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Quintana Roo, ejemplo internacional por su organización ante el paso del huracán “Dean”

El gobernador Félix González Canto recibe de manos de Thierry Lemarisquier el reconocimiento que le otorgó la ONU a Quintana Roo.

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éxico, D.F.- El gobernador de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto, y la coordinadora del Comité Nacional de Protección Civil, Laura Gurza, recibieron de manos de Thierry Lemarisquier, representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, la distinción que coloca a Quintana Roo como ejemplo internacional en materia de protección civil por la excelente coordinación y organización para salvaguardar la vida de sus ciudadanos ante el paso del huracán “Dean”.

Durante una solemne ceremonia, realizada el 23 de octubre, en la Secretaría de Gobernación en la ciudad de México, González Canto, acompañado por los presidentes municipales de Othón P. Blanco, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto -Cora Amalia Castilla Madrid, Pedro Pérez Díaz y Eliseo Bahena Adame, respectivamente-, fue distinguido internacionalmente por representar al estado de la República Mexicana, que cuenta con la mayor capacidad para proteger la vida de los ciudadanos en condiciones de emergencia y evitar grandes daños económicos.

El documento que lo avala como tal, señala que para el PNUD es un honor otorgar esta distinción al Gobierno de Quintana Roo y al Sistema Nacional de Protección Civil con motivo de las buenas prácticas de preparación instrumentadas por ambas partes ante la llegada del huracán “Dean”, y que valieron a México ser reconocido como ejemplo internacional por parte de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres del Sistema de Naciones Unidas basada en Ginebra, Suiza. Esta distinción se entrega a más de cinco mil funcionarios de todos los países del mundo.

Thierry Lemarisquier dijo que el reciente arribo del huracán “Dean” demostró cómo las prácticas de preparación, permiten reducir pérdidas humanas y económicas, incluso

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El gobernador Félix González Canto recibió reconocimiento de Thierry Lemarisquier, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México.

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El gobierno estatal, el Sistema Nacional de Protección Civil y los municipios Othón P. Blanco, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto también fueron distinguidos por el (PNUD) por su labor en la Protección Civil.

en las zonas más expuestas y vulnerables. Este es el caso de las costa caribeña de México, donde a pesar de que el huracán “Dean” impactó habiendo adquirido su mayor fuerza destructiva (Categoría 5 Saffir-Simpson) no se contaron pérdidas humanas y los daños económicos fueron menores.

Algunas de estas buenas prácticas, recalcó, han sido el producto de la coordinación entre varios niveles de gobierno, la sociedad civil organizada, el sector privado y social y organismos internacionales como la PNUD y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Dos de los puntos por los que Quintana Roo fue elegido con esta distinción fueron los planes de preparación y emergencia, no sólo a nivel del estado y los municipios, sino también al nivel de las comunidades más expuestas, grandes cooperativas y escuelas rurales, entre otras.

De igual forma se tomó en cuenta el sistema de alerta técnicamente correctos, que incluyen amplias estrategias de comunicación durante todo el año, tanto en español como en lenguas indígenas, usando todo tipo de medios de comunicación. Este sistema de alertamiento ha sido interiorizado por las culturas locales.

Thierry Lemarisquier, representante residente del PNUD en México, reconoció igualmente la labor realizada por la coordinadora del Comité Nacional de Protección Civil, Laura Gurza, quien agradeció el reconocimiento y destacó la participación de las autoridades de Quintana Roo durante el impacto del huracán.

El PNUD reconoció las acciones en materia de protección civil de Quintana Roo.

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Mesa de Redacción 4 Momento de definiciones 5 Cartón de Hernández Remodelación 6 Para seguirles la pista Combate, pero ¿también impunidad?

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PORTADA 8 El reto del Senado: limitar a los monopolios en medios 13 Lineamientos para los medios de servicio público 14 Nueva iniciativa para regular publicidad gubernamental 15 ¿La “omisión”, del Congreso o del Estado?

Aleida Calleja 16 Carlos Flores Núñez descabeza a El Centro 18 Reforma electoral y libertad de expresión Beatriz Mojica 19 Calderón: ocasión desperdiciada Raúl Trejo Delarbre 22 ¿Nuevo periodismo en la CIRT? 22 “Si yo hablara...”: José Ramón Fernández Víctor Becerril LIBERTAD DE EXPRESIÓN

24

24 Rechaza El Sur daño moral que exige el hermano de Torreblanca Balbina Flores Martínez 25 Olga Wornat denuncia a México ante la CIDH

Reprueban a funcionarios ...cuando sospechamos que la informacion va a ser utilizada para atacar al entidad? ...para evitar dar a la prensa elementos que comprometan la ejecucion de un programa? ...para evitar que se generen costos mayores para su entidad?

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TRANSPARENCIA 27 Funcionarios federales reprueban en transparencia Miriam Robles

Desacuerdo

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Zócalo, comunicación y sociedad. Es una publicación mensual en México D.F. , por Proyectos Alternativos de Comunicación, S.A. de C.V., reserva exclusiva título núm 04-2000-090816141800-102, Número de certificado de licitud de contenido 8943. Número ISSN 1665-8698. Domicilio: Calzada México Tacuba 235 cuarto piso, colonia Popotla, Delegación Miguel Hidalgo. Tels.: 5341-6590 y 5341-6597, alternativamedios@prodigy.net. mx, periodicozocalo@hotmail.com. Internet: www.revistazocalo.com.mx Impreso en los talleres de Centro de Autoedición Zamora Caz, S.A. de C.V. Precio por ejemplar $20.00 pesos. Suscripción anual: $250.00 pesos por doce números. Distribución: Publicaciones CITEM, S.A. de C.V. Tel.: 5338-0200. En Sanborns en toda la República. EDUCAL, S. A. de C.V. Tels: 5354-4037, 5356-2815. En el Distrito Federal, Edo. de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Guerrero.

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29 Sancionar a quien niegue información: Ariel López Carlos Padilla Ríos 30 Desinformación y deuda externa en Argentina Miguel Julio Rodríguez Villafañe 31 Inflan cifras en decomisos y detenciones José Reveles CINE 33 México ve casi puro cine hollywoodense César Amador Investigación 36 Destilando Amor legitimó violencia Ángeles Medina 39 Barra infantil de Televisa y TV Azteca, entre el vacío y la manipulación Jorge Valencia Bautista

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Internacional 41 Atiza prensa gringa propaganda anti Irán Naief Yehya INTERNET

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44 Comunicación íntima en la red Vicente Castellanos Reseña 46 Radioarte mueve viejas estructuras radiofónicas Javier Esteinou Madrid 47 La trata de niños, cruel realidad: Víctor Ronquillo Balbina Flores Martínez

47 Director General: Carlos Padilla Ríos.

Diseño Grafico: Martha Barragán Méndez.

Portada: Alberto Guerrero Muciño.

Fotografía: Iván Bustamante, Cuartoscuro.

Reporteros: Balbina Flores Martínez, Ricardo Martínez, Primavera Téllez Girón, Atziri Ávila, Zoísmo Díaz, Víctor Becerril, Nelly Olivos.

Comité de Redacción: Beatriz Solís, Javier Corral Jurado, Jenaro Villamil, José Reveles, Rogelio Hernández López.

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Colaboradores: Luis Miguel Carriedo, José Luis Martínez, Graciela Ramírez, Gabriel Sosa Plata, Jorge Meléndez, Pablo Arredondo, Francisco Hernández Lomelí, Andrés De Luna, José de Jesús Guadarrama, Víctor Becerril, Jorge Pulido, Raúl Valencia, José Luis Durán King, Agustín Pineda, Claudia Benassini, Naief Yehya, Antonio Medina, Raúl Trejo Delarbre, Elvira García, Octavio Islas.

Caricaturistas: Hernández, Luy, Kemchs.

Consejo Editorial: Alma Rosa Alva de la Selva, Irma Ávila, Javier Esteinou, María Victoria Llamas, Carlos Mendoza López, Jorge Meléndez, Ernesto Villanueva, Manuel Gutiérrez Oropeza.

Circulación: Martín Cárdenas.

Secretaría: Concepción Villegas.

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M esa

de redacción

Momento de definiciones

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oncluida a mediados de noviembre la etapa de consultas que realiza el Grupo Plural de Trabajo del Senado, el cual revisa la legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, vendrá después el periodo de deliberaciones y resoluciones, es decir, el debate entre legisladores y luego la redacción de sus conclusiones.

La Agenda Temática de Trabajo estableció siete temas generales: jurisdicción de competencia (órgano regulador); régimen autorizante en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y administración del espectro radioeléctrico; modernización y convergencia tecnológica; condiciones para que pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación; régimen de medios públicos y comunitarios; contenidos, y sanciones y controversias.

En el tema del órgano regulador se analizará el ámbito de competencia del mismo, integración, atribuciones y facultades de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Los senadores deberán tomar en cuenta, además, la resolución del 7 de junio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucionales varios artículos de la llamada Ley Televisa, relacionados con refrendos, concesiones y licitaciones, así como la “omisión legislativa” que el mismo tribunal adjudicó al Poder Legislativo, con relación a garantizar el acceso a los medios de comunicación de los pueblos indígenas.

Del Grupo Plural de Trabajo, donde están representados todos los partidos políticos, saldrá una iniciativa que se dirigirá a los integrantes de las tres comisiones responsables del objeto de revisión de aquellas leyes: Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos.

Será en la parte resolutiva, cuando los legisladores de cada partido deliberen y resuelvan los temas fundamentales de las reformas que pretenden. Entonces se conocerá la profundidad de las mismas.

Otro fiasco de los concesionarios en el Senado

Mes y medio después del ridículo que hicieran (11 de septiembre) concesionarios y varios de sus lectores de noticias en el Senado para oponerse a la reforma electoral, la cúpula empresarial de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) regresó ya sin el amago de “sus estrellas” (30 de octubre), para presentar ante senadores sus argumentos frente a la reforma a las leyes de radiodifusión y telecomunicaciones, pero para sorpresa de los presentes, sólo exhibieron despropósitos y cerrazón. Por ejemplo, sugirieron ¡ignorar! las resoluciones de la Suprema Corte que en junio derogó la parte sustancial de la Ley Televisa; propusieron que sea el criterio económico el que defina el otorgamiento de concesiones y pidieron eliminar a las radios comunitarias, ¡porque ellos, los concesionarios, son las auténticas radios comunitarias!

Fe de erratas

1.- En la edición de octubre (Zócalo No. 92) publicamos que el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ignacio Álvarez, se había reunido en privado con Felipe Calderón, cuando en realidad el encuentro se realizó con Florentín Meléndez, presidente y relator para México de la 4 CIDH, en agosto de este año.

2.- En la misma edición en la página 23 publicamos un pie de foto donde se asegura que Santiago Zárate, Manuel Aguilar, David Aguilar Robles y Juan Carlos Soriano son los responsables del asesinato del periodista Bradley Roland Wheyler, (27 de octubre de 2007), cuando lo cierto es que todavía se investiga para determinar a los autores materiales del homicidio.

Ofrecemos disculpas por ambos errores.

F rase

del mes

“Yo nunca he reconocido que hay monopolios, hay competencia en la industria de la radio y la televisión. La radio es de las más competidas y el gobierno reconoce el esfuerzo que ha hecho este sector para llegar a los lugares de cultura, educación y entretenimiento, y queremos seguir fomentando que eso suceda”.

Luis Téllez, secretario de Comunicaciones y Transportes, 10 de octubre, en la Semana Nacional de la Radio y la Televisión de la CIRT. (El Universal)

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cartรณn de

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Combate, pero ¿también impunidad?

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a Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguró que en el estado de Tamaulipas enfrenta una campaña de desprestigio de “carácter mediático”, instrumentada y pagada por integrantes del Cártel del Golfo. De acuerdo con un comunicado (13 de septiembre), en Tamaulipas “se vienen presentando “movilizaciones sociales basándose en argumentos falsos de maltratos y abusos por parte del personal militar”. La versión castrense podría no ser descabellada recordando la influencia del Cártel del Golfo en aquel estado del norte, sin embargo, no han sido pocas las acciones donde el Ejército, con el pretexto de perseguir a narcotraficantes, no sólo ha violado los derechos humanos de periodistas, sino incluso ha cometido asesinatos de gente, como cuando

cinco miembros de una familia fueron asesinados por soldados (1 de junio), al no detener la marcha del auto donde se transportaban, en el municipio de Sinaloa de Leyva .

El 7 de agosto, cuatro reporteros fueron detenidos en Monclova, Coahuila, por un grupo especial del Ejército que realizaba un operativo. Los periodistas fueron golpeados, vendados y atados de las manos. Durante 16 horas no supieron dónde estaban detenidos, acusados de portar un arma, balas y mariguana.

Al otro día, se les trasladó a la Procuraduría General de la República donde después de 48 horas salieron libres bajo fianza. Sobre todo en Tamaulipas, la prensa local ha decidido no abordar notas sobre el narcotráfico ante el riesgo de sufrir atentados contra los informadores. La prensa se encuentra entonces, entre la espada y la pared.

Ombudsman por dos vías

A

ntes de renunciar a la dirección de Canal Once, para irse de secretario técnico del Grupo Plural de Senadores que reformará la legislación de la radiodifusión, Julio Di-Bella Roldán dio a conocer la nueva imagen del canal del Instituto Politécnico Nacional (IPN), cambio que no ocurría desde una década atrás. Paralelamente, anunció la nueva programación, de la cual no hubo sorpresas. La temática de las series son muy parecidas a lo que ya se venía transmitiendo. Más bien causó extrañeza que el “Defensor de la Audiencia”, representada por el analista Ricardo Raphael, no tuviera su espacio propio, precisamente por la trascendencia de su función, como semanas atrás innovara en ese sentido Canal 22, que conduce Gabriela Warkentin,

la ombudsman, en “El Defensor del Televidente”. Ricardo Raphael sólo tendrá espacios eventuales en el noticiero nocturno de Adriana Pérez para responder a quejas, sugerencia y propuestas que los televidentes dirijan a la página web oncetv-ipn.net/buzon/defensor/.

Ante la falta de un espacio propio permanente para el ombudsman, Di-Bella comentó: “Hicimos un estudio comparado de siete defensores de audiencia en el mundo y ninguno de ellos recomendó una puesta en marcha de un programa. Este punto de vista –dijo- se sustenta en que creen que el programa puede derivar en todo menos en un espacio estrictamente de atención a la audiencia. Según los expertos consultados, están esperando medir, con el tiempo, los resultados del modelo de ombudsman instaurado por Canal 22. ¿Cuál de las dos propuestas tendrá más éxito?

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Hugo Chávez acusa a la SIP

E

n el más reciente informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se denuncia la grave situación que impera para los periodistas y medios de comunicación en Venezuela. La unión de prensa manifiesta que el gobierno de Hugo Chávez acusó a la SIP de presentar un informe de carácter dictatorial hacia su régimen.

Para el próximo año, la SIP tiene previsto realizar su ya tradicional anual en Venezuela, aunque adelanta que el gobierno chavista ha presionando a los dueños de los hoteles para no dar alojamiento a los miembros de la SIP, información que fue desmentida por William Lara, ministro de Comunicación de Venezuela. Este hecho es digno de un seguimiento. De impedirse la reunión de la SIP sería la primera vez que se presente una acción de esta naturaleza contra el empresariado mediático de la región latinoamericana, que entre algunas de sus actividades defiende la libertad de expresión.

Nueva intriga contra Lydia Cacho

E

l periodista Jorge Zepeda Patterson puso al descubierto una nueva campaña contra de Lydia Cacho. El también analista político de El Universal, dice que dicha estrategia consiste en un cerco informativo en televisión y así borrar a la escritora del ámbito público; además, se ha hecho circular un “expediente” en el cual se describe a Lydia Cacho “como oportunista, histérica e irresponsable y que en sus afanes protagónicos exageró las violaciones a sus derechos.”Al parecer, el actual régimen

político no permitirá críticas ni denuncias por parte de periodistas y ha decidido utilizar métodos más ‘sutiles’ para ‘desaparecer’ a los comunicadores que resulten incómodos”.

El mismo Jorge Zepeda lo puntualiza que “La desaparición física de Lydia Cacho significaría un escándalo internacional”, razón por la cual a sus adversarios sólo les queda “destruirla en vida, enlodar su reputación para que aquello que diga deje de ser peligroso y para que las causas que ella defiende sean indefendibles”. ¿Cuántas periodistas serán víctimas de esta estrategia? ¿Cuántas denuncias pasarán inadvertidas debido a “expedientes” difamatorios contra comunicadores sociales? ¿Estamos acaso frente a una nueva forma de presión que busca silenciar las voces críticas? Es la libertad de prensa en los tiempos del PAN.

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P o rt ad a Límite a los monopolios en medios, reto del Senado

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l análisis y revisión a las leyes federales de Radio y Televisión y a la de Telecomunicaciones, que realiza la Cámara de Senadores, marca un hito histórico en la modernización del marco jurídico de ambos sectores, los cuales son dominados por un reducido grupo de empresas con poder sustancial en sus respectivos mercados.

Televisa y TV Azteca en el ámbito de la televisión alcanzan más del 80 por ciento de las concesiones; mientras, en el mercado radiofónico son alrededor de 15 grupos los que acaparan las frecuencias, en tanto que Telmex tiene la hegemonía en la telefonía fija y móvil del país, seguida por la empresa española Telefónica Móvil.

Ante estas evidencias de concentración monopólica en la radiodifusión y en las telecomunicaciones, el Grupo Plural de senadores tiene el reto de acotar ese poder de concentración y permitir la entrada de nuevas empresas privadas que expandan la pluralidad de contenidos y servicios, en beneficio de la vida democrática del país, porque al incrementarse el número de competidores en el sector de la radiodifusión se abrirá el abanico de ideas y propuestas programáticas, rompiendo con ello la uniformidad de temáticas y pensamiento único impuesto por los actuales concesionarios.

También se beneficiaría a los usuarios porque al darse una mayor oferta de productos y de empresas, las tarifas de los distintos servicios se reducirían, como resultado de una mayor competencia. Por ejemplo, entre las 30 naciones que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), nuestro país tiene tarifas de las más altas, y una sola empresa, Telmex, acapara el mercado de telefonía fija y móvil, lo que le permite fijar altos precios.

Acotar monopolios Entre la agenda temática, el Grupo Plural de senadores plantea poner límites a la concentración de frecuencias con la intención de permitir el acceso de nuevos operadores, abriendo con ello la oportunidad para que se incremente la pluralidad de quienes pueden de-

tentar un permiso o concesión en el área de la radiodifusión u operar una red pública de telecomunicaciones.

Por ejemplo, en el punto dos de su agenda denominado “Régimen autorizante en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y administración del espectro radioeléctrico”, se plantea instaurar “formas de garantizar lo establecido por el artículo 28 constitucional”, en lo referente a la administración eficiente del espectro y su uso social, como forma de evitar prácticas concentradoras o monopólicas.

Esta posición antimonopólica, también fue plasmada por el presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, en la presentación que mostró durante la reunión de trabajo que sostuvo con los senadores del Grupo Plural en octubre pasado, y que se denominó: “Modificaciones pro-competencias al marco legal de las telecomunicaciones”.

En ese documento se sugiere asignar a la brevedad el espectro radioeléctrico en manos del Estado, con criterios “procompetitivos”, que permita la creación de una tercera cadena nacional de televisión abierta; favorecer nuevos operadores en el área de telefonía móvil y, en cuanto a WiMax, crear opciones adicionales de acceso en última milla en banda ancha.

Respecto a la convergencia tecnológica, recomienda que las redes de telecomunicaciones y radiodifusión puedan ofrecer todos los servicios tecnológicamente posibles (audio, video y voz); fomentar la interconexión, la interoperabilidad y la portabilidad numérica y regular el acceso a los contenidos audiovisuales que se da entre las distintas empresas de televisión abierta y restringida.

Para consolidar las condiciones de competencia y dar certidumbre jurídica a los distintos concesionarios, planteó someter a la Ley Federal de Telecomunicaciones el acceso a redes y espectro, ya sea para telecomunicaciones; y para radio y televisión abierta o restringida y reglamentar el acceso a contenidos; facultar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) a fin de que aplique regulación de acceso a contenidos.

Propone la participación de la propia CFC en la asignación del

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espectro para telecomunicaciones, radio y televisión; establecer la licitación como mecanismo en la asignación de espectro en radiodifusión, como forma de evitar la concentración excesiva; homologar las reglas para la asignación del espectro, garantizando la asignación eficiente del espectro liberado en la transición digital. La incorporación de estas medidas en la legislación -aseguró la CFC-, generarían mayor competencia y más diversidad de operadores en los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión.

Pluralidad en el uso del espectro De hecho, durante las reuniones que el Grupo Plural de senadores ha realizado con las diversas cámaras de industriales de las telecomunicaciones; los representantes de las radios comunitarias e indígenas y con la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, se ha coincidido en la necesidad de transparentar el proceso de distribucVión del espectro radioeléctrico en la entrega de concesiones y permisos, y en la urgencia de poner límites a los grandes corporativos de radio, televisión y telecomunicaciones.

En el caso de los medios públicos y comunitarios, la cuestión de allegarse recursos económicos que les ayuden a mantener la operatividad de sus emisoras y contribuyan a solventar el proceso de digitalización, es punto toral en las propuestas expuestas ante los legisladores. Para ello han sugerido que se les permita comercializar un porcentaje de su tiempo de

transmisión, con lo cual obtendrían recursos tanto del sector público como del privado. El dinero obtenido de esa comercialización se invertiría en el mejoramiento de sus instalaciones y en la compra de equipo para ofrecer mejores transmisiones.

Cabe recordar que esta propuesta no es bien vista por las empresas concesionarias, debido a la preocupación que les causa perder algún tipo de porcentaje del mercado publicitario. Para no ceder una parte de esos recursos han argumentado que el perfil no lucrativo de las estaciones permisionarias, les prohíbe comercializar sus espacios.

Tema relevante para los medios públicos es, dentro de la LFRT o en otra propia, la definición jurídica que precise cuáles son sus funciones, características y responsabilidades. Ello contribuiría a que lograran su independencia editorial y económica, y se alejaran de los intereses políticos de gobernadores o de directores de universidades, quienes utilizan a sus respectivos medios como herramienta de promoción personal, desvirtuando así su orientación de función pública.

En lo que respecta a los pueblos indígenas, su lucha adquiere un significado especial, luego de que en la resolución de la acción de inconstitucionalidad en contra de la llamada Ley Televisa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Poder Legislativo había omitido el tema, al no considerar el derecho de estas comunidades a acceder y operar sus propios medios de comunicación. Ante este hecho, en la agenda de trabajo del Grupo Plural se estableció un apartado que analizará las “condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación electrónicos”.

Durante el mes de octubre, representantes de organismos indígenas; de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias; la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México y de la Cámara Nacional de la Industria para las Telecomunicaciones (Canitec) fueron recibidos por los senadores.

Propuestas de grupos indígenas Los representantes de los grupos indígenas propusieron adoptar los acuerdos del Congreso Nacional de Comunicación Indígena, celebrado en la Cámara de Diputados en septiembre pasado. Por ejemplo, incluir en el artículo 2 de la Constitución “el reconocimiento de la nación mexicana multicultural”, y sentar las condiciones para que este sector de la población mexicana adquiera y opere medios de comunicación”.Y, además, “diseñen nuevas leyes que aseguren la difusión de la cultura y las lenguas indígenas y enlisten los criterios sociales y comunitarios necesarios para la adjudicación y renovación de las concesiones de radiodifusión”.

Solicitaron que esos medios de comunicación “comercialicen espacios en las condiciones específicas que cada medio comunitario defina, con el fin de que ayude al desarrollo de su comunidad”.

Piden “equidad” en el otorgamiento de concesiones. Y, establecer el uso de las lenguas indígenas en los medios. En lo relativo a la capacitación recomendaron que la Secretaría de Educación imparta cursos para locutores indígenas, y se certifique esa actividad. Para el acceso a las nuevas tecnologías de comunicación, proponen crear un fondo especial -con apoyo del Estado-, a fin de lograr el proceso de transición digital.

Rerapia intensiva

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Derechos a las comunidades La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) propuso que en las modificaciones a las leyes de radiodifusión y telecomunicaciones, se reconozca el derecho de las comunidades, grupos y asociaciones sociales sin fines de lucro para operar radiodifusoras de servicio comunitario, social, cultural y educativo. Recomendó a los senadores desaparecer la figura del permiso que se entrega a quienes operan frecuencias de radiodifusión en instituciones públicas o universidades-, y sólo quede la figura de concesión.

Ello contribuiría -subrayó- a paliar muchas de las penurias y limitaciones que tienen los medios sin fines de lucro, como por ejemplo, el hecho de no poder comercializar parte de su tiempo de transmisión para allegarse recursos, mismos que se usarían en el mejoramiento de su infraestructura y equipo. Asimismo, evitaría que haya dos categorías que enmarcan una radiodifusión de primera y otra de segunda.

En cuanto al financiamiento, señalaron que la restricción a los permisionarios para allegarse recursos publicitarios, se sustenta en una “razón falaz”, al considerar que la percepción de un pago equivale a una actividad lucrativa. “Lo anterior es equivocado ya que ignora que no toda actividad económica es una actividad lucrativa(...)

Si el efecto de las disposiciones de la LFRT es impedir la realización de actividades económicas propias de la naturaleza de las sociedades de que se trate, dichas reformas se extralimitan”.

La AMARC advirtió: “El impedimento para realizar actividades económicas no lucrativas constituye una restricción al derecho de las personas jurídicas a sus sustentabilidad y desarrollo(...) Tal confusión entre actividades económicas y propósito de lucro ha llevado a las radios comunitarias a un estado de inanición económica, que las condena en el mediano plazo a la extinción”.

Para evitar lo anterior, y además cumplir sus fines sociales, culturales y educativos, los medios comunitarios puedan obtener financiamiento a través de patrocinios; por medio de actividades económicas en tiempo aire de hasta el diez por ciento por hora (equivalente a seis minutos por hora) de su transmisión diaria, o por donativos internacionales, en dinero o en especie, provenientes de organismos multilaterales y agencias de cooperación. Igualmente por venta de productos y servicios.

En el tema de la convergencia tecnológica consideró: “La radiodifusión digital se ofrece como instrumento para alcanzar importantes objetivos de interés público”, entre ellos, “la promoción de servicios de información y comunicación a nivel comunitario, la optimización del uso del espectro radioeléctrico, el acceso a Internet, el fortalecimiento de contenidos locales y la diversidad en los mismos”. Sugirieron establecer una política pública para el desarrollo y uso de las nuevas tecnologías, con el fin de que tanto los medios estatales como comunitarios puedan participar de manera legal en el Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión.

Medios Públicos En su oportunidad, la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México expuso ante senadores los lineamientos normativos para una nueva legislación de medios. Propuso la creación de una figura jurídica que reconozca la existencia de los medios públicos.”La legislación de medios debe dotar de un carácter auténticamente público -por oposición al oficial, como se establece en el artículo 13 de la actual LFRT-, a los medios de comunicación que realicen sus actividades de radiodifusión sin fines de lucro”.

Hoy en día, señalaron, la radiodifusión que queda en manos de entidades públicas opera bajo un esquema que confunde el carácter público con el de servicio gubernamental, lo que provoca que estos medios no gocen de independencia editorial. Ante ello, urgen a cambiar tal esquema de operación. “Se trata de hacer explícito y jurídicamente exigible el que los medios públicos deben fungir como espacios de difusión de contenidos en beneficio del público, no en aras de los intereses oficiales o gubernamentales”.

La Red propuso incluir un artículo donde se establezca que los “medios públicos tendrán como finalidad específica la transmisión de contenidos educativos, culturales, científicos, sociales, informativos y de entretenimiento de calidad en beneficio de la audiencia y en aras del interés general”. Una de las características para considerar que un medio de comunicación es público, deberá ser su carácter no lucrativo; además, tienen que contar con independencia editorial y autonomía en su gestión financiera.

La Red sugiere como prioritario la participación ciudadana en sus órganos de gobierno, incluido el órgano colegiado que se encargará de mantener su independencia editorial. “Asimismo, deberán procurar la participación ciudadana en la valoración y orientación de los contenidos programáticos”, agrega.

Propuestas de la Canitec Entre las propuestas de modificaciones legislativas que llevó al Senado, la Cámara Nacional de la Industria para las Telecomunicaciones destacan la apertura a la inversión extranjera directa en empresas con redes de telecomunicaciones fijas; una regulación asimétrica transparente para las operaciones dominantes (como el caso de Telmex en telefonía fija y móvil), y el que se considere que las empresas con poder sustancial de mercado sean aquellas que tengan más de 45 por ciento en telefonías fijas o móviles. Respecto a la televisión restringida, resaltaron la obligación de que puedan retrasmitir la programación de las televisoras locales. (Redacción)

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P ortada ¿La nueva ley tomará en cuenta la iniciativa ciudadana?

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a Junta de Coordinación Política del Senado en su acuerdo del pasado 4 de julio estableció que se solicitaría “a la Mesa Directiva que todas las iniciativas que se hayan presentado durante la LX Legislatura del Congreso de la Unión, así como las que se presenten durante el proceso de análisis y discusión sobre este tema, sean turnadas a las comisiones que integran el Grupo de Trabajo a que se refiere el presente acuerdo”.

El Grupo de Trabajo revisaría la legislación en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión luego de la sentencia de la Suprema Corte (7 de junio), contra los principales artículos de las reformas de marzo del 2006, llamada Ley Televisa.

El acuerdo de julio era claro al considerar únicamente los proyectos elaborados durante la presente legislatura, dejando afuera las propuestas diseñadas años atrás, en especial en las LVIII y LIX legislaturas, cuando un grupo de ciudadanos presentara al Senado (diciembre del año 2002), una iniciativa en materia de radiodifusión, que la “hicieron suya” 62 senadores.

Tiempo después ese anteproyecto de dictamen fue la base de trabajo de la Subcomisión Especial de senadores que se creó para analizar el tema.

La exclusión, sin embargo, se rectificó cuando el senador Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, precisó (28 de agosto) que para el análisis de las reformas pendientes en materia de medios electrónicos “no se partía de cero”, ya que la Mesa Directiva del Senado había resuelto turnar al Grupo Plural “todas aquellas iniciativas que se

encontraban en las comisiones ordinarias. Tenemos un conjunto de iniciativas y hasta de proyectos de dictamen de la pasada legislatura. Todo eso lo vamos a recuperar y actualizar”, señaló.

La iniciativa de diciembre 2002, también llamada “ciudadana”, propone cambios sustanciales al actual modelo de radiodifusión, y sin embargo casi ningún senador menciona su contenido, ni su posible adopción al momento de de redactar las reformas a la legislación actual. Órgano regulador Dicho anteproyecto de dictamen propone la creación de un Órgano Re-

gulador, denominado Consejo Nacional de la Radio y Televisión, que tendría carácter autónomo, personalidad jurídica y patrimonio propio. Estaría integrado por siete consejeros nombrado por mayoría simple de senadores, los cuales mediante convocatoria pública tendrían que ser avalados por al menos diez instituciones u organismos no gubernamentales, asociaciones profesionales o civiles. Entre sus funciones estarían la entrega de concesiones de frecuencias

de radio y televisión mediante licitación pública y apegada al Programa Anual para el Desarrollo de la Infraestructura (PADI).

Los criterios a los que se debía sujetar el Consejo para definir si otorgaba o no una concesión eran: la propuesta de programación de contenidos a transmitir; el pago de productos y aprovechamientos a favor del gobierno federal; una revisión rigurosa del cumplimiento de obligaciones para el caso de que los solicitantes ya estuvieran operando o habían operado alguna frecuencia de radio y televisión, así como la congruencia con el PADI. Establece que el uso de las frecuencias de radiodifusión podría darse a través de una concesión, un permiso o de “explotación directa”, estas últimas operadas por cualquier órgano del Estado, y señalaba que el término para el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico -que operara frecuencias en cualquier modalidad-, no podría exceder de 12 años.

Además, los beneficios que pudieran derivar de mejoras tecnológicas, en cuanto al aumento en la capacidad de trasmisión que se hicieran posibles durante el plazo de vigencia de una concesión, permiso o asignación, no podrían beneficiar a sus titulares.

En cuanto a la disponibilidad de frecuencias destinadas a estaciones permisionarias, dispone que deberían encontrarse en el Cuadro Nacional de Atribuciones de Frecuencias (CNAF), y no podría ser menor al 20 por ciento en el caso de radio y al 10 por ciento para la televisión.

La iniciativa faculta a los operadores de permisos para obtener ingresos, entre

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radioeléctrico (conocido en otros países como “derecho de antena”), consistente en el tres por ciento de las utilidades obtenidas por los concesionarios. “Los recursos obtenidos por ese concepto se utilizarán para el apoyo de producción de programas o materiales para los medios públicos o permisionados”.

otros, a través de la comercialización del siete por ciento de su tiempo total de transmisión en el caso de televisión, y el 14 por ciento en cuanto a radio, así como por publicidad local o regional.

También se obliga a los titulares de una concesión o permiso de frecuencias de radiodifusión abierta, que permitan la retransmisión simultánea de su señal de manera gratuita.

Incluye el derecho de réplica, con la intención de que aquellas personas que fueran afectadas por informaciones inexactas o agravantes emitidas en programas de radio y televisión, ocasionándoles algún tipo de perjuicio en su vida privada o en su honor, tuvieran la oportunidad de efectuar en el mismo medio la rectificación pertinente.

Al respecto, en su artículo “Propuesta ciudadana de LFRT” (Zócalo 35.

Enero de 2003), la doctora Alma Rosa Alva de la Selva destacó varias de las propuestas de la iniciativa que elaboraron diversos grupos de ciudadanos. En lo que se refiere a los medios de Estado, señaló la intención de crear una figura jurídica específica para definir este tipo de medios como de servicio público y con carácter no lucrativo. Su regulación se daría a través de Consejos de Administración y de programación, con participación de consejeros representativos de la sociedad, así como formas de financiamiento para el mejor cumplimiento de sus fines.

La propuesta ciudadana -escribió-, también plantea un derecho especial por el uso de frecuencias del espacio

En cuanto a los tiempos del Estado, dicha propuesta no defiende la posibilidad de volver al 12.5 por ciento, pero sí demanda garantizar tiempos suficientes para el conjunto del Estado: el Poder Legislativo, el Judicial, los órganos constitucionales autónomos y los poderes de los estados y los municipios, “y no sólo para el Ejecutivo, como ha quedado establecido a partir de octubre del 2002 -cuando se dio el decretazo del entonces presidente Vicente Fox-.

“El proyecto no toca el decreto expedido por el Presidente, en el que el Ejecutivo se asigna para su promoción la totalidad de los tiempos fiscales. Se propone en cambio un incremento moderado en los tiempos de Estado, de 30 a 60 minutos, así como una distribución equitativa, propia de un sistema democrático, en el que los diversos poderes u organismos del Estado tengan la posibilidad de difundir sus programas e iniciativas. Se garantiza también el acceso ciudadano a tiempos de difusión”.

Iniciativa bloqueada Sin embargo, este anteproyecto de dictamen fue obstaculizado por diversos concesionarios, apoyados por un grupo de senadores, entre los que se encontraban Héctor Osuna Jaime, actual presidente de la Cofetel y uno de los principales impulsores de la Ley Televisa, de cuya aprobación salió beneficiado precisamente al ser nombrado al frente de este órgano regulador. Otro de los senadores que frenó la aprobación de dicha iniciativa fue el ahora di-

putado Emilio Gamboa Patrón, actual coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados.

Los argumentos esgrimidos fueron varios. Sin sustento, los detractores de la iniciativa presentada por la Subcomisión Especial afirmaron que, en el caso del proceso de entrega de concesiones que se proponía, se llevaría a cabo de manera discrecional al estar fundado en criterios de contenido. La pregunta que enfatizaron fue: ¿cuáles serían los criterios para determinar el valor de dichos contenidos?

De hecho, durante la reunión de trabajo que sostuvieron con el Grupo Plural de senadores en octubre de este año, el propio presidente de la Cofetel delineó en su presentación varios de los argumentos en contra del anteproyecto de dictamen de la Subcomisión Especial de senadores de la anterior legislatura (mismos que esgrimió cuando presidió la Comisión de Comunicaciones y Transportes en la legislatura pasada).

Entre ellos, la negativa sostenida por los concesionarios ante la propuesta de que las estaciones permisionadas pudieran comercializar espacios de su tiempo aire, “en virtud de que se consideró por muchos que se desvirtuaba su naturaleza jurídica, ya que ésta es sin fines de lucro”, además de que, decían, sería complicado fiscalizar tales espacios publicitarios.

Por otro lado, no hubo un consenso sobre la propuesta del órgano regulador debido a que en el anteproyecto de dictamen se le atribuía un perfil “ciudadanizado”. Varias de estas propuestas que fueron desechadas -no por su inoperancia ni falta de eficacia, sino por presiones de los concesionarios de la radiodifusión respaldados por no pocos legisladores-, podrían ser retomadas en el actual proceso de revisión del marco jurídico en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.

(Redacción)

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P ortada Lineamientos para los medios de servicio público

N

i iniciativa, ni ley, pero sí lineamientos para establecer los criterios legales y legislativos acerca de los cuales podrían regirse en adelante las distintas modalidades de lo que hoy se llaman medios públicos.

Al presentar ante el grupo plural del Senado sus propuestas para la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México recomendó eliminar la regulación diferenciada entre permisos y concesiones, ya que “esa diferencia ha creado dos tipos de derechohabientes y ha sido, y es, el concesionario el que históricamente ha gozado de derechos y privilegios, vedados a los permisionarios”, dijo Ernesto Velásquez, presidente de la Red. El criterio fundamental, agregó, que hasta ahora distingue a permisionarios y concesionarios es el comercial. Dicho criterio resulta obsoleto hoy en día e inclusive representa un obstáculo para el sano desempeño de las radiodifusoras con fines distintos al lucrativo.

Entre sus recomendaciones citó el derecho de los medios públicos a comercializar su tiempo aire. Velásquez se preguntó si la prohibición a los permisionarios para comercializar tiempo aire no atenta contra la garantía de igualdad consagrada en el artículo primero de la Constitución, y subrayó: “lo cierto es que el servicio público de radiodifusión es uno y el espectro radioeléctrico es único, por lo que no se justifica establecer dos categorías de derechohabientes sobre un mismo bien. Un abanico amplio de fuentes de financiación debe complementar la financiación proveniente de la participación presupuestal, de la comercialización no lucrativa y responsable del tiempo aire, así como de los recursos contenidos en los Fondos Específicos. Se trata de fortalecer la autonomía financiera y, en consecuencia, editorial de los medios”, dijo.

Los fondos que se obtengan como contraprestación a la comercialización de tiempo aire deben -sostuvo Ernesto Velázquez Briseño, también director de TV-UNAM- ser reinvertidos en los rubros de producción de contenidos y actualización tecnológica.

Sin embargo -precisó- dicha comercialización debe ser acotada de forma tal que se asegure el no desvirtuar el carácter educativo, cultural, científico, social, informativo y de entretenimiento de calidad de la radiodifusión de los medios públicos.

En todo este escenario, sugieren que la legislación establezca dos mecanismos para delimitar y orientar la prestación del servicio público, es decir, por una parte especificar los fines hacia los que debe orientarse la prestación de ese servicio (y consecuentemente la orientación de las políticas públicas que se instrumenten en relación al mismo). Por otra parte, que la legislación haga explícitos los principios por los que debe interpretarse la regulación de la radiodifusión.

En la serie de propuestas de la Red también se propuso crear el Instituto Nacional de Radio y Televisión –que contará con tres comisiones dictaminadoras: Técnica, de Contenidos y para el Desa-

rrollo de Radiodifusoras Indígenas-, el cual velará por el acatamiento de los principios rectores del servicio público de radiodifusión y por el desarrollo adecuado de la radiodifusión en cumplimiento de sus fines. Así también, se crearía el ombusdman de medios, el que recibirá quejas y denuncias, investigará incidentes y, en su caso, emitirá recomendaciones no vinculantes o interpondrá los recursos contenciosos cuando se violen los derechos de las radiodifusoras, del auditorio o de los profesionales de la radiodifusión.

Otra de las propuestas de la Red incluye que a fin de prevenir la censura indirecta mediante la contratación de publicidad oficial, tienen que establecerse obligaciones a cargo de las entidades públicas que permitan transparentar los criterios y políticas de contratación de publicidad oficial.

La Red, constituida en noviembre de 2005, cuenta con 54 afiliados, 53 de los cuales son sistemas de radio y televisión públicos -gubernamentales, de instituciones educativas y culturales, así como de la sociedad civil- y a Satmex como socio eventual con carácter honorario. Suman 400 estaciones de radio y televisión y su audiencia estimada es de más de 25 millones de televidentes y radioescuchas en 30 entidades federativas.

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P ortada Nueva iniciativa para regular publicidad gubernamental

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uego de la reforma electoral y en el marco de la revisión a las leyes de radio, televisión y de telecomunicaciones, se agrega ahora una nueva iniciativa para normar la contratación de la publicidad gubernamental, que busca “separar la asignación de publicidad de la línea editorial de los medios, garantizando con ello el derecho a la información de los ciudadanos”. El proyecto denominado Ley que Regula la Publicidad del Estado pretende “regular la publicidad que el Estado contrata en los medios de comunicación masiva; determinar el contenido de la publicidad para que cumpla una función de interés social; establecer los mecanismos de distribución de publicidad sobre criterios de equidad, objetividad y transparencia que impida la censura o el premio a los medios, y determinar los criterios para asignar publicidad como estímulo”.

De acuerdo con el proyecto esos criterios serán aplicables al “conjunto de dependencias, órganos y entidades que integran los poderes públicos en sus órdenes federal, estatal o del Distrito Federal y municipal o delegacional, así como sus organismos federales o locales autónomos”, denominados “sujetos obligados”.

Esta ley (Art.6) tendrá “carácter supletorio del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en materia de propaganda y publicidad electoral”. Además, “ningún organismo o entidad de carácter privado que contrate publicidad con recursos públicos podrá adquirirla a un costo mayor que las tarifas que logren los sujetos públicos obligados” (Art. 7). El artículo 12 pretende tomar en cuenta a los discapacitados: “La publicidad oficial debe transmitirse en versiones y formatos accesibles para personas con capacidades diferentes”. Y, en las “comunidades indígenas, la publicidad oficial se difundirá en la lengua o las lenguas correspondientes” (Art.14).

La publicidad oficial no deberá “polemizar o

desprestigiar a cualquiera de los demás sujetos obligados” ni deberá incluir “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. Se prohíbe que la publicidad oficial contratada “no contenga el logotipo y nombre de la institución que la paga, es decir, cualquier texto en forma de gacetilla, reportaje, nota periodística u otros que no indique claramente que se trata de publicidad oficial”.

La iniciativa con proyecto de decreto, presentada por el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía en el Senado, Carlos Sotelo García, y la diputada Valentina Batres Guadarrama, ambos del PRD, propone la creación del Padrón Nacional de Medios de Comunicación, al cual la Secretaría de Gobernación, indicará la segunda semana de enero, “las tarifas de publicidad que pagarán las instituciones del Estado”.

Según el artículo 22, los “sujetos obligados” a nivel federal distribuirán el presupuesto asignado de una manera igualitaria a prensa escrita y medios electrónicos, en un porcentaje del 45 % cada sector, y el restante 10 % a otros medios de comunicación, de los cuales el 1 % corresponderá a anuncios espectaculares, 3 % a folletos, 3 % a volantes y 3 % a carteles.

A nivel estatal o del DF el mecanismo es el mismo, aunque los porcentajes varían. Así, 20% se destinaría a radio (9%), televisión (9%) e internet (2%); el 70% a medios impresos, distribuido así: 35% a diarios y 35% a revistas. El restante 10% a otros medios (folletos, carteles y volantes, 3% cada uno y el restante 1% a anuncios espectaculares).

Recomienda que “los programas o revistas dedicadas a la difusión tecnológica, científica y cultural reciban dos puntos porcentuales más que la parte que le corresponda resultante de las normas anteriores”. La última semana de enero se publicará la asignación de publicidad que cada medio de comunicación recibirá en ese año de acuerdo con las disposiciones establecidas en la ley. (Art. 28). Y, para que haya claridad en toda esta materia, los “sujetos obligados” publicarán, en su portal de transparencia, un informe trimestral sobre el gasto en publicidad oficial.

Se plantean que el Legislativo convoque a periodistas, académicos y estudiosos de la comunicación para crear el Consejo Observador de la Equidad y la Transparencia de la Publicidad Oficial, el cual definirá “qué programas o revistas dedicadas a la difusión tecnológica y cultural recibirán el estímulo de acuerdo con el artículo 28, y “proponer mecanismos complementarios a los señalados por este ordenamiento para erradicar cualquier tipo de condicionamiento a la libertad de expresión por medio de la publicidad oficial”.

En cuanto a las sanciones, se establece que no contará con publicidad oficial, en ese año, todo aquel medio que mienta respecto a los datos proporcionados al Padrón y en caso de reincidencia tampoco participará en asignación de publicidad en ese año y el siguiente. Así también, “el servidor público responsable de la asignación o del pago de publicidad prohibida en la presente ley será acreedor a la destitución e inhabilitación durante tres años”.

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P o rt ad a Aleida Calleja

¿La “omisión”, del Congreso o del Estado?

E

l Congreso de la Unión incurrió en “omisión legislativa” al no cumplir con su obligación de emitir leyes para que las comunidades indígenas tengan acceso a adquirir y operar medios de comunicación, como lo establece el artículo 2 de la Constitución.

Ese señalamiento formó parte de la declaratoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las 44 controversias constitucionales presentadas por municipios indígenas de cinco estados de la República.

El artículo 2 Constitucional indica la obligación constitucional que tienen Federación, estados y municipios de abatir las carencias y rezagos de los pueblos indígenas. Pero el apartado B, fracción VI es contundente: “extender la red de telecomunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicaciones. Establecer condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar los medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen”. Las leyes pertinentes a que se refiere este artículo son las de radio, televisión y telecomunicaciones, que, como se ha dicho hasta el cansancio, no cumplen de manera alguna esa disposición.

Sin embargo, resulta curioso que en las referencias a este artículo siempre se omita el término de comunidades “equiparables”. El artículo se refiere de manera primordial a los pueblos y comunidades indígenas, pero también señala esos derechos para las comunidades equiparables, término que ciertamente no se explica en el texto constitucional, pero que ahí está. “Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquellos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley”, se precisa en el inciso IX. Un aspecto también importante del artículo 2 Constitucional, apartado B, es el que refiere al cumplimiento de las obligaciones que se derivan del mismo, es decir, “la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de la mismas”.

Esto es particularmente relevante tratándose del tema del financiamiento de medios indígenas y comunitarios, puesto que existe

un mandato constitucional en el sentido de que el Estado debe proporcionar apoyo financiero, a fin de que este tipo de medios puedan tener y asegurar su permanencia. De no preverlo, se violaría igualmente el artículo 2 Constitucional, ya que incluso la SCJN determinó: “No se trata de que la ley diga que los indígenas pueden tener medios de comunicación, sino que establezca políticas concretas para lograr que su situación de desigualdad se compense”.

Estas condiciones establecidas en la Constitución deberán ser cumplidas en el actual proceso legislativo para una nueva ley en materia de radio y televisión, donde deberá establecerse de manera clara el acceso a medios de comunicación de esas comunidades, es decir a los medios comunitarios. Sin embargo, no hay que confundir a los medios comunitarios como sinónimo de medios indígenas, si bien estos últimos responden a las necesidades de las múltiples etnias y pueblos del país.

Los primeros también son producto de necesidades de otros sectores de la población que tienen condiciones de exclusión o de vulnerabilidad (jóvenes, mujeres o niños).

En este sentido también hay recomendaciones expresas para que el Estado mexicano garantice el acceso a grandes sectores de la población a los medios de comunicación, y en específico a los medios comunitarios, así como responsabilidades en la materia establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que el Legislativo deberá tomarlos en cuenta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución que refiere a lo que se conoce como la jerarquía normativa en el sistema jurídico mexicano.

Esperemos que en esta ocasión el Legislativo responda a la responsabilidad que tiene como parte del Estado, en el sentido de elaborar una ley de medios que garantice plenamente el ejercicio de los derechos humanos, entendiendo que la radiodifusión es un instrumento para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, entre otros.

Hay que recordar que el Estado mexicano se comprometió en julio de este año, ante el pleno de los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que el Relator Especial para la Libertad de Expresión acompañe de manera puntual el actual proceso legislativo de radio y televisión, a fin de que se apegue a los más altos estándares internacionales en la materia, sin embargo, hasta el momento no se ha visto mecanismo alguno concreto para que el Estado cumpla con dicho compromiso. alidda@prodigy.net.mx

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P o rt ad a Carlos Flores Núñez descabeza a El Centro

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edicada al negocio del periodismo de frivolidades durante casi cinco décadas, los accionistas de Grupo Editorial Notmusa, encabezados por el actual director general, Carlos Flores Núñez, decidieron sumar a sus diez publicaciones de “info-entretenimiento”, como TV Notas, Veintitantos, H para Hombres y Nueva Mujer, un diario capitalino que además del estilo editorial de la casa, realizara periodismo de investigación. Así nació el 4 de marzo del 2007, El Centro. El éxito editorial y comercial que les había representando el periódico deportivo Récord (2002) del mismo grupo, que ganó durante dos años consecutivos (2002-2003) el premio de diseño internacional de la Society for News Design, los animó aún más para hacer algo distinto.

Sin embargo, pocos meses después se arrepintieron, porque las investigaciones que realizaba El Centro les estaba provocando conflictos de interés, al investigar temas donde políticos y empresarios con poder mostraban sus flancos débiles. Las presiones no tardaron en llegar. Por ejemplo, restringiendo la distribución del diario en los aviones de Mexicana de Aviación, o en ocasiones suspendiendo publicidad.

El empresario despidió al periodista y director editorial de El Centro, Miguel Castillo Chávez,

salida oficializada el lunes 15 de octubre, luego de que el diario publicara el 1 y 2 de ese mes, una entrevista con Victor Hugo O´ Farril, quien durante 27 años tuvo en sus manos el éxito de las telenovelas de Televisa, y en cuya conversación acusa de traidor a Emilio Azcárraga Milmo (padre de Emilio Azcárraga Jean), además recomienda que se les quiten dos canales a Televisa y dos a TV Azteca, porque “no hacen nada”, y afirma que “la televisión está por encima del Presidente”.

Entre 1965 y 1992, Víctor Hugo O´Farril, como vicepresidente de Televisa, vivió la época de oro de

las telenovelas. Al respecto declaró a El Centro que lo que produce Televisa “es una vergüenza”; ”no hay cabeza en la producción de telenovelas”; “los señores de la radio y la televisión hacen lo que quieren con la ley y nadie les dice nada”.

Televisa dobla a Notmusa La publicación de la entrevista provocó la ira de Emilio Azcárraga Jean, quien ordenó el veto en las actividades artísticas y deportivas a las once publicaciones de Notmusa: Notas para ti, Tv Notas, Tv Notas USA, 15

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a 20, Veintitantos, H para Hombres, Diario Récord, 4 Ruedas, Ser Mamá, Nueva Mujer y El Centro. “Los reporteros de Récord no podían entrar a los estadios, y a los colegas de Tv Notas no los dejaban entrar a los foros de Televisa”, dijeron reporteros consultados.

Diez días después, el 12 de octubre, El Centro publicó en la contraportada, el texto “El Polvo de Aquellos Lodos”, cuyo contenido es una réplica a los dichos de O´ Farril, pero sin firma, aunque con profundo conocimiento de las historias de familia del empresariado mediático en lo que fue Telesistema Mexicano, hoy Televisa . El texto, subtitulado, La historia, sin embargo, es bien distinta, señala a Rómulo O´ Farril (abuelo de Víctor Hugo) de prestanombre del expresidente Miguel Alemán, y acusa al nieto de “prácticas poco éticas”, y de desapego a la realidad porque hoy, hay “una disputa cotidiana por cada punto de rating”.

La réplica anónima (que algunas versiones atribuyen a gente de Televisa), no fue suficiente para el consorcio, y el lunes 15 de octubre, el empresario entregó la cabeza de su director editorial a Azcárraga Jean. Aunque el anuncio lo dejó en manos de Alejandro Gómez, director de Diarios de la empresa.

Gómez dijo a los editores del periódico que la entrevista a O´Farril había sido “la cereza del pastel”. “Hizo un recuento de las notas que en su opinión habían provocado problemas a la empresa, como la de Sanborns; la del Presidente de la República, la familia de Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia, y la de Mexicana de Aviación, y ahora la de Televisa. Nos dijo que la línea editorial iba a

cambiar y que por eso salía Miguel Castillo. Varios de nosotros decidimos irnos, porque no compartimos la nueva línea editorial. Pensamos que va a ser una línea editorial en la que no se va a poder publicar algunas muchas cosas”, dijo a Zócalo, Ana Avila, ex coordinadora de la Sección Tendencias.

Efectivamente, en solidaridad con su director editorial renunciaron Carolina Pavón, (editora), Alejandra Bordon (coordinadora de Ciudad), Ana Avila (coordinadora Tendencias), Luis Guillermo Hernández (reportero, Premio Nacional de Periodismo 2007), José Gerardo Mejía (coordinador de El País), Víctor Hugo Sánchez (reportero quien entrevistó a O’Farril), Francisco Cruz (editor general), Rubén García (coordinador de Espectáculos), L e t i c i a P i n e d a (reportera) y Arely Quintero (articulista). Luego se agregarían Jorge Reyes Ontiveros (reportero) y Javier Solórzano, articulista.

“Nos dijeron que esos reportajes habían vulnerado la viabilidad de la empresa, y que por eso se decidió la salida de Miguel Castillo.

Independiente-

mente de las circunstancias periodísticas o de otra índole, se antepone el interés de la empresa, se separa al directivo incómodo ¿no? Eso se llama censura aquí y en China”, dijo el reportero Luis Guillermo Hernández.

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P o rt ad a Reforma electoral y libertad de expresión Beatriz Mojica

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e va a perder “30 por ciento de la parte comercial de que viven todas las estaciones de radio y televisión”, aceptó el vicepresidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), Rogerio Azcárraga Madero, en reunión entre senadores y representantes de la CIRT, el martes 11 de septiembre, y eso resume lo que hay tras las protestas de med ios electrónicos de comunicación sobre la reforma electoral.

La defensa al IFE, los “ataques” a la libertad de expresión, son un asunto secundario cuando de por medio hay más de tres mil millones de pesos que, se supone, ya no irán a parar a las televisoras ni tampoco a los partidos políticos. Ese es realmente el problema y cuando se discute un asunto de dinero, algunos medios electrónicos olvidan su responsabilidad social y empiezan a denostar a quienes se niegan a preservar sus prebendas y privilegios.

Nada tiene que ver la defensa a la libertad de expresión en la reforma electoral, porque ésta no la trastoca, de hecho la fortalece al garantizar, desde la Constitución, el derecho de réplica de los y las mexicanas, que en los medios electrónicos poco se cumple.

En la reforma electoral se prohíben las campañas negativas y que grupos ajenos a los partidos políticos contraten publicidad para vilipendiar candidatos, como sucedió en la campaña electoral de 2006, práctica que ha continuado en las campañas locales. Las modificaciones constitucionales no implican atentado alguno contra la libertad de expresión, porque la misma Convención Interamericana de Derechos Humanos señala, en diversos documentos, sus límites y uno de ellos es la real malicia, es decir, cuando una información se trasmite con dolo, a sabiendas de que es falsa y se usa para perjudicar a terceras personas.

La campaña negra contra Andrés Manuel López Obrador, declarándolo “un peligro para México”, es un claro ejemplo de real malicia. Por tanto, retirarlos del aire en su momento de ninguna manera era un atentado contra la libertad de expresión. La reglamentación al uso del dinero público y privado en campañas electorales en el acceso a los medios de comunicación es acertada, sobre todo en un momento en el cual el espíritu democrático se está distorsionando, al permitir que el poder del dinero gane elecciones y no precisamente las propuestas de los candidatos.

Otro asunto a destacar en la reforma electoral es el artículo 134 constitucional: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los

órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servicio público”.

Esta reforma causa inconformidades a ciertos gobernadores y presidentes municipales, acostumbrados a promocionarse con recursos públicos. No veo por qué los medios electrónicos se sienten afectados. La reforma en ningún momento señala que los gobiernos deban dejar de promocionar sus actividades, más bien afirma que no se debe hacer promoción personal, sino institucional.

Con esta medida es posible que los medios electrónicos, sobre todo las televisoras, pierdan un poco, pero la sociedad podría ganar mucho. Siempre me he preguntado de qué me sirve a mí, ciudadana, ver al Presidente de la República diciendo que todo marcha maravillosamente, cuando todos sabemos que es una falsedad. ¿Por qué no vemos en televisión campañas de salud o prevención de accidentes? ¿Por qué nuestros gobernantes no utilizan los medios de comunicación para informarnos, por ejemplo, cómo accedemos a programas sociales, cómo funcionan los micro créditos, en fin, cómo mejoramos nuestro nivel de vida?

La prohibición de que los funcionarios públicos se promocionen a título personal nos debe llevar a reflexionar sobre el cambio en las prácticas de comunicación institucional. Esta reforma debe sentar las bases de una comunicación para el desarrollo. ¿Y qué quiere decir eso? Significa que la gente tiene derecho a recibir información que le sirva para tomar decisiones en su vida cotidiana, decisiones no sólo de carácter electoral, sino también aquellas que tienen que ver con el gobierno, con asuntos como servicios públicos, políticas públicas y economía familiar. Comunicar para el desarrollo implica pensar en las necesidades de la gente antes que en promoción personal.

Esta reforma electoral también representa la oportunidad de la sociedad mexicana para exigir a los medios masivos de comunicación que cumplan con la responsabilidad social de garantizar una información veraz y oportuna.

Se trata de una reforma estructural. Si todos los actores cumplen lo que les corresponde nos ahorraremos mucho dinero y estaremos volviendo al cauce a nuestra maltrecha democracia. beatrizmojica@hotmail.com

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P o rt ad a Raúl Trejo Delarbre

Calderón: ocasión desperdiciada

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i se le evaluara a partir del comportamiento de los legisladores de su partido en la reciente reforma constitucional, podría considerarse que el gobierno del presidente Felipe Calderón ha resuelto tener una postura crítica, reclamante e incluso reformadora respecto de los grandes consorcios de la radiodifusión. Es imposible suponer que la muy activa participación de los senadores del PAN en el diseño y la defensa de la reforma constitucional en materia electoral, que incluyó un amplio y novedoso apartado para disminuir el poder que los medios habían alcanzado como espacios y árbitros de la competencia política, no haya tenido la anuencia del titular del Poder Ejecutivo.

Aunque la responsabilidad de lo que dijeron e hicieron hay que atribuírselas plenamente a esos legisladores, se puede presumir que durante el proceso de discusión en el Congreso mantuvieron una estrecha comunicación con el presidente Calderón.

Pero si se le justiprecia a partir de las intervenciones públicas que tuvo en las semanas posteriores a la votación de esas reformas constitucionales, particularmente en la conmemoración anual de los radiodifusores, habría que considerar que el discurso de Calderón es tan complaciente con esos industriales que resulta contradictorio con las reformas que han impulsado los legisladores del suyo y el resto de los partidos nacionales.

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La Semana Nacional de la Radio y la Televisión ha sido siempre momento de reiteraciones o definiciones en la relación entre los empresarios de ese gremio y el gobierno. El pasado 10 de octubre se cumplían cinco años del decretazo que el presidente Vicente Fox y su esposa forzaron con tanto apremio que incluso dispusieron la publicación de una edición vespertina del Diario Oficial para que aquellas reformas fuesen un hecho a la hora en que se realizaba la comida auspiciada por los dueños de Televisa y otras empresas. La expedición de un nuevo (y todavía vigente) reglamento de Radio y Televisión, así como la disminución del llamado tiempo fiscal a la décima parte de los espacios que había significado desde 1969, fueron un inopinado obsequio del matrimonio Fox a los dueños de la televisión privada.

Quizá por la coincidencia de esa fecha, pero sobre todo debido a que la reforma constitucional acerca de los procesos electorales estaba muy reciente y no se habían conocido definiciones suyas acerca de esos cambios, el discurso de Calderón era muy esperado este 10 de octubre. Acaso tal expectativa creó un contexto de exigencias con las que ese mensaje no cumplió.

Buena parte de aquel discurso estuvo aderezado de lugares comunes que en nada resultaron diferentes a los discursos que cada año, en las mismas fechas, les ofrecían a los radiodifusores los presidentes priistas. “Su labor contribuye a la construcción de identidad, a la unidad y a la integración de todos los mexicanos”, “la libertad de expresión debe estar asociada íntimamente al respeto a los demás y a la responsabilidad con México”, “la relación del Estado con los medios de comunicación debe basarse en el respeto mutuo”, “estamos obligados a escuchar la voz de la ciudadanía”, etcétera. Cada uno de tales postulados es reivindicable desde las posiciones políticas más diversas. Pero se quedan en palabras huecas, o escasamente útiles, cuando no están acompañados por medidas específicas para que esas responsabilidades de la radiodifusión puedan cumplirse.

Intenciones sin proyecto Y eso es, precisamente, lo que se está dirimiendo ahora en México. Después de la reforma constitucional, que implicó un fuerte enfrentamiento entre la clase política y el poder mediático, el Congreso tiene que revisar el Código Electoral –en donde habrá un capítulo destinado a regular la utilización de tiempos oficiales para difundir mensajes de propaganda política– y más adelante, de acuerdo con el calendario anunciado por los legisladores, vendrá la actualización de las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión.

Podría suponerse que el presidente Calderón quiso ser en extremo discreto y por eso no aludió a esos procesos legislativos en su encuentro con los radiodifusores. Pero también es posible considerar que el titular del Ejecutivo, tan dispuesto como se encuentra recientemente para exigir (a veces no sin razones) que distintos sectores de la sociedad asuman responsabilidades jurídicas y éticas, no quiso responsabilizarse él mismo con una posición definida en este debate.

Calderón recordó los tres principios que en otra ocasión había señalado para el desarrollo de la radiodifusión y las telecomunicaciones: cobertura, convergencia y competencia. Así planteados, sin precisiones, resultan incuestionables. El crecimiento de ese sector en México y especialmente de las nuevas tecnologías en las que puede apoyarse hacen pertinente una visión integral, capaz de amalgamar capacidades de difusión con distintos cauces para la transmisión de mensajes.

Pero sin un marco legal a la vez moderno y que contenga principios generales para la regulación de los medios independientemente de las modalidades específicas que asuma la propagación de sus contenidos, seguiremos estando a la zaga no sólo del desarrollo tecnológico en otros países, sino, antes que nada, del desempeño que ya mantienen las principales empresas de telecomunicaciones en México. Y si ese marco legal no tiene el explícito propósito de impulsar cobertura y convergencia para beneficio de la sociedad y no como vías para aumentar la exacción de sus recursos, no será la comunicación para la sociedad, sino el negocio para quienes acaparan muchos medios en pocas manos, lo que veamos ensancharse durante los años siguientes.

El presidente Calderón dijo que su gobierno desarrollará “la ampliación de las redes de internet y de telefonía” pero no ha precisado cómo ni con qué parámetros. Recientemente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aseguró que cuando termine el actual sexenio al menos 70% de los mexicanos tendrá acceso a internet. Hoy en día apenas 20% de los habitantes en este país disfruta de ese privilegio.

Aumentar a la vez que mejorar la cobertura de la Red de redes parece fundamental. Si México lograse triplicar el acceso a internet en los próximos cinco años habría alcanzado un hito mundial. Sin embargo tales metas quedarán ahogadas en la retórica, así como en el endémico mal de los proyectos sin contenido, a menos que existiera una auténtica política de Estado para desarrollar esa y otras áreas de las telecomunicaciones.

Para que nuestro país alcanzara ese objetivo en el siguiente lustro se necesitaría reorientar drásticamente la política de de-

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sarrollo de las telecomunicaciones y sustituir a Telmex por un esfuerzo que conjuntara recursos públicos con inversiones muy diversas. Pero más allá de los buenos propósitos del presidente Calderón y los anuncios triunfalistas de la SCT no se advierten, en el panorama actual, decisión ni propuestas gubernamentales para emprender esa revolución comunicacional.

Caravanas con refrendo ajeno En vez de ofrecer una política de amplio aliento, al presidente Calderón le ha interesado paliar inquietudes de corto plazo de los radiodifusores. En su alocución del 10 de octubre les ofreció hacer “todo lo que esté a mi alcance para que puedan adoptarse los mejores estándares tecnológicos-digitales en los servicios de radiodifusión” y, por otra parte, establecer “procedimientos claros y asequibles para quienes buscan la renovación de sus concesiones”.

El primer ofrecimiento se refiere a la indecisión que ha existido acerca del estándar que México adoptará para la conversión hacia la radio digital. Ni el gobierno, ni los radiodifusores mismos, han asumido una definición clara acerca de los modelos europeo y estadunidense (que describimos someramente en Zócalo de octubre de 2006) que suponen distintas tecnologías en cada caso. No es un asunto que pueda resolverse con la sola voluntad presidencial.

La promesa para que sean renovados los títulos de concesión que se encuentran vencidos, o que terminarán próximamente, tampoco depende de la decisión del titular del Ejecutivo. Aunque la decisión última acerca de esas renovaciones es de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, existe un procedimiento que debe ser promovido por la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Si bien la Cofetel no es autónoma respecto del gobierno, sus comisionados tampoco están obligados a seguir puntualmente las instrucciones del Presidente.

Además, una de las resoluciones que la Suprema Corte de Justicia tomó en junio pasado acerca de las reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión estableció que los refrendos de concesiones no serán automáticos.

En una extensa argumentación a propósito del artículo 16 de la ley de Radio y Televisión, los ministros de la Corte establecieron que de la misma manera que el otorgamiento de nuevas concesiones tiene que pasar por una licitación, también en su renovación es necesario abrir la posibilidad de que concursen empresas distintas a las que son titulares de tales licencias.

La evaluación que se realice acerca de su desempeño, le daría al concesionario una ventaja razonable al tramitar el refrendo del título de concesión. Pero no hay renovaciones inmediatas.

El procedimiento para el refrendo tiene que ser conducido por la Cofetel a partir de reglas que deberán ser precisadas en la nueva legislación. El presidente Calderón no tiene en sus manos la capacidad administrativa ni existen los instrumentos jurídicos para que pueda cumplir con la promesa de revalidar todas las concesiones pendientes. Quiso lucirse con los radiodifusores haciendo caravana con refrendo ajeno.

Legalidad o advertencia El Presidente les obsequió otro guiño retórico a los concesionarios cuando se ufanó de haber cerrado, en los meses recientes, “más de una docena de estaciones de radio y televisión que operaban en forma ilegal”. Durante largo tiempo esos empresarios han considerado que el espectro radioeléctrico es patrimonio suyo y se han encrespado cuando algunos ciudadanos o grupos sociales establecieron emisoras sin propósitos comerciales y que no siempre cumplieron los escabrosos procedimientos administrativos para obtener permiso de transmisiones. La mezquina causa contra las radiodifusoras comunitarias fue uno de los temas que cohesionó y le dio identidad a la CIRT durante los años recientes.

La aplicación de la ley siempre es deseable. Pero antes que nada es preciso que exista una legislación capaz de promover la diversidad y la equidad y eso es lo que apenas está por construirse para la radiodifusión.

Calderón afirmó: “no hemos permitido, ni permitiremos que por la fuerza se tomen instalaciones de radio o televisión por parte de personas o de grupos, nunca más una toma violenta de una estación o de un negocio lícito en el país”.

Los radiodifusores que le aplaudieron la tarde del 10 de octubre, en la conmemoración de la CIRT, pensaron que hacía alusión a las emisoras que hace varios meses fueron ocupadas por la APPO en Oaxaca. Pero en una lectura voluntarista, ingenua o pícara, La Jornada del día siguiente consideró que Calderón se refería al asalto que Televisión Azteca emprendió contra la antena del Canal 40 en diciembre de 2002.

La afirmación del Presidente vale contra cualquier transgresión de la ley. Pero si tuviera la decisión de cumplir parejo con ese orden jurídico, de la misma manera que desalojó las estaciones ocupadas por militantes de oposición en Oaxaca, el presidente Calderón tendría motivos de sobra para acotar los excesos propagandísticos, los engaños a televidentes y clientes de sus empresas, la promoción de la intolerancia y la distorsión de los acontecimientos que se han vuelto habituales en los canales concesionados a Ricardo Salinas Pliego. trejoraul@gmail.com

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P ortad a ¿Nuevo periodismo en la CIRT?

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ntre las actividades de la 49 Semana Nacional de la Radio y la Televisión, se organizó la conferencia Hacia un nuevo periodismo, donde participaron Peter Bauer -conductor de Informativo 40 Dominical y ex director jurídico de la CIRT-, y Francisco Zea -conductor del noticiario matutino de Cadena 3 y de la tercera emisión de Reporte 98.5 de FM-.

El primero comenzó preguntándose cómo abordar “el nuevo periodismo”, porque para él, la profesión del informador no debe tener calificativos. “El periodismo tiene la obligación de romper con el monopolio informativo”, monopolio que –a su juicio- ejercería el Estado de no ser por los periodistas y la oportunidad que les dan los medios para transmitir la realidad.

Porque -indicó- “no se rompe el monopolio de la información transmitiendo boletines oficiales. El periodismo es buscar ángulos distintos del mismo evento, que se consideren relevantes”.

El nuevo periodismo, dijo Bauer, “tiene que ver con romper paradigmas y en la televisión hay dos: la televisión cultural y la televisión comercial. La televisión comercial es negocio, la televisión cultural no es negocio, por tanto a ésta la tiene que subsidiar el Estado. ¿Cómo hacemos para romper estos paradigmas y generar espacios de televisión inteligente que además sean viables? Porque, al fin y al cabo, el beneficio que hacemos nosotros depende de la viabilidad del negocio”.

Por su parte, el conductor Francisco Zea manifestó que “el periodismo siempre es nuevo” y que lo que hay son viejos y nuevos periodistas. Desde su punto de vista se debe entender que el nuevo periodismo, además de informar, debe tratar que los periodistas novatos se interesen en la vida de las personas.

Sin una vocación de servicio, los nuevos periodistas no tienen sentido, aseveró y apuntó que el viejo periodismo es el de los hechos aislados y las opiniones libres. En México, el 58% de la población confía en los medios, mientras que el 42% no (aunque no citó la fuente de esos porcentajes). “Si no están confiando en nosotros, tenemos graves problemas”.

Sobre la objetividad en el periodismo, añadió: “¿Cómo informar sin que tengas ninguna tendencia? No se puede sólo informar en un sentido exacto, porque todo lo que le estamos llevando al público tiene un tamiz. Ahora resulta que todos los medios de comunicación y periodistas somos una especie de ángeles que no tenemos pensamiento”.

Acerca de la legislación de radio y televisión, agregó: “Necesitamos un marco legal que otorgue seguridad jurídica para los radiodifusores que usan el espectro radioeléctrico, asi como los periodistas requieren libertades para opinar. Hoy en día tenemos una legislación que, me parece, a todos nos deja un mal sabor de boca”.

“Si yo hablara...”: Aquel comentarista e incisivo cronista deportivo, que hizo época por sus críticas hacia al deporte en general y al futbol en particular, se esfumó. En la presentación de su libro Mi Pasión, una vida dedicada a la comunicación y el deporte, decide callar lo que sabe del futbol, del arbitraje, de las componendas entre clubes y del duopolio que se ha apropiado de las transmisiones de los encuentros.

Víctor Becerril

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o hay duda, los mejores años de José Ramón Fernández han pasado y al parecer se podrían ir para siempre, porque ahora resulta más importante lo que no dice, que lo que decide hacer público.

“Si hablara de juegos arreglados...

“Si hablara de cómo se hace el futbol en México...

“Si hablara de cómo ha ganado el América...

“Si yo dijera lo que sé del arbitraje...

“Si uno dijera todo lo que sabe se caería el futbol mexicano para siempre”.

Ese fue el José Ramón Fernández ante un público de periodistas predominantemente jóvenes, que concurrió a la biblioteca Rosario Castellanos a la presentación de su libro autobiográfico Mi Pasión, una vida dedicada a la comunicación y el deporte, de Editorial Planeta.

Si José Ramón “hablara”, entonces sí, todo mundo le creería lo que él mismo había tejido en torno suyo, como un comentarista deportivo que no se detenía para denunciar lo oscuro y polémico del deporte.

Es el clímax de la presentación de su libro, una mañana de octubre en el recinto cultural de la colonia Condesa. Y así, por lo menos dejó caer una máxima: “El futbol está cada vez peor”.

Fernández llega algunos minutos tarde a la cita porque se fue hacia el sur de la ciudad, equivocándose de librería. Su tono al iniciar la conversación es discreto, en calma, hasta que el volumen de voz, su seguridad, el estilo irónico que lo caracteriza, eleva el nivel de la presentación que antecede a la serie de preguntas y respuestas.

En un principio de su carrera, la presencia de Fernández como antagonista de los poderosos, dominadores del medio de la comunicación deportiva, fue bien vista por quienes pensaron que hacen falta críticos de los sistemas de explotación deportiva en el país.

Los principios del fundador de Deportv, plasmados en su libro, tienen un tono reconfortante cuando uno los repasa, pero el José Ramón que se fue desgastando, atrapado entre intereses de todo tipo que finalmente le cortaron la cabeza, dejó de ser, como señala Javier Darío Restrepo acerca de algunos periodistas (La palabra, fuerza o debilidad de la democracia, difundido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM), “que son percibidos como un motivo de esperanza”. Por lo menos ese era el sentir de muchos deportistas, de comunicadores inclusive, de un amplio sector de la población, que llegaron a pensar que

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José Ramón Fernández Fernández podría ser quien influyera para desempeñarse en un sistema empresarial deportivo, privado y oficial mucho más justo.

Sin embargo, el libro es un documento que hay que leer, para saber qué ha sido José Ramón Fernández, y entender dónde se quedaron atrapados sus ideales.

El deporte como negocio José Ramón Fernández asume que, en efecto, el deporte es un negocio y que el periodismo trae consigo una herencia de sometimiento (páginas 27-28), lo que de alguna manera hemos analizado en Zócalo acerca del prolongado maridaje de los medios con el deporte y los deportistas.

Puede resultar ofensivo, como cuando dice que él estudió una maestría en la Universidad “no como los burros que van de milagro a CU, que no saben ni dónde queda la Rectoría, que no conocen la biblioteca por dentro, nada”.

El éxito de Fernández tiene que ver, en todo caso, con haber encontrado en sus programas de televisión el hilo de un producto inexistente y de un espacio vacante, donde por cierto brillan más los ex deportistas que son habilitados como ‘comentaristas’ al final de su carrera, o como él, que se dedicó al periodismo a partir de su licenciatura en Administración. Pero eso sí, de los ex futbolistas mexicanos dice que son “unos sangrones”.

En realidad, pocos de sus colaboradores habían egresado de alguna carrera de periodismo, y dos de sus máximos orgullos, André Marín y David Faitelson, se hicieron en el campo de la práctica, convirtiéndose en “periodistas” empíricos.

Sin embargo, hoy asegura que Marín, un joven de 27 años, no puede tener credibilidad. Él, José Ramón, no se la concede.

Leer “Mi pasión” es reconocer episodios que se hicieron públicos durante el mejor periodo de Fernández, antes de enfermar y dejar su lugar para que sus ex colaboradores terminaran por echar todo por la borda.

O, como ha señalado en entrevistas, cuando se aprovecharon sus problemas de salud para que las dos televisoras monopólicas se pusieran de acuerdo y casi se decretara su retiro de los programas deportivos.

Periodismo deportivo de basura Hoy, dice Fernández no queda nada del periodismo crítico como él lo concibió.

–¿Cómo define el periodismo en el deporte?, le preguntó recientemente Javier Poza en un programa de Televisa, Okey W, a lo que respondió tajante: “¡Una basura! Totalmente. No hay líderes de opinión, no existe compromiso, no hay nada. Actualmente no hay nada. Yo sí luché contra el monopolio”.

La realidad es que al acabarse el antagonismo, José Ramón salía sobrando y hasta estorbaba.

Nadie hubiera imaginado por ejemplo, que en los buenos tiempos de Joserra se rindiera pleitesía a Hugo Sánchez, a los dirigentes del América o a los de la Federación Mexicana de Futbol, como lo han hecho Marín y demás herederos “Protagonistas”.

José Ramón recriminó a un confeso americanista que estaba en la sala, por su afición al equipo de Coapa, y le advirtió que si él le contara lo que ha hecho el América para ganar, entonces sí que se moriría de

vergüenza y hasta cambiaría de colores.

A partir de ahí, de lo que no dijo, el libro de Fernández ya se quedó corto, aunque al responder una pregunta acerca de lo que dejó fuera o tuvo temor de publicar, siguió un rotundo: “¡Yo no tengo miedo de nada!”. Pero explica que las cosas que no están en el libro las dejó para “más adelante”.

Por supuesto que nadie le cree del todo cuando a pregunta expresa se le cuestiona acerca de lo que hubiera querido decir y omitió. “¡Nada! ¡Nada dejé fuera!”, dijo en su estilo casi colérico.

Por cierto, la explicación de la forma de conducirse de Fernández ante las cámaras, tiene que ver, según expone en su libro, porque entre sus aficiones juveniles estaban la actuación y la oratoria.

Pero si de lo que se trataba era que José Ramón Fernández contara su vida, el libro cumple con algunas expectativas, aunque no será del todo convincente para los cazadores de temas amarillistas y chismosos de profesión.

Una larga trayectoria Son 34 años de historia dentro del periodismo, declaró Fernández el día de la presentación del libro. Lo convencional fue escuchar que le llevó un año escribirlo y que no es precisamente una obra que trate sobre deportes, sino que está más enfocado a plasmar su concepto de comunicación.

Es rescatable el intento del autor por dejar en evidencia al sistema deportivo que tanto criticó en sus buenos momentos, como cuando escribe: “Que el futbol es una mercancía, nadie lo duda. Nuestros aficionados deberían ser más exigentes y pedir un mejor futbol y que se reglamente la participación de la televisión, que haya menos transmisiones y mejor reglamentadas. Poner a los clubes requisitos muy claros para que los estadios y las canchas estén bien acondicionados, porque hay algunas en condiciones miserables. Se debería exigir también una reglamentación que favorezca más al jugador y menos al directivo. Ya hemos dicho que el futbol es un negocio privado, en el que los dueños tienen hasta cierto punto el poder de decisión sobre sus clubes, pero deben existir límites que salvaguarden a los jugadores que les den un poco más de dignidad, lo que redundaría en beneficio del futbol y del público, que es a final de cuentas quien paga”.

No obstante, con pistas incompletas, Fernández deja a la imaginación de los lectores la identidad de un personaje –de quien dijo aún trabaja en Televisión Azteca– que le deslizó por la puerta del hotel, donde se hospedaba en Alemania durante el Mundial, una carta escrita a mano en la que revelaba su admiración por el comentarista. Por algo que no aclara Fernández, decidió publicar la carta casi al final de su libro. “Solamente quien lo escribió y yo sabemos de quién se trata”, señala.

Critica a los ex futbolistas mexicanos, para quienes dedica un acre comentario: “Se sienten grandes conocedores y les cuesta trabajo entender que ya dejaron de ser estrellas”.

Y bien, habrá que esperar cuando José Ramón Fernández decida que es tiempo de decir lo que sabe. Muchos seguramente se reivindicarán. Hasta entonces rescatará algo de la credibilidad que lo puso en la vanguardia de los comentaristas deportivos. No antes. vicbec1@yahoo.com.mx

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Libertad de Expresión

Rechaza El Sur daño moral que exige hermano de Torreblanca Balbina Flores Martínez

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rente a la demanda civil interpuesta por Alberto Javier Torreblanca Galindo, hermano del gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, en contra del periódico El Sur y cinco de sus reporteros por “responsabilidad civil”, el abogado Juan Martín Altamirano Pineda rechazó que el diario o los periodistas del mismo hayan difamado el honor, el nombre o afectado la esfera social del familiar del funcionario, y por lo tanto no existe el cargo de daño moral.

La defensa negó también la demanda del pago de diez millones de pesos por “reparación del supuesto daño moral”, que asegura Alberto Torreblanca le fueron provocadas “por diversas publicaciones aparecidas en el diario El Sur”.

De acuerdo con Altamirano Pineda, “la legislación sustantiva civil no prevé el supuesto de reparación por daño moral como autónomo, sino como accesorio de la reparación por un daño patrimonial”. No existió dolo alguno, “sino que fueron producto del ejercicio libre del periodismo y la libertad de expresión”, según consta en la contestación de la demanda interpuesta el 25 de octubre.

La demanda contra El Sur se originó cuando el 5 de junio el periódico publicó “Hermano del gobernador de Zeferino vinculado a millonario contrato de gobierno”, firmada por el reportero Ezequiel Flores, donde constructores de Chilpancingo señalaron a Alberto Torreblanca Galindo como socio de la empresa de Acapulco Corporación Constructora Analú, compañía que recibió de la Secretaría de Educación de Guerrero un contrato de adjudicación directa por 18 millones de pesos por obras de reparación y mantenimiento de escuelas.

Luego vendría la demanda. El 11 de octubre el Juzgado Segundo de Primera Instancia del ramo Civil, con sede en Acapulco, les notificó del juicio ordinario civil (656/2007, a cargo del juez Ausencio Díaz Lorenzano), promovido por Alberto Javier Torreblanca Galindo en contra de El Sur y cinco de sus reporteros: Ezequiel Flores Contreras, Hugo Pacheco León, Mónica Martínez García, Teresa de la Cruz y Jesús Saavedra Lezama, por presunto daño moral y “a quienes demanda el pago de diez millones de pesos por concepto de reparación de daño moral ocasionada a su persona y derivada de publicaciones infundadas”, aparecidas en las ediciones del 5, 6, 7 y 8 de junio de 2007.

El abogado Juan Martín Altamirano niega todo derecho a demandar la publicación en la misma página, en los mismos términos y condiciones, de la aclaración y rectificación de las publicaciones que, dice, fueron infundadas, así como la publicación en el diario El Sur del extracto de la

sentencia definitiva que se dicte en este juicio.“El reclamo principal por daño moral no esta previsto en la legislación sustantiva civil vigente en el estado de Guerrero”, advierte.

Previo a la contestación -el 18 de octubre-, el jurista presentó el recurso de apelación ante el Juzgado Segundo Civil, donde pidió se deseche la demanda por improcedente e ilegal, porque “el auto apelado es ilegal al contravenir en demérito de sus defendidos lo dispuesto por los artículos 9, fracción IV, 141 y 238 del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 364”; y porque “el juez admite a trámite la demanda interpuesta por Alberto Javier Torreblanca Galindo, en la vía y forma que éste propuso, sin antes haber analizado si dicha demanda satisface los requisitos que señala el artículo 232 del Código Procesal Civil, en su fracción VII”, vigente en Guerrero.

Explica que de haberse realizado el análisis “hubiera obligado a estimar que la acción de demanda propuesta era improcedente”, porque en ésta “no se reclama daño patrimonial ninguno, sino en forma exclusiva se reclama una suma en concepto de indemnización por daño moral que en el ordenamiento civil no se prevé”. Sobre el tema, precisa que en la legislación local “sólo se prevé el daño moral en los casos de lesiones o muerte, según el artículo 1763”.

El Sur no ataca la vida privada de nadie Al respecto, el director de El Sur, Juan Angulo, dijo a Zócalo en entrevista en el Distrito Federal dijo: “nosotros actuamos con mucho cuidado en nuestra información, no actuamos con dolo, todas nuestras fuentes son declaraciones públicas y documentos oficiales. Todo lo que hemos publicado tiene sustento. Nos llama la atención que en los tres años del gobierno de Torreblanca, la Dirección de Comunicación Social no haya enviado al diario ninguna carta aclaratoria sobre informaciones publicadas. Al contrario lo que ha utilizado es una amenaza constante”.

En una de las notas aludidas, la del 7 de junio, el periódico publicó la versión del gobernador sobre los señalamientos contra su hermano, firmada por la reportera Teresa de la Cruz, donde el mandatario rehusó hacer comentarios pero que “iba a responder luego”. Mónica Martínez García también firmó otra nota. En tanto, Hugo Pacheco y Jesús Saavedra publicaron el 8 de junio reacciones de legisladores sobre el tema.

En reunión con organizaciones defensoras de la libertad de prensa en la Ciudad de México, Angulo añadio: “la demanda no es un hecho aislado, hay una serie de antecedentes que hemos registrado que así lo indican Hay una situación de restricción publicitaria y un boicot que

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ha sido constante, además de la descalificación de reporteros en conferencias de prensa y la negativa de información sobre la agenda de actividades del gobernador, entre otros”.

A su vez, el subdirector editorial de El Sur, Tomás Tenorio, agregó: que la demanda contra el periódico constituye una prueba de la campaña emprendida en contra del diario por el gobierno del estado.

En el encuentro con la prensa, convocada por la Red Mexicana de Protección a Periodistas, denunció que durante el gobierno de Zeferino Torreblanca, El Sur ha sido objeto de una serie de acciones de represión “que van desde la restricción de la publicidad gubernamental, la negación de información y maltrato de sus reporteros. Ahora, con esta demanda, el uso de los recursos legales con el objetivo de acallar la línea editorial crítica que ha mantenido El Sur”.

Libertinaje de El Sur: el gobernador Representantes de las organizaciones defensoras de la libertad de expresión recordaron que El Sur es uno de los principales periódicos que se edita en Acapulco, y que circula en las siete principales regiones del estado. Su cobertura es amplia, plural y crítica y constituye un punto importante de referencia para las organizaciones y movimientos sociales en el estado de Guerrero. Por eso, no resulta extraño que este diario se vea ahora sometido a estas presiones donde convergen prácticas que van desde las “vías directas e indirectas” de presión para la libertad de expresión, señalarón.

En declaraciones a la prensa local el 13 de octubre, el gobernador Zeferino Torreblanca aseguró que “no influyó en la decisión que tomó su hermano Alberto –en septiembre–, pero lo excusó argumentando que El Sur y su director general “no son objetivos” y que por eso él (su hermano) se ve obligado a defender sus “intereses” ante la falta de “veracidad” del diario y ante lo que también afirmó: “hoy en Guerrero se pasó de la censura al libertinaje absoluto”

Olga Wornat denuncia a México ante la CIDH

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a periodista argentina, Olga Wornat, denunció a México ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) el miércoles 10 de octubre del presente año, al considerar que nuestro país violó sus derechos, tras recibir amenazas, hostigamientos y enfrentar dos juicios civiles.

Pablo Miguel Jacoby, abogado defensor de la escritora argentina, manifestó que “se demanda al Estado mexicano por violación de la libertad de expresión”, por el juicio que perdió Olga Wornat, el cual fue encarado por Manuel Bribiesca Sahagún, hijo de Marta Sahagún, donde fue condenada a pagar 50 mil dólares.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la CIDH, “el caso de Olga Wornat demuestra claramente la utilización de las instituciones en México para acallar la difusión de información de interés público y la crítica al desempeño de funcionarios y personas públicas”.

“Este caso exhibe de una manera ejemplar cómo ciertos procesos judiciales pueden ser utilizados como mecanismos de censura, a fin de limitar la expresión de opiniones e ideas sobre el comportamiento de ciertos personajes públicos, animadas por un sentido crítico”, se agrega en el texto.

“Lo que estamos intentando es levantar el estándar de libertad de prensa y libertad de expresión para que todos los periodistas mexicanos puedan escribir sin autocensura, sin ser intimidados y para que puedan indagar sobre la vida de las figuras públicas”, agregó Pablo Miguel Jacoby.

México, nuevamente el país más peligroso para la prensa: RSF

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n su sexta clasificación mundial de libertad de prensa en el mundo, Reporteros sin Fronteras (RSF) (23 de octubre) volvió a considerar a México como el país más peligroso en el continente americano para el ejercicio de la prensa (136). Informa que entre septiembre de 2006 y septiembre de 2007 han sido asesinados en el país ocho profesionales de la información y advierte: “la justicia no consigue sancionar a todos los responsables, por lo que la impunidad continúa siendo la regla”. Agrega que el año anterior México se ubicó en el lugar (139), En otras naciones de América Latina, señala como una gran noticia que en el periodo analizado en Colombia ningún periodista ha sido ultimado, sin embargo, apunta que en esa nación “siguen siendo muy fuertes las presiones de los grupos armados y los paramilitares. Además, RSF menciona casos de violencia en Brasil (84)

y Argentina (82), pero el récord en la materia lo ostenta Perú (117) donde han atacado físicamente a cerca de un centenar de periodistas. En el caso de Venezuela (114), RSF centró su atención el caso de RCTV. Mientras, Cuba se estanca.

En cuanto a los países más industrializados del mundo, agrupados en el G-8, indica que “experimentan una ligera mejoría, a excepción de Rusia (144), donde el asesinato de Ana Politkovskaya, en octubre de 2006, continúa en la impunidad.

Lamenta que en esta clasificación los países del G-8 sólo dos, Canadá (18) y Alemania (20), consigan izarse entre los veinte primeros lugares.

RSF explica: “países que en años anteriores no revertían la tendencia negativa ahora han logrado subir algunos puestos, entre ellos Francia.

Sin embargo, manifiesta su preocupación sobre situaciones de casos de censura registrados en las redacciones y también acerca de la falta de

protección del secreto de las fuentes.

Respecto de Estados Unidos (48), menciona que las violaciones a la libertad de prensa han sido ligeramente menos y el Blogger, Josh Wolf, fue puesto en libertad tras permanecer detenido 224 días. En cambio la detención sin cargos en la base militar de Guantánamo, desde junio de 2002, del camarógrafo sudanés de Al-Jazira, Sami Al Haj, y el asesinato de Chauncey Bailey, en Auckland, impiden que el país ascienda en la clasificación.

(Balbina Flores M).

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t T ran s p are n ci a Funcionarios federales reprueban en transparencia Encuesta del IFAI y del Centro Internacional de Estudios de Transparencia y Acceso a la Información revela que de los mil 221 funcionaros públicos entrevistados, más de la mitad cree que deben negar información cuando sospechen que se atacará a la entidad, o para evitar dar elementos a la prensa que comprometan la ejecución de un programa. El 17% admite no conocer la Ley Federal de Transparencia; el 20 % reprueba los recursos de revisión. Segob, IPAB y Sedena negaron acceso a los encuestadores.

Miriam A. Robles

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in duda alguna, el papel de los funcionarios de la administración pública es un elemento de suma importancia para el efectivo funcionamiento y cumplimiento del derecho a la información gubernamental en México. Ellos son los que se encargan, de manera directa o indirecta, de proporcionar la información pública al solicitante en el marco de las leyes de transparencia. Como una obligación, el servidor debe tener el conocimiento claro de lo que es este derecho y saber ejercer su obligación como servidor.

Ante esto, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y el Centro Internacional de Estudios de Transparencia y Acceso a la Información -que dirige la doctora Issa Luna Pla- realizaron un estudio titulado La cultura de los servidores públicos alrededor de los temas de transparencia y acceso a la información. En esta investigación se detectan los alcances que tiene la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) entre los funcionarios federales.

Para ello, se realizaron mil 221 entrevistas a los mandos medios de la Administración Pública Federal (APF), es decir, los servidores públicos con nivel de jefe de departamento a director general de secretarías, organismos descentralizados u otros que estuvieran en su cargo entre marzo y mayo de 2007. Como señala la investigación, la APF incluye alrededor de 250 unidades de enlace de dependencias en todo el país. La encuesta se aplicó a 150 representaciones, y no se incluyó a aquellas que habían recibido menos de 20 solicitudes de información entre 2003 y 2006, ni a las entidades que se ubican fuera del Distrito Federal y el Estado de México. Estas entidades concentran más de 90% de las solicitudes de información de 2003-2006.

Entre las variables del estudio figuraron: valores asociados a un buen gobierno, al trabajo en el servicio público y al acceso a la información; opinión

sobre los derechos de la población en general ante el gobierno y en particular en los temas de transparencia y rendición de cuentas; conocimiento general y percepciones sobre el acceso a la información; conocimiento sobre la ley y sus procesos; procedimientos de trabajo, especialmente el manejo y clasificación de la información; la comunicación entre unidades administrativas; el registro en documentos de las acciones y la toma de decisiones de los funcionarios públicos.

Una de los principales problemas detectados fue que los servidores públicos de las dependencias federales obstaculizan el acceso a la información, mediante coartadas, según Juan Pablo Guerrero Amparan, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

El funcionario manifestó que diversas dependencias gubernamentales utilizan argumentos para no proporcionar la información solicitada, y es que las Unidades de Enlace de la administración federal maniobran para negar la información que solicitan los ciudadanos. “Al tener el derecho a la información carácter constitucional, se debe atender el problema como una obligación”, advirtió el comisionado.

Entre las razones por las que se niega información, señala la investigación, se encuentra el que los funcionarios consideran que se piden los datos para “atacar” a la dependencia o porque no se cuentan con archivos en formato electrónico. Otro motivo para no entregar información se debe a la declaración de incompetencia para entregar los informes o declarar inexistencia de la misma; los tecnicismos y la carga de documentos, también forman parte de esas justificaciones.

En el inicio de la encuesta mencionada, el acceso a los informantes fue muy difícil. Para lograr pasar las barreras en la recepción de los edificios públicos fue indispensable solicitar la ayuda de las Unidades de Enlace (UE). El IFAI envió comunicados a todas las UE y en muchos casos envió, por requerimiento de la entidad, oficios. Inclusive, en algunos

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...cuando sospechamos que la informacion va a ser utilizada para atacar al entidad? ...para evitar dar a la prensa elementos que comprometan la ejecucion de un programa? ...para evitar que se generen costos mayores para su entidad?

0%

N=1,221

Acuerdo

casos se tuvo la necesidad de entregar cartas a los mismos titulares de la entidad. En particular, agregan, las entidades en las que sí lograron entrar, pero hicieron el acceso muy difícil, fueron: Luz y Fuerza del Centro, Comisión Nacional del Agua, y Servicios a la Navegación en Espacio Aéreo de México.

Además, a pesar de tener muchos contactos telefónicos y entregar documentos, hubo varias entidades seleccionadas que fueron sustituidas porque no permitieron el acceso a sus instalaciones, entre ellas: la SEP, a la cual se le hicieron llamados durante un mes; siempre negó el acceso con el argumento de seguridad por protestas magisteriales.

El ISSTE sí permitió el acceso a sus instalaciones; la Sedena desde un inicio argumentó que el ingreso sería difícil por riesgo a seguridad en sus instalaciones. En el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aunque se enviaron las solicitudes, negó la entrada “porque estaban en reestructuración”; la PGR, por medidas de seguridad, también negó las visitas en su edificio de Paseo de la Reforma; en la Segob, si bien la UE dio acceso a otras direcciones, lo rechazó para la oficina de Bucareli. El oficial mayor de esta última argumentó su negativa diciendo: “la solicitud planteada no se encuadra dentro de los supuestos que considera el artículo 7 de la ley en mención. Se hace de su conocimiento que la misma resulta improcedente”.

Resultados En materia de archivos públicos la encuesta reveló que casi el 100% de los servidores declaran que guardan archivos de todos los documentos generados y 78% dice que el estado de los archivos es excelente. El 19% de los entrevistados acepta que no sabe si se utilizan reglas o que no conocen las reglas para archivar. Los funcionarios reportan reglas de archivo de diferentes fuentes, es decir, no se rigen por un mismo método.

Entre los entrevistados, 65% indica que el archivo se concentra en una sola área, pero muy pocos de estos espacios son archivos centrales.

En cuanto al conocimiento de la LFTAIP, se descubrió que el 17% declara que no conoce la mencionada ley. La gran mayoría de los servidores cree que la misma ha tenido efectos positivos. Un 55% de los servidores mencionan de forma espontánea como efectos positivos crear transparencia y acceso a la información. Sólo 14% de los entrevistados refiere en primera mención la modernización de la APF. Cuando se preguntó al trabajador sobre los efectos negativos de la ley, 29% mencionó el mal uso de la información; 13%, que se genera trabajo adicional, y 12%, con la reglamentación en la solicitud de la información.

El 28% de los servidores reprueba los tiempos disponibles para entrega de información (20 días hábiles), es decir, otorgan calificaciones de cinco o menos en una escala de 1 a 10; 26% del total rechaza los costos de la información y 20% desaprueba los recursos de revisión. Al indagar

20%

53.2%

25.0%

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Desacuerdo

las percepciones de los servidores, señaló la encuesta, se encontró una voluntad positiva hacia el acceso a la información (sólo 14% cree que las solicitudes no ayudan a la transparencia).

Referente a los valores de transparencia, según el estudio, 58% de los entrevistados cree que los políticos en México carecen de una visión de Estado; 28% está muy de acuerdo con la frase “en México sólo funciona la ley del dinero”; los servidores ven la carrera en el gobierno sujeta a la política: 59% considera que están sujetos a sus vaivenes y 50% cree que los políticos están muy alejados de los servidores públicos.

Con relación a la cultura burocrática: 49% de los informantes cree que la jerarquía es el factor elemental para las decisiones públicas. La mayoría se siente señalado por el prejuicio de que todos los servidores son corruptos (69% del total), y creen tener escaso reconocimiento social (64%), por lo que se requiere cambios en la cultura burocrática (78%). La gran mayoría de los encuestados está de acuerdo con que el acceso a la información puede traer beneficios como una sociedad civil más consciente y la posibilidad de detectar corrupción. Sin embargo, también está conciente que en México la sociedad civil es poco participativa y debe aprender a exigir sus derechos.

Y es que aunque los servidores muestran actitudes positivas hacia la transparencia en abstracto, existe el riesgo de que acaben percibiendo el acceso a la información más como un problema o carga por cumplir, que no deja un beneficio social. Se detectó voluntad positiva hacia el acceso a la información (sólo 14% del total de servidores cree que las solicitudes no ayudan a la transparencia). Sin embargo, el 43% cree que la mayoría de las solicitudes se usan para fines personales. Falta conciencia sobre los efectos positivos del acceso a la información. Aunque los servidores creen que el acceso a la información genera trabajo y gastos innecesarios (58% del total), la gran mayoría (entre 80 y 85% del total) cree que también ha generado mejoras en la organización archivística de la información y eficiencias en la misma gestión pública.

Entre los riesgos detectados, la encuesta reveló: la percepción que ya existe sobre el IFAI (lejano y distante); que los servidores públicos perciban que el acceso a la información se ha traducido en menos confianza social y sólo genere más desprestigio para su figura; el que la respuesta de solicitudes haya implicado trabajo adicional y que los servidores públicos no vean un vínculo claro con la transparencia, porque creen que las solicitudes tienen un uso personal o lucrativo. Los encuestados perciben que la Ley es inequitativa y los deja en situación más vulnerable por posibles juicios civiles o laborales. Sólo el 48% de los informantes cree que los datos personales de los servidores deben tener libre acceso. El gran reto para el IFAI será evitar que en algunos años, la transparencia y el derecho de acceso a la información, se consideren una carga o un lastre burocrático. miriam.robles@gmail.com

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Entrevista

Sancionar a quien niegue información: Ariel López El presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Ariel López Rivera, está convencido de la necesidad de imponer sanciones al funcionario que se niegue a entregar información pública solicitada, “lo que no ha sido del agrado de algunos personajes de la esfera pública, quienes, incluso, han llegado a recurrir al amparo”. Por ello, discrepa de sus colegas quienes defienden la tesis de que “no debemos, tener dientes”, postura que “me parece un lamentabilísimo error”. En este tema, “el IFAI se está haciendo de ladito”, afirma.

Carlos Padilla Ríos

C

uernavaca, Morelos.- Las comisiones o institutos de Transparencia y Acceso a la Información Pública estatales deberían de contar con la facultad de sancionar a todo funcionario que se niegue a proporcionar información. “Me parece que el tema de las sanciones debe de ser muy debatido, pero sería un retroceso que no se legislara a favor de esas facultades. Yo estaría encantado de que la ley federal estableciera esas atribuciones”, dijo Ariel López Rivera, presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).

El consejero presidente explicó que la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos sanciona (artículos 127 al 138 ) al servidor público que no cumpla con sus obligaciones.

“Estas sanciones van de 10, 100, 500 salarios mínimos y hasta dos mil 500 salarios mínimos, o incluso la inhabilitación de cinco a diez años contra quienes incurran reiteradamente en acciones previstas en el artículo 127. Faltas como: no publicar ni actualizar la información pública de oficio; utilizar, dañar, destruir, esconder, estropear, divulgar o alterar, total o parcialmente información que se encuentra bajo su custodia; entregar información incompleta de manera intencional, a pesar de una orden en ese sentido del IMIPE u otra autoridad”.

–¿Las sanciones han acarreado problemas al IMIPE? –Por supuesto que sí. Se ampararon por una sanción que emitimos en el 2005, pero hace tres meses el Tribunal Colegiado de Circuito Número Ocho, se pronunció a nuestro favor. El señor, un alto funcionario del Tribunal Superior de Justicia, tuvo que abandonar su empleo. Otros se han amparado o incluso, contrademandan penalmente. Por algún tiempo nosotros anduvimos con

amparos en el saco. Al mismísimo secretario de Finanzas del gobierno anterior, -no es cualquier cosa-, se le sancionó, se amparó, y finalmente obtuvimos la información requerida.

–¿Pero las sanciones no invaden atribuciones del ámbito judicial?

–No, el tema de la transparencia es transversal, tiene un carácter superior inclusive al de los otros Poderes, porque de lo contrario no podría tener esa función. Esa es una característica de la ley de Morelos, que no tienen otras leyes. En este momento el tema de las sanciones está en el debate nacional. Hay quienes defienden las atribuciones para sancionar, como es nuestro caso, porque a las comisiones o institutos, los funcionarios no les hacen caso. Otros opinan que no debemos, “tener dientes”. Actualmente, se redacta un “Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información en México”, (entregado a la Cámara de Diputados el 23 de octubre) con el fin de estandarizar a nivel nacional, la práctica y el acceso a la información. Pero sería un lamentabilísimo error, el que se entregara a los diputados un documento donde se dieran pasos atrás sobre transparencia.

–¿Es necesario reformar la ley federal?

–En un anteproyecto que conocemos. Sobre eso el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) “se está haciendo de ladito”.

La Ley Federal debe considerar la experiencia de Morelos.

–¿Qué sujetos obligados figuran en la ley de Morelos?

–La ley considera sujetos obligados a todos los entes que reciben presupuesto del gobierno, por eso es una de las más avanzadas.

Son alrededor de cien.

–¿Y cómo están cumpliendo esos cien sujetos obligados?

–En los últimos cortes que tenemos, la mitad de las solicitudes de información la piden a los ayuntamientos, porque generalmente el mayor número de peticiones se dirigen al Poder Ejecutivo. De los 33 ayuntamientos del estado sólo cinco son renuentes a dar información. De las resoluciones que emite el Instituto, el 99.7 son acatadas.

López Rivera acepta que durante los cambios en las administraciones municipales desaparece la información, los alcaldes salientes se la llevan. “Analizamos el caso con la Secretaría de la Contraloría y la Auditoría Superior para que no ocurra eso. Los ayuntamientos que hace un año iniciaron, les dimos dos meses para actualizarse”.

El gobierno estatal, agrega, incorporó el tema de la transparencia y la rendición de cuentas en su plan estatal de desarrollo, lo que significó un incremento del presupuesto para este año (nueve millones de pesos). No obstante, “acaso el 20 por ciento” de los morelenses conoce el derecho de acceso a la información.

–Entonces, usted tiene mucho trabajo por hacer...

–La transparencia no sólo es un asunto del IMIPE. No, los que tienen que hacer la transparencia son los sujetos obligados. No se olvide que los institutos son los que garantizan el acceso a la información. Es la razón de nuestra existencia. El gobierno es el que tiene que destinar recursos para que pongan ventanillas y haya difusión en los ayuntamientos.

Acepta, sin embargo, que hace falta mucha capacitación. “Aunque soy optimista por el trabajo realizado. Yo aspiraría a que cuando un ciudadano llegara a una oficina, le dijeran ´le puedo ayudar´, ´¿qué información requiere?´.

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t Desinformación y deuda externa en Argentina Miguel Julio Rodríguez Villafañe *

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uenos Aires, Argentina.- En Argentina las acciones que facilitaron la trampa y lo indebido, en materia de endeudamiento externo ilegítimo, se ocultaron, fundamentalmente con una bien instrumentada invisibilidad mediática, la manipulación del lenguaje cotidiano sobre el tema, desinformación estructural y una campaña que relativizó el valor de las instituciones democráticas republicanas.

Para armar un buen aparato de adormecimiento de los mecanismos de defensa que evitaran la mentira que presupone el ardid de la defraudación, determinados grupos económicos-financieros tuvieron claro que era imprescindible hacerse dueños o manejar y condicionar a medios de difusión. De esa manera pudieron potenciar el discurso único, en especial, en el tema del endeudamiento externo argentino.

Eso explica cómo, a casi 24 años de recuperación de la democracia, aún no se haya derogado la Ley 22285 dictada por el Proceso Militar, que regula la radiodifusión, con lógica autoritaria, discriminadora y centralista. Sin embargo, en 1989 se le reformó por la Ley 23696, pero sólo para permitir el acceso a licencias de radiodifusión a grandes empresas comerciales y financieras. Éstas determinaron tanto pautas de consumo como actitudes políticas y económicas del país, lo que permitió también, en muchos casos, la constitución de verdaderos monopolios y oligopolios en materia de medios de difusión, lo cual potenció el discurso único, en especial, en el endeudamiento externo argentino.

Simultáneamente, no se permitía que las entidades sin fines de lucro fueran titulares de licencias de radiodifusión. En defensa de sus derechos, cooperativas y mutuales acudieron a la justicia, donde se dio la razón a sus requerimientos, al punto tal que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sentado que a dichas personas jurídicas de la economía solidaria no se les podía prohibir que prestaran servicios de radiodifusión.

Sin embargo, desde el 2005, por la Ley 26053, se les siguió marginando respecto de la posibilidad plena de acceder a prestar la radiodifusión, en especial Tv por cable, a pesar de tener capacidad económica para enfrentar a los monopolios, con un sistema alternativo de información, desde la lógica solidaria.

Mediante el manejo mediático sobre la deuda externa se llevó a cabo un trabajo sutil sobre la conciencia social, al punto que hasta las palabras que referían al tema se presentan edulcoradas y con un bien trabajado sentido semántico para desactivar las defensas. Se enseñó que hay que “hon-

rar la deuda externa” y pagar los “servicios” de la misma, por lo que se inducía a un respeto reverencial en cuanto a que no cabe discutir su legitimidad. Dichos conceptos se potenciaron, se presenta a las cuotas de la deuda que se deben abonar como un “servicio” y no como una pesada carga.

Se advirtió que el país se volvería riesgoso si no cumplía, sin condicionamientos, lo que se le exigía que se abonara. Hubo momentos que se nos degradó como sociedad y la temperatura de nuestra autoestima dependía del índice llamado “riesgo país”, que brindaban diariamente los medios de difusión. Era un fantasma que las personas sólo podían temer, aunque no se les permitía saber las razones en virtud de las cuales los que nos endeudaron, nos responsabilizaban y pretendían que nos volviéramos “creíbles” ante el mundo, pagando sin discutir lo que se nos decía que debíamos.

Se trasmitía la sensación de que para reingresar a la civilización no correspondía preguntar. Como una dádiva, los acreedores, exclusivamente, nos autorizaban a pedir un refinanciamiento, sin cuestionar la legitimidad de las acreencias, ni importar si ello llevaba a graves violaciones de derechos humanos, afectando la dignidad de nuestro pueblo.

Por su parte, la información -la cual es central para el análisis del tema-, se ha retaceado en aspectos esenciales. Nadie explica, ni explicó claramente, las condiciones y objetivos que motivaron contraer la deuda; el destino dado a dicho dinero; las razones injustificables por las que se convalidó el aumento unilateral de los intereses, con lógica usuraria; el monto de lo pagado en honorarios y comisiones por las renegociaciones de la deuda; los motivos por los que se aceptó la prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros y se permitió capitalizar intereses y tantas otras dudas.

El problema tampoco está planteado seriamente en la agenda de la discusión política. Por ello, hoy la gran mayoría de la población considera que la deuda externa está pagada, luego que en diciembre de 2005 se canceló lo que se debía al Fondo Monetario Internacional, sin discusión pública, anticipadamente, sin quitas, ni beneficio alguno.

Lo cierto es que, de acuerdo con la información que rescata Héctor L. Giuliano, del Ministerio de Economía de la Nación, “al 31 de diciembre de 2006, Argentina tiene una deuda pública expresada en dólares de 163.000 millones de dólares, y nos vencen por capital aproximadamente unos 15.000 millones de dólares por año. La cifra de 2007 es de 17 mil 500 millones de dólares. Y al país se le cobra cada año, por intereses de la deuda,

sumas entre ocho mil a ocho mil 500 millones de dólares”.

Cabe subrayar que dichos intereses equivalen a una suma aproximada de más de 23 millones de dólares diarios. O sea, se paga por intereses de la deuda externa, casi un millón de dólares por hora.

Estas cifras, cuya legitimidad no se ha discutido como se debe, significan una pesada carga cotidiana de la que no se habla, pero que nos afecta grave e injustamente a todos.

Los delitos que implicaban responsabilidad penal por los manejos financieros indebidos se hicieron desaparecer de la conciencia colectiva. Así, el delito de “usura” desarrolló una verdadera tolerancia social y el Fondo Monetario Internacional condicionó cualquier acuerdo con Argentina, luego de la crisis de 2001, a la derogación de la Ley 20840 de Subversión Económica, la que se derogó por la Ley 25602, del año 2002, sin mayor oposición. De esa manera se consagró la impunidad de financistas y banqueros procesados o condenados, en causas penales, por graves desfalcos económicos que generaron quebrantos y vaciamientos de instituciones bancarias o financieras y ayudaron a acrecentar la deuda externa ficticia.

La desinformación y falta de educación y coherencia cívica de nuestra población ha permitido, además, que se degrade la calidad institucional del país. Sin conciencia social clara de lo que se debe exigir y un juicio crítico no desarrollado, permitieron graves alteraciones de la democracia representativa, republicana y federal. De esa manera se consintió y consiente, inconstitucionalmente, que el Poder Legislativo Nacional resigne, entre otras facultades, la de “arreglar el pago de la deuda exterior de la Nación”, (inc. 7 del art. 75 de la Const. Nac.). Lo anterior, es parte del mecanismo por el cual se ha sacado de la agenda ese tema de discusión social.

Es urgente abocarnos al problema y hacer los cambios necesarios para informar y formar sobre el expediente, así como generar la actitud que ayude a encarar los caminos jurídicos adecuados. Se debe evitar que nuevamente se termine pagando lo ilegítimo, de espalda a la sociedad, a costa de los más débiles y con impunidad de los responsables. *Abogado constitucionalista y Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación (AIDIC)

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t José reveles

Inflan cifras en decomisos y detenciones

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.- Atrapadas en la búsqueda del marketing que otorgan las cifras, autoridades del Sistema de Administración Tributaria (SAT) inflaron en casi ocho veces la cantidad de supuesta seudoefedrina capturada a mediados de octubre en Manzanillo, Colima.

Menos de 24 horas después, el día 16, la Procuraduría General de la República tuvo que enmendarle la plana al SAT: -No eran 514 costales -de 30 kilogramos cada uno- para un total de 15 toneladas y 420 kilogramos de seudoefederina (disfrazadas de carbonato de calcio), sino 112 sacos que pesaron mil 997.6 kilos en total.

-Por tanto, fueron menos de dos y no más de 15 las toneladas que llegaron en un barco que, según el SAT, provenía de los Emiratos Árabes, mientras que para la PGR y la Secretaría de Marina la droga arribó desde Busan, Corea del Sur, a bordo de un buque (el Clan Tan Gun) de bandera liberiana, en un contenedor al cual cada una de estas dependencias le asignó la numeración que quiso.

-El destino final del barco con el precursor químico era el puerto de Manzanillo, según el boletín del SAT. Sin embargo, PGR y Marina aseguraron que el buque (sin ser incautado) continuó su trayecto hacia Puerto Quetzal, en Guatemala.

2.- Se anunció con bombo y platillo que la Secretaría de Seguridad Pública arrestó a 25 oficiales y empleados de la Policía Federal Preventiva (ex de la Federal de Caminos), quienes, desde la plaza de Tampico, habrían protegido operaciones del Cártel del Golfo, particularmente el cargamento récord de cocaína hallado en tierra firme en México: casi 12 toneladas en una bodega entre Altamira y Tampico.

Pronto, nueve de ellos fueron puestos en libertad y los restantes, a los que la PGR amenazó con enviar a la cárcel de alta seguridad del Altiplano -comentaban en angustiosas llamadas de auxilio sus familiares y sus abogados-, finalmente sólo fueron sometidos a un arraigo, esa figura curiosa que permite la ley para mantener como rehenes a personas a las cuales la autoridad aún no puede fincarles responsabilidades y consignarlas con datos precisos.

Cuando se festinó este masivo arresto aún no transcurrían cinco meses desde que el titular de la SSP, Genaro García Luna, había ordenado la tajante destitución de 286 mandos policiales en todas las plazas del país, a quienes concentró en el Distrito Federal y en el Estado de México bajo el pretexto de un curso de capacitación.

La verdad es que entonces sólo oficiales de la vieja Policía Federal de Caminos con 25, 30 y más años de experiencia fueron defenestrados para ser sustituidos por incondicionales del titular.

Hay decenas de amparos en curso en contra de aquella sustitución masiva, en los que se muestra que hay nombramientos de funcionarios de la PFP “con carácter de hecho, más no de derecho”, en la tónica de la unificación de las policías federales (PFP que es preventiva y AFI que es investigadora dependiente de la PGR), la cual no ha sido autorizada por el Congreso pero que García Luna va configurando de facto.

Aunque saben que no son inamovibles, los afectados alegan que sólo se les puede destituir “previo procedimiento disciplinario” en el que se comprueben sanciones que ameriten la remoción, pues de otra forma se atropellan garantías de legalidad tuteladas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Muchos de los mandos tendrán que ser restituidos por órdenes judiciales.

El colmo fue la presentación del llamado “Nuevo Modelo Institucional de Policía”, en acto presidido en San Luis Potosí por Felipe Calderón. La corporación existe tal cual hace tiempo y sólo se le cambiaron nombre y uniforme.

3.- La llamada Reina del Pacífico, Sandra Avila Beltrán, y su compañero sentimental, el colombiano Diego Espinosa Ramírez, alias El Tigre, fueron capturados el 28 de septiembre en un centro comercial del sur de la ciudad de México. Un mes después seguía apareciendo ese logro en los spots publicitarios del gobierno federal, cuando ya se sabía y se aceptaba que fue desde la DEA y el FBI de Estados Unidos de donde llegaron los datos para esas aprehensiones.

El gobierno enviará a la mexicana y al colombiano –lo más pronto que le sea posible- para ser juzgados en cortes de Estados Unidos, tal como estaba pactado. Aquí parece que ingresamos de lleno a las entregas arregladas, como la negociación que hizo

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Estados Unidos con la familia de los capos colombianos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela: se dejó de perseguir a parientes, se redujeron penas a los ya capturados, a cambio de la entrega de millones de dólares, de más de 150 empresas y aporte de infor-

mación relevante.

4.- La propaganda que por estos días escuchamos en medios electrónicos reza textualmente: “Estrategia Nacional de Seguridad. Objetivo: capturar a miembros de organizaciones criminales y recuperar los espacios públicos para las familias. Resultados: en 10 meses los operativos han logrado la consignación de 11 mil presuntos narcotraficantes, narcomenudistas, operadores, sicarios y líderes de diferentes cárteles. Estas capturas son un fuerte golpe a la delincuencia organizada y disminuyen la presencia de envenenadores y asesinos en las calles... Seguimos trabajando para que la droga no llegue a tus hijos”.

Los otros datos La realidad es bien diferente de la percepción que se quiere generar en la opinión pública, según datos que aporta el que fuera director general de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR en el sexenio de Vicente Fox, el doctor Pedro José Peñaloza, en su reciente libro ¿Castigo sin Prevención?/La crisis del modelo de seguridad pública en México: Para mayo de 2007 el gobierno de Felipe Calderón había detenido, en efecto, a 9 mil 465 narcomenudistas. Pero 6 mil 276, que representan más de las dos terceras partes, habían sido liberados.

-En cuanto a los “capos” o sicarios sumaban 360 detenidos en siete meses (una suma raquítica si se toman en cuenta los macro operativos de decenas de miles de soldados y policías en casi una docena de estados de la República), pero el 39.6 por ciento ya habían obtenido su libertad “bajo reservas de ley”.

Capacidad punitiva en las calles. Impotencia jurídica ante el MP y los jueces.

5.- Se desmintió en todos los tonos que no habría un Plan México subvencionado por Estados Unidos a la manera del Plan Colombia que existe desde hace 10 años. Bajo el nombre que se le quiera asignar, el Plan es un hecho y supone una ayuda multianual de por lo menos mil 500 millones de dólares, según informó el subsecretario adjunto del Pentágono para América Latina, el general Stephen Johnson.

Fue más específico: incluye helicópteros, embarcaciones, una reforma a la policía, aparatos y tecnología para los puestos fronterizos, entrenamiento para policías y material para ejército y marina.

El Plan México supone una aportación sustancial por parte del gobierno de Felipe Calderón, que podría andar por los 7 mil millones de dólares.

6.- Es curioso, pero la cifra coincide con el gasto actual en seguridad pública (73 mil 340 millones de pesos), el cual supera por cuatro veces la cantidad que en 1996 se destinaba al combate a la inseguridad, que eran 17 mil 851 millones.

El doctor Peñaloza, quien aporta estos datos precisos, señala que se invierte cien veces más en desplazamiento de agentes de policía, establecimiento de retenes y labores represivas que a la prevención del delito, a fomentar la cultura de la participación ciudadana, la protección a derechos humanos y la atención a víctimas. Para labores punitivas y reactivas se autorizó un gasto de 14 mil 500 millones este año, mientras que a las preventivas sólo 155 millones.

Se gasta más en comunicación social -73.8 millones de pesos- que en Derechos Humanos (57.1 millones) o en Atención a Víctimas (17.9).

“Queda claro cuál es la prioridad del régimen. Para la justicia vinculada con la ciudadanía, las víctimas y el trato humano a la comunidad, el presupuesto es marginal y meramente de oropel”, apunta Peñaloza.

Si se atiende a la composición del presupuesto, importa más difundir acciones que ejecutarlas cuando se trata de prevención del delito y participación ciudadana.

El gobierno de Calderón no varió ni un ápice la política de atacar al delito cuando ya se cometió, tal como lo hicieron sus predecesores Vicente Fox y Ernesto Zedillo y de hecho todos los regímenes priistas en el pasado.

La advertencia del ex funcionario es bien clara: si no se rediseñan políticas de prevención del delito en el país, “la inseguridad pública y la devastadora violencia provocada por la delincuencia organizada pueden instalarnos en condiciones de ingobernabilidad y de polarización social de incalculables consecuencias”.

En materia de seguridad hubo seis años perdidos con Fox, pues el Ejecutivo federal, gobiernos estatales y municipales y el Congreso parece que se pusieron de acuerdo “para enfrentar sólo lo urgente y posponer indefinidamente lo importante”.

Con Calderón no ha cambiado el paradigma. El combate a la inseguridad, con enfoque guerrerista y sin atención a las causas sociales de la delincuencia, se ha convertido en un “barril sin fondo” al que se van decenas de miles de millones de pesos del erario. Y en esa misma hoguera reactiva frente al delito se consumirán los millones de dólares que Washington tenga a bien enviarnos en los próximos años. jreveles@prodigy.net.mx

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´ C in e México ve casi puro cine hollywoodense César Amador

A

lgo hay que agradecerle a este gobierno. Desde los tiempos de Venustiano Carranza, todo nuevo presidente establecía a la industria cinematográfica como una prioridad, ya fuera por razones de desarrollo económico, ya por razones culturales. Así, hemos pasado por la modernidad cinematográfica de Adolfo López Mateos, la vanguardia de Gustavo Díaz Ordaz, el folclorismo de José López Portillo, el nuevo cine mexicano de Carlos Salinas o la internacionalización de Vicente Fox, por mencionar sólo algunas administraciones. Sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón simple y llanamente ha ignorado al cine. De entrada sabemos que el cine, como industria, le importa poco. Por ello, algo hay que agradecerle a este gobierno.

Empezamos con posiciones claras y definidas. ¿Cuál es la situación actual del cine mexicano?

Podemos empezar por mencionar que somos un gran público consumidor de cine.

Ocupamos el quinto lugar mundial en venta de boletos y el onceavo en ingresos generados (nuestros boletos los pagamos en pesos, desafortunadamente para las majors).

A nivel Latinoamérica no hay quién nos haga sombra en lo que a ganancias para las grandes trasnacionales se refiere.

Argentina y Brasil, las otras grandes consumidoras de cine, palidecen ante nuestras cifras: 550 millones de dólares contabilizados en el 2006. Un mercado así de grande debería contar con una industria que se le equiparara. Pero no.

Del total de tiempo en pantalla comercial, el 88% corresponde a cine hollywoodense y el cine nacional alcanzó apenas el 8% el año pasado. ¿Por falta de títulos

mexicanos? No precisamente. A pesar de que respecto al 2005 se registró un incremento del 21% en el número de películas nacionales que se estrenaron en pantallas comerciales, la producción se incrementó un 28% en el mismo periodo. O sea, de cada 10 cintas mexicanas que se terminan

de producir, cuatro no llegan a cartelera. Es por esto, tal vez, que anualmente compramos alrededor de 250 millones de dólares a Estados Unidos en títulos comerciales. ¿Tan malinchistas somos?

No exactamente.

En el sector de la distribución, cinco empresas estadunidenses (20th Century Fox, UIP, Buena Vista, Columbia Tri Star, Warner Bro’s) controlan el 98% del mercado de la distribución de películas. El 2% restante se lo pelean GUSSI-Artecinema, Arthaus, Filmhouse, Cinemas Nueva Era, Zima, Decine y un puñado más que difícilmente llegan a los cinco estrenos al año.

Las cinco majors arriba mencionadas son también casas productoras en el vecino país. La 20th Century Fox distribuye títulos de la marca, además de la MGM y del sello independiente Fox Searchlight. UIP, por su parte, distribuye producciones de Universal y de Dreamworks; Buena Vista todo lo de Disney y su marca propia, mientras que Columbia-Tri Star y Warner Bros’s sus propias cintas y los de sus sellos independientes. Tan sólo con la producción que generan estas empresas en Estados Unidos, se podría llenar de estrenos todos los viernes del año, sin necesidad de recurrir a títulos nacionales. Y como esas cinco empresas prácticamente controlan

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el mercado de distribución, poco pueden hacer las distribuidoras pequeñas por colocar cine no hollywoodense.

La legislación ¿No hay una ley que proteja el cine mexicano en este aspecto? El párrafo segundo del artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía establece: “Toda película nacional se estrenará en salas por un periodo no inferior a una semana, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que sea inscrita en el Registro Público correspondiente, siempre que esté disponible en los términos que establezca el Reglamento”. ¿Por qué, entonces, en el 2007 hemos visto estrenos de filmes mexicanos terminados en el 2005, o incluso antes? Porque la Cineteca Nacional asegura la exhibición de toda cinta mexicana dentro de los seis meses que establece la legislación en la materia. Después, el productor puede llegar a esperar años hasta que su filme pueda ser visto en cartelera comercial.

Esto no es culpa de las distribuidoras, ni mucho menos. Su trabajo es recaudar dinero para sus casas matrices más allá del río Bravo y lo hacen muy bien. Víctor Ugalde, director del Fidecine y férreo defensor del cine nacional, ha dicho en varias ocasiones que las películas mexicanas, en promedio, tienen mucha mejor taquilla que el promedio de las cintas norteamericanas. Esto como argumento de que el cine mexicano puede llegar a ser negocio para las distribuidoras trasnacionales.

Sin embargo, no menciona que para la 20th Century Fox, por poner un ejemplo, es más barato colocar 100 copias de un bodrio como “El perro bombero” que adquirir un filme mexicano, por el que tiene que darle adelantos al productor, negociar

con el exhibidor e invertir en promoción, publicidad y copias. “El perro bombero” ya obtuvo sus ganancias en Estados Unidos y lo que saque en México es considerado un extra. El material publicitario ya está listo (viene directamente del vecino país) y sólo hay que insertar el título en el plan de medios que la distribuidora ya tiene con periódicos, revistas, la radio y la TV mexicana.

Desde la apertura comercial derivada del TLC, tratado en el cual el cine mexicano quedó expuesto a una desequilibrada competencia frente al gigante hollywoodense, el número de espectadores mexicanos en las salas cinematográficas ha caído en un 50%. ¿Cómo entonces somos el quinto país consumidor de cine en el mundo? El precio del boleto equivale actualmente a alrededor del 90% del Salario Mínimo diario en el DF, cuando en 1990 equivalía a alrededor del 15% del mismo tabulador. En Estados Unidos, un jornalero ilegal puede ir al cine con apenas el 10% de su ingreso diario, mientras que en México un obrero tendría que invertir prácticamente la totalidad de su salario diario para ir al cine.

¿Reducir precio del boleto?

Eso se ha traducido en una segregación en la práctica, ya que sólo personas dentro de los niveles socioeconómicos A, B+ y B pueden acceder regularmente al cine. Por ello, la asistencia al cine promedio anual del mexicano es de apenas 1.5 veces. Esto es, por cada tres veces que alguien va al cine al año, dos personas se quedan sin asistir en ese mismo periodo. ¿Pueden las exhibidoras reducir el costo del boleto para atraer a mayores segmentos de la población a las salas? Sí. Pero no es tan sencillo.

Antes había un cine prácticamente en cada colonia de todas las ciudades del país. Y mínimo una en cada pueblo. Pero la dinámica de ver cine ha cambiado radicalmente en nuestros días. Las salas cinematográficas están conformadas con modernos equipos de proyección y reproducción de audio que prácticamente hacen imposible que un empresario menor se aventure a abrir un cine de bajo costo. Por ello, las cadenas exhibidoras más exitosas, Cinépolis, Cinemex, Cinemark y Cinemas Estrella de Oro, cons-truyen sus complejos en zonas urbanas de alta densidad poblacional, casi siempre en centros comerciales donde es natural la socialización de diversos segmentos económicos y demográficos. La construcción de salas con las características ya mencionadas, en lugares como éstos, es cara y de alto riesgo sobre la inversión. Por ello, el exhibidor reclama 50 centavos de cada peso recaudado. El distribuidor, por su parte, se queda con el 30% y el 20% restante va para el productor, quien de su porcentaje tiene que pagarle al distribuidor lo invertido en promoción, publicidad y copiado del material, además de los impuestos a Hacienda.

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La actual Ley Federal Cinematográfica entró en vigor el 29 de diciembre de 1992, cuando Salinas negociaba el TLC. Es en este contexto de desmantelamiento de la industria cinematográfica nacional en que los legisladores elevan a rango de ley varios puntos altamente nocivos para el desarrollo de la industria fílmica nacional, entre ellos, la derogación del porcentaje obligado de tiempo en pantalla de filmes nacionales, la exclusión del boleto de cine de la canasta básica y la liberación del precio en taquilla.

Ante este desamparo en que los legisladores dejaron al cine nacional, la industria hollywoodense aprovechó para sentar sus reales en México.

Ahora, con la industria controlada por los sectores de distribución y exhibición (en manos extranjeras en su mayoría), la producción ha tenido que salir a flote gracias al apoyo estatal. Sin embargo, los dos fideicomisos creados con la entrada en vigor del Reglamento a la Ley Federal de Cinematografía del 29 de marzo del 2001, el Fidecine y posteriormente el Foprocine, parecen haber llegado ya a su máxima capacidad. En el 2006 se produjeron más de 60 cintas en México, de las cuales más del 80% contaron con apoyo de los fideicomisos arriba mencionados.

Sin embargo, en el 2007 esta tendencia se ha detenido. Se han filmado menos películas y el dinero de los fideicomisos ha menguado. Y aunque se buscaron nuevas formas de apoyo, ninguna ha fructificado del todo. El tristemente célebre “Peso en Taquilla” tuvo una vida de apenas un año, tiempo en que los distribuidores y exhibidores llevaron su caso a la Suprema Corte, la cual sentenció, con justa razón, que el gobierno no podía quitarles un peso de cada boleto vendido para destinarlo al apoyo del cine nacional. Más recientemente se aprobó la Ley 266, misma que establece que toda persona física o moral puede destinar un porcentaje de su contribución del ISR a la producción del cine mexicano. No obstante, con la próxima entrada en vigor del IETU este esquema de apoyo desaparecerá casi automáticamente.

La ley que viene Ahora existen dos nuevas iniciativas que parece saldrán adelante en la Cámara de Diputados, aunque no se sabe todavía cómo reaccionarán ante ellas las distribuidoras y las exhibidoras.

Una es la propuesta salida del Senado, específicamente de la Comisión de Cultura, presidida por la perredista María Rojo, de aplicar un algoritmo del 0.026% a cada peso obtenido en taquilla y transformarlo en un impuesto especial, como el que se tiene contra el tabaco. De esta manera, no podrá haber amparo legal alguno que lo eche abajo. Sin embargo, nada podría impedir a Hacienda utilizar, cuando así le convenga, los recursos derivados de ese impuesto para otros fines que no sean la producción cinematográfica.

Otra iniciativa es la salida de la ALDF –proyecto aún en comisiones y propuesta por el diputado perredista, Tomás Pliego-, la cual considera la creación de un nuevo fideicomiso, esta vez a nivel local, de apoyo a la producción, distribución, exhibición o promoción del cine nacional. También considera la creación de un festival de cine en la Ciudad de México, con lo que se busca impulsar la promoción de películas del país, en el que es el mayor mercado de cine a nivel nacional. Un punto que también se considera en la iniciativa, pero que todavía no está del todo claro en cuanto a sus alcances, es el de regresar la exhibición cinematográfica a todos los sectores de la sociedad.

A través de la habilitación de espacios públicos propiedad o administrados por el gobierno del DF o por las delegaciones, se exhibirán filmes mexicanos en

segunda o tercera corrida. Esto es, no estrenos, sino filmes que ya han agotado su vida comercial útil. Estas funciones serán de bajo costo y tendrán por objetivo el incentivar el gusto por el cine mexicano entre la población.

Ambas iniciativas parecen gozar del consenso entre las principales fuerzas políticas, por lo que no tendrían problema para convertirse en ley. Sin embargo, con las actuales condiciones del mercado, no habrá ley lo suficientemente fuerte que abra los candados que la distribución y la exhibición han colocado en la industria fílmica nacional.

Jorge Ayala Blanco, también un rudo defensor del cine mexicano, ha afirmado en repetidas ocasiones que el Imcine no debe dedicarse a producir películas, sino a promocionar a todo el cine mexicano, sea de la calidad y la tendencia que sea. No obstante, la mayoría de los productores se ven obligados a recurrir al financiamiento no hay empresarios o inversionistas que le entren a la producción cinematográfica bajo el actual esquema.

Produzca ahora y recupere en cinco años, pareciera ser la consigna actual.

Y así es imposible esperar que la industria se recupere.

Mucho ayuda el que no estorba. Y si la administración de Calderón se mantiene al margen, como hasta ahora lo ha hecho, de toda actividad por apoyar al cine, mucho más se logrará que cuando se ha esperado que sea a través de políticas estatales que se rompa el círculo vicioso en que ha caído la industria y del cual no parece haber soluciones a corto plazo para rescatarla. cesar.amador@gmail.com

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- In ve s t i g aci ón Destilando Amor legitimó violencia * Ángeles Medina

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n México, ocho de cada diez mujeres sufren violencia en alguna de sus formas, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, levantada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); indica, además, que el 15.6 por ciento de las mujeres ha enfrentado situaciones de discriminación, hostigamiento, acoso y abuso sexual, en centros educativos y lugares de trabajo.

Estas cifras constatan que la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública, que debe ser atendido en todas sus aristas. El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem) señalan que el 78 por ciento de las mujeres casadas sufren violencia. De ellas, el 37.5 por ciento son víctimas de violencia psicológica; el 23.4 por ciento, de violencia económica, mientras que el 25.7 por ciento de violencia física y el nueve por ciento de violencia sexual.

En ese contexto, hombres y mujeres, integrantes del Consejo Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios de Comunicación y el Derecho a la Información de las Mujeres, realizaron un monitoreo para observar cómo los medios de comunicación reproducen, justifican y refuerzan la violencia a través de sus contenidos.

El programa que se escogió fue Destilando Amor, telenovela de Televisa que en su momento obtuvo el mayor rating en México. Los resultados del monitoreo perciben un alto grado de violencia y discriminación en cada uno de los capítulos analizados.

¿Por qué Destilando Amor?

Esta telenovela, que se transmitió de lunes a viernes de 21:30 a 22:30 horas por Canal 2 de Televisa, logró entre 30 y 31.9 puntos de rating en el Distrito Federal y en Monterrey de 45 a 51 puntos.

Así, se decidió monitorear esta telenovela tomando en cuenta que1 los tres géneros en que se concentra poco más de la mitad

del consumo de un televidente promedio son: telenovelas, películas y programas con formato magazine. Aunque se ha denominado como “Telenovela con causa”, por su campaña en contra del cáncer cervicouterino, Destilando Amor promovió y justificó en nombre del “amor” la violencia contra las mujeres.

Las transmisiones de la telenovela se iniciaron el pasado 22 de enero de 2007.

En su presentación, directores, actores y actrices auguraron que la telenovela sería de gran éxito. Sin embargo, desde su estreno mostró, entre la pareja protagónica, un alto

índice de violencia psicológica, disfrazada de amor y pasión.

Violencia contra la mujer Definición de violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Se entiende que la violencia contra el género femenino incluye las modalidades física, sexual, psicológica y económica, que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o cualesquiera otras relaciones interpersonales que tengan lugar en la comunidad y sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra. Con estos parámetros se elaboró una tabla de indicadores para analizar el contenido de las transmisiones de Destilando Amor.

Los indicadores se determinaron tomando como base parámetros de violencia y discriminación contra la mujer, establecidos en los acuerdos internacionales y leyes nacionales que se han promulgado para atender esta problemática, tales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, (CEDAW, por sus siglas en inglés); Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de Belem Do Pará; Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la IV Conferencia Mundial de Beijing.

1 Datos publicados en el libro ¿Cómo la ves? La televisión mexicana y su público, editado por IBOPE AGB MEXICO.

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Periodo de muestra El Consejo Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios de Comunicación y el Derecho a la Información de las Mujeres monitoreó Destilando Amor durante dos semanas, que comprendieron del 26 de junio al 6 de julio, en un horario de 21:30 a 22:30.

En ese lapso se analizó el contenido de la telenovela, poniendo mayor énfasis en las situaciones de violencia y discriminación que se presentaban, y utilizando como base los parámetros antes mencionados.

Resultados de la observación En el periodo indicado se transmitieron 415 escenas donde se reproducen y justifican diversas formas de violencia contra la mujer, principalmente psicológica y económica, además de la rivalidad y la discriminación por género o por edad.

Se registraron 128 actos de violencia psicológica, 33 laborales, 17 de brutalidad doméstica, 29 de abuso económico o patrimonial y 14 de crueldad física, así como más de 60 escenas de rivalidad entre mujeres, 24 de discriminación por género y 13 de tipo racial.

Algo que podríamos considerar como positivo en la trama son escasamente nueve es-

cenas de empoderamiento. Cabe destacar que éste es considerado, en la Declaración y la Plataforma para la Acción de la Conferencia Mundial sobre las Mujeres en Beijing, como la autoafirmación de las capacidades de las mujeres para su participación en condiciones de igualdad, en los procesos de toma de decisiones y en el acceso al poder.

Sin embargo, este acierto no se compara con las 415 escenas en que se reprodujo y justificó la violencia contra las mujeres durante el periodo del 26 de junio al 6 de julio de 2007.

En Destilando Amor, las mujeres son víctimas de violencia física, psicológica, económica y sexual, generada por el hombre al que aman y supuestamente las ama, por lo que se minimizan los jaloneos, celos, prohibiciones hasta en su forma de vestir, justificando que todo lo que él hace por ella es por interés y por amor.

Esta telenovela transmite una concepción idealizada del amor, con forma conservadora

y tradicionalista que pone en desventaja a las mujeres, ya que presenta la violencia como algo natural.

Se encontraron entre 52 y 28 actos relacionados con violencia y discriminación contra las mujeres. No obstante, por cada emisión encontramos un alto número de escenas en las que se presenta a las mujeres como rivales e incapaces de llevar una relación sororal, salvo en casos en que sus intereses coincidan.

Además, pudimos observar que, en algunos casos, se transmiten escenas que ridiculizan a las mujeres campesinas y de la tercera edad, así como a las amas de casa y mujeres de bajos recursos económicos.

Si tenemos en cuenta que los medios de comunicación, y en especial la televisión, son los principales socializadores de información, podemos decir que estos mensajes están llegando a por lo menos 86 de cada 100 hogares mexicanos, lo cual está perpetuando la reproducción de una cultura de la discriminación y la violencia contra las mujeres.

*Reporte de resultados de monitoreo (26 de junio a 6 de julio 2007)

Indicadores de monitoreo Se definió violencia psicológica como: actos u omisiones que dañen la estabilidad psicológica. Puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales llevan a la víctima a la depresión, aislamiento, devaluación de la autoestima e incluso al suicidio.

Violencia física: práctica que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas.

Violencia patrimonial: cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción

de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.

Violencia sexual: es el ataque que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.

Violencia laboral: la ejercen personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de su relación jerárquica, consistente en un acto u omisión que implica abuso de poder y daña la auto estima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y

atenta contra la igualdad. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual.

Violencia familiar: abuso de poder u omisión intencional, dirigidos a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar.

Discriminación: toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio a la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad de género, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en lo político, económico, social, cultural, civil o cualquier otro ámbito.

Rivalidad: Enemistad, competencia entre mujeres por la posesión de algo o alguien.

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Canal 22 y el Consejo de Promoción Turística de México promueven turismo nacional

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l Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través de Canal 22 y el Consejo de Promoción Turística de México coproducen la serie Ruta México, una serie de 13 programas para televisión de media hora que presenta recorridos culturales y turísticos de igual número de estados de la República: Michoacán, Jalisco, Colima, Campeche, Aguascalientes, Estado de México, San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Querétaro, Baja California, Morelos y Zacatecas.

La serie, programada para los lunes a las 22 horas, comenzó a transmitirse el 22 de octubre.

La diferencia entre Ruta México y otros programas culturales y turísticos, es su corte cultural, que pone en primer plano a miembros de las comunidades locales de los diferentes lugares de México y su ancestral patrimonio material e inmaterial.

Premian a TV-UNAM como el mejor canal en Iberoamérica

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a Universidad Carlos III de Madrid, España, otorgó a teveunam, El Canal Cultural de los Universitarios, el Premio ATEI (Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana) por ser el mejor canal de televisión en el ámbito iberoamericano 2007. La universidad española reconoció en teveunam “su tradición de televisión universitaria, cultural y educativa, así como por su vocación de cooperación iberoamericana”.

Esta distinción llega en el contexto del segundo aniversario del lanzamiento al aire de El Canal Cultural de los Universitarios, que inició sus transmisiones el 24 de octubre de 2005 en televisión restringida. El premio consiste en una placa o trofeo y un diploma, que serán entregados en noviembre.

Ahora, “el reto es sostener los niveles de calidad que ha tenido... abrir más espacios para nuevos realizadores jóvenes.

Sigue la consolidación de nuestra señal digital... poner la mano sobre la televisión abierta y ya no soltarla más...”, dijo Ernesto Velásquez, director general de ese espacio televisivo universitario.

Con el segundo aniversario se presentó, a finales de octubre, la nueva programación de temporada que incluye programas especiales, series de televisión y documentales de ciencia y tecnología.

La ATEI (Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana) es una organización sin ánimo de lucro, creada en 1992 para gestionar la Televisión Educativa Iberoamericana, Programa de Cooperación de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, cuya misión es contribuir al desarrollo de la educación y la cultura en la región, mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

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Tel e vi s i ón Barra infantil de Televisa y TV Azteca, entre el vacío y la manipulación Jorge Valencia Bautista *

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a televisión es parte de la cotidianidad para los habitantes de países como el nuestro, en los cuales hay un receptor donde las familias gozan de momentos de entretenimiento y distracción, inclusive en los lugares más apartados.

La función primordial de este instrumento de penetración cultural se cumple en la medida en que las personas acuden a él, en actitud pasiva y receptiva de mensajes producidos en otros ámbitos; aun cuando llega a hogares de todos los estratos sociales, dicha actitud está destinada a enraizarse en los ámbitos de mayor pobreza y marginación.

Diversos análisis dan cuenta del papel, muy activo, que desempeña la televisión como vehículo de transmisión política e ideológica, tomando en cuenta el férreo control ejercido, en el caso de México, por dos grandes empresas concesionarias de un alto porcentaje de las frecuencias disponibles para sus emisiones, avaladas y promovidas desde esferas gubernamentales.

Televisa, desde hace más de medio siglo, y TV Azteca, más recientemente, incurren en prácticas monopólicas, debido a los múltiples obstáculos que han establecido a los interesados o posibles competidores, mediante nexos con importantes sectores y personajes, políticos y oficiales, para evitar una legislación que abra mayor número de concesiones en radio y televisión.

Lo anterior se había fortalecido con la promulgación, en abril de 2006, de la llamada Ley Televisa, por el Congreso de la Unión. Desde antes de tales modificaciones legislativas, Televisa concentraba en México el 62 por ciento de la televisión comercial, la mayor parte del espectro radioeléctrico.

Con esa ley, la empresa propiedad de Emilio Azcárraga Jean trató de ingresar en campos como la telefonía celular o internet, sin mayor trámite, impidiendo la entrada de nuevos competidores en ese mercado.

La legislación tenía, como objetivos esenciales, la búsqueda de beneficios económicos y un posicionamiento más sólido en el ámbito político y de poder, máximas que rigen a los grandes consorcios televisivos. No en balde hubo innumerables cuestionamientos contra la extinta Ley Televisa, hechos por diversos sectores sociales y políticos, tanto al ex presidente Vicente Fox como a su sucesor, Felipe Calderón, quien recibió notorio apoyo de conductores en los principales programas noticiosos de Televisa.

Con ese trasfondo, resulta explicable que la programación de ambas televisoras se diseñe para optimizar los recursos disponibles y concretar su objetivo en forma permanente.

La pugna por incrementar el rating, las ventas y el impacto en diferentes ámbitos de la sociedad mexicana, delinea el espacio de combate con otras empresas que tratan de competir. Sin embargo, los acuerdos entre los dueños de ambas empresas se

hicieron ostensibles luego de decretada y publicada la Ley Televisa en el Diario Oficial de la Federación.

Programación infantil en Televisa y TV Azteca La programación dirigida a niñas y niños no sólo responde a parámetros mercadotécnicos, los cuales, cada vez más, incluyen una visión política, sino que los horarios y contenidos de las emisiones se establecen en función de dichos parámetros. Una investigación inicial acerca de los criterios para definir programas dirigidos a niñas y niños en las dos cadenas brinda más oscuridad que luces en torno del asunto.

En TV Azteca, el día privilegiado para la clasificación impúber es el sábado, con horario de 7:00 a 9:00 horas, en transmisión libre de caricaturas. Posteriormente, de 9:00 a 11:00 horas, entra en vigor un contrato con Disney Corporation, que incluye un segmento de caricaturas determinado por la empresa estadunidense, denominado Disney Club.

Las personas responsables de dicho contrato no tienen acceso a la definición de las políticas de programación de la televisora. La fragmentación de quehaceres y decisiones es una característica fundamental de las corporaciones actuales, dinámica en la cual se hallan inmersas las empresas de televisión.

En este contexto, no es extraño que la sociedad carezca de injerencia para determinar ni programas ni contenidos. Además, el enfoque mediante el cual TV Azteca determina dichos programas, es el de entretenimiento.

Por su parte, Televisa tiene un espacio más amplio destinado a niñas y niños. En el sitio web de la empresa se halla Televisa Niños, que contiene diferentes posibilidades de información e interacción, aunque el reducido número de infantes con acceso permanente a una computadora equipada con internet, limita claramente las posibilidades de participación sustancial.

En la sección “Programas” es posible contemplar tres opciones: Energía Extrema Sonric’s, los domingos a las 10:00 horas, en Canal 5; Señal TN, los sábados a las 9:00 horas, en Canal 160 de SKY, y Plaza Sésamo, todos los días a las 12:30 horas.

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Asimismo, existe un espacio denominado Niños Asesores, en el cual, según se establece en el sitio web, las y los participantes designados como “asesores infantiles” se reúnen una vez al mes para platicar con la persona responsable del área, así como “con los creadores de productos infantiles de Televisa para opinar y dar ideas nuevas y divertidas”.

Las barras de caricaturas y programas como En familia, con Javier López Chabelo, El Chavo y otros, corresponden a otras áreas de la empresa y de igual forma, los encargados de Televisa Niños no tienen injerencia en horarios y contenidos más que los correspondientes a su área.

Legislación, medios de comunicación y derechos de la niñez El presente artículo propone un enfoque de derechos humanos, en particular de niñas y niños.

Fundamentalmente nos basamos en la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional suscrito y ratificado por el Senado de la República, en 1989 y 1990, respectivamente.

En su artículo 17, la Convención reconoce “la importante función de los medios de comunicación” y exhorta a los Estados miembros a velar porque la niñez “tenga acceso a información y material procedente de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental”.

De igual forma, entre otras cosas, les sugiere estimular la producción y difusión de libros y materiales culturales infantiles y animar a los medios a tener particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena; promover la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y mensaje perjudicial para su bienestar.

En la misma línea de la Convención, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada por el Congreso de la Unión en el año 2000, establece en su artículo 43: “Sin perjuicio de lo previsto en la normatividad aplicable a los medios de comunicación masiva, las autoridades federales, en el ámbito de sus competencias, procurarán verificar que éstos: • Difundan información y materiales que sean de interés social y cultural para niñas, niños y adolescentes, de conformidad con los objetivos de educación que dispone el artículo 3° de la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño.

• Difundan información y materiales que contribuyan a orientarlos en el ejercicio de sus derechos, les ayude a su sano desarrollo y a protegerse a sí mismos de peligros que puedan afectar a su vida o su salud.

• Eviten la difusión o publicación de información en horarios de clasificación A, con contenidos perjudiciales para su for-

mación, que promuevan la violencia o hagan apología del delito y la ausencia de valores.

Algunas opciones hacia delante Hasta aquí podemos aproximarnos a un análisis del impacto que tienen en la niñez los programas transmitidos en los canales de las dos televisoras con alcance nacional, así como de la casi absoluta carencia de contenidos que satisfagan lo establecido en la legislación vigente en nuestro país.

Por mencionar sólo algunos de los criterios establecidos en los instrumentos expuestos, y con la información proporcionada por las personas responsables de la programación infantil en Televisa y TV Azteca, podemos afirmar que no existe una política orientada a “difundir información y materiales de interés social y cultural para el niño”; o bien, ¿con qué parámetros se comparan los criterios de las televisoras para definir tales contenidos?

El objetivo primordial, y quizás exclusivo, señalan los encargados del sitio web, es entretener y divertir, disociando en la práctica estas funciones, con la cultura, fomento de un espíritu crítico, respeto y cumplimiento de los derechos humanos de niñas y niños.

En función de los antecedentes de la empresa Televisa, y de acuerdo con los contenidos que continúan transmitiendo, no sería de extrañar que la consulta a niñas y niños, por medio de la iniciativa de Asesores Infantiles, únicamente se publicita cuando las propuestas y planteamientos coinciden con la programación y la orientación predeterminada por la empresa y sus decisores.

La población infantil indígena está excluida en forma permanente y sistemática. La cosmovisión de los diferentes grupos étnicos que conforman la población originaria del país está ausente en las políticas de estos medios y en la regulación que deberían hacer en ese sentido las autoridades.

Resulta imprescindible persistir en la demanda de mayor apertura a otras opciones, principalmente las que provienen de la sociedad civil, cuya labor se orienta a la construcción de sujetos sociales y promoción de los derechos de la niñez; asimismo, impulsar una revisión profunda, desde la sociedad y el gobierno, respecto a los contenidos y horarios de los programas dirigidos a niñas y niños, con base en los criterios establecidos por la Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley Federal de Radio y Televisión y otros relacionados con la materia.

El Estado puede y debe abrir más espacios, para que la sociedad civil, niñas y niños, participen auténticamente en la definición de opciones que construyan ciudadanas y ciudadanos desde temprana edad. peorparaelsol2@yahoo.com.mx *Promotor de los derechos de la niñez

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Int e rn aci on al Naief Yehya

Atiza prensa gringa propaganda anti Irán

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a reciente visita del presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, a Nueva York dio oportunidad a los medios masivos estadunidenses para desatar su rabia contra un líder que ha sido satanizado de manera apabullante en la preparación para un ataque en contra de esa nación del Oriente próximo. En esta ocasión los ataques y acusaciones tomaron un matiz netamente ofensivo, vulgar y grotesco en los tabloides como el New York Post, donde era calificado de mons-truo antisemita, terrorista y asesino; el Daily News que empleó el titular: “The Evil Has Landed” o “El mal ha aterrizado”. Los medios electrónicos y los diarios presuntamente serios -como el New York Times- disimulaban sus ataques con su habitual tono de condescendencia, desprecio y eventual sorna.

El punto climático de esta catarata de acusaciones e insultos tuvo como origen la petición de Ahmadinejad de visitar la Zona Cero o Ground Zero con la intención de ofrecer un tributo a las víctimas.

Aprovechando la ignorancia del pueblo estadunidense, los medios masivos lanzaron alaridos y condenas como si esto fue-ra una afrenta, una humillación o un desafío contra los estadunidenses en vez de un gesto en pro de la paz.

La petición fue rechazada por el gobierno de la ciudad, la cual no ofreció prueba alguna de que Irán tuviera algo que ver con los ataques ni evidencia de su supuesto apoyo al terrorismo.

Cualquiera sabe que Al Qaeda y el Talibán eran y son enemigos jurados de Irán, uno de los primeros países islámicos en condenar los ataques del 11 de septiembre, pero esos datos hubieran confundido a un público acostumbrado a reaccionar mecánica e irreflexivamente a los dictados mediáticos.

Parte de la campaña en contra de Ahmadinejad consistió en descuidar la calidad de los intérpretes y traductores o cuando menos de ignorar el contexto cultural en que debían entenderse las declaraciones del líder iraní. El ejemplo más ominoso es por supuesto la ampliamente citada declaración de Ahmadinejad en la Universidad Columbia acerca de que en Irán no había homosexuales.

Semanas después la mayoría de los diarios publicaron una

aclaración por parte del gobierno de Teherán tratando de explicar que el presidente quiso decir: “En Irán no tenemos homosexuales como en los Estados Unidos… En Irán no tenemos este fenómeno”. En el comunicado se explicaba que en Irán había menos homosexuales que en Occidente, ya que la cultura islámica era muy diferente.

El académico y traductor iraní, Ali Quli Qarai, escribe que lo que se perdió en la traducción fue el sentido de esa frase, al diferenciar a la homosexualidad en EUA y en Irán, Ahmadinejad no quiso decir que no hubiera homosexuales, ya que no es un imbécil incapaz de anticipar la reacción de semejante afirmación, sino que quiso decir que su peso social, como grupo, no existe, desde su punto de vista, en Irán. En EUA la homosexualidad es una práctica social relativamente aceptable, hay numerosos grupos organizados y políticamente activos que luchan por sus derechos y por ser representados y es un tema común en los medios que influye y afecta al poder político de la nación. No olvidemos que desde hace varios años los republicanos han usado apasionadamente la amenaza del matrimonio entre homosexuales para asustar conservadores y puritanos en las elecciones.

Mientras, en Irán como en la mayoría del resto del mundo (especialmente los países musulmanes) éste sigue siendo un tema tabú que no se menciona en la esfera pública y de hecho no podemos olvidar que la pena de muerte puede ser aplicada a quienes se involucran en relaciones homosexuales. No se trata, por ningún motivo, de defender o justificar el brutal trato que se da en Irán a los homosexuales, pero éste no es diferente del que dan otros Estados aliados y amigos de EUA, como Arabia Saudita y Kuwait por mencionar dos ejemplos. Lamentablemente Irán sufrió una trágica marcha atrás en el tiempo en éste y muchos dominios culturales y sociales por la imposición de una dictadura religiosa tras la revolución.

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Los cargos Como apunta William Blum , el autor del libro indispensable Killing Hope: US Military and CIA Interventions Since World War 2, Ahmadinejad es un regalo de los cielos para la Casa Blanca, es el enemigo perfecto del régimen fundamentalista cristiano renacido-neocon, a quien se han atribuido la violación de una serie de tabúes, aparte de su supuesta negación de la existencia de homosexuales en Irán.

Su transgresión más difundida fue supuestamente el haber amenazado con borrar del mapa a Israel, pero de acuerdo con el profesor Juan Cole, el presidente iraní habló de este tema inicialmente el 29 de octubre del 2005 y no lo hizo como una amenaza -como ha querido pretender la prensa occidental y el gobierno de Bush-, sino que estaba simplemente citando al Ayatolá Khomeini en referencia a la ocupación israelí de Jerusalén, y se refería a la desaparición del régimen sionista de ocupación. En junio del 2006 dijo: “el régimen sionista será eliminado pronto de la misma manera en que lo fue la Unión Soviética” y en otras ocasiones ha dicho lo mismo del apartheid sudafricano.

En aquellos discursos nunca mencionó la palabra mapa y Cole señala que no existe una frase en farsi para decir “borrar del mapa”.

Jamás Ahmadinejad ha tenido el atrevimiento de amenazar directamente al Estado de Israel, el cual sí podría borrar Teherán del mapa en segundos con su poderoso arsenal nuclear. Por el contrario, tanto él como el líder supremo de la revolución, Ayatollah Ali Khamenei, han declarado que nunca iniciarán una guerra en contra de ningún Estado. La paradoja es que el gran villano Ahmadinejad no tiene poder para actuar internacionalmente y depende del Supremo líder para cualquier determinación militar.

En lo relacionado con la declaración de que el Holocausto es un mito, es importante decir que el presidente de Irán nunca ha negado el genocidio judío, sino que ha comentado que los palestinos no deben pagar por el crimen de los alemanes, ya que la injusticia cometida contra ese pueblo fue “enmendada creando un Estado judío en Palestina.” También ha mencionado que Estados Unidos e Israel han explotado en su beneficio la memoria del Holocausto, algo que Norman Finkelstein y otros especialistas no antisemitas han documentado. Por otro lado, ha cuestionado la cifra de 6 millones de judíos asesinados por los nazis y el hecho de que en muchos países de

Europa esté prohibido cuestionar las certezas aceptadas acerca del Holocausto. Podemos o no estar de acuerdo con sus visiones, pero de ninguna manera estamos ante un neonazi.

Y la acusación más grave en contra del régimen de Ahmadinejad, la cual misteriosamente fue olvidada, apareció en mayo de 2006 y era la “noticia” de que se obligaría a los judíos iraníes (que son alrededor de 30,000 y que a pesar de ser blanco de cierta segregación cuentan con un representante en el Congreso y tienen derechos como cualquier otra minoría en Irán) a llevar una estrella amarilla en la ropa. Esta fue una mentira aberrante difundida por el autor neo conservador de origen iraní, Amir Taheri.

El mantra repetido hasta la náusea por comentaristas en gran parte de los medios estadunidenses ha sido que Ahmadinejad es el nuevo Hitler e Irán es la nueva Alemania de 1938. La principal influencia para esta campaña han sido, por una parte, líderes israelíes como Shimon Peres -quien comparó una bomba atómica iraní con “un campo de concentración volador”-, y Benjamín Netanyahu -quien dijo que “mientras Ahmadinejad niega que Holocausto tuvo lugar está preparando un nuevo Holocausto”-, y por otra parte el “lobby pro israelí”, el cual tiene un enorme peso en los medios y en Washington, además de la derecha cristiana, la base que le queda a Bush, que es prosionista por motivos religios o escatológicos, es decir, que creen que cuando se restaure el Gran Israel tendrá lugar el Apocalipsis, la Rapto y el Juicio final.

La campaña anti-iraní ha adoptado un tono de histeria y de urgencia para denunciar a esa nación como una amenaza que debe de ser confrontada militarmente cuanto antes. No han sido pocos los miembros del Congreso estadounidense de ambos partidos que se han unido al enfebrecido coro que clama por sangre iraní.

Otra guerra La catástrofe que ha sido la invasión de Irak (un país mucho más pequeño y débil que Irán) y el hecho de que el ejército estadunidense se encuentra sobre extendido en esta guerra, parecería una idea descabellada lanzarse a un nuevo conflicto que con toda certeza tendrá graves consecuencias humanas, regionales y planetarias.

No obstante, para los neocones ese es el costo justo de cumplir sus sueños de transformar al mundo. Uno de los últimos neoconservadores orgullosos de serlo y el editor de la publicación Commentary Magazine, Norman Podhoretz, defendió la destrucción de Persia en su reciente artículo, “The Case for Bombing Iran”.

Ahí cita los mismos argumentos que repite el gobierno sin ofrecer prueba alguna, pero añade al respecto de Ahmadinejad: “Como Hitler, es un revolucionario cuyo objetivo es derrotar al sistema internacional vigente y reemplazarlo con un nuevo orden dominado por Irán y regido por la cultura religio-política del islamofascismo”.

El islamofascismo se ha convertido en la palabra clave entre ciertos intelectuales para proyectar sus prejuicios y racismo en contra del mundo árabe sin el menor temor de ser acusados de incorrección política e ignorancia. La devastación, crudeza y tendencia a costar miles de vidas que tienen las guerras son obstáculos insignificantes para los neocones del gobierno de Bush, quienes creen

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que aparte de cambiar al mundo de régimen títere en régimen títere, una guerra puede garantizarle el triunfo electoral al Partido Republicano, debido a la vieja idea de que en tiempos de guerra el público vota por el partido patriótico y bélico por excelencia.

Es bien sabido que el pueblo estadunidense en un 70 por ciento reprueba ahora la invasión de Irak y piensa que fue un error desde el principio. No obstante, según algunas encuestas el público piensa que Irán es un peligro y en un extraño caso de esquizofren ia masiva piensan que no es tan mala idea darle una lección antes de que logre adquirir bombas nucleares. De acuerdo con una encuesta de la empresa Zogby International, publicada en febrero de 2006, el 47 % de los participantes estarían de acuerdo con que EUA tomara una acción militar para detener las ambiciones nucleares de Irán. Por su parte, una encuesta de Los Ángeles Times/Bloomberg encontró que el 57% de los estadunidenses favorecen una intervención militar en Irán y en su encuesta, la empresa Gallup indicó que 8 de cada 10 estadunidenses piensan que de tener una bomba atómica, Irán se la ofrecería a grupos terroristas para atacar a Estados Unidos y 6 de cada 10 piensa que Irán mismo atacaría a EUA. Este consenso se ha logrado mediante una vigorosa campaña de propaganda y de desinformación que ha creado y mantenido un estado de guerra que ahora se enfoca contra la república Islámica de Irán. Además, a los ataques constantes se suma una cantidad de insinuaciones y mensajes insistentes de vulnerabilidad, temor y racismo. Pero por otro lado ha habido una campaña mucho más discreta, sutil y sofisticada que ha pasado prácticamente inadvertida a la mayoría de los observadores. Gran parte de los diarios y medios masivos estadunidenses, presuntamente neutrales, han optado por criticar la invasión de EUA pero con ciertas condiciones: • Nunca se critica a las guerra en sí, sino que se critica un plan militar erróneo o torpe. Se señalan numerosos chivos expiatorios como los guardias de la prisión de Abu Ghreib, Paul Bremmer, George Tenet, Donald Rumsfeld.

• No se habla de la ilegalidad de la guerra, sino de su ineficiencia. Es decir, que de haber sido exitosa la estrategia los medios no tendrían nada que criticar aun cuando ya ha sido demostrado ampliamente que los motivos con que el gobierno de Bush vendió su guerra eran totalmente falsos y que de hecho los planes para invadir Irak eran anteriores a los ataques del 11 de septiembre.

Podría parecer que son simples pequeñeces del lenguaje, sin embargo, se trata de serias decisiones estratégicas e ideológicas por parte de los medios.

Planes atómicos y patrocinio a la insurgencia La crisis manufacturada en contra de Irán tiene dos elementos principales: la presunta ambición iraní de fabricar armas atómicas y el

equipar, entrenar y dirigir a grupos insurgentes iraquíes para atacar a las tropas de ocupación. En lo referente al primer punto, la Agencia Internacional para la Energía Atómica ha concluido que no existe evidencia alguna de programas de armas nucleares en Irán y que sus esfuerzos por crear plantas nucleares pacíficas son perfectamente legales. Independientemente de lo que podamos pensar al respecto de la energía atómica, Irán está operando dentro de la ley.

Respecto del segundo punto, Estados Unidos condena a Irán por apoyar a la organización libanesa Hezbollá, sin embargo, ésta no ha amenazado a Estados Unidos, sino que ha consagrado su energía a la defensa del territorio libanés en contra de la ocupación y las agresiones de Israel. Hay que señalar también que en general la República Islámica ha sido muy ineficiente en sus esfuerzos por exportar sus ideales teocráticos. Lo que es obvio es que al lanzar guerras contra dos Estados vecinos de Irán -Irak y Afganistán-, es claro que el efecto de la guerra se extienda a través de las porosas fronteras de la región.

Irán tiene obvios intereses en esos dos países, ya que ha tenido conflictos con ambos en el pasado reciente y lo que suceda internamente terminará afectándole.

Más enemigos Es importante mencionar el bombardeo israelí en contra de una supuesta planta nuclear en construcción en territorio sirio el 6 de septiembre pasado. Inicialmente Estados Unidos se reservó su opinión. Siria organizó un tour de periodistas internacionales para que vieran la zona donde cayeron los misiles israelíes. Pero el New York Times se mostró dudoso y el 14 de octubre siguiente publicó un artículo en primera plana señalando que analistas anónimos israelíes y estadunidenses habían concluido que en efecto Siria estaba construyendo una planta nuclear en secreto.

El artículo de David A. Sanger y Mark Mazzetti no ofrece ningún dato concreto, sino mera especulación de expertos sin nombre (“Un oficial estadounidense dijo que no había debate en torno a la evidencia, sino tan sólo en la manera en que había que responder a ella”), pero afirma que Washington y Tel Aviv han mantenido un gran silencio en torno a la operación. No obstante, la pobrísima información filtrada tiene como objetivo endurecer la postura estadunidenses y moldear a la opinión pública en contra de Siria y Corea del Norte. Es fundamental indicar que lo que sea que se destruyó estaba en las fases iniciales de la construcción y aún si hubiera sido una planta nuclear, habría sido perfectamente legítima. El mensaje israelí es claro, ni siquiera la intención de adquirir tecnología nuclear es aceptable para los intereses de una nación que ha mantenido en secreto el número y capacidad de su arsenal nuclear.

Nyehya@nyc.rr.com

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@ In t e rn e t Vicente Castellanos Cerda

Comunicación íntima en la red

A

cerca de mí: “Me gustan las tortas de tamal, aunque a mis amigos oaxaqueños les parezca un pleonasmo alimenticio” Descripciones muy variadas de los gustos y desagrados de millones de personas se hallan en los servicios de contacto y comunicación privada que se ofrecen en la red. Hablar de uno mismo parece no ser fácil y de las frases de no sé cómo definirme a otras muy ingeniosas que evaden el tema pero que dicen algo del humor y gusto de quien las escribe -como con la que abrimos estas líneas-, los servicios de comunicación íntima se multiplican en la red.

Algunos de estos sitios, como el Hi5, reportan 60 millones de usuarios a lo largo del mundo con nueve idiomas disponibles, entre ellos el holandés y el polaco. El caso de Myspace, operado por Google, llega a 38 mil nuevos usuarios al día. Por su parte, ¿Sexy o no?, sitio que se limita a calificar la sensualidad de las personas que aparecen ahí fotografiadas, es una de las 200 direcciones electrónicas más visitadas en lengua española. El objetivo de todos estos servicios consiste en poner en contacto a millones de personas en el mundo para cultivar amistades, encontrar una pareja o tan sólo para disponer de un espacio de expresión.

Se suele afirmar que internet ha transformado radicalmente la cultura contemporánea, sin embargo, esta aldea global digital es una realidad sólo para cierto tipo de actividad económica y para algunas prácticas culturales, y está lejos de ser el medio dominante de interacción universal.

Lo que sí se puede decir es que internet ha intensificado en cantidad y velocidad muchas de las expresiones, rituales y prácticas culturales de nuestro tiempo, en la educación, el trabajo o en la vida íntima. Por ejemplo, las plataformas educativas emulan la dinámica de enseñanza-aprendizaje de la escuela moderna que igual valora el aprendizaje memorístico y para eso se diseñan exámenes cerrados en línea, o bien, se fomenta el debate en los foros de discusión. Y qué decir de la lógica del sistema operativo Windows cuya base cultural es la organización de una oficina: escritorio, carpetas y archivos son el fundamento eficiente del manejo de la información.

Las interfaces, es decir, el conjunto de dispositivos mediante los cuales se sistematiza y presenta al usuario la información digitalizada, son metáforas multimedia e interactivas del modo en que las sociedades industrializadas han edificado los patrones del negocio y del ocio, y como tales se constituyen en una variación de la cultura, pero no en una revolucionaria forma de expresión donde la tecnología supuestamente configuraría a las sociedades contemporáneas.

Entre la vida pública y la privada, las interfaces han facilitado

las transferencias de información y las interacciones entre humanos y computadoras, lo han hecho movilizando grandes cantidades de datos y conexiones. En esto que parece ser un flujo hiperbólico de la información a lo largo del mundo, grandes capitales de dinero pueden ser transferidos en segundos, un sinnúmero de datos pueden ser procesados al instante, o bien, un sistema de vigilancia computarizado puede reconocer en un lugar público a un delincuente mientras camina entre miles de personas. Respecto a la comunicación íntima en la red, una sola persona puede llegar a tener miles o millones de amigos alrededor del mundo y su página probablemente sea visitada varias veces más en pocos meses.

Estos sitios ofrecen a los usuarios exhibir su vida privada, esa parte de la vida que antes estaba destinada al espacio doméstico y que ahora se ha convertido en información pública. Los nuevos espacios de exhibición de la intimidad trascienden los límites físicos, propiciando la interacción en tiempo consecutivo, a la vez que almacenan cuanta acción realice el usuario y sus amigos.

Las interfaces de estas páginas de contactos y amistades tienen una lógica muy simple al poner a la vista el modo en que socialmente se han dado diversos procesos de comunicación íntima.

En suma, se trata de una exhibición de la vida privada claramente sistematizada sobre las bases culturales de la amistad y el amor.

O en términos más coloquiales, tal y como se halla descrito en uno de los sitios de estos usuarios: “si analizamos un poco más esto de poner nuestros datos aquí, nos daremos cuenta que nos hace mostrarnos como mercancía en subasta… esperemos pues que llegue el mejor postor”.

El primer paso al utilizar cualquiera de estos sistemas informáticos es escribir un perfil genérico, algo así como decir quién es la persona interesada, en unos cuantos caracteres, a la vez que se definen intereses en cuanto amistad o ligue. Emulando la primera cita del cortejo, el recién amigo virtual debe dar cuenta de su comportamiento social, preferencia sexual, inclinaciones políticas, estudios, e incluso, videojuegos favoritos o, en portales similares para homosexuales, la condición de salud como si es seropositivo o no. La honestidad y veracidad de la información es tan exacta como la de la vida diaria, es decir, nadie garantiza que los datos sean reales.

Comunicación sin contacto Y siguiendo esta lógica del conocimiento mutuo entre dos o más personas, con tan sólo un clic -el equivalente al apretón de manos o al beso en la mejilla-, uno cuenta ya con nuevas amistades. Por supuesto, no a todos se les conoce en otros ambientes, así lo confirma una de las usuarias, “de los 257 amigos que tengo, sólo conozco en persona a unos cuantos, los demás son unos viejos cochinos”. La ventaja de los amigos virtuales respecto a los que uno frecuenta en la colonia, en el trabajo o en la escuela, es que si

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bien pueden ser muchos y muy diversos, los riesgos disminuyen al no tener contacto físico. Un porcentaje muy alto de esos supuestos amigos responden más a la inercia de sentirse querido por muchas personas que a relaciones de verdadera amistad.

Después de que se reconoce el interés mutuo de la amistad, el nivel de intimidad aumenta al hacer público uno de los objetos culturales más personales: el álbum fotográfico. En la vida diaria, una pareja sabe que al llegar este momento, se consolida el compromiso, pues las fotografías constituyen la evidencia de la historia personal y son la guía para mostrar al otro la experiencia acumulada. Pero el registro fotográfico en la red no parte de la infancia necesariamente ni es exhibido después de los primeros flirteos, más bien se trata de documentar visualmente el presente del usuario.

Los álbumes en estos sitios se multiplican, pero se pueden encontrar criterios comunes en el agrupamiento de las imágenes, al menos podemos referirnos a tres: la galería personal, el álbum con los amigos en momentos de diversión, y aquellos que reúnen las fotografías de los pasatiempos, pasiones o trabajo profesional del usuario.

Es de interés las llamadas galerías personales, ya que el autorretrato aparece como el género más explotado por parte de los usuarios. Los primeros planos tomados con cámaras digitales o teléfonos móviles, representan la contemporaneidad del sujeto autofotografiado, tal vez el elemento más apegado a la realidad que uno pueda hallar entre las diversas formas de dar a conocer al mundo quién es y qué apariencia tenemos. Los primeros planos dejan fuera los ambientes físicos y con ello logran que la atención se focalice en la fisonomía del rostro para que revele la verdad de la persona fotografiada.

El papel de veracidad que le atribuimos a la fotografía es más nítido cuando en las galerías personales se exhiben variaciones del autorretrato, ya que por negación o ausencia, también podemos entender el papel cultural de la fotografía en los sitios de comunicación íntima. Descontrola cuando en el espacio de la galería personal, hallamos al propietario de la página siempre entre amigos, aunque algunos programas permiten que el usuario se autoidentifique con una flecha o cualquier otra señal, pues el contexto visual elimina la posibilidad de empatía entre quien mira y es mirado.

En el otro lado, se hallan los primeros planos extremos que sólo permiten ver una parte del rostro, imágenes que dejan al voyeurista insatisfecho en su curiosidad por saber qué podría haber

revelado la imagen, insatisfacción que aumenta si se trata de la única fotografía. Los comentarios extraídos de una página con tal uso de este tipo de imágenes son elocuentes: “… pon fotos … pon fotos”; “pequeña nariz, déjate ver”.

Esta situación saca a flote otra característica de la comunicación mediada por las tecnologías de la información: el carácter de voyeur de quien explora la vida íntima de sus amigos o desconocidos. No importa que estos sistemas reporten las visitas de los usuarios registrados, el voyeur se convierte en un verdadero espía de la intimidad, pues además de conocer los gustos de otras personas, su apariencia y el listado de amigos, se le permite ingresar a los diarios personales y hacer comentarios en éstos.

Incluso, si un usuario abandona durante algún tiempo su página, el sistema es capaz de enviar mensajes a los contactos para que inviten a esa persona poco interesada en la amistad virtual a actualizar la información de su página.

Los usuarios avanzados, no por sus conocimientos tecnológicos, sino sencillamente por el interés mostrado en organizar y mantener su espacio en la red, pueden hacer uso de los artilugios informáticos que no son otra cosa que programas multimedia encaminados a embellecer la presentación de los textos e imágenes ya disponibles. Otros servicios completan el menú: organizar librerías musicales o cargar videos.

Todo texto, imagen y sonido si bien está al servicio de la amistad y el flirteo, es un hecho que las razones para que una empresa punto com los ofrezca de modo gratuito no están en los deseos de extender los lazos de fraternidad entre los habitantes del planeta, sino más bien de hacer negocio, cuyo beneficio principal no se halla ni en el número de afiliados, ni en los mensajes instantáneos que constantemente aparecen sin ser requeridos, ni siquiera en la precisa fragmentación del mercado por edad o género.

El negocio está en la sistematización de toda esa valiosa información de los hábitos y gustos de millones de personas. Los anunciantes y los vendedores de bienes y servicios, en el caso de que estos datos se hallen perfectamente organizados, pueden encontrar regularidades y diferencias culturales que les permite hacer más directa y eficaz su estrategia de producción y venta.

Lo anterior se corrobora con la información que la empresa Hi5 Networks tiene disponible para sus anunciantes: “Al usar una identificación demográfica de mercado basada en direcciones IP y perfiles, hi5 puede transmitir mensajes promocionales con precisión”.

Tan sólo pensemos en un programa que sea capaz de procesar las descripciones de los perfiles. Ahí se encuentra información que ni la base de datos del Instituto Federal Electoral posee, la cual por cierto en el 2003 fue vendida ilegalmente a la empresa estadounidense Choice Point.

Este dato confirma que la digitalización no ha transformado las prácticas culturales, entre ellas la de hacer pública la vida privada de las personas, sólo que ahora, y en esto sí hay novedad, las relaciones de amistad, intensificadas en cantidad y velocidad, están mediadas por la publicidad y la comercialización de bienes y productos. Atrás quedaron los días cuando se convivía con los amigos sin que terceros se enteraran de la vida íntima de uno, o bien, entre charla y charla aparecieran mensajes publicitarios. vcastell@hotmail.com http://2007vendetta.hi5.com

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Re s e ñ a Javier Esteinou Madrid

Radioarte mueve viejas estructuras radiofónicas

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radicionalmente, en las últimas ocho décadas y media, la radio en México se desarrolló de manera vertiginosa, siguiendo las presiones de adaptación que impuso la dinámica de la competencia económica nacional. En este proceso acelerado de evolución, la industria radiofónica creció fundamentalmente siguiendo la dirección comercial que le impuso dicho proceso competitivo que introdujo la reorganización económica del país y la globalización de los mercados, sin buscar nuevas formas sonoras de expresión social, sino que ubicó a los receptores como simples consumidores radiales por diversos niveles de ingreso y regiones de desarrollo.

Es decir, su dinámica de expansión histórica privilegió de forma sustantiva los intereses mercantiles, y no la búsqueda de nuevas modalidades radiofónicas participativas que permitieran una mejor forma de comunicación cultural, informativa y afectiva entre los emisores y nuestras diversas comunidades nacionales.

De esta forma, su principal objetivo fue el conquistar mayores grados de penetración medidos por el rating para vender, y no explorar nuevas alternativas de comunicación para vincularse de manera más orgánica con la población que la recibía. Así, se construyó un modelo radiofónico eminentemente mercantil.

Este viejo modelo de la radiodifusión dominante operó varias décadas en el país y se volvió monótono, rígido y cerrado hasta nuestros días, evitando que los contenidos de la radio se transformaran más allá de lo que pudiera representar un negocio.

Es en este contexto histórico de asfixia cultural y simplificación de la riqueza radiofónica que la doctora Lidia Camacho Camacho elaboró su libro: El Radioarte: Un género sin fronteras1, donde además de entregarnos una obra novedosa, bien estructurada y muy documentada, aporta un nuevo horizonte al futuro de la radio nacional, pues abre un nuevo camino para la renovación del viejo modelo radiofónico.

El radioarte se caracteriza por ser “toda obra que, creada por y para la radio, tiene como intención expandir las posibilidades creativas y estéticas de ese medio electrónico a partir de los elementos que fundamentan su lenguaje: voz, palabra, música, ruidos, efectos sonoros y silencio, elementos que poseen una gramática inherente, con la facultad de construir mensajes estéticos; esto es, mensajes que buscan conmover al radioescucha”2.

El importante esfuerzo intelectual de Lidia Camacho se distingue,

en primer término, porque no sólo facilita un acercamiento conceptual y un seguimiento histórico internacional que ubica el surgimiento y el desarrollo del fenómeno del radioarte en el mundo, sino también realiza una detallada descripción de cómo evolucionó en México y el grado de aceptación que ha alcanzado entre las nuevas generaciones como novedoso campo de búsqueda expresiva.

El planteamiento del tema central que la autora expone se podría deducir que el viejo modelo de la radio heredado del siglo XX en México fue predominantemente construido desde el hemisferio izquierdo del cerebro de los autores y aunque inicialmente aportó diversas riquezas para fundar e impulsar dicha industria auditiva en nuestro país, en poco tiempo se desgastó convirtiéndose en una institución radial calculadora, racional, cerrada y meramente informativa. En cambio, el nuevo género del radioarte surgió desde el hemisferio derecho del cerebro de los creadores generando una radio abierta, innovadora, polivalente que enriquece y actualiza el proceso radiofónico rígido, legado del siglo pasado.

Con la introducción del radioarte en México se rescata el sentido del escuchar sobre el sentido del ver, que fue seriamente desplazado por la evolución de la televisión, la imposición de su prototipo de comunicación audiovisual y la presencia de sus derivados visuales interactivos, al grado que en tres décadas creó al homo videns con su respectiva videovida en el país. En este sentido, con la presencia del radioarte se recobra y refuerza al homo sonoro aplastado por el moderno homo videns.

El arte sonoro cambió el concepto de cómo construir el mensaje radiofónico al salirse de la formalidad estructurada que se guía por la conceptualización, la lógica y la gramática tradicional del mensaje radiofónico, para proponer un nuevo proceso sonoro basado en la práctica artística que produce una nueva forma de generar mensajes radiales. Así, el radioarte “intenta dislocar la sintaxis de lo que hoy conocemos como discurso sonoro; es un género que se enfrenta con nuevas formas, nuevos significados, y nuevos referentes del arte sonoro por excelencia: la música”.3 En síntesis, dicho empeño intelectual se refleja cuando la inteligencia, la apertura, el optimismo y la voluntad siguen la fuerza de la convicción para alcanzar nuevos objetivos. jesteinou@prodigy.net

1 Lidia Camacho Camacho, El Radioarte: Un género sin fronteras, Editorial Trillas, México, D.F, mayo del 2007, 189 páginas.

2El Radioarte: Un género sin fronteras, obra citada, página 13.

3El Radioarte: Un género sin fronteras, obra citada, página 13.

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La trata de niños, cruel realidad: Víctor Ronquillo Balbina Flores Martínez

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l México del primer decenio del Siglo XXI sigue siendo cruel, injusto e inhumano. Las decenas de testimonios de niños y adolescentes que reúne el periodista de investigación Víctor Ronquillo en su nuevo libro-documental Los Niños de nadie. Trata de personas a ras de asfalto retratan al país real, el que se muere todos los días en los burdeles, las clínicas clandestinas, las calles, en algunas de las ciudades de la frontera norte o más arriba.

El propósito del libro, dice Víctor Ronquillo, “es demostrar cómo operan las redes de tráfico y explotación de personas, especialmente de niños, dentro y fuera de México.

“Lo fundamental es que se hiciera visible esta realidad, muy dramática y en extremo dolorosa e injusta, donde todo tiene precio y el abuso de poder es extremo. Alguien puede pagar por una persona o comprar un niño, y quizá condenar a modernas formas de esclavitud a trabajadores pobres, realizando trata de personas”, agrega el periodista quien considera que el documental que acompaña el libro (que son las mismas historias), “es un encuentro del lenguaje periodístico narrativo y el televisivo, donde el video da voz y rostro a ´los niños de nadie´, y el libro narra sus historias. Una combinación de la palabra y la imagen”.

Nuestro trabajo, añade, pretende ser mucho más profundo al mostrar estas realidades y también busca hacerlo desde una pers-pectiva distinta a la realizada en los canales de televisión abierta, y nos alejamos mucho de lo que puede considerarse el amarillismo y el impacto, para tratar de hacer un periodismo de profundidad, con un profundo compromiso social.

Acerca del origen del libro, el periodista comenta a la reportera: “Trabajando en la frontera de Sonora y Arizona, percibí que en la región de Altar había un intento de trasladar a varios niños al otro lado de la frontera y eso me alarmó mucho y me encaminó a estas historias que tienen que ver con la trata de personas”.

En el libro se reúnen 25 historias y circunstancias de ese problema. “Lo que cambia son las anécdotas y las circunstancias, las historias son las mismas”, añade el autor quien decidió proponer

el tema a Ediciones B, y junto con el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, A.C, acordaron editar el libro y el video con las entrevistas de las víctimas. “Se produjo el video con la intención de llegar al mayor número posible de lectores y al final dar cuenta de esta denuncia”, apunta.

No buscamos rating, sino hacer comprender el problema Sobre la cobertura que los medios de comunicación hacen de temas como la trata de personas o el abuso a menores, Víctor Ronquillo dice: “lo cubren de una manera muy limitada, siempre trabajando a través del impacto que genera, con poca reflexión en torno a esto, se comprende poco a las víctimas. Además lo hacen con una enorme falta de ética profesional en la cobertura general de estos problemas, de tal modo que nosotros -un grupo de periodistas independientes de la empresa 40 Producciones-, tratamos de adentrarnos en estos temas desde una perspectiva diferente, que pretende ir más allá del impacto, que busca contar historias y compartir con las víctimas lo que ocurre, y además mostrar con toda crudeza que estas realidades están ligadas a la corrupción y al crimen organizado”.

El autor recomienda a quienes pretendan seguir estos temas “acercarse con sumo respeto a todos los protagonistas de estas historias, sobre todo a las víctimas, no hay que atender a las exigencias de los medios que buscan el impacto para el rating, sino atender a las razones humanas y de comprensión que pueden llevar a un reportero a cubrir estas informaciones, para que no ocurran más. Entender el contexto en que se dan estas realidades, tratar de entender las implicaciones en la fractura psíquica y humana de las víctimas y también el contexto en que se dan con relación a asuntos tan lamentables como lo es el crimen organizado”.

A juicio de Víctor Ronquillo, “no se comprenden estos fenómenos sociales en su dimensión y en ocasiones se ponen al aire sólo en la búsqueda del rating y en el impacto mediático”.

Esto, precisa, aleja la comprensión de estos fenómenos y por el contrario los medios tenemos que incidir en general; en la reflexión en torno a estos problemas, hacerlos visibles al conjunto de la sociedad y de alguna manera comprenderlos en la dimensión humana que entrañan”.

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