejo Delarbre, Elvira García, Octavio Islas Caricaturistas: Hernández, Luy, Luy, Kemchs, Lez Consejo Editorial ::Alma Alma Rosa Alva De La Selva, Irma Ávila, Javier Esteinou, María Victoria Llamas, Carlos Mendoza López, Jorge Meléndez, José Palomo, Octavio Islas Carmona, Graciela Ramírez, Ernesto Villanueva, Manuel Gutiérrez Oropeza†. Circulación: Martín Cárdenas Se Secretaria: Concepción Villegas
Contra pederastia información
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Contacto alternativamedios@prodigy.net.mx En Internet http: //www.revistazocalo.com.mx http://revistazocalo.blogspot.com
MESA
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DE REDACCIÓN
Federalizar delitos
a propuesta de federalizar los delitos contra periodistas podría considerarse como un exceso y un régimen de privilegios para los comunicadores. Pero la propuesta está lejos de sugerir una excepción, y por el contrario, debería servir para acotar la alarmante impunidad en la que se encuentran infinidad de agresiones contra este gremio cometidas en el presente, el anterior y otros sexenios. Aunque el tema comienza a sumar consensos, resulta urgente que periodistas y legisladores sumen esfuerzos, porque los delitos contra periodistas no sólo agravian a las víctimas, sino también lesionan a la sociedad, cuando un comunicador deja de garantizar el derecho de información de los ciudadanos. El trabajo de los reporteros de medios impresos, radio y televisión, nos permite ejercer el derecho de todos a saber. Este sector es el blanco regular de los cuerpos de seguridad, el crimen organizado y las agrupaciones sociales o políticas. En apenas nueve meses, la administración de Felipe Calderón ya acumuló más de 40 casos, entre asesinatos, agresiones, detenciones y desapariciones. Su antecesor también panista, Vicente Fox, sumó más de 30 asesinatos entre 2000 y 2006, además de centenares de agresiones. Con Ernesto Zedillo no fue diferente, tampoco con Carlos Salinas. Para especialistas como el doctor Ernesto Villanueva, la federalización de los delitos contra periodistas, no eliminará tanto agravio, pero sí contribuiría a inhibir su práctica. Es cierto que no todo el gremio corre los mismos riesgos cuando, profesionalmente, cumple con su labor de informar, pero eso no excluye la urgencia por proteger a esa parte de los periodistas que hoy resulta vulnerable frente a los agresores, cuando la ineficacia en la impartición de justicia es la constante y la desconfianza por sus resultados florece por todo el país.
Canal 22 transmitirá programa inédito “El defensor del televidente”
FRASE DEL MES
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penas en abril pasado Jorge Volpi director de Canal 22 anunció que la emisora tendría un ombudsman del televidente, a cargo de “un experto, un académico de reconocido prestigio” que con “independencia absoluta del Canal, discutirá programación, tratamiento de la información y quejas” (Zócalo 89). El anunció despertó interés entre los analistas, algunos de los cuales propusieron que la tarea del “defensor” la asumiera algún colectivo interno como el Consejo de Programación o de Planeación, instancia ésta última que existió en 1991, cuando fue creado Canal 22, (Beatriz Solís, Zócalo 87). A la iniciativa de Volpi, se sumó Julio Di Bella, director del Canal Once, quien en julio pasado, tres meses después, adelantó que ambas televisoras presentarían en septiembre en un acto conjunto a sus respectivos ombudsmen. Ambos funcionarios han declarado que la función del ombusman sería acompañada de diversas autorregulaciones como códigos de conducta y de estilo para la programación en general o para programas en lo particular. Pero el miércoles 29 de agosto, Volpi tomó la delantera, y como parte de la nueva programación anunció la transmisión, a partir del 12 de septiembre, de “El Defensor del Televidente”, un programa que se podrá observar los miércoles a las 19:00 horas, y cuya retransmisión será los viernes a las 14:30 horas. La producción estará a cargo de Rubén Gómez, y la conducción, es decir el ombudsman, estará a cargo de Gabriela Warketin, directora del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. El objetivo del programa, se explicó, es convocar “permanentemente a la audiencia de Canal 22, buscando con ello generar un espacio público para la expresión plural de puntos de vista concernientes a los contenidos televisivos que tengan que ver con los géneros, los formatos o las modalidades estéticas que se presentan en la pantalla del 22”, precisa el catálogo de programación septiembre 2007-marzo 2008. 4
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El peligro “La televisión no puede dejarse al libre juego de la fuerzas del mercado, en virtud de los enormes efectos que produce y de las posibilidades que ofrece, así como el peligro que supone abuso, con el fin de influir de forma parcial en la opinión pública”. Ministro Genaro David Góngora Pimentel (La Jornada 13 de Agosto de
2007).
EL CARTÓN
DE HERNÁNDEZ
Amenaza
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PARA SEGUIRLES
LA PISTA
¿Se levanta Monitor? Oxigeno para los trabajadores de Monitor. Al cierre de esta edición Infored logró cubrir el pago de tres quincenas atrasadas a los empleados de José Gutiérrez Vivó. El resto de la deuda será pagada cada viernes, según dijeron a los empleados funcionarios de la empresa. No se informó, sin embargo cuando se reanudarían las transmisiones del informativo. Los adeudos a los trabajadores se originaron a partir del mes de abril. El mes de septiembre será Germán Craviotto (reportero vial definitorio para de Monitor) rifa su moto para la existencia de ayudarse: “moto italiana, marca Monitor. El Décimo Tercer Tribunal Colegiado Aprilla 2002, modelo Leonardo en Materia Civil dictará sentencia definitoria en 150 cc con 22,238 km. el litigio que mantiene Infored, controladora de Monitor, y Grupo Radio Centro por 25 millones de La cifra ganadora se tomará de dólares. También se definirá el estallamiento de la los 3 últimos dígitos del premio huelga en la empresa. La mayoría de los trabajadores pricipal del Sorteo Mayor de la han optado por buscar otros empleos temporales, Lotería Nacional del sorteo del algunos lo han conseguido, pero no todos corren con 15 de septiembre del 2007. la misma suerte. COSTO DEL BOLETO $100.00
¿Ruptura en la CIRT? Los concesionarios de radio de AM están convencidos de que la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) sólo ha defendido los intereses de la televisión, olvidando los reclamos de los radiodifusores. Cansado de la indiferencia, el representante de los radiodifusores, Roqué Chávez lanzó un ultimátum: Si la Cámara no expresa abiertamente su punto de vista ante el problema de banda de AM tendrían abandonarán a la CIRT, para conformar una organización que sólo agrupe a este tipo de empresarios. El 70 por ciento de la inversión publicitaria en radio se hace en la banda Roque Chávez. Foto: archivo de Frecuencia Modulada. Con el pretexto de que la AM “no es competitiva”, estos radiodifusores exigen a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes frecuencias “espejo” para poder competir. Intentan olvidar que la radio en México creció durante décadas en AM. Peor aún, la solicitud de los pequeños empresarios no tiene base legal. Aunque la advertencia no es nueva, sí exhibe la desesperación del grupo, ante el fracaso de la Ley Televisa y las escasas posibilidades de sus peticiones. Probablemente no salgan de la CIRT, pero tal vez deberían imponerse el reto de producir una radio mejor.
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La reforma electoral y los medios de comunicación Ahora que no hay elecciones federales a la vista, diputados del PRI, PAN y PRD presentaron una iniciativa para reformar algunos artículos del Código Electoral y de la Ley Federal de Radio y Televisión, para reducir los elevadísimos gastos de los partidos políticos en los medios de comunicación electrónicos. Una de las modificaciones propuestas plantea que las campañas electorales se hagan dentro del tiempo que el Estado tiene a su disposición en todas las emisoras de radio y televisión del país. Mientras que el Código Electoral permitiría a los partidos contratar espacios gratuitos para su propaganda. Durante las pasadas elecciones (2006) los partidos políticos gastaron poco más de mil 354 millones de pesos en medios electrónicos (Véase Raúl Trejo, Zócalo, abril de 2007) por lo que una reforma de esta naturaleza afectaría, en gran medida, los negocios de las dos principales televisoras del país y algunos radiodifusores. Lo que todavía se desconoce es el cabildeo que realiza el duopolio televisivo para evitar que esa iniciativa prospere. Televisa y TV Azteca tienen en el Senado a operadores con experiencia y control, como Jorge Mendoza, legislador priista (ex empleado de TV Azteca) y al no menos influyente Javier Orozco, del Partido Verde (éste ex asalariado de Televisa). Sin olvidar, por supuesto a Emilio Gamboa Patrón, Manlio Fabio Beltrones, Federico Döring, Héctor Larios... Sería contra natura que el duopolio no esté haciendo algo al respecto.
Desaparece otro trabajador de TV Azteca Christian Axel López Cruz, de 27 años de edad, parte del staff master de noticias de Proyecto 40 (con la administración de Ricardo Salinas), desapareció el 20 de julio en Apatzingán, Michoacán. Testigos que lo vieron por última vez, aseguran que policías locales acudieron a la central camionera del lugar para intentar detenerlo. TV Azteca informó del caso ¡hasta el 7 de agosto! Familiares de López Cruz afirman que las autoridades locales no investigan el caso. La misma familia ha iniciado su búsqueda, sin resultados, un mes después. Por lo pronto, imágenes del productor de Proyecto 40 aparecen en las paredes de los andenes del Tren Ligero que corre por Calzada de Tlalpan, en la ciudad de México. La de Christian López es la tercera desaparición en tres meses, en la empresa de Ricardo Salinas Pliego. En mayo pasado dos reporteros de la empresa desaparecieron en Monterrey. Esto ocurrió dos meses después de que, al estilo TV Azteca, se transmitiera un video filtrado a la televisora donde se torturaba a presuntos sicarios del grupo Los Zetas, que después aparecieron asesinados. Al otro día TV Azteca no transmitió reacciones a ese video, las amenazas ya habían llegado.
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Portada
Periodistas a tres fuegos Balbina Flores Martínez
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rente al primer informe de gobierno de Felipe Calderón las condiciones de inseguridad, para el ejercicio periodístico y los medios de comunicación, siguen igual o peor que en el sexenio pasado; reporteros y medios continúan siendo blanco diario de amenazas, atentados, asesinatos y desapariciones. “México se convirtió, en 2006, en el segundo país del mundo con mayor nivel de peligrosidad para esta profesión, situándose sólo detrás de Irak. Una democracia no puede tolerar tanta impunidad”, advirtió Reporteros Sin Fronteras (RSF), organismo
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internacional defensor de la libertad de expresión, al jefe del Ejecutivo, a unas horas de haber tomado posesión como presidente de México, en una carta que le dirigió el 1 de diciembre de 2006. “Le incitamos –continúa el texto, pensando de manera particular en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de Periodistas, creada el 15 de febrero de 2006– para que su mandato haga todo lo necesario para fortalecer las estructuras judiciales y desplegar las fuerzas necesarias para erradicar esta oleada de ataque a la prensa”. La respuesta a esta misiva fue el silencio. Al hacer un breve balance de los primeros daños a la prensa, en los nueve meses de gobierno de Felipe Calderón, los resultados no sólo son desalentadores, sino alarmantes ante más de 40 casos registrados hasta la fecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que superan al número registrado en los primeros meses de 2006 y la cifra de 37 casos reportados en los primeros 8 meses del gobierno foxista, de acuerdo con la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación. El 8 de diciembre de 2006 fue asesinado Raúl Marcial Pérez, columnista de El Gráfico, en Oaxaca; el 10 de enero de 2007, fue desaparecido Rodolfo Rincón Taracena, reportero de Tabasco Hoy, y hasta la fecha se desconoce su paradero; el 6 de abril fue acribillado Amado Ramírez, corresponsal de Televisa y conductor de un noticiero radiofónico en Acapulco, Guerrero; el 26 abril, fue localizado el
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cuerpo de Saúl Noé Martínez, reportero de Interdiario, de Agua Prieta, Sonora; el 10 de mayo de 2007, fueron detenidos y desaparecidos, Gerardo Paredes, y Gamaliel López, camarógrafo y reportero de TV Azteca Noreste, en Monterrey, Nuevo León. El 16 de abril y 17 de mayo fueron lanzadas dos granadas de mano a las instalaciones del diario Cambio, de Sonora y días después ese periódico decidió cerrar sus instalaciones por falta de garantías. El 5 de agosto de 2007, Alberto Fernández Portilla, director del Semanario del Istmo y conductor del programa BBM Noticias, fue objeto de un atentado al que sobrevivió.
Reporteros y fotógrafos de distintos medios de comunicación, en estados como Coahuila, Sonora, Michoacán, Veracruz y Guerrero, han sido amenazados por bandas del crimen organizado. Algunos de estos hechos ya ni siquiera se publican en los medios. “Si denunciamos ¿quién nos protege?”, confió el director de un diario en el norte. “Preferimos no hacer ruido, no publicar informaciones riesgosas o bien no publicar el nombres de los reporteros o corresponsales que cubren la nota. ¿Es el silencio una medida de protección? ¿es la autocensura una forma de protección?. No. ¿Pero, y entonces qué camino nos queda?” preguntó.
Periodistas a tres fuegos De la crispación política que ha vivido el país en los años recientes no han estado exentos los periodistas y medios de comunicación. Tampoco del recrudecimiento de la violencia desatada por los cárteles del narcotráfico desde los primeros meses del gobierno de Felipe Calderón, ni del descontento social que mostró su rostro más cruento en el conflicto entre el gobernador Ulises Ruiz y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). El conflicto social que vivió el Estado de Oaxaca a mediados de 2006, que aún no se resuelve, también alcanzó a los periodistas y a medios de comunicación. La Gerardo Paredes Pérez, camarógrafo mayoría de las veces “éramos las voces indeseables, los testigos molestos”, “caímos mal en todos lados”, “la prensa no es bienvenida, somos vistos como los incómodos la gran mayoría de los periodistas”, narra el periodista Diego Osorno, en su libro Oaxaca Sitiada, La Primera insurrección del siglo XXI. La APPO dice tener motivos suficientes para hacer tales afirmaciones, señala Daniel Osorno, en el capitulo denominado, precisamente, “Voces indeseables”, que es una descripción fiel de lo que enfrentaron medios, fotógrafos y reporteros durante el conflicto oaxaqueño, que dejó un saldo aproximado de 40 agresiones contra periodistas –la mayor parte de ellas ocurridas en los meses de julio y agosto– que culminaron con el asesinato de Bradley Will, el 27 de octubre de 2006. Los embates de grupos sociales contra periodistas representaron 15 por ciento, de un total de 131 incidentes registrados en 2006, a diferencia del cinco por ciento en 2005. Ahora se ubican en tercer lugar, después de las fuerzas del orden y de los perpetrados por desconocidos, de acuerdo con el recuento preeliminar de la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación (RMPPMC), de mayo del 2007. Hubo momentos álgidos, como la culminación de las elecciones de 2006, durante el plantón realizado por Andrés Manuel López Obrador. Al final de los mítines, algunos de sus simpatizantes arremetían contra los reporteros, a quienes gritaban “¡vendidos!”. Eso era a los que bien les iba, porque algunos tenían que salir prácticamente huyendo del templete, perseguidos, como fue el caso de un camarógrafo de TV Azteca. En los meses siguientes, los violentados optaron por no portar sus gafetes o esconder las identificaciones de las empresas, TV Azteca y Televisa, principalmente. Hubo entonces quienes
pidieron la intervención de Andrés Manuel López Obrador, quien optó, como medida, siempre precisar en sus discursos que había “algunos medios de comunicación, algunos periodistas”, que desinformaban, “no todos, hay sus honrosas excepciones”.
El Ejército Si los elementos de la fuerza pública siempre han ocupado uno de los Gamaliel López, reportero primeros lugares como presuntos responsables de las agresiones contra periodistas (24 por ciento en 2006), hoy, en el marco de una política de “mano firme” contra el crimen organizado, encabezada principalmente por el ejército, brazo derecho de Felipe Calderón, está latente el riesgo de que pase a encabezar la lista, si es que no ya ocupa ese sitio. Los hechos así lo indican: El 7 de agosto de 2007, Manuel Acosta y Sinuhé Adolfo Samaniego Osorio; ambos del periódico Zócalo; Jesús Meza González, de La Voz y Alberto Rodríguez de Canal 4 fueron detenidos en la Colonia Las Flores, en Monclova, Coahuila, a unas cuadras del cuartel militar, por un grupo especial del ejército, cuando éste realizaba un operativo en la localidad. Los reporteros fueron detenidos por los tripulantes de una camioneta blanca, narró Sinuhé Samaniego: “se bajan unas personas con pantalón militar, completamente encapuchados, y le dicen al compañero del Canal 4 que se suba a la camioneta, luego al compañero Jesús Meza de La Voz, a Manolo y a mí, nos suben a la fuerza”. Dentro del vehículo, les ordenan que se tiren boca abajo y no se vuelvan para verlos. Los revisan y los despojan de sus cámaras, llaves, teléfonos celulares, relojes y carteras. Los vehículos en que se movían los periodistas, portaban, cada uno, los logotipos de sus medios, quedaron abandonados en el lugar y fueron cateados. Presuntamente, en uno de ellos, fue localizada un arma con chapa de oro, casquillos de diversos calibres y marihuana. A los comunicadores los insultan y empiezan a golpear: “nos agredieron físicamente, en las costillas, en las piernas, la cabeza, pero no con brutalidad, sino, se puede considerar, como parte de (la) táctica para sacar información”, refirió un reportero. Después de unas horas de trayecto, con los ojos vendados y las manos atadas, los dejan en un cuarto, hasta las 9:30 o 10:00 de la mañana del miércoles. Entonces los
Los cuatro periodistas en la PGR. www.unafuente.com
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de Periodistas Democráticos (UPD), denunció, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que el pasado 22 de agosto, en un retén ubicado en la carretera Victoria Zaragoza, fue golpeado por elementos de las policías Judicial y Preventiva. Refirió que estaban en el puesto, cuando observó como detenían una camioneta y empezaban a bajar a la gente con violencia, a punta de pistola. Captó el hecho en una foto y cuando bajaron al chofer tomó otra. Entonces, una persona con metralleta se dirigió hacia él, apuntándole. Metió el cañón del arma a la ventanilla del auto del periodista y le ordenó que le entregara su grabadora. A pesar de que se identificó fue amenazado y cercado por policías judiciales preventivos. Le arrebataron la cámara, le quitaron la grabadora, el teléfono celular y los destruyeron. Lo retuvieron lo golpearon por más de media hora. El 30 de junio, Luis Fernando Nájera, del diario Río Doce, de Sinaloa, fue detenido durante un operativo en la ciudad de Los Mochis. El comunicador cubría la operación y tomaba fotos cuando fue aprehendido por elementos policíacos, fue despojado de su cámara, grabadora y teléfono celular. El policía ministerial Roberto Barceló, le gritó “te voy a matar por metiche”. Dio cuenta el periódico La Jornada (1/07/2007).
El narco
levantan y les dicen “ahora sí, van pa’ México”. Los separan nuevamente y los suben a unas camionetas. La tarde de ese día fueron entregados a la Procuraduría General de la República (PGR), donde les dicen que están acusados de portación de armas y explosivos y posesión de droga. Los reporteros refieren que permanecieron entre 15 y 16 horas sin saber dónde estaban, de qué se les acusaba, y sin que les fuera posible ver el rostro de quienes los aprehendieron. Después de permanecer retenidos en las instalaciones de la PGR, durante 48 horas, aproximadamente, mientras rindieron su declaración, para confirmar su detención, fueron puestos en libertad bajo fianza. El asunto no ha terminado porque, en unas semanas, se deberá dictar auto de formal prisión o de libertad.
La PGR El 6 de agosto, en Tamaulipas, efectivos del Ejército y la Agencia Federal de Investigación (AFI) realizaron varios cateos. Los reporteros de la guardia nocturna cubrieron el operativo. Casi al final los federales detuvieron a reporteros de los periódicos Vanguardia y Palabra, así como de la televisora local RGC, les solicitaron identificaciones, los soldados borraron el material de la jornada de los equipos fotográficos y se quedaron con el video del reportero Juan de Dios de RGC, según reportó en sus páginas Proceso no.1608. 26/08/2007. Miguel Arturo García, corresponsal del grupo radiofónico Organización de Radio Tamaulipas (ORT), y dirigente de la Unión 10
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Las agresiones más violentas se han atribuido al narcotráfico, al que RSF incluyó por primera vez en mayo pasado en su lista “de predadores” de la libertad de prensa de 2007. “Desde finales de los (años) 90 –explica la organización– cuatro cárteles, los de Tijuana , Sinaloa, Juárez y el Golfo, libran una guerra sin cuartel. Los periodistas, se encuentran en primera línea de las represalias de estas bandas”. Al narcotráfico se le atribuye, como presunto responsable, 11 por ciento de agresiones en 2006, a diferencia de 2005 cuando registró el siete por ciento, según señala el informe de la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, correspondiente a este año. Los narcomensajes, amenazas, atentados y levantones, han estado entre los métodos intimidatorios más socorridos por estos grupos. Los siguientes son algunos de los casos de los primeros meses de este año, de los cuales dieron cuenta los propios medios: “Aquí te dejamos un regalo pinches reporteros culeros (sic) así van a rodar muchas cabezas (sic) Milo Vela lo sabe y muchas más van (sic) cien cabezas por mi papá atentamente hijo de Mario Sánchez y la gente nueva”. Tal amenaza fue colocada en una nota sobre un cadáver que hallaron en la entrada del diario Notiver, según informó el propio periódico (03/05/2007). Milo Vega es un columnista crítico que escribe ahí. El procurador del Estado, en una nota que publicó el propio Notiver, dijo al respecto: “no se trata de ninguna amenaza en contra de reporteros, sino de un mensaje entre grupos delictivos antagónicos ajenos completamente al quehacer periodístico”. El 28 de mayo, una cabeza humana fue depositada en una caja, a las puertas del diario Tabasco Hoy, en Villahermosa. Había un mensaje: “ahí les enviaron esto”. En enero de este mismo año, Adolfo Rincón Taracena, reportero del diario desapareció, sin que a la fecha se conozca su paradero.
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Rodolfo Rincón Tarecena, reportero. Foto: Tabasco Hoy
Después de dos atentados con granadas contra Cambio de Sonora, que dañaron una parte de sus instalaciones, los días 16 de abril y 17 de mayo, los cuales se atribuyeron al crimen organizado, este medio suspendió temporalmente su circulación. Destacó también la denuncia del secuestro de tres reporteros, de la Comarca Lagunera, en Torreón Coahuila, publicada por El Universal en Línea, el 3 de mayo pasado, hecho que al día siguiente intentó desmentir el diario. Lo cierto es que el levantón, la cita o reunión –como se quiso minimizar después– sí ocurrió, pero no se quiso hacer más ruido sobre el asunto. El levantón a los periodistas fue un reclamo, “porque no habían dado seguimiento a las noticias sobre el Cártel de Juárez”. El 22 de mayo, Onésimo Zúñiga Franco, reportero de la fuente policíaca de El Sol de La Laguna, fue levantado por desconocidos cuando regresaba de dejar a su hija menor a la escuela. Permaneció seis horas desaparecido, y presentó una denuncia ante el agente del Ministerio Público local. El 11 de junio, la agencia EFE reportó que Claudio Tiznado, reportero de la publicación mensual Géneros de Hermosillo, Sonora, cruzó la frontera y solicitó asilo en Tucson, Arizona, después de haber sido objeto de una golpiza que lo dejó inconsciente y sin poder mover un brazo. El motivo de la agresión, consideró, fueron sus investigaciones publicadas sobre el paraíso de drogas que floreció, con las redes de corrupción, entre políticos y policías en Cananea. Los hechos señalados son sólo una muestra de que la violencia en contra de periodistas y medios, que se mantiene como una tendencia al ascenso, en contra de la libertad de expresión, en estos primeros nueve meses del gobierno de Felipe Calderón. Los comunicadores, desde el sexenio pasado, en particular en los estados, han sido agredidos sin tregua a tres fuegos: los grupos sociales, las fuerzas del orden, entre ellos el ejército y, por si fuera poco, el narcotráfico. No hay para dónde hacerse. Más que cobijarse bajo la autocensura y el silencio, como medio de autoprotección, la respuesta adecuada ha sido la solidaridad del gremio –los medios y las organizaciones– la que ha logrado, por lo menos, alertar e informar sobre agresiones mayores, aunque no en forma muy organizada. La intervención de las organizaciones internacionales ha sido un factor determinante para llamar la atención.
n los nueve meses que lleva este gobierno, ha sido llamado a comparecer en dos ocasiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el tema de libertad de expresión (Zócalo89); la primera audiencia se llevó a cabo en marzo y la segunda del 17 de julio. En ésta última, el Estado mexicano estableció entre otros compromisos, informar la CIDH sobre el estado de las investigaciones de asesinatos y desapariciones de periodistas, además de que aceptó recibir al Relator de Libertad de Expresión, Ignacio Álvarez. El 21 de agosto, después que las organizaciones mexicanas e internacionales solicitaran información a la Relatoría sobre los avances de la visita a México, el representante de la CIDH informó que “la secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) de México ha expresado que con mucho gusto recibirán la visita de la Relatoría Especial, pero que ésta podría ser hasta abril o mayo de 2008, en razón Ignacio Álvarez, Relator de los compromisos de la SRE”. ¿Es entonces un compromiso del Estado mexicano la libertad de expresión? ¿Cuál es la seriedad con la que el Estado mexicano asume sus compromisos internacionales cuando en audiencia pública se compromete a recibir al relator y días después pretexta “otros compromisos”, “que tiene muchas vistas de relatores” y no lo puede recibir. ¿Será que ya no están gustando mucho al gobierno las opiniones de los relatores de la CIDH? El presidente y relator para México de la CIDH, Florentín Meléndez, ha realizado dos visitas seguidas a nuestro país, en abril y agosto de este año; en esta última se reunió con el presidente Felipe Calderón, a quién reiteró su preocupación por los asesinatos y desapariciones de periodistas y la impunidad que hay en torno a ellos. Es de entenderse que hoy el gobierno se sienta no sólo observado, sino cuestionado por las instancias internacionales, ya que hasta este momento no ha fijado claramente cuál será su política de derechos humanos, entre ellas las acciones encaminadas a garantizar la libertad de expresión. (Balbina Flores).
Florentín Meléndez, presidente de la CIDH. Foto: Saúl López/ Cuartoscuro
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Portada “Cálmate”, cómo lo vas a publicar Víctor Ronquillo
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a violencia en contra de los periodistas es un atentado contra un derecho fundamental: el derecho de la sociedad a la información. En México el oficio del periodismo es de alto riesgo. Las desapariciones, homicidios, agresiones y amenazas han aumentado en los últimos años. Si en el 2003 se registraron 73 agresiones a periodistas, en el 2006 los atentados de diversa índole a este gremio alcanzaron 171 lamentables incidentes. México es el país de América donde han sido asesinados más periodistas en los últimos doce meses, el segundo de mayor violencia en contra de medios y reporteros en el mundo, sólo después de Irak, un país en guerra. La estrategia del silenciamiento, implementada por poderes fácticos, como el crimen organizado, ha segado la vida de 20 informadores en el periodo que va del año 2004 al 2006. La violencia en contra de los periodistas se recrudeció el año pasado, cuando fueron asesinados diez. 1.- El 22 de octubre del 2005, entre los apartados ranchos de Milpas y Piedra Brava, en Masiaca, municipio de Navojoa, Sonora, fueron encontrados cuatro cuerpos. Los habían torturado, matado a golpes. Uno de ellos era Raúl Enríquez Parra, un operador de la organización de Los Enríquez, Los Güeritos, también conocida como Los Números. Los cuerpos los arrojaron a ese lugar desde una avioneta, un mensaje dirigido a las autoridades que incluía las identificaciones de González Parra, su credencial de elector, una tarjeta de crédito tramitada en Estados Unidos... la muerte del llamado Nueve, y los tres hombres que lo acompañaban, se sumaba a la serie, cerca de setenta, vinculadas a la desaparición de Alfredo Jiménez, reportero del diario El Imparcial de la ciudad de Hermosillo, ocurrida el dos de abril del año 2005, dos años después del inicio de la gestión de Eduardo Bours como gobernador de Sonora y con Abel Murrieta Gutiérrez como procurador general de Justicia. El mensaje era claro y atroz: el culpable de la desaparición de Alfredo y tres de sus hombres, quizá quienes intervinieron de manera directa en los hechos, estaba muerto y había pagado por su culpa. Era una propuesta de tregua, después de la serie de cateos realizados por la PGR, de los golpes asestados a la estructura del tráfico local de drogas en Sonora, a partir de la desaparición del periodista. En la búsqueda de Alfredo Jiménez, tras de su paradero, se revisaron propiedades, se incautaron armas y droga. Para decirlo de alguna manera “la plaza se calentó” y eso provocó 12
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problemas en el negocio, pérdidas y retrasos en la entrega de la mercancía. Por eso el mensaje de los cuerpos torturados, asesinados a golpes, de los restos caídos del cielo en una apartada región de Navojoa.
La familia de Alfredo Cae la tarde en Empalme, la población cercana a Hermosillo, donde viven los padres de Alfredo, Esperanza Mota y José Alfredo Jiménez. En esta modesta casa creció el reportero, quien estaba seguro de que algún día iba a ganar el Premio Nacional de Periodismo. De esta casa se fue a estudiar a Culiacán, donde trabajó en diferentes medios. En esa ciudad trabajó también en el área de comunicación social de la Procuraduría Alfredo Jiménez, desaparecido General del estado de Sinaloa. Es muy probable que desde ese lugar haya establecido sus primeros contactos, una red de relaciones que le permitió abocarse a la nota roja, escribir sobre el narcotráfico, las organizaciones, sus rutas, sus espacios de poder y sus negras historias. Es muy probable que Alfredo Jiménez se haya visto obligado a dejar El Debate, a huir de Culiacán donde, a pesar de su juventud, ya tenía una trayectoria, después de haber hecho públicos los elementos y nombres de la red de protección oficial que permitía las operaciones del Cártel de Sinaloa. A sus padres sólo les dijo que quería estar cerca de ellos. En El Imparcial lo contrataron de inmediato, como a un periodista especializado en temas de narcotráfico. Sus padres recuerdan que en los cinco meses en que trabajó para el diario de la ciudad de Hermosillo muchas veces logró que su información fuera de primera plana, siempre destacada. En conjunto, esa información ofreció una radiografía del narco en Sonora, develó modos de operar y nexos. Los Enríquez y los Beltrán Leyva, el Cártel de Sinaloa y su accionar en el estado fueron tema recurrente en las notas de Alfredo Jiménez. Hoy se sabe que mucha de la información de la que dispuso el reportero provenía de la delegación de la PGR en Hermosillo. Era resultado de las pugnas por el poder entre funcionarios. Hay indicios de que otra parte de esa información le fue filtrada a Alfredo Jiménez desde los grupos antagónicos al Cártel de Sinaloa y los rivales de los Enríquez, operadores locales de
por dos presuntos homicidas, muertos en un sospechoso motín realizado en el penal local, de recibir 50 mil dólares para dejar operar en Nuevo Guadalupe García, asesinada Laredo a Lucio Manríquez, conocido como El Sol, gente del Chapo Guzmán. Una turbia historia, denunciada por Guadalupe García, reportera de Estéreo 91, asesinada. Disparos provenientes del arma del solitario gatillero que la atacó a las afueras de la estación de radio, donde trabajaba. A Vicente Rangel, amigo y el más cercano colega de García, con quien laboró por años, el coordinador de información del programa “Punto rojo”, le gana la tristeza y la impotencia. Lleva un puntual record de lo ocurrido días antes del homicidio. La noche anterior ambos trabajaron en el escenario del atentado en que murió el abogado Fernando Partida. Guadalupe se encargaría de recoger la información necesaria para el segmento de información policíaca del noticiario matutino. Al llegar a la estación la acribilló el sicario, que no se atrevió a darle el tiro de gracia, quizá porque en el momento descubrió que su víctima era una mujer, pero que fue capaz, aun así, de dispararle en diez ocasiones. Nos encontramos fuera de la estación Estéreo 91. A Vicente le acababan de dar la noticia de que el programa “Punto Rojo”, que realizaba todas las tardes con Guadalupe García, dejaba de salir al aire. No hubo ninguna explicación, al periodista le ordenaron presentar las notas del noticiero de la mañana con tiempo para ser revisadas. El narco impone mordazas. En Nuevo Laredo han dejado correr un perverso rumor, se dice que Guadalupe García llevaba consigo una lista de narcoperiodistas, que era la encargada de repartir los dineros de la corrupción. Que se lo digan a la madre de la periodista, con quien me encuentro en una salita de espera del hospital, mientras su hija agoniza. La mujer está destrozada. Sé Guadalupe García, que quisiera decirme mucho, pero asesinada de diez tiros enmudece de dolor y pánico. En Nuevo 2.-El comandante de la policía Federal Laredo el miedo impone condiciones. A Preventiva Javier Núñez Razo fue acusado
El Chapo Guzmán, confrontados con la banda de Adán Salazar. La madre de Alfredo recuerda, con dolor, que alguna vez le contó su hijo que le daban documentos guardados en la redacción de El Imparcial, textos sobre el tramado del poder y la corrupción del narco en Sonora, que nadie se había atrevido a publicar. Esa información apareció en la primera plana del periódico bajo la firma de Alfredo Jiménez. –Él decía que le habían dado material que tenían archivado. ¿Por qué te lo daban? le pregunté –recuerda Esperanza Mota–, y me respondió porque nadie se atrevía a sacarlo. –Además estaba lo que recibía por internet, chateando con otros –tercia su padre, José Alfredo Jiménez–, eso lo sacaba él adelante, no se detenía y no había quién lo detuviera. Eso decimos ahora, quizá un editor le tuvo que decir: “eso está muy grueso, cómo lo vas a sacar, cálmate”. Hay un momento clave en la entrevista que realicé con los padres de Alfredo. Con la voz entrecortada, Esperanza Mota afirma: “Eso fue lo que nos dijo el procurador de aquí del estado”. –¿Qué les dijo? –pregunto–. –Que por qué no lo paraban. El gobernador ya les había dicho que lo calmaran, pero no hicieron caso –responde Esperanza–. Un par de preguntas que pueden resultar determinantes para saber cuáles fueron las causas de la desaparición de Alfredo Jiménez: ¿Por qué el mismo gobernador del estado –de acuerdo con la versión de los padres de Alfredo– le pidió a los más altos funcionarios de El Imparcial, que “calmaran” a Alfredo, en vez de investigar lo que denunciaba en sus notas de primera plana en el diario? ¿Por qué el procurador de justicia del estado tampoco actuó y se conformó con decirle a los padres del reportero que algún editor del diario tenía que haberle pedido a Alfredo Jiménez que no manejara esa información?
los periodistas les prohibieron decir o escribir la palabra Zetas. 3.- El periodismo se ha convertido en un oficio de alto riesgo. En el norte del país muchos periodistas temen ser asesinados o desaparecer, después de haber publicado información que resulta incómoda a los poderes fácticos que medran en la zona fronteriza. En ciudades como Nuevo Laredo, Tijuana y en otras limítrofes con Estados Unidos, los periodistas enfrentan a los poderes del crimen organizado. Verdaderas mafias con armamento, capacidad de acción y un ejército de sicarios. Hay que tener cuidado con lo que se escribe o se dice, porque cualquiera puede ser la siguiente víctima. Las agresiones a los periodistas han proliferado en los últimos años hasta convertirse en una práctica continua y sistemática que se extiende por todo el país. Resulta cada vez más difícil realizar un periodismo capaz de informar sobre asuntos relacionados con el narcotráfico, el crimen organizado o la corrupción. Quien se atreve a realizar reportajes sobre estos temas corre el riesgo de sufrir las peores consecuencias. Luis Raúl González Pérez, encargado del Programa de Agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos de la CNDH, apunta el catálogo de los temas prohibidos para los periodistas, esos asuntos cuyo tratamiento y exposición informativa pueden derivar en amenazas, atentados, homicidios y desapariciones. “El trabajo que realizan algunos periodistas, sobre todo ese investigación que toca intereses, que afectan a diversos grupos del poder público, del poder sindical, del crimen organizado”. Las consecuencias son las que conocemos: “la reacción de estos sectores se traduce en hostigamiento, en intimidación, en agravio a los periodistas significando que se violen sus derechos humanos”. Para concluir, he aquí un dato estremecedor, que confirma lo anotado: la mayoría de los periodistas que han sido atacados en los últimos meses, quienes han sido asesinados, secuestrados, golpeados y amenazados, se encontraban investigando asuntos relacionados con el narcotráfico, la corrupción y la actuación de las corporaciones policiacas.
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Portada Federalizar delitos contra periodistas herramienta contra la impunidad
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Nelly Olivos
nte la impunidad que rodea las agresiones a los comunicadores en México y los cada vez más recurrentes atentados hacia la libertad de expresión y el derecho a la información, la federalización de los delitos cometidos contra los periodistas se presenta como una herramienta que puede contribuir, no a acabar con el fenómeno, pero sí a reducirlo o acotarlo.Este es uno de los argumentos en favor de dicha propuesta, expuestos en el Foro: “Impunidad y libertad de expresión, ¿Por qué federalizar delitos contra periodistas?”, organizado por la Comisión Especial para el Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados. Básicamente, pedir la federalización de delitos contra los periodistas, responde a la desconfianza que hay hacia las autoridades estatales y, como señalaría Jesús Blancornelas, en su libro En Estado de alerta, debido a su incapacidad para investigar los crímenes que se cometen en contra de los comunicadores. Entre los planteamientos en contra, se afirma que propuesta de que los delitos contra periodistas se conviertan en asuntos del fuero federal y no del común, puede caer en la idea de crear un régimen especial para un grupo especial. Perla Gómez, coordinadora general de la organización Libertad de Información-México (LIMAC), mencionó la federalización se convierte en la protección a un derecho social: el derecho de todos a saber. Al momento de una agresión no sólo se afecta una garantía individual, sino el derecho social de una colectividad. “La fuerza del derecho –expone la especialista– precisamente está en la sanción, en inhibir conductas que no queremos que pasen en una sociedad”. Si no hay resultados en las investigaciones, agrega, “mientras no hay una decisión ejemplar, mientras no haya un a sentencia ejemplar”, es decir, si no hay sanciones efectivas para los actores que agredan, “sean funcionarios o no, difícilmente vamos a tener una inhibición en la conducta”. El experto en Derecho a la Información y presidente de LIMAC, Ernesto Villanueva, al respecto profundizó: “el bien jurídico protegido, desde mi perspectiva, no es tanto la defensa del periodista por sí mismo; sino el derecho de la información que no sólo es un derecho humano fundamental sino un derecho social”. No obstante, federalizar dichos crímenes conllevaría escollos tales como centralizar la impartición de justicia y evitar que las instancias estatales y municipales asuman sus responsabilidades. Villanueva señaló al respecto: “aquí lo que se busca es el mal menor”, el cual consiste en que “efectivamente, se retire esa atribución a las autoridades locales, ese es un riesgo; también quizá pueda ser un riesgo que haya una centralización en ese sentido, 14
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pero el propósito a alcanzar en estos males menores es buscar la eficacia para resolver la impunidad en la que viven esos casos”. Por su parte Eduardo Andrade, jurista e integrante de la Organización Editorial Mexicana (OEM), sostiene que, por el contrario, se debe fortalecer a la federación, “hacer que los estados tengan las capacidades que deben tener para atender sus responsabilidades. Los Estados deben asumir la función que deben tener en un tema como el nuestro”.
Los crímenes contra periodistas son asunto de interés nacional Javier Corral, ex senador, abogado y periodista, se preguntó: “¿seguir creando órganos autónomos no es desmantelar, negar al gobierno en sus tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial? ¿Seguir creando órganos autónomos en diversas materia no es seguir desmantelando la idea de gobierno?” A ello respondió: “Yo me he convencido de que no, de que hay ciertas materias que por la trascendencia, el impacto social, político y económico que tienen necesitan de su propia identificación, de su propia construcción jurídica, de su propia normatividad e incluso de sus propios tribunales”. El también catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), puntualizó que federalizar es recategorizar, además de que la federalización no sólo es necesaria por la desconfianza o ineficacia de las instancias locales sino por que se trata de un asunto de interés nacional. “Federalizar –estipuló Corral– es llevar al ámbito del interés nacional las agresiones contra periodistas cuando en el ejercicio de esa profesión se atente contra su vida, pero sólo cuando se realice en ese ejercicio. No se trata de atraer o federalizar todo tipo de agresión a un periodista, incluso cuando estuviera de vacaciones en medio de un momento de distracción personal, se trata de tomar los casos que efectivamente tienen el carácter de ejercer una represión violenta, fatal sobre la actividad periodística”.
Actividad de riesgo. Foto: Balbina Flores
De izquierda a derecha: Eduardo Andrade, Luis Sánchez, Gerardo Priego y Luis Raúl González. Foto: Balbina Flores
El director general del Programa de Agravios a Periodistas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Luis Raúl González Pérez, fue claro al señalar que “el grave problema en que se han convertido las agresiones en contra de los periodistas y su consecuente impunidad, en gran parte se debe a la crisis estructural de la procuración de justicia; es decir, no hay ni a nivel federal ni a nivel de la entidades federativas, una adecuada investigación ministerial que permita resolver estos casos”. Esa situación lleva a plantear, agregó, que federalizar los delitos contra periodistas no es garantía de una investigación imparcial. Al respecto Sergio Andrade, también miembro del comité jurídico de la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información, cuestionó: “¿de verdad la autoridad federal es más eficiente, es más capaz, es más imparcial? Las pruebas prácticas no demuestran eso. Si, simplemente, le cargamos tareas que no están realizando bien los estados, para que las haga el Ministerio Público Federal, tendríamos al mismo tiempo que dotarlo de más policías mejor capacitados, de más (agentes de los) ministerios públicos, de más instrumentos para poder hacer frente al crecimiento de su responsabilidad, si es que de verdad esa fuera la solución”. A la pregunta expresa de que si federalizar los delitos va a acabar con la impunidad, Ernesto Villanueva respondió tajante que no, “pero sí va a acotar la impunidad”. Agregó que al centralizar “lo vas a tener todo en una sola ventanilla a la que darle seguimiento”, donde además el peso de la opinión pública nacional e internacional va a permitir un mayor escrutinio de las investigaciones.
Las opciones y propuestas
Luis Raúl González Pérez propuso una serie de medidas encaminadas a mejorar el curso de las investigaciones en materia de agravios a periodistas. Sus planteamientos abarcan desde otorgar al Ministerio Público el carácter de órgano constitucional autónomo, con independencia técnica y funcional, para que sus actos estén regidos por los principios de legalidad, imparcialidad e igualdad de todos ante la ley; hasta la capacitación de los servidores públicos que en los ámbitos federal y local tienen la responsabilidad de llevar las investigaciones en esta materia, mediante la creación de un grupo de élite, debidamente preparado y sensible al trabajo a realizar. Fue más lejos. Sugirió prevenir, crear un Comité de Evaluación de Riesgos que “determine los niveles de riesgo y grados de amenaza de las personas a proteger y recomendar las
medidas de protección”, ya que “la mejor defensa en contra de las agresiones” es la previsión, por lo que deben brindarse protección a los periodistas, por medio de medidas adecuadas “de seguridad y auxilio, de manera congruente, oportuna y proporcional al hecho, evitando que éstas se hagan efectivas.” Javier Corral advirtió que el tema de la federalización es tan importante como atender la recomendación número 29 de la UNESCO que recomendó la no prescripción de los delitos en materia de agresiones a periodistas. Tal exhorto no ha sido discutido. Por lo pronto, el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos García Sotelo, presentó en el Senado de la República, una propuesta para federalizar los delitos cometidos contra periodistas como reforma al Código Penal Federal. En su parte medular plantea la adición de un inciso al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para señalar que son delitos del orden federal “los cometidos en contra de periodistas o con el propósito de interferir o limitar el ejercicio de la actividad periodística”. Se proyecta una penalidad de cinco a diez años de prisión y de trescientos a tres mil días de multa “al que, por cualquier medio, obstaculice el libre ejercicio de las libertades de expresión y de prensa...” Tal propuesta se basó en una idea que por primera vez se dio en 2005, en la Cámara de Diputados, pero no desarrollaba con precisión los conceptos básicos como el de periodista, entre otros. La Organizaciones No Gubernamentales trabajan un documento que presentarán en breve para su discusión y debate, señaló Perla Gómez quien dijo que el problema de la impunidad ya está identificado y ahora corresponde a la sociedad civil proponer soluciones.
La propuesta civil
Algunos de los puntos que analizan las organizaciones no gubernamentales plantean que toda agresión a una persona que haga del periodismo su ocupación habitual sea considerada un atentado a la libertad de expresión, con excepción de que se pruebe lo contrario. Además de que los delitos de homicidio y lesiones se llevarán por la vía federal cuando las víctimas sean periodistas. Lo que se intenta con la federalización de los delitos cometidos contra los periodistas es resolver un problema que en primera instancia no debería existir: la impunidad. Ante los graves problemas en términos de aplicación de justicia de los estados se busca una solución y en este caso la federalización surge como una herramienta; sin embargo son muchos otros los puntos en que es necesaria una reforma integral para garantizar la integridad de quienes trabajan a favor de una sociedad informada. Es necesario reformar, entre otras medidas, reformar la Ley Federal de Imprenta de 1917, que los Congresos locales incorporen el secreto profesional y despenalicen los delitos de difamación y calumnia. Además es indispensable el cumplimiento de los compromisos que el Estado mexicano asumió en la audiencia sobre libertad de expresión el pasado 17 de julio en Washington, cuando se comprometió a recibir la visita del Relator Especial para la Libertad de Expresión e informar sobre el estado que guardan las investigaciones de los asesinatos y desapariciones de comunicadores.
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Portada
ENTREVISTA
Ante amenazas del INEGI no me voy a detener: Francisco Rodríguez
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la creciente lista de agresores de reporteros, columnistas y medios de comunicación, se han sumado recientemente algunos funcionarios del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), a quienes el periodista Francisco Rodríguez atribuye amenazas de muerte, luego de haber denunciado irregularidades, las cuales ya son investigadas por la misma Contraloría Interna del Instituto. La Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos están indagando la demanda y la queja que ante esas instancias presentó el columnista.
Norberto Hernández Montiel Gilberto Castillo, director del INEGI Foto: Iván Stephens. Cuartoscuro
–Identificaste a Lino Arturo Vera Pérez, coordinador administrativo del INEGI, como autor de las amenazas y a Wenceslao Sánchez como su enviado, luego de que denunciaste en tu columna “Índice Político” –entre mayo y junio-, múltiples irregularidades en el INEGI ¿Hay otros funcionarios implicados? Porque hablas sobre represión laboral, agresión física contra empleados, nepotismo, corrupción y enriquecimiento inexplicable de altos funcionarios. –En todo esto hay un trasfondo religioso. De acuerdo con las denuncias de trabajadores del INEGI, que de manera abrumadora me han llegado, y a las investigaciones que al respecto he realizado, para corroborar lo recibido, Vera Pérez ejerce un control casi místico sobre el presidente del Instituto, (Gilberto) Calvillo Vives. Vera Pérez es miembro prominente de una religión cristiana. Las primeras denuncias hablaban de materiales, equipos, mobiliarios, vehículos sustraídos del Instituto en Aguascalientes, particularmente los fines de semana, para construir, amueblar, sostener cuando menos dos templos de esa fe en la capital hidrocálida. La represión, los despidos, son creados además para que las vacantes sean llenadas por miembros de esa congregación, a quienes Vera acomoda en los puestos clave. Aquí lo peligroso no es que a aquellos a quienes emplea les pida el diezmo, para obras en los templos, sino que cada vez más este grupo se apodera de una Institución que como misión tiene dar los datos sobre los que se fincan los planes de gobierno y de muchas empresas del sector privado. Que se haga de acuerdo con sus creencias, pues. –¿Qué características tienen las amenazas que recibiste el 2 de junio? –Un primer correo llegó a mi buzón electrónico en esa fecha. Posteriormente, siguieron llegando otros, con cuentas creadas ex profeso, pero siempre de un mismo emisor, de
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acuerdo con las investigaciones practicadas por la PGR, ante la cual denuncié los hechos. –Las irregularidades de que diste cuenta fueron consignadas por la Auditoría Superior de la Federación, pero también por el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué crees que esté pasando? –En una plática con Calvillo, a la que accedió tras varios intentos de mi parte para que diera su propia versión de lo que he venido publicando –sólo cuando denuncié las amenazas me respondió la llamada telefónica y me invitó a platicar en sus oficinas de la ciudad de México–, me “aclaró” que el propio Instituto tiene estas “amonestaciones” en su página web. Que es normal que sucedan este tipo de “llamadas de atención” a organismos similares en el plano mundial, que se corrige. El trabajo del INEGI está contaminado no sólo por la corrupción, sino por la partidización. Responden sus resultados a los deseos del partido en el gobierno. Ahora lo hacen para el PAN, como lo hicieron antes con el PRI. Por eso, es necesaria la autonomía del INEGI, pero claro, con otra presidencia, con otro equipo que no falsifique lo que muchos trabajadores hacen bien y de buena fe. –¿Has presentado la denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos? –Sí. El titular de derechos de los periodistas, don Raúl González Pérez, inició el trámite motu proprio, y me pidió continuarlo, ratificarlo. Presenté la denuncia en la Subprocuraduría correspondiente de la PGR, donde recibí una gran atención de su titular y del agente del Ministerio Público a quien asignaron la investigación. –Carlos Ramírez, a partir de que publicó esos intentos de intimidación contra ti, denunció que gente que dijo
ser del INEGI solicitó vía telefónica datos de su empresa periodística. Al parecer destapaste la caja de Pandora... –El mérito no es exclusivamente mío. Desde el 2000, en distintos medios se ha ventilado el asunto, a partir del despido de miles de trabajadores eventuales. Hay “eventuales” ahí que tienen más de 23 años sin derechos laborales. Esta es otra “mina de oro” para los funcionarios actuales del INEGI. Pagan menos a los trabajadores “temporales”. Les dan viáticos raquíticos, insuficientes. Ahora mismo, por ejemplo, el Gobierno del Distrito Federal (GDF), encargó a dicho Instituto la elaboración de una encuesta origen/destino para el sistema de transporte público. A los eventuales se les dan cinco pesos de viáticos, y al parecer, en la factura que presentarán, este concepto estará multiplicado “ene” número de veces. Ya te puedes imaginar, también tus lectores, cuál es la calidad del trabajo que “levantan” quienes reciben menos de lo que cuesta un refresco de cola. –Publicas tu columna, “Índice Político” en el periódico Impacto y otros medios en la República, conduces un programa de radio que se transmite en 37 emisoras. Si un periodista con tu trayectoria recibe esas amenazas ¿qué pueden esperar los colegas que no cuentan con esta notoriedad? –No se trata de notoriedades. Son los temas que el periodista aborda los que irritan a quienes se creen o sienten poderosos. Poder político, económico, social o hasta criminal. De cualquier forma no hay que amilanarse. El papel social del periodista es, debe ser, de denuncia. No entiendo el periodismo de lisonjas. Eso no es periodismo. Es publicidad pagada, y para ello hay secciones en cada diario: son los anuncios clasificados. –Frente a las amenazas tienes el apoyo de muchos periodistas y de organizaciones como el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet), que exhortó a las autoridades a investigar los hechos y recomendó medidas para proteger a ti y tu familia. –La solidaridad del gremio y de los lectores y radioescuchas ha sido excepcional. Ustedes, en Zócalo, por supuesto han estado al pendiente y a mi lado como en ocasiones anteriores. Aquí no se trata sólo de la integridad física de una persona y de su familia. En este, como en otros casos que denuncian una semana sí y otra también varios otros colegas, lo que está amenazado es el derecho de libre expresión y, peor, el de libertad de prensa. Personalmente yo no creo que esta mafia del INEGI se atreviera a hacer nada en contra de tu servidor, en estos momentos, al menos. Creo que lo que han intentado es acallarme. Que me atemorice. Que no siga hurgando en sus miasmas. No me voy a detener. Y no es que no tema por la seguridad propia y la de mis seres queridos, pero sin rollos, no me van a detener sus actitudes criminales. En serio.
José Reveles
Propaganda sustituye realidad; México envidia a Colombia
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional. Foto: Paola Hidalgo. Cuartoscuro
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io en el blanco Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, cuando describió que el gobierno de México padece esquizofrenia, porque en foros mundiales milita como si fuera “campeón” en la defensa de los derechos humanos, pero en lo interno comete y consiente torturas, desapariciones, asesinatos y otras violaciones graves, para después cubrirlas con un grueso y amplio manto de impunidad. Ella se refería exclusivamente al tema que le es caro, los derechos humanos, pero su diagnóstico podría aplicarse al resto de la política pública de nuestro país que la ilustre paquistaní visitó por tercera vez, desde que es dirigente de Amnistía Internacional. Usó también la frase “doble discurso” para aludir a la actuación de éste panista y anteriores gobiernos priístas, que en público juran respetar las garantías individuales y en los hechos pasan por encima de todas ellas. La verdad es que se quedó corta, porque a la esquizofrenia (que implica desdoblamiento de la personalidad e incoherencia mental) Irene Khan pudo agregar autismo, que es un accionar desconectado de la realidad y un conformarse con la propia conducta, prescindiendo de lo que piensa el resto de la gente, al estilo del guanajuatense creador de Foxilandia, quien todavía (hoy, hoy, hoy) delira y defiende su gestión como lo máximo que nadie jamás podría haber logrado en el mejor de los mundos posibles. Convoca este comentario el excelente artículo de Ana María Miralles Castellanos que se publicó en el número anterior de Zócalo, respecto de “La ilusión comunicativa” que ha logrado implantar en Colombia el gobierno de Álvaro Uribe. En el país sudamericano –sostiene ella– “la opinión está por encima de la realidad”, “lo simbólico es más real que lo real”. Hay, además, un tipo de periodismo que ayuda a redefinir la lectura de los hechos con acento oficialista y le da más importancia a la comunicación (con fuerte dominio del gobierno sobre los medios) que a la política misma. Como si escribiera sobre México, Ana María Miralles – directora del Grupo de Investigación en Comunicación Urbana de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín– sintetiza:
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“El poder ha sido ofrecido como espectáculo, a través de la mediatización de la política, que consiste básicamente en la sumisión del discurso político a los requerimientos de la visibilidad mediática, especialmente en la televisión”. Aquí cojeamos del mismo pie hace más de siete años. Y tanto Vicente Fox como Felipe Calderón deben estar verdes de envidia por no haber logrado el primero –y por no hallarle todavía la cuadratura al círculo el segundo– a un éxito como el de Uribe, quien registra aceptación ciudadana superior al 70 por ciento gracias a su maniobra para lograr una “construcción del andamiaje simbólico que ha llegado a superar el nivel de lo fáctico”. En esa capacidad mediática se sustenta una “visibilidad gubernamental” rodeada de “euforia político-periodística”, que genera un ambiente favorable a un gobierno que, así, puede imponer la agenda de los temas públicos.
de liderazgo, débil, entregado a la voracidad de su círculo cercano, de los empresarios que le brindaron su apoyo (nunca incondicional) y sumiso frente a las exigencias del imperio que nos tocó por vecino a causa de una fatalidad geográfica e histórica. Hay una especie de fracaso de la opinión pública, como instancia crítica y autónoma del poder, nos dice Ana María Miralles hablando de Colombia. “En su lugar, el control social (‘la espiral del silencio’, la califica esta investigadora) y la sondeocracia se han expandido gracias al miedo y a la falta de cultura política”. Parece que los mexicanos aquí nos miramos al espejo, sobre todo si analizamos la etapa final del sexenio de Vicente Fox, llamado el gobierno de la alternancia, cuando él y el Partido Acción Nacional decidieron que no iban a permitir otra alternancia. Concluyeron que habría qué entregar alma y vida, jirones de dignidad y los restos de la ética que solía presidir los actos de un partido de leal y disciplinada oposición –cuando su jefe era Manuel Gómez Morín– con tal de afianzarse en el poder.
Sondeocracia con cargo al erario
Fox y el PAN no iban a permitir otra alternancia. Foto: Alfredo Guerrero. Cuartoscuro
Los asesores extranjeros y la guerra sucia La dupla Vicente Fox y su vocero Rubén Aguilar intentaron el propio esquema en México, pero fracasaron rotunda, deplorable, lastimosamente. Ahora se dedican ambos a lamer sus heridas frente a corresponsales extranjeros a los que invitan, con gastos pagados, al rancho de San Cristóbal, en Guanajuato, para mostrar el museo “cultural” de un ex presidente que confundía a Jorge Luis Borges con “José Luis Borgués” y otorgaba el Nobel de Literatura al escritor “colombiano” Mario Vargas Llosa, el peruano que nunca accedió al premio; para que admiren la réplica del despacho presidencial en Los Pinos y la de la Megabiblioteca (seguramente dentro de un acuario, por aquello de las inundaciones que obligaron a cerrarla, recién inaugurada). Fox y Aguilar están empeñados en que el ex mandatario se convierta en líder y “guía ideológico” de derecha en toda latinoamerica, a través de la Organización Demócrata Cristiana (Odca) que preside su aliado Manuel Espino, dirigente formal del Partido Acción Nacional en México, pero con ayuda económica y logística de fundaciones anticomunistas y el propio gobierno de Estados Unidos. Mientras tanto, Felipe Calderón, con sus asesores extranjeros –esos mismos que aconsejaron la guerra sucia de denuestos, descalificaciones y francas mentiras en contra de Andrés López Obrador en la campaña presidencial–, persevera en su propio intento de gobierno mediático, pero sin ángel personal, sin programa, sin apoyos, ni de sus propios compañeros de partido, con total ausencia 18
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Son extraordinariamente reveladores los datos que consignó la revista emeequis respecto al retrato de Dorian Gray que quiso elaborar para sí mismo Fox, a fin de construir una imagen eternamente popular. A la manera del cuento infantil: “espejito, espejito, dime quién es el mejor presidente que haya tenido México”, ordenó levantar 374 encuestas en sus últimos tres años de gobierno (más de diez por día). El sueño de la sondeocracia (neologismo empleado por el maestro José Luis Dader, en España) hizo que Fox pagara más de 75 millones de pesos en 234 encuestas en sus últimos 23 meses de gobierno. El problema es que más de la mitad de estos sondeos tenían que ver directamente con el proceso electoral: cómo observaba la población el tema del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, qué desearían escuchar en los temas de campaña de Felipe Calderón Hinojosa, cómo recibía el pueblo la propaganda oficial y los spots denostando al enemigo. Así se pudo medir (con la precisión relativa que otorgan los sondeos) cuál sería el camino a seguir en los días siguientes. Para decirlo en términos numéricos, más de 273 mil mexicanos fueron encuestados por órdenes de la Presidencia de la República –con cargo al erario, por supuesto– para responder a preguntas facciosas, incluyendo, en su momento, las que tenían qué ver con las aspiraciones sucesorias de “la señora Martha” y la percepción pública respecto de los escándalos de corrupción de sus hijos, los hermanitos Bribiesca Sahagún. Ese número equivale a multiplicar por diez veces la ENIGH (Encuesta Nacional sobre el Ingreso de los Hogares), que el gobierno practica una o dos veces –como máximo– por década. Gracias a la información que requirió y obtuvo del IFAI, emeequis nos documenta los modos y costumbres de Los Pinos, desde donde se emplean recursos públicos para ir moldeando la imagen pública del propio gobierno frente al sentir, frente a las aspiraciones más profundas, frente a las prioridades que delinean las demandas ciudadanas. A estas alturas resulta francamente ocioso discutir si habrá Plan México, al estilo del Plan Colombia de finales de los 90
(vigente hasta el 2010, porque debió haber concluido en 2006 pero Washington apostó a prolongarlo con cuatro mil 729 millones de dólares adicionales, que sumados a los que se erogaron en años pasados duplican esa cifra). Y es que finalmente los recursos semánticos están al servicio del poder. De eso estamos hablando: del discurso que oculta y tergiversa, de la versión oficial como sustituto de la cruda y cotidiana realidad. Palabras máscaras, diría Octavio Paz, para decir lo que no es, lo que jamás ocurre. No hay que olvidar que Vicente Fox pagó spots por mil 709 millones de pesos en solamente cuatro meses previos a la elección del 2006 (del 19 de enero al 19 de mayo), muchos de los cuales rebosaban mentiras o promesas, cuentas alegres incomprobables y obra pública aún sin ser inaugurada, a veces ni construida y sin siquiera licitar (como el caso de la hidroeléctrica La Yesca, en Nayarit, apenas hoy en etapa de concurso y adjudicación y ya publicitada por Fox; como la inauguración del “primer hospital digital de México”, en Lagos de Moreno, el cual, meses después, seguía sin operar y ya sin las camas que le prestaron para el acto oficial).
De periodismo y gastroenterología
dictaminó –travestido como gastroenterólogo y forense– que la anciana indígena Ernestina Ascensión Rosario murió en la sierra de Zongolica de gastritis crónica mal atendida, y ni por asomo podría pensarse en que fue violada y privada de la vida por tropas del ejército. La versión mediática de Uribe dominó la escena pública en Colombia. La intrusión de Calderón en terrenos del Ministerio Público y de los peritos forenses doblegó a la procuraduría y al gobierno de Veracruz, a los supuestos organismos defensores de los derechos humanos (CNDH y Comisión Estatal), para dejar como verdad oficial definitiva la muerte “por causas naturales” de doña Ernestina. El reto de Calderón para debatir con los senadores y diputados el día de su primer informe presidencial, a sabiendas de que no habría demasiadas posibilidades, fue otro movimiento de piezas mediáticas en el ajedrez de la comunicación política al estilo que quieren el gobierno y sus asesores. Justamente la calificó de “mascarada mediática” la revista Proceso del 19 de agosto. Una lección, que parece de Perogrullo, llega desde Colombia: “En la época del predominio de la popularidad y los sondeos, el poder se gana sin mayores esfuerzos; basta con darle gusto a la gente, con saber localizar su miedo y sus debilidades, para erigirse como padre protector. La legitimidad se construye por medio de la comunicación publicitaria”. En México el gobierno busca, sin éxito, lograr la aceptación de sus acciones a base de dinero, propaganda y machaconería discursiva. No lo consigue, tal vez, porque los mexicanos ya estamos ahítos de comulgar con ruedas de molino.
Al Plan Colombia se le nombró originalmente “Plan para la Paz, Prosperidad y Consolidación del Estado”, pero terminó siendo un señuelo para utilizar la multimillonaria ayuda internacional en la represión al tráfico de drogas y a la guerrilla –“narcoterrorismo” es el término que se acuñó en aquel país–, pero consintiendo, al mismo tiempo, la existencia de grupos armados de “autodefensa”, paramilitares que sirven al gobierno. Al Plan México se le denominó, cuando se planteó por primera vez, “Acta de Alianza para un Vecino Próspero y Seguro”. Lo más probable es que se inserte en una iniciativa regional centroamericana, que cambie de nombre pero no de intención, que se acepte la ayuda estadounidense pero “con respeto a la soberanía”, como si eso fuera posible. Finalmente, otra similitud entre Uribe y Calderón: El mandatario colombiano “asumió directamente el rol de periodista” en ocasión de la violencia que provocó la muerte del gobernador de Antioquia y de su consejero para la paz. No se permitió a la reportera de TeleMedellín, ingresar al lugar de los hechos, pero sí a su camarógrafo. Entonces el presidente Uribe tomó el micrófono y transmitió él mismo lo que a su gobierno convenía, dueño del libreto. Felipe Calderón hizo lo propio: se adelantó a la PGR, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Secretaría de la Defensa y a las autoridades de Veracruz, cuando Gastroenterólogo y forense. Foto: Moisés Pablo Cuartoscuro
jreveles@prodigy.net.mx
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Ana María Miralles Castellanos
La ilusión comunicativa1 Última parte
“No hay conflicto”
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uego de la caída del Estatuto te la vigencia del modelo periodístico Antiterrorista en la Corte Cons- hecho-declaración, como relectura del titucional, el presidente empezó acontecer, sino la permanente aparición a afirmar en público que en Co- del presidente y otros miembros de su lombia no existe conflicto, sino terroris- gobierno haciendo esa relectura. mo. En muy diversos escenarios públicos El caso ha llegado a extremos, como ha sido reiterativo con la idea, cuya for- cuando el mandatario asumió directamente mulación no se aleja de la lógica publici- el rol de periodista, para informar sobre los taria de posicionar un producto. ¿Cómo hechos en los que murieron el gobernador ha construido esta idea? Hay por lo menos de Antioquia y su consejero de paz. A la reportera de Telemedellín, quien iba a cubrir tres estrategias que la sustentan: 1. El alinderamiento con la política el hecho, no la dejaron entrar, pero sí a su antiterrorista de Bush, quien desde el camarógrafo. Y una vez adentro, el ejecutiatentado a las torres gemelas, declaró la vo condujo el “libreto” y la presentación. Es lucha mundial contra el terrorismo. el poder el que construye la información. 2. Basado en la evidente degradación Esta función del presidente-comentadel conflicto, una emboscada a miembros rista de la actualidad que, por otra parte, del Ejército no es un acto de guerra, sino lo tiene a él como a uno de sus protagouna acción terrorista. El impacto que tie- nistas, refuerza su presencia cotidiana en ne en el imaginario la muerte de jóvenes los medios, le permite instalar sus visiones soldados, en un ataque de la guerrilla, en el público y convocar el respaldo a sus convierte el fracaso militar en la ocasión decisiones y a su figura. El mandatario-pepara transformar al enemigo en terroris- riodista elimina la mediación del discurso ta. Para sostener la idea de que no hay periodístico y de la política, porque él es la conflicto, la primera operación consiste comunicación y la política. en calificar los actos de guerra como acFrente a su idea del no conflicto, su tos terroristas, al fragor de los hechos. Lo penetración no ha sido fácil en ese disque el gobierno de Uribe ha venido ha- curso. Articulistas y fuentes informaticiendo es cambiar las palabras, re-nom- vas han entrado en contradicción con esa brar los problemas llenándolos de otro idea; incluso, han llegado a publicar que sentido. El mensaje presidencial, antes referido casi exclusivamente a las muertes de hombres valiosos para la patria, ha sido desplazado por una carga mayor, dirigida a las acusaciones de terrorismo. 3. La permanente descripción de los hechos por parte del poder. La tendencia era clara desde la campaña por la presidencia, cuando el candidato aparecía comentando los hechos de actualidad11 y, luego, se transfirió a la lógica del poder. No es solamen- Uribe y Bush. Alineamiento colombiano. (Foto: Google) 20
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es una estrategia para no tener que aplicar el Derecho Internacional Humanitario. No obstante, no han hecho el debate público necesario sobre el tema, que expresa una política de gobierno. Tras años de informar sobre el conflicto, se contentan con reproducir declaraciones. Y la ciudadanía, ese gran público al que realmente se dirige Uribe todos los días, intentando eliminar cualquier mediación, ¿qué piensa? Si no fuera dramático, provocaría risa un lead de noticia de primera página, en el periódico El Tiempo, cuando entraba, en una de las tantas “etapas cruciales”, el estudio de la Ley de Justicia y Paz: “El gobierno de Álvaro Uribe enfrenta nuevos desafíos en el proceso con las autodefensas, a partir de esta semana: elevar el paramilitarismo a delito político, eliminar la conexidad sin poner en riesgo los acuerdos con los paramilitares, desterrando cualquier fantasma de ‘narcomico’ (escrito así en el original) y negar la existencia del conflicto armado”12. Para poder tener logros con la propuesta, necesitaba declarar a los paramilitares como actores políticos, cuando había insistido que, en Colombia, no hay enfrentamiento armado. El contorsionismo político se ha convertido en una rutina de un gobierno que tiene Comisionado de Paz, mientras niega el conflicto. Uno de los efectos que produce la comunicación, en las prácticas políticas, es el de la personalización13, que favorece la adopción de una concepción egocéntrica de los problemas sociales, que son vistos, al margen de toda discusión pública, bajo el prisma del presidente-intérprete de la realidad. Además corresponde a un “idealismo cultural” que puede estar en la base del “efecto teflón”, que supone que los acontecimientos no son
más que el resultado de la buena voluntad de los individuos, desconociendo las relaciones de poder de diferentes grupos y sectores de la sociedad. En ese sentido, la formulación de que en Colombia no hay conflicto, sino amenaza terrorista, es viable, como lo fue para Bush la idea de la “guerra preventiva”, sobre la cual montó la intervención militar de Estados Unidos en Irak.
Máxima visibilidad, ¿máxima transparencia? Hemos visto que la comunicación puede ser fuente de grandes confusiones –aunque en otros contextos sea una comunicación democrática– y, que con la lógica de la comunicación publicitaria, cabría preguntarse si la mediatización de la política ha sido solamente el primer paso para la sustitución de la política por la comunicación. Dicho de otro modo, es necesario preguntarse si la inclusión cada vez mayor de técnicas de comunicación, no solamente en campañas electorales sino en el ejercicio del gobierno, cerrará todos los espacios de discusión público-política. Más que un estadista, el presidente es un gran comunicador. Ya no se trata simplemente de que predominen en las informaciones de los medios de comunicación la voz oficial o las fuentes oficiales. Se trata de que la fuente se ha convertido en el emisor. Jacques Rivet, de la Universidad Laval, en Canadá, analiza dos modelos dentro del funcionamiento del Estado, en relación con la comunicación pública: * Fuente-Emisor-Medios-Receptor: aquí la iniciativa de la comunicación pública recae sobre los medios. * Emisor-Transmisor o Relator-Medios-Receptor. La función de transmisión cumplida aquí por los medios es en relación con lo que otros actores dicen, especialmente gubernamentales. El rol político de los medios de información es parte integrante del proceso de comunicación pública del Estado con los ciudadanos. Gerard Bergeron, en quien se apoya Rivet, para la teoría de funcionamiento del Estado, menciona dos polos en la relación: el controlador y el controlado. En esta perspectiva, control y comunicación son lo mismo14 y la función de control y controlador –bilateral– se verifica a través de la actividad mediática. Como el sistema se mueve bajo una relación de control, hay que considerar
que, o bien el Estado es el controlador o el Estado es controlado. En el caso que estamos analizando, evidentemente, el Estado es la instancia controladora de la comunicación pública. El poder como emisor y, no como fuente, en una situación de conflicto armado, como el que tiene lugar en Colombia, permite el despliegue de técnicas de propaganda, matizadas por su puesta en escena, a través de medios de A sus órdenes. Foto: Alfredo Guerrero / Cuartoscuro La manipulación de la información comunicación no estatales. En sipor parte del gobierno del Partido Poputuaciones convencionales, la vinculación en España, presidido por José María lar directa entre la acción política y la comuAznar, luego de los atentados de Atocha, nicación hace que la naturaleza de los actos en marzo de 2004, evidenció el interés del Estado determine la naturaleza de la de predisponer a la opinión pública hacia información que produce. En esta óptica, una única interpretación: la ETA era la la acción y la información están estrechaautora del atentado. Este dirigente utilizó mente ligadas y son los dos elementos de sus recursos políticos, para respaldar esa base del proceso de comunicación pública visión: llamadas a los directores de los del Estado, en su funcionamiento. medios, la diplomacia por medio de su Sin embargo, y especialmente en sicanciller, Ana Palacio, versiones a los cotuaciones de conflicto, la disociación entre rresponsales, entre otros. En España fue acción e información, sea por distanciaun episodio concreto y derivó en la pérmiento, sea por dialéctica, “es caracterísdida del poder. La activación de mensajes tica de una situación de propaganda en la en Internet y de celular provocó lo que que el signo más evidente es, de parte del Carles Ruiz16 denominó un estilo de exhombre político, el acto de la palabra sin presión democrática directa y ciudadana, su acción jurídica correspondiente”15. Y al estilo más del siglo XVIII que del XXI. podríamos ir más lejos que Rivet: la crea- En Colombia, es una política cotidiana y ción de la realidad, a partir de la palabra, las consecuencias son índices de populaestaría en el origen del “efecto teflón”. ridad, con cotas superiores al 70%. Un nuevo sentido de realidad y un El fracaso de la opinión pública, como contra-discurso son las bases comunicati- instancia crítica y autónoma del poder, vas del régimen. De ahí que tengan tanta nos vuelve de frente al texto de Bourdieu importancia en el gobierno los asesores en Cuestiones de Sociología: “La opinión de comunicación, una comunicación que pública no existe”. En su lugar, el control no está dirigida al diálogo entre gober- social –Espiral del silencio– y la sondeonantes y gobernados, sino a la amplifica- cracia17 se han expandido gracias al miedo ción de la voz del poder y a la búsque- y a la falta de cultura política. He ahí otra da del consenso sin consentimiento, tal hipótesis sobre la “teoría del teflón”. como lo describe Sartori en uno de sus anamiralles@yahoo.com análisis sobre el pluralismo político. Una sociedad exenta de poli centrismo, unidi- 1 Texto publicado en la revista Foro No. 53, Bogotá. Ediciones Foro Nacional por Colombia 2005. La autora es directora del reccional, no es una sociedad democráti- Grupo de Investigación en Comunicación Urbana. Universidad ca. Un viejo profesor español solía decir Pontificia Bolivariana Medellín. Ediciones Foro Nacional por a sus estudiantes, acerca del problema de Colombia. Bogotá. P. 55. la legitimidad: “el poder se gana con es- 12 “Justicia y paz” en etapa decisiva. El Tiempo. Marzo 28 de 2005. Página 1 A. fuerzo y se sostiene con dificultad”. 13 Gingrás. Op.cit. p. 34. En la época del predominio de la popu- 14 Rivet. Jacques. “La communication publique. Notes de laridad y de los sondeos, el poder se gana cours”. Université Laval. 1983. pp. 29-43. Op.cit. Pág 15. sin mayores esfuerzos –basta con darle gus- 15 16 Ruiz, Carles. Información y democracia, Revista Tripodos, to a la gente, con saber localizar sus miedos Extra 2004. 11M,14M. “El fets de Marc”, Política y comunicay debilidades, para erigirse como el padre ción, Universitat Ramon Llull, Barcelona, España, 2004, P. 56. protector– y la legitimidad se construye por 17 Expresión que usa el profesor José Luis Dader, quien dicta Opinión Pública en varias universidades españolas y es autor medio de la comunicación publicitaria. de varias reflexiones sobre el tema.
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ENTREVISTA
¿Dónde estaban los medios en el 68?, pregunta Jacinto Rodríguez Munguía
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a oprobiosa capacidad del sistema político para controlar editorial y económicamente a los medios de comunicación en las últimas décadas del siglo XX, y la no menos sorprendente sumisión del empresariado mediático para sacar ventaja de su poder de persuasión, obstaculizaron el conocimiento sobre la simbiosis entre los poderes político y mediático durante los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Precisamente, sobre relaciones entre ambos poderes trata el libro La otra guerra secreta, del periodista Jacinto Rodríguez Munguía, quien logra comprobar, con documentos oficiales guardados en el Archivo General de la Nación, muchas de las versiones, hipótesis e historias de aquellas relaciones durante los dos sexenios, particularmente en 1968. ¿Cómo se construyó el silencio de los medios? y ¿qué estrategias se tejieron desde la Secretaria de Gobernación para controlar a periodistas y empresarios? Son algunas de las preguntas que el autor logra responder.
Carlos Padilla Ríos
–¿Qué nos puedes decir de la investigación que realizaste sobre los medios y el poder político en las décadas de los sesenta y setenta? –Una de las virtudes del libro es la parte documentada. Tenemos muchas historias, anécdotas, testimonios de la relación prensa y gobierno. Y, aunque no es la única investigación sobre el tema, sí es de las más extensas. Esa historia que estaba escondida, de las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX, se documenta. De eso trata esta investigación. Los sucesos políticos que ocurrieron en aquella época produjeron momentos difíciles, que provocaron heridas tremendas para la sociedad mexicana. La pregunta que me hice mucho tiempo era: ¿Dónde estuvieron los medios de comunicación en aquellos momentos? Nunca imaginé encontrar esa información. Fue apareciendo sola y fui encontrando respuestas. ¿Quién construyó ese silencio? El silencio de esos años no sólo vino de una parte, como ocurrió en las dictaduras militares con tiranos como: (en Chile Augusto) Pinochet, (en Argentina Rafael) Videla, (en Paraguay Alfredo) Stroessner. El caso mexicano no encajaba ese modelo. Porque aquí no hubo dictadura militar, pero sí masacres, desaparecidos, torturados, y aparatos de inteligencia. La pregunta era: ¿dónde estaban los medios? Creo que los documentos reunidos en el libro nos dan cuenta de ello. Las historias, acuerdos, cartas, llamadas, aplausos de los dueños de los medios, congratulándose con lo que hacía el poder, muestran una época de la historia, de la cual todavía no podemos desprendernos. –¿Cómo se construyeron esas relaciones? ¿Esas prácticas habrán sido claves para consolidar un modelo de relación, desde entonces para acá? –Para los procesos sociales esos años fueron claves. México 22
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era una sociedad que estaba comenzado a hablar, a salir a las calles, donde aprendió a protestar, y a burlarse del poder. Un poder que no estaba dispuesto a aceptar que le exigieran, y una prensa que tuvo que tomar la decisión de ponerse del lado de uno de los bandos. –Es cuando irrumpen los medios electrónicos. –Me pregunto dónde están las filmaciones de aquellos días. El problema no es lo que dijeron, sino lo que no dijeron Televisa, y también la radio. En algún lugar deben estar las grabaciones de entonces. Me gustaría que esta investigación dejara el deseo por revisar lo que pasó, y que los medios evalúen lo que hicieron, para no seguir escondiendo la basura debajo de la alfombra. Porque es muy cómodo pasar de un sistema político a otro, del ropaje tricolor a otro blanquiazul y mañana puede ser amarillo y negro. La gran mayoría los grandes medios vivieron esa transición política, y no ha existido un cuestionamiento para ellos, y no están dispuestos a dar explicaciones. Debemos concebirnos como ciudadanos, no como el cuarto poder ¿de veras somos un poder?, yo creo que no. –Eso piensan los concesionarios de radio y televisión, o los periodistas. –Por supuesto que los concesionarios, los propietarios, son el poder económico. El problema se presenta cuando esa concepción se baja a la redacción, y los periodistas también nos asumimos como un poder, y tomamos distancia de la sociedad. En esa época, la prensa tuvo un gran poder. Crecimos con esa idea de que “si no lo dijo Jacobo (Zabludovski), entonces no existe”. Si no lo dijeron los medios, entonces no existió, fue una etapa invisible. Por eso nos siguen sorprendiendo los archivos y los documentos que aparecen, ya que nos escondieron esa parte de la historia. –Así como el movimiento estudiantil representó un parteaguas para la política en México, el control gubernamental sobre los medios en aquellos años, también pudo haber sido el parteaguas,
pero para solidificar el control y la relación entre los dos poderes? –Al inicio de la década de 1960 alguien visualizó el control de los medios, y también cómo vigilarlos y espiarlos. Ése fue Luis Echeverría Álvarez, un hombre de los más altos niveles de la perversión política. Inteligente, brillante, peligroso, con gran capacidad para controlar en la sombra, desde que fue Secretario de Gobernación. El poder encontró un terreno fértil, medios de comunicación dispuestos a colaborar. Hay un momento en que prensa y poder se encuentran en una convicción ideológica, “ni te preocupes, no tienes que pedirme, ni me lo tienes que exigir, estoy a la orden”. Es decir, no hubo lío y en esa fusión hay una coincidencia de “vamos juntos a la eternidad”, porque sólo así se entiende que se creara esa fusión tan fuerte, pensando que el PRI jamás perdería la presidencia. –Dices que te apasiona el trabajo de investigación. –Fui a los archivos del 68 y de la “Guerra Sucia”, porque son temas de mi agenda personal. Me encontré con un archivo que ya estaba, desde 1998, en el Archivo General de la Nación, que son los documentos que le dan vida al libro. No fui a buscar ese tema, pero comencé a guardar, y cuando me di cuenta ya eran muchos documentos. Criticamos al poder político, a la iglesia y los empresarios, pero a la prensa, a los medios no. Hay momentos increíbles, como cuando vas armando un rompecabezas. Hubo momentos que decía ¡esto es maravilloso! Tengo el documento y aquí está la documentación de lo publicado por Julio Scherer y la historia contada por Raúl Trejo Delarbre. Nada más fue acomodar las piezas. Yo soy feliz en las bibliotecas, disfruto esa soledad. Pero tampoco puedes dejar de pensar que ahí, en ese lugar, estuvieron esos presos, murieron muchos, y a otros los torturaron. Me parece una verdadera broma macabra que las historias de los presos, torturados, desaparecidos y muertos en Lecumberri, se “fueran a pasear” por las oficinas de Gobernación o de Presidencia, y años después regresaran convertidas en documento. –Qué encontraste de la revista Por qué? y de su director Oscar Menéndez Rodríguez, quien en la presidencia de Echeverría publicaba temas como la masacre de Los Halcones, el 10 de junio de 1971, o de las guerrillas, cuando toda información opositora se censuraba. Por qué? desató sospechas de infiltración entre algunos sectores de la izquierda. –Es extrañísimo el caso de la revista Por Qué? Encontramos muchas piezas y todas se enfrentan. Para algunos Menéndez es un mártir. Hay testimonios, documentales fotográficos interesantísimos de lo que publicó esa revista del 68, de las guerrillas en Guerrero y América Latina: En esa época también surgieron denuncias de la izquierda contra él (actual director del periódico Por Esto, editado en Mérida), señalándolo como un infiltrado. –Echeverría tuvo cuestionamientos de los empresarios. –Pero con los empresarios siempre hubo cercanía por cuestión ideológica. Si por un lado, Echeverría se peleaba con un grupo de empresarios de Monterrey, con otros se llevaba muy bien. Tuvo en contra a quienes pensaban que Echeverría era de izquierda. –Como el periodista Luis Suárez... –Suárez es un hombre que hay que releer, no por lo que representa como periodista, con trabajos de buen nivel, sino por su relación con el poder. Era un hombre estrechamente cercano a Echeverría. En La otra guerra sucia, también incluimos la historia de la censura a Juan Grijalbo, quien en 1975 intentó convencer a Luis
Echeverría para que le “permitiera” publicar el libro La Compañía por dentro: Diario de la CIA, del ex agente Philip Agee, y donde se señalaba a Echeverría y a Gustavo Díaz Ordaz como colaboradores del organismo de espionaje estadunidense. El ex presidente rechazó con su silencio la petición, ya que tenía en puerta su obsesión por liderear al Tercer Mundo. Es un capitulo buenísimo, de los que más me gustan. En esa historia hay un personaje al que nadie ha tocado todavía. –¿Quién? –Se llama Sergio García Ramírez, quien en el sexenio de Luis Echeverría fue subsecretario de Gobernación. Él trabajó finamente para que no se publicara ese libro y hoy es un hombre intocable, defensor de los derechos humanos. (Es presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos). –Buena parte del poder que construyó Echeverría con los medios, ya no existe. Desaparecieron El Heraldo, Novedades. La Prensa cambió de cooperativa a sociedad anónima, Excélsior ya no es el mismo. ¿Cómo crees que ha evolucionado esa relación? –El Nacional desaparece antes de que caiga el PRI. El Heraldo, Novedades y otros medios desaparecen cuando cae el PRI. Es sintomático. Creo que hay evolución, no lo dudo. Por supuesto, tenemos Zócalo, estaciones de radio donde vamos y decimos lo que queremos, aunque hay piezas que todavía no encajan, y son aquellas en que pasamos a otro momento histórico, sin haber procesado una parte de esa historia. –Describes en el libro cartas de Zabludovsky y de Azcárraga Milmo dirigidas a Echeverría. ¿Qué encontraste? –Esas son las deudas que tenemos, si quieres no con la sociedad, sino con nosotros mismos. Esos documentos de Jacobo, de los dueños de Televisa, de otros personajes como Aurelio Fuentes: “Se fue el PRI, señores cambiémonos de ropaje y ahora somos todos bien democráticos y ahora todo es libertad de expresión”. Ahora se hacen discursos a favor de la libertad de expresión, encabezando proyectos, fundaciones. ¿Se puede hacer eso? yo creo que no. Cuando Fox les devuelve el 12.5 por ciento (de su tiempo legal) a los empresarios de la radio y la televisión, ellos responden: “gracias señor presidente, porque ese porcentaje se había convertido en una injusticia, cuando un gobierno autoritario nos presionó por difundir lo que estaba pasando en el México”. Pero entonces tú ves los documentos del Archivo General de la Nación y te retuerces: “no me vengan con eso”. La gran mayoría de los aludidos no quisieron hablar del tema, como Zabludovsky, Mario Menéndez, Silvia Ortiz... Quien sí me dio una entrevista fue Sergio García Ramírez, pero al presentarle los documentos firmados por él, en cuanto al caso de la censura al libro sobre la CIA, me respondió que había pasado tanto tiempo, que no se acordaba del caso. –Hay documentos muy importantes, ¿por qué no están en el libro? –Porque ya no cabían. Era una locura, incluso intentamos meter unos 10, 20 representativos, pero son 500 páginas, que es una cosa extraordinaria cuando se hacen tirajes de 200. Yo estoy encantado porque me dieron un buen sello, Debate de Randhom House Mondadori, pero hay algo importantísimo: vienen todas las fuentes.
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Raúl Trejo Delarbre
El magisterio de Granados Chapa
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l aniversario de un espacio periodístico suele pasar inadvertido, incluso para sus lectores. Por eso, entre otras circunstancias, fue prácticamente insólita la coincidencia de periodistas de muy distintas adscripciones profesionales, así como de lectores emplazados en las más variadas perspectivas políticas, para festejar las tres primeras décadas de “Plaza Pública”, la columna de Miguel Ángel Granados Chapa. El 13 de julio de 1977 las páginas de Cine Mundial, dirigido por Luis Javier Solana, acogieron la primera entrega de la que hoy en día es, sin duda, la más importante de las columnas políticas en México. En aquellos años “Red Privada”, de Manuel Buendía, estaba ganando sitio para un ejercicio más analítico en ese tipo de textos periodísticos. Durante varias décadas, en una costumbre que persistiría casi hasta finalizar el siglo, las columnas en los diarios eran fundamentalmente de notas breves, muchas de ellas tomadas de los boletines de las oficinas de prensa y algunas otras con informaciones real o presuntamente reservadas. El valor fundamental de aquellas columnas era la indiscreción anónima, por lo general intencionada, de alguna fuente vinculada con el poder político. Tales escritos hacían las veces de ojos de las cerraduras de la política palaciega a las cuales, de cuando en cuando, los lectores tenían el supuesto privilegio de asomarse gracias a la confidencia que difundían los autores. A menudo eran instrumentos de interlocución entre distintos segmentos de la clase política que se enviaban recados –a veces con la forma de supuestos anticipos, en otras incluso mediante habladurías o incluso calumnias–. Esas columnas y sus autores llegaban a ser, de tal forma, correveidiles de personajes del poder político.
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El columnista Miguel Ángel Granados Chapa foto: Saúl López/Cuartoscuro.
Manuel Buendía fue de los primeros en romper con ese estilo, tan congruentemente sintonizado con el periodismo que se ejercía en aquellos años. Junto a las revelaciones que obtenía gracias a su epidérmica habilidad reporteril, Buendía incorporaba juicios y críticas que hacían de “Red Privada” un espacio de discusión más allá de la información que ofrecía. Cuando el director de Cine Mundial y el creador de “Plaza Pública” convinieron en publicar la nueva columna tenían como modelo el periodismo que publicaba Buendía a cuya trayectoria, por lo demás, no era ajeno Granados Chapa.
“Soy un liberal de izquierda” Miguel Ángel Granados Chapa se inició como periodista profesional en Crucero, semanario fundado por Manuel Buendía en 1964. El entonces novel reportero, que tenía 22 años, había estudiado simultáneamente las licenciaturas en Derecho y Periodismo
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en la Universidad Nacional. Luego se encargó de la redacción en la agencia Informac creada por su antiguo profesor, Fernando Solana y en 1966 comenzó a trabajar en Excélsior, de donde saldría una década más tarde con el grupo encabezado por Julio Scherer. En el entonces llamado “Periódico de la Vida Nacional”, Granados Chapa transitó de la secretaría de redacción a tareas cada vez más relacionadas con la política editorial. Sus artículos, que llegaron a aparecer varias veces por semana, eran paradigmas de precisión, tanto en el análisis como en la escritura. En esa práctica se va depurando el estilo pero, sobre todo, la vocación política de Granados Chapa quien dos décadas más tarde se ubicaba a sí mismo “en el centro izquierda, soy un liberal de izquierda, liberal en el sentido decimonónico, es decir, alguien que busca el respeto a la persona, la tolerancia y a la expresión de las ideas en una sociedad” (Rosa María Valles, La
que se publican en el país. En 1994 fue designado consejero en el Instituto Federal Electoral, cargo que desempeñó por dos años y medio y que solamente aceptó cuando los representantes de los partidos políticos le dieron garantías de que no había incompatibilidad legal entre esa responsabilidad y seguir escribiendo su columna periodística.
La primera columna “Plaza Pública” del 13 de Julio de 1977. Publicada en el periodico Cine Mundial
legitimación social de la opinión periodística, tesis de maestría, UNAM, 1997). En buena medida, la renovación que Excélsior experimentó hacia la mitad de los años setenta en el terreno del análisis se debió a la mano de Granados Chapa, quien llegó a ejercer la tarea de subdirector editorial. Aquellos eran, no hay que olvidarlo, tiempos de incesante tensión política: aunque se manifestaba por la apertura, el gobierno de Echeverría persistía en influir sobre los escasos medios en donde se expresaban posiciones críticas y para superar tales apremios el periodismo de opinión a menudo tenía que acudir a la metáfora elegante, al cuestionamiento oblicuo o a la ironía. Excélsior no era un diario de oposición, pero el hecho de que allí aparecieran enfoques distintos de los oficiales lo distinguió del marasmo que dominaba en la prensa mexicana de aquellas épocas. Cuando salió de Excélsior, Granados Chapa se incorporó con notorio compromiso en la creación del semanario Proceso, en donde ocupó dos cargos fundamentales, aunque finalmente contradictorios: durante los primeros seis meses de la revista fue director-gerente hasta que, hacia mayo de 1977, se alejó de ella. Fue entonces cuando inició la aventura de publicar una columna diaria, con la que se encuentra embarcado hasta la fecha. Las numerosas tareas que ha cumplido desde entonces, sin dejar de escribir la
columna, dan cuenta de la vitalidad personal pero además del horizonte amplio que anima a Granados Chapa. Tuvo un desempeño fructífero en medios oficiales, cuando en 1977 coordinó los noticieros de Canal Once y entre 1977 y 1980 dirigió Radio Educación. Fue subdirector en los diarios más innovadores en aquellos años: unomásuno entre 1982 y 1983 y La Jornada de 1984 a 1988, diario este último de cuya dirección también estuvo a cargo entre 1988 y 1990. Las inquietudes editoriales de Granados Chapa lo han llevado a fundar publicaciones como la revista Mira, que daba preferencia a la imagen fotográfica y que dirigió de 1990 a 1994, cuando dejó esa labor para ser consejero en el IFE. En 1997 creó Hoja por hoja, el suplemento mensual de libros que se distribuye encartado en varios diarios con un tiraje superior al de la mayoría de las revistas no frívolas
Explicar los hechos políticos La de Granados Chapa ha sido, desde que comenzó, una columna atenta a las novedades de la vida pública, pero escudriñando sus contextos. Se nutre de la prensa, pero también en la investigación bibliográfica y desde luego en las indagaciones y el conocimiento personales de su autor. A diferencia de la que singularizaba al viejo periodismo, la columna que escribe Granados Chapa no busca aplaudir ni propagandizar sino explicar y discutir. Ese ejercicio, admitió alguna vez Granados Chapa al explicar el sentido que busca para su columna, significa un riesgo permanente: “El columnista está más, por decirlo así, entre las patas de los caballos, está menos a salvo que el articulista de entrar en las complicaciones de la política real. El articulista tiene una mayor distancia respecto de los hechos concretísimos de las personas, de los actores que la que pueda tener el columnista. Esto ofrece toda clase de riesgos, de todo género. Las inducciones, en las que uno puede caer sin advertirlo respecto de ciertas posiciones, es decir, que le hagan a uno expresar opiniones interesadas por los informes que le transmiten a uno las personas con las que habla y por lo tanto,
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termina uno sirviendo a intereses a los que no quería servir, si no se tiene capacidad de advertirlo. La creación de enemistades muy concretas; el riesgo de halago, también muy concreto, de los funcionarios. Es un camino riesgoso pero que también por eso significa un desafío. Y significó, por otro lado, la oportunidad de contribuir, en la medida que esto ocurra, a la explicación de los hechos políticos nacionales, con un propósito político que es un propósito de democratización. La columna política creo que puede servir muy específicamente a propósitos políticos y periodísticos. En este caso, la búsqueda de las claves que permitan saber que el fenómeno político no es algo reservado a los iniciados, que no es algo ajeno al público en general, sino que el público puede comprender y en lo que debe participar” (entrevista con Otto Granados Roldán publicada inicialmente en 1981 y reproducida en el libro de Miguel Ángel Granados Chapa Comunicación y política. Océano, 1986). Granados Chapa ha vivido y eludido los riesgos que señala y contribuye a la desacralización de un quehacer político que, por lo demás, a menudo resulta distante de los requerimientos de la sociedad. “Plaza Pública” se publicó en Cine Mundial entre julio de 1977 y septiembre de 1979. “En ese momento –relató el propio Granados Chapa cuando esa columna cumplió 20 años– Luis Javier Solana, que manejaba el periódico, fue nombrado por López Portillo director de Comunicación Social de la Presidencia. Al autor de esta columna le pareció inconveniente escribir para el diario de quien en ese momento se convertía en vocero del gobierno federal (aunque Solana mantuvo netamente la distinción entre ambas funciones) y aceptó 26
la invitación de Manuel Becerra Acosta, su antiguo compañero de tareas en Excélsior, para incorporar la columna a las páginas de unomásuno, nacido en noviembre de 1977” (“Veinte años”. Reforma, 13 de julio de 1997).
Fuerza de la columna sindicada La renuncia de Granados Chapa y otros directivos de unomásuno lo dejó, en noviembre de 1983, sin espacio en la prensa de la ciudad de México. Para entonces, “Plaza Pública” aparecía cotidianamente en varias docenas de periódicos en todo el país, distribuida por la Agencia Mexicana de Información. La sindicación de los textos periodísticos se convirtió, durante aquellos años y hasta comienzos del nuevo siglo, en recurso tanto para propagar con notable amplitud el trabajo de algunos de los periodistas más destacados como para conferirles una autonomía adicional. Un columnista cuyos textos aparecen en varios diarios en el país deja de tener la dependencia estrecha que, de otra manera, puede experimentar respecto del periódico para el que trabaja en la ciudad de México. En 1983, cuando salió de unomásuno, Granados Chapa pudo seguir escribiendo su columna para los numerosos diarios que ya la reproducían en los estados. Hoy en día las posibilidades de la sindicación han declinado ante el predominio de agencias de contenidos informativos que tienen como ancla a algún diario de la ciudad de México y cuyos servicios son contratados en paquete por los cada vez más escasos periódicos de los estados que no forman parte de alguna cadena periodística nacional. Aunque no era en un diario, durante varios meses “Plaza Pública” se publicó
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en el semanario Punto que, dirigido por Benjamín Wong, alojó con singular generosidad a los periodistas exiliados de unomásuno. La aparición en septiembre de 1984 de La Jornada, dirigida por Carlos Payán, le dio un nuevo hogar a la columna. Allí estuvo hasta que, casi ocho años después, los desacuerdos que tenía con la conducción del periódico llevaron a Granados Chapa a salir de La Jornada. Disfrutó durante 15 meses, a partir de agosto de 1992, la hospitalidad de El Financiero. Y desde noviembre de 1993 se publica en Reforma y el resto de los diarios del grupo periodístico que encabeza Alejandro Junco de la Vega.
Política, aulas, radio, libros La estabilidad profesional y editorial que encontró en Grupo Reforma –en donde “Plaza Pública” ha transcurrido casi 14 de sus 30 años– le han permitido a Granados Chapa afianzar la respetabilidad y la influencia que construyó en el no siempre sosegado paso de un periódico a otro. Aunque es evidente que sus puntos de vista no siempre coinciden con las posiciones de Reforma, la columna ha mantenido un sitio emblemático tanto en las páginas del diario como en el ánimo de sus lectores. Igual que las de ese periódico, o las de cualquier otro, las opiniones de Miguel Ángel Granados Chapa son discutibles –a veces, sobremanera–. Se puede discrepar con ellas pero siempre es innegable la claridad de los juicios que las sustentan y que forman parte tanto del talante personal como de la fama pública de su autor. En 1998, cuando fue postulado por el PRD como candidato al gobierno de Hidalgo, Granados Chapa afianzó una simpatía política que sin embargo está lejos de
las incondicionalidades que suele exigir la vida partidaria. En aquella ocasión quiso ser abanderado de una coalición integrada por el PAN y el PRD pero cuando advirtió numerosas irregularidades en la selección dentro de Acción Nacional se retiró de ese proceso y, a la postre, quedó únicamente como candidato del llamado partido del sol azteca. Quizá desde entonces, aunque no de manera constante, el habitualmente afilado juicio crítico de Granados Chapa ha sido más benévolo con el PRD y algunos de sus personajes que con la mayor parte de las instituciones, figuras y decisiones públicas a las que suele referirse. Hombre dedicado fundamentalmente a la palabra escrita, Granados Chapa además ha mantenido durante ya doce años el programa que, con el mismo nombre de su columna, se difunde todas las mañanas, de lunes a viernes, en Radio UNAM. No son pocos los radioescuchas que, enfadados o fatigados por la sosería que (quizá con un par de excepciones) singulariza a la radio informativa de las mañanas, prefieren sintonizar el 860 de AM o el 96.1 de FM para oír el nada trivial e inteligente programa
de Granados Chapa. Allí, el autor de “Plaza Pública” continúa el magisterio que ejerció en las aulas universitarias, primero en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y luego en la entonces ENEP de Acatlán. Autor de una docena de libros, Granados Chapa mantiene tareas académicas y editoriales menos conocidas que su “Plaza Pública”. Recientemente fundó una firma destinada a la publicación de libros. Y desde hace varios años escribe, también de lunes a viernes, el “Diario de un espectador” que aparece en Metro, el periódico de sesgo popular que Grupo Reforma imprime para la ciudad de México. En esa columna puede encontrarse al lector, melómano, cinéfilo y paseante que es Granados Chapa. Redactada con menos formalidad e, imagino, a veces con más gozo que la “Plaza Pública”, el “Diario de un espectador” merecería una difusión más amplia para que llegase –por ejemplo, en el sitio de Reforma en Internet– a otros lectores.
Escribir una columna a diario Los 30 años de su columna emblemática han refrendado el reconocimiento que Granados
Chapa suscita en espacios muy diversos de la vida pública y el periodismo en México. Han sido, además, una ocasión para que sus lectores festejemos la perseverancia de ese autor. Escribir una columna diaria –cuando se hace en serio– es una de las tareas más arduas, pero también más gratificantes, que puede tener la oportunidad de cumplir un periodista. Hay que lidiar con el fárrago de chabacanerías y exageraciones que pueblan las páginas de los diarios para desbrozar lo importante de lo accesorio. Hay que investigar en fuentes de lo más diverso y saber ponderar la confiabilidad de las informaciones que se encuentran. Hay que tener buen archivo, aunque Granados Chapa en lo que se apoya es fundamentalmente en una memoria portentosa. Hay que encontrar algún equilibrio entre la solemnidad y la frivolidad, entre la reiteración y la explicación. Hay que eludir el tedio que impone la reincidencia de actores, temas y comportamientos en la vida pública, y encontrar el sesgo, el contraste, la comparación o la primicia que le den frescura a temas no siempre nuevos. Hay que leer y pensar, sobre todo antes de escribir. Hay que sorprender al lector y eso únicamente es posible cuando el columnista tiene los ojos, los oídos y la imaginación despiertos a la realidad. Granados Chapa lo hace todos los días. Aunque no siempre estemos de acuerdo con él –y precisamente, porque expresa razones y posiciones respecto de las que es posible tener diferencias– leerlo cotidianamente es una costumbre que se ha vuelto parte de nuestra vida cívica.
PLAZA PÚBLICA
Viernes 31 de Julio del 2007, periódico Reforma
trejoraul@gmail.com
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Televisión Jenaro Villamil
El Bicentón
U
na petición de Lorenzo Servitje, el magnate dueño de Bimbo y donante principalísimo en la campaña electoral de Felipe Calderón, obligó al primer mandatario a devolver los favores, colocando a Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón, al frente de los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana. Landeros se convertirá, en este mes de septiembre, en el coordinador formal del Comité Organizador. Sustituye a Sergio Vela, director nacional del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) que fue desplazado finalmente, por órdenes de Los Pinos, y borrará toda huella de aquel intento foxista de nombrar a Cuauhtémoc Cárdenas, ex candidato presidencial y ex jefe del gobierno capitalino, como la figura emblemática de estos festejos. Antes de su nombramiento público, Landeros puso manos a la obra. Elaboró un anteproyecto de festejos que tienen el sello propio de las obras mediáticas y filantrópicas que acostumbra realizar el doctor honoris causa de la Universidad Anáhuac: transformar una celebración cívica, histórica y de alto contenido simbólico en un espectáculo televisivo, una especie de largo maratón de producciones televisivas. En otras palabras, trasladar el Teletón al Bicentenario. O, como diría Porfirio Muñoz Ledo en su análisis publicado en El Universal utilizar sus experiencias para recaudar fondos para discapacitados físicos, tratando a los mexicanos como discapacitados mentales. El resultado será un reality show llamado Bicentón. Quizá hasta contraten a Lucerito para hacerla de Josefa Ortiz de Domínguez. Explícitamente, Landeros propone en el documento entregado a finales de julio en Los Pinos, que “buscará alinear los objetivos de campañas como el Teletón, el Juguetón y Espacio 2010, entre otros” a los festejos que coordinará. También plantea “crear sinergias con las campañas del Consejo de la Comunicación”. Casualmente, este organismo proclive a Televisa fue creado por Lorenzo Servitje y encabeza las campañas de corte conservador en contra de la corrupción y contra el “libertinaje” sexual. El rasgo fundamental de Landeros y su proyecto es reducir unas celebraciones claves para la reflexión, el rescate histórico y la difusión cultural a un espectáculo superficial y cercano a una campaña de autosuperación personal. Landeros parece decirnos “sonrían mexicanos, que la fuerza estará con nosotros”, al estilo del programa XETU. Así se trasluce en el apartado “Filosofía del Bicentenario” del documento aludido. 28
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Filosofía del Bicentenario
Después de párrafos llenos de obviedades sobre la importancia de hacer una “profunda reflexión sobre las luces y sombras del México actual”, el Bicentón de Landeros plantea que los festejos son un “episodio”, que “si se aprovechan correctamente pueden convertirse en un parteaguas que le permite a nuestra nación fomentar su orgullo, su confianza y fortalecer su destino”. Propone como frases mercadológicas una serie de exaltaciones que transforman el Bicentenario en una especie de rezo nacional carismático: “Es tiempo de sembrar los más profundos valores patrios en nuestros niños y jóvenes. Es tiempo de compromisos concretos con nuestra nación. “Es tiempo de festejar lo que es festejable (sic) y diluir las sombras con la luz que sólo se origina en el profundo amor por México. “Es tiempo de ver surgir los nuevos héroes en México. Los héroes cotidianos, los de todos los días, los que luchan y trabajan por llevar el pan de cada día a sus hogares”. ¿Y dónde está la “filosofía” del Bicentenario? ¿En qué momento se plantea si a 200 años somos más independientes, más soberanos o se cumplieron Los Sentimientos de la Nación de Morelos? A Landeros no le interesa problematizar sino adoctrinar. Su proyecto pretende que “al término de las celebraciones, México se encuentre más unido y cerca de su prosperidad, como fruto de haber conocido, apreciado y vivido los más profundos valores patrios surgidos de su historia”. En el apartado “Criterios Rectores del Plan”, Landeros prácticamente reproduce los ejes mismos del Teletón: “El Bicentenario nos hace maravillarnos con nuestro gran pasado, para encontrar soluciones concretas a nuestro presente, proyectarnos hacia un futuro
más próspero.“El país celebra una gran fiesta y todos vamos a dar!” (frase textual de los maratones televisivos que organiza desde 1997). “Demostrando nuestra alegría con compromisos concretos”. La desmesura es propia de estos discursos instalados en la grandilocuencia: “Nos preparamos con ilusión para esta gran celebración e invitaremos a los miembros más importantes de la comunidad internacional. “Promoveremos internamente el más grande movimiento cultural de nuestros tiempos. “Pondremos en marcha las obras de mayor trascendencia social”. Ni más ni menos. En las páginas, diseñadas en Power point que fueron entregadas a 11 representantes de distintas dependencias, el coordinador en ciernes del Bicentenario plantea, como obras de gran trascendencia, sembrar árboles a través de Proárbol, hacer concursos, verbenas populares, conciertos de tenores, torneos internacionales de futbol (por supuesto, televisados), simposios e impulsar tesis de licenciaturas sobre estos temas. “Con objetivos muy concretos: promover la unidad, el orgullo y la prosperidad en México. Por el México que Podemos ser”.
Actividades Concretas
Landeros confunde la organización con la promoción y las actividades concretas con espectáculos propios de la mercadotecnia emocional, es decir, “vender valores, emociones, sentimientos”. Y en esta línea, se instala en la imagología que depende de la pantalla. La prensa no existe en su plan de actividades. La labor editorial se reduce a reediciones de libros históricos. Las bellas artes son mencionadas marginalmente. Piensa en “recorridos musicales representativos” que resultan retazos folklóricos. Para los medios plantea promover que “se produzcan y transmitan series, telenovelas históricas, caricaturas y documentales sobre estos movimientos sociales”. También “se promoverá que los medios de comunicación produzcan programas de reflexión, análisis y debates sobre nuestra identidad nacional e histórica, sobre nuestro pasado, presente y futuro”. Para el programa La Hora Nacional –uno de los resabios propagandísticos del presidencialismo mediático– se hará “un programa atractivo llamado Rumbo al 2010 a partir del 2009”. Para Televisa existen grandes planes. Landeros prevé que con el Bicentenario, la compañía dirigida por su amigo y compañero de escuela Emilio Azcárraga Jean reanude “el Canal de las Américas para promover el liderazgo de México en América Latina”. El liderazgo se reduce así a la cobertura de una empresa televisiva, no a iniciativas diplomáticas, económicas o culturales de mayor envergadura. Experto en campañas, Landeros busca unanimidad mercadológica: “Se elaborará un manual de diseño y comunicación para todas aquellas empresas y oficinas que deseen decorar sus edificios con las imágenes conmemorativas del Bicentenario. Se buscará que todos los edificios emblemáticos del país se ‘iluminen con colores patrios’”. No todo es iluminación y eslóganes. Algunas actividades más concretas son la promoción de: • 100 para 200. “Un recorrido por los 100 sucesos definitorios (sic) de la vida nacional desde el inicio de la Independencia, incluyendo hechos históricos, políticos, sociales, culturales y científicos”. • “Coproducción con Editorial Clío de dos miniseries, una sobre la Revolución y otra sobre la Independencia (se transmitirán en 2010).
• “Producción de cápsulas sobre sucesos, personajes y anécdotas de la Revolución y la Independencia (a transmitirse a partir de septiembre de 2008). • “Concurso en Canal 22 sobre conocimientos de historia patria (al estilo de los antiguos concursos de televisión como La Pregunta de los 64 mil Pesos). Para cine, música y pintura, Fernando Landeros. Foto: archivo Landeros propone convocar a la Bienal Iberoamericana de Pintura y Escultura en 2008, 2010 y 2012. Durante 2008, 2009 y 2010 convocará al Concurso Internacional de Cine y Literatura El Poder Humano de la Migración, con categorías como cine documental y medio metraje de ficción, novela, cuento y ensayo. Convocará para una bienal iberoamericana de composición musical de sinfonía y concierto “con los temas de la tolerancia, la convivencia y la solidaridad”. En otras palabras, se borra cualquier referencia a la justicia social, el sufragio efectivo, los derechos agrarios que, por cierto, formaron parte del ideario de la Revolución de 1910.
Nuevo Archivo General de la Nación y otras desmesuras
Otras propuestas son desmesuradas, como construir un nuevo Archivo General de la Nación, un nuevo monumento nacional conmemorativo y hasta recuperar para México el Códice Mendocino, el Códice Florentino, el Penacho de Moctezuma y el Nican Mopohua. No dice cómo, a través de qué institución ni los plazos para estos grandes proyectos. Específicamente, para el 15 y 16 de septiembre de 2010, el proyecto de Landeros propone una “gran fiesta del orgullo nacional”. Las actividades “posibles” son las siguientes: “-Espectáculo multimedia: recorrido histórico musical por la vida de México. “-Recorrido histórico por los episodios más importantes de la vida de México. “-Recorrido musical representativo. “-Tributo musical internacional del “Mundo a México”. “-Se organizarán conciertos paralelos en toda la nación. Apoyo artístico. “-Presencia de los jefes de Estado más importantes del mundo (sic). “-16 de septiembre. Desfile militar especial. Regata Naval. “-Ese día se invitará a todos los mexicanos a vestir de blanco o de verde”. Para el 20 de noviembre de 2010, las “acciones posibles” serán: “-Musical con Plácido Domingo. “-Concierto con los tenores mexicanos en lugares representativos de la Revolución. “-Desfile por definir”. En ese mismo tono, se definen las actividades deportivas, diplomáticas, turísticas y las “grandes obras sociales”. En el fondo, Landeros encabeza la pretensión de redefinir, conforme a la agenda ideológica y mediática del panismo, las festividades de una nación que se limitará al papel de espectador. jenarovi69@yahoo.com.mx
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Televisión Gabriel Sosa Plata*
Televisa y su expansión en la televisión restringida
A
los pocos días de haber sido aprobada la Ley Televisa en la Cámara de Diputados, en diciembre de 2005, un empresario de la televisión por cable me llamó por teléfono para preguntarme si estaba en contra de la polémica contrarreforma. Le contesté que sí. Me preguntó si podía canalizar conmigo algunas entrevistas a medios de comunicación para manifestar mi posición, ya que él y la mayoría de los empresarios del sector se oponían a esa legislación, aunque no podían expresarlo públicamente. Los empresarios integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable (CANITEC) se plegaron así, como otras empresas del sector de la radio, la televisión y las telecomunicaciones, a la línea marcada por Televisa en el tema de la ley. La posibilidad de que a los sistemas de cable les fueran retirados los canales de televisión abierta, era el factor principal para no enfrentarse con la televisora, pero nunca me quedó totalmente claro por qué esa actitud tan dócil ante una reforma que otorgaba más privilegios al duopolio de la televisión abierta –Televisa y Televisión Azteca– y que dejaba fuera temas tan relevantes para ellos, como el must offer –transmisión no condicionada de canales de televisión abierta en sistemas de televisión de paga–. A diferencia de su posición en contra del denominado Acuerdo de Convergencia –cuyo propósito fundamental, más allá de hacer efectiva la convergencia tecnológica entre los operadores de telecomunicaciones, era eliminar el candado en el título de 30
concesión de Telmex para que esta empresa pudiese ofrecer servicios de televisión restringida–, los cableros conservaron la misma actitud de docilidad frente al repentino interés de Televisa por adquirir empresas del mismo sector de la televisión restringida. El 29 de marzo de 2006, Televisa notificó a la Comisión Federal de Competencia (CFC) la adquisición, por casi 68 millones de dólares, de 49 por ciento de Televisión Internacional (TVI) –con presencia en Monterrey y su área conurbada– propiedad del Grupo Multimedios Estrellas de Oro. Casi un año después, el 21 de febrero de 2007, la empresa dio a conocer la inversión de 258 millones de dólares en obligaciones convertibles por el 99.99 por ciento del capital social de Alvafig, empresa tenedora del 49 por ciento de Cablemás –con sistemas en diversas localidades de Baja California, Campeche, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán–. Las paulatinas adquisiciones y otras que estaban en negociación, pero que no se concretaron –como la de Megacable, de Javier Bours, y Multioperadora de Sistemas, de Jorge Burillo Azcárraga–, generaron una reacción de rechazo de legisladores y analistas. Por ejemplo, el diputado Raymundo Cárdenas presentó, el 21 de febrero de 2007, un punto de acuerdo donde exhortó a la CFC a investigar las adquisiciones de Televisa, por tratarse de una empresa “que hace uso y abuso de sus privilegios como concesionario de medios de comunicación para asegurar así su preeminencia sobre sus competidores y ahora también sobre instituciones y personas”.
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Alejandro Puente: doble discurso. Foto: www.eluniversal.com.mx
Las condiciones de la CFC El 29 de septiembre de 2006, la CFC emitió una resolución sobre la concentración de Televisa y TVI, la cual fue ampliada el 25 de febrero de 2007. Según el órgano antimonopolio, la transacción sólo será autorizada si se cumplen las siguientes condiciones (Comunicado 02-2007) Must offer: Grupo Televisa estará obligado a ofrecer sus contenidos de televisión abierta en condiciones no discriminatorias a todas aquellas empresas de televisión restringida que lo soliciten. Esta obligación será válida para todo el territorio nacional. Con ello se garantiza que los consumidores podrán acceder a la programación de Televisa aunque el operador de televisión restringida que contraten sea competidor de esta
TELEVISA, LOS MEDIOS PUBLICITARIOS Y CONTENIDOS
81% 71.20%
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su argumentación y dijo que el pleno de la CFC decidió aprobar las operaciones –con las condiciones ya mencionadas– por lo siguiente: a) Televisa es la única empresa para hacer un contrapeso a Telmex, cuando entre al mercado de video en el 2008; b) En México, el servicio de televisión por cable está muy pulverizado, por lo que se requiere 31.80% tener a dos o tres empresas de buen tamaño para que puedan competir con la telefónica, y c) Hay otras empresas de la televisión que se están consolidando, como Megacable, la cual adquirió a Multiperadora de Sistemas, por lo que no hay problema de que Televisa 5 tenga una presencia cada vez más relevante de Televisa de transmitir por las redes de en el mercado de la televisión de paga. televisión vía satélite aquellas señales que tengan una cobertura territorial de al Doble política de los “cableros” menos 30 por ciento. De igual manera, La absorción de una industria con claras para los canales locales transmitidos expectativas de crecimiento, provocó que a través de televisión vía satélite, se empresarios del sector se acercaran a algunos impuso a Televisa la obligación de carry senadores para expresar su visión sobre el one, carry all, que prohíbe discriminar a problema de concentración que se genera en los concesionarios de televisión abierta las redes de la televisión abierta y los servicios local (Comunicado 06-2007). convergentes en los años siguientes. Para ello “En otras palabras –dice la CFC-, si elaboraron un documento sobre el cual escribí Grupo Televisa decide transmitir una algunos datos relevantes en mi columna de El señal abierta local por sus redes de Universal, publicada el 14 de agosto de 2007. televisión vía satélite, tendrá la obligación Ese mismo día, Angelina Mejía, de El de transmitir todas las señales de esta Universal, entrevistó al presidente de la misma localidad, para evitar desventajas CANITEC, Alejando Puente, quien omitió entre señales locales”. referirse a su cabildeo con los senadores. En cambio, dijo que se está a “favor de Fortalecer a Televisa las consolidaciones dentro del marco para debilitar a Telmex jurídico existente, porque representan La CFC determinó que la concentración un gran avance para competencia en el no estará autorizada sino hasta que sector y porque los usuarios son los más Televisa, en un plazo no mayor a 90 beneficiados al poder contar con una mejor días (es decir, a más tardar a mediados oferta de servicios y tarifas”. de octubre próximo), acredite haber CRECIMIENTO DE LA TELEVISIÓN RESTRINGIDA cumplido la disposición de otorgar, a EN MÉXICO todas aquellas empresas de TV abierta o 53% restringida que lo soliciten, acceso a sus contenidos y a sus redes, en condiciones no discriminatorias. Al dar a conocer la resolución, el 16% presidente de la CFC, Eduardo Pérez Motta, dijo que con estas condiciones “se garantiza que Televisa ofrezca a la brevedad acceso parejo a sus contenidos y redes, y con esto aseguramos que los consumidores contarán con mayor cantidad de opciones en televisión abierta, así como mejores 16% creció la televisión restringida entre el 2005 y el precios en la restringida” (La Jornada, 16 2006. de julio 2007). 5,576,000 hogares cuentan hasta el 2006 con servicios Semanas después, en una entrevista de televisión restringida. concedida a Verónica Gascón (Reforma, 13 53% será el porcentaje de penetración de la televisión restringida en el año 2012. de agosto de 2007), el funcionario modificó . 71.2% del gasto publicitario en televisión abierta es captado por Televisa. . 41.3% de la inversión publicitaria en todos los medios fue destinada a los canales abiertos de Televisa. . 68.5% de la audiencia total nacional de televisión abierta fue captada por los canales de Televisa. . 81% de los programas más vistos durante el 2005 fueron de Televisa. . 31.8% del share en horario preferente fue acaparado por el Canal 2 de Televisa en el 2005.
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empresa; en otras palabras, se evita que los contenidos de Televisa impliquen una barrera para la entrada y el crecimiento de otros jugadores en el mercado de la televisión restringida. Must carry: Las redes de televisión restringida de Grupo Televisa y TVI estarán obligadas a transmitir en condiciones no discriminatorias todos los contenidos de televisión abierta cuyos transmisores así lo soliciten. Esta obligación aplicará igualmente para el Grupo Televisa en toda la República. De esta manera, se asegura que los consumidores podrán tener acceso a todos los contenidos de televisión abierta –sean o no de Televisa–, nacionales y locales, sin importar que su proveedor de servicios de televisión restringida tenga ligas con esta empresa; dicho de otro modo, esta condición impide a las redes de televisión restringida de Grupo Televisa y TVI desplazar los contenidos de televisión abierta de otros oferentes (actuales o potenciales). Independencia de redes de transmisión: Grupo Televisa y TVI deberán tomar acciones para impedir la coordinación con otras redes de telecomunicaciones que sean sus competidores actuales o potenciales. En particular, Grupo Televisa deberá prohibir que los miembros de sus consejos de administración participen en los órganos de administración y operación de otros concesionarios de redes, y TVI deberá enajenar sus acciones en PCTV, en la que es socio de otros concesionarios de televisión por cable. Posteriormente, el 12 de julio de 2007, la CFC resolvió la concentración entre Televisa y Cablemás, bajo prácticamente los mismos términos que condicionaron la adquisición de TVI, pero fortaleciendo algunos criterios como la obligatoriedad
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FUENTE: CANITEC
FUENTE: CANITEC
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PROYECCIONES DE CRECIMIENTO DE LA TELEVISIÓN RESTRINGIDA EN MÉXICO 2006-2012 (Cifras en miles de suscriptores)
Casas INEGI TV Restringida Penetración
2006 24,562 5,576 22.7 %
Las afirmaciones de Puente confirman la doble política de los cableros hacia Televisa. La primera, pública, para manifestar su respaldo a la “consolidación” del sector, con el fin de no generar la molestia de Emilio Azcárraga Jean y sus socios. La otra, de cabildeo, no pública, para tratar de impedir que Televisa devore a la industria de la televisión por cable, porque ello desincentivará la competencia en la industria de las telecomunicaciones. Aunque a estas alturas se niega su paternidad, el documento elaborado por los cableros, titulado “Riesgos de la concentración de redes de televisión abierta y televisión restringida, para el desarrollo futuro de las telecomunicaciones en México”, contiene datos valiosos sobre la situación actual y las expectativas de crecimiento del sector de la televisión restringida y la convergencia tecnológica. El documento está dividido en cuatro partes. En la primera, se hace un recuento de la fortaleza de Televisa en los diferentes medios.
2007 25,119 6,542 26.0 %
2008 25,675 7,691 30.0 %
2009 26,231 9,057 34.5 %
2010 26,788 10,684 39.9 %
2011 27,344 12,622 46.2 %
2012 27,901 14,935 53.5 %
medios de comunicación para los hogares, particularmente en cuanto al acceso a contenidos audiovisuales”, al llegar al 53.5 por ciento de penetración en el país con casi 15 millones de suscriptores. De acuerdo con el documento, el incremento en la penetración de la televisión restringida impulsará también el mercado de los medios publicitarios. Entre 2006 y 2010, dicho mercado tendrá un crecimiento anual promedio de 11 por ciento en todos los medios de comunicación, pero en el caso de Un mercado concentrado Luego de destacar la presencia que ya de la televisión restringida el incremento anual por sí tiene Televisa en la televisión abierta, será en un 33 por ciento, casi cuatro veces la televisión restringida y la captación más que el previsto para la televisión abierta, de la inversión publicitaria, los cableros el cual será de un nueve por ciento. exponen que actualmente cuatro de cinco Además del creciente número de hogares sólo cuentan con televisión abierta, suscriptores y de los ingresos por publicidad, pero esto cambiará en los años siguientes la televisión restringida es cada vez más ante el crecimiento acelerado de la atractiva por los servicios convergentes televisión restringida en el país. Se estima y el triple play (televisión, telefonía e que en 2012, “la televisión restringida Internet) que se ofrecen en sus redes. se convertirá en uno de los principales Televisa, se advierte en el documento, con sus sistemas de televisión PARTICIPACIÓN DE CRECIMIENTO DE LA TELEVISIÓN RESTRINGIDA EN MÉXICO 2006- 2012 por satélite (Sky), televisión (Cifras en miles de suscriptores) por cable (Cablevisión) y televisión abierta digital, “ya Situación Si la CFC autoriza las Suscriptores en el 2012 si Televisa cuenta con opciones para actual operaciones en proceso adquiere a los principales grupos participar en el triple play sin 1,430 1,430 3,205 Sky (Televisa) necesidad de adquirir redes adicionales”. Sin embargo, 496 496 1,305 Cablevisión (Televisa) va por más con la anuencia 629 1,984 Cablemas del gobierno y de la CFC. 144 454 TV Internacional “Si la CFC –se dice en el Siguientes 5 grupos 5,080 texto– autoriza las operaciones quetieneenprocesodeCablemás TOTAL Televisa 1,926 2,699 12,028 y Televisión Internacional, Televisa controlará el 48.2 de 5,576 5,576 14,935 TOTAL Industria la industria de la televisión restringida”. Peor aún, si 34.5 % 48.3 % 80.5 % Participación de se le permite continuar Televisa con la adquisición de más sistemas de cable (en el documento se habla de cinco Hogares INEGI 24,562 24,562 27,901 empresas adicionales pero 7.8 % 22.7 % 43.1 % Participación no se detallan sus nombres), de hogares Televisa “podría llegar a 32
En la segunda, llamada “Consideraciones”, se aportan datos relativos al crecimiento de la televisión restringida, la convergencia tecnológica y el estado actual de la regulación del sector. En la tercera parte, “Riesgos de permitir una mayor concentración de las redes”, se presentan algunas consideraciones sobre la participación actual y futura de Televisa en la televisión de paga, y, finalmente, en la cuarta parte, están las conclusiones.
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una participación del 80 por ciento de la industria” en el año 2012. En opinión de los cableros, la estrategia de Televisa es incrementar su concentración vertical (contenidos) y horizontal (redes) del mercado para extender su control a los nuevos servicios convergentes. Si esto ocurre, se creará una barrera de entrada sustancial para ofrecer servicios convergentes de telecomunicaciones, se incrementarán los incentivos para obstaculizar el acceso a contenidos esenciales (por ejemplo, el Canal 2) y se facilitará la comisión de prácticas monopólicas como la venta atada y los subsidios cruzados. Asimismo, el control de redes “constituirá el principal desincentivo a la competencia en la producción de contenidos en español”, tanto de programas como de canales alternativos. Para los cableros “la experiencia nacional e internacional muestra que son preferibles las soluciones estructurales a la regulación pormenorizada de los mercados, más aún cuando se hace frente a agentes económicos con gran capacidad económica e influencia política, por su ingerencia en los medios de comunicación”. Por ejemplo, cuando Televisa le negó a DirecTV el acceso a sus canales de televisión abierta, no se llevó a cabo ningún procedimiento, pese a que ya existía la Ley Federal de Competencia Económica. Bajo tal circunstancia, dicen los cableros, es de imprescindible necesidad elevar a rango de ley el impedimento para que se fortalezcan las relaciones horizontales y verticales de los operadores que ya tienen una participación preponderante en el mercado (Telmex y Televisa) con el fin de no incrementar su capacidad para actuar en contra de la competencia. De no ser así, se concluye en el documento, “se condenará al mercado (voz, datos, contenidos audiovisuales y e-aplicaciones) a convertirse en un duopolio con todos los incentivos para la colusión tácita” y “se perderá una oportunidad única de lograr mayor competencia (en los servicios tradicionales, los servicios convergentes y la producción de contenidos), debido a la eliminación y absorción de competidores potenciales”.
En manos de los legisladores El documento de los cableros no hace un análisis de las condiciones que la CFC le impuso a Televisa con la adquisición de TVI y Cablemás, pero queda claro que son insuficientes para evitar la concentración vertical y horizontal en los medios de comunicación, a diferencia de lo que ocurre
en otros países como Estados Unidos, Francia, Corea y Reino Unido. ¿Los legisladores le entrarán a ese tema y a otros como de importancia fundamental en el futuro de los medios de comunicación como la regulación de la propiedad cruzada y la obligatoriedad de la contratación de producción independiente? No lo sabemos. Pero mientras los legisladores seguían debatiendo la reforma fiscal y las condiciones para la presentación del primer informe de gobierno de Felipe Calderón, Televisa continuaba de compras: por cerca de 420 millones de dólares se adueñaba de la telefónica Bastel y con ello adquiría el pase de entrada para extenderse en la provisión de servicios de larga distancia, de enlaces por microondas a nivel nacional y telefonía local en la Ciudad de México y área conurbada.
Asimismo, aprovechando el aval de la CFC y las flexibles reglas de concentración de medios existentes en el país, Televisa continuaba con sus intentos de adquirir Cablecom, empresa con operaciones en el Estado de México y 460 mil usuarios, y Grupo Hevi, con presencia en Zapopan, Jalisco y unos 270 mil clientes. Sin embargo, de acuerdo con el columnista Alberto Aguilar (El Universal, 24 de agosto 2007), ambas empresas han decidido mantenerse, por ahora, independientes, como otros sistemas del sector. ¿Cuánto tiempo podrán soportar la presión de Televisa? gsosap@yahoo.com
*Profesor e investigador invitado de la UAMCuajimalpa. Columnista del periódico El Universal.
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Javier Corral Jurado
Efectos de la sentencia contra la Ley Televisa
U
n cúmulo de información, argumentos jurídicos, criterios jurisprudenciales, aclaraciones, precisiones interpretativas, orientaciones y recomendaciones legislativas, constituyen uno de los saldos que la Ley Televisa dejó para el orden jurídico mexicano y el debate comunicacional en el país. Nunca se habían escrito tantas páginas (156 constituyen la demanda para nulificar las reformas) sobre una acción de inconstitucionalidad; en 547 se presentó la ponencia del Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, 234 constituyen la versión estenográfica del debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La sentencia fue engrosada hasta 756, más 80 que contienen los votos particulares del Ministro Genaro David Góngora Pimentel. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el lunes 20 de agosto, la sentencia que echó abajo la Ley Televisa mereció que, todavía el 23 del mismo mes, recayera sobre ella un último acuerdo de “corrección de sentencia”, por cierto votado en forma unánime y del que no se desprende ninguna modificación a lo acordado el 7 de junio. Una vez que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, surte ya sus efectos, y de manera fundamental se convierte en piedra de toque para un nuevo modelo de comunicación social, pues robustece el concepto, ampliamente debatido en México, de Derecho a la Información. Nutre de manera excepcional la dimensión sobre la naturaleza de este derecho social, y precisa que sin acceso a los medios de comunicación, el ejercicio de ese derecho queda trunco. Tanto para el Ejecutivo como para el Congreso empieza a correr el tiempo para asumir, en el ámbito de sus competencias, las derivaciones y efectos de tal resolución. Es tiempo de corresponder al Poder Judicial que, en afirmación de la soberanía estatal, ha dado una lección ejemplar a los poderes fácticos, que ya parecían intocables. Al Legislativo le espera el mayor reto posible en esta materia. La sentencia de la Corte ha expulsado de las leyes federales de Radio y Televisión (LFRyTV), y de Telecomunicaciones, porciones normativas contrarias a la Constitución en seis artículos, y ha eliminado totalmente dos artículos, que los legisladores deberán corregir.
Cúmulo de argumentos jurídicos Foto Luis Mejia Cuartoscuro
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Esas páginas son un derrotero jurisprudencial de gran valor: no sólo se argumentan los vicios de inconstitucionalidad, sino se clarifica el marco regulatorio del régimen de concesiones sobre bandas de frecuencia y el sustento constitucional del espectro radioeléctrico para que, como parte del espacio aéreo, el Estado imponga las modalidades en todo tiempo a su uso y administración. Estas precisiones tocan, centralmente, la relación indisoluble de la frecuencia concesionada con el uso específico que se le da, y el alcance de la preferencia ante terceros en el refrendo de la concesión, de enorme consecuencia para la necesaria incorporación a las leyes especiales del servicio de radiodifusión, de límites a la concentración y reglas antimonopólicas. En ese valor adicional a las nulidades que determina, destaca que la LFRyTV no maneja los conceptos de concesión y permiso con las diferencias propias que en la doctrina suele atribuírseles. El marco constitucional y legal del servicio de radiodifusión toca la llaga inevitable de señalar cómo se ha legislado durante décadas a la radio y la televisión como actividad de interés público y no como servicio público. También se pone de relieve el desfasamiento de normas legales con los instrumentos jurídicos internacionales que México ha suscrito en tratados y convenciones.
El papel del Ejecutivo No son menores las responsabilidades, derivadas de la sentencia, para el Poder Ejecutivo: la obligación de conformar una nueva Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) o ratificar, mediante acto expreso, a la actual, y la ineluctable revisión y modificación del Acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transición del sistema analógico al digital, de julio del 2004, y con el que las televisoras consiguieron refrendos hasta 2021. Al resolver la Acción de inconstitucionalidad 28/2005, presentada por el Partido de la Revolución Democrática, el 15 de noviembre de ese mismo año, el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por once votos, y bajo la ponencia de la Ministra Olga Sánchez Cordero, aprobó, con el número 32/2006, la tesis jurisprudencial que señala: “al declarar (la SCJN) la invalidez de una norma general, deberá extender sus efectos a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada, sean de igual o menor jerarquía que la de la combatida, si regulan o se relacionan directamente con algún aspecto previsto en ésta, aun cuando no hayan sido impugnadas”. Con base en este criterio jurisprudencial he sostenido que el gobierno del presidente Felipe Calderón tiene ante sí dos acciones inevitables. Por una parte, revisar y modificar las bases sobre la
que se estableció el “Acuerdo por el que se adoptó el estándar A/53 de ATSC, para la transmisión digital terrestre de radiodifusión de televisión”, así como la Política de Transición a la Televisión Digital Terrestre, y por la otra, la conformación de una nueva Cofetel. Al declarar inválido el artículo 28 de la LFRyTV, que concedía pase automático a los concesionarios de la radiodifusión para prestar servicios adicionales de telecomunicaciones en el mismo espectro que el Estado les había otorgado para el servicio de televisión, sin mediar licitación alguna, ni contraprestación obligatoria, el Acuerdo arriba mencionado también se invalida, pues otorga la misma posibilidad en idénticos términos. Lo que sucedió es que Televisa, consciente de que un acuerdo del Ejecutivo puede ser modificado con mayor facilidad que una norma legal aprobada por el Congreso, pretendió blindarse transexenalmente, desde la LFRyTV. Con base en esa política –acordada el 2 de julio de 2004 en el mayor secreto posible, como fue el estilo del gobierno de Fox en esta materia–, se establecieron condiciones absolutamente ventajosas para los concesionarios de la televisión. Se les otorgó, por cada uno de los canales analógicos que hoy operan en mayor medida dentro de la banda VHF, otro canal en la banda UHF denominado espejo, para que ahí llevaran a cabo la transición tecnológica del nuevo sistema digital. Esos canales adicionales se replicaron con el mismo ancho de banda de seis megahertz, sin que fuera necesario, por no ser obligatoria la transmisión total en alta definición, y para “brindar certidumbre jurídica a todas las partes que en él intervengan” les extendió la duración de las concesiones hasta el 2021, para “revisar y ajustar el proceso de transición de la TDT”. Nada asegura que para entonces haya culminado el proceso y se hayan cumplido las metas de cobertura y reconversión. En otras palabras, de no corregirse ese acuerdo y ajustarse a los principios constitucionales que valieron para echar abajo las normas que lo hacían ley, mantendrían una porción muy grande del espectro por los siguientes catorce años o más, puesto que hasta entonces el Estado recuperaría uno de los dos canales que hoy detentan. Según el propio acuerdo la televisión representa una cobertura del 96.5 por ciento en el país. Los concesionarios de televisión abierta tienen 462 estaciones de canales analógicos, lo que representa el 60.7 por ciento del espectro. Bajo los dos sistemas, acaparan 5,544 megahertz. De mantenerse el acuerdo podrían ofrecer, en ellos, servicios adicionales de telecomunicaciones, en condiciones ventajosas frente a los actuales y futuros operadores. Esto fue precisamente lo que atajó la SCJN.
Se requieren señales claras El Ministro Góngora Pimentel, en su voto particular sobre este tema consideró que “la invalidez también debió extenderse al último párrafo del punto SEGUNDO, numeral 2, del Acuerdo…” Sin embargo, obra a favor de la salvaguarda de la rectoría del Estado, en este caso, la propia jurisprudencia de la Corte. Por más que se haya incorporado a los refrendos del título de concesión (cláusula cuarta) que en 2004 se les otorgó a Televisa y TV Azteca hasta el 2021, el acuerdo es inconstitucional. El gobierno federal debe modificar esas bases, en el mayor interés de la Nación. Y si el Presidente de la República Felipe Calderón, quiere enviar
Conformación de la nueva Cofetel responsabilidad del Ejecutivo. Foto: Paola Hidalgo/Cuartoscuro
una auténtica señal de resarcimiento de la soberanía del gobierno federal, con que su ejercicio constitucional puede cobrar una enorme confianza y respeto de los ciudadanos en general, no tiene más que constituir una nueva integración de la Cofetel, el órgano encargado de regular este importante sector y decidir sobre las concesiones de Radio y Televisión. La actual composición de la Cofetel ya no le sirve a nadie. Ni siquiera, a los objetivos e intereses originales del duopolio televisivo a los que responde. Si hay algo absolutamente asumido en la opinión pública, fue la burda repartición de cargos entre Televisa, TV Azteca y los grupos políticos que operaron la aprobación de la ley en el Senado. En la etapa más candente y decisiva de la campaña presidencial del 2006, los nombramientos de los actuales comisionados fueron recomendados y chantajeados por esas empresas a Vicente Fox. De la actuación de estos funcionarios no se desprende más que la demostración de una vergonzosa subordinación hacia quienes los impulsaron. Lo asume, sin rubor, Héctor Osuna, presidente del organismo, quien concibe su función para servir a las empresas y no a los ciudadanos, en una rara explicación de que son una instancia que no tiene que ver con “los consumidores finales” porque a ellos no les prestan servicio alguno, como lo declaró en entrevista de radio. Varios de los documentos que han emitido, como respuestas a consultas de la propia Secretaría de Comunicaciones, son penosos. La resolución P/EXT/170707/12, fechada el 19 de julio del presente año, en respuesta a la posibilidad de retransmisión de las señales abiertas de televisión en sistemas restringidos (cable, satélite), conocido como must carry, no deja lugar a dudas: en lugar de pensar en los televidentes, piensan primero cómo cuidar a Televisa, que hace de la transmisión de sus canales una más de sus prácticas monopólicas. No hay duda alguna de que Cofetel, que tiene en sus manos un sector estratégico no sólo para la economía, sino fundamentalmente para la democracia, la cultura y la educación, debe ser removido. Por facultades propias, el presidente de la república lo puede hacer, pues el artículo 89 de la Constitución le confiere, en la fracción segunda, la posibilidad de nombrar y remover libremente a los empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo por la Constitución o en las leyes.
Remoción en Cofetel, facultad exclusiva del Ejecutivo Como se sabe, la Ley Televisa confería al Senado derecho para objetar los nombramientos que hiciera el presidente de la República de los funcionarios de Cofetel. Pero la SCJN determinó que la Cámara de Senadores no tiene tales atribuciones (artículo
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Ministro Genaro Góngora Pimentel. Foto: Ezequiel Tlaxcala /Cuartoscuro
76 fracción X de la Constitución), por lo que esa intervención del Senado fue considerada violatoria del principio de división de poderes, porque invade el ámbito de atribuciones del Ejecutivo. Lo anterior causa un efecto de invalidez sobre los nombramientos de los actuales comisionados de la Cofetel y genera al presidente una decisión derivada de una competencia de ejercicio obligatorio: nombrar a las autoridades del órgano, con base en la Constitución. La Corte determinó que, en el caso, no se aplicaba el principio de retroactividad, pero también precisó que los actos emitidos por el actual órgano son jurídicamente válidos. La SCJN no quiso señalar expresamente efectos sobre la invalidez de esos nombramientos, pues argumentó que la ley reglamentaria de las acciones de inconstitucionalidad no le permite afirmarse sobre actos concretos. Sin embargo, los Ministros Mariano Azuela, Genaro Góngora Pimentel, Juan Silva Meza y el ponente, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, coincidieron en que la invalidez de la norma tendría efectos sobre la actual integración, pero que esa es competencia de otros poderes, en relación directa a las decisiones que tendría que tomar el Ejecutivo. El artículo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones establece que los comisionados serán designados por el Titular del Ejecutivo Federal y deberán cumplir los siguientes requisitos: ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; mayores de 35 y menor de 75 años, y haberse desempeñado en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas relacionadas sustancialmente con el sector telecomunicaciones. “Los comisionados –señala el artículo– se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos o privados, con excepción de los cargos docentes. Asimismo, estarán impedidos para conocer asuntos en que tengan interés directo o indirecto.” El Ministro Góngora Pimentel fue contundente al formular su voto particular, en que sí se precisan los efectos de Resolución. (p. 82 in fine): “En el caso de las acciones de inconstitucionalidad, la mayoría de los integrantes de este Alto Tribunal, ha estimado que el efecto de la declaración de invalidez que en su caso se haga, únicamente puede consistir en la expulsión de la norma. “Al respecto, no comparto dicha postura, pues considero que actualmente no debe entenderse a los Tribunales encargados del control de la constitucionalidad de las normas, como un legislador negativo… “En consecuencia, estimo que al emitir las resoluciones, en cada caso deben analizarse las circunstancias que se presenten, con base en las cuales se pueda determinar la necesidad o conveniencia para la fijación de efectos. 36
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“Como consecuencia de lo anterior, y con la finalidad de no generar vacíos con la expulsión de ciertos preceptos que fueron declarados inconstitucionales por esta Suprema Corte, era necesario fijar efectos respecto de algunos temas, los cuales enseguida señalo...” Con ello, el Ministro Góngora señala, en relación a la invalidez del último párrafo del artículo 9-C, el siguiente efecto: “En estrecha vinculación con lo señalado respecto de la invalidez del último párrafo del artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones, los efectos deben tener como consecuencia el dejar insubsistentes los nombramientos realizados, para que vuelva a llevarse a cabo el procedimiento de nombramiento.” (p. 85)
Los comisionados de Cofetel dejan de tener tal carácter No se descarta que los actuales comisionados puedan alegar que se están teniendo efectos retroactivos, lo que el mismo Góngora aclara: (pp.83 y 84): “Con esto no se darían efectos retroactivos a la sentencia, pues los actos que hubiere llevado a cabo la actual integración de la Comisión Federal de Telecomunicaciones quedarían intocados.” “En las sesiones se planteó la preocupación de que el nombramiento es un acto de carácter instantáneo y que la consecuencia de dicho acto es el ejercicio del cargo, mismo que sí es de tracto sucesivo. Considero que tanto el nombramiento como el ejercicio del cargo, si bien son actos, constituyen la concretización del mandato del artículo segundo invalidado, por lo que pueden también ser objeto de fijación de efectos con motivo de la inconstitucionalidad decretada por este Tribunal. “Me parece claro que la invalidación del nombramiento en los términos propuestos no implica dotar de efectos retroactivos a la sentencia, sino impedir que se sigan produciendo a futuro los efectos de la norma inconstitucional, lo cual no está prohibido por la Constitución Federal y es la única forma, en que puede prepararse la contravención a nuestra Norma Fundamental.” Además, lo señalado por el Ministro Góngora coincide con el criterio de la SCJN que se expresa en la Jurisprudencia 32/2006 que indica que a declarar la invalidez de una norma general: “…deberán extender sus efectos a todas aquéllas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada, sean de igual o menor jerarquía que la combatida, si regulan o se relacionan directamente con algún aspecto previsto en ésta, aún cuando no hayan sido impugnadas…” Los efectos de la declaratoria de invalidez constitucional se extienden pues hacia los actos que deriven directamente del artículo inválido, tal y como lo ha señalado la SCJN en la Jurisprudencia 32/2006 y en el voto particular del Ministro Góngora, por lo que si se decretó la invalidez del artículo 9-C, la misma suerte siguen los nombramientos de los comisionados en funciones. De todos, no sólo de los que existe sentencia de amparo. Lo actuado por los comisionados en funciones hasta la publicación de la Resolución en el Diario Oficial sigue teniendo plena validez jurídica. Desde el martes 21 de agosto pasado, los comisionados en funciones de la Cofetel dejan de tener tal carácter ipso iure, como consecuencia directa e inmediata de la declaratoria de invalidez constitucional del artículo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Sí hay gobierno, habrá nueva Cofetel y nueva política digital. Esos son los efectos. javiercorral_99@yahoo.com
En seis meses reformas a la Ley Televisa Nelly Olivos
A
ntes de seis meses, el Grupo de Trabajo de la Cámara de Senadores, encargado de revisar la legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, deberá presentar, al pleno del Senado de la República, una iniciativa de modificaciones al marco legal que rige las telecomunicaciones y la radiodifusión. “Estimamos que en el primer periodo ordinario de las sesiones del segundo año legislativo podríamos terminar con la elaboración de los proyectos correspondientes”, dijo el senador del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Sotelo García y agregó que México debe contar con una ley de medios acorde con las necesidades de todos los sectores de la población. Sotelo García, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, dio a conocer, en conjunto con Ángel Aguirre Heladio, del Partido de Revolucionario Institucional, el programa de trabajo para elaborar esa iniciativa que modificará las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones. El Grupo de Trabajo, constituido por diez senadores de todos los partidos políticos, además de los presidentes de las Comisiones de Radio y Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, y los coordinadores de los grupos parlamentarios, legislarán sobre los preceptos contenidos en
la resolución de la SCJN, en la declaración de inconstitucionalidad (emitida el 7 de junio de este año). Los puntos a estudiar son el nombramiento de las comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel); la opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia (CFC) para el otorgamiento de concesiones en materia de radio y televisión; los mecanismos, criterios y procedimientos de licitación para el otorgamiento y refrendo de las concesiones de radiodifusión; el plazo de duración de las concesiones de radio y televisión; la prestación de servicios adicionales de telecomunicaciones por los concesionarios de bandas de frecuencias atribuidas a la radiodifusión; y las facultades discrecionales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de otorgamiento de permisos de radiodifusión. Además, se acordó incluir otros temas generales: convergencia tecnológica y modernización de las estaciones de radio; reglamentación de medios públicos; régimen administrativo de concesiones, permisos y autorizaciones; derechos de la audiencia y de los consumidores; contenidos programáticos (obligación de radiodifusoras abiertas y restringidas de llevar contenidos de manera no discriminatoria, otorgar el derecho de réplica, espacios para producción independiente y criterios para clasificación de horarios, entre otros); competencia efectiva y libre concurrencia; modernización y convergencia tecnológica y de servicios; actualización del sistema de sanciones y multas; establecimiento de condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación; y radios comunitarias. La metodología propuesta por el grupo de trabajo
Alejandro Zapata, Carlos Sotelo y Jorge Salgado en conferencia de prensa. Foto: Nelly Olivos
del Senado estipula que se sesionará los días miércoles. A dichas reuniones podrá concurrir quien tenga interés en el tema, y serán transmitidas por el Canal del Congreso, además de que las minutas de cada sesión, ponencias que se presenten, propuestas y demás documentos que se reciban estarán disponibles en página web de Senado de la República (www.senado. gob.mx), y se ofrecerán las versiones estenográficas. El legislador Sotelo García hizo una invitación a organizaciones civiles, autoridades y a expertos en el tema para que presenten sus propuestas para ambas leyes. Entre los principios rectores que deben caracterizar las propuestas, deliberaciones, discusiones y posicionamientos de los participantes, destacan la libertad de expresión, el derecho a la información, la función social de la radiodifusión, el impedimento a la formación de monopolios y dominio del Estado sobre el espacio radioeléctrico, entre otros; es decir, todos los puntos señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia de inconstitucionalidad dada a conocer al Senado el pasado 10 de agosto. El programa de trabajo resulta interesante ante la expectativa de que ahora sí, el país cuente con una legislación que beneficie a la nación y a todos sus sectores, muy distinta a la llamada Ley Televisa. Sin embargo, el historial legislativo y profesional de algunos senadores podría contribuir a que ese deseo enfrente obstáculos. Por ejemplo, entre los diez senadores miembros del Grupo de Trabajo, se encuentran el llamado Senador-Televisa, Javier Orozco Gómez, del Partido Verde, un abogado ex empleado de esa empresa; Pablo Gómez, quien en su momento en la Cámara de Diputados aprobó la Ley Televisa, además de otros legisladores del PAN y del PRI quienes no han destacado como gente conocedora en temas tan relevantes para el país.
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Caso Canal 40... Calderón, igual que Fox: Ciro Gómez Leyva Carlos Padilla y Norberto Hernández
A siete años del inicio de diversos litigios entre Televisora del Valle de México y Televisión Azteca, cuatro de la toma del cerro del Chiquihuite y con la operación de facto que ésta última inició con Proyecto 40, hace más de año y medio, Ciro Gómez Leyva, ex director de CNI, habló con Zócalo respecto a la situación de la emisora.
–Independientemente de las resoluciones judiciales, ¿qué desenlace prevés en relación con el caso de Canal 40? –Tristemente, hoy sólo veo dos posibles salidas a la crisis. Una, que con argucias y corruptelas judiciales, TV Azteca mantenga por años la ocupación, el robo de la señal del Canal 40. La otra, que Javier Moreno Valle, forzado por las circunstancias, acepte venderle el canal a TV Azteca. Lo que Azteca nunca tendrá, porque no puede tenerlo, es un triunfo judicial que lo reconozca como legítimo detentador de la señal del 40. –Televisión Azteca está operando el Canal 40 ilegalmente, ¿qué esperarías del gobierno federal para que regrese la señal a Javier Moreno Valle, su concesionario lícito? –No espero nada del gobierno federal. No veo por qué Felipe Calderón se metería en un pleito con alguien tan poderoso como Ricardo Salinas Pliego por el Canal 40. No debe ser una de sus preocupaciones. Mientras no haya ruido, el gobierno de Calderón hará como que no sabe, no ve, no oye. Y si lo hay, creo que terminará haciendo lo mismo que el de Fox: ponerse del lado del poderoso. –El gobierno de Vicente Fox fue parcial en el conflicto TV AztecaCanal 40. Aunque no se pediría que el Ejecutivo se involucre en litigios entre 38
particulares, ¿percibes en cambio de actitud de las actuales autoridades de la SCT? –Tampoco veo el menor interés del secretario Luis Téllez por resolver el asunto. No es un sirviente corrupto de TV Azteca, como lo fueron el anterior secretario, Pedro Cerisola, y el subsecretario, Jorge Álvarez Hoth (hoy reconvertido en un “articulista honorable”, incluso en las páginas de Proceso), pero no veo que pueda, ni quiera, hacer nada al respecto. –¿Consideras que lo ocurrido a Canal 40 es el precio por hacer una televisión diferente en México? –Lo dije hace dos años, lo repito hoy: no. El gobierno de Fox le hizo un favor a su aliado Ricardo Salinas al ayudarle a resolver su pleito personal con Javier Moreno Valle por el Canal 40. La deshonestidad del gobierno estribó en su parcialidad, en su dolo, en entregarle puestos directivos a funcionarios de tercer nivel de Azteca para que, entre otras cosas, asfixiaran al 40. Si de paso salía del aire una señal medio incómoda, era algo marginal, una propina. –Tu cercanía con Javier Moreno Valle te permite ponderar sus aciertos y sus errores. ¿Qué dirías respecto a ambos y cuáles pesaron más? –Dos veces critiqué la gestión administrativa de Moreno Valle: cuando el Chiquihuite y al estallar la huelga. TV Azteca y las plumas de TV Azteca lo aprovecharon para tergiversar mis palabras. Así es que, mientras siga el pleito, no lo vuelvo a hacer. Y por supuesto que pondero mucho más los aciertos y virtudes, profesionales y humanas, de Javier, que sus errores. –A dos años de haber interrumpido transmisiones Canal 40, el vacío que dejó el noticiario de CNI, no ha sido llenado. La propuesta informativa de
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ustedes fue distinta. ¿qué opinas de los noticiarios que hoy se transmiten en televisión?, ¿cuál es su mejor oferta?, ¿qué les falta? – S o y productor, trabajo en la línea de producción de i n f o r m a c i ó n : Ciro Gómez. Foto: Germán Romero en radio, prensa Cuartoscuro escrita y un poco aún en televisión. No me toca, por tanto, hacer la crítica pública ni de mi trabajo, ni de nuestro trabajo ni el de mis colegas. Que de eso se encarguen los críticos. –¿Estarías dispuesto a ponderar la posibilidad de conducir un noticiero para Televisa? Si así fuera ¿cuáles serían tus condiciones? Hace poco inició transmisiones el noticiero de Canal 28, ¿recibiste oferta alguna para conducir alguno de sus espacios informativos? –Siempre he ponderado las ofertas serias de trabajo. No soy de los que llega a una cita poniendo condiciones. Escucho, pregunto y tomo mi decisión. Así lo hice, y acerté, en El Financiero, Reforma, CNI 40, Milenio y Radio Fórmula. Sobre Televisa, año y medio después estoy más que satisfecho y contento de haber aceptado la invitación de Leopoldo Gómez y Bernardo Gómez para participar en “Tercer Grado”. “Tercer Grado” fue el programa esencial de debate del 2006: el que confrontó a los personajes, desató las pasiones, el que vio la gente. Ha sido un lujo trabajar con Leopoldo, Joaquín, Loret y Adela, reencontrarme con Denisse y Víctor y seguir disfrutando a Marín. Sobre el 28: no recibí ninguna invitación.
La justicia llega... tarde, pero llega: Javier Quijano Carlos Padilla RíOS
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a resolución de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del D.F., en que se legitima a Televisión Azteca para ejercer los derechos sobre la operación del 40, es una maniobra para que subsista el funcionamiento del denominado Proyecto 40, afirmó Javier Quijano, abogado de Javier Moreno Valle, concesionario de Canal 40 y accionista mayoritario de Televisora del Valle de México (TVM). Explicó que TV Azteca apeló a la sentencia definitiva del juzgado 44º y el recurso se turnó a la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, resultaba evidente que TV Azteca perdería, este juicio y presentó un escrito, pidiendo al juez 44º Civil que se excusara de seguir conociendo, con el absurdo argumento de que, al dictar sentencia en el juicio de nulidad de la convocatoria, se había pronunciado en relación con la forma como resolvería este juicio. El juez referido afirmó que era improcedente la petición de TV Azteca, porque resolver un juicio no implicaba que se pronunciara sobre la litis de otro, aun y cuando el tema a resolver fuera similar. Después de esa resolución, TV Azteca presentó un escrito en que insultaba abiertamente al juez 44 de lo Civil, y lo acusaba de tener intereses con TVM. Ante ese escrito, a pesar de que el juicio ya estaba citado para dictar sentencia, el juez manifestó que los insultos le causaban rencor y lo hacían parcial, por lo que se declaró impedido para conocer del juicio y ordenó remitirlo a otro juzgado. La evidente maniobra de TV Azteca, considera Quijano, tuvo como finalidad postergar la resolución del juicio de nulidad y oposición a la asamblea de 12 de septiembre de 2005, para lograr que subsista la suspensión en que sigue sustentando la operación ilegal del Canal 40. El 13 de julio pasado, la Cuarta Sala publicó la sentencia definitiva del toca de apelación 1608/2005/12, en que revocó la sentencia de primera instancia y decretó que TV Azteca sí puede demandar la nulidad de la convocatoria hecha por Moreno Valle para la celebración de la asamblea de accionistas de TVM. Esta resolución de segunda instancia es considerada ilegal por TVM y será impugnada, en amparo directo. –¿Cómo está la situación del conflicto con TV Azteca, después de la sentencia?
–Cuando confirmemos que no tienen ningún derecho, al final del proceso tendrán que rendirnos cuentas de una usurpación, que se va a traducir en una condena. El juicio es muy fuerte y TVM recuperará la pérdida de la administración de Canal 40 y podrá ponerlo al aire, en los términos que lo tenía CNI, que es la operadora legítima de Canal 40. –¿Hay otros juicios pendientes de resolución? –Sí, todos están relacionados con las convocatorias y asambleas celebradas por ellos y por nosotros. Hay cuatro juicios más en distintos niveles, en primera instancia, unos en apelación, otros en amparos, en suspensión, es decir, hay una vorágine de pleitos, pero afortunadamente se van ya desglosando, se va abriendo el panorama, las aguas están volviendo a su cauce y debemos tener paciencia, la justicia llega, aunque tarde, pero llega. Sobre el pleito entre TVM y Televisión Azteca, Quijano afirma que “el antecedente es interminable pero es importante recordar que, desde el 27 diciembre de 2002, de madrugada, Televisión Azteca, mandó un grupo parapoliciaco al cerro del Chiquihuite, fusil en mano, y con pasamontañas” y que por tales hechos “jamás tocaron al señor Ricardo Salinas Pliego. El juez 44, recordó Quijano, emitió una sentencia definitiva, según la cual TV Azteca no tiene derecho sobre los accionistas de Televisora del Valle de México, concesionaria del Canal 40, lo cual “obviamente, dio un vuelco al conflicto, porque establece, por primera vez en juicio de sentencia final, el hecho de que Televisión Azteca no es accionista de TVM y no tiene ningún derecho como tal. Esto determina que todas las convocatorias y asambleas que ellos han celebrado, como si fueran accionistas de la concesionaria, tendrán que declararse nulas en los otros juicios que hay en el propio juzgado 44. “Nosotros siempre lo dijimos: TV Azteca simplemente es una acreedora, que tiene en su poder unas acciones emitidas por TVM en prenda, como acreedor prendario de Javier Moreno Valle, y en consecuencia no puede pedir que se convoque a asamblea, ni ejercer ningún derecho que corresponda a la calidad de accionista. Eso es lo que finalmente, después de tantos años, y litigios, empieza a aclararse, para poner a cada quien en su lugar”. Eso, dice Quijano, demuestra que las transmisiones que está haciendo TV Azteca son ilegales, piratas, como ya lo ha acreditado Miguel Ángel Granados Chapa en el periódico Reforma. Es increíble que en México sucedan estas cosas, que alguien pueda piratearse una estación de televisión. Se combate a los piratas que falsifican o duplican discos y libros, pero hoy, efectivamente, se hace en una estación de televisión.
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Transparencia Hidalgo y Tabasco: deficientes leyes de transparencia Miriam A. Robles
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on la aprobación de las leyes en materia de transparencia de los estados de Hidalgo y Tabasco, aparentemente se cerró el círculo respecto a las legislaciones en derecho a la información en México, ya que ahora que ya existe una ley federal y 32 leyes estatales, pero la primera está lejos de los estándares mínimos en la materia, según Libertad de Información México (LIMAC) y la segunda fue impuesta por el entonces gobernador, Manuel Andrade Díaz, de acuerdo con el planteamiento de organizaciones sociales tabasqueñas. Con base en el planteamiento de LIMAC –institución que preside el doctor Ernesto Villanueva y coordina la maestra Perla Gómez Gallardo, ambos especialistas en derecho a la información–, la legislación hidalguense, que no cumple con los estándares nacionales en su clase, se ubicó en el lugar número 23 de la evaluación, elaborada con criterios lógicojurídicos, que practicó la organización a las normas de las 32 entidades de la República. La maestra Gómez Gallardo lamentó que el gobierno y diputados locales de Hidalgo hayan tardado siete años para integrar y aprobar una ley de transparencia local y que ésta haya resultado deficiente, más aún, con el deplorable complemento de que entrará en funciones justo un año y medio después de su aprobación, el 15 de junio de 2008. Entre otras carencias de la ley hidalguense, está la indefinición en las obligaciones básicas como en el caso de la información pública de oficio, –información disponible al público sin necesidad de una solicitud– que se ubica en el artículo 22, en el cual se enlistan XXI fracciones que describen la información que se debe de proporcionar, de modo similar a como se hace en la Ley
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Federal, sin embargo, no se señala el tiempo de actualización de dicha información. Por otra parte, el lapso para responder a una solicitud de información se señala en los artículos 66 y 67. Según el primero se éstos, a la Unidad de Información Pública Gubernamental le corresponde “hacer las notificaciones a que haya lugar, así como comunicar por escrito al solicitante dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, si se ha localizado o no la información”. El último supuesto obra, evidentemente, en contra del solicitante. Respecto al 67, se establece que a partir “de que se notifique la ubicación de la información solicitada, la Unidad de Información Pública Gubernamental dispondrá de un plazo de quince días hábiles para entregar la información requerida, que podrán prorrogarse en forma excepcional por otros diez días hábiles. En este caso, la unidad deberá informar antes del primer vencimiento las razones de la prórroga y notificarlo al solicitante. En ningún caso el plazo de entrega podrá exceder de treinta días hábiles”, lo que quiere decir que la entrega de la información puede demorar más de un mes con la consecuente pérdida de tiempo para el ciudadano que hace el requerimiento. Las anteriores son únicamente algunas de las muestras del por qué, en esta investigación, contenida en el libro Indicadores legales: Derecho a la Información Pública en México 2007, se establece que Hidalgo obtuvo 5.85 de calificación potencial y 5.34 real en la evaluación. Eso significa que esta legislación no alcanzó a aprobar exitosamente las 17 categorías obtenidas de los estándares democráticos internacionales y de la aportación mexicana en el rubro de la transparencia y acceso a la información.
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Las categorías que utilizó LIMAC en su análisis fueron, entre otras: sujetos obligados, definiciones, interpretación, información de oficio, máxima publicidad, prueba de daño, gratuidad de la información, periodo de reserva, formas de solicitud de acceso a la información, protección de datos personales, afirmativa ficta, vías de impugnación, formas de control de la ley.
Caso Tabasco La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco fue publicada en el Periódico Oficial del estado el 10 de febrero de este año y fue impugnada por la organización México Abierto, la cual publicó, en su página web, un boletín en que hace referencia a que a partir del 28 de Diciembre de 2006, día en que la Cámara de Diputados tabasqueña aprobó la legislación, “el pueblo de Tabasco fue objeto de la imposición por parte del entonces gobernador Manuel Andrade Díaz, a través de los miembros de la LVIII Legislatura”. Según el texto, el Congreso local únicamente “tomó en cuenta intereses personales y partidistas, no así los
Ernesto Villanueva, presidente de LIMAC. Foto: UNAM
intereses de la ciudadanía. Los diputados de esa legislatura comprobaron que siempre fueron servidores del Ejecutivo ya que sólo atendieron y cumplieron sus órdenes (se refieren al gobernador) al aprobar una ley simulada para cumplir con el requisito de que Tabasco era el único Estado, en ese momento, que no tenía una ley en esta materia”. El espíritu de esta Ley, agrega México Abierto, debió haber sido “el de brindar transparencia, acceso a la información y la rendición de cuentas, porque la opacidad en las políticas públicas y aplicación de los recursos ocasiona muchas veces una mala administración y distribución de dichos recursos, generando discrecionalidad en su manejo y en consecuencia corrupción en los funcionarios, que se traduce en pobreza y retraso en el desarrollo social y político de Tabasco”. Como ejemplo de lo anterior, la organización menciona que, en el artículo 20 de esta ley se le otorga la facultad al Ejecutivo del estado para designar tres ternas al Congreso, entre las cuales el Legislativo debe elegir a los consejeros que serán los que apliquen la ley. “Las organizaciones civiles que participamos en este proceso –refiere la agrupación– creemos que es una facultad indebida, toda vez que esto le restará autonomía a quienes integren el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información, situación que fue denunciada desde antes de su aprobación”. Además de esta manifestación, el periódico La verdad del Sureste aseveró que los poderes
Transparencia en la información judicial en Argentina Miguel Julio Rodríguez Villafañe*
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La Ley de Transparencia de Tabasco fue impuesta por el gobernador de Tabasco, Manuel Andrade, acusa México Abierto. Foto: Wikimedia
ejecutivo y legislativo no le han cumplido a Tabasco en cuanto a la transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Cita al respecto a cinco organizaciones civiles de la entidad: la Asociación Ecológica Santo Tomás, el Comité de Derechos Humanos de Tabasco, el Movimiento Agrario Indígena Zapatista-Tabasco, el Consejo Ciudadano por el Agua y Voces de la Tierra. Las agrupaciones, en un comunicado de prensa enviado al diario, exhortan a los poderes, “a ponerse al día” en esta materia, debido a que hasta el momento, afirman, el Ejecutivo no ha emitido el reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y el poder legislativo no ha aprobado la reforma al artículo sexto constitucional. A pesar de ese retraso, señala la nota, “la maquinaria a favor de la transparencia y el acceso a la información sigue caminando nivel nacional, excepto en Tabasco”. El Ejecutivo del estado debió emitir el reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el 10 de mayo del 2007, y es hora en que aún no lo integra, “demostrando con esto el poco interés que tiene con la transparencia y el acceso a la información”, ya que la demora atrasará los ajustes que las dependencias estatales y municipales deben hacer para dar cumplimiento a la misma. El perjudicado final, concluyen, será la ciudadanía. Cabe mencionar que las personas podrán ejercer el derecho de acceso a la información un año después de la entrada en vigor de dicha ley, es decir, hasta el 11 de febrero de 2008.
os ciudadanos tienen el derecho de solicitar y recibir la información pública de una manera completa, veraz, adecuada y oportuna. Todos los ámbitos del poder político estatal deben dar a publicidad sus actos. Ello es esencial a la transparencia , cuanto más en este momento, en el que la sociedad percibe hechos de corrupción graves en el Estado. El dar a conocer el accionar estatal y permitir el acceso a saber de lo público ayuda al control de las actividades de los gobernantes en turno y es el mejor antídoto a cualquier acto de descomposición en la tarea de gobernar. Colabora también, a reanudar la confianza en una democracia representativa en crisis. Pero hay que tener a la vista siempre que la medida de la debida tutela y eficacia democrática del ejercicio del derecho humano al acceso a la información pública, la da el nivel de poder que adquieren los más débiles del sistema para participar, defender sus derechos y controlar al poder, ya que los poderosos han podido hacerlo siempre, al obtener la información de lo público, por sistemas formales o informales, aunque de modos más costosos y a veces, menos confiables. La información a brindar por el Estado, toma un matiz especial en lo que respecta al Poder Judicial. La misma hace, en gran medida, a la médula del peso moral fundamental que debe tener dicho poder para la credibilidad en su accionar. Los jueces logran su autoridad en la medida que el pueblo pueda ver su sometimiento a la ley, conducta ética, contracción a la función, transparencia de gestión, independencia de otros poderes, formación técnica y prontitud en las resoluciones. Los magistrados representan la cara del Estado ante el ciudadano con nombre propio. Ellos son los que tienen, desde el poder que ejercen en los casos concretos, la trascendente función de decidir respecto del honor, la libertad y los bienes de las
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personas. Puede haber leyes, pero son los magistrados los que, en cada juicio específico, las interpretan y resuelven, otorgando premios y castigos, porque no es lo mismo una ley dictada que una ley aplicada. La primera no rompe necesariamente las estructuras delictivas y de corrupción, mientras que la segunda sí. Por eso la información de los actos del Poder Judicial es un tema de especial preocupación individual y social. Asimismo, en el ámbito judicial es donde, al brindar información, hay que asegurar los recaudos esenciales para una adecuada administración de justicia y equilibrar el requerimiento social de conocer, con los derechos a garantizar a cada ciudadano sometido al accionar jurisdiccional, como por ejemplo, el derecho a la intimidad. No se puede comprender al Poder Judicial si no se sabe lo que hace, cómo lo hace y los inconvenientes que afronta para llevar adelante la función que le es propia. Por ello la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial, organizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, al constituirse –el 29 de septiembre de 2006– como primera medida dispuso que, anualmente, se haga conocer y se publique un informe general de la situación de los poderes judiciales del país, en cuanto a la vigencia de las condiciones de independencia. También, en clara conciencia de la necesidad de abrir las puertas del Poder Judicial, reunidas todas las estructuras representativas del Poder Judicial de Argentina, en Santa Fe, en el año 2006, establecieron que era de particular importancia “la difusión de las decisiones judiciales con el objeto de permitir a la comunidad una comprensión más acabada del quehacer judicial”. Para ello determinaron que se “fomentará la formación de un cuerpo de profesionales en comunicación, a fin de colaborar y asistir a los magistrados en las tareas de difusión e información que estimen correspondientes”. Lo antes referido debe mejorar el conocimiento del accionar judicial y facilitar, especialmente, la fundamental tarea del periodismo. Mas hay que tener presente que no toda información judicial es noticia que pueda interesar difundir a los medios de difusión, ni toda noticia difundida por lo medios de difusión, refleja información que tenga importancia o trascendencia, para el análisis o comprensión de decisiones judiciales, por lo que las nuevas ópticas del tema implican, también, la necesidad que la información se brinde con la tecnología que permita acceder a la misma a la mayor cantidad de personas, con la máxima velocidad y a través de diversos canales. En esto último Internet está cumpliendo un papel revolucionario. Pero para optimizar el acceso a la información de los tribunales hay que tecnificar al Poder Judicial, de manera integral y unificando criterios en la materia. En Argentina hay mucha disparidad en la infraestructura de funcionamiento de los tribunales. Existen juzgados en los que gran parte de la tarea se realiza escribiendo a mano. Tribunales en los que la tecnología central es la máquina de escribir tradicional y otros, en los que hay computadoras, acceso a Internet y expedientes con códigos de barra, cuyo trámite se puede seguir por la Web. Con tanta diversidad de modos tecnológicos de funcionar no es fácil unificar el acceso a la información judicial, de manera compatible e igualitaria. El esfuerzo para superar inconvenientes es necesario hacerlo y pronto, porque sólo una sociedad debidamente informada sobre la tarea del Poder Judicial puede sumarse, integralmente, al acto de otorgar a cada uno lo que le corresponde. La justicia es un valor a lograr entre todos. miguelrodriguezvilla@arnet.com.ar *Abogado constitucionalista, Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación (AIDIC)
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Ángeles Medina González
Una computadora… ¿por niño? Las nuevas tecnologías se han convertido en un elemento fundamental para el desarrollo de toda sociedad. Los gobiernos invierten recursos en infraestructura. Se crean sistemas y redes, se habla de la introducción a una sociedad de la información y el conocimiento pero... ¿Y los niños?, ¿la educación?, ¿la brecha digital?
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asta ahora, las autoridades del gobierno mexicano han demostrado interés por acercar las nuevas tecnologías a las y los niños que viven en zonas urbanas, rurales o indígenas, pero es importante preguntarnos dónde han quedado estos esfuerzos, quizá la respuesta la encontramos en el reciente fracaso del programa Enciclomedia, un proyecto noble, cuyo propósito era dotar a las escuelas de nuevas tecnologías para modernizar el aprendizaje. La idea es sugerente: socializar el uso de las nuevas tecnologías a través del sistema de educación básica, y disminuir así la brecha tecnológica que existe entre pobres y ricos. Los esfuerzos por insertar estas tecnologías en el sistema educativo no terminan ahí. El gobierno federal, en coordinación con la empresa Intel, ha puesto en marcha un nuevo programa piloto para llevar a niños de primaria las herramientas tecnológicas que necesitan para mejorar su aprendizaje. El plan, denominado World Ahead consiste en equipar a infantes en edad escolar con una Classmate PC, una pequeña computadora, que además de económica, cuenta con las funciones
La Classmate PC, modelo que pretenden utilizar. (Foto: Google)
básicas y es resistente a caídas y derrame de líquidos. Ese tipo de proyectos ya son una realidad en países como Brasil y Nigeria, se está aplicando en nuestro país, a manera de piloto, en estados como Chihuahua, Nuevo León, Chiapas, Veracruz y Durango, Estado de México y Distrito Federal. En este último, el presidente del consejo de administración de Intel, Craig R. Barret, entregó 105 computadoras solidarias en el municipio de Malinalco, en el primer trimestre del año. El equipo no requiere de energía eléctrica, funciona a partir de un mecanismo de cuerda; tiene acceso a Internet inalámbrico, lo cual facilita su uso en los lugares más recónditos del país y, su costo podría ser alrededor de unos 400 dólares (cerca de cuatro mil 200 pesos), los cuales aún no se define si serían cubiertos por el gobierno o los estudiantes. Esto se determinará una vez que el programa se ponga en marcha oficialmente. World Ahead, implica también la capacitación a maestros para el uso de la computadora Classmate. El entrenamiento se está llevando a cabo en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Es necesario considerar qué tan viable es este proyecto en México, tomando en cuenta que sólo 20 por ciento de la población tiene acceso a las nuevas tecnologías de comunicación e información. Para responder esta pregunta habrá que esperar los primeros resultados de la aplicación del programa. Sin embargo, no está de más hablar de las características que, de acuerdo con algunos especialistas, deben considerarse para garantizar la viabilidad del programa. Miguel Ángel Pérez Álvarez, vicerrector del Claustro de Sor Juana e integrante de la Comunidad Virtual Mística, señala que la inserción de las nuevas tecnologías en el sistema educativo mexicano no es un tema tecnológico, sino un tópico que lleva implícita la necesidad urgente de modificar los procesos educativos. “La introducción de nuevas tecnologías en las escuelas, si no está mediada por la pregunta ‘¿cómo contribuyo a que las y los niños construyan conocimiento y desarrollen habilidades?’, está condenada al fracaso. Para lograr su viabilidad se requiere de una reforma educativa que oriente los procesos escolares a la construcción del
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Es necesario considerar qué tan viable es este proyecto en México, tomando en cuenta que sólo 20 por ciento de la población tiene acceso a las nuevas tecnologías de comunicación e información. Para responder esta pregunta habrá que esperar los primeros resultados de la aplicación del programa. conocimiento y no sólo a la recepción de información, puesto que un pueblo que no construye conocimiento y que sólo es educado para consumir información no puede transitar hacia la sociedad del conocimiento”.
Una computadora por niño Uno de los antecedentes que existen en los esfuerzos por socializar el uso de las nuevas tecnologías a través de los sistemas educativos en países en desarrollo es el proyecto que presentó Nicholas Negroponte, investigador del Laboratorio de Medios de Comunicación del Instituto Tecnológico de Massachussets, en 2004, en Davos, Suiza. La propuesta, denominada “Una computadora por niño”, consiste en llevar una lap top a los y las infantes de los países más pobres. Su costo sería de alrededor de cien dólares. Al momento de la presentación de esta tecnología, el gobierno mexicano mostró su interés por entrar al programa de computadoras portátiles de bajo costo. Sin embargo, el proyecto a manera de piloto, en diversos estados de la República, es el de Intel, no el de Negroponte. Para Miguel Ángel Pérez Álvarez, la diferencia que existe entre ambos proyectos radica en el enfoque educativo, ya que mientras el primero prevé toda una plataforma pedagógica y de capacitación, en el segundo prevalece el enfoque tecnológico y no se sustenta la parte epistemológica, filosófica y pedagógica del proyecto. En ese sentido, Mercedes Charles, directora editorial de Soluciones de Comunicación S. C., comenta: “Dar accesibilidad a la computación es una gran ventaja, pero no es la solución”, y advierte que “para garantizar la inserción de las nuevas tecnologías al sistema educativo mexicano se requiere de un nuevo modelo pedagógico que permita la construcción de nuevas formas de percepción y nuevas maneras de acercarse al conocimiento”. No sólo se trata, dice, de repartir las computadoras, sino tambièn de transformar la concepción educativa. “Para convertir estos aparatos en generadores de procesos educativos
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Relación estrecha entre niños y computadoras. (Foto: Amanda de la Iglesia / Cuartoscuro)
se necesita capacitación y una verdadera revolución formativa. Mientras no haya eso, el proyecto estará condenado al fracaso porque la computadora en sí misma no genera procesos educativos, es el sujeto el que los genera”.
La dimensión del reto Así como ella, Norma del Río, investigadora de Programas de la Infancia de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Campus Xochimilco, e integrante de la Red Latinoamericana y del Caribe, manifestó que para implementar un proyecto con los alcances que pretende el programa de Intel, World Ahead, no sólo se debe considerar el reparto de computadoras, sino contar con una infraestructura técnica de mantenimiento itinerante o continuo; capacitación a docentes, además de que, dijo, su implementación deberá priorizarse en los sectores de difícil acceso para así contribuir en la reducción de la brecha tecnológica que existe en nuestro país. Como lo expresaron los especialistas, mientras no se concrete una reforma educativa que convierta a la infancia en
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constructora de conocimiento en vez de receptora de información. En tanto no prevalezca el sustento educativo y de capacitación docente sobre el sustento tecnológico, y mientras quienes toman las decisiones en política educativa sigan rigiéndose por la visión tecnocéntrica y de impacto político, los esfuerzos para insertar las nuevas tecnologías al sistema educativo fracasarán, y con ello las nuevas generaciones perderán la oportunidad de tener acceso a la cultura, al conocimiento, y a la información, pero sobre todo a retos intelectuales que los conviertan en personas que piensan y desarrollan conocimiento nuevo. Esto confirma la dimensión del reto que tiene frente a sí el gobierno mexicano y que va más allá de los números, de la cantidad de niños que reciban las computadoras. Una reforma educativa se vislumbra como un proceso difícil, pero sobre todo largo. Mientras tanto, habrá que seguirle el rastro a la aplicación del programa World Ahead, de Intel, y esperar que este proyecto no fracase, para contribuir a reducir la brecha tecnológica que existe entre pobres y ricos.
José Luis Durán King
Las cartas terminales del Zodiaco
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l 1 de agosto de 1969, las redacciones de los diarios Vallejo Times-Herald, San Francisco Chronicle y San Francisco Examiner recibieron una carta de 408 caracteres. El contenido era idéntico en los tres casos y la persona que las había enviado exigía que las misivas fueran publicadas o, en caso contrario, moriría una docena de personas durante el fin de semana siguiente. Los periódicos referidos publicaron las cartas, no tanto por la amenaza del remitente, sino porque ésta era, en esos momentos, noticia de primera plana. Se trataba, nada más ni nada menos que, del Zodiaco, un asesino elusivo que parecía disfrutar la fama que sus ilícitos le proporcionaban y que, por lo mismo, no ha sido superado, por lo menos en lo que a sus relaciones públicas corresponde, pues ningún otro criminal ha logrado construir un concubinato tan sólido con los medios de comunicación, como lo hizo el delincuente californiano. Tres días después de las primeras cartas, el San Francisco Examiner recibió un nuevo mensaje, con el saludo: “Querido editor, éste es el Zodiaco al habla”. El editor era Chief Stiltz, quien había solicitado más detalles que probaran que el remitente era el Zodiaco. La misiva, que fue descifrada cuatro días después de haber sido recibida, decía: “Me gusta asesinar gente, porque es muy divertido, es más divertido que asesinar en el juego brutal en el bosque (“forrest” en el original) Porque el hombre es el animal (“anamal” en el original) más peligroso de todos, algo que me proporciona la experiencia (“experence” en el original) más emocionante. Es incluso, mejor que llevarte a las rocas a tu chica. La mejor parte es que cuando yo muera renaceré en el paraíso (“paradice” en el original) y todos los que he asesinado se convertirán en mis esclavos. No le daré mi nombre porque usted tratará de frenarme (“sloi” en el original) o detener mi recolección de esclavos para mi vida posterior en Ebeorietemethhpiti (sic)” Hasta la fecha se desconoce qué significa “Ebeorietemethhpiti”.
Publirrelacionistas El Zodiaco inició sus actividades homicidas a finales de los años sesenta del siglo XX. Eligió como centro de operaciones el norte de California y obtuvo su apodo por una serie de cartas extrañas que envió a la prensa, en las cuales incluyó, además del mensaje, cifras y criptogramas para que los especialistas los descifraran. Entre las diferentes tipologías criminales, los asesinos seriales destacan porque una gran parte de ellos ha establecido vínculos muy poderosos con los medios. David Berkowitz, El hijo de Sam, provocó una histeria masiva en el Nueva York de los años setenta, cuando envió una carta al New York Daily News, en la que advertía que su ola de homicidios no se detendría: “Continúo aquí, como un espíritu que merodea la noche, sediento, hambriento”, decía uno de los párrafos de su misiva. Durante varios años después de su aprehensión, ocurrida en 1978, John Wayne Gacy se mostró renuente con la prensa. Para personajes tales como el escritor Truman Capote, resultaba muy interesante conversar con un hombre que había asesinado a 33 jóvenes y adolescentes, en orgías de drogas, sexo y sangre. Pero ya en prisión, Gacy optó por un bajísimo perfil. Sin embargo, cuando el momento de su ejecución se aproximaba, decidió abrir la compuerta y aceptó cuatro charlas Imagen: Google
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con el periodista Charles Nemo, quien después de 20 horas de conversación, arrojó bastante luz, en torno a la intimidad de uno de los mayores predadores de Estados Unidos. El vagabundo tejano Henry Lee Lucas, pese a su analfabetismo, fue un excelente manipulador de los medios. Aunque se desconoce la cifra de muertes que causó –se especula que rebasó la cantidad de 300– en una rueda de prensa, decidió retractarse de las confesiones hechas a la policía, aduciendo que fue torturado para decir lo que ésta quería escuchar. Sus entrevistas con la prensa dieron un giro inesperado al caso, y las investigaciones tuvieron que comenzar desde cero. En 1978, inició una pesadilla bautizada como El bombardero chatarra. En un lapso de 18 años, fallecieron tres personas y 23 más quedaron mutiladas, a causa de pequeñas bombas hechas a mano y recibidas por correo u, ocultas en paquetes de apariencia inofensiva. En 1993, Unabomber, como solía denominarse el asesino, escribió una carta a The New York Times, identificándose como un miembro del grupo anarquista Club de la Libertad. Dos años después apareció, simultáneamente, en The New York Times y The Washington Post, un manuscrito extraordinario de 35 mil palabras intitulado La sociedad industrial y su futuro, en el cual se prometía que cesarían los crímenes del Unabomber. Jefferson Morley, editor de The Washington Post, calificó al manifiesto como “un documento perturbador y romántico, equiparable a la Declaración Port Huron, la cual marcó, en 1962, el nacimiento de la nueva izquierda” en Estados Unidos. Paradójicamente, el documento también guardaba muchas similitudes con Witness, la autobiografía escrita en 1952, por Whittaker Chambers, que dio inicio a la nueva derecha. Ideologías aparte, el manifiesto sirvió para que David Kaczynski, un trabajador social de Schenectady, Nueva York, identificara el lenguaje e ideas de su hermano mayor, Ted. Después de una dolorosa recapacitación, David se puso en contacto con el FBI y Ted Kaczynski, entonces de 53 años, fue arrestado el 3 de abril de 1996, en su cabaña cercana a Lincoln, Montana, culminando así, la época de terror explosivo impuesta por Unabomber. En este breve recuento, no puede dejarse de lado el carisma de Charles Manson, un titiritero de las pasiones humanas que, supo manejar a su antojo a un grupo de jóvenes, para que perpetrara un par de sacrificios masivos, en los que perdieron la vida nueve personas, entre ellas Sharon Tate, la esposa del director de cine Roman Polanski. La cobertura mediática convocada por la personalidad freak de Manson y su llamada familia no ha sido superada.
Relación epistolar No obstante que en sus cartas el Zodiaco adujo haber asesinado a 37 personas, las autoridades le adjudican sólo cinco víctimas, entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. Su radio de acción comprendió los enclaves californianos de Benicia, Vallejo, Lake Berryessa y San Francisco. Después de esa actividad febril, el criminal desapareció de la escena, quizás para siempre. Nunca se supo su identidad y el Departamento de Policía de San Francisco considera la investigación en una fase “inactiva”, un término que, curiosamente, utilizan los vulcanólogos para referirse a 46
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los volcanes, cuya furia puede desencadenarse en cualquier momento. Pese a que las autoridades de San Francisco aseguran que la actividad del Zodiaco comprendió diez meses, sus cartas continuaron llegando a las redacciones, durante varios años más, adjudicándose nuevas víctimas. Por ejemplo, el 29 de enero de 1974, el San Francisco Chronicle recibió una misiva, en la que el asesino afirmaba haber visto la película El exorcista. “Es la mejor comedia satírica que he visto”, decía. Pero su reseña era lo de menos. Lo inquietante era el marcador que apuntó al final del documento: “Yo = 37; SFPD = 0”. Es decir, el criminal daba a entender que llevaba 37 víctimas y que el Departamento de Policía de San Francisco no había resuelto ninguno de los homicidios. El 3 de marzo pasado se dio a conocer que una tarjeta navideña, enviada al San Francisco Chronicle en 1990, fue descubierta en los archivos de ese diario. La caligrafía y el sobre remitían al Zodiaco. El experto forense en documentos, Lloyd Cunningham, declaró apresuradamente que la misiva no era auténtica, es decir, que no correspondía al criminal. El dictamen no convenció a otros especialistas y ésta fue turnada al Departamento de Policía de Vallejo, para continuar con los exámenes, que acrediten o no la presencia de dicho hombre. Es difícil creer que la actividad del Zodiaco terminara abruptamente, como si obedeciera a un ritual de tiempo, sobre todo, cuando la correspondencia con la prensa continuó. Por otro lado, extraña el manejo de las autoridades de San Francisco, pues la huella del asesino y las referencias que hacía de sus acciones abarcan otros años y otras localidades como Presidio Heights, Modesto, Riverside y Lake Tahoe. En julio de 1971, un hombre llamó a la policía aduciendo que tenía sospechas de que uno de sus vecinos era el Zodiaco. Sospechosos había cientos, pero no por eso debía dejarse ningún hilo suelto. Arthur Leigh Allen –diciembre de 1933agosto de 1992– se convirtió en el principal sospechoso. Muchas cosas empataban con la actividad , pero muchas otras no. La diferencia en caligrafía, huellas dactilares y DNA fueron determinantes para que Allen, en caso de haber sido el Zodiaco, se llevara a la tumba los secretos de una época de terror. tempestario@hotmail.com
Ley Televisa: reconocer y rectificar María del Rocío Morgan Franco*
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a resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la acción de inconstitucionalidad por las reformas a las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones es una dura lección para el Poder Legislativo, y quienes lo integramos tendremos que proceder a las rectificaciones necesarias para que éstas armonicen entre sí y ninguna de las dos contravenga más disposiciones señaladas en la Constitución. En el Poder Legislativo deberíamos hacer nuestro propio examen de autocrítica y RECONOCER que, dicha legislación no procuró, en su momento, el resguardo de los intereses del pueblo mexicano. Es sabido que se legisló “al vapor” en esta materia y, que incluso, varios diputados de la LIX Legislatura terminaron por aceptar que no conocían el dictamen que habían votado favorablemente, hasta que el asunto fue irreversible. En la Cámara de Senadores deberían haber reconocido que la minuta enviada por la colegisladora sufrió modificaciones –de forma, si quieren, pero modificaciones al fin– que, por procedimiento legislativo, obligaba que la regresaran a la Cámara de Diputados y tampoco se hizo así, amén de que los senadores que apoyaron las reformas a la Ley, dejaron hablando solos a quienes argumentaban en contra. En el Poder Legislativo, las bancadas, representadas en ambas cámaras, también deberíamos reconocer que no se nos da hacer reformas, o alcanzar acuerdos relacionados con la Reforma del Estado –yo también estoy convencida de que ésta pasa necesariamente por una reforma de medios– en plena época electoral, porque los legisladores, que a fin de cuentas pertenecen a un partido político, quedan sujetos al vaivén político previo a los comicios. ¿Quién se quiere pelear con los medios en plena campaña electoral y quedar a merced del tremendo poder fáctico que tienen, sobre todo, las televisoras, capaces de construir, pero también de destruir, la imagen pública de un político? Véase la desproporcionada embestida que sufrieron en los meses anteriores los ex senadores Javier Corral y Manuel Barttlet, por parte de TV Azteca. Afortunadamente, en este momento, ambos están más allá del bien y del mal, porque ni Bartlett ni Corral son legisladores actualmente, así es que se siguen erigiendo con la suficiente autoridad moral para decirles sus verdades a ciertos consorcios. Esa es la otra gran realidad. Después de RECONOCER habrá que RECTIFICAR y resarcir en la Ley lo que la Corte señale como inconstitucional. Los magistrados no dirán a los legisladores qué cosas
hay que reformar, simplemente dirán cuáles artículos y por qué son inconstitucionales, por lo tanto, quedarán sin efecto, es decir, quedarán igual que antes de la reforma de Abril del 2006. La rectificación correrá a cargo del Poder Legislativo, y esperemos que los legisladores sean lo suficientemente fuertes e íntegros para no dejarse amedrentar por los poderes fácticos de las dos televisoras, pero, sobre todo, que impere en ellos un profundo sentido de Bien Común, para que su trabajo y sus afanes atiendan a los legítimos intereses de los mexicanos. *Diputada Federal
rmorganf@diputadospan.org.mx
Radios Indígenas En Yucatán, radio indígena... comercial Lenin Martell
A la memoria de Silvia Luna Santos, pionera en estudios de radio indígena en México
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adio Yóol lik’(XEMQ-AM 810) es una radiodifusora comercial del grupo RASA que transmite en maya desde Yucatán. Es la única radio comercial en el país cuya programación es en dicha lengua. Uno de los aspectos que llaman más la atención es la forma en que se ha construido el proyecto —sui géneris que no se sabe si llegará a tener éxito, pero cuyos contenidos muestran evidencias de las necesidades que tienen los indígenas mayas para encontrar espacios públicosmediáticos desde donde puedan conversar y reconstruir sus mundos de vida—. Es también un laboratorio que expresa cómo los indígenas se integran a una sociedad mestiza a pesar de las laxas políticas públicas que hay en México en materia indígena. Bernardo Laris Rodríguez, director general de Sistema Rasa en Yucatán, busca que Radio Yóol lik’ se convierta en un proyecto cultural, en donde la programación de la radio sea “un instrumento de dignificación de la lengua maya”. Tres son los colaboradores que producen los contenidos (Leonides Chan, Yazmín Novelo y César Can), quienes son bilingües y profesionales de la comunicación. A diferencia de otras emisoras indígenas o indigenistas del país, este factor le da una visión 48
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diferente a la emisora, pues en la mayoría de los casos, este tipo de radio se ha construido a partir de la improvisación de los productores. En Yóol lik’, por el contrario, se percibe la capacitación profesional de sus hacedores. El proyecto sobresale en particular porque, cuando en México los insumos culturales son escasos para los indígenas, existe un empresario interesado en desarrollar una radio indígena-cultural, desde un modelo comercial. Hay tres razones probables que explican lo anterior: Uno, Bernardo Laris es un empresario con formación multidisciplinaria en comunicación, ingeniería e historia, lo cual le ofrece una visión especial al emprender su negocio. Dos: el proyecto nos da pista sobre la transformación en los hábitos y formas de consumo de los mayas. Tres: la programación de la emisora demuestra que, aun cuando la radio indígena no está fortalecida desde el Estado, es posible darle voz desde el modelo comercial. Esto conlleva, entre otras, a la siguiente interrogante: ¿Cómo los mayas se están insertando en la modernidad? Radio Yóol lik’ sólo se puede comprender dentro del contexto cultural contemporáneo, por un lado, con la reivindicación de los pueblos indígenas tras el levantamiento
zapatista en 1994. Por el otro, por los procesos de recomposición del capital global que motivan la reorganización de los pueblos indígenas a través de nuevos fenómenos sociales, tales como la inmigración. En ello, la radio ha cumplido un papel fundamental como vehículo para fortalecer la identidad de las comunidades. Esto se debe a que, desde la esfera local, las radios han proyectado una visibilidad, a nivel internacional, en otras arenas. El hecho lo demuestran, no sólo radiodifusoras como la yucateca, sino otras en diversas partes de la República: el intercambio de programas, como aquel de “La hora mixteca”, el cual es producido por Radio Bilingüe en Fresno, California, y que se transmite simultáneamente en las estaciones, XEQIN La Voz del Valle, en San Quintín, Baja California; XEGLO La Voz de la Sierra Juárez, en Guelatao de Juárez, Oaxaca; XEJAM La Voz de la Costa Chica, en Santiago Jamiltepec, Oaxaca; XETLA La Voz de la Mixteca, en Tlaxiaco, Oaxaca, entre otras emisoras. El programa es trilingüe: en mixteco y español, y los cortes son en inglés. Su principal objetivo es dar anuncios y mensajes entre la comunidad mixteca que vive en Oaxaca y el estado norteamericano de California.
La anterior explicación de la radio indigenista e indígena nos lleva a postular los siguientes cuestionamientos, cuyas respuestas son imposibles de responder en este espacio, pero que deben ser investigadas en otros periodísticos, académicos y políticos, con el fin de establecer un puente entre el mundo indígena y mestizo: ¿cómo construir un código compartido entre ambas culturas a través de los contenidos programáticos? ¿Cómo enfrentar en la programación las tensiones dialécticas entre el ayer y el hoy? Particularmente, Radio Yóol lik’ puede realizar varias acciones en su programación para responder satisfactoriamente a las anteriores preguntas: difundir información; reforzar la autoestima entre la población; decir a través sus contenidos que no es vergonzoso hablar maya; generar programas para el mejor entendimiento de la inmigración o los impactos de los cambios
ecológicos en la sociedad; promover la cultura maya en otras esferas nacionales e internacionales. Estos ejercicios posiblemente llevarían a reflexionar qué es lo maya hoy en día y cómo se puede construir una programación a partir de ello. Una en la que se promueva la participación de diferentes sectores, como jóvenes o niños. Además de multiplicar los formatos, se trata de diversificar los contenidos. En este proceso se requiere de comunicadores profesionales con un alto compromiso, quienes hablen la lengua maya. Y la buena noticia es que los hay, con mucha energía y dispuestos a elaborar producciones de calidad. De esta forma, entender que la programación es un proceso no lineal es un fuerte reto, pues significa introyectar que la programación está compuesta de metodologías y estrategias que requieren de gran observación, sentido común y discusión, entre otros aspectos.
Si se logra consolidar como proyecto radiofónico, Radio Yóol lik’, además de ser la primera radio con programación indígena, podrá formar parte del patrimonio cultural del país, y con ello contribuir al desarrollo social. Asimismo, sería una evidencia más que lo comunitario se está reconceptualizando con una forma muy genuina de producir contenidos en tiempo y ritmo. En un contexto más amplio, el proyecto de esta emisora sólo podría consolidarse si se articula con las políticas de Estado, las cuales no tienen que estar orientadas a recluir a los indígenas en su propia cultura, sino que deben ser políticas integradoras a la cultura mestiza. De otra manera se corre el riesgo que los indígenas queden encerrados en sus propias prácticas sin hibridarlas con la dinámica cultural heterogénea que se vive en México.
leninmartell@yahoo.com
“El sabor del saber”, con Marta Chapa, Canal 34
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esde el 3 de agosto, Marta Chapa, colaboradora de Zócalo, incursionó en el terreno de la conducción, mediante las transmisiones, en TV Mexiquense –Canal 34 de televisión abierta–, del programa “El Sabor del Saber”, el cual se trasmite todos los viernes, a las 12 horas, y se repite los sábados a las 18 horas. La célebre pintora, con un estilo fresco y lleno de colorido, emprende esta nueva faceta de sus actividades. Su propuesta acomete la articulación de la gastronomía con el arte y la cultura, ya que la actividad culinaria, en palabras de la creadora plástica, “no sólo tiene que ver con sabores, olores, texturas, colores; también se vincula con el ser racional, con las raíces de las identidades culturales de los pueblos, con la historia de las naciones ”. Para enriquecer esta integración, entrevista a personajes que, “con su talento, forjan la grandeza de nuestro país”. El plato fuerte del programa está constituido con charlas, llenas de sabor, con celebridades de distintos campos, quienes hablan de la relación de sus artes con la comida. Es interesante, afirmó Chapa, que el público sepa “si les gusta cocinar, cuáles son sus platillos favoritos, pero, sobre todo, hablaremos sobre los sabores que les han dejado huella, porque, no cabe duda, la comida también es destino”. La pintora ha entrevistado, entre otras personalidades, a Beatriz Espejo, entre cuya fecunda prosa recordamos Todo lo hacemos en familia, Cantar del pecador y Alta Costura; Emmanuel Carballo, autor de Gran estorbo es la esperanza, Los presentes y Eso es todo; además de la actriz Ofelia Medina, inolvidable como Frida Kahlo y también como activista política, a quien la propia Martha Chapa define como “una mujer polémica, valiente, de ésas que ponen el dedo en la llaga”. El programa se lleva a cabo con la participación de Alejandro Ordorica, Juan José Reyes y Enrique Velasco. (Violetta Roldán)
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Los medios han cambiado:Erick Barragán Balbina Flores M.
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ay un cambio en los medios para difundir informaciones sobre la pederastia en México; reconoció Erick Barragán, de la Red de Sobrevivientes de Abusos de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) en México, a Zócalo, mientras aguardaba, a las afueras de la Arquidiócesis de México, el interrogatorio al Arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, ante representantes de la Corte de los Ángeles. Erick tenía razón: una veintena de medios de comunicación, entre reporteros, fotógrafos y corresponsales de agencias internacionales, esperaban ansiosamente la aparición, tras las rejas del estacionamiento de la Curia Diocesana, del Arzobispo primado de México, pero ello nunca sucedió. En su lugar se presentó el vocero de la Arquidiócesis mexicana, Hugo Valdemar, quien señaló que, esa mañana, un medio había roto la confidencialidad de la audiencia al publicar el lugar donde se llevaría a cabo. Se refería al diario La Jornada. El vocero aprovechó para decir a los medios: “no se trata de un juicio, ni del inicio del mismo sino de demostrar al juez norteamericano que no hay razón para juzgar en la Corte un supuesto delito acontecido en México y cuyos autores fueron mexicanos, quienes por cierto no tienen ninguna vinculación con Los Angeles, California”. Precisó que se trataba de una comparecencia voluntaria, “fue el señor Cardenal quien determina el lugar, fecha y hora, así mismo los abogados de ambas partes pactaron ante la Corte de California mantener absoluta confidencialidad de lo tratado en comparecencia”. Durante el día, las oficinas de la curia fueron resguardadas sigilosamente por elementos de seguridad privada y el Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI) de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal, que permanecieron atentos a cualquier movimiento de los reporteros y de las personalidades que salían en lujosos
vehículos del estacionamiento de la Curia. Mientras esto ocurría en el número 90 de la calle Durango, en la colonia Roma de la ciudad de México, Erick Barragán, calificó lo ocurrido ese día en la Curia, como “un hecho inédito para la iglesia en México”, en el que los medios no han estado ausentes. Recuerda que cuando se denunciaron, en algunos medios, los abusos sexuales del sacerdote Marcial Maciel hubo reporteros que inclusive “fueron corridos de sus empresas, algunos, y hubo muchas presiones de la iglesia”. Por ello reconoció: “estamos viendo que aquí ha habido un cambio muy importante, que aquí los medios están muy interesados”. La comunidad, precisó “se está enterando, y porque se esta enterando pueden actuar y proteger a los niños”. Recordó que “cuando llegamos, en el 2005, sí había algún temor para cubrir eso. La jerarquía tiene mucha influencia sobre los medios”. Ahora, contrastó, el abuso sexual hacia los menores se ventila “y eso realmente apoya la situación completa, no sólo en este caso de Norberto, (sino) también en el tema completo, que es la pederastia, que es un crimen”.
Denuncien Para el integrante de SNAP, el tema está vinculado con la vida de los niños de hoy, que algún día “van a estar actualizando decisiones de leyes: serán jueces, abogados, maestros, serán delincuentes. Entonces, por esto, proteger a los niños ahorita es lo más importante, para guardar lo bueno que son, la pureza de su juventud”. Por tanto, si los medios no hablan de estos hechos, siguen considerando el tema un tabú, como hace mucho tiempo, perpetuando el abuso. Si hubo abuso de “un tío, una tía, una madre, cualquier acosador”, es un error que no se hable. Porque solamente así habrá justicia contra los responsables y esto es algo que nunca ha habido aquí, en la Republica mexicana. Que la comunidad actúe, alce la voz y pida cuentas a los
responsables”. El rol de los reporteros, dice, es “perseguir a los depredadores, buscar a las inocentes victimas e igualmente, informar de los recursos disponibles”. Sería muy importante que los medios publiquen los números telefónicos de SNAP (36-1774-47, snapmexico@aol.com) y de otras organizaciones que apoyan a las victimas, con el fin de que los perjudicados puedan acudir para recibir apoyo y ayuda para demandar, “porque, desgraciadamente, aquí en México, estoy viendo que no hay mucha información pública” sobre los procedimientos que la sociedad mexicana tiene a su alcance. “Es importante que los medios hagan este trabajo”, enfatizó. Sin los periódicos, revistas, noticiarios de radio y televisión, “la gente no sabrá qué está pasando. Si los medios no hubieran hechos sus investigaciones en Boston, en Estados Unidos nunca se hubiera sabido, lo grave que es el abuso sexual de menores y el encubrimiento de los jerarcas católicos”. Fue por eso “que pudimos aprender y saber, y enterarme de que estos casos existían y que yo también, como victima, debería de levantar la voz y pedir ayuda”. En Estados Unidos, agregó Barragán, los documentos han salido y siguen saliendo a la luz pública, se ha dado a conocer la verdad interna de la diócesis: “cómo trabaja, cuál ha sido el papel de cada persona, desde el sacerdote que agredió al niño hasta el cardenal que lo encubrió, los obispos y todos los intermediarios partícipes en esos hechos”.
Erick Barragán afuera de la Curia. Foto: Balbina Flores
www.revistazocalo.com.mx • Septiembre 2007
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La revista Zócalo lamenta el fallecimiento de nuestro
amigo y miembro fundador del Consejo Editorial,
LUIS GONZÁLEZ SOUZA nos unimos a la pena que afecta a sus familiares y amigos.
DESCANSE EN PAZ
Los editores de la revista Zócalo lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro amigo
RAFAEL ÁLVAREZ, nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos.
DESCANSE EN PAZ