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Contenido Mesa de redacción 4

8 TV privada,

¿Propicia SCT despojo a la nación?

seis décadas de privilegios

Cartón de Rapé

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Duopolio feliz

Raúl Trejo Delarbre

Para seguirle la pista

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Portada

¿En quién confiar?

Televisión

8

TV privada, seis décadas de privilegios

Raúl Trejo Delarbre

12 Culpa del Estado,

rezago en la TV pública

Patricia Ortega Ramírez

15 Marco legal y

TV en México

23 Contenidos, reto de la

31 Dilemas de la

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22 ¿Autorregulada la TV pública?

Fidela Navarro Rodríguez

Contacto alternativamedios@prodigy.net.mx http://www.revistazocalo.blogspot.com Zócalo

octubre 2010

opciones en TV: Mejía Barquera

Carlos Padilla Ríos

La UNAM, pionera de la televisión Julio Olvera

26 Televisión Digital,

www.revistazocalo.com.mx

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Carlos Padilla Ríos

24 Sin pluralidad ni

Alma Rosa Alva de la Selva La televisión mexicana: 25 ¿Existe la autorregulación? Claudia i. García Rubio

televisión Beatriz Solís

la transición

Gabriel Sosa Plata

Director General Carlos Padilla Ríos Edición Julio Olvera Corrección de estilo Jaime Medina Andrade Diseño Cynthia Martínez de la V. Fotografía Cuartoscuro

TV Digital Jorge Bravo

34 Advierte AMEDI

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demora para favorecer a Televisa Julio Olvera

35 Televisión española:

problemas técnicos y programación pobre José Ferruzca

38 Gana televisión pública

a privada en contenidos Alejandro Huizar/Obitel México

Reporteros Balbina Flores Martínez, Primavera Téllez Girón, Atziri Ávila, Víctor Chávez, Viridiana Villegas Hernández, Anayelli García Corresponsales José Ferruzca, Europa, Ricardo Martínez, Centroamérica Colaboradores Luis Miguel Carriedo, Graciela Ramírez, Gabriel Sosa Plata, Pablo Arredondo, Francisco Hernández Lomelí, Víctor Becerril, Jorge Pulido, Agustín Pineda, Naief Yehya, Antonio Medina, Raúl Trejo Delarbre, Elvira García, César Amador, Frambel Lizárraga Salas.


ctor

lo

49 ¿Qué dejan las

Reseña de libros

elecciones del 2010? Alberto Aziz Nassif

66 Investigación y

Libertad de prensa

mediación de audiencias Fidela Navarro Rodríguez

53 Obligan a Calderón a

presentar plan

Balbina Flores Martínez

54 Esceptisismo de directores

ante propuestas de Calderón

Balbina Flores Martínez

55 Convergencias para

Medios de comunicación

40 Macartismo en Televisa

y medios de comunicación

José Carlos Lozano

Rogelio Hernández López

57 Cooperativas, opción de

autoempleo entre periodistas

Tesis

Anayelli García

68 Legitimidad política

Radio

Jenaro Villamil

44 Cultura de la legalidad

reducir la vulnerabilidad de periodistas

58 Radio UAM será

Comunicación Política

emisora abierta al tiempo: Teodoro Villegas

triunfos mediáticos José Reveles

69 El Prix Italia festeja

Laicismo

Caricaturistas Rapé, Hernández, Luy, Gallut Comité de Redacción Beatriz Solís, Javier Corral, Jenaro Villamil, José Reveles, Rogelio Hernández López, Luis Miguel Carriedo, Gabriel Sosa Plata. Consejo Editorial Alma Rosa Alva de la Selva, Javier Esteinou, María Victoria Llamas (†), Carlos Mendoza López, Ernesto Villanueva, Manuel Gutiérrez Oropeza (†), Octavio Islas Carmona.

el Estado laico

Alejandro Madrazo Lajous

Publicidad Luis Alberto Nieto, Alejandro Sánchez Secretaria Concepción Villegas Circulación Héctor Benítez Velasco Servicio social Mariana Hernández Monitoreo Medialog

Frambel Lizárraga Salas

Internacional

Carlos Padilla Ríos

46 La Barbie y El Grande, 61 La derecha contra

y medios Mujer y publicidad televisada

150 años de la Unidad Italiana

Graciela Martínez Matias

Zócalo, comunicación, política y sociedad es una publicación mensual editada en México DF, por Proyectos Alternativos de Comunicación, S.A. de C.V., Reserva exclusiva título núm. 04–2000–090816141800–102. Número de certificado licitud de título 12280. Número de certificado de licitud de contenido 8943. Número ISSN 1665–8698. Domicilio: Calzada México Tacuba 235 cuarto piso, colonia Popotla, delegación Miguel Hidalgo. Tels.: 5341 6590 y 5341 6597, alternativamedios@prodigy.net.mx, revistazocalo@ yahoo.com.mx Internet: www.revistazocalo.com.mx. Impreso por imprenta Santiago, Río San Joaquín 436, Col. Ampliación Granada C.P. 11520, México, D.F. Precio por ejemplar: 30 pesos. Suscripción anual: 300 pesos por 12 números. Distribución: Publicaciones CITEM, S. A. de C.V. Tel.: 5238 0200. En Sanborns en toda la República. En el Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Guerrero. Registro postal publicaciones PP091056 autorizado por SEPOMEX

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Mesa de redacción

¿Propicia SCT despojo a la nación?

E

l secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, tiene en las controversias judiciales generadas por el desaseo en el otorgamiento de la Licitación 21, una excelente coartada para no entregar antes del 30 de noviembre de 2010 las frecuencias a los ganadores de esas licitaciones, retraso que implicaría que el erario dejara de recibir por concepto de impuestos casi dos mil millones de pesos. Parecería que los litigios generados contra esa licitación, le permiten al funcionario ganar tiempo para no entregar esas concesiones antes 30 de noviembre de 2010, y entonces permitir que las empresas ganadoras: Televisa-Nextel, Telcel y Telefónica no paguen derechos. Es cierto que los vencimientos y los montos de exención fueron aprobados el año pasado por las cámaras de Diputados y de Senadores, cuando avalaron la Ley Federal de Derechos. Al respecto, en un análisis de las implicaciones de la Licitación 21 y del ade-

lanto de la convergencia digital en televisión, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), recuerda que “los concesionarios de esas bandas estarán exentos del pago de los derechos correspondiente, durante todo 2011, en caso de que las concesiones les sean entregadas a más tardar el 30 de noviembre de 2010. Pero si esas concesiones se otorgan a partir del 1 de diciembre de 2010, la exención se extenderá durante 2011 y 2012”. De acuerdo con esos absurdos, pero intencionados beneficios, para que el erario reciba o no casi dos mil millones de pesos adicionales de ingresos a las arcas públicas, sólo media unas horas, quizá minutos. Molinar Horcasitas tiene de plazo hasta el 30 de noviembre para entregar esas concesiones, de lo contrario serían las empresas ganadoras las que tendrían un multimillonario ahorro. El funcionario panista está obligado a hacer respetar la Constitución, la cual se-

De última hora

Cofetel lista para entregar “ganga” a Televisa

A

l cierre de esta edición, Mony de Swaan, presidente de la Cofetel, afirmó que el noveno tribunal colegiado de circuito resolvió que era válido el concurso 29 de la polémica Licitación 21. También, el vicepresidente corporativo de Nextel de México, Gustavo Cantú, dio como ganador a su empresa y dijo que sólo faltaba que le entregaran los títulos de concesión de una franja de 30 megahercios del espectro radioeléctrico. Por ese segmento Televisa-Nextel debe dar un enganche de 180.3 millones de pesos, es decir, 28 veces menos de lo que pagarán Telcel y Telefónica MoviStar por una banda similar. Pero Salvador Rocha Díaz, representante jurídico de Iusacell, de Grupo Salinas, aseguró que seguirán recurriendo “a todo lo que se nos ocurra” para evitar que la Comisión Federal de Telecomunicaciones entregue dichos títulos. En la última semana de septiembre, tres jueces ordenaron por separado dos ordenes de suspensión provisional y una medida cautelar para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Cofetel, detenga la entrega de los títulos. Las jueces del cuarto y décimo distrito en materia administrativa en el DF, Guadalupe Rivera y Mónica Soto, respectivamente, estimaron pertinente que se investigue sobre los perjuicios que ocasionaría esa entrega; mientras el juzgado 27 de lo civil otorgó la medida cautelar a favor de Iusacell. 6

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ñala que los funcionarios federales deberán resguardar los intereses de la nación sobre cualquier otro interés. Él deberá trabajar para que esas cantidades ingreses al erario. Por esas razones, la AMEDI asegura que la demora de la SCT para entregar a Televisa las frecuencias, no obedece a las más de 60 inconformidades judiciales generadas por la Licitación 21, sino a esa artimaña que implicaría el ahorro de mil millones de pesos más sólo para Televisa. Muy grave sería para el país que se cumplieran las predicciones aquí mencionadas, lo cual no sorprendería de un gobierno que, a falta de resultados frente a muchos problemas nacionales, administra la crisis desde la pantalla, regalando el espectro radioeléctrico patrimonio de los mexicanos y utilizando una retórica desgastada, pretende engañar a los ciudadanos con el artificio de la pantalla digital, cuando es obvio que lo que busca es mantener el poder, y no beneficiar a la patria.

Frase del mes

"¿Qué quieren de nosotros?" “Ya no queremos más muertos. Ya no queremos más heridos ni tampoco más intimidaciones. Es imposible ejercer nuestra función en estas condiciones. Indíquenos, por tanto, qué esperan de nosotros como medio. Esta no es una rendición. Como tampoco significa que claudicamos al trabajo que hemos venido desarrollando. Se trata de una tregua para con quienes han impuesto la fuerza de su ley en esta ciudad, con tal de que respeten la vida de quienes nos dedicamos al oficio de informar.” Fragmento del editorial de El Diario de Ciudad Juárez en su edición del lunes 20 de septiembre, tres días después que sicarios asesinaron a su reportero gráfico Luis Carlos Santiago Orozco.


Cart贸n de Rap茅

Duopolio Feliz

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Para seguirle la pista

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El 24 de septiembre cuando aún El Diario no termina de reponerse del asesinato de su reportero, la Procuraduría General de la República, y en el marco de la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa y el Comité de Protección a Periodistas con Felipe Calderón, anunció la detención de uno de los responsables del asesinato de Armando Rodríguez. La dependencia dio a conocer en un boletín, “derivado de los trabajos de inteligencia que viene realizando las fuerzas del orden público federales, elementos del Ejército

Internet

l asesinato de Luis Carlos Santiago Orozco, fotógrafo de El Diario de Juárez ocurrido el 16 de septiembre, donde resultó herido de gravedad otro fotógrafo que lo acompañaba cuando fueron atacados a balazos en un centro comercial en Juárez, puso en alerta nuevamente a los periodistas de aquella ciudad y removió los pendientes de la justicia en el caso de otro periodista de ese periódico, Armando Rodríguez, ejecutado el 13 de noviembre de 2008, aún sin esclarecer y que deja más dudas que certezas en las investigaciones realizadas.

El caso de Santiago Orozco parece seguir la misma trayectoria que el de Armando Rodríguez, pues el mismo día en que se sepultó el cuerpo del primer joven por sus familiares y compañeros, la procuradora de Justicia de Chihuahua, Patricia González, sin dar mayores elementos, dijo que las líneas de investigación indicaban que las causas estarían ligadas a su entorno personal, más que a su actividad periodística. El pasado 21 de septiembre, el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, la secundó negando que el asesinato del reportero grafico de El Diario, Luis Carlos Santiago y las heridas de su compañero estuvieran relacionadas con su actividad profesional y que esta agresión fue por motivos personales. Es más, la Procuraduría General de la República ha dicho que no atraerá esta investigación y que solo coadyuvará con ella. 8

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mexicano, detuvieron en días recientes a un presunto participante de este asesinato”, refiere y donde se indica que el motivo del asesinato del periodista fue “por hacer muchas notas periodísticas en contra de una de las organizaciones delictivas que se disputan el control de la plaza”. Ante esta revelación, El Diario exhibió las contradicciones de la PGR y la Procuraduría local en una nota que cabeceó así: “ponen a torturado y a 2 muertos como asesinos de El Choco”, y refiere que uno de los supuestos detenidos fue estrangulado en su celda el 8 de julio pasado y en otro, la propia PGR lo reportó como asesinado en 2009; pero la misma dependencia ofreció en mayo pasado una recompensa de 15 millones de pesos por su captura, anotó el periódico en su portal (25/09/2010). La pregunta de El Diario, y que muchos nos hacemos ahora es, ¿En quién confiar? ¿A quién creerle? (Balbina Flores Martínez)

En manos de la Corte las libertades de prensa y expresión

E

Marco Polo Guzmán/Cuartscuro

¿En quién confiar?

ste 6 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación habría analizado el recurso de revisión del amparo que interpuso el periodista Alfredo Rivera Flores, luego que el Sexto Tribunal Colegiado le negara esa garantía en marzo, después de haber sido sentenciado por daño moral ocasionado al exdiputado priísta Gerardo Sosa Castelán, actual secretario general de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El caso le fue asignado a la ministra Olga Sánchez Cordero, quien tiene la oportunidad de incidir en la procedencia o no de esa revisión. En caso de proceder (1057/2010), se sentaría un precedente a favor de la libertad de expresión, y su negativa dejaría en la indefensión a los periodistas que documentan historias a través de sus actores, y sobre todo quienes abordan el escrutinio de figuras públicas. Frente al cúmulo de agresiones a periodistas, no se debe permitir el uso de los juicios civiles como instrumentos de presión al ejercicio periodístico responsable. El 6 de agosto del 2004, el legislador priísta demandó por daño moral al autor Alfredo Rivera, y al prologuista Miguel Ángel Granados Chapa, pero también al diseñador Enrique Garnica Ortega, y al fotógrafo Héctor Rubio Traspeña, quienes participaron en el libro: La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo. En este mismo juicio Granados Chapa fue absuelto en 2007, pero el ahora ex diputado priísta Sosa Castelán impugnó la sentencia que a la fecha se encuentra en revisión en el Tribunal Federal. (Balbina Flores Martínez)


Finalmente, EU acepta dar asilo a periodista mexicano

E

n México, el fenómeno del exilio de periodistas va en aumento ante la ola de violencia, amenazas y muerte de comunicadores que en los últimos diez años, 65 de ellos han perdido la vida, cerca de la mitad, durante el sexenio de Felipe Calderón. El pasado 21 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos otorgó asilo político a Jorge Luis Aguirre, editor del portal noticioso en Internet LaPolaka.com, de Ciudad Juárez, quien es el primer reportero mexicano al que se le concede, después de dos años de solicitarlo. Desde el 2008 a la fecha, se tiene el recuento de por lo menos cinco repor-

teros de diversos medios de comunicación de la frontera norte de México, que se han refugiado en Estados Unidos o Canadá, como una medida extrema para salvar su vida y la de sus familiares. Entre ellos se encuentran: Emilio Gutiérrez, del Diario de Juárez, Ricardo Chávez Aldana, de Radio Cañon, Horacio Nájera, corresponsal del periódico Reforma y Jorge Luis Aguirre, del portal informativo LaPolaka.com. La organización Reporteros Sin Fronteras, a partir del 2008, ha solicitado a las autoridades migratorias de Estados Unidos adoptar las medidas humanitarias necesarias para darles refugio

a los periodistas mexicanos amenazados de muerte. Aguirre aclaró que el asilo otorgado, “no es un éxito personal, sino una conquista de todos los periodistas mexicanos perseguidos y asesinados por políticos en contubernio con el crimen organizado”. El 15 de septiembre, el camarógrafo de Noticieros Televisa, Alejandro Hernández, solicitó asilo al gobierno de Washington en El Paso, Texas. El destierro, al parecer, es la única salida que tienen los actuales trabajadores de la información, ante el embate sin freno del crimen organizado que actúa con absoluta libertad.

Responsabilidad de los medios

L

a tarde del 27 de septiembre, varios portales de Internet, entre ellos El Universal, La Jornada, La Crónica y El Imparcial, dieron a conocer la noticia de que un periodista había sido asesinado. El Universal reprodujo que el periodista Rafael Armando Muro, de 60 años, fue asesinado en un autolavado en Ciudad Juárez. La alarma se encendió nuevamente en los medios, que empezaron a confirmar con sus corresponsales que la información resultó falsa. Al día siguiente, Muro colocó en su web una carta dirigida al periodista Jorge Luis Aguirre: “Los muertos que vos matáis gozan de buena salud... La vida de este servidor sigue sin cambio alguno, estoy sano y salvo pero sacude el interior de mi ser toda esa inseguridad que padece mi ciudad, donde no se le ve fin a los hechos de sangre”. La carta puede ser leída en http:// www.chihuahuapost.com/notas/24613.htm y las notas que se subieron dando por muerto al periodista, también siguen en la red. Esa noticia, desde la ética periodística, debió ser desmentida de inmediato. No fue así, incluso se le debieron haber ofrecido disculpas públicas al afectado y a su familia. Tras el supuesto ataque, el alcalde de Juárez, José Reyes Ferriz, lamentó lo que consideró “este nuevo hecho violento en

contra de los representantes de los medios de comunicación”, y afirmó: “es gran amigo el cual formó parte de la administración de mi padre, me acabo de enterar y en verdad lo lamentó”. Otro caso ocurrió a El Diario de Juárez, que publicó declaraciones de una persona que se identificó como el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), César Nava. Diversos medios se hicieron eco de esta información. El rotativo tuvo que reconocer públicamente que fue burlado, pero la información ya había circulado. Estos hechos merecen, sin duda, una reflexión por parte de los medios de comunicación. Informar en tiempos de violencia, diría el experto periodista colombiano Javier Darío Restrepo, requiere de una gran responsabilidad social y una mayor rigurosidad por parte de los medios y los periodistas en la información. (Balbina Flores Martínez) octubre 2010

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Televisión

Análisis

TV privada, seis décadas de privilegios • Raúl Trejo Delarbre

El gobierno federal determinó concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), y concluir las transmisiones de televisión analógica a partir del año 2011 y en su totalidad a más tardar el 31 de diciembre de 2015. El decreto respectivo fue promulgado, precisamente, un día después que el 1 de septiembre pasado se conmemoraron 60 años de la historia oficial de la televisión en México, a través de la cual la televisión privada creció y medró a expensas de un poder político con el que intercambiaba favores y compartía intereses, como señala en Zócalo el doctor Raúl Trejo Delarbre.

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n todo el mundo, los consorcios mediáticos tienen una influencia política y social muy relevante. La globalización, y sus consecuencias de toda índole, no serían posibles sin los medios. Tampoco lo serían muchas de las expresiones más conocidas de la cultura popular, las industrias culturales o el quehacer político. Pero a la influencia que los medios alcanzan en todo el orbe, en México se añaden al menos cinco circunstancias en virtud de las cuales el poder de las corporaciones comunicacionales llega a ser mayor que en otros países –o, al menos, mayor que en otras democracias–. Nos referimos a la concentración y consolidación empresariales en los medios privados, la relativa juventud y la insuficiencia del sistema de partidos políticos, la debilidad de los medios públicos, la escasa apreciación crítica de la sociedad respecto de los medios de comunicación y las insuficiencias y atrasos en la legislación mexicana para los medios. 10

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Creciente concentración Dos empresas, Televisa y Televisión Azteca, concentran el 94% de todas las frecuencias en la televisión comercial. En 2008 Televisa, con tres cadenas nacionales y varias redes locales, tenía 257 estaciones con señal abierta. Televisión Azteca, con dos cadenas nacionales, contaba con 176 estaciones. El total de estaciones comerciales era de 461, de tal suerte que en todo el país solamente había 28 estaciones fuera del control de alguno de esos consorcios. Las estaciones de esas firmas, acaparan el 97% de la audiencia nacional (Televisa, el 68.5% y Azteca el 28.3%) y entre ambas –de acuerdo con el economista Fernando Butler– alcanzan más del 99% de la inversión publicitaria que en México se destina a la televisión. Ambas empresas tienen influencia determinante en la radio, la producción y distribución de impresos, el deporte y otras expresiones de las industrias audiovisuales. Recientemente, además, tanto Televisa como TV Azteca han incursionado en el negocio de la telefonía y en la provisión de conexiones para banda ancha. La telefonía ha sido otro caso de concentración desmedida y, hasta hace poco tiempo, incontrolada en México. Según explica el especialista Jorge Bravo, la empresa Teléfonos de México tenía en 2007 el 90% de las líneas fijas y la empresa Telcel, el 75% de las suscripciones de telefonía celular. Ambas, son propiedad del empresario Carlos Slim. Ese panorama será modificado con la consolidación de Televisa como nuevo emporio de la telefonía. La adjudicación de la llamada fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad y la Licitación 21 que le permitirá utilizar 30 MHz de espectro radioeléctrico pagando un enganche de 180 millones de pesos; en tanto otras empresas, por un segmento de las mismas dimensiones, pagarán 5068 millones de pesos, convierten a Televisa en el consorcio con más ramificaciones en las comunicaciones en este país. En el mundo contemporáneo, es difícil encontrar ejemplos de mayor concentración de tantos recursos comunicacionales en tan pocas manos. Atónitos partidos El segundo problema que enrarece la relación entre consorcios comunicacionales y Estado es la debilidad del sistema de par-

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Cobertura de televisión en México 300 250

Total de estaciones comerciales de TV

257

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150 100 50 0

38 Televisa

TV Azteca

Otros

tidos políticos y la dependencia que ha adquirido respecto de los medios de comunicación. La hegemonía que el PRI mantuvo durante siete décadas, estuvo acompañada de una política displicente respecto de los medios de comunicación. Por lo general, los gobiernos del PRI permitían que las empresas mediáticas más importantes se expandieran de acuerdo con sus necesidades de negocios. Lo único que el gobierno requería era el respaldo de esas empresas cuando necesitaba difundir mensajes a la sociedad, o en temporadas electorales. Los gobiernos surgidos de ese partido, con pocas excepciones, carecieron de políticas de comunicación específicas porque preferían apoyarse en los servicios de la televisión y la radiodifusión en manos privadas. Cuando el PRI perdió la presidencia de México en 2000, dejó de disponer de los abundantes recursos financieros y políticos que le habían permitido desarrollarse –aunque siguió siendo mayoritario en al menos la mitad de los estados del país, en cuyas gubernaturas se ha mantenido–. Se trata de un partido que no ha terminado de transitar de la subordinación respecto del gobierno, a la creación de redes que le permitan afianzarse en la sociedad. Los otros partidos relevantes, Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, tienen estructuras débiles en muchos sitios del país. Esos tres partidos, que son los más importantes en México, han requerido de los medios de comunicación para hacerse presentes en la sociedad mexicana. Tal circunstancia ha sobredimensionado la influencia política de los medios: no solamente son el cauce natural para que los ciudadanos se relacionen con la política; además, los dirigentes políticos mexicanos han llegado a tener una fuerte sujeción respecto de los medios –especialmente la televisión–, a los cuales necesitan

para adquirir o mantener notoriedad tanto entre los ciudadanos como al interior de sus propios partidos.

Endeble TV pública Al privilegiar a los medios privados, el Estado mexicano descuidó a los medios no comerciales. A diferencia de Europa Occidental y de diversos países de Sudamérica en donde la televisión y la radio fueron primero propiedad del Estado y solamente más tarde experimentaron procesos de privatización, en México esos medios surgieron y se consolidaron como negocios particulares. A finales de los años 50 del siglo XX, cuando la televisión ya consolidaba el consorcio privado que más tarde se convertiría en Televisa, el gobierno mexicano apenas instalaba una modesta televisora de carácter cultural, el Canal Once. Más tarde el gobierno federal llegó a tener dos cadenas de televisión, abanderadas por los canales 7 y 13, pero a comienzos de los años 80 las vendió a la empresa que crearía Televisión Azteca. Tanto en el plano federal, como paulatinamente en los estados del país, desde los años 70 y 80 del siglo XX han existido estaciones de televisión y radio que se han financiado con recursos fiscales. Casi todas han sido emisoras oficiales, al servicio de los gobiernos y especialmente de los funcionarios que están a cargo de cada administración local o federal. En México prácticamente no ha existido una noción cabal de medios públicos, que funcionen con autonomía respecto de los intereses de los gobiernos, que estén al mismo tiempo respaldados con financiamiento público y con la venta de espacios o servicios y que cuenten con formas de relación orgánica con la sociedad, como sucede por ejemplo con la BBC británica o la CBC canadiense, como ha explicado la doctora Patricia Ortega. En ausencia de tales medios, la televisión y la radio en manos privadas han dominado el panorama audiovisual del país. Hasta mediados de 2010, la señal de Canal Once podía verse en 10 de las 32 entidades del país. Con motivo del préstamo de repetidoras por parte de un nuevo organismo federal (en una irregular operación que comentamos en Zócalo de agosto pasado) ahora se puede ver en tres estados más. Con todo y las que le presta la Secretaría de Gobernación, Canal Once dispone de 17 o 19 repetidoras (la información al respecto es contradictoria). Mientras tanto, el Canal Dos de Televisa tiene 128 retransmisoras y el Canal 13, de TV Azteca, 89. Sociedad complaciente La sociedad mexicana ha sido habituada a un panorama comunicacional en el que dominan la televisión y la radio mercantiles, en donde la competencia resulta escasa y que suele disfrutar de la complacencia del poder político. Los programas de Televisa y TV Azteca habitualmente se parecen demasiado octubre 2010

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unos a otros y explotan los recursos de la televisión internacional más ordinaria: escasa complejidad dramática en las telenovelas, comicidad elemental, figuras artísticas cuya notoriedad es determinada por el interés comercial más que por su aptitud interpretativa. El futbol profesional, que es el deporte más popular en todo el país, está dominado por los intereses de las dos televisoras que, a su vez, son propietarias de varios equipos. En los noticieros hay escasa investigación periodística y las notas obtenidas por los reporteros se confunden con informaciones pagadas con recursos públicos. Junto con la concentración, el gran problema de la televisión y en general de los medios mexicanos es la calidad. No hay estándares conocidos que establezcan criterios mínimos de calidad en el tratamiento de las noticias y mucho menos en la producción de los programas de entretenimiento. La sociedad mexicana ha sido formada en la contemplación de audiovisuales de escasa calidad, con mensajes acríticos o escuetos cuando se le informa acerca de asuntos públicos, sin espacios de deliberación plural. Aunque en los años más recientes se han desarrollado otros servicios audiovisuales, la sociedad mexicana todavía depende fundamentalmente de la televisión abierta para entretenerse o informarse. Al comenzar 2010, la cuarta parte de los hogares mexicanos dispone de algún servicio de televisión de paga (por cable, satélite o microondas). Se trata de alrededor de siete millones 200 mil, entre algo más de 28 millones de hogares. Una proporción similar, alrededor del 27% de los 107 millones que hay en México en 2010, tiene acceso a Internet. De ellos, solamente la mitad navega en la Red de redes en sus casas; el resto tiene que hacerlo en oficinas, escuelas o sitio de acceso públicos –datos calculados a partir de información de INEGI y COFETEL–. Así, tres de cada cuatro mexicanos, en cifras gruesas, no tienen Internet, no cuentan con televisión de paga y solamente disponen de la televisión abierta –acaparada por dos empresas– para enterare de los asuntos públicos.

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En México no hay un solo diario impreso que tenga circulación nacional; de acuerdo con estimaciones nuestras, el tiraje de los periódicos más conocidos apenas llega a algo más de 100 mil ejemplares por cada diario en la zona urbana de la Ciudad de México, en donde hay alrededor de 18 millones de personas. Esa debilidad de la prensa escrita contribuye a la preponderancia de la televisión y, también, a la frecuente complacencia de la sociedad mexicana con la televisión realmente existente en el país. En 2006 la firma Parametría encontró que el 67% de los mexicanos consideraba que la televisión era “muy confiable” o “algo confiable” y el 58% manifestó que ese era el principal medio por el cual se informaba acerca de las elecciones. La sociedad mexicana es poco exigente con sus medios de comunicación.

Inoperante legislación Las circunstancias antes mencionadas, han coincidido para que en México la legislación destinada a los medios de comunicación haya estado desbordada por la existencia de corporaciones de radiodifusión cuyo desempeño no se ha ceñido a las normas jurídicas. Por varias décadas, fundamentalmente durante los gobiernos del PRI, las reglas para la televisión y la radio estuvieron subordinadas a la relación discrecional entre las empresas de comunicación y el poder político. Aunque establecían mecanismos para la asignación y revisión de concesiones, así como condiciones en asuntos como horarios y restricciones para anuncios publicitarios e incluso responsabilidades específicas con el Estado y la sociedad, las reglas para la radiodifusión se cumplían de manera ocasional y parcial. Los medios por lo general admitían allanarse políticamente al gobierno a cambio de conservar las concesiones que ejercían en las frecuencias de televisión y radio. Más tarde, cuando el PAN ganó la Presidencia, esa relación experimentó un viraje de 180 grados. En vez de estar supedita-


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Por varias décadas, fundamentalmente durante los gobiernos del PRI, las reglas para la televisión y la radio estuvieron subordinadas a la relación discrecional entre las empresas de comunicación y el poder político. dos a un trato de beneficios mutuos con el poder político, las principales empresas de televisión y radio aprovecharon la inexperiencia y el desconcierto del gobierno en ese terreno y establecieron una nueva relación. Ahora esas empresas procurarían definir, de acuerdo con sus intereses y prioridades, las decisiones del propio gobierno en materia de comunicación social. La capacidad de los consorcios comunicacionales para imponerle su agenda a la clase política mexicana fue notoria en el invierno 2005 – 2006, cuando todos los partidos representados en la Cámara de Diputados aprobaron las reformas a las leyes de radio y televisión y telecomunicaciones conocidas como Ley Televisa. La actualización de la legislación en ese campo ha constituido una de las omisiones más notorias del Poder Legislativo. Seis décadas después de haber surgido, la televisión privada acumula privilegios económicos, influencia social y poder político. Pero al mismo tiempo, nunca como ahora la deplorable calidad de sus programas y el tráfico de influencias que ejerce para mantener y ampliar sus negocios, habían sido tan cuestionados por segmentos críticos de la sociedad mexicana. Es bien conocido el uso contradictorio y utilitario que Televisión Azteca hace de la ley, a la que transgrede con frecuencia pero que también aprovecha para dilatar con recursos de amparo el cumplimiento de sentencias judiciales que le son adversas. Por otra parte, el interés de Televisa para construir una imagen respetable se estrella una y otra vez con las ambiciones financieras y políticas de sus operadores. El canal de televisión

dedicado a transmitir noticias junto a interesados comentarios políticos, la promoción de iniciativas presuntamente filantrópicas pero con las que gana rendimientos financieros, incluso los obsequios que se anuncian cada vez que anota un gol alguno de los equipos patrocinados por esa empresa, son medidas que contrastan con la voracidad e intolerancia que Televisa despliega para hacer negocios. Durante casi seis décadas, la televisión privada creció y medró a expensas de un poder político con el que intercambiaba favores y compartía intereses. A partir de los últimos años del siglo XX, se quedó estancada respecto del cambio político. Ahora la televisión privada tiene que encontrar un sitio dentro del nuevo escenario mexicano, definido por una tortuosa pero creciente pluralidad y protagonizado por una sociedad cada vez menos indiferente a sus medios de comunicación. Una versión inicial de este texto forma parte de un ensayo sobre las televisoras y el poder político en México que aparecerá en el libro colectivo Medios de comunicación y democracia: perspectivas desde México y Canadá, coordinado por el doctor Manuel Alejandro Guerrero.

Referencias - Jorge Bravo, “El síndrome asterisco en la publicidad de Telcel”, disponible en http://www.reneavilesfabila.com.mx/universodeelbuho/91/91-jbravo.pdf - Fernando Butler Silva, “Concentración televisiva”. Zócalo número 89. México, julio de 2007. - Comisión Federal de Telecomunicaciones, http://www.cofetel.gob.mx - INEGI, Encuesta Nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, disponibles en http://inegi.org.mx - Carmen Patricia Ortega Ramírez, La otra televisión. Por qué no tenemos televisión pública. Ediciones “e” y Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2006. - Parametría, encuestas levantadas en 2006. Disponibles en http://www. parametria.com.mx trejoraul@gmail.com Fotos: Televisa, TV Azteca, Cuartoscuro

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Análisis

Culpa del Estado, rezago en la TV Pública • Patricia Ortega Ramírez

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Ley Federal de Radio y Televisión que discrimina a los medios esenta años de televisión en México y los ciudadano comerciales. nos seguimos careciendo de una auténtica televisión de servicio público. En 1950, cuando se inició la Indefinición e insuficiencia legal televisión en nuestro país, el entonces presidente de La ausencia de un marco legal que dote de personalidad juríla República Miguel Alemán Valdés, decidió que el nuevo medica a los medios públicos y que establezca condiciones equidio se desarrollaría bajo un modelo comercial tal como el que tativas para su crecimiento y estabilidad, sigue siendo uno de operaba en los Estados Unidos de Norteamérica y desdeñó la los principales rezagos en materia de comunicación social en posibilidad de impulsar un sistema de radiodifusión de serviMéxico. Es importante insistir que en el país no existe una cio público como el que había en la Gran Bretaña y en otras ley que defina al servicio público como una función esencial partes de Europa. que debieran cumplir los medios de comunicación. Ni la Ley Pero aquella decisión del ex mandatario no fue lo único Federal de Radio y Televisión de 1960, ni en las reformas aproque definió las condiciones de desigualdad en las que ha sobadas en marzo de 2006 en las que se denominó Ley Televisa, brevivido la televisión con fines sociales y culturales. Han sido se conceptualiza a la radiodifusión de servicio público. Menos históricos el desinterés y la ausencia de voluntad política de aún se definen las características, funciones y responsabilidalos poderes Ejecutivo y Legislativo para favorecer el desarrollo des que debieran tener los medios particularmente concebidos de la radiodifusión de servicio público. Ocho años después de como de servicio público. inaugurada la televisión comercial en nuestro país, el gobierno otorgó al Instituto Politécnico Nacional el primer permiso para la operación de un canal educativo. En marzo de 1959, en medio de grandes dificultades técnicas y con escasos recursos económicos, inició sus transmisiones Canal 11; mientras tanto, la televisión comercial ya consolidaba su poder económico y su influencia política y social. La radiodifusión pública no ha sido una prioridad en la política del Estado mexicano. Los esfuerzos de algunos profesionales de los medios, actores políticos y representantes de la sociedad civil por edificar una auténtica televisión de servicio público, han tenido que lidiar con las inconsecuencias de un Estado subordinado a los intereses de las dos empresas que básicamente concentran y monopolizan el mercado audiovisual: Televisa y Televisión Azteca. Éstas han contado para su expansión con el generoso auspicio de nuestros gobiernos: escasa regulación, ninguna rendición de cuentas, flexibilidad fiscal, condonación de impuestos y omisión de cualquier responsabilidad social y cultural, entre otros privilegios. En tanto, la televisión del Estado ha sido subordinada a los intereses del poder político, sometida a financiamientos insuficientes y, por si fuera poco, limitada por una Miguel Alemán Valdés 14

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Algunos de esos canales han logrado ampliar su cobertura a través de la televisión de cable y satelital. Sin embargo, eso no significa que más ciudadanos tengan acceso a las señales públicas, se trata sólo de un 30 por ciento de la población que cuenta con alguna modalidad de televisión restringida. Por otro lado, el hecho de que los ciudadanos tengan que pagar para recibir los contenidos de los canales considerados como públicos, viola uno de los principios fundamentales del servicio público de radiodifusión, que es garantizar el acceso universal de todos los ciudadanos a las opciones de comunicación pública sin un costo adicional. El pasado 12 de julio el presidente Felipe Calderón anunció la ampliación de cobertura del Canal Once. Antes de esa fecha, dijo el presidente, la señal del Once sólo llegaba al 28% de la población. Con las medidas instrumentadas por el gobierno federal se logra ahora que el 42% de los mexicanos tengan acceso a la televisora estatal. A pesar de la importancia de esta medida, no deja de ser condenable la tardanza con la que el Estado mexicano ha actuado para establecer las condiciones que permitan a más ciudadanos acceder, por medio de la señal abierta y de manera gratuita, a una televisión distinta de la comercial. También es cuestionable el que los esfuerzos del gobierno no hayan sido suficientes para lograr una cobertura mayor. Aún si se llegara a cumplir el compromiso expresado por el presidente para hacer crecer la cobertura hasta alcanzar al 49% de la población, todavía habrá el 51% de los ciudadanos de este país que estará fuera de esa opción. En todo caso, el gobierno federal debiera explicarle a la sociedad las razones que lo llevaron a fortalecer sólo la señal del canal del Politécnico y por qué, en lugar de otorgarle al Once las licencias de los canales con los que se amplía su transmisión, éstas serán administradas por el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA), poniendo en duda la autonomía del Canal. La presencia limitada que han tenido las frecuencias estatales en el espectro audiovisual, ha sido una consecuencia del trato discriminatorio y desigual que ha dado el gobierno a estos medios y, aunque Calderón declaró que el aumento de la cobertura del Canal Once era parte de “un amplio proyecto de fortalecimiento de la televisión pública en nuestro país”, no se alcanza a ver con claridad cuál puede ser la política del Estado en materia de medios públicos. Ante la ausencia de explicaciones claras, la creación del OPMA ha despertado múltiples suspicacias desde que se pu-

Cambio de cara

En México se ha hecho costumbre identificar con el término de medios públicos, lo mismo a la televisión de carácter cultural, universitario, educativo, estatal, legislativo e incluso oficial. Esa generalización no siempre ha sido útil para evaluar las responsabilidades, alcances y limitaciones que cada uno de estos medios debe tener. Hoy se requiere avanzar en la reconstrucción de una televisión pública mejor definida en cuanto a su perfil, función, responsabilidad social y programación. Para estos medios y para la sociedad, la vocación de servicio público debe dejar de ser sólo una aspiración y convertirse en una realidad jurídica, social y cultural. La ambigüedad legal en materia de radiodifusión ha provocado mayor indefinición e inestabilidad a los medios que no se orientan por el afán mercantil y los ha dejado a merced de los intereses del gobierno en turno y de las presiones del mercado.

Acceso social y gratuito a la televisión pública Es inadmisible que a estas alturas del desarrollo de la televisión, el país no cuente con una cadena de televisión nacional, en señal abierta, con fines sociales y culturales. La red de televisión nacional que el Estado llegó a desarrollar entre los años setentas y ochentas con los Canales 13 y 7, fue subastada por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1993. La venta de las emisoras estatales no representó para la sociedad una mejor oferta de contenidos en la televisión mexicana ni una verdadera competencia en el mercado audiovisual. Hoy ninguna de las 27 emisoras que son gestionadas por la administración federal, los gobiernos de los estados o por los poderes judicial y legislativo, tiene un alcance nacional.

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blicó el decreto presidencial que le dio origen el pasado 31 de marzo. Cuando se creía que había quedado atrás la patrimonialización que durante años hizo el gobierno de los medios del Estado, surge este organismo a cargo de la Secretaría de Gobernación. Estas acciones parecen más bien encaminadas a desplazar a las actuales entidades del Estado, como CONACULTA y la Secretaría de Educación Pública, que han tenido a su cargo la operación de estos medios y centralizar la relación con ellos. De ser así, estaríamos frente a una profunda regresión en cuanto a la relación entre medios y gobierno. La indefinición y las soluciones a medias no contribuyen a crear las condiciones para construir el servicio público de radiodifusión que con urgencia requiere nuestra sociedad. Por eso, es indispensable que el gobierno explique qué pasará con los otros canales del Estado, cuáles serán las medidas que desarrollará la administración federal para poner al alcance de todos los mexicanos otras ofertas de televisión como las que constituyen el Canal 22, la televisión del Congreso y la señal de la Universidad Nacional Autónoma de México, por mencionar sólo algunos ejemplos. Dejar a los medios del Estado en una situación de marginalidad, propiciará nuevos estancamientos en el desarrollo democrático y cultural de nuestra sociedad. La televisión pública debe ser, por principio, un foro público independiente de intereses comerciales y políticos, cuyo objetivo sea fomentar el acceso de los ciudadanos a la vida pública y su participación en ella.

Desafíos de la televisión pública en la era digital Las transformaciones tecnológicas abren nuevas formas de acceso y de interacción entre medios y sociedad, pero también existe el riesgo de una mayor concentración de las estructuras de la comunicación y de intereses económicos. Ello significaría nuevas limitaciones para la pluralidad de la comunicación y la diversidad de la expresión cultural. Por ello, en el nuevo contexto de cambios tecnológicos, se ha vuelto a generar la discusión sobre la pertinencia y alcance de la radiodifusión pública. En su cuarto informe de gobierno, el presidente Calderón anunció que en nuestro país se adelantará para el final de 2015, 16

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la fecha del “apagón digital”. Pero esta decisión, que en términos generales puede ser una buena noticia, significa también mayor incertidumbre para la televisión pública, pues todavía no ha quedado claro de qué manera los medios estatales afrontarán las nuevas circunstancias tecnológicas con los grandes rezagos que en lo jurídico, político y económico padecen. El cambio digital plantea nuevos desafíos para la televisión pública, empezando por la necesidad de ampliar sus horizontes de actuación y de servicios, es decir, consolidar su presencia en el ámbito de la televisión abierta con una oferta de contenidos generalista y además explorar, al mismo tiempo, otras opciones mediante la oferta temática en la televisión restringida y el acceso a Internet. En el nuevo contexto tecnológico, la televisión pública deberá constituirse en una opción real de comunicación para todos los ciudadanos y garantizar así el acceso social de mayorías y minorías a los nuevos servicios y opciones de comunicación que se generan con el cambio digital. A pesar de la desigualdad de condiciones en las que se ha desarrollado la televisión estatal, entre las premuras económicas y las presiones políticas, algunos de estos medios han elaborado propuestas originales e innovadoras de programación; han logrado generar espacios importantes para la difusión de distintas expresiones de la cultura y para la reflexión de acontecimientos sociales. En los canales públicos han surgido iniciativas originales e innovadoras de programación; el problema ha sido la falta de continuidad y constancia para mantener siempre, y en toda la parrilla de programación, la calidad de sus contenidos. La calidad de la programación no puede estar sujeta a ciertas coyunturas políticas y económicas o depender del proyecto personal del director o directora en turno. Hoy la rentabilidad social de la televisión pública tiene como sostén principal la capacidad de convertirse en una opción realmente diferente a la que ofrece la televisión comercial. Junto con ello, es preciso que garantice la calidad social y estética de sus contenidos. Un paso que la transición a la democracia en México tendrá que experimentar, temprano o tarde, será la transformación de los medios hasta ahora estatales, a verdaderos medios de comunicación de carácter público. ortegapat@gmail.com


Análisis

Marco legal

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• Alma Rosa Alva de la Selva

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esenta años de televisión en México, o el recuento de la forma en que la industria, como expresión de su creciente poder y sin contrapesos para ello, fue consiguiendo mayor influencia en la política del Estado hacia sus objetivos y, en consecuencia, en el marco legal hasta llegar al punto de generar un proyecto que, luego de una puntual ruta legislativa, consiguió casi sin trabas llegar hasta el final y ser puesto en vigencia. Seis décadas de televisión en México, o la crónica que arranca a finales de los años cuarenta para llegar al decreto del 2 de septiembre del 2010, pasando por la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRTV) de 1960 y la Ley Televisa del 2006, además de otras disposiciones mediante las cuales el grupo preponderante en la “pantalla chica” del país fue forjando un marco legal “a modo”, al tiempo que también conseguía frenar proyectos con potencial para orientar hacia otras rutas el funcionamiento de la televisión en México. Dado que el marco legal de los medios electrónicos en México es muy amplio (pues está compuesto de normas constitucionales, reglamentos, leyes y convenios internacionales que resultaría por demás extenso analizar aquí), en este trabajo se revisan a grandes rasgos las disposiciones legales de mayor relevancia, a partir del surgimiento de la televisión en México. Tal tarea se realiza a la luz del proceso a través del cual la industria televisiva, con el respaldo, apoyo o hasta la complicidad de la “burocracia política”, fue dando pasos adelante para conseguir un régimen funcional a sus objetivos de expansión en los nuevos escenarios digitales, tanto a nivel político como económico y cultural.

Los orígenes: el reglamento de 1950 Luego de los infructuosos esfuerzos del cardenismo por dar una orientación distinta a la radio- ya entonces dominada por la poderosa industria comercial- vía la estatización, en medio de un cambio en la relación de fuerzas del grupo en el poder que desplaza a esa corriente política del partido oficial, los empresarios de la radiodifusión del país con mayor influencia y poderío económico ponen la mira en un medio que en Estados Unidos se encuentra ya en auge: la televisión. Luego que el gobierno de Manuel Ávila Camacho (19401946) decide dejar a su sucesor las decisiones para las bases jurídicas y políticas en el surgimiento de la televisión en México, Miguel Alemán (1946-1952) se encuentra con esa tarea pendiente, ante la impaciencia de varios empresarios que preparaban fuertes inversiones para el nuevo medio. Ante la propuesta presentada al nuevo presidente por intelectuales vinculados octubre 2010

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al INBA para que el gobierno estudiara el modelo posible a adoptar para la TV en México, se constituye la famosa Comisión de Televisión, integrada por Salvador Novo y Guillermo González Camarena. En 1948 la Comisión entregó su informe, con un dictamen que, a partir de elementos técnicos fue interpretada por Miguel Alemán como una recomendación para que la televisión en el país siguiese la modalidad de explotación comercial. En ese momento, la preocupación de los industriales era la de cómo lograr que el gobierno definiera para la televisión, igual que años antes había ocurrido con la radio, un rumbo susceptible a la explotación comercial. Para acelerar tal definición, intensificaron la actividad política que venían realizando tiempo atrás. Esa inquietud pronto se despejaría: luego de la asignación de las dos primeras concesiones televisivas (1949 y 1950), otorgadas a O’Farril y Azcárraga Vidaurreta, respectivamente, Alemán -quien ya mostraba un abierto interés por colaborar con los industriales para lanzar la televisión en México-, promulgó el 11 de febrero de 1950 el Decreto que Fija las Normas a las que se Sujetarán en su Instalación y Funcionamiento las Estaciones Difusoras (Reglamento de Televisión), triunfo político para los radiodifusores en tanto reflejaba los aspectos centrales del Informe de la Comisión de Televisión, de tipo técnico, que en los hechos remitía a la recomendación de adoptar el sistema de operación norteamericano, con las implicaciones políticas y económicas que éste conllevaba para el funcionamiento de la televisión en México. Dicha disposición fue un significativo triunfo en el terreno legal logrado por los concesionarios. Mas ése sólo era el primer paso.

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La ley de 1960 Durante los años cincuenta continuó la política de apoyo a la naciente industria televisiva. Los primeros años no fueron fáciles para ésta, a partir del reducido número de receptores en el país por su alto precio y la escasa inversión publicitaria, entre otros factores. Para desarrollar la televisión en el país se requería ampliar su mercado y contar con una cobertura masiva; tal era el nuevo objetivo de los concesionarios, en paralelo al convencimiento del régimen de Adolfo 18

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Ruiz Cortines (1952-1958) de las bondades de tal esquema para la televisión, suficiente para satisfacer las tareas gubernamentales que, por tanto, argumentaban, no requerirían de canales de televisión propios. En 1955, la fusión de las concesiones pioneras (Canal 2, Canal 4 y Canal 5), con el surgimiento de Telesistema Mexicano (TSM), además de atajar el paso al germen de una posible competencia en el futuro y avanzar en el objetivo de extender la cobertura de la televisión por el territorio nacional, trajo consigo una etapa acelerada de crecimiento. No obstante, en 1959 el tibio proyecto para una televisión del Estado se tradujo en la creación de Canal 11, que en fuerte contraste con la televisión comercial, para entonces consolidada, empezó a funcionar con un transmisor con mínima potencia, de cinco kilovatios. Al iniciarse el sexenio de Adolfo López Mateos (1958-1964), la intensa actividad política de los radiodifusores comenzaba a dar más frutos. A través de las articulaciones construidas simbióticamente con la cúpula del poder para apoyar su proyecto, fueron pavimentando el terreno para contar con una “ley favorable” acorde al mismo, para después negociar y presionar. Como es sabido, la Ley Federal de Radio y Televisión, promulgada el 19 de enero de 1960 y muchas de cuyas disposiciones continúan vigentes a pesar de su obsolescencia, fue lo que los concesionarios esperaban, al establecer con condiciones por demás convenientes a los intereses de la industria, las bases jurídicas para la expansión de la televisión privada y la condición meramente complementaria y secundaria de la estatal. Tanto fue así que los dueños de los medios electrónicos expresaron su complacencia y satisfacción con esa ley abiertamente.

El “tiempo fiscal” Un significativo momento de la problemática del marco legal para la televisión en México ocurre durante el régimen de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), ya que constituye uno de los episodios más claros de las presiones ejercidas por los radiodifusores. Como se sabe, el 31 de diciembre de 1968, quizás habiéndose percatado del poder económico y político de los medios electrónicos y en particular de la televisión, el gobierno de Díaz Ordaz promovió una ley que establecía, reformaba y adicionaba diversos impuestos. Dicha disposición creaba un gravamen sobre el importe total de los pagos que se efectuaran por los servicios prestados por empresas que funcionasen al amparo de concesiones federales para el uso de bienes del dominio directo de la nación, cuando la actividad del concesionario fuese considerada de interés público. Entre dichas empresas se encontraban las de la radiodifusión. Ese gravamen ascendía al 25 por ciento de dichos pagos, y debía entrar en vigor el primero de julio de 1969.

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La disposición no fue aceptada por los industriales. Luego de una serie de negociaciones con el gobierno diazordacista, los concesionarios llegaron a un ventajoso acuerdo, mediante el cual consiguieron la opción de pagar dicho impuesto en efectivo o bien en especie, es decir, poniendo a disposición del Estado (dueño del espectro radioeléctrico) el 12.5 % del tiempo de transmisión de las emisoras y canales. Sin embargo, el uso de esa porción de tiempo, conocida como “el tiempo fiscal” se estableció con tan desventajosos acotamientos e implicaciones para el Estado (por principio de cuentas, la de tener que

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ley: en lugar de ésta, en abril de 1973 se promulgó el Reglamento de la LFRTV y de la Ley de la Industria Cinematográfica, Relativo al Contenido de las Transmisiones de Radio y TV, mismo que se convirtió en otro logro para los industriales pues la nueva norma era casi inocua, al no regular los aspectos en los que había centrado su crítica el gobierno y en los cuales pretendidamente quería incidir, mientras que por otra parte, legalizaba varios aspectos del esquema comercial. Así, a fin de cuentas, la industria de la radio y la TV salió fortalecida de tal episodio. Cabe hacer notar que a lo largo de esos años, no parece haberse registrado reacción alguna de la sociedad mexicana por la posibilidad de una reforma legal, como tampoco ante las confrontaciones gobierno-concesionarios. Años más tarde, durante el régimen de José López Portillo (1976-1982), en el marco de la Reforma Política se adicionó el artículo sexto constitucional con la obligación del Estado de garantizar el derecho a la información. Sin embargo, para el ejercicio de éste, faltaba la reglamentación correspondiente, tarea que la administración en turno se propuso emprender. Con ese fin se convocó a participar en las audiencias públicas, que se realizaron en la Cámara de Diputados en 1980. Fue sintomático que en esos foros, parte importante de las propuestas se orientaban a la revisión de la LFRTV. Sin embargo, la realización de las audiencias no tuvo ese resultado. La inquietud por una reforma a la Ley de 1960 volvió a aflorar en el Foro de Consulta Popular de Comunicación de 1983. La segunda convocatoria a la sociedad para debatir el marco legal de la radio y televisión, que contó con nutrida asistencia, no obstante tampoco se tradujo en una reforma del mismo; sin embargo, dio cuenta del interés social en el tema. En 1995 se llevó a cabo una consulta más: el Foro de Consulta Popular sobre Estado, Democracia y Medios de Comunicación, con la convocatoria de la Cámara de Diputados. La participación fue amplia. Sin embargo, nuevamente el proceso comenzó a verse frenado, a partir de la reactivación de la vieja alianza Estado-concesionarios de los medios. En 1997, en la Cámara de Diputados se formularon dos iniciativas, una cuya materia era, entre otras problemáticas, la libertad de expresión, el derecho de réplica y el derecho a la información, y la segunda relacionada con reformas a la LFRTV. En 1998 se retomó la primera de ellas, pero el proceso, luego de una descalificación intensiva en los medios, fue detenido abruptamente.

Reglas claras

producir emisiones para cobrar un impuesto) que en último término vino a constituir una exención fiscal.

El reglamento de 1973 Años más tarde, en 1972, en el marco del aparente objetivo por ejercer un mayor control sobre los medios y de la crítica hacia los contenidos de la TV comercial, el gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) anunciaba una próxima revisión de la Ley Federal de Radio y Televisión. Incluso, Echeverría llegó a plantear la nacionalización de la industria radiotelevisiva, posibilidad alimentada por la adquisición del Estado de Canal 13. Cuestiones ambas que el recién constituido consorcio Televisa decidió frenar. Los concesionarios articularon pronto la contraofensiva: nuevamente accionaron la búsqueda de acuerdos, como también las presiones, que cumplieron su cometido. Fue así como el gobierno echeverrista renunció a llevar adelante una nueva

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“El decretazo” En marzo del 2001 se anunció la puesta en marcha de la Mesa de Diálogo para la Reforma Integral de la Legislación en Medios Electrónicos, bajo la convocatoria de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), de cuyos trabajos habría de surgir un anteproyecto de Ley Federal de Radio y Televisión. Sin embargo, a un año de actividad éstos comenzaron a entrar

Diálogo frustrado en 2001

en una fase de lentitud. La razón de ello se encontraba en la existencia de una propuesta paralela gobierno-industriales, en elaboración desde hacía meses atrás por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y el apoyo del gobierno de Vicente Fox, con la meta de salir a la luz al corto plazo, sin pasar por el Congreso y en una fecha establecida por los propios empresarios de la radio y la televisión. Fue así como el 10 de octubre del 2002, en el contexto de la reunión anual de la CIRT, Fox anunció sorpresivamente la expedición de un acuerdo presidencial por cuyas disposiciones se disminuía en un 90% el llamado tiempo fiscal. También se promulgó un nuevo Reglamento para la Ley Federal de Radio y Televisión. Ambas disposiciones, además de que desconocían muchos de los acuerdos conseguidos dificultosamente por los sectores representados en la Mesa de Diálogo, eran claramente favorables al sector de los industriales. Ese episodio vino a constituir una contundente evidencia más del ascenso del sector de los industriales de los medios electrónicos, encabezados por las televisoras en la cúpula del poder, como también dio cuenta de la creciente subordinación estatal en la misma. El viejo acuerdo Estado-concesionarios había sido puesto al día, con graves implicaciones para el interés público.

La Ley Televisa Pero los hechos del 10 de octubre del 2002 eran un grave an20

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tecedente de lo que más adelante representaría para los industriales de la radio y la televisión el mayor triunfo político de su historia: la aprobación, en abril del 2006, de las reformas a la LFRTV y a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT), conocidas popularmente como la Ley Televisa. Como se sabe, en diciembre del 2002 fue presentada en el Congreso de la Unión la Iniciativa Ciudadana de Ley Federal de Radio y Televisión, producto del trabajo de las organizaciones civiles que habían participado en la Mesa de Diálogo, en la coyuntura de la sucesión presidencial, proyecto que en los tres años siguientes, entre etapas de estancamiento, fue convertido en otro favorable a los intereses de los concesionarios. Sin embargo, sorpresivamente el 1 de diciembre del 2005, vía fast track (en 7 minutos y por unanimidad) en la Cámara de Diputados se aprobó un proyecto de reforma a la LFRTV y a la LFT. Más adelante, la Cámara de Senadores recibió la nueva propuesta de ley, misma que, con el visto bueno de un sector mayoritario de legisladores fue promulgada el 11 de abril del 2006. Fue así como, con la subordinación de los partidos políticos y de los poderes institucionales, los consorcios lograron imponer un nuevo marco jurídico para el sector, ante las exigencias que les marcaba su proyecto de expansión en los nuevos escenarios de la convergencia. Con la aprobación de las reformas, entre muchos otros delicados aspectos, el Estado mexicano abdicaba de su facultad de legislar sobre un bien fundamental de la nación, el espectro radioeléctrico. Sería el Poder Judicial de la Federación el que decidió corregir algunos de los daños a la nación causados por la Ley Televisa, cuando el 7 de junio del 2007 anuló los aspectos centrales de la misma para detener así sus perniciosas medidas. Empero, resulta claro que el dictamen de la Corte sólo detuvo de forma provisional el avance del poder mediático, encabezado por las televisoras. Prueba de ello son las acciones que los consorcios han ejercido desde entonces para frenar los intentos recientes de reforma del marco legal, tanto en el 2009 como en el 2010, así como los logros que para tal poder han representado, entre otros aspectos, la llamada Licitación 21 y el decreto presidencial publicado el pasado jueves 2 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, que establece las reglas para la transición a la TV digital con reglas y modalidades técnicas funcionales a los consorcios. El recorrido anterior hace ver que a 60 años del surgimiento de la pantalla chica, inserto ya en las coordenadas de la convergencia, el país continúa sin contar con un marco legal en materia de radio, televisión y telecomunicaciones que responda al interés de la nación. Se trata, sin duda, de una de las grandes cuestiones nacionales cuya resolución resulta inaplazable. alvadelaselva@hotmail.com

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Análisis

Televisión mexicana, ¿existe la autorregulación? • Claudia I. García Rubio

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n el ámbito de la televisión mexicana, el término autoemisión, cambiar de canal o más radicalmente apagar el televisor; rregulación apareció a finales de los años 90 en un condespués se escudaron en la defensa de la libertad de expresión, texto de numerosas presiones y críticas provenientes argumentando que toda restricción o límite podía ser considerado del gobierno, la ciudadanía, la sociedad civil, la prensa como un golpe a este preciado derecho. Por último, productores y el mercado publicitario debido a la programación y contenidos de las emisiones en cuestión se limitaron a afirmar que, después sensacionalistas transmitidos por los dos grandes concesionarios de todo, el público decidía lo que deseaba ver. en plena batalla por la conquis­ta de la audiencia. A pesar de las resistencias, los dos grandes concesionaFue el gobierno el que empujó a los concesionarios a adoprios crearon el 6 de marzo de 2001 el Consejo Nacional de tar una supuesta autorregulación. El primer llamado lo realizó Autorregulación de la Cámara de la Industria de la Radio y en 1998 el presidente Ernesto Zedillo; el mismo mensaje se la Televisión, mediante un discurso público sostenido frenreforzó meses más tarde en el simposio La libertad de expresión te al presidente Fox. No obstante las inconsistencias señalay responsabilidad social. Un segundo llamado tuvo lugar al final das, el falso postulado ético triunfó y se erigió como un pilar de su mandato, en octubre del año 2000, respecto de los talk fundamental de la arquitectura del régimen de la televisión shows. El tercero provino ya de Vicente Fox, cuando en octuaérea en México, a lado del marco jurídico y de la intervenbre de 2003, anunció que su gobierno no pondría límites a la ción gubernamental. Esta autorregulación permitió que el libertad de expresión, más allá de los que marca la ley; dijo: gobierno se deslindara de su responsabilidad y dejó una vez “la autorregulación, con base en principios éticos y a partir de más a los televidentes a merced de los concesionarios. las sugerencias de la sociedad civil, es el camino para mejorar Cabe mencionar que la creación de esta supuesta instancada vez más la calidad de los programas, de todo tipo, que se cia se presentó un mes después de que la CIRT decidiera transmiten por los medios electrónicos”. no cooperar con el gobierno de Fox para instalar el Consejo La eventual adopción de la autorregulación fue entonces oriChristian Palma/Cuartoscuro ginada por una presión gubernamental que en el fondo lo que pretendía era no intervenir en nombre del Estado y no cumplir con su misión de árbitro y gestor de la nación en nombre del interés público. Con este nacimiento, producto del discurso y no de convicciones profundas, la autorregulación apareció como una respuesta retórica y no como un verdadero dispositivo ético; la autorregulación de la televisión mexicana nació muerta. De hecho, los mismos concesionarios fueron incapaces de definir con amplitud, claridad y profundidad el significado de la autorregulación y sus eventuales mecanismos para actuar frente a los televidentes. Pero incluso así, los concesionarios se defendieron para ni siquiera acercarse a la autorregulación. En un inicio, se Tanta como hoy... limitaron a recomendar al público no ver una octubre 2010

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mas financieros para pagar a personas de gran prestigio y neutralidad en el área. En el Consejo Nacional de Autorregulación no se vislumbran especialistas ni personalidades que otorguen, de entrada, legitimidad moral a la propuesta ética. También destacó originalmente por la escasez de principios éticos, su poca claridad y profundidad.

Principios fundamentales para regular la actividad informativa de la CIRT: Nacional de Radio y de Televisión, órgano dispuesto en la ley federal de radio y televisión desde entonces y aún no creado. “Si en los regímenes autoritarios, la censura de los medios es la reacción del poder frente a la libertad de expresión, en un régimen de libertades como el de hoy, la autorregulación es la respuesta para garantizar el equilibrio entre la libertad, la autonomía y la responsabilidad. Pero este esfuerzo no busca remplazar la intervención del Estado, es un esfuerzo complementario. Éste tiene por objetivo construir una regulación ética y cívica ahí en donde la ley no interviene…”, declaró el entonces presidente de la Cámara, Joaquín Vargas. La creación del supuesto órgano autorregulatorio no causó descontento, como era de esperarse y siguiendo los estudios de dispositivos éticos en general, todos son bien recibidos. Sin embargo, pronto se dejarían ver las enormes limitaciones del mecanismo, no solamente por su modo de aparición, sino en razón de su naturaleza, misión, capacidad ética, estructura y operación. Un primer obstáculo del Consejo de Autorregulación se encontró en el origen de la propuesta ética que acabó por determinar su naturaleza. Lejos de ser un órgano tripartito (periodistas, público y empresarios), se desarrolló bajo una esencia unidireccional, vertical y retórica, impulsada por la cámara patronal y en donde no intervienen periodistas, comunicadores en general, ni televidentes o usuarios de los medios. Su constitución también resultaría ciertamente ominosa para cualquier dispositivo auténticamente ético. Para cumplir tan elevada misión, este consejo se formó por: un miembro de los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial [del que los concesionarios forman parte y han demostrado comportamiento tanto antiéticos como antidemocráticos]; un miembro del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, un miembro del Consejo Nacional de la Publicidad; un miembro de organizaciones no gubernamentales, la asociación A favor de lo mejor; un miembro de las universidades, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y otros miembros de la CIRT. En este sentido, la conformación de este Consejo llama la atención debido a que en la mayoría de los estados que han adoptado planteamientos similares, pronto aparecen proble22

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Presentar los acontecimientos de forma objetiva, sin distorsiones ni cambios derivados de cualquier interés o preferencia. Respetar el derecho a la vida privada, cuando la información no tenga implicaciones públicas. Buscar información completa y objetiva. Establecer claramente la diferencia entre la presentación de los acontecimientos y las eventuales opiniones de los presentadores o comentaristas de la información. Evitar el trato discriminatorio de personas por su nacionalidad, creencias, género o toda diferencia natural. Promover la preservación de los valores nacionales así como los elementos fundamentales de la cultura y de la historia patria. Promover la consolidación de la unidad nacional, el respeto a las instituciones y a las leyes. Promover la consolidación de la democracia con la presentación de todas las ideas y opiniones de los diferentes partidos políticos y de la sociedad en general. Defender los derechos de los informadores guardando la confidencialidad de sus fuentes (en caso de solicitarlo o en caso que el periodista considere necesario). Derecho de réplica.

Fuente: CIRT. Julio 1998

Fue así como el decálogo enunció algunos de los principios mínimos de la profesión periodística, aunque sin dejar de lado un matiz patriótico. Pero sin legitimidad ética frente a la sociedad y comunicadores y, sin principios claros y concretos, el Consejo se ha ido desarrollando con gran silencio y con una operación restringida a los mismos agremiados, pero no de frente a la sociedad. A casi diez años de su creación no se conocen sus resultados, no hay transparencia. Si bien resulta difícil oponerse a la finalidad que se da un consejo como éste, pues hablan de

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mejorar calidad de contenidos, es posible afirmar que el Consejo no cumple con su misión en tanto dispositivo ético y ni siquiera se ha dado a conocer a los televidentes. El Consejo sigue sin contar con una dirección propia, sigue alojado en la página web de la CIRT y la trayectoria de su actual presidente, el señor José Luis Rodríguez Ibarra, no destaca precisamente por su especialización en ética para los medios. Además, el Consejo ha renunciado a dictar un código de conducta o de ética para sus agremiados en común acuerdo con sus comunicadores y los televidentes. Hoy se contenta con enunciar Lenguaje: En las transmisiones se fomentará el uso del lenguaje formal para preservar nuestra cultura. Familia: Se promoverá una práctica invariable de respeto hacia la familia, el hogar y la sociedad. Sociedad: Se evitará hacer apología del crimen, la violencia y la crueldad. Se fomentará el diálogo y la negociación como solución a los conflictos. Se estimularán los temas y las escenas que contribuyan a elevar la moral pública y las buenas costumbres. Se promoverá el respeto a la vida. Se propiciará el desarrollo de contenidos que estimulen el respeto de la ley y la autoridad. Convivencia humana: Se fomentarán las actitudes de solidaridad, unión y respeto entre las personas, sociedades y naciones. Religión: Las transmisiones preservarán la libertad humana de profesar cualquier creencia religiosa. Programas infantiles: Se fomentará la difusión de temas edificantes orientados a estimular la inteligencia de los niños. Antes de iniciar la transmisión de un programa cuyo contenido no sea adecuado para los niños, deberá hacerse el señalamiento correspondiente Noticias: Antes de trasmitir una noticia se deberá comprobar que provenga de una fuente seria y confiable. Se evitará la presentación de aspectos morbosos o sensacionalistas no relevantes. Las noticias se difundirán desde un punto de vista imparcial. No se dará lugar a injurias, difamaciones o calumnias. Salud y ecología: Se impulsará la difusión de mensajes y programas orientados a favorecer acciones para prevenir las enfermedades, propiciar la salud, proteger la ecología y los recursos naturales. Publicidad: La publicidad que se trasmita debe ser veraz en lo que afirme o prometa. No se trasmitirá la información comercial que se considere fraudulenta, engañosa u obscena. Fuente: CIRT. Consultado el 15 de septiembre de 2010. http://www.cirt.com.mx/cirt/autorregulacion.html

Ricardo Hernández/Cuartoscuro

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La TV de los niños

una serie de principios para la creación de códigos de ética de las estaciones de radio y televisión (ver recuadro) y sigue sin contar con mecanismos claros para cumplir con su supuesta misión ética. En suma, este órgano no reúne condiciones mínimas para ser llamado dispositivo ético. Hay que ver la acción de la Press Complaints Commission de Gran Bretaña o los modelos de autorregulación de la televisión pública alemana o británica para entender lo que representa un órgano autorregulatorio (self-regulatory). El ejercicio de la CIRT perdura como una acción retórica, propia del marketing (para ofrecer una buena imagen al cliente) y propia de sus propietarios e inversionistas que protegen, antes que nada, sus intereses y no los de los televidentes. Si se toman en cuenta las conclusiones de numerosos reportes sobre los medios en los países democráticos, en el caso de que los mismos emisores no logran responder a las expectativas de una nación, entonces habría que canalizar mediante otra vía –legal o de regulación– que se tendría que aspirar a nuevos ejes rectores para los medios en la difícil democracia mexicana. La autorregulación ha dejado de ver sus límites, lo cual se va acumulando en las antiguas carencias que siguen latentes: independencia de los periodistas y de los medios, una nueva reglamentación, una nueva actitud de los difusores ante el público, la toma con seriedad de la ética y la deontología y la profesionalización de periodistas y comunicadores. La necesidad de alcanzar una mejor diversidad, pluralidad, calidad sigue presente y la “autorregulación a la mexicana” definitivamente no lo ha logrado. claudia.rubio@itesm.mx

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Análisis

¿Autorregulada la TV pública? • Fidela Navarro Rodríguez

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Defensor de audiencia

oco en realidad. Cada día los ciudadanos se espantan no sólo de lo que pasa en el mundo, en México y sus estados, sino de cómo se informa a través de los medios de comunicación. Con frecuencia se les acusa de presentar contenidos banales, frívolos, de escaso valor o confeccionados bajo estándares de dudosa ética. Cada vez es más evidente el hecho de que la libertad de expresión necesita algún otro tipo de regulación distinto al del mercado y al del Estado o autoridad en turno: una autorregulación que involucre y comprometa a los profesionales y al mismo público, haciendo que se tomen medidas a partir de la reflexión conjunta y de un debate a conciencia. Pero esto ha sido casi imposible de lograr a pesar del transcurso de los años. Según el estudio más reciente y amplio realizado sobre las características y el desempeño de los ocho medios e instituciones de servicio público más importantes (Canal 22, Canal Once, Canal Judicial, Canal del Congreso, TV UNAM, Notimex, IMER, DGTVE), sólo el 62% de ellos asegura tener documentos de autorregulación, pero muchos no lo son en realidad o están mal elaborados y enfocados, como se desprendió de su evaluación posterior. Ninguno cuenta, además, con un órgano de autorregulación de nivel institucional, es decir, que abarque todas las áreas y actividades del medio. En el caso particular de las televisoras de servicio público en México, en realidad sólo tres cuentan con documentos y mecanismos de autorregulación: el Canal Once, el Canal 22 y el Canal del Congreso. Como compromiso del medio con su audiencia y sin ningún precedente, el Canal Once, a través de su entonces director general, Julio Di-Bella, hizo públicos el 17 de julio de 2007 nueve documentos de carácter deontológico bajo el nombre de Autorregulación de Canal Once. Este conjunto de documentos está conformado por las Políticas de Comunicación del Canal Once, que orientan e inspiran el marco de acción de la televisora y que a su vez configuran las directrices de tres mecanismos de autorregulación generales: el Estatuto del Defensor de la Audiencia de Canal Once, el Estatuto del equipo de Noticias del Canal Once y el Reglamento del Comité Asesor de Canal Once. Además, se ofrecen cinco herramientas de autorregulación más específicas: el Código de autorregulación del programa Diálogos en Confianza de Canal Once; el Código de autorregulación de Once Niños; el Código de autorregulación para producción de Canal Once; el Código de autorregulación para Internet y el Código de autorregulación periodístico. Más recientemente, se ha incorporado a este conjunto un Código de ética de transmisión de patrocinios. octubre 2010

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El 3 de septiembre de 2007, en otro gesto inédito, el Canal 22 y el Canal Once, arropados por la entonces secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, anunciaron públicamente sus modelos de defensor de la audiencia. La recepción por parte de los medios de comunicación fue amplia y positiva y las promesas de desarrollo firmes, aunque con el tiempo los resultados han sido muy diferentes. En el caso del Canal Once, algunos de estos mecanismos de autorregulación no se han aplicado (caso del Comité Asesor) y otros no se han desarrollado adecuadamente, como la figura del Defensor, que no ha contado con un representante con liderazgo, con un espacio en televisión ni con una rendición de cuentas puntual en su página de Internet. Más comprometido ha sido el director del Canal 22, Jorge Volpi, al lanzar el Código de Ética y dar pantalla al Defensor de la Audiencia. El programa del defensor –cuya conductora sigue siendo Gabriela Warkentin- está integrado por una serie de secciones en donde semanalmente se tratan puntos centrales de discusión en relación a la televisión y al televidente, y donde la audiencia tiene un espacio muy valioso, complementado por un micrositio en Internet completo y dinámico. Sin duda, su difusión e impacto interno y externo ha sido bueno, aunque otras figuras de autorregulación de Canal 22 todavía deben mejorar, como el Comité de Ética, únicamente acotado y enfocado al Defensor del Televidente y al que le falta un reglamento y un criterio de selección de miembros menos discrecional. El Canal del Congreso también hace su esfuerzo. El 6 de agosto de 2009 y tras meses de trabajo interno y de revisión por parte de un Consejo Consultivo, de representantes de instituciones sociales y educativas, la Comisión Bicameral aprobó las Políticas de Comunicación del Canal del Congreso en aras de ejercer una comunicación responsable y de contribuir a una programación de calidad, así como un Código de Ética del trabajo informativo, que contiene las pautas por las que debe guiarse el quehacer periodístico del Canal de una forma oportuna, neutral e imparcial. Otros medios con vocación de servicio público (estatales e institucionales) deberían haber realizado ya un ejercicio similar adoptando estos modelos o creando otros nuevos; también, si contáramos en el país con una visión política más democrática y justa, tendríamos una legislación de medios adecuada y moderna, que invitara a establecer mecanismos de autorregulación, cada quien a su modo pero bajo ciertos parámetros. La autorregulación es práctica, buena y necesaria. No hagamos de ella una moda, un proyecto eterno, un simple objetivo de gestión administrativa o un puro objeto de estudio. Su éxito es una cuestión de voluntad y responsabilidad común. fnavarro@tvxcable.tv

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Entrevista Contenidos, reto de la televisión: Beatriz Solís • Carlos Padilla Ríos

La investigadora y académica de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Beatriz Solís Leree, lamenta el empobrecimiento de los contenidos de la televisión y llama a reflexionar sobre qué nos falta hacer a los ciudadanos ante la grave omisión del Estado en esta materia.

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nvariablemente la historia de la televisión privada en México está asociada a tres etapas que personifican las sucesivas generaciones de una familia: Azcárraga Vidaurreta, Azcárraga Milmo y Azcárraga Jean, directivos en su momento de lo que ahora es Televisa, empresa que propuso los géneros televisivos en el país; “nos propuso los gustos a los mexicanos, nos impuso qué estaba de moda y qué no. Muchísimos años fue la única empresa cultural mediática. Después, a finales de los 90, surgió Imevisión como la televisión de Estado, que copió o repitió los esquemas comerciales”. Así enmarca Solís Leree la historia de la televisión comercial que tuvo competencia hasta que surgió TV Azteca, aunque no tanto, pues -afirma- “Televisa acapara tres cuartas partes de las audiencias nacionales y un porcentaje similar en la publicidad”. “La televisión estatal quiso en un principio competir con la privada sin buscar una identidad propia; sólo buscó audiencias cuando la televisión privada ya tenía un enorme camino andado. Sin embargo, la competencia nace de una competencia comercial, con propuesta de contenido, con nuevas ofertas para la audiencia, y eso todavía no lo tenemos”, precisa la consultora y catedrática, quien advierte de una de sus grandes preocupaciones: “En la última etapa de la televisión, es de-

cir en los últimos años, observo el empobrecimiento de los contenidos, los cuales constituyen el reto fundamental de esta industria, porque aun cuando tuviéramos todo el capital, todas las tecnologías maravillosas, si no las llenamos con contenidos, entonces qué ganaremos como seres humanos”. Advierte del enorme poder de la televisión para influir, proponer, informar, entretener, formar cultura y educar a la mayoría de los ciudadanos. “La televisión abierta tiene un enorme poder de influencia en la gente y esa gran capacidad le permite jugar al poder fáctico frente al Estado. Si nos pusiéramos a competir, la televisión tendría mayor rating que cualquier gobierno en cuanto a influencia entre los ciudadanos; en cuanto a orientarlos, convencerlos, informarlos y, sobre todo, en términos de credibilidad”, agrega. “TV Azteca ha hecho su parte apegada a las reglas de Televisa, reproduce exactamente lo mismo. Y si bien es muy importante tener un Canal Once, de pronto empieza a generar preocupación en su credibilidad con las continuas intervenciones gubernamentales al asumirse como televisión oficial. Eso no borra su historia ni los méritos que ha logrado por la voluntad personal de quienes están ahí, no por ser un proyecto institucional, sino gracias a los excelentes productores, a su compromiso con la producción infantil”. Empero, que “cuando le quitas a una industria cultural el valor, el matiz, el perfil de proponer cosas, de emocionar, de ser creativo, dejas de respetar a tu público y, en consecuencia, de respetarte a ti mismo, porque lo que vas haciendo es producto chatarra”. En la televisión restringida hay ofertas de la industria internacional, pero “somos pocos los que podemos recibir esa oferta televisiva”, menciona. Recuerda la

responsabilidad de la ciudadanía para con esos contenidos: “Nosotros, como audiencia, en 60 años de televisión no hemos aprendido a ser críticos, a exigir; creemos que la televisión es una dádiva de la empresa y que tenemos que vivir agradecidos a ella. Las audiencias televisivas estamos en una grave falta; nos quejamos por lo que vemos pero jamás lo cuestionamos para que cambie.” “Si las condiciones en que se hace televisión en este país siguen siendo las mismas, restringidas, si a los medios públicos se les sigue llamando y reforzando la idea de que son oficiales, los ciudadanos no nos vamos a comprometer con ellos. Tendríamos que seguir peleando para cambiar las reglas del juego del modelo de televisión que hoy tenemos y, evidentemente, eso implica cambiar la ley, y tenemos que exigir que una ley nueva que busque otro modelo se aplique, y además tenemos que supervisar que esa ley se haga bien, la necesitamos”. Sugirió reflexionar sobre qué nos falta hacer a los ciudadanos, y que los empresarios se sentaran también a pensar no nada más en negocio y espectro. “Y si bien la sociedad ha sido omisa, el Estado lo ha sido en mucho mayor medida. Porque tiene la responsabilidad de conducir estas políticas y de valorar qué se está haciendo con un bien de la nación como es el espectro. Ahí sí hay una enorme omisión del Estado como gobierno, de los legisladores y de las autoridades que han aplicado parcialmente o a modo una ley flaca, exigua y obsoleta. Porque si yo aplico una ley en 2010 como si la realidad fuera de 1960, ya ni a los empresarios les sirve, excepto para vivir en la impunidad”. octubre 2010

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Entrevista

Sin pluralidad ni opciones en TV: Mejía Barquera • Carlos Padilla Ríos

El futuro de la televisión está en la convergencia digital, pero sin pluralidad en contenidos y opciones, el cambio es aparente. El cambio es tecnológico, pero no se traslada a la política, cultura, entretenimiento y uso del tiempo libre, señala a Zócalo, en un breve recuento, Fernando Mejía Barquera, analista de medios y catedrático de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ¿En una retrospectiva qué decir de los 60 años de la TV en México? - Me gustaría referirme primero a las conmemoraciones en México. Acabamos de pasar la del Bicentenario de la Independencia, que en rigor debería ser en 2021. Pasa lo mismo con el inicio de la TV; acostumbramos decir que inició en 1950 con el Canal 4, pero la primera transmisión en circuito cerrado la hizo Francisco Javier Stavoli en 1929 patrocinado por el Partido Nacional Revolucionario (PNR). Hay una historia antes del primero de septiembre, una en la que aparece (Guillermo) González Camarena, primero por su cuenta y luego patrocinado por Emilio Azcárraga en los cuarenta. Esta historia sí la reconocen los concesionarios, la de Stavoli no. Ésta se conoció hasta 1983 cuando José de la Herrán la publicó en Revista de revistas. ¿La televisión de ahora, es la misma de cuando se fundó Televisa? -Sí empezamos por la tecnología, evidentemente no. A partir de 1950 aparecen: cinescopio, video tape, transmisión vía microondas, satélite, señal por cable y, más recientemente, la televisión digital y de alta definición. En contenidos la pro26

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ducción evolucionó, no sé si para bien o para mal, pero, por ejemplo, en los sesenta no se incluían escenas eróticas y hoy sí aunque todavía predomina el melodrama de buenos contra malos y la sanción moral a éstos. Empero, podríamos hablar de cambios, no por voluntad de los concesionarios, sino como producto de la movilización social. En este sentido ha habido cierta apertura y pluralidad en noticiarios que, sin embargo, se cancelan cuando Televisa o TV Azteca deciden alinearse de nuevo con el gobierno. -¿Crees posible una televisión concesionada con otros contenidos? - Quizá no a corto plazo, pero sí en términos tecnológicos, porque la tecnología digital lo permite; pero en términos políticos sería necesario un gobierno que rompa esa tradición de acuerdos mutuos y por ahora no veo qué candidato o partido quiera enfrentarse con la TV. El propio Manuel Bartlett, me parece, dijo que antes el gobierno ponía condiciones a Televisa y ahora es a la inversa; sería interesante ubicar cuándo se da ese cambio, con Emilio Azcárraga Milmo o con (Emilio) Azcárraga Jean. - Parece que ese momento ocurre con la alternancia política -Coincido en esa época, la coyuntura 1997-2002, cuando Cuauhtémoc Cárdenas llega al Gobierno del DF, Vicente Fox a la Presidencia y Emilio Azcárraga Jean a la dirigencia de Televisa, ya no como soldado del PRI porque tras la derrota de este partido él entendió la nueva situación política del país. Eso trajo cierta pluralidad a la TV, los políticos llevaron su propaganda de las calles a la TV convirtiéndola en un elemento fundamental. Televisa supo manejar esa coyuntura y Azcárraga Jean pudo decidir en las elecciones de 2000 y 2006.

Por eso, la reforma electoral de 2007 es muy importante, porque mostró la reacción de la clase política a una situación en la que estaba ya prácticamente de rodillas frente a la televisión. - Pareciera haber otra disputa PRIPAN por Televisa; hace seis años el dilema era López Obrador- Calderón ¿se repetirá la historia? - No sé, pero se vislumbra una situación similar a la de 2006: un candidato construido por Televisa, que es (Enrique) Peña Nieto y un partido en el poder (PAN) sin un candidato fuerte. - Calderón tampoco figuraba como favorito antes de que ser candidato. - Sí, pero el símil con 2006 es que, como entonces, hoy hay un candidato opositor fuerte y un gobierno que tiene el control. - Existe la percepción de que a Televisa ya nada la detiene en su afán por influir en la clase política? - El futuro de la televisión está en la convergencia digital, pero sin pluralidad en contenidos y opciones, el cambio es aparente. El cambio es tecnológico, pero no se traslada a la política, cultura, entretenimiento y uso del tiempo libre. Televisa aspira a ser un gran consorcio de telecomunicaciones en lo que será su cuarta etapa y probablemente tendremos TelevisaTelecom; el problema, sin embargo, es que sin un contrapeso estará en una situación de privilegios. El único candidato visible es Telmex y uno de los grande debates al interior del gobierno es ¿mantenemos a Televisa con vistas a las elecciones o incorporamos a Telmex? Me aventuro a decir que incorporarlo sería una decisión de principio y no de fin de sexenio.

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Entrevista Archivo

La UNAM, pionera

de la televisión en México • Julio Olvera

La UNAM cumplió cien años y en su peregrinar fue pionera de la televisión educativa en México, ya que desde la mitad del siglo pasado se transmitieron intervenciones quirúrgicas desde el Hospital Juárez a la Facultad de Medicina, cuenta a Zócalo el director general de TV UNAM, quien confía que en cinco años la señal de la emisora universitaria cubra la zona metropolitana de la Ciudad de México por Canal 20. - ¿Dónde ubica a la UNAM dentro de la historia de la TV en México? - Desde sus inicios. Como nueva tecnología de comunicación, la UNAM comenzó a explorar su uso con propósitos de educación a distancia; y en los primeros años de mediados de siglo, se registra la transmisión de intervenciones quirúrgicas desde el Hospital Juárez hasta la Facultad de Medicina. Eso fue un mérito porque las imágenes fueron a color y quien instaló los equipos fue el mismísimo Guillermo González Camarena. La UNAM siempre ha sido vanguardista en el uso de los medios de comunicación electrónicos; Radio UNAM surge en 1937, así que cuando aparece la televisión, la universidad ya tenía una tradición en la extensión de la cultura. Cuando el rector Nabor Carrillo solicita la asignación de una frecuencia para la transmisión abierta, tal como lo hizo en su momento el Instituto Politécnico Nacional, las autoridades dieron largas al asunto. Nunca asignaron el permiso y menos después del movimiento estudiantil de 1968. Hasta finales del sexenio de Ernesto Zedillo, la UNAM obtuvo un primer permiso para televisión experimental en tecnología digital, el entonces

Canal 60. La universidad, en esta historia de la televisión, ha caminado en paralelo con los avances tecnológicos produciendo contenidos de alta calidad y ahora con un canal cultural que es referencia entre la televisión pública de México. - ¿En qué etapa se encuentra su televisora frente a la conversión digital? - Desde hace cuatro años, TV UNAM obtuvo la asignación del permiso de operación del Canal 20 en modalidad digital, cuyas siglas son XHUNAM. Ese canal tiene autorización expresa para transmitir programación; es como una señal de prueba desde entonces, en tanto que no ha habido una generalización en el consumo de la televisión digital. - ¿Cómo describiría la programación dirigida al televidente de su canal? - Es una programación eminentemente cultural, desde la concepción más amplia del término cultura, sin restricciones desde el punto de vista de lo filológico, buscando siempre la diversidad, que es la que caracteriza el pensamiento universitario, y nos apoyamos en la creación y la investigación que realizan los universitarios. - ¿Qué porcentaje de su programación es propia y cuánta es externa? - El 55 por ciento de la producción es nacional, y de ese porcentaje, el 60 por ciento la producimos nosotros el resto es material proveniente de otras universidades y de otras productoras. - ¿Cómo mide la aceptación o el rechazo de sus contenidos? - En realidad, en México no existe una televisión de audiencias dirigida a la televisión cultural. La medición de audiencias que existe, el famoso rating, está planteado para alimentar de información a las agencias de medios y de publicidad que laboran en el ámbito comercial. No

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solo no es aplicable el tipo de sistema de medición de rating a los contenidos culturales, sino que ni siquiera las empresas buscan analizar las audiencias de las televisoras culturales. Los canales 11 y 22, si tienen medición de rating pero los indicadores aplicados provocan mediciones mucha más bajas de la audiencia real. - ¿Cree usted en la figura del Ombudsman en los medios públicos? - Sí, claro. La UNAM si la tiene, está en la Defensoría de los Derechos de los Universitarios, aunque TV UNAM no procura impulsar (esa figura) como en otros canales como el 22 o Canal Once. El Ombusdman debe tener una visión social de observatorio y garantizar la participación de la sociedad en los medios públicos. - ¿Cómo imagina a TV UNAM en cinco años, qué metas se han trazado? - Tenemos el gran desafío de resolver el rezago técnico que tiene TV UNAM y que hayamos asumido completamente la tecnología digital; nos imaginamos ya transmitiendo a toda el área metropolitana en televisión abierta digital, cumpliendo ese viejo anhelo de la comunidad universitaria y de la sociedad en general; nos imaginamos con mayor calidad y cantidad de nuestras producciones. juliomoa@gmail.com

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Análisis

Televisión digital:

botín político y económico • Gabriel Sosa Plata

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Juan Pablo Zamora/Cuartoscuro

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e manera inesperada, el presidente Felipe Calderón tomó el control de la transición de la televisión digital terrestre (TDT) y se ufanó, sin serlo, de convertirse en el artífice del lanzamiento de una tecnología que desde el 2006 ya cuenta con canales en operación. El necesario y exigido adelanto del apagón analógico, previsto hasta el 2021 por el gobierno foxista, se configuró en un nuevo escenario de debate y polémica ante las suspicacias derivadas por la entrega, a partir del próximo año, de decodificadores de TDT en los hogares con menos recursos en el país, con la participa-

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ción de dependencias cuyos titulares se encuentran en la lucha por la candidatura del PAN en las elecciones de 2012. El control de la transición analógico-digital de la televisión es una medida más que se suma a la estrategia de recuperar el control de la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión, sin la participación de la sociedad y del Congreso de la Unión. El presidente Calderón legisla mediante decretos, boicotea los proyectos de nueva legislación del sector de su propio partido y de otros, y toma acciones que inevitablemente son relacionadas con el proceso electoral de 2012. Entre estas acciones se encuentra el acuerdo de transición de emisoras de AM a frecuencias de FM de septiembre de 2008 (que el senador Manlio Fabio Beltrones había tomado como bandera política), la recuperación de la Cofetel (capturada antes por los “regulados”) y la creación del Organismo Promotor de los Medios Audiovisuales (OPMA), adscrito a la Secretaría de Gobernación, para ampliar la red de Canal 11 y de otros medios de “servicio público”. Durante su cuarto informe de gobierno, el presidente anunció “el inicio” de la transición de un sistema analógico a un sistema de televisión digital. No es así. Como es ampliamente conocido, la introducción de la TDT comenzó en julio de 2004, al publicarse el Acuerdo por el que se Adopta el Estándar Tecnológico de Televisión Digital Terrestre y se Establece la Política para la Transición a la Televisión Digital Terrestre en México (en adelante “el acuerdo”). Entre las principales disposiciones del acuerdo destacan las siguientes: a) La elección del estándar estadunidense ATSC A/53. b) La transición del 2004 hasta el 31 de diciembre de 2021, en seis periodos de cobertura con metas trianuales. Estas fechas, es importante mencionarlo, podían modificarse si las condiciones económicas o de mercado complicaban el cumplimiento de las metas, por lo que la transición estaba en riesgo de prologarse indefinidamente. Los periodos de introducción de la TDT se hicieron considerando el tamaño y la importancia de las ciudades en México. El primer periodo, que inició en 2004 y finalizó el 31 de diciembre de 2006, abarcó las siguientes ciudades: Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Mexicali, Ciudad

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Juárez, Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa, con al menos la presencia de dos señales digitales comerciales. El segundo periodo comenzó el 1 de enero de 2007 y terminó el 31 de diciembre de 2009. Abarcó a las plazas con más de un millón y medio de habitantes. De acuerdo con el INEGI, sólo tres ciudades más, además de las mencionadas, podían considerarse en esa situación: Puebla, Toluca y León. Los siguientes cuatro periodos de transición, consideraron las siguientes fechas para las emisoras comerciales: Tercer periodo: 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2012, en zonas de cobertura con más de un millón de habitantes. Cuarto periodo: 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015, en zonas de cobertura de más de 500 mil habitantes. Quinto periodo: 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018, en zonas de cobertura de 150 mil habitantes en adelante. Sexto periodo: 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, réplica digital de todos los canales analógicos en todas las zonas de cobertura servidas por la televisión analógica. Para el caso de las emisoras no comerciales la transición estaba prevista para su inicio a partir del 1 de enero de 2010, por lo que televisoras estatales y universitarias disponían de un periodo más estrecho para el apagón analógico. c) A cambio de que los operadores de televisión llevaran a cabo las transmisiones digitales en los plazos señalados, el gobierno federal se comprometió a refrendar sus concesiones y permisos al mismo 31 de diciembre de 2021, es decir, por 17 años a quienes hicieron los trámites desde 2004. Actualmente todas las concesiones de Televisa y de Televisión Azteca cuentan con sus refrendos hasta el 31 de diciembre de 2021. No obstante esta ventaja, el acuerdo otorgaba la posibilidad de aumentar los plazos de los refrendos en la medida en que se ampliara el plazo del apagón analógico. Sin duda, un beneficio inusual, injustificado, no visto en ningún otro país con procesos de transición similares. d) Para el periodo de transición entre el inicio de las transmisiones y la fecha prevista para el apagón analógico, el gobierno federal otorgó y prevé seguir otorgando a cada uno de los concesionarios y permisionarios un canal adicional para las transmisiones digitales. A estos canales se les ha denominado coloquialmente como “canales espejo”, ya que deben transmitir la misma programación de los canales analógicos, tal como sucedió en Estados Unidos. Una vez que concluya la digitalización, los canales analógicos serán devueltos al Estado. e) Posibilidad para prestar servicios de telecomunicaciones por parte de los concesionarios y permisionarios de las estaciones de televisión, “conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones y demás disposiciones legales y reglamentarias que sean aplicables”.

Particularmente esta posibilidad técnica fue la que motivó a Televisa a buscar una modificación a la legislación vigente a través de la denominada Ley Televisa, entre el 2005 y el 2006. Su propósito fundamental era evitar la licitación dispuesta en la Ley Federal de Telecomunicaciones para prestar servicios adicionales de telecomunicaciones sólo a través de un procedimiento administrativo y sin que necesariamente mediara una contraprestación económica. Por ello es que la Suprema Corte de Justicia consideró inconstitucionales los artículos 28 y 28-A de la Ley Federal de Radio y Televisión que establecían dicha posibilidad. La elección del estándar estadunidense y la política a seguir en TDT se hizo sin discusiones públicas y abiertas, sin la participación directa de la sociedad civil y considerando en esencia los puntos de vista del Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión, creado en julio de 1999. Dicho Comité, que no desaparece con el decreto calderonista, está integrado por tres representantes del gobierno (la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT) y tres de la industria (Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, CIRT) y tiene entre sus facultades emitir recomendaciones al secretario de Comunicaciones y Transportes sobre las acciones legales, administrativas y técnicas para la adopción de las tecnologías digitales en radio y televisión. El documento dice que el titular de la SCT, si fuera el caso, las adoptará y “realizará las acciones pertinentes”. En el caso de la TDT, el Comité fue el que envió el acuerdo al entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Weber, quien la avaló totalmente.

Coberturas y televidentes Al concluir los dos primeros periodos de transición y hasta el 30 de junio de 2010, ya eran 65 los canales en operación en 20 ciudades del país. Del total de canales en operación, nueve se ubican en el Distrito Federal, siete en Tijuana, seis en Monterrey y cinco en Guadalajara. En el Distrito Federal todos los canales analógicos ya transmiten en digital en los denominados “canales espejo”. En Baja California y Tamaulipas ya operaban 11 canales en cada estado; en Nuevo León siete; en Guanajuato seis; en Jalisco 5; en Chihuahua cuatro; en el estado de México, Veracruz, Puebla, Querétaro y Morelos, dos en cada uno, y en Coahuila y Durango, uno por entidad. Hasta ahora no se tiene un informe público detallado de las inversiones, coberturas y audiencias de los canales digitales, pese a que Acuerdo obligaba a la SCT a publicar a más tardar en mayo de cada año un reporte del Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión sobre la evaluación del proceso y las recomendaciones correspondientes. octubre 2010

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Fue hasta el decreto del 2 de septiembre que nos enteramos que el 22 de abril de 2009, el Comité rindió un informe sobre proceso de transición durante 2008, en el que señaló, entre otras cosas, “que a pesar de haberse superado el número previsto de estaciones de televisión digital en operación, sus señales radiodifundidas no estaban siendo captadas por la mayoría del público televidente y que los receptores digitales siguen siendo un artículo adquirido por un segmento de la población que los utiliza para los servicios de televisión restringida, para la reproducción de discos de video compactos o para consolas de videojuegos, por lo que la penetración de este servicio entre la población no ha sido la esperada”. En enero de este año, la Cofetel informó que de acuerdo con la Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), “existen 3.6 millones de hogares con televisor digital”, cifra que representa 13.6% del total de los hogares con televisión en el país, pero de esos 3.6 millones de hogares, es decir, menos de la mitad (1.6 millones), están en posibilidades de recibir las transmisiones abiertas de TDT, ya que en el resto, como informó el Comité, se utilizan los equipos para televisión por cable y satelital, juegos o videos. Como se aprecia, los primeros seis años de la transición analógico-digital de la televisión abierta se caracterizaron por la opacidad y la falta de rendición de cuentas por parte del gobierno, así como por la indiferencia y compromiso de algunos operadores para incentivar el desarrollo de la tecnología en el país. Sobre este último aspecto, Televisa, por ejemplo, se había comprometido a transmitir en digital en las ciudades de Villahermosa, Mérida, Morelia, Uruapan, San Luis Potosí y Zacatecas, a partir del 15 de diciembre de 2009. En 2008 cambió de opinión y solicitó a la Cofetel modificar los títulos de concesión de las repetidoras del canal 2 en cinco de esas plazas y del canal 5 en dos, para comenzar sus transmisiones digitales en diciembre de 2015 en San Luis Potosí, Zacatecas y Morelia; en 2012 en Villahermosa y hasta 2018 en Uruapan, como documentamos en El Universal. Esto hubiese significado un retraso de entre seis y nueve años a los plazos convenidos con el gobierno originalmente.

El decreto calderonista Consciente de la rentabilidad política que estaba en juego, el jueves 2 de septiembre, el presidente Calderón anunció durante su cuarto informe de gobierno la transición analógicodigital permitirá “lograr plena convergencia de servicios de telefonía, Internet y televisión digital”, así como la participación de un mayor número de proveedores de señal de televisión y, sobre todo, de servicio de telecomunicaciones”. 30

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Los mexicanos, agregó, “también recibiremos una señal abierta de la más alta calidad en imagen y sonido. Y al contar con más cadenas y con más canales de televisión, se ampliarán las opciones de contenidos culturales, noticiosos y de entretenimiento disponibles”. También dijo que se podrá liberar la banda de 700 megahertz del espectro radioeléctrico “y, con ello, ofrecer más y mejores servicios, precisamente, porque es una banda apta para los servicios móviles de telefonía e Internet de cuarta generación”. Ese mismo día fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre”, cuyos objetivos más destacados son los siguientes: a) Concluir las transmisiones analógicas a partir del 2011 y en su totalidad a más tardar el 31 de diciembre de 2015; es decir, seis años menos comparado con el acuerdo de 2004. b) Liberar, como lo anunció Calderón, la banda de 700 Mhz para el año 2012 y “así posibilitar la prestación de otros servicios de telecomunicaciones para favorecer el uso eficiente de dicha banda”. Es importante mencionar, aunque parezca obvio, que en dicha banda opera la televisión abierta. La liberación en este caso se refiere a los canales del 52 al 69, que hasta ahora no han sido concesionados ni permisionados porque México, al igual que otros países, reservó la banda correspondiente (que va de los 698 a los 806 Mhz) para servicios móviles de telecomunicaciones. Posteriormente, serán licitados los canales que con el apagón analógico serán devueltos al Estado, como parte de los compromisos de concesionarios y permisionarios. c) La Cofetel determinará “la viabilidad de asignar, mediante los procedimientos legales pertinentes, nuevas concesiones y permisos de radiodifusión que operen únicamente con transmisiones digitales”. d) Se instrumentarán las acciones necesarias para facilitar la adquisición de receptores o decodificadores para recibir el contenido de las señales digitales, en la que participan diversas dependencias, pero dos de ellas tendrán un papel clave: la Secretaría de Economía, que será la encargada de instrumentar “las acciones necesarias a efecto de facilitar la adquisición” de los equipos, y la Secretaría de Desarrollo Social “que coadyuvará con la Secretaría de Economía a efecto de asegurar que los mismos sean entregados”. e) Creación de la Comisión Intersecretarial para la Transición Digital, encargada de “coordinar las acciones necesarias para concretar la transición” a la TDT. Es presidida por el secretario de Comunicaciones y Transportes y estará integrada por los titulares de las siguientes dependencias: Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Se-

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cretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Economía, Secretaría de Educación Pública y la Cofetel. Para apoyar las atribuciones de la Comisión, su presidente nombrará a un Secretario Ejecutivo.

Retos y cuestionamientos Como era de esperarse, el anuncio presidencial generó reacciones encontradas, particularmente de especialistas y legisladores de partidos políticos de oposición, porque se advierte que detrás de las buenas intenciones del decreto se encuentra un uso político-electoral de la televisión en un momento clave, previo a las elecciones de 2012. Los cuestionamientos son justificados por las siguientes razones: Decodificadores. La entrega de los decodificadores que continuarán dando vida a los televisores analógicos cuando ya sólo exista TDT o bien de subsidios para la adquisición de equipos digitales, es uno de los aspectos medulares del decreto presidencial. Parte de las críticas se han centrado en este punto porque aun sin integrarse la Comisión, el presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, y otros funcionarios ya hablaban que el subsidio será de 60 dólares por familia (20 más que en Estados Unidos) sin justificarse plenamente cómo se llegó a esa cantidad. También se ha anunciado que la entrega de los apoyos se hará a partir del 2011, justo cuando comienzan a calentarse los motores de la carrera hacia siguientes las elecciones federales. Estos subsidios, que formarían parte de la “política social” del gobierno federal, corren el riesgo de tener un uso electoral, en un país cuya cultura política es aún endeble. Con la tercera parte de su población en extrema pobreza, es necesario que en México el Estado facilite la adquisición de los equipos, pero no en un año eminentemente preelectoral para evitar suspicacias. Otra visión del tema se relaciona con la dependencia tecnológica. Todo parece indicar que los equipos serán importados, pese a que en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se trabaja desde hace algunos años en la construcción de un modelo de decodificador para el estándar estadunidense. Comisión Intersecretarial. A diferencia de lo ocurrido en otros países, el presidente Calderón tomó la decisión de controlar directamente la transición analógico-digital de la televisión. Para ello creó una Comisión Intersecretarial que, como se detalló, será la encargada de coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento del decreto y en la que sólo tienen voz y voto los titulares de seis dependencias federales y de la Cofetel. De nueva cuenta, la sociedad ausente en las políticas públicas del sector. En el decreto se establece que serán invitados, con voz pero sin voto, dos representantes de los concesionarios y dos de los permisionarios. También podría convocarse en esa

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misma calidad a espectadores con derecho de opinar a representantes de asociaciones o “personas de reconocido prestigio” en el tema. Contenidos. El presidente Calderón; el titular de la SCT, Juan Molinar, y el presidente de la Cofetel han reiterado que el proceso de transición permitirá tener una mucha mayor diversidad de contenidos mediante la licitación de más frecuencias y el multiplexeo de canales. Como comentamos en El Universal, la diversidad de contenidos no vendrá en automático. Hacen falta acciones paralelas que promuevan en serio la producción nacional e incentiven a los productores independientes, como sucede también en otros países desarrollados. La propuesta de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, que presentó en PAN en el Congreso, incluía dichos estímulos, como una manera de reforzar a la industria cultural audiovisual mexicana y para que la multiplicidad de canales se refleje en una real diversidad de contenidos y no en una multiplicación de los mismos contenidos, sobre todo de manufactura estadunidense. Medios públicos. El apoyo a los denominados medios de servicio público es otro de los retos fundamentales. De sobra es conocido el rezago que enfrentan emisoras de radio y televisión en tecnología, calidad de las producciones, salarios y otros aspectos para continuar como opción frente a la apabullante presencia de la televisión comercial. Por ley deben establecerse los criterios para la asignación de presupuestos que permitan a las televisoras culturales y educativas afrontar con mayor dignidad el reto de la digitalización. octubre 2010

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Multiplexeo. De igual manera, el gobierno federal ha reiterado que prevé autorizar el multiplexeo (varias señales en un mismo canal) para aprovechar las bondades de la tecnología digital. El tema se relaciona directamente con lo ocurrido en torno del servicio HiTV, lanzado por Televisión Azteca. Bajo una intensa polémica, el servicio fue considerado legal por la Cofetel, pero ilegal por la SCT, lo que derivó en la presentación de diversos recursos jurídicos por parte de la televisora. Es positivo que haya un uso eficiente del espectro radioeléctrico, pero no bajo señales contradictorias. Los legisladores tienen aquí una tarea pendiente para avanzar, como promete el Poder Ejecutivo, en la convergencia plena. Servicios de telecomunicaciones. Relacionado con el multiplexeo está la prestación de servicios de telecomunicaciones adicionales en las frecuencias destinadas para la TDT. El gobierno federal ha afirmado que también será posible ofrecerlos. Esto podría derivar, como ya se dijo, en un nuevo conflicto en el sector, debido a que este tema se relaciona directamente con la Ley Televisa y la sentencia de inconstitucionalidad que expulsó los artículos 28 y 28-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, los cuales posibilitaban ofrecer dichos servicios en las frecuencias comerciales de televisión. Las diferencias conceptuales y jurídicas entre servicios adicionales de telecomunicaciones y las concesiones para usos específicos, quedaron claramente expuestos en la sentencia referida y en las discusiones que el 5 de junio de 2007 tuvieron los ministros al analizar el caso. Tan es así que el ministro Genaro David Góngora Pimentel propuso expulsar del orden jurídico el acuerdo de política de televisión digital porque es contrario a lo que en su momento determinó la Corte en su sentencia. Al analizar el tema, la ministra Margarita Luna Ramos dijo lo siguiente: “No hay definición exacta y precisa de servicios adicionales de telecomunicaciones… Lo que entendemos es que estos servicios adicionales abarcan todos los servi-

cios de telecomunicación, absolutamente todos, y si nosotros vemos la resolución mediante la cual el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones aprueba el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, la lista es enorme…” Más adelante recordó lo dicho por los defensores de la ley Televisa: los servicios adicionales se reducen a ciertas situaciones como, por ejemplo, “en el momento en que se está dando un noticiario se establezca un recuadro con los servicios meteorológicos, o bien se dé una información específica de la bolsa, cuando están dando noticias financieras”. Sin embargo, dijo, también pueden darse otro tipo de servicios adicionales y “en estas circunstancias pues sí se puede en un momento dado llegarse a solicitar un servicio de telecomunicación e instalar el equipo necesario, en el que pueda darse un servicio de telecomunicación bidireccional, o lo que normalmente los expertos han llamado la entrada al triple play en el que se usa voz, video y datos”. De esta manera, “es necesario establecer esta diferenciación entre los servicios adicionales que se van a pasar dentro del canal que está en uso y los servicios adicionales que son ajenos y diferentes… y que sí ameritan todos los requisitos que en este aspecto marca el artículo 11 de la Ley de Telecomunicaciones”. El de los servicios adicionales de telecomunicaciones en radiodifusión y la convergencia, son temas donde los legisladores debieran trabajar en lo inmediato para garantizar la convergencia plena para todos los operadores. Sería lo deseable, porque de otra el gobierno de Calderón publicará un nuevo acuerdo o decreto que en lugar de promover la competencia, la pluralidad, la apertura y la democratización de los medios, podría continuar favoreciendo a los actores de siempre y abriendo un nuevo flanco de confrontación entre operadores por la falta de reglas claras y justas. gsosap@gmail.com

Características del estándar ATSC (Advanced Televisión Systems Comitte) - Imagen de alta definición (HDTV) o de definición estándar (SDTV) - Transmisión de programas múltiples utilizando el mismo ancho de banda (6 Mhz) - Sistema de audio con calidad de disco compacto y tipo teatro en casa (5.1 canales) - Transmisión de datos (contenidos de Internet, servicios de alerta, servicios para personas con discapacidad, descarga multimedia, servicios interactivos, etc.) - Recepción a transmisores fijos (se experimenta la recepción móvil) - Menor potencia de transmisión para la misma cobertura alcanzada por la televisión analógica Fuente: ATSC, en www.atsc.org

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Análisis

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de la TV digital

• Jorge Bravo

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a televisión digital tiene, al menos, tres implicaciones sobre las cuales debiéramos poner atención: 1) el decreto del Ejecutivo del 2 de septiembre no precisa de qué manera la digitalización favorecerá la competencia y la pluralidad en el actual sistema de medios mexicano; 2) legitima la creación de nuevos canales de televisión y la prestación de servicios adicionales de telecomunicaciones, pero sin que se sometan al debido proceso de licitación, y 3) el otorgamiento de decodificadores a través de los programas sociales del gobierno federal se vislumbra como un populismo y clientelismo digitales pero, de no cumplirse, afectará de manera considerable el derecho a la información y la cultura.

Multiplicación de canales El estándar tecnológico A/53 ATSC (Advanced Television Systems Committee) es técnicamente el menos apto para garantizar la pluralidad y la interactividad, aunque sí posibilita mayor calidad de imagen y sonido. Si la intención era promover la pluralidad y la diversidad, el gobierno habría optado por el estándar europeo DVB-T (Digital Video Broadcasting) que permite multiplexear hasta seis canales digitales donde antes sólo cabía uno analógico. No puede existir pluralidad y competencia mientras la televisión privada acapare 462 estaciones, equivalentes al 79.79 por ciento del total de frecuencias asignadas. Sólo Televisa posee 258 concesiones y TV Azteca 179. Este panorama de concentración de recursos comunicacionales tiene vigencia, por lo menos, hasta 2021, que fue la prórroga en los títulos de concesión que concedió Vicente Fox al mismo tiempo que, sin licitación ni contraprestación de por medio, otorgó un “canal espejo” para comenzar a experimentar la señal digital. Como con la multiplicación de los panes en la Biblia, gracias a la transición digital Televisa y TV Azteca podrán multiplicar el número de canales, servicios adicionales de telecomunicaciones y aplicaciones interactivas sin que medie autorización de la autoridad. En España, por ejemplo, se permite prestar servicios adicionales distintos a los de televisión, pero establece un máximo de 20 por ciento. La TV digital llega a México sin que se hayan resuelto en la legislación los límites a la concentración de la propiedad, como ocurre en otros países.

No es extraño que el duopolio televisivo no se haya expresado en contra del decreto presidencial (directa o indirectamente), como ocurre cuando sus intereses se ven afectados, pues es indudable que la política de televisión digital del Ejecutivo les beneficia al acelerar la transición y no atentar contra las concesiones. Al proveer los decodificadores, es claro que el mayor peso en inversión recaerá en el gobierno federal. Lo anterior contraviene la propia historia de la radiodifusión: en sus orígenes las empresas que tenían intereses directos en la radio y después en la televisión (General Electric, RCA), regalaron y facilitaron la adquisición de receptores; incluso patrocinaron los primeros programas para impulsar la industria. Ahora es el Estado el que asume la mayor carga fiscal. La recaudación que se obtenga de la licitación de la banda de 700 MHz y el llamado “dividendo digital” también repercutirá en las finanzas públicas, porque la contraprestación y el pago de derechos dejarán de utilizarse en otras prioridades a cambio de financiar la transición digital.

Confusión, convergencia, ubicuidad Lo anterior nos lleva a la posibilidad de las televisoras de usufructuar de mejor manera el espectro radioeléctrico. El problema radica en la confusión jurídica respecto del tipo de servicios que podrán prestar: radiodifusión o telecomunicaciones. El título de concesión es claro en el sentido de que debe ser el primero; pero técnicamente es posible ofrecer las segundas. La diferencia no es menor: la radiodifusión se entiende como un servicio ininterrumpido y gratuito, mientras que las telecomunicaciones son discontinuas y requieren el pago de una tarifa por parte de los usuarios. A través de la frecuencia digital será posible transmitir hasta dos canales de alta definición (HD); o bien, uno HD y varios digitales pero sin imagen de mayor calidad. Incluso (y esto sí va a favor de la pluralidad), las televisoras podrían arrendar espectro para que otro operador ofrezca contenidos. También es posible ofertar servicios adicionales de telecomunicaciones y aplicaciones interactivas. Obviamente, el suministro de dichos servicios agregados limita la capacidad espectral para ofrecer más canales de televisión, así como la calidad de audio y video. Aún más: ¿qué ancho de banda requerirá la televisión 3D octubre 2010

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vo en la definición de servicio público, el paradigma digital de transmisión, audiencias, horarios, publicidad, consumo, regulación y políticas públicas es diametralmente distinto al de la televisión analógica. A la larga, el usuario tendrá que pagar al operador de su preferencia (llámese Televisa, TV Azteca, Telefónica o Telmex-Telcel) por la mayoría de los contenidos, si no es que por todos. Esa es la tendencia y es, precisamente, lo que el Ejecutivo y el Legislativo no han “previsto”. Tampoco la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, si bien desmontó el polémico artículo 28 de la Ley Televisa por abusivo, discriminatorio y porque posibilitaba sólo a los radiodifusores a cambiar su título de concesión para convertirse en operadores de redes públicas de telecomunicaciones, no entendió y negó la convergencia tecnológica. El decreto del presidente Calderón busca los mismos efectos y resultados de dicho artículo 28 pero por otras vías y con menos resistencia. Quienes sí lo tienen claro son los empresarios. La televisión digital también abre la puerta para recuperar y potenciar la inversión publicitaria. En los últimos años, la televisión abierta analógica ha perdido dinamismo debido a la migración de la publicidad hacia otras plataformas como Internet o la televisión restringida, que ha tenido un dinamismo extraordinario los últimos años. Sólo en 2009, la televisión satelital creció 97 por ciento gracias, entre otros factores, a la presencia de Dish y el empaquetamiento de servicios (triple y cuádruple play). En 2009 los medios online reportaron ingresos por dos mil 345 millones de pesos, 24% más con respecto a 2008 (IAB México, 2010). En 2005 la inversión publicitaria en medios de comunicación alcanzó la cifra de 44.9 mil millones de pesos, equivalente al 0.5% del PIB. De esa cantidad, 58% se destinó a la TV abierta, es decir, 26 mil 100 millones de pesos. Televisa acaparó 71.2% y TV Azteca 28.2% (La Jornada, 13-diciembre-2006). Según la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, aproximadamente 71% del gasto publicitario en México se destina a la televisión. Acrecentar esas cifras sería otro de los cometidos de la TV digital. Moasyr Ramírez/Cuartoscuro

cuando irrumpa en el mercado? Son muchas las posibilidades que promete la televisión digital en términos de competencia, diversidad, pluralidad y calidad; pero será la realidad la que nos permita constatar cuáles pudieron cumplirse en función de las decisiones y los intereses políticos y económicos. Lo interesante es la tendencia a futuro: sin importar dónde nos encontremos, cuál dispositivo tecnológico tengamos o qué operador contratemos, desde una nube lo suficientemente neutral desde el punto de vista tecnológico y cargada de los más diversos contenidos y servicios se nos proveerá de información, entretenimiento, datos, acceso a redes, software, conexión a Internet o servicios de telefonía móvil. Las llamadas Redes de Nueva Generación (NGN, por sus siglas en inglés) posibilitarán ese tipo de transporte de información, ubicuidad y consumo cultural. Las NGN ya son una realidad y la televisión digital se inscribe en la misma lógica. Gracias a la digitalización y la compresión de señales, el usuario podrá elegir (navegar) de entre un menú de contenidos y servicios de comunicación a la carta (las llamadas Guías Electrónicas de Programación), a cualquier hora y en cualquier lugar, haciendo posible la interactividad y una serie de funcionalidades a través del control remoto. Técnicamente lo que subyace es el derecho a decidir. La televisión digital rompe la tradicional transmisión broadcasting, vertical y autoritaria, de un emisor para todos, y hace posible el envío de señales con código binario a audiencias fragmentadas –atomizadas, ya no masivas–, punto a punto: un contenido para un usuario en específico (con nombre y apellido), a la hora que lo solicite, con la posibilidad de conocer con bastante certeza sus gustos y consumos culturales, para beneficio de los propios operadores y los publicistas. Sal-

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Clientelismo digital Pero todo lo anterior está supeditado a lograr la transición digital a más tardar el 31 de diciembre de 2015. Para bien o para mal, la televisión sigue siendo el medio de comunicación más socorrido por los mexicanos. El 95.5% de la población se entera a través de ella de lo que acontece en la realidad (Conaculta, 2004). En promedio, en 2005 los hogares mexicanos veían 8.28 horas la televisión, mientras que las personas lo hacían durante 3.07 horas. Desde las 19 y hasta las 23 ho-


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ras la televisión convoca a su máximo nivel de auditorio; llega a alcanzar 70% de los telehogares. Durante este prime time se transmiten los programas más vistos de la televisión mexicana, incluidos los noticieros. Éstos encabezan las preferencias con 49.5%, seguidos de las telenovelas (39.2%), las películas nacionales (24.4%), los deportes (24.3%) y los filmes extranjeros (22.5%). Dos terceras partes de quienes encienden el televisor (68.7%) lo hacen para ver un programa que les gusta, 28.4% para enterarse de lo que está pasando y 2.9% para no sentirse solo (Conaculta, 2004). Es previsible que la TV digital modifique estos consumos. Existe al menos un televisor en 86 de cada 100 hogares del país (Rubén Jara, 2009). En 2006 había 443 televisores en México por cada mil habitantes, lo que equivale a 20.9 millones de telehogares (INEGI). Éste es el dato relevante porque es el número de decodificadores que teóricamente deberá entregar el gobierno federal antes de que se produzca el llamado “apagón analógico”. Un ejercicio básico de aritmética revela que se requiere una inversión cercana a los mil 254 millones

de dólares para proveer a todos los hogares del respectivo decodificador, si tomamos en cuenta que cada aparato tiene un precio de 60 dólares. Por cierto, el dispositivo permitirá convertir la señal pero no apreciarla en alta definición. Ante la inminencia de la transición digital y el realismo de que la televisión sigue siendo el medio de comunicación más importante, proveer los decodificadores se convierte en un imperativo y en una política de Estado. Independientemente de las motivaciones electorales, ahora el gobierno debe cumplir la entrega porque de lo contrario no estaría en condiciones de garantizar el derecho a la información y la cultura. No sólo es un asunto político o económico, sino de derechos humanos. Como dijera el poeta Jaime Sabines: “Me preocupa el televisor. Da imágenes distorsionadas últimamente… Se oyen las palabras claramente, la música, los efectos de sonido, pero no corresponde a la realidad…” El problema es que a los pobres lo único que les queda es la televisión… digital. beltmondi@yahoo.com.mx

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Advierte AMEDI de demora para favorecer a Televisa

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a Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) descubrió una artimaña más en la cuestionada Licitación 21, que implicaría un ahorro adicional a Televisa de mil millones de pesos por un beneficio de exención del pago de los derechos correspondientes, durante todo 2011. Para la AMEDI, la demora de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para entregar a la sociedad Televisa-Nextel las frecuencias radioeléctricas que obtuvieron de la Licitación 21 no obedece a inconformidades judiciales, sino a una artimaña que contiene la Ley Federal de Derechos, aprobada entre octubre y noviembre del año pasado por las cámaras de Diputados y Senadores, y que estableció la exención a las empresas que resultasen ganadoras del concurso. Puntualizó que en dicha Ley se indica que los concesionarios de esas bandas radioeléctricas estarán exentos del pago de los derechos correspondientes, durante todo 2011, en caso de que las concesiones les sean entregadas a más tardar el 30 de noviembre de 2010. Pero si se otorgan a partir del 1 de diciembre de 2010, la exención se extenderá durante 2011 y 2012. 36

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Subrayó que la postergación en la entrega de esos títulos de concesión significaría para Televisa y Nextel un ahorro adicional de casi mil millones de pesos, y otro tanto para Telcel y Telefónica que recibieron otro segmento del espectro radioeléctrico como resultado de la Licitación 21. En otras palabras, apuntó la AMEDI en un documento, si el titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, firma dichos títulos de concesión después del 30 de noviembre, ese aplazamiento le costará a la nación unos dos mil millones de pesos, por lo que la de Molinar Horcasitas “se puede convertir en una de las rúbricas más costosas para el país. El documento titulado Televisión digital: más corporativismo electrónico, o camino a la diversidad y calidad audiovisuales, señaló que el tránsito a la televisión digital fue anunciado por el gobierno federal como si de manera indefectible fuera a traer pluralidad y calidad a la televisión mexicana. Pero lo que intentó Felipe Calderón el pasado 2 de septiembre, con su anuncio de adelantar seis años el plazo para que toda la televisión en México sea digital, es “ocultar el desmedido obsequio” de casi cinco mil millones de pesos que hizo a TelevisaNextel al otorgarles un amplio segmento de espectro radioeléctrico por un precio 28 veces menor a su valor en el mercado. La AMEDI sugirió que para cumplir “las expectativas que con notorio entusiasmo pero quizá con inexcusable ignorancia” propagó el presidente acerca de la televisión digital, el gobierno debe poner en práctica, “pronto y de manera clara”, medidas como la de regular el uso de los canales que resultarán de la digitalización, y que asigne los

nuevos espacios a instituciones y empresas que hasta ahora han estado marginadas de la televisión abierta. Hizo notar, además, que los anunciados subsidios a las familias de escasos recursos para que puedan adquirir un aparato de televisión digital o bien comprar un decodificador para adaptarlo a su TV analógica, pueden convertirse en un “condenable recurso de clientelismo político”. “A fin de evitar que esos respaldos a las familias de menores ingresos sean un instrumento de chantaje político, proponemos que las subvenciones para adquirir televisores y decodificadores se distribuyan después de julio de 2012. En su documento, la AMEDI manifestó su mejor disposición para explicar al presidente Calderón la manera de transitar a la televisión digital con más diversidad y calidad audiovisual. Esa disposición se dio, según explicó la asociación civil, luego de juzgar algunas declaraciones del presidente que sugieren que “Calderón no ha entendido las características ni los alcances de esa transformación tecnológica”. Recordó que Calderón propagó expectativas “con notorio entusiasmo pero quizá con inexcusable ignorancia “, acerca de la transición a la televisión digital. “Estamos en la mejor disposición para explicarle, a él o a los funcionarios que designe, cómo puede transitarse a un sistema de telecomunicaciones con más actores en vez de que se fortalezcan las empresas que ya tienen demasiados recursos comunicacionales”, dijo al pronunciarse por evitar el “corporativismo electrónico” que atropelló a la sociedad mexicana durante toda la segunda mitad del siglo XX. (Julio Olvera) juliomoa@gamil.com

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Televisión española, problemas técnicos y programación pobre • José Ferruzca González

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adrid.- Cuatro meses han sido suficientes para que afloren importantes deficiencias en el proceso de implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en España, el primero de los grandes países europeos en experimentar el “apagón analógico” televisivo. Las quejas se multiplican porque los usuarios se enfrentan a una mala planificación, a la acumulación de avances tecnológicos, a incómodos ajustes de antenas y a graves carencias en calidad y variedad de programación. La transición, que incluyó tres fases, comenzó el 23 de julio de 2007 y finalizó a principios de mayo de 2010. Datos del organismo responsable (Impulsa TDT) aseguran que las zonas con cobertura de TDT actualmente alcanzan al 98,57 por ciento de la población española (poco mas de 46 millones de personas). El resto, dice, vive en áreas con dificultades orográficas, consideradas “zonas de sombra”, que paulatinamente están siendo cubiertas a través de un sistema satelital. La fuente señala que la transición costó más de 288 millones de euros (unos 4.808 millones de pesos). El resultado eventual es que los espectadores tienen ahora una oferta de 31 canales considerados “nacionales”, a los que se le suman los autonómicos (diecisiete comunidades autónomas más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) y provinciales (49 provincias insulares y peninsulares). Revistas y asociaciones especializadas hablan que la “tarta digital” podría dividirse hasta en 1.164 canales. Desde finales de 2006, el Gobierno impulsó una gran campaña de difusión destinada a que los consumidores cono-

cieran los “tres pasos” necesarios para recibir la TDT: comprobar si se encuentra en zona de cobertura, adaptar la instalación de antena colectiva o individual en los hogares y adquirir un sintonizador digital terrestre o un aparato de televisión que ya lo tuviera incorporado. Asociaciones de consumidores calcularon que cada familia se gastó una media de veinte euros (334 pesos) para recibir la señal que las autoridades difundieron como “la del futuro” porque mejora la imagen y el sonido, permite un incremento significativo de canales con calidad e incorpora servicios interactivos que otorgan a los espectadores la capacidad de constituirse como un elemento activo dentro del mundo audiovisual. En la presentación del “Informe final 2010”, Francisco Ros, secretario de Estado de Telecomunicaciones, subrayó que la TDT “ha salvado los efectos de la crisis económica en muchos entornos”. “Se han involucrado más de diez mil empresas, se han generado cuarenta mil empleos directos y se han movilizado más de 120.000 millones de euros”. De los 228 millones de euros que costó la transición, 220 fueron destinados a las comunidades autonómicas mediante créditos blandos (160 millones) o subvenciones directas (sesenta millones). Además, las autoridades repartieron más de 130.000 decodificadores para personas en “riesgo de exclusión social” o con alguna discapacidad -mayores de 65 años con dependencia reconocida y mayores de ochenta que vivan solas y tengan discapacidad sensorial-. En un análisis para Zócalo, el presidente de la Asociación de Usuarios de

la Comunicación (AUC), Alejandro Perales, señala que, en “términos muy generales”, la parte técnica de la transición analógica a la digital “se ha hecho muy bien” porque España, al igual que el Reino Unido, comenzó experimentando con un modelo de pago que finalmente fracasó porque no despertó el interés de los usuarios “acostumbrados a ver televisión gratis”. Explica que el Gobierno condujo la sustitución de todos los repetidores dando prioridad al “modelo digital terrestre” y “dejando de lado” la opción satelital. Una combinación, destaca, podría haber reducido “algunos gastos imprevistos” porque se eliminarían algunas “zonas de sombra” que comenzaron a brotar no sólo en el medio rural de difícil acceso, sino en las grandes áreas urbanas donde edificios o montañas obstaculizan el paso de la señal. En verano pasado, los problemas de recepción de señal se trasladaron a las zonas costeras. El “efecto espejo” o fanding, según los técnicos, está causado por la combinación de humedad, mar y calor que debilita las emisiones radioeléctricas. En los tiempos analógicos, el fenómeno enturbiaba la imagen, la debilitaba y se recibía con niebla. Con la TDT, una señal débil deja directamente una pantalla en negro porque es tecnología que exige una mínima calidad de recepción para todo tipo de canales: públicos o privados. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio tomó medidas de emergencia habilitando frecuencias adicionales en las zonas que sufrieron interferencias. Los usuarios también tuvieron que actuar si querían recibir la señal de televisión: volver a sintonizar los descodificadores. octubre 2010

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Y es que, afirma Perales: “La señal de la televisión digital es más débil que la analógica cuya imagen la puedes ver bien o mal. La podías recibir con `fantasmas´, niebla, con rayas... pero, la digital no la ves simplemente. Por eso hay la polémica de hasta qué punto hubiera sido mejor potenciar el satélite para compensar y evitar problemas.” En un primer análisis tras el “apagón analógico”, la AUC advertía en marzo pasado que la transición digital “dista mucho de estar acabada” y ponía énfasis en que los usuarios tuvieron que hacer un desembolso importante en un equipamiento que pronto puede quedar obsoleto. El texto destacaba la “clara infrautilización” de las posibilidades tecnológicas de la TDT que abarca desde la falta de información sobre títulos o sinopsis de los espacios hasta la inexistencia del sonido multicanal pasando por la desincronización del subtitulado, el pixelado de imágenes o entrecortamiento del sonido. La AUC también resaltó que por falta de previsión, los usuarios están destinados a gastar más. En España no se tomó en cuenta la acumulación de cambios tecnológicos que se producían al mismo tiempo que se implantaba la TDT: la televisión de alta definición y la de tres dimensiones. La consecuencia es que, a mediano plazo, los actuales televisores que han adquirido millones de ciudadanos no servirán adecuadamente para recibir toda la oferta y posibilidades de la señal digital terrestre. En la entrevista con Zócalo, Alejandro Perales, explica que, de alguna manera, se “engañó a la gente” porque las autoridades no regularon o llegaron a un acuerdo con la industria para que el mercado español estuviera inundado exclusivamente por televisores preparados para la TDT, con alta definición y en tres dimensiones. En cambio, dice, la venta de aparatos analógicos siguió hasta casi el último minuto antes del 38

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“apagón analógico”.“La gente ha tenido que gastar dinero en resintonizar sus antenas. Comunidades de propietarios tuvieron que pagar a antenistas para modifiquen la amplificación de antena y pongan cajetines nuevos. Luego tuvieron que comprar un televisor o un decodificador para el aparato analógico. Mucho gasto”, resumió.

Programación pobre Otros compromisos que no se están cumpliendo, afirma la AUC en su análisis, tienen que ver con la existencia de una oferta televisiva atractiva y con contenidos de calidad. Muchas de las cadenas nacionales y locales se están limitando a la redifusión de programas y a la emisión de contenidos de relleno. Abundan, además, programas de teleconcursos y esoterismo. Perales lo subraya: “los resultados tampoco han sido buenos en lo que respecta a la oferta de contenidos” y al compromiso contraído de ofrecer una programación atractiva y con contenidos de calidad. Prácticamente, precisa, las cadenas nacionales siguen dominando la oferta TDT porque ocupan todo el espectro que se les concedió multiplicando sus canales para lograr el “multiplex” y generando necesidad de contenidos. Recuerda: “Cuando el gobierno les otorgó la concesión, esas cadenas se comprometieron a hacer contenidos atractivos. En la práctica, lo que hacen es cubrir con contenidos de fogueo, baratos, varias horas. Entonces, nos encontramos con que hay muchos canales con una oferta redundante, repetida, en la que el canal principal marca la pauta de la parrilla y los demás van reprogramando y redifundiendo sus contenidos. Tenemos un panorama bastante pobre. Mucha oferta, muy pobre.” En su análisis, la AUC detectó un “au-

mento importante” de programas “telebasura” que transmiten durante todo el día, decenas de canales de teletienda y señales de emisoras de radio que lograron una concesión y que únicamente han puesto una cámara en la pecera para retransmitir por televisión sus programas. Es la radio visualizada. En el otro extremo, la asociación explica que las cadenas están logrado tímidamente tematizar sus canales para dirigirlos a un público objetivo (infantil, series, deportes) visto como “potenciales consumidores” de productos relacionados con los programas que transmiten. A los problemas técnicos y de programación, la TDT arrastra otra polémica centrada en los grupos mediáticos beneficiados de las concesiones de señal otorgadas por los gobiernos autonómicos y locales. Los dos principales partidos políticos (el derechista Partido Popular y el Socialista Obrero Español) se acusan de dejar de lado consideraciones de calidad para seguir criterios ideológicos al momento de autorizar la aparición de nuevos canales. El objetivo, de uno y otro lado, dice la AUC, es aplicar un modelo de control y manipulación televisiva que sale a relucir en los programas de análisis y debate cuya única intención es atacar y desacreditar a los considerados “enemigos políticos”. Los efectos, insiste de nueva cuenta en su análisis, es una parrilla televisiva “pobre y claramente de relleno”. Para Alejandro Perales, la situación de la TDT en España tendrá que cambiar a

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mediano plazo para comenzar a dar paso a una oferta de calidad que tendrá como base un modelo simple de negocio que perfectamente encaja en la señal digital terrestre: la venta a través de la televisión que, a partir de canales temáticos, se convertirá en un “escaparate” de productos que aparecen o son protagonistas de programas.

Televisión e internet A mediados de agosto, un grupo de expertos coincidió en el Foro 50+4 de tendencias televisivas. El catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Complutense de Madrid, Enrique Bustamante, señaló que la llegada de la TDT a los hogares españoles no ha provocado un cambio importante, a excepción del técnico: los nuevos canales son más de lo mismo, no ofrecen diversidad. Son generalistas y utilizados para la redifusión de los contenidos del canal principal del grupo. Bajo esas características, opinó que será muy complicado que se obtengan o aumenten ingresos por publicidad porque la fragmentación y los nichos creados no resultan atractivos para la industria. En su opinión, el camino a seguir en el sector es la fusión de la televisión con Internet. “Llevamos años hablando del cambio de paradigma, del usuario como centro de la programación. Él de-

cide qué, dónde y cuándo ve los contenidos. Por eso es necesario que la industria ofrezca una verdadera usabilidad en sus emisiones concediéndole al consumidor una verdadera televisión a la carta. La vía más fácil para conseguirlo es Internet”. El cambio de modelo televisivo español a propósito de la TDT también fue planteado por Eduardo García Matilla, presidente de Corporación Multimedia, empresa dedicada a la producción, investigación y desarrollo de contenidos audiovisuales. En una entrevista con el periódico El Mundo, señaló que “el sector vive una crisis que no es coyuntural sino estructural que obliga a cambios”. Básicamente, destaca, deberá ser un modelo que deje a un lado prácticas aberrantes de programas donde no se apuesta por la “rentabilidad social” sino por repetir lo mismo y con peor calidad. Un dato es revelador para él: en los últimos meses, el 76 por ciento de los programas de televisión que se estrenan en España fracasan. Lo anterior lo atribuye a que “ha muerto aquella idea de ver la televisión en familia”. La respuesta, considera, pasa por una mayor “fragmentación de los contenidos y de la audiencia, sin olvidar Internet”. En su último número, la revista Telos, de la Fundación Telefónica, negaba que Internet estuviera destinado a acabar con la oferta televisiva, gratis o de pago. Una encuesta de consumo televisivo daba cuenta que el treinta por ciento de la población europea ve la televisión a través de la red, con una media de cuatro horas diarias. La consultora Havas Digital estima que un tercio de los consumidores españoles ven diariamente online en su computadora vídeos cortos producidos por cadenas de televisión. La tendencia apunta a que la interacción y la conexión a Internet será lo que determinarán la televisión del futuro. pepeferruzca@hotmail.com

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Televisión/Contenidos

Televisión/Contenidos

Gana televisión pública

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Misael Valtierra/Cuartoscuro

• Alejandro Huizar /OBITEL México

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uadalajara.- El Mundial de Futbol en Sudáfrica, la campaña de Iniciativa México, el linchamiento mediático del “comunicador” Esteban Arce, las coberturas de los terremotos en Haití y Chile, el regreso de Laura Bozzo a las pantallas mexicanas de la mano de Televisión Azteca, el ataque al futbolista paraguayo Salvador Cabañas y el caso Paulette, fueron acontecimientos que marcaron a la televisión mexicana entre enero y junio de este año, y todos merecen analizarse a detalle. Hemos tenido un semestre trepidante donde la lucha por el rating, sobre todo en los noticiarios, se tornó más feroz y el tono acentuó su tendencia a lo tremendista, amarillo y estridente. Si del lado de los noticiarios, tragedia, violencia y escándalo definieron la estrategia de comunicación; del lado de la ficción (telenovelas, series, dramatizados) encontramos que en las televisoras privadas hubo productos que si bien no reflexionaron, criticaron o se burlaron de la situación actual de México, sí integraron un lenguaje más crudo y duro. Y en términos de producción, la apuesta sigue siendo hacer cada vez más con menos, recurriendo a refritos e importación de guiones, con el telón de fondo de una caída libre en cuanto a controles de calidad e imaginación.

Sorprende Canal Once La otra cara de la moneda son las televisoras públicas: Canal Once, el caso más paradigmático, y de señal restringida como Canal 52 MX y Cadenatres. Apenas despuntaba 2010, Canal Once tenía otra agradable sorpresa. Tras su positiva incursión en la producción de series para adultos con XY, presentó Bienes Raíces. El hecho es relevante porque muestra que no fue una ocurrencia mercantil o ideológica meterse a producir series, que la empresa apoya la innovación y una nueva forma de hacer televisión, y que es consciente de que hay públicos pensantes que agradecen otra clase de historias y otra manera de contar la realidad. Se trata de la televisión pública, por eso es notable, esa que se ha caracterizado por depender de contenidos importados, de presupuestos que el gobierno le asigna, de constreñimiento sistemático. Temáticamente Bienes Raíces es en cierto modo la contraparte de XY, donde se reflexiona qué significa 40

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Laura Bozzo

ser hombre en el México del siglo XXI. Pero va más allá: si bien el cuadro actoral principal se compone de mujeres (se habla y piensa desde una visión femenina) hay algo para todos, porque integra a hombres, jóvenes y mayores. Y no cae en un discurso feminista ni aleccionador. No concluía enero y se dio otra buena noticia: la alianza de Argos con Cadenatres, destacable porque representa el regreso de la productora capaz de abordar en la ficción temas como narcotráfico, derechos sexuales o asesinatos políticos; y porque esta unión se da en la televisión privada, es decir, en la arena de la lucha por el rating.

Televisa inmóvil Mientras, en Televisa se dieron giros extraños, inmovilidad, afianzamiento en lo seguro y redituable, y nula experimentación. Los títulos que mantuvo al aire son elocuentes: Los exitosos Pérez: experimento inusitado en los modelos tradicionales de Televisa, que pasó de ser fábrica de melodramas para Latinoamérica (y en algún momento para el mundo) a ser gran compradora de guiones, de origen argentino y colombiano, sobre todo. Con esta producción, no sólo adquirió el guión, sino que se fue hasta Argentina a grabar la historia. El resultado, con todo y la presencia de Verónica Castro, fue nefasto: la audiencia jamás se identificó ni con los personajes, ni con la historia, ni con el escenario. Era algo ajeno, lejano. Ni divirtió ni generó polémica

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con su mañoso abordaje sobre diversidad sexual. En Camaleones se hacía una apología cotidiana del delito, con Corazón salvaje se masacraba un melodrama clásico, casi canónico, mientras que Niña de mi corazón y Mar de amor perpetuaban la representación denigrante de las mujeres. Curiosamente, hubo dos títulos que funcionaron bien: Hasta que el dinero nos separe y Zacatillo, ambas narradas en un tono de comedia familiar.

da: Roomies, producción original de MVS que se transmite por Canal 52 MX y que llena un vacío imperdonable en la industria: la ficción dirigida al público juvenil (no hablamos de algo parecido a los elaborados productos mercadológicos de Televisa como Rebelde o Patito Feo). A ello se suma la propuesta de Canal Once con Soy tu fan, producida por Diego Luna y Gael García Bernal. Y ¿qué le ofreció Televisa a sus audiencias a cambio? Un remake (Soy tu dueña) y un reprise travestido de “estreno” (Locas de amor), mientras que en Tv Azteca se estrenaba la insufrible Quiéreme tonto, versión mexicana de la venezolana Bésame tonto. Ante este panorama, nos asaltan dos cuestiones: ¿qué es la ficción televisiva (pilar de una industria donde se compite terriblemente no sólo entre empresas, sino ahora con Internet) frente a la realidad que se cuenta en los noticiarios? ¿Cómo compite un espectáculo como Corazón salvaje con el show de Salvador Cabañas, la desaparición del Jefe Diego y el melodrama políticosexual del caso Paulette? Sin duda, las fronteras que delimitan la información del entretenimiento son ahora más que nunca difusas y se ponen más críticas si le añadimos el factor Internet, que se perfila como la gran surtidora de contenidos sin límite. El otro tema es que con lo que sucedió en el primer semestre de este año, es notable como se abre una brecha en lo que a calidad e innovación refiere entre la televisión privada de señal abierta y las públicas y de señal restringida. Esto tendría que llevar a reflexionar y reaccionar a los hombres de la televisión de este país. El descenso general de los puntos de rating y share de las telenovelas, tendencia de los últimos años, demuestra que los públicos están enviando señales de cansancio y hastío y que están dispuestos a migrar a otras pantallas.

Sin brújula Durante el primer semestre de este año, la televisora del Ajusco sostuvo su barra programática de ficción sobre cuatro títulos: tres telenovelas (Pasión morena, Vidas robadas, La Loba) y un dramatizado (Lo que callamos las mujeres). Desde hace mucho las producciones de Tv Azteca no figuran entre las telenovelas más vistas y su impacto se ve reducido entre su fiel nicho de televidentes, más por huir de los productos de Televisa y por costumbre, que por otra cosa. Aunado a esto está el factor productividad: Tv Azteca no produce en un año ni la mitad de títulos y horas de transmisión que Televisa, más poderosa que nunca (ver gráfico). Algo pasa con la empresa de Salinas Pliego. Directivos y creativos no terminan de encontrar un norte y asimilar qué significa ser la segunda cadena de televisión más importante en uno de los mercados de consumo de televisión más redituables y gordos del mundo. La ficción en Tv Azteca parece más orientada a rellenar una barra programática que a proponer cosas distintas, aun a la sombra de su competidora. Sencillamente, le ha dejado el negocio al corporativo de Azcárraga Jean. Si las telenovelas de Tv Azteca pecan de acartonadas y aburridas; el problema de Televisa es saberse hegemónica. Para decirlo con el analista Álvaro Cueva: “La bronLos 10 programas de ficción más vistos entre enero y junio de 2010 ca de las telenovelas de Televisa es que sus productores cayeron en una zona de Título Formato Origen del Rating (%) Share (%) Productora confort, donde todo les da lo mismo. El guión Telenovela Televisa Colombia 11 39.2 Hasta que el problema de las de TV Azteca es de idendinero nos tidad” (Milenio, 16 de abril de 2010). separe La novedad En abril la industria se volvió a mover y trajo bocanadas de aire fresco: Las Aparicio, fruto de la alianza Cadenatres-Argos. Se trata de un híbrido entre serie y telenovela que ha funcionado muy bien y que sorprende por su calidad de producción y por su línea editorial. Hay ahí un México retratado que inquieta, y si lo logra es porque refleja una realidad cercana, profundamente humana. El otro campanazo proviene también de la televisión privada de señal restringi-

Soy tu dueña

Telenovela

Televisa

México

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33.8

Corazón salvaje

Telenovela

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9.5

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Llena de amor

Televisa

Televisa

Venezuela

6.3

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Mar de amor

Telenovela

Venezuela

6.3

27.4

Los exitosos Pérez

Telenovela Televisa

Televisa

Argentina

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Zacatillo

Telenovela

Televisa

México

Locas de amor

Telenovela Serie Televisa

Argentina

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5.8 19.2

El clon

Telenovela

Telemundo

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5.2

Camaleones

Telenovela

Televisa

México

5.1

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24.7 23.3

Fuente: IBOPE-AGB México alexhuizar@hotmail.com obitelmexico@gmail.com octubre 2010

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Medios de Comunicación

Análisis

Macartismo en

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• Jenaro Villamil

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l lunes 30 de agosto de 2010, El Noticiero, conducido por Joaquín López Dóriga, abrió con el despliegue informativo de la detención de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, y con algunos adelantos del cuarto informe de gobierno de Felipe Calderón. Al filo de las 23:00 horas apareció el mensaje del empresario regiomontano Lorenzo Zambrano, presidente del Grupo Cemex, quien un día antes escribió en su cuenta de Twitter que “quien se va de Monterrey es un cobarde”. El magnate convocó a “luchar por lo que creemos. Tenemos que retomar nuestra gran ciudad”. Zambrano aludía así a la ola de pánico generada en la clase pudiente de Monterrey, a raíz de los enfrentamientos de los cárteles de la droga, los narcobloqueos y una ola delictiva inusitada en la ciudad que es considerada la capital de los grandes grupos financieros e industriales del país. Sin embargo, el noticiero estelar de Televisa contextualizó el Twitter de Zambrano con una información extraña: “Y no es que sean muchos los hombres de negocios que se han ido de Monterrey, pero sí son conocidos”, afirmó López Dóriga. “Es el caso del dueño de los periódicos El Norte y Reforma, Alejandro Junco, que es uno de los que abandonaron Monterrey para irse a refugiar a Texas, donde vive en su residencia de Austin. “En julio de 2008, cuando se fue, Junco envió una carta al gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás”. La imagen de fondo, mientras se 42

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reproducían párrafos de la misiva, era una foto de Junco de la Vega. “Sé que te enteraste de que mi familia y yo nos hemos cambiado de residencia a Texas. Estaba en un dilema. Comprometer nuestra integridad editorial o cambiar a la familia a un lugar seguro. Los problemas de inseguridad a eso nos orillaron. Perdimos la fe. Y eso cuenta mucho en un país donde millones la han perdido y han emigrado”, decía la carta de Junco de la Vega, en uno de sus párrafos centrales. Lo novedoso era que Televisa, como no queriendo la cosa, ejemplificara el calificativo de “cobardes” de Zambrano con la imagen y la carta de Junco de la Vega. A algunos observadores les llamó la atención que este consorcio televisivo decidiera lanzar un ataque tan directo contra el director de un grupo editorial que adquirió influencia entre el empresariado y la clase media del país desde su fundación en 1993, el periódico Reforma, en la Ciudad de México. La línea editorial del rotativo ha sido muy distante a los periódicos de corte priísta y mucho más a los de la izquierda capitalina. Más bien, Reforma ha sido el periódico emblemático de la derecha empresarial, en algunas ocasiones muy cercanos al PAN y, a raíz de la guerra contra el crimen organizado, muy críticos de los resultados de los operativos policíacos y militares ordenados por el gobierno panista de Felipe Calderón. En especial, Reforma comenzó a publicar notas y análisis editoriales incómodos para Televisa, a raíz de que esta empresa resultara la gran ganadora de las dos licitaciones más importantes de este sexenio

Isaac Esquivel/Cuartoscuro

Televisa

Alejandro Junco

en materia de telecomunicaciones: la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y el bloque de 30 Megahertz, el más grande de todos, de la licitación 21 para la telefonía móvil convergente con Internet. “Una ganga”, calificó Reforma en sus cabezas editoriales el hecho de que Televisa y su socio Nextel pagara solamente 180.3 millones de pesos por un espectro muy valioso, mientras que sus otros competidores pagaron más de 25 veces por el mismo espectro, aunque en bloques menores a los 30 Mhz. Días antes que Televisa mencionara a Junco de la Vega como uno de los empresarios que decidió salirse de Monterrey, la ex subsecretaria de Comunicaciones, Purificación Carpinteyro, reveló que el consorcio televisivo tenía el control del grupo de cableros asociados en PCTV y le ordenaba a varios de sus integrantes “ventas atadas” de contenidos.

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Hasta ese momento, las diferencias parecían estar dentro del tono tradicional de la crítica a las licitaciones de telecomunicaciones y a las negativas constantes de Televisa de que hubiera tenido un trato privilegiado para quedarse con buena parte del espectro de mayor valor para el mercado del cuádruple play.

Linchamiento y Pánico Moral La situación cambió cuando la emisión nocturna de El Noticiero del 6 de septiembre, inició una campaña de linchamiento contra los periódicos del Grupo Reforma por la publicación de anuncios clasificados en Metro, la edición de bajo costo que circula en la Ciudad de México, donde se promueven servicios sexuales de mujeres y hombres. Entre el 6 y el 9 de septiembre, los segmentos informativos de Televisa le destinaron más de hora y media a “documentar” que a través de esos anuncios se promueve la trata de personas, el tercer delito más grave dentro de los que conforman el crimen organizado. Televisa revivió un debate que tres meses atrás se generó en España para regular el mercado publicitario de este tipo de servicios que, efectivamente, pueden conducir a la explotación sexual de personas, especialmente mujeres migrantes de Europa oriental. Sin embargo, el contenido de los reportajes y de los comentarios editoriales realizados durante cuatro días tenían una sola finalidad: exhibir a Grupo Reforma como una empresa editorial de “doble moral” que, por un lado, condena en sus primeras páginas el crimen organizado y, al mismo tiempo, “lo promueve” en sus páginas de anuncios clasificados. Televisa entrevistó y editó las declaraciones de decenas de senadores y de “expertos” en esta materia para inducir claramente una opinión en contra de Metro. Presentaron segmentos de los anuncios clasificados, entrevistaron a supuestos sexoservidoras

y sexoservidores que se anuncian a través de ellos y consideraron que esto se trataba de una “bomba de tiempo”. Reforma guardó un hermético silencio ante la andanada de Televisa. Ningún comentario editorial del grupo ni ninguna nota informativa haciendo referencia a un linchamiento mediático que para la mayoría de los observadores respondía más a una venganza por algún tipo de cobertura o por la suma de las críticas que se han expresado en las páginas de este periódico contra Televisa. La campaña de linchamiento antecedió a la visita de Felipe Calderón a Monterrey, el 10 de septiembre, donde se reunió en privado con el Grupo de los 10, integrado por los magnates más importantes de los sectores productivos de Monterrey. Otro dato no menor es el hecho de que Reforma no se sumó al grupo de medios patrocinadores de Iniciativa México, donde Televisa ha presumido la incorporación de más de 600 medios impresos y electrónicos. Muchos de los periódicos que participan en Iniciativa México también publican este tipo de anuncios clasificados. A ellos no los mencionó Televisa en sus reportajes. Mucho menos mencionó que en sus propias publicaciones, como la revista TVyNovelas, existen anuncios clasificados para llamar a líneas telefónicas donde se dan servicios sexuales o “videos cachondos”, así como contactos para masajes, relaciones de parejas y lecciones del Kamasutra. Entre esos anuncios y los

que Televisa documentó utilizando las páginas de Metro existe una misma tendencia: el sexismo claro y abierto, el tratamiento de la mujer como objeto de consumo y de placer, a gusto de las pulsiones machistas. Se trató de una campaña unilateral, unificada en todos los canales del consorcio televisivo, en la mayoría de los segmentos informativos y hasta en la emisión de Tercer Grado, donde participan los comentaristas de Televisa y Milenio TV. La periodista Carmen Aristegui fue la primera en señalar que se trató de una campaña unilateral y escribió en su artículo editorial de Reforma, el viernes 10 de septiembre: “Es de tal obviedad que se trata de una campaña que los colegas que se encargan octubre 2010

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editorial, como enemigo de la legalidad, cuyo tribunal es la pantalla. La clave de una campaña de odio es evitar el feedback, es decir, la réplica o la interacción con aquellos sectores que no estén de acuerdo con la unilateralidad de los mensajes o del linchamiento emprendido en la pantalla.

Revire de Televisa Y eso realizó Televisa en la segunda fase de su linchamiento contra Grupo Reforma: responder “golpe por golpe” a las críticas que se expresaron en algunos espacios editoriales. Televisa no abrió la pantalla para discutir a profundidad este fenómeno y frenar la campaña unilateral lanzada contra Grupo Reforma. Respondió con cartas de réplica y de amenazas nada veladas en los periódicos donde fueron expresadas esas críticas, con un impacto mucho menor al que se genera cuando se utiliza una cadena nacional de televisión, como el canal 2, con capacidad de llegar a 40 millones de hogares. En otras palabras, no hubo equidad ni correspondencia entre el nivel del ataque emprendido en la pantalla con las críticas y los argumentos que se ventilaron en algunos medios impresos. Sin embargo, las respuestas de Grupo Televisa a Carmen Aristegui, a Miguel Ángel Granados Chapa, al diputado Javier Corral y a la escritora Guadalupe Loaeza, entre otros, dan una idea del tamaño de la arrogancia y de la intimidación que pretenden los altos ejecutivos de la televisora ejercer en contra de sus críticos. Manuel Compeán Palacios, director general corporativo de Comunicación de Grupo Televisa, firmó una extensa carta de réplica a Carmen Aristegui, publicada el lunes 13 de septiembre, en la que Ivan Bustamante/Cuartoscuro

de alimentarla la deben estar pasando muy mal. El modelo ya lo conocemos”. En el noticiero de MVS argumenté que se trataba de una campaña de pánico moral por las siguientes razones: -Busca criminalizar a un sector por prácticas condenadas de antemano como delictivas, pero no comprobadas como tales. -Se sobredimensiona la amenaza o peligro latente, al concluir que a través de estos anuncios se puede inferir que Grupo Reforma es parte del “crimen organizado”. -Existe una violencia verbal y simbólica muy claras en la cobertura del “caso Grupo Reforma”. El pánico moral es una reacción frente a una “condición, episodio, persona o grupo de personas que emergen como una amenaza a los valores e intereses de la sociedad” o de un grupo de intereses (Cohen, pp). El instrumento ideal para generar pánico moral son las campañas de odio. La pretensión de estas campañas de odio no es informar, documentar,

Carmen Aristegui

contrastar versiones, transparentar decisiones, develar casos de corrupción o acceder a los secretos de un poder inescrutable. El objetivo es estigmatizar, criminalizar. Buscan conmocionar a las audiencias hasta colocar a un partido, a un líder social y, en este caso, a un grupo 44

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se exhiben muchos de los “criterios” de la televisora para emprender campañas de linchamiento: “¿Te sorprende que en nuestros reportajes nos enfoquemos en Grupo Reforma y dejemos de lado otros medios? Basta señalar que cada medio de comunicación decide qué es lo más periodístico de una noticia y lo resalta. En muchas informaciones que involucran a Televisa junto con otros medios, actores o empresas, el propio Grupo Reforma y tú se concentran sólo en Televisa. De igual manera, al observar cómo Reforma ha intentado autoproclamarse en algo así como ‘la catedral del periodismo puro’ nos resulta asombroso y, por ello, de alto valor periodístico, que nutra sus ingresos de dinero que parece claramente provenir del crimen organizado. Es tan periodístico como enterarse que una catedral por las noches se vuelve en algo así como un congal”. Compeán no se limita a exhibir sus metáforas fallidas. En esa misma carta de réplica, lanza también otras hipótesis en contra de Aristegui y sus críticos: “¿El asunto está en otra parte? No, Carmen. Sabemos que ejecutas una línea editorial contra Televisa, pero el asunto no está en por qué Televisa denuncia a Grupo Reforma sino en por qué sus periódicos publican estos anuncios a sabiendas de sus potenciales implicaciones criminales. “Carmen, lo que tu postura revela es que la verdadera ‘clara, evidente y brutal campaña de linchamiento’ es la que sigues con Televisa cotidianamente desde hace varios años. “Que la ‘triste y obediente colaboración de comunicadores y presentadores’ (y en tu caso, algunos políticos que te son afines) es la tuya y de tu equipo, capaces de cegarse ante un delito con tal de seguir en su obsesión contra esta empresa, obsesión que es ahora alimentada, desde luego, por los intereses corporativos que te dan cobijo y financia-

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miento”. (Reforma, 13 de septiembre 2010, p. 17) En un tono similar, insidioso y sin argumentación contundente, Compeán respondió también a la columna de Miguel Ángel Granados Chapa, titulada La Doble Moral de Televisa. En ese espacio, el columnista mencionó la contradicción que representa el hecho de que TVyNovelas publique también anuncios de servicios sexuales y no se mencionen en la “denuncia sobre las mafias de trata de personas que se anuncian en secciones dedicadas a la prostitución”. Así respondió Televisa: “En cuanto a la alusión que hace a la revista TVyNovelas de Televisa, con la que pretende equiparar su publicidad a la del Grupo Reforma, baste decir que tal comparación es absolutamente tramposa y mentirosa. En las páginas de este semanario no hay un solo anuncio de prostitución o que pueda considerarse vinculado a las mafias dedicadas a la trata de personas: ninguna de las inserciones comerciales en TVyNovelas pone en contacto al consumidor con sexoservidoras ni convoca a mujeres a enrolarse en los grupos que las manejan”. (Reforma, 14 de septiembre de 2010, p. 17) Y eso sólo porque el vocero de Televisa lo afirma. La misma vara con la que mide los anuncios de otro grupo editorial no es válida para sus mismos segmentos publicitarios. Así lo reafirmó el mismo Compeán Palacios en otra carta de réplica a Javier Corral, quien publicó el 14 de septiembre en El Universal, un artículo titulado “Televisa, balazo en el pie”: “Los alegatos del señor Javier Corral contra TVyNovelas son falsos y mentirosos dado que pretende equiparar su publicidad a la del Grupo Reforma. Basta decir que tal comparación es una más de las mentiras del diputado Corral. En las páginas de TVyNovelas no hay un solo anuncio de prostitución o que pueda considerarse vinculado a las mafias dedicadas a

la trata de personas. De hecho, ninguna revista de Editorial Televisa pone en contacto al consumidor con sexoservidoras ni convoca a mujeres a enrolarse en los grupos que las manipulan. “Señor Corral, lo retamos a que, si encuentra un ejemplar que contradiga nuestro dicho, acuda a la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas –dependiente de la Secretaría de Gobernación- y que presente la denuncia respectiva así como las de otros medios de comunicación que claramente publicitan la prostitución de mujeres en sus medios”. (El Universal, 15 de septiembre de 2010, p. 14ª) Ni Compeán ni Televisa respondieron al punto medular de la crítica al linchamiento o al uso y abuso de la pantalla concesionada para tratar de silenciar a sus críticos en medios impresos o en otros medios electrónicos. Utilizaron un instrumento de pánico moral, como si se tratara de una cruzada propia, para inferir que ciertos periódicos, en este caso, el Grupo Reforma, está vinculado al crimen organizado. Guillermo Perea/Cuartoscuro

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Granados Chapa

Macartismo Una especie de macartismo televisivo se inauguró con esta campaña y con las réplicas de Televisa a sus críticos. Un Big Brother totalizador y acaparador que puede exhibir y “mirar” las debilidades o los presuntos actos criminales de otros, pero no acepta jugar bajo las reglas del periodismo sino bajo las de un poder monopólico. El macartismo representó una etapa de “purgas”, señalamientos públicos, investigaciones e indagaciones contra comunistas reales o supuestos en el periodo más crítico de la “guerra fría” en Estados Unidos (1950-1954). El senador republicano Joseph Mc Carthy, líder moral y político de este movimiento, convocó a una cruzada de pánico moral contra aquellos que estaban en contra de los “intereses superiores” de la gran potencia emergente de la Segunda Guerra Mundial. El macartismo generó un clima de sospecha, desconfianza y linchamiento moral contra aquellos que el senador Mc Carthy consideraba parte de una conspiración contra el poderío norteamericano. La extrapolación del término hacia la animosidad de los ejecutivos de Televisa frente a la crítica tiene una razón de ser: justo en el momento que el poder de intimidación y de presión del consorcio mediático es mayor, es indispensable reflexionar sobre el uso y abuso de ese poder que ya no sólo se limitará a la pantalla que controlan a través de sus 258 frecuencias de televisión abierta. Pretenden expandirlo a los espacios editoriales de los “periódicos afines”, de las estaciones de radio de grupos mediáticos que se han plegado a sus intereses, de las señales de televisión restringida que controlan a través de distintos mecanismos de concentración del mercado y, sobre todo, de sus contenidos. jenarovi@yahoo.com.mx

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Análisis

Cultura de la legalidad y medios de comunicación

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• José Carlos Lozano

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onterrey.- Contagiados de adrenalina, alarma y búsqueda frenética de circulación o audiencia, los periódicos y los noticieros televisivos locales y nacionales llenan sus espacios o sus tiempos con notas, entrevistas, reportajes y editoriales sobre los acontecimientos de violencia, criminalidad y desafío a la legalidad. Rebasados por la frecuencia y la intensidad de cada incidente, los medios se vuelcan a proporcionar las crónicas, las imágenes sangrientas, las estadísticas macabras, los gráficos con mapas y diagramas de escenarios, armas, reconstrucciones de secuestros, levantotes o balaceras. Los comunicadores rara vez se detienen a definir políticas y criterios que les permitan evitar convertirse en parte del problema al contribuir a sembrar pánico, al generar una percepción de anarquía y pérdida del estado de derecho, o al desviar la atención de sus públicos a lo anecdótico, lo fragmentario, lo sensacional. ¿Qué hacer en medio de la vorágine para cubrir los temas de inseguridad y crimen de forma tal que se evite caer en esas trampas?, ¿cómo lograr que, mientras se informa y se opina sobre el incidente en turno, se reoriente la discusión hacia estrategias y acciones que apoyen una solución ciudadana? Incorporar explícitamente referencias que promuevan la cultura de la legalidad entre lectores y televidentes es una alternativa factible y relevante que no pone en riesgo al periodista en estos tiempos en que el Estado no puede garantizar su seguridad y que tampoco requiere de 46

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mayores recursos o capacitación. La cultura de la legalidad se refiere a la existencia de valores y actitudes en la mayoría de los miembros de una sociedad que la hace simpatizar con el estado de derecho y respetar las leyes. La cultura de la legalidad se presenta cuando “la persona común y corriente considera que las normas legales son, ya sea parte fundamental de la justicia, o que proveen la vía para lograrla y piensa que ese sistema mejora la calidad de vida de los individuos y de la sociedad en su conjunto” afirma el académico de la Universidad de Georgetown, Roy Godson. Como características esenciales de la cultura de la legalidad se pueden mencionar las siguientes: 1) La sociedad conoce la mayoría de las normas y las leyes; 2) la mayoría tiene la voluntad de respetar las normas y las leyes; 3) Existe coordinación y trabajo conjunto entre los distintos órdenes de gobierno y poderes de la unión; 4) Existen sanciones por la violación a la ley; 5) Existe un proceso de defensa de los acusados; 6) Existe un sistema de apoyo a las víctimas de agresiones penadas por la ley; 7) Se condena a la delincuencia y la corrupción; 8) Existe un sistema para cambiar las leyes. El estado de derecho, sin cultura de la legalidad no es factible ni deseable; sin leyes o sin su aplicación, la cultura de la legalidad por sí misma no puede generar un estado de derecho. ¿Qué están haciendo los medios informativos para reforzar y promover esos principios de la cultura de la legalidad? ¿Qué pueden hacer para ello? ¿En qué

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grado están obstaculizando y erosionando esa cultura de la legalidad entre sus públicos a consecuencia de manejos y enfoques inadecuados en su cobertura de la inseguridad y el crimen?

Políticas periodísticas para el manejo de la información sobre violencia y crimen A continuación se proponen ocho acciones derivadas de las características esenciales de la cultura de la legalidad que los diarios y los noticieros televisivos pueden establecer como criterios y ordenamientos para que se incorporen en su cobertura informativa sobre crimen y violencia: 1. Mencionar explícitamente en las notas y colaboraciones que se presten para ello las normas o leyes violadas o que no se aplicaron, para promover y reforzar entre los lectores o televidentes el conocimiento y recordación de las mismas, paso preliminar para cualquier desarrollo y consolidación de una cultura de la legalidad. 2. Destacar la necesidad y conveniencia de respetar las leyes como base para solucionar estructuralmente el problema de la inseguridad, la violencia y el cri-

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men. De esta forma, se estará reforzando en los ciudadanos la voluntad y la aceptación de las normas legales vigentes. 3. Exigir a los actores políticos la necesidad de llegar a consensos y acuerdos que generen y respalden una política de Estado que permita que los poderes de la unión se organicen y respondan integralmente a los desafíos contra el estado de derecho. 4. Promover la necesidad de aplicar sanciones y/o atacar y disminuir la impunidad como solución estructural a los delitos, la inseguridad y la corrupción, para mantener en la agenda del público la importancia de exigir y demandar sanciones a la violación de una ley. 5. Respetar el derecho de los acusados y detenidos a la presunción de inocencia y reconocer y mencionar su derecho a procesos de defensa y juicio, más allá del uso de la palabra “presunto” en la información, para evitar que los ciudadanos adopten actitudes contrarias a los derechos humanos y legales de los involucrados. 6. Demandar en su cobertura sobre víctimas y afectados por hechos delictivos el apoyo institucional al que tienen derecho en lo legal, lo psicológico y en su seguridad. 7. Plantear o transmitir en sus notas condenas claras y explícitas a la delincuencia y la corrupción, calificando a los actos delictivos o corruptos como amenazas a la democracia y al bien común. 8. Incluir en la cobertura referencias propias, de actores políticos o de expertos a la necesidad de cambiar, introducir o adecuar leyes o normas que permitan enfrentar de manera más adecuada las situaciones de inseguridad, delincuencia y corrupción. Cada punto responde a las características obligatorias entre la ciudadanía para desarrollar y practicar una cultura de la le-

galidad y clarifica lo que los medios informativos podrían hacer para apoyarla, reforzarla y consolidarla en tiempos en que la desesperación, el miedo o la desconfianza hacia las autoridades puede llevar a los ciudadanos a rechazar dichos principios para adoptar otros que lleven a la brutalidad, los excesos y el abandono de lo que a largo plazo es la única opción para mantener la cohesión, el consenso y la armonía social. Como se advierte en cada uno

de los ocho puntos, no se trata de cuestiones abstractas difíciles de materializar. Por el contrario, sólo se requiere voluntad y decisión para que el reportero o redactor incluya sistemáticamente en los contenidos noticiosos referencias explícitas frecuentes a esos principios. No es peligroso, como sí lo es el realizar periodismo de investigación sobre inseguridad y crimen. Pero sí requiere compromiso y ética periodística para ir más allá de la cobertura circunstancial, fragmentaria y sensacionalista para ofrecer cómos y por qués en la búsqueda de soluciones satisfactorias a largo plazo. jclozano@itesm.mx

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Comunicación política

Análisis

La Barbie y El Grande, Rodolfo Angulo/Cuartoscuro

triunfos mediáticos

Un show más

• José Reveles

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a teatral presentación de Edgar Valdez Villarreal La Barbie, cuya detención fue publicitada a los cuatro vientos como un triunfo de alto impacto por parte del gobierno, resultó un acto fallido, un show más, una puesta en escena mediática, luego que se descubrió que el peligroso narcotraficante se habría entregado sin oponer resistencia después que rebasó, a exceso de velocidad, a patrulleros que dice la autoridad que lo estaban buscando en la carretera México-Toluca. Frente a la opinión pública, el gobierno quedó en ridículo, pues fue capaz de inventar toda una trama peliculesca para exhibir un trofeo como producto de exhaustivas investigaciones, mientras que el parte oficial de la policía revelaba que se trató de una aprehensión accidental. Y el ciudadano común quedó convencido 48

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de que fue una entrega pactada con autoridades mexicanas y estadunidenses. ¿De qué se ríe La Barbie?, me preguntó a bocajarro Javier Solórzano en su noticiario radiofónico matutino. -“Del boletín oficial que está leyendo Facundo Rosas” (subsecretario de Seguridad Pública federal)- le respondí, también a bote pronto, porque estaba convencido, en el momento mismo de la escenografía, que la novela de ciencia ficción en la que los héroes policiales anónimos habían hecho un trabajo de “inteligencia” de más de 14 meses para capturar a este sanguinario jefe de sicarios, del virtualmente extinto cártel de los Beltrán Leyva, buscaba publicidad gratuita, oportunista, "engañabobos" y nada más. Hay varias verdades ocultas detrás del andamiaje propagandístico oficial. Hay lecturas diferentes respecto de la versión aderezada para los medios:

Valdez Villarreal no es el “capo” relevante cuya imagen quiso vender el gobierno, aunque su porte físico estaba que ni mandado a hacer: güero, ojo azul, texano, ultra violento y supuestamente de primer nivel. Algo similar a la guapa francesa Florence Cassez, todavía presa como supuesta secuestradora y reclamada por el gobierno de Nicolás Sarkozy porque su detención fue falsamente recreada a las televisoras un día después de que ya estaba capturada por la autoridad. Eran tiempos preelectorales (finales de 2005) y convenía exaltar la eficiencia de la entonces Agencia Federal de Investigación. En realidad La Barbie era solo un jefe de sicarios, un matón pero no un negociador; un eliminador de enemigos pero no el enlace internacional con las mafias del narcotráfico (excepto Panamá y Colombia, plazas que heredó de sus jefes, los Beltrán Leyva). La Barbie era un lugarteniente y nada más, pero con el añadido de que ya estaba muy acosado, acorralado por sus enemigos: era, pues, un narcotraficante en fuga, como se colige en cuanto se analiza cómo los cadáveres colgados de los puentes en Cuernavaca, Morelos, fueron colocados por el Cártel del Pacífico Sur (CPS), sucursal del Cártel de Sinaloa o Cártel del Pacífico, pero en contra de él, con el anunciado propósito de asesinarlo. Es decir: capturaron al amenazado, al perseguido, pero siguen libres los que lo atacaban con violencia. A partir de esta realidad, se puede concluir que La Barbie, incapaz de enfrentar la dimensión de sus enemigos, pactó su entrega tanto con autoridades mexicanas como con las de Estados Unidos, país donde nació y a donde irá seguramente. Alber-

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El delator El presunto súper capo y su media docena de acompañantes, según la versión oficial, no portaban ni una sola pistola; solo se le incautaron dos rifles, uno de ellos con lanzagranadas, que no fueron utilizados durante la captura. Toda la información del gobierno contribuye a concluir que Valdez Villarreal decidió entregarse y delatar a cómplices y enemigos por parejo, a saber: -En las horas siguientes fueron capturados en su país ocho colombianos directamente relacionados con La Barbie. -En Puente de Ixtla y Tlaltizapán, Morelos, fueron exhumados por lo menos nueve cadáveres de personas ejecutadas por la organización de La Barbie, los cuales estaban en narcofosas, según datos que el mismo delincuente proporcionó. -El boletín oficial describe a La Barbie como quien “reclutaba” autoridades para servir a los intereses del narcotráfico, una aceptación pública de que en México ya se instaló la narcopolítica. Por todo lo anterior, parece obvio que el principal enemigo declarado de La Barbie, el otro jefe de sicarios Sergio Villarreal Barragán, El Grande, fue detenido gracias a una delación de Valdez Villarreal y no por meses de investigación, como volvió a repetir la autoridad, ya despojada de toda credibilidad.

En estricto sentido, El Grande debió ser capturado mucho tiempo antes, pues tenía más de dos años y medio de haber sido señalado como el enlace corrupto entre los Beltrán Leyva y funcionarios militares adscritos a la Procuraduría General de la República. Según declaró el testigo protegido Saúl (4 de agosto de 2008), El Grande entregaba cantidades millonarias de

textualmente decía: “Para el Jefe de Jefes. Para un gran amigo que nunca olvidaré, don Arturo Beltrán Leyva, de su amigo El Grande, quien lo quiso como a un padre. No descansaré hasta cumplir mi promesa de acabar con el homosexual de Edgar Valdez Villarreal, La Barbie”. Estas dos capturas no afectan en absoluto al tráfico de drogas, que sigue operando sin problema alguno. Aún si

Cuartoscuro

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ga la esperanza de ver reducida su sentencia cuando obtenga el status de testigo protegido, colaborador, delator o como quiera que se le llame. Mejor esa prisión reducida en años que ser ejecutado y, en el peor de los casos, previamente torturado. La SSP le atribuyó haber traficado una tonelada de cocaína al mes. Se sabe que la autoridad suele inflar los datos para hacer más relevante la aprehensión, pero aún así las 12 toneladas hipotéticas que habría trasegado La Barbie no significan sino el cuatro por ciento de toda la cocaína que ingresa vía México a Estados Unidos, unas 300 toneladas por año.

El Grande

dinero a Francisco Jiménez El Pinocho, y al mayor del ejército Fernando Rivera, ambos funcionarios de la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada) y consiguió que estos servidores públicos le aportaran la lista de los soldados que lograron detener, en enero de 2008, a Alfredo Beltrán Leyva El Mochomo. Además de corruptos, los funcionarios de la PGR traicionaban a sus compañeros de armas, ya que los colocaban en bandeja para ser eventualmente liquidados por la delincuencia organizada. El Grande, Sergio Villarreal Barragán, ordenó colocar un narcomensaje en Cuernavaca tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, en diciembre de 2009, que

fuesen capturados diez o veinte lugartenientes del nivel de La Barbie y El Grande, tampoco se afectaría el trasiego de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos, el mercado más voraz para las drogas. El narcotráfico en México sigue operando gracias a la protección oficial. El problema es que, además de satisfacer al mercado estadunidense, en nuestro país se ha incrementado el consumo local. Hay por lo menos dos millones de nuevos adictos en lo que va del sexenio de Felipe Calderón, pues las mafias se han propuesto generar mercado de consumidores mexicanos para incrementar sus ganancias y para contar con una masa de drogadictos locales que consuman la droga que no pueda transitar hacia Estados Unidos. octubre 2010

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Cifras mezquinas El mismo titular de la SSP federal, Genaro García Luna, que timó a la opinión pública con datos falsos de la captura de La Barbie, días antes pretendió regañar a los medios y a políticos que le “regatean” triunfos al gobierno. Los llamó “mezquinos”. Pero a la hora de aportar cifras de “logros” de su Policía Federal en los anexos del IV Informe de Gobierno de Felipe Calderón, colocó datos apabullantes y reprobatorios en contra de la gestión de Vicente Fox en varios rubros, pero sobre todo en materia de secuestros, con lo que, además de mentiras, se exhibieron mezquindades por escrito. Por ejemplo: Ni un solo laboratorio de drogas desmantelado, ni una banda de secuestradores desarticulada y ninguna persona detenida -en el tema del plagio- “que pueda ser vinculada a alguno de los cárteles del narcotráfico”. Aparecen cinco presuntos secuestradores detenidos en todo el sexenio contra mil 156 arrestados que se registran del 1 de diciembre de 2006 al 26 de agosto de 2010. La variación es del ¡23 mil 020 por ciento!, tal cual está impreso en los anexos de la Policía Federal que depende de la Secretaría de Seguridad Pública federal. Cuando habla de aseguramientos de moneda extranjera y nacional, el aumento es de 433% y 361.9%, respectivamente. Pero otra vez hay un salto descomunal en lo que hace a equipo de comunicación: 229 contra siete mil 029, lo que arroja una diferencia entre sexenio y sexenio (ambos panistas) de ¡32 mil 400 por ciento! 50

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SSPF

Parte de la tragedia mexicana y la exacerbada violencia se da precisamente porque las mafias conquistan territorio e implantan el consumo entre los jóvenes, lo mismo en las costas de Guerrero que en las serranías de Durango y Sinaloa o la semiaridez de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Baja California.

La pasarela

Este escribidor se dio a la tarea de buscar los datos ofrecidos en el Sexto Informe de Gobierno de Vicente Fox y resulta que del 1 de diciembre de 2000 al 30 de junio de 2006, “se detuvo a 568 secuestradores y se desmantelaron 90 bandas… y se atendieron 140 casos en coadyuvancia con las procuradurías estatales de Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz y Distrito Federal”, aparece en el apartado tres de “Seguridad, orden y respeto”. Lo que la actual Policía Federal está informando es una casi total inactividad de las administraciones de Alejandro Gertz Manero (hoy diputado federal) y de Eduardo Medina Mora (ex procurador de la República y actual embajador en Gran Bretaña) en la persecución de secuestradores y en desmantelamientos de laboratorios de droga y los dedicados a la piratería. De ser ciertos uno y otro recuentos de logros, la conclusión que sugieren las cifras comparativas es que la Policía Federal en manos de Genaro García Luna

sí actúa contra este tipo de delincuentes y que lo que se logró en el sexenio de Vicente Fox ocurrió en el ámbito de la Procuraduría General de la República y la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), cuando esta última estaba precisamente bajo el mando del propio García Luna. No se entienden de otra manera las estadísticas que por sí mismas descalifican a la anterior administración. De todas formas, en medio de este manejo de cifras “mezquino” aparece el peine que se quiso ocultar. El cártel más poderoso de México y de América Latina, el de Sinaloa, no es el más atacado por el gobierno. De hecho es el que se benefició con la captura de La Barbie y El Grande, estorbos prescindibles para los intereses de la organización que encabezan Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada y Juan José Esparragoza El Azul. Dice la Policía Federal que detuvo, en lo que va del sexenio, a 43 mil 530 presuntos delincuentes en flagrancia. Hay mil 753 detenidos con algún nivel de mando en las estructuras criminales. El más diezmado sería el Cártel del Golfo-Zetas con 653 capturados (esa organización ya se escindió y despliega una guerra intestina en varios estados del país, sobre todo en Tamaulipas y Nuevo León). En segundo lugar, La Familia Michoacana, con 560 detenidos. Y hasta el tercer sitio aparece el Cártel de Sinaloa (al que el informe llama Cártel del Pacífico), con 325 detenidos, menos de la mitad que Golfo-Zetas. Siguen el de Juárez con 116, los Arellano Félix con 65 y, caso insólito, se detuvo a 34 integrantes de un Cártel extranjero, el del Valle de Colombia. Se le olvidó a la PF contar a los pocos capturados de la organización Beltrán Leyva. Y no hay uno solo al que se atribuya pertenecer a la organización de Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, a quien se presentó públicamente como un gran “capo” del narcotráfico. jreveles@prodigy.net.mx

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Análisis

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• Alberto Aziz Nassif

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Las elecciones locales de 2010 han marcado el inicio de la parte final del sexenio. Las alianzas entre los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) generaron tensiones en la clase política y dividieron en dos bandos a los partidarios y adversarios de este tipo de arreglos. Sin duda, las elecciones congelaron el trabajo legislativo y, con una suspensión de actividades de los partidos y sus fracciones parlamentarias, los legisladores se dedicaron a las labores electorales. Pero, ¿saben hacer otra cosa que competir en las urnas? Los resultados electorales dejaron una nueva distribución del poder en los estados donde hubo comicios, las 12 gubernaturas (Chihuahua, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Sinaloa, Aguascalientes, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y Quintana Roo) y los dos procesos intermedios locales (Baja California y Chiapas). La mitad de las entidades tuvieron alternancia, el eje fueron los triunfos y derrotas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que recuperó estados gobernados por el PAN, como Aguascalientes y Tlaxcala, o Zacatecas que tenía dos sexenios en poder del PRD, pero la nota más llamativa fue que perdió tres estados a manos de la alianza PAN-PRD, Puebla, Oaxaca y Sinaloa. Hubo resultados competidos en dos estados que tuvieron alianzas, Hidalgo y Durango. De esta forma, lo que se presagió como triunfo de “carro completo” para el PRI, terminó con resultados divididos. En una lectura formal el balance del tricolor no alteró sus números, perdió tres estados y ganó otros tres; sin

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embargo, en el peso específico de número de ciudadanos gobernados, PIB, padrón electoral y presupuesto público, si hubo una derrota importante para ese partido, como se verá más adelante. En torno a los comicios hubo sucesos importantes que marcaron un clima singular. Como el asesinato del candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, días antes de las elecciones, muerte que terminó en litigio de cobro de facturas del PRI al presidente Calderón. El caso Tamaulipas mostró un nuevo agravamiento en la inseguridad y la presencia del crimen organizado y, al mismo tiempo, expresó el escalamiento del narcotráfico en la vida política de partidos y candidatos. También sorprendieron los triunfos de las alianzas, en especial porque se esperaba una competencia reñida, pero los errores en la mayoría de las encuestas no permitieron tener certezas previas del 4 de julio. Este hecho despertó optimismo, porque con el voto ciudadano se derrotó a dos de los gobiernos que más han representado un atraso autoritario, como en Oaxaca y Puebla. Encontrar significados de esta elección no es tarea sencilla, en particular porque no se trató de un proceso, sino de 14, en donde cada estado y región tuvieron su historia particular y trama de acontecimientos y expresiones; no pretendo hacer un recuento de cada historia. Tampoco se trata de poner a prueba un supuesto sobre como el 2010 anticipa lo que sucederá en dos años con la sucesión presidencial, porque no es posible deducir este tipo de razonamiento. El objetivo es discutir hipótesis y versiones

sobre como los comicios en México, en este caso locales, se han vaciado de contendidos democráticos y han terminado en competencias por territorios y presupuestos, sin ofrecer proyectos de gobierno que incluyan los intereses de la mayoría de las ciudadanos y se respeten las diferencias de las minorías. Para este tipo de reflexión consideraremos el modelo de competencia que unifica los mecanismos de acceso a puestos de poder gubernamental; resultados, votos, niveles de participación; quizá, lo más relevante sea discutir el sentido que tienen, en la región, las alternancias, sus posibilidades, así como sus limitaciones para indagar qué tan lejos o cerca están algunas regiones del país de un sistema democrático.

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El modelo de competencia se mueve en una dinámica que va de nuevas reglas del juego a viejas inercias. Esta mixtura genera gran heterogeneidad de criterios para arbitrar las elecciones y la calidad de los procesos. En este sentido, se podría octubre 2010

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Moisés Pablo/Cuartoscuro

establecer que a medida que los gobiernos locales tienen un signo más caciquil y existen menos contrapesos de crítica y oposición, mayor es el control del gobernador sobre los organismos -supuestamente- autónomos. La evidencia se hizo pública al darse a conocer algunas grabaciones donde los gobernadores de Veracruz y Oaxaca asumieron el mando de las campañas de su partido y establecieron relaciones de subordinación respecto a los árbitros de la contienda. Una de las marcas más importantes de las elecciones locales del 2010 fueron las condiciones de la competencia, es decir, en que términos se enfrentaron los partidos para disputarse los votos. Después de la experiencia de las elecciones federales del 2009, en donde el PRI tuvo una considerable recuperación a costa del retroceso de los otros dos grandes partidos, PAN y PRD, surgió la idea de establecer alianzas electorales entre estos dos para enfrentar en mejores condiciones de competencia al tricolor. La apuesta de las alianzas entre “izquierda” y “derecha”, con todas las complicaciones que rodearon estos acuerdos, mostró resultados positivos. Había frac52

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ciones en cada agrupación política que estaban en contra de estas alianzas; la idea resultaba complicada después del escenario de confrontación del 2006 con la sucesión presidencial; y no era fácil legitimar estos acuerdos para poner por delante de diferencias ideológicas, la necesidad de recuperar la democracia mediante la alternancia. Otros dos factores que determinaron las condiciones de la competencia fueron la decreciente confiabilidad del árbitro, de los organismos electorales locales, y el crecimiento de mecanismos para obtener el voto a través de estrategias clientelares y mediante la desviación del gasto público en los estados; recursos que han crecido y tienen pocos controles en materia de transparencia y rendición de cuentas. Algunos indicios que apoyan estos indicadores son: que la mayoría de los recursos de impugnación que llegan a los tribunales electorales en los estados salen con resoluciones que favorecen a las autoridades estatales y, por lo tanto, terminan en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que tras la derrota electoral en Oaxaca y en Puebla, los gobernadores salientes, Ruiz y Marín, pre-

paran la entrega del cargo mediante operativos de reformas legales, en donde las legislaturas actuales, que tienen mayoría del PRI, aprueben la cuenta pública, para “blindar” cualquier desviación de recursos y para evitar una real fiscalización. El modelo de competencia electoral en los estados es regresivo y el caso de Oaxaca representa un ejemplo extremo respecto al comportamiento de los organismos electorales en los estados. La información que se dio a conocer durante la preparación de los comicios tenía ingredientes que marcaban un viaje en el túnel del tiempo del siguiente tipo: la estructura del gobierno del estado estaba desplegada para apoyar la campaña del PRI, a pesar de que el gobernador no puede intervenir de acuerdo al Artículo 81 de la Constitución del estado. En el proceso de organización hubo problemas con la insaculación de los funcionarios de casilla y se dio un mayoriteo en los consejos distritales; hubo abiertos desafíos a la certeza tanto por la empresa que se contrató para el programa de resultados preliminares, como por la empresa encargada de la impresión de boletas electorales. La dinámica de este tipo de problemas generó denuncias que el tribunal electoral del estado resolvía de forma sistemática en contra de la oposición, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvía en sentido contrario. Después de la elección el margen de votos obtenido por la coalición opositora fue el factor con el que se pudo superar un modelo electoral que no garantizaba la equidad y la certeza en las condiciones de la competencia. Pese a estas limitaciones para implementar el modelo de comunicación que surge de la reforma de 2007, el hecho de que el IFE administre los tiempos de radio y televisión establece pautas en materia de radio y televisión y también es el encargado de sancionar, lo que garantiza que en esta materia haya condiciones más homogéneas. Al revisar el monitoreo del IFE, se observa en general un alto cumplimien-

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to de los concesionarios de medios, así los distritos en Oaxaca, Puebla, Sinaloa, número de gubernaturas se mantuvo igual como las multas por incumplimiento, Durango e Hidalgo, un año después per- en 19 para el PRI, pero los ayuntamientos donde destaca Televisión Azteca, como dió en los primeros tres las gubernaturas, se movieron a la baja para el tricolor, pasó la empresa que con mayor frecuencia casi empata en Durango y tuvo competen- de gobernar en mil 163 a 996 (en esta cifra es multada por incumplir los pautados cia importante en Hidalgo. Lo mismo le faltaban de contabilizar 47 municipios de del IFE y omitir la transmisión de los pasó al PRD en Zacatecas, en 2009 ganó Oaxaca); en diputados locales disminuyó mensajes. El incumplimiento produjo todos los distritos y un año después perdió de 407 a 394. En datos del 4 de julio, ademultas con montos importantes. Des- la gubernatura. Con el PAN fue igual en más de las gubernaturas, los ayuntamientos tacamos las tres más altas en el reporte Baja California, ganó todos los distritos en fueron 454 para el PRI y 557 para los otros del IFE con fecha de mayo del 2010: 24 2009 y en 2010 perdió todos los munici- partidos; en cambio en diputados, el tricomillones en Zacatecas, 32 en Oaxaca, 45 pios y 11 diputaciones locales. lor ganó 190 y los otros partidos 104. El en Yucatán y 49 en Chihuahua. Cuando se revisa cada uno de los es- cálculo general es que entre 2007 y 2009, Los comicios locales nos dejan un pa- tados donde hubo elecciones se observa el PRI estaba en niveles del 60 por ciennorama preocupante por las piezas que que los congresos locales tendrán una to de triunfos, en cambio en 2010 bajó a dominaron en el tablero electoral: desde conformación con mayoría del PRI en 49.5% (Enfoque # 847, 11/VII/2010). compra de votos, clientelismo, uso de pro- 10 casos y en cuatro estados habrá goLos niveles de participación fueron gramas sociales, spots de propaganda de los bierno plural. En suma, tenemos tres diferentes y en varios estados los altos candidatos, hasta débil presencia del deba- estados que pierde el PRI a manos de la grados de abstencionismo obedecieron te, análisis y contraste entre proyectos para coalición PAN-PRD: Oaxaca, Puebla y a situaciones relacionadas con el clima desarrollo regional o para reformas legisla- Sinaloa; otros tres que recupera: dos go- de violencia. De las 14 entidades donde tivas necesarias. En los 14 estados en los bernados por el PAN, Aguascalientes y hubo comicios, la participación -compaque se realizaron comicios hubo un incre- Tlaxcala, y uno por el PRD, Zacatecas. rada con hace seis años en las elecciones mento del gasto social que pasó Balance en las seis gubernaturas que tuvieron alternancia de 113 mil millones de pesos a Triunfos del PRI en Aguascalientes, Tlaxcala y Zacatecas Derrotas en Oaxaca, Puebla y Sinaloa 124 mil 721 miPoblación 11,498,396 Población 3, 501,315 llones de pesos Padrón electoral 8,363,636 Padrón electoral 2,695,948 (Enfoque # 844, PIB $807,179 PIB (en millones de pesos) $273,086 20/VI/2010). Presupuesto $117,614 Presupuesto (en millones de pesos) $58,150 Los re- Fuente: Diario Reforma, 6/VII/2010. sultados del 2010 dejan una geografía va- Seis estados no cambian de partido, el de 2004-, bajó 11 y sube tres, curiosariable de votos y abstenciones. No PRI conserva la gubernatura. Aunque mente en las entidades donde hubo altersólo cada elección es singular, sino que tie- los números absolutos no se modifica- nancia por primera vez (Oaxaca, Puebla y ne un comportamiento particular. Se ob- ron, el PRI siguió con 19 gubernaturas, Sinaloa). Los resultados de las elecciones serva que entre las elecciones federales de pero cuando se establecen otros criterios de 2009 se vuelven a expresar en 2010, a 2009 y las locales de un año después hay como número de ciudadanos, padrón medida que un estado tiene clima de viodiferencias y resultados importantes. En electoral, PIB y el presupuesto público, lencia alto, como Baja California, Chi2009, el PRI se recuperó de sus derrotas se ve la diferencia entre lo que perdió y huahua y Tamaulipas, la participación de 2006 y logró resultados importantes, a lo que ganó, con lo cual disminuyeron desciende. Mientras en Oaxaca, Puebla y tal grado que en la mitad de los estados del estas variables para el PRI y aumentaron Sinaloa -éste último con un clima de viopaís obtuvo carro completo: en 11 ganó para la oposición. El ejercicio compara- lencia alto-, en donde la variable alternantodos los distritos y en otros cinco sólo per- tivo se ve de la siguiente forma: cia pesó más que la variable violencia, la dió uno o dos distritos. Por ejemplo, los Se calcula que el triunfo de las alianzas participación fluctúa en promedio entre casos que mayor contraste tienen son los y su aumento en la competitividad frena- 55% y 57%; en los Estados fronterizos, cinco estados donde hubo alianza electoral ron y, en cierto sentido, hicieron retroceder Chihuahua, Tamaulipas y Baja CaliforPAN-PRD. En 2009, el PRI ganó todos al PRI en su ola de triunfos electorales. El nia, los porcentajes de participación es-

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tuvieron entre 31.7% y 39.8%, es decir, 20 puntos porcentuales menos. En nueve de los 14 estados, el promedio de participación estuvo en 55% con un rango entre 53% y 57% (Enfoque # 847, 11/ VII/2010).

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¿Qué esperar de las alternancias y ratificaciones? Una hipótesis es que las elecciones se han vaciado de contenido, como dice Lorenzo Meyer, y se han vuelto rituales que reproducen un sistema de poder en donde hay alternancia, pero no hay cambios de fondo que se expresen en mejores gobiernos, en donde haya más transparencia, rendición de cuentas, eficacia, capacidad de evaluación de políticas públicas, aplicación de la legalidad, menor impunidad, más efectividad en la aplicación del gasto público. Criterios que hace unos años se

pensaba que podrían llegar con la democracia electoral y las alternancias. Ahora se conoce más como se pueden dar alternancias en la democracia electoral. Dos supuestos que deja 2010 son: una alianza amplia puede cambiar la correlación de fuerzas, como sucedió en Oaxaca y Puebla, y una división interna en un partido lleva al fracaso electoral, como sucedió en Sinaloa, Zacatecas y Aguascalientes. Por otra parte, tenemos las ratificaciones que se basan en una debilidad de la oposición, incapaz de ganarle al PRI, pese a la adversidad de un clima de violencia, como en Chihuahua o Tamaulipas; o experiencias de desgaste del partido gobernante que termina por perder votos, como en Baja California. En el balance hay rangos variables de participación y abstencionismo, quizá porque en el fondo lo que nos dejaron

estos comicios son 14 historias particulares, en un momento complicado del país, en el que la crisis de seguridad y la presencia del crimen organizado han impuesto condiciones trágicas a un país con un futuro incierto y a un Estado que ha perdido el control de múltiples espacios y territorios capturados por intereses fácticos, grupos criminales y expresiones caciquiles. El reto de recuperar espacios públicos será tarea compleja y llena de dificultades. Por lo pronto, las elecciones del pasado 4 de julio dejaron expresiones diversas, desde el clima de desencanto que agobia al país, hasta una muy acotada expectativa de que las alternancias puedan, a pesar de todo, hacer algunos pequeños cambios. azis@ciesas.edu.mx

Cumple la UAZ su compromiso con Zacatecas: Domínguez Garay * En su segundo informe, el rector anuncia nuevas oportunidades a los zacatecanos. * Llama al gobierno a organismos y sectores sociales a establecer una política de Estado en favor de los jóvenes para evitar fenómenos como la migración, el comercio informal, y caer en redes del crimen organizado. Zacatecas, Zac.- El rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Francisco Javier Domínguez Garay, convocó a los representantes gubernamentales, organismos y sectores sociales de la entidad a establecer una política de Estado a favor de los jóvenes; además propuso al gobernador Miguel Alonso Reyes suscribir un convenio que contenga los aspectos sustanciales de una relación mutuamente respetuosas y de colaboración a favor de los zacatecanos. Durante su segundo Informe de Actividades, realizado el 14 de septiembre, Domínguez Garay puntualizó: “Sobre la base irrenunciable de su autonomía, la Universidad Autónoma de Zacatecas reitera su disposición a ser parte de la solución de los problemas de la entidad. El futuro de Zacatecas está indisolublemente ligado a la educación, especialmente a las universidades públicas. En sesión solemne del H. Consejo Universitario, y contando con la presencia del doctor José Narro Robles, rector de la UNAM; del gobernador Miguel Alonso Reyes; de la doctora Sonia Reynaga Obregón, Directora General de Educación Superior Universitaria, y el representante del Subsecretario de Educación Superior, doctor Rodolfo Tuirán, el rector de la UAZ coincidió con el gobernador Miguel Alonso Reyes en que para lograr el desarrollo económico es fundamental la participación de las instituciones de educación superior Además, aceptó participar en el Consejo de Desarrollo Económico del Estado de Zacatecas. El rector Francisco Javier Domínguez Garay compartió la visión de Narro Robles en cuanto a que es impostergable replantear el modelo de desarrollo y el rumbo de la Nación. “Combatir a fondo la desigualdad, porque ésta sigue siendo una característica estructural de la sociedad mexicana”, insistió el rector de la UAZ. Por lo anterior, recomendó la creación de Centros de Pensamiento Estratégico que contribuya a formular y a evaluar proyectos de inversión en infraestructura, agropecuaria, la industria extractiva y de los servicios”. 54

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Libertad de Prensa

Obligan a Calderón a presentar plan Balbina Flores Martínez

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l gobierno de Felipe Calderón no aguantó la presión. La escalofriante escalada de homicidios de periodistas durante su sexenio (39)*, cuyo costo político nacional e internacional es cada vez mayor, sumada a las presiones de agrupaciones defensoras de la libertad de prensa locales y del exterior que exigen un alto a las agresiones contra comunicadores, empujaron a la administración federal a presentar acciones que buscan paliar el grave estado de inseguridad en el que laboran periodistas de varias regiones del país. Frente a tanta presión el gobierno federal, se vio obligado a anunciar la creación de un plan de protección para reporteros en los primeros días de octubre, que incluye: “mecanismos de alerta temprana, que permita identificar los motivos de las agresiones; reformas legales que incluyen principalmente la federalización de los homicidios; la creación de un Consejo Consultivo; un paquete de seguridad social y otro de “prácticas ideales” del ejercicio profesional, según un comunicado oficial difundido en el portal de Presidencia. La guerra desatada por el inquilino de Los Pinos contra los cárteles de la droga alcanzó a los periodistas, muchos de los cuales murieron víctimas de los brazos armados de las bandas del narcotráfico, quienes vieron en los informadores a otro enemigo de esa guerra. En septiembre del año pasado Reporteros Sin Fronteras publicó un informe donde reiteraba sus preocupaciones acerca de las omisiones del estado mexicano para proteger la libertad de prensa y el trabajo de los comunicadores, por lo que exigió acciones que atendieran la situación, y a cuyos representantes Felipe Calderón no quiso recibir (Zócalo 116), y los envío con el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

Apenas en agosto pasado, en su visita oficial conjunta a México, los relatores de libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, Catalina Botero, y de Naciones Unidas, Frank La Rue, lamentaron la inseguridad y la impunidad, con la que se realiza el periodismo en algunas regiones del país. Ahora en septiembre, propietarios de medios de comunicaciones agrupados en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en Inglés), reunidos en México, una vez más lamentaron las presiones que afectan al periodismo y demandaron a Calderón trabajar en la protección de las libertades en prensa y el derecho a la información, y además se castigue a los culpables de tantos asesinatos. El CPJ hizo público su informe Silencio o muerte en la prensa mexicana: Crimen, violencia y corrupción están destruyendo al periodismo local, donde advierten de la “alarmante impunidad en los ataques a la prensa en México y apunta a fallas sistemáticas que de no abordarse, deteriorarán aún más la libertad de expresión y el estado de derecho”. El documento indica que “cuatro años después de lanzar una ofensiva

nacional contra la delincuencia organizada, el gobierno federal no ha asumido su responsabilidad por los numerosos ataques contra la libertad de expresión”. Además, refiere el reporte: “desde que el presidente Felipe Calderón Hinojosa asumió el poder en diciembre de 2006, 22 periodistas han sido asesinados, al menos ocho de ellos en represalia directa por la cobertura de actividades delictivas y hechos de corrupción. Tres trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados y al menos otros siete periodistas están desaparecidos, además de decenas de periodistas agredidos, secuestrados u obligados al exilio”. Acerca de la impunidad, señala: “se encuentra arraigada a nivel estatal y municipal, donde se investiga la mayoría de los delitos contra la prensa” y el sistema de justicia, “no ha tenido éxito en sus investigaciones en más del 90 por ciento de los crímenes contra la prensa en la última década”, y de acuerdo con el índice de impunidad del CPJ, México ocupa el noveno lugar en el mundo, después de Irak, Somalia, Filipinas y Colombia, entre otros países. La organización recomienda a Calderón “materializar su promesa de federalizar los delitos contra la libre expresión (y con la que estuvo de acuerdo en una reunión con CPJ desde junio de 2008) y, en conjunto con la Cámara de Diputados, promulgar reformas legales que federalicen la libertad de expresión, promover la creación de un Comité gubernamental que brinde protección directa a los periodistas en riesgo inminente, Fortalecer la Fiscalía Especial para la atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, y desarrollar procedimientos de capacitación para la policía federal y militares que aseguren el respeto al derecho de los periodistas a informar”. * Registrado por RSF floresbalbina@hotmail.com

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Escepticismo de directores

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• Balbina Flores Martínez

ante propuesta de Calderón

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l día siguiente de que Felipe Calderón, en reunión con el Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en Inglés) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), anunciara que en octubre presentará un plan de protección para periodistas, varios editores del norte del país reaccionaron con escepticismo ante ese anuncio.

Balbina Flores

Durante el foro “México, bajo el asedio del crimen organizado”, convocado por las mismas organizaciones, Zócalo recogió la opinión de varios editores presentes, quienes tuvieron expresiones en-

a ningún lado”. Y agregó: “Son propuestas que se han hecho anteriormente, y que no han disuadido a los grupos criminales para seguir cometiendo agresiones contra reporteros y medios de comunicación. Creo que también hay que revisar qué tan práctico es lo que propone el presidente, por ejemplo, dotar de seguridad a reporteros en riesgo”. Acerca de la federalización de los delitos contra periodistas dijo: “no creo que sirva, como tampoco ha servido aumentar las penas. En Coahuila, mi estado, se aumentó de 40 a 60 años, la pena por el asesinato de periodistas, pero como esas sentencias no parecen importarles mucho a los delincuentes porque saben que no los van a

Reunión de editores del norte del país

contradas permeadas por la desconfianza.

Javier Garza, editor de El Siglo de Torreón: “Veo como positivo el mecanismo porque al menos hay algo de actuación, porque me dice que hay algo de conciencia sobre el problema de parte de las altas autoridades. Pero qué tan práctico o efectivos puedan resultar, eso es algo que habría que ver después; qué tanto es nada más por salir al paso de una reunión con representantes de la SIP o del CPJ, ya que las autoridades de este país han dado muestras de que responden a un reclamo con una propuesta, que después no llega 56

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agarrar, de nada te sirve la cadena perpetua o la pena de muerte contra un delincuente si no lo agarras, y a los agresores no los han estado agarrando.

Patricia Mercado, directora general de Imagen Zacatecas: “La propuesta no es mala, el tema es cómo se va a ejecutar, porque pueden haber muchísimas propuestas. El problema es que siempre (los planes) se quedan en el escritorio. Si se hace algo, debe ser con la participación muy activa de los periodistas, y no una medida que el gobierno llegue y diga ‘así tienen que hacer las cosas’. Porque así no va a

funcionar”. Hay organizaciones no gubernamentales que lo están impulsando, que tienen mecanismos probados y que debieran estar participando en este tipo decisiones, porque ellos tienen la experiencia de años. No me parece mala la propuesta pero evidentemente no confió”.

Pedro Torres, director editorial de El Diario de Ciudad Juárez: “En

términos generales es positivo, aunque ocurre en un momento coyuntural. Vamos a analizar cuales son las propuestas y, si son convenientes, las vamos a adoptar. Tampoco estamos cerrados, al contrario, pero soy de la idea que es más práctico y efectivo cualquier cosa que hagamos como periodistas que cualquier cosa que venga del gobierno. Por ejemplo, con el protocolo que se aprobó allá en Chihuahua, que son propuestas prácticas y que se pueden aplicar de manera adecuada a la labor como periodista. - ¿Ustedes qué pedirían en cuanto a este mecanismo?, ¿lo conocen? - “No, lo acaban de dar a conocer en show mediático, tendríamos que buscar algún acercamiento para conocerlo y poder definir si es conveniente, qué partes si y cuáles no”.

Ismael Bojórquez, director del semanario Río Doce, consideró durante su participación en el foro: “Está tan jodido el gobierno federal que no se protege ni a sí mismo; en los estados matan a secretarios y a un candidato a gobernador. ¿Cómo van a proteger a los periodistas? Es imposible”, lamentó.

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Convergencias para reducir vulnerabilidad de los periodistas

• Rogelio Hernández López*

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uy poco trasciende en los medios comerciales de prensa mexicanos, pero durante 2010 se han realizado decenas de misiones, foros, seminarios, encuentros, debates discretos y abiertos, manifestaciones callejeras y, además se han emitido comunicados y recomendaciones a las autoridades, todo con la preocupación de que se frene el ciclo de asesinatos y agresiones violentas a periodistas y medios de prensa mexicanos. Pero, este período aciago sigue creciendo y escalando tanto en niveles de violencia que rayan en el terrorismo, como en el rango de las víctimas que ya alcanza a profesionales e instalaciones de los grandes medios. Por los resultados, pareciera que los más preocupados y activos por impedir más de estos crímenes carecemos de la fuerza suficiente para que nuestra voz sea tomada en cuenta y, por el otro lado, en la mayoría abrumadora de los políticos responsables de las instancias de gobierno y del Estado prevalece la inacción intencional, por decir lo menos. Dicen que escuchan, prometen, condenan la violencia, pero no actúan con efectividad. Tales circunstancias están obligando a que se tome la iniciativa desde los focos de resistencia de la sociedad civil y del periodismo con el acompañamiento de algunas fuerzas políticas más sensibles. Así, se discuten y preparan protocolos emergentes de autoprotección; se crean redes de alerta entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión y entre estas con organismos de periodistas; se buscan formas de coordinación y de organización distintas, que den respues-

tas de refugio, de protección, de acompañamiento legal.

Convergencias Los pasados días 8 y 9 de septiembre se realizó uno de los encuentros más importantes de quienes pugnan por frenar tal ciclo. La reunión se denominó Seminario Internacional: Seguridad, Protección y Libertad de Expresión en México. En él participaron, trasmitiendo sus experiencias de protección y con una clara actitud de cooperar los representantes de los siete organismos internacionales más activos, con tres ya veteranos de América del Sur y siete de agrupamientos mexicanos: Artículo 19, oficina México-Centroamérica; Asociación Mundial de Radios Comunitarias; Comité para la Protección de Periodistas; Fundación Rory Peck Trust; Internacional Media Support; International Press Institute; Open Society Institute; Reporteros sin Fronteras y Sociedad Interamericana de Prensa. También el Instituto Prensa y Sociedad de Perú, el Foro de Periodismo Argentino, y de Colombia la Fundación para la Libertad de Prensa. De México concurrieron el Centro de Información de la Mujer, Centro de Periodismo y Ética Pública, Centro Nacional de Comunicación Social, Fundación Prensa y Democracia, Periodistas de a Píe, Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada y el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa. Tras dos días de intercambios intensos y propuestas, que no se harán públicas por la discrecionalidad que exige el tema de la protección a periodistas en alto riesgo, la mayoría determinó firmar

un comunicado para exigir, nuevamente a las autoridades de México que cumplan con sus responsabilidades legales. En el comunicado se expresó una doble intencionalidad de todos los presentes: coordinarse en el máximo de tareas posibles y apoyar a las nuevas organismos civiles surgidos en México como la Casa de los Derechos de Periodistas, que a su vez resultó de otra convergencia de voluntades de varios organismos concurrentes.

Estructural, la vulnerabilidad de los periodistas Allí, a nombre de la nueva asociación se propuso, ampliar el diagnóstico y la explicación de las causas que originaron la situación de crisis que padece el ejercicio de la prensa en México con la hipótesis de que gran parte de sus causas son estructurales. Esto es, que el actual ciclo de asesinatos y agresiones violentas a periodistas y medios de prensa mexicanos no tiene como causa única la situación de beligerancia armada en algunas zonas del país. La explicación de fondo hay que buscarla en la vulnerabilidad crónica, estructural, que padecen los trabajadores del periodismo. Hay suficientes datos para dar fuerza a tal hipótesis Los asesinatos a personas vinculadas al ejercicio del periodismo en México han sido recurrentes y crecientes desde la llegada a México de los gobiernos neoliberales. El periodo más álgido es todavía del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y también de presencia de impunidad. (Ver cuadro) octubre 2010

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Asesinatos a personas vinculadas al ejercicio del periodismo 1976-2010

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Ernesto Zedillo Ponce

1982-1988 1988-1994 1994-2000

Los ciclos de alta violencia también desatan otras cadenas de agravios de diferente índole y los agresores son, mayoritariamente, representantes de fuerzas de seguridad o de las fuerzas políticas. Las tendencias, de un agravio cada dos días y con los mismos agresores ya se habían registrado, por ejemplo, entre 1994 y el año 2000. Las fuentes que han documentado tales agravios, por su distinta metodología contabilizaron diferentes cantidades en 2009, pero coincidieron en el tipo de agresiones y agresores de diez años antes. La vulnerabilidad de los periodistas mexicanos también puede reflejarse en un comparativo con el ejercicio de los derechos que se reconocen internacionalmente a los profesionales de la prensa. De los 14 derechos generalmente aceptados, en México sólo algunos registran algún grado de avance, pero en general se mantienen opacos y muchos son plenamente dominados por la oscuridad. Por tanto, cualquier respuesta de gobiernos o instancias del Estado, para que sea exitosa debe encaminarse al abatimiento de esa fragilidad con políticas públicas, leyes y mecanismos institucio58

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Vicente Fox Quesada

Felipe Calderón Hinojosa

2000-2006

(40 meses)

nales y no solo de temporales de protección, aunque son los más urgentes. Y eso es lo que proponemos a todas las organizaciones no gubernamentales y a los periodistas mexicanos: empujar para que el Estado cumpla con su responsabilidad; coordinarse para lograr metas de ese camino por la vía de las instituciones. El eje principal es examinar la responsabilidad que tiene cada quien.

Durante el seminario internacional, otro consenso fue entender que la sociedad -y eso incluye a los periodistas organizados o no- debe seguir presionando para que los obligados por la ley atiendan sus obligaciones, porque se cometería un error magnífico al tratar de suplantar al Estado en el cumplimiento de sus responsabilidades legales y la construcción de los derechos de los periodistas hoy rezagados. Además, al tratar de realizar lo que el Estado no hace, se podrían estar asumiendo riesgos mortales tanto para los periodistas a los que se pretende proteger como para los mismos protectores civiles que no tienen los presupuestos, los recursos y capacidades de protección, de medidas cautelares, de fuerza y coacción que si tienen los órganos e instancias del Estado. * Periodista desde 1977. Autor del libro Sólo para Periodistas. Promotor del Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión. El 12 de agosto fue electo director ejecutivo de la Casa de los Derechos de Periodistas. Es integrante del Comité de Redacción de Zócalo. rogeliohl@yahoo.com.mx

DERECHOS INTERNACIONALES DE LOS PERIODISTAS Y VIGENCIA EN MÉXICO - Definición de la actividad del periodismo como interés público - Reconocimiento legal e institucional de la profesión de periodista - Protección pública ante agresiones de terceros - Procuración de justicia ante casos de agresión y/o asesinato - Acceso a la información de interés público - Acceso a todo lugar a donde exista información de interés periodístico - Garantías para escribir y divulgar con libertad de conciencia - Mantener el secreto profesional de las fuentes - Protección de las empresas en misiones o tareas de alto riesgo profesional - Trato profesional en salarios y prestaciones - Réplica de conciencia ante el manejo de su información - Contrarreplica en caso de inconformidades externas por el manejo de la información - Respaldo estatal y/o empresarial para la formación profesional continua - Marco legal para la colegiación profesional voluntaria VULNERABILIDAD DE LOS PERIODISTAS MEXICANOS TERCEROS AFECTADOS La vigencia plena de estos derechos también provocan que se afecte el libre flujo informativo y se disminuyan, en la práctica cotidiana el derecho a la información para miles de mexicanos y se inhiban las libertades de expresión y de prensa.

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Cooperativas, opción de autoempleo entre periodistas Rodolfo Angulo/Cuartoscuro

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• Anayelli García

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l gremio periodístico no es ajeno a la ola expansiva de desempleo que afecta al país, pero una solución puede ser la formación de cooperativas, cuyos productos sean insumos informativos susceptibles de ser comercializados en empresas, municipios, particulares, delegaciones políticas o en organismos de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. En la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal se desarrollan varios frentes para combatir el desempleo, afirma Benito Mirón Lince, su titular. “Seguro de Desempleo, apoyos a la micro, pequeña y mediana empresa; cursos de capacitación, ferias del empleo delegacionales, Unidades Delegacionales del Servicio del Empleo, firma de convenios con empresas y las cooperativas, que pueden ser una opción para los periodistas. Se trata de que los comunicadores desempleados se organicen en una cooperativa donde reciban capacitación, financiamiento y la constitución de la misma, y donde se produzcan productos informativos, como análisis de contenido, síntesis informativas, publicaciones, páginas web, revistas o periódicos”.

Frente al desempleo que afecta a los periodistas y a los miles de egresados de las carreras de comunicación, el gobierno del Distrito Federal ofrece asesoría para la integración de cooperativas que generen productos informativos, asegura Benito Mirón Lince, titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal.

Mirón Lince está convencido de que el cooperativismo es una forma viable de autoempleo. A través de las cooperativas el gobierno puede otorgar estímulos fiscales y becas; proporciona asesoría, capacitación y adiestramiento para la constitución, consolidación, administración y desarrollo de las mismas, así como para la producción, comercialización y consumo de los bienes y servicios que produzcan. “La capacitación comprende cursos de dos meses, durante los cuales, los interesados reciben apoyos económicos. Son propuestas que pueden funcionar en el terreno de la comunicación”, asegura el funcionario. Programa de desarrollo social En opinión de Mirón Lince, las cooperativas no son un programa de asistencia sino de desarrollo social que además de generar empleos, son una forma de producción viable. “Las cooperativas son un modelo económico basado en el componente con más valor en la escala de un proceso productivo: la mano de obra organizada; respaldo a la asociación productiva, al no tener empleados. No despide gente ni da salarios porque distribuye utilidades de forma equitativa entre los socio-trabajadores”, precisó el funcionario. La ventaja de las cooperativas es que no resuelven el problema de cinco o seis personas para luego desaparecer con la llegada de grandes empresas que venden los mismos

productos, empaquetados o que ofrecen servicios a bajos costos. “Nosotros extendemos la capacidad de producción”, afirma Mirón Lince. “Estas características distinguen a las cooperativas de los programas como los impulsados en el sexenio de Vicente Fox, los ‘changarros’, absolutamente individuales que hacían crecer el subempleo, porque no incidían en la cadena de producción”, agregó el también abogado laboral. “Tenemos el programa social de mochilas gratis, entonces se puede hacer una cooperativa que fabrique mochilas”, apunta el ex diputado federal. Este modelo económico es parte de una política laboral que comenzó con Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno capitalino; “fuimos creando pequeñas cooperativas y vimos que era un modelo funcional, que daba capacidad a la gente; pero cuando son pequeñas y las mandas al océano de la competitividad, se ahogan”, advierte el secretario. Tenemos un convenio con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las 16 delegaciones políticas, gracias al cual el gobierno central está obligado a adquirir los productos y servicios que produzcan las cooperativas. Con este convenio las delegaciones también adquieren el compromiso de crear sus propias Direcciones de Fomento Cooperativo. Estamos interesados en difundir el Programa de Fomento Cooperativo, ya que buscamos generar empleo, distribuir riqueza y elevar el nivel de competitividad. octubre 2010

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Radio

Entrevista

Radio UAM será emisora abierta al tiempo: Teodoro Villegas • Carlos Padilla Ríos

Productor y catedrático durante décadas, Teodoro Villegas Barrera enfrenta el mayor desafío de su vida profesional: diseñar el concepto radiofónico, la infraestructura tecnológica y los contenidos que alimentarán la que será en breve, la estación de radio de la Universidad Autónoma Metropolitana. Acerca de ese monumental reto sobre el cual trabaja desde meses atrás, el profesor universitario adelanta que la emisora ubicada en el 94.1 de FM y que saldrá al aire en marzo, tendrá el sello de la “Casa abierta al tiempo”. el cual es noble, porque nos permite ampliar horizontes y crear ámbitos de imaginación para los diversos públicos”, dice. “Es un proyecto que la UAM necesitaba porque es la forma más fácil de llegar a la gente. Hay personas que consideran que la radio ya no se escucha, yo diría que es al contrario, que cada vez se escucha más”, agrega el profesor.

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l proyecto radiofónico de la emisora está trazado en tres vertientes: la difusión de la riqueza intelectual de su comunidad universitaria para las audiencias de la zona metropolitana del Valle de México, la experiencia y creatividad de quienes participen en la producción radiofónica, y el aprovechamiento de las potencialidades de la radio. “Creo en una radio cultural universitaria, que busca servir a la sociedad. El objetivo es rescatar parte del trabajo de los universitarios y su enorme riqueza potencial. La radio no solamente tiene que ser hablada o musical, también puede ser un juego del lenguaje, aprovechando todos los géneros radiofónicos y periodísticos. El drama, la literatura, el cine y el documental permiten jugar con el sonido, 60

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- ¿Cómo dividiría la etapa de construcción de la emisora? - La primera etapa es la de cumplir los términos de ley que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) exige para entregar los permisos, con tiempos muy concretos. Estamos con la premura por los tiempos legales porque a más tardar el 11 de marzo tenemos que realizar nuestra primera emisión al aire. El paso siguiente es armar la estrategia, ya estructurada, para conseguir los transmisores, antenas, torres, personal capacitado, ya que tendremos el equipo necesario para instalarlo en los campus de la universidad. Y, la tercera etapa comprende el período de pruebas que requiere también la Cofetel antes de salir al aire. Creemos que en enero ya podemos salir al aire con producciones que

nos permitan medir lo planeado. Estamos trabajando a marchas forzadas. - ¿Cuáles serán los contenidos y cómo estructurará la programación para una audiencia estudiantil inmersa en las nuevas tecnologías? -Yo no creo que las radios universitarias las escuchen realmente los alumnos, porque la mayoría del tiempo están en clases, el concepto es otro. Las universidades cuentan con radiodifusoras y televisoras que responden a su objetivo de difusión cultural, que es el de llevar la cultura y la generación del conocimiento de la institución, hacia el exterior. La radio cultural universitaria busca servir a la sociedad en la que está inmersa, ese sería el concepto en general. Una barra de programas muy accesible que pueda cubrir las necesidades de los públicos heterogéneos que nos van a escuchar. Es obvio que tendrá que servir para los alumnos porque es parte de su proceso de formación. Estamos considerando cuatro grandes secciones. Una de ellas la información, noticiarios, con una visión bastante libre y estructura editorial flexible, donde se contextualice la noticia, con mesas redondas, segmentos informativos y reportajes. En cuanto a la información, ésta tiene que volverse ac-

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cesible a la gente. En lugar de ofrecer al auditorio 250 notas, prefiero darle cinco muy importantes pero contextualizadas, que la gente entienda desde una perspectiva crítica y analítica. Otra sección será la barra musical de amplio espectro con música de concierto, pero también con cultura popular, y todo lo que escuchan los jóvenes, acompañada de información contextualizada, para darle sentido a la programación. Intentaremos rescatar el radio teatro, la radionovela, el radio cuento. La barra musical pretende cubrir el espectro de la música que se escucha en la ciudad de México, donde la población es urbana y metropolitana como la universidad. - ¿Qué periodicidad tendrán los programas? - La radio tendrá que trabajar por proyectos que implican una duración determinada, porque los tiempos en los que vivimos son muy rápidos. Por ejemplo, la radio novela que tiene un principio y un fin. Ocurrirá lo mismo con las mesas de análisis. Si el programa funciona para el público podrá durar al aire. Los programas terminan cuando su discurso se ha agotado. La radio es imaginación y creatividad, y cuando la gente se burocratiza en una sola forma de hacer las cosas, desgraciadamente se pierden ambas, entonces se vuelven programas que son carga para la emisora. Habrá criterios colegiados para evaluar resultados, porque nos importará muchísimo escuchar al público. Estamos dispuestos a renovarnos, innovarnos y a experimentar permanentemente. El trabajo de la universidad es experimentar para encontrar; si no buscas y no experimentas, no encuentras. Además, el lema de la universidad nos dice todo: esta emisora será la casa más abierta al tiempo, y al espacio de la universidad. - ¿Radio UAM se parecerá a Radio Educación o a Radio UNAM?

- No se va a parecer en nada y se va a diferenciar en todo, absolutamente. Radio Universidad nació como la radiodifusora de alta cultura, para los estudiantes de nivel universitario que en ese momento era la licenciatura con un nivel cultural alto. El encasillar de esta forma a los radioescuchas no lo podemos repetir, porque también la movilidad social ha cambiado radicalmente. Es por eso que, de repente, Radio Universidad se siente tan pesada. Desde luego que tendremos que rescatar la difusión de la música de concierto y de la ópera, pero en proporciones distintas. De las radiodifusoras en general, tenemos que rescatar la historia de la radio, porque sin ella no existiríamos. Rescatar lo que la radio ha hecho bien, y desechar lo que la radio usa como pretexto para vender; nuestro sentido de venta es otro, es ofrecer más. En relación a Radio Educación, yo rescataría la frescura, la búsqueda e innovación que tuvo en algún momento determinado, porque fue una radiodifusora que creció y tuvo un lugar en el cuadrante en un momento de la historia. Tuvo una serie de radio dramas maravillosos, seriados, novelados, hasta radio teatros. - ¿Usted creé que está acartonada la radio “permisionada”? - Sí, en sus propios esquemas históricos, y por eso se han cerrado. Radio UAM nos permite empezar de cero para crear opciones y buscar ‘sonar a lo que no suena’ ninguna estación hasta ahorita. Yo quiero un lenguaje joven; queremos también rescatar el sentido del oído de la gente. Los jóvenes creen que ahora cualquiera canta, aunque sea por manejos electrónicos. Creen que lo digital es calidad de sonido y hay que sacarlos del error, porque el sonido está “todo aplanado”. A mi me preocupan mucho los jóvenes, he trabajado con ellos toda mi vida. Los siento muy desamparados en sus opciones de selección, porque los medios los han encajonado en ciertas

opciones. Frente a eso me surge una necesidad que tengo como ser humano, de que la gente aprenda a disfrutar, el escuchar, no el oír, que la información que yo le dé, no lo duerman. Manejaremos, obviamente, información de la universidad porque la universidad está generando información, ciencia y conocimiento, que daremos a conocer. Queremos rescatar la cultura en todos sus sentidos. - ¿Cómo se compondrá la carta programática? - El noticiario de la mañana tiene que salir antes de las ocho, porque a esa hora empiezan clases. El caso es cómo manejar la información para no volvernos repetitivos. Si mi noticiario es de 15 minutos lo voy a llenar con notas que sean trascendentes. El noticiario nocturno puede variar con formatos muy flexibles, dependiendo de la necesidad que genere la noticia. Probablemente reportajes o análisis. Los temas serán los más cercanos a los ciudadanos, abordados desde la perspectiva académica y profesional, no sólo con mesas de expertos. -¿Cuál será la frecuencia de la emisora, su potencia? - La frecuencia es 94.1 FM y la cobertura tendrá un alcance de cinco a ocho kilómetros máximo. Cofetel en vez de darnos un permiso para una transmisión, nos proporcionó cinco, para igual número de transmisores en una sola frecuencia, lo que nos permitirá utilizar cuatro de ellos como repetidoras y cubrir con su antena y transmisor, el 70 por ciento del Valle de México, no hacia el centro de la ciudad, pero si hacia las periferias con los trasmisores que se encuentran en los planteles de Cuajimalpa, Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco y Rectoría. Transmitiremos desde el primer piso de la Rectoría General. Este proyecto requiere de una inversión entre 35 a 40 millones de pesos. octubre 2010

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Laicismo

La derecha

contra el estado laico • Alejandro Madrazo Lajous

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l carácter laico del estado mexicano esta hoy amenazado. No habíamos visto un esfuerzo así de amplio y ambicioso por contagiar de un ímpetu integrista a la vida pública en nuestro país desde que –hace más de 80 años- la Iglesia Católica llamó a su feligresía a levantarse en armas contra el gobierno. La Iglesia Católica y sus aliados –dentro y fuera del gobierno, de los gobiernos- capitanean una campaña cada vez más abierta –en fechas recientes, francamente frontal- contra una larga tradición de laicidad, celosamente defendida por el estado y garantizada por nuestra constitución y su legislación secundaria. La promesa de que el gobierno no fungirá como defensor, promotor o instrumento de credo alguno está siendo abandonada por nuestros gobernantes a diestra y siniestra. Es muy frecuente escuchar que el embate de los neoconservadores es el resultado de las “provocaciones” recientes desde la izquierda. En esta interpretación, la despenalización del aborto y la legalización –y en consecuencia, legitimación- de las uniones homosexuales en el Distrito Federal –sociedades de convivencia primero; matrimonio más recientemente- habrían provocado la reacción de la Reacción que hoy vemos en los congresos locales, en el púlpito, en la prensa y en el proceder del Gobierno Federal. Ojala así fuera, pues la amplitud y solidez de la estrategia seguramente sería menor, pero cada vez es más claro que el auge del neoconservadurismo mexicano es resultado de un esfuerzo mucho más añejo y de un movimiento mucho más

amplio. Sin duda la adopción de legislación progresista en el Distrito Federal ha ayudado a catalizar el despliegue de la estrategia integrista, pero si creemos que el fenómeno político nacional que presenciamos hoy en día tiene raíces así de superficiales, difícilmente lograremos entender su gravedad y contrarrestar sus consecuencias. Poco se ha estudiado el neoconservadurismo y su reciente auge. Seguramente, en un futuro no muy lejano, será un tema de estudio desde diversas disciplinas. Por ahora, el antropólogo peruano Jaris Mujica destaca entre quienes han documentado y reflexionado sobre el auge del neoconservadurismo en nuestro continente –con especial énfasis en Perú. En su libro Economía política del cuerpo. La reestructuración de los grupos conservadores y el biopoder (Promsex 2007), observa una reestructuración social y política del conservadurismo que lleva gestándose, más de dos décadas y tiene dimensiones –y ambiciones- continentales, si no es que globales. En el periodo de la democratización y la globalización de Latinoamérica, Mujica nos dice: “los conservadores han desarrollado diferentes estrategias para construir y dirigirse a ese otro diferente y excluible, o para elaborar mecanismos de control del mundo social. En los últimos años, estos grupos, que hasta entonces se habían desenvuelto exclusivamente en ciertos espacios (sobre todo en el terreno educativo de las clases altas y en ciertas alas de la iglesia), se han movilizado hacia otras esferas y han empezado a tra-

bajar de un modo más directo con otras instituciones y con el Estado. De este modo, estas organizaciones han dejado de ser únicamente grupos religiosos, y han empezado a emerger como organizaciones laicas, muchas de ellas beneficiadas por grupos importantes de conservadores provida de la extrema derecha (sobre todo de los Estados Unidos). Así, los diferentes grupos conservadores que han salido a la luz actualmente han puesto en evidencia un cambio en la estrategia de acción, así como en sus intereses sociales y políticos.” Por ahora, pretendo sólo apuntar que no debemos perder de vista que se trata de un fenómeno mucho más extendido, mucho más arraigado, mucho mejor articulado y mucho más ambicioso que una simple reacción ante la aprobación de legislación progresista en el Distrito Federal. Mientras no dimensionemos correctamente la amenaza a la laicidad en México, seguiremos respondiendo mal y tarde. En las páginas que siguen, pretendo ilustrar las tres vertientes de la estrategia con algunos ejemplos claros y, en algunos casos, particularmente alarmantes. No son los únicos. Quisiera aprovechar este espacio para ponerle el cascabel al gato: esbozar cómo es que la Iglesia Católica y sus aliados despliegan hoy en día una estrategia ambiciosa para socavar los cimientos del estado laico en México. La estrategia de nuestros neoconservadores concentra sus baterías, por ahora, en la arena jurídica (aunque se avizora ya que pronto entrarán en la arena electoral, como las conoctubre 2010

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sultas que el PAN-DF hizo sobre matrimonios entre homosexuales anuncian). La estrategia se puede analizar en tres vertientes más o menos claras: la captura del derecho donde sea posible, la derrota del mismo dónde su captura no sea posible y la inserción de símbolos religiosos en boca de las autoridades encargadas de aplicar el derecho que se pretende capturar o derrotar. Ilustraré cada una de estas vertientes en un apartado separado.

La captura del derecho

“El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna” Artículo 24, CPEUM La vertiente más vistosa de la estrategia del neoconservadurismo en contra de la laicidad del estado mexicano es la captura del derecho. Es también la más abiertamente integrista: pretende consagrar credos religiosos en ley. Los ejemplos han caído como cascada durante los últimos dos años: suman 17 estados que consagran un dictado pontificio en su constitución local: que a partir de la fecundación se es persona. La frase sacramental reza más o menos así: “…persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural.” La genealogía de la frase es relativamente fácil de rastrear: el 29 de octubre de 1983, ante la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, Juan Pablo II, pronunció un discurso en el que sostenía que: El derecho del hombre a la vida —desde el momento de su concepción hasta la muerte—, es el derecho primero y fundamental, raíz y fuente de todos los demás derechos. Pocos años después, el 22 de febrero de 1987, el entonces Cardenal Joseph 64

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Ratzinger -hoy Benedicto XVI- emitió una Instrucción en su calidad de cabeza de la Congregación para la Doctrina de la Fe (antes, el Santo Oficio o, mas popularmente, la Inquisición) en la que citaba textualmente el discurso de Juan Pablo II. Dotó así al dictado papal de fuerza vinculante como posición oficial de la Inquisición. La Instrucción “Donum Vitae sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación” lee: La inviolabilidad del derecho a la vida del ser humano inocente “desde el momento de la concepción hasta la muerte” es un signo y una exigencia de la inviolabilidad misma de la persona, a la que el Creador ha concedido el don de la vida. Para el año 2002, el Partido Acción Nacional había acogido el dictado de Juan Pablo II y la instrucción del Cardenal Ratzinger como parte de sus Principios de Doctrina aprobados el 14 de septiembre de ese año durante su XLV Convención Nacional: La vida y la dignidad del ser humano deben protegerse y respetarse desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. De allí, el salto a las iniciativas de reforma constitucional y –en muchos casos- a las constituciones locales no fue muy grande. Por tomar sólo un ejemplo, el Diputado Urbiola en Querétaro –autor de la iniciativa correspondiente a ese estado- rescató no sólo la frase sacramental, sino la noción –presente en el discurso original de Juan Pablo II- de que el derecho a la vida es el “primero” de los derechos fundamentales y jerárquicamente superior a ellos:

Que la vida es el primero de todos los derechos fundamentales, origen y fin de nuestro ordenamiento jurídico... ... protección que debe entenderse desde el momento de la concepción y hasta su fin natural, porque es un derecho primigenio, universal, absoluto e irrenunciable. ...que en derecho mexicano la tendencia ha sido a proteger la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Si la consagración constitucional de una posición pontificia perfectamente rastreable no califica de integrismo, no se que pueda merecerse ese nombre. En cualquier caso, es importante no perder de vista estas reformas constitucionales y las reformas legales que les acompañan. Si bien se conocen como reformas “anti-aborto” una lectura cuidadosa y un análisis jurídico demuestran que su objetivo principal es problematizar la anticoncepción –DIU’s y anticoncepción de emergencia- un rubro pendiente en la agenda de la derecha religiosa de nuestro país desde hace años.

La derrota del derecho La segunda vertiente de la estratégica neoconservadora consiste en atacar las normas jurídicas que incomodan cuando no es posible capturarlas. El ataque a la normatividad vigente toma diversas formas: abierta confrontación, abierta inaplicación o velada omisión de hacerlas cumplir. La despenalización del aborto es un buen ejemplo en el que los neoconservadores han intentado las dos primeras estrategias, confrontar e inaplicar. Primero, los aliados de la Iglesia Católica en posi-

“El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. (…) e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones…” Artículo 130 de la CPEUM.

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el retiro de las pastillas había obedecido a una de rotación de inventarios, pero omitió explicar porqué el retiro de un medicamento “de emergencia” se acompañó de mecanismos alternos para abastecer durante todo un mes a la población que requeriría atender este tipo de emergencia. Probablemente la medida más preocupante –por sintomática- consiste abierta y sistemáticamente violar la legislación que regula el proceder de las asociaciones religiosas mientras las autoridades encargadas de velar por su aplicación se distinguen por adoptar una postura de cómplice inacción. Nuestra constitución y las leyes que de ella derivan en materia de asociaciones religiosas son claras y tajantes: los ministros de cultos religiosos, las asociaciones religiosas no pueden oponerse a las leyes del país. La sanción puede ir desde un apercibimiento hasta la “cancelación del registro de la asociación religiosa”, pasando por multas y suspensiones temporales de los derechos de la asociación religiosa en un territorio determinado. La aplicación de la legislación en materia de asociaciones religiosas está a cargo de la Secretaría de Gobernación. En los últimos años hemos sido testigos pasivos, una y otra vez, de cómo las iglesias realizan propaganda en contra de partidos y políticos; atacan las leyes vigentes y a las instituciones y ejercen presión moral para lograr sus objetivos. Desde 2007 el Partido Alternativa Socialdemócrata del DF denunció ante la SEGOB la propaganda de jerarcas de la Iglesia Católica realizaban en contra de sus diputados y de su partido. El 24 de agosto de 2008, en los días en que la Suprema Corte resolvía sobre la constitucionalidad de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, la Conferencia del Episcopado Mexicano transmitió un mensaje televisado en cadena nacional y en horario estelar en el que sostenía que “respetar el derecho a la vida

Iván Sthepens/Cuartoscuro

ciones públicas –PGR y CNDH- buscaron que la Suprema Corte la declarara inconstitucional. Cuando la estrategia falló, entonces se pasó a la siguiente etapa: obstaculizar su aplicación. El sector salud federal –IMSS, ISSSTE, Ssa, etc.– se ha negado sistemáticamente a proporcionar servicios de interrupción legal del embarazo a sus derechohabientes en el Distrito Federal. Siendo la interrupción voluntaria del embarazo durante el primer trimestre de gestación un acto lícito en el Distrito Federal, cae perfectamente dentro de la atención gineco-obstétrica a la que las mujeres derechohabientes de las instituciones de seguridad social federales tienen derecho. Sin embargo, argumentando absurdamente que en los hospitales federales rige la legislación penal federal –como si la propiedad del inmueble implicara soberanía territorial-, las instituciones del sector salud federal se niegan a prestar el servicio en sus instalaciones ubicadas en el Distrito Federal. Me pregunto si cuándo se comete un delito como robo en un hospital del IMSS llaman a la PGR o a la PGJDF. Deberíamos preguntarnos también si es casualidad que el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, Bernardo Fernández del Castillo, haya sido –hasta antes de asumir el cargo público que hoy ostenta- abogado del Cardenal Norberto Rivera. Otros ejemplos de abierta inaplicación incluyen la negativa del Gober Piadoso a proporcionar anticoncepción de emergencia a las mujeres víctimas de violación en Jalisco –medicamento al que tienen derecho conforme a la NOM-046- o bien la desaparición de anticoncepción de emergencia de todas las farmacias estatales en Guanajuato durante más de un mes a finales del 2009 (y la persistente ausencia de las mismas en muchas, si no es que en la mayoría, de ellas). Cuando el gobierno de Guanajuato reaccionó ante el escándalo mediático que generó su medida, argumentó que

se encuentra en la base de la auténtica democracia y del verdadero estado de derecho”, insinuando así que si la Corte no fallaba conforme a sus intereses y creencias el estado de derecho que le corresponde salvaguardar no sería “verdadero”. Pocos días después, el 27 de agosto, la página de Internet “Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México” publicó un comunicado de prensa del Arzobispo Rivera en el que sostenía que: Estamos viviendo con profundo dolor el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avalará jurídicamente una ley inmoral que no sólo despenaliza el aborto, sino que lastima y vulnera los derechos primordiales del ser humano. Esta decisión podrá hacer legal lo criminal, pero nunca podrá hacer moral lo que, de suyo, es abominable como es el asesinato de seres inocentes en el vientre de sus madres. Ninguna corte pude contradecir la ley suprema de Dios que nos ordena: ¡No matarás! Sobre las recientes y cada vez más virulentas declaraciones de Norberto Rivera acerca de los matrimonios entre parejas del mismo sexo no es necesario volver. Allí están, cada día, descalificaciones de las leyes del país y de sus instituciones por parte del más alto jerarca eclesiástico en nuestro país. octubre 2010

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La Secretaría de Gobernación no sancionó, en ninguno de estos casos referidos (ni en ningún otro) a los jerarcas de la Iglesia Católica. Su inacción, entendiblemente, fue interpretada por los jerarcas católicos como autorización para dar rienda suelta a sus dichos: durante la tramitación y resolución del caso de matrimonios entre personas del mismo sexo ante la SCJN, escuchamos cómo algunos jerarcas católicos –siempre aclarando que respetaban profundamente a las personas homosexuales- descalificaban la homosexualidad de perversión, una amenaza a los menores. Más tarde, cuando la Suprema Corte –en lo que ha sido uno se sus mejores momentos y sus mejores discusionessostuvo la constitucionalidad tanto de los matrimonios como la adopción, no tardó el obispo de Guadalajara en acusar de corrupción a la Suprema Corte y al Jefe de Gobierno del DF, sin ofrecer prueba alguna. Hoy, Norberto Rivera y Hugo Valdemar, cabeza y voz de la Arquidiócesis de México respectivamente, se niegan a conciliar ante la CONAPRED, argumentando que sus dichos discriminatorios contra los homosexuales están tutelados bajo la libertad religiosa. El resultado es que en México, la ley en materia de asociaciones religiosas es, hoy, letra muerta. A estas alturas, sería bueno poder decir solamente que la SEGOB brilla por su ausencia. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación se ha hecho presente en este contexto, pero no precisamente para garantizar el respeto a la ley. Esto me lleva a la última vertiente de la estrategia de la derecha: acostumbrarnos a la presencia de símbolos religiosos en nuestra vida pública, de preferencia en boca de la propia autoridad.

Acostumbrándonos a los símbolos Todos recordamos a Vicente Fox ondeando un estandarte de la Virgen de Guadalupe y asistiendo a misa previo a su toma de posesión como el “Presi66

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dente del Cambio”. No parece necesario abundar sobre las prácticas de nuestros gobernadores de limosnas pagadas con el erario público o de anunciar sus bodas en el Vaticano. El creciente uso de símbolos religiosos en la escena pública por quienes detentan la autoridad y están encargados –entre otras cosas- de velar por la laicidad del estado ya no nos sorprende. Pero debería. En particular cuando se trata de las instancias específicamente encargadas de hacer cumplir la legislación que protege la laicidad del estado: la propia SEGOB. Para muestra un botón: En diciembre del año pasado, se repartió una tarjeta navideña entre los diputados federales, con el emblema de la Secretaría de Gobernación y el escudo de la Presidencia de la República, en la que el texto principal consistía en una cita de Benedicto XVI, invitando a procurar el desarrollo “espiritual y moral” de los niños migrantes. No se trata de una cita al reconocido teólogo Joseph Ratzinger: la cita era del papa Benedicto XVI. La cita del papa en un documento con el sello de la Presidencia de la República no sólo viola el “principio histórico de separación

del Estado y las iglesias” del que habla nuestra constitución, sino que abiertamente contraviene el artículo 3º de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que establece que “El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa.” Si la Secretaría de Gobernación es la instancia encargada de velar por la separación entre el estado y las iglesias, no debe sorprendernos que las iglesias se sientan cómodas desplegando un abierto activismo integrista.

A manera de conclusión Ante la ofensiva del neoconservadurismo debemos oponer el legado de la generación de la Reforma. Es una pena que, después de más de siglo y medio, nuestra generación, en lugar de volcarse a abatir la pobreza y atemperar la desigualdad y la injusticia, se vea nuevamente llamada a defender lo más básico: que el gobierno no sea instrumento de un credo. Tomo prestadas las palabras pronunciadas por Pedro Salazar Ugarte al clausurar un evento en el que se celebró el centenario del nacimiento del filósofo político Norberto Bobbio: Queremos un estado de derecho, no un estado de derecha. Tristemente, estas palabras son la consigna que, por ahora, toca enarbolar a nuestra generación. Ojala tengamos la energía y el tiempo para que, asegurado el carácter laico del estado, podamos volcar nuestras energías a tratar de procurar el bien de todos, combatiendo las carencias e injusticias que aquejan a la mayor parte de quienes viven en nuestro país. Pero lo cierto es que, si permitimos que el estado se convierta en instrumento de una facción o credo, difícilmente podremos luchar por los intereses de todos. No podemos descuidar el frente del laicismo, so pena de llorar mañana lo que no supimos defender hoy. alejandro@madrazolajous.com


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Reseñas

Normatividad de la libertad de expresión Los autores de la obra son reconocidos especialistas en el tema: Ernesto Villanueva e Issa Luna Pla, quienes consideran este texto como “una herramienta académica para el investigador de las libertades informativas y como vínculo de conocimiento entre la historia, el derecho y la comunicación”. Esperamos con esta obra, dicen, a contribuir a explicar los cambios históricos olvidados en el siglo, que cada vez más se aleja de nuestras conciencias”. Además recuerdan que “… el conocimiento del pasado es imprescindible para saber quiénes somos y de dónde venimos. El pasado no puede (no debe) seguir sin ser explorado”, agregan. (Carlos Padilla)

¿

Cómo y cuándo se origina la regulación de la libertad de expresión y por qué continuamos enfrentando limitaciones graves para ejercer ese derecho en México? Esas interrogantes son contestadas en el libro Régimen Jurídico de la Libertad de Expresión en el Siglo XIX, muy probablemente, la compilación más completa reunida en torno a esa normatividad en aquella época. El enorme trabajo de acopio documental del tema incluye la consulta a constituciones, leyes, decretos, órdenes, providencias, oficios, bandos y circulares donde se plasmó algún tipo de regulación del tema. En total, 207 documentos consultados, los cuales se encontraron en colecciones de México y España, clasificados entre 1400 a 1890. 68

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mente en la televisión. En ese sentido, igual de necesario e importante es saber qué otro tipo de investigaciones mediáticas se realizan, qué métodos o sistemas alternativos y complementarios de medición existen, qué empresas ofrecen estos servicios, cómo son valorados y utilizados por los medios y cómo se organiza el sector de la investigación y medición, tanto en el mundo como en México. Estos y otros puntos aborda, en 12 capítulos y 234 páginas, la obra Del ágora al rating, de Fidela Navarro Rodríguez

Investigación y medición de audiencias

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l rating ha llegado para quedarse, y ya es una palabra conocida tanto por profesionales de los medios como por los ciudadanos. Sin embargo, al mismo tiempo resulta un concepto difuso, del que en realidad se sabe muy poco. Para entenderlo en su justa dimensión es oportuno definirlo bien, saber para qué sirve, averiguar cómo se obtiene y aplica, advertir sus limitaciones y riesgos y enmarcarlo en lo que ha sido y es la investigación de la comunicación en general y la medición de medios en lo particular, especial-

y publicada por la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura en coedición con Miguel Ángel Porrúa. Recomendado para universitarios que estudien comunicación, publicidad y mercadotecnia, profesionales de los medios y del sector de la investigación de mercados y opinión pública, publicistas, agencias de medios y funcionarios relacionados

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Reseñas con estos ámbitos, directivos de medios e interesados en general el estado de la cuestión en el mundo. (Fidela Navarro Rodríguez)

gias que motiven cambios en el quehacer de las instituciones mediáticas, para que contribuyan efectivamente a la solución de esta problemática. (Julio Olvera)

Violencia contra mujeres, grave problema

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i bien los medios de comunicación, y especialmente la televisión, no determinan a las audiencias qué pensar, si influyen en la agenda de temas sobre los cuales la sociedad discute, y uno de ellos es la violencia de género contras las mujeres y las niñas. Así lo señala la especialista Aimée Vega Montiel en el artículo La responsabilidad de la televisión mexicana en la erradicación de la violencia de género contra las mujeres y las niñas: apuntes de una investigación diagnóstica; y el cual forma parte del número 13 (enero-junio) de la serie Comunicación y Sociedad, del Departamento de Estudios de la Comunicación Social, de la Universidad de Guadalajara. El texto expone los resultados de un análisis de 544 horas de programación televisiva emitida durante una semana de 2006 en los cinco canales de mayor cobertura y rating en el país (2, 13, 5, 7 y 11). Vega Montiel nos hace ver que los medios “son corresponsables de la apatía social y la ignorancia” que sobre el problema de la violencia contra las mujeres y las niñas existe no sólo en México sino en el mundo. Ello porque, de acuerdo con el estudio realizado a telenovelas, noticiarios, programas de revista y concursos; películas, caricaturas, series y publicidad, entre otros, concluyó que una deuda que los comunicólogos y las comunicólogas tienen pendiente es la de generar estrate-

Una de ellas trata sobre la muerte de la anciana Ernestina Ascensio, violada por un pelotón de militares en la sierra de Zongolica, Veracruz en 2007, deceso calificado por Felipe Calderón como “una gastritis crónica mal atendida”, diagnóstico sorpresivo que deslindó radicalmente cualquier responsabilidad al Ejército. La otra pieza teatral habla sobre Jacobo Silva Nogales, detenido en 1999, acusado de guerrillero. El personaje de Silva denuncia en ésta, ser víctima de una intensa tortura psicológica por parte de las autoridades hasta el grado de convertirlo en un ser esquizofrénico. Ambas historias verídicas son dramatizadas en el libro Teatro Clandestino de Javier Bustillos Zamorano, de Editorial Sísifo y que nos muestra los abusos y las injusticias del poder en detrimento de los derechos humanos. (Jaime Medina)

Teatro Clandestino, una realidad lacerante

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avier Bustillos Zamorano escribe dos obras que pertenecen al género del Teatro Clandestino. El objetivo con el que surgió esta propuesta hace 15 años, por el dramaturgo Luis de Tavira, es el de llevar a escena temáticas surgidas de la realidad nacional actual, para crear conciencia acerca de acontecimientos de relevancia social, como son las violaciones a los derechos humanos. La intención es que no se pierdan en el olvido, en razón de que cada hecho noticioso cotidiano hace que releguemos al anterior. Para que una opinión pública más conciente e informada, no permita que este tipo de sucesos se vuelvan a repetir. octubre 2010

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Reseñas

Tesis

"La memoria del agua es el reflejo": Nissen

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n el transcurso de 55 minutos se presenta la obra de este pintor y escultor inglés que ha radicado en México desde hace muchos años, quien señala, “al parecer la idea de las chinampas se relaciona con algunas premisas del Action Painting: en donde la superficie del cuadro, del bosquejo, se concibe como un área en donde sucede el acto de pintar. La pintura en sí misma se convierte en el testimonio de lo que ha sucedido. Los bordes de la tela demarcan los límites de esa acción, circunscribiéndola como una isla”. En cuanto a las esculturas: “son en esencia paisajes encerrados, son reflejos flotantes… evidencia de un acto poético”. Como un adepto al arte prehispánico, Nissen realiza sus propios códices porque “su lenguaje es un idioma visual, es un vocabulario pictórico”, explica. Estos trabajos le llevaron a preguntarse junto con Octavio Paz “¿cuándo se convierte el dibujo en escritura o la escritura en dibujo?; después de todo, podemos leer una pintura o mirar un texto en un árbol. Hay que preguntarnos ¿la música es una forma de hablar o viceversa? En cuanto a los artistas en general, Nissen opina que, aunque nacidos en diversas culturas y en diferentes tiempos, siempre “procuran encontrar lo universal en lo particular”. Brian Nissen, evidencia de un acto poético, es un documental en formato DVD producido por Jaime Kuri Aiza y TV UNAM, con música original de Walterio Pesqueira, filmado en México, en el 2009. (Jaime Medina) 70 70

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Tesis Legitimidad política y medios Publicidad Frambel Lizárraga Salasmóvil en México y Es- se refieren a Calderón comparten una os medios de comunicación generan afinidad ideológica con las fuentes insLinfluenciaspaña en el modo de pensar de titucionales. Se observa que la finalidad las personas, y pueden ser factor fundamental para legitimar o deslegitimar la acción política. Así lo demuestra Horacio Juárez Castro en su tesis Legitimidad política y medios de comunicación. Influencia de los diarios en la opinión pública durante los primeros cien días de gobierno de Felipe Calderón. (UNAM, 2009) La investigación estudia la cobertura mediática que Calderón recibió, entre el 1 de diciembre de 2006 y el 11 de marzo de 2007, en la sección de política nacional en los diarios Reforma y La Jornada, y cómo éstos pretenden mediante ciertos intereses específicos, generar legitimidad, aceptación y consenso por parte de la sociedad hacia la clase política. El tesista encuentra que en Reforma casi todos los artículos de opinión que

del diario es mantener una función legitimadora del status quo, enalteciendo virtudes, ensalzando acciones y desacreditando cualquier intento de oposición y crítica al régimen. En La Jornada, considerado de izquierda, ocurre lo contrario. Durante esos primeros cien días de gobierno, sus artículos de opinión deslegitiman y desacreditan todas las acciones generadas por el presidente. Concluye que el combate al narcotráfico, el uso de vestimenta militar, la aparición constante de las fuerzas armadas y la cobertura generada por los medios fueron, siguen y seguirán siendo elementos que utiliza el presidente para la legitimación del poder, sin necesidad de utilizar la violencia física.

Mujer y publicidad televisada

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a publicidad televisada dirigida a la mujer mantiene la identidad femenina dentro de obsoletos estereotipos, que poco contribuyen al desarrollo integral de ellas. Leticia Montoya comprueba dicha hipótesis en su tesis La publicidad televisada obstaculiza la nueva construcción de la identidad femenina: el caso “Soy Totalmente Palacio” (UNAM, 2010) En la tesis se expone el significado de ser mujer, a partir de la visión social y la de perspectiva de género; se presenta el impacto social de la televisión y su influencia en lo colectivo; y se hace un análisis crítico de la publicidad televisiva. Se toma como caso particular la campaña Soy Totalmente Palacio, a cargo de la publicista Ana María Olabuenaga. La elección se debió, por un lado, a la “particular” concepción de la figura fe-

menina, utilizada por la tienda departamental Palacio de Hierro. Reforzada con frases cuestionables como: “Existen dos cosas que las mujeres no pueden dejar de hacer, llorar y comprar zapatos”. Y por el otro, considerando el éxito publicitario y su impacto en los telespectadores. Montoya concluye que dicha campaña etiqueta y define a las mujeres con estatus, limitándolas a una sola imagen como si la notoriedad para ellas, sólo logre alcanzarse al poseer una talla menor a la cinco o contar con piel, cabello y rostros “perfectos”. Esto es, se escenifican expectativas que no corresponden a la realidad de las mexicanas. La transmisión de estereotipos añejos mediante spots publicitarios, obstaculiza la nueva construcción de la identidad femenina. frambellizarraga@hotmail.com

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Internacional

El Prix Italia festeja 150 años de la Unidad Italiana • Graciela Martínez Matías

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urín, Italia.- En su 62 aniversario, el Prix Italia festeja los 150 años de la Unidad Italiana con diversas actividades relacionadas con el análisis y discusión de los medios de comunicación. En esta edición, la ciudad de Turín recibió a los participantes de más de 90 emisoras de radio y televisión del mundo, que intercambiaron puntos de vista sobre la forma de hacer, ver y analizar los medios. Los encuentros de más interés para la sociedad turinese fueron: Las nuevas fronteras de la televisión y los medios, La identidad y diversidad Europea y Las fuentes de la información: pluralidad, confiabilidad y responsabilidad. Otras de las novedades que causaron gran satisfacción, a decir de la secretaria general del certamen, Giovanna Millela, fue la participación de la emisora privada Radio 24 Horas y la incorporación de dos nuevos países: México y Egipto; e hizo un llamado para que otros canales de radio y televisión de América Latina se incorporen en el concurso de más tradición en el mundo. México lo hizo con la dramatización Vámonos con Pancho Villa, producida por el IMER con motivo de la conmemoración del centenario de la Revolución mexicana.

Documental sonoro, expresión por rescatar La radio, contrario a lo que muchos pensaban, renace con fuerza y se encuentra en pleno crecimiento. Una de las razones principales, es el medio con la capacidad y sensibilidad de responder a las necesidades de la audiencia, por tanto, habrá que brindarle mayor infraestructura para coadyuvar

a su desarrollo. Así se expresó el presidente de la RAI, Paolo Garimberti, en el contexto del seminario Fuentes de informaciòn: pluralidad, confiabilidad y responsabilidad. En virtud de que poca gente lee los periódicos y la televisión ha perdido credibilidad, el medio sonoro se construye como el nuevo espacio de fuerza y cohesión social. Esta expresión del presidente de la Radio y Televisión Publica de Italia, sumada a la mesa redonda que sobre el documental acústico se realizó en el marco del festival, da cuenta de la relevancia que para este país tiene el lenguaje sonoro. A tal grado es importante, que se creó Suoni quotidiani (los sonidos cotidianos), un observatoiro social que realiza documentales sonoros como un género que revalora la realidad. Su objetivo es utilizar los medios de comunicaciòn como instrumento de análisis e intervención en el ámbito social; ya sea como intervención directa, o como reflexión. Audiodoc es otra asociación italiana creada por productores independientes italianos, su fin es promover la realizacion de documentales sonoros en Italia. Uno de los cuestionamientos que se hacen es el siguiente : ¿Es posible trazar nuevos caminos para el desarrollo y difusión de los documentales más allá de la radio? Como se observa, el documental acústico es para los italianos el camino idóneo que permite recoger historias y sonidos de la esfera social de manera creativa y económica, además de dar voz a los protagonistas, lo que le brinda credibilidad y confiabilidad informativa.

Y la televisión… La televisión también narra historias, y en las miniseries la RAI ha encontrado un nicho de mercado para competir con

la televisión comercial. RAI 1 es el canal destinado para insertar en su programación invernal dramatizaciones que les permitan alcanzar un nivel de audiencia de 18 millones de televidentes, el triple de lo que ahora tienen. Trabajar con la ficción es uno de los ejes centrales de la RAI. Se presentó a la prensa las premiere de dos de las series más representativas. Le raggazze dello swing (Las muchachas del swing), y Tutti vogliamo il paradiso (Todos queremos el paraiso). La primera, dedicada a las tres hermanas extranjeras que durante el fascismo tiene que sobrevivir en un mundo adverso; en tanto, la segunda, está dedicada al santo Felipe Neri. Ambas series rescatan a personajes históricos olvidados por la sociedad italiana, y se convierten en un formato capaz de retratar y concientizar sobre momentos escapados de la memoria colectiva, y así estar en la posibilidad de comprender el presente y el mañana de este país que ya no recuerda, comentó el director de RAI 1, Mauro Mazza. Ambas series se ambientan en Turín, primera capital de Italia, convertida en los últimos años en un set histórico importante para la producción de series y películas que hablan de la historia de esta nación. Realizar series implica una inversión millonaria, cuestionó más de un periodista. Frente a ello, Mauro Mazza se defiende señalando que estas dramatizaciones son factibles de ser repetidas, además que diversas televisoras extranjeras las compran. En la década de los cincuenta, el neorrealismo italiano era una refencia mundial; se espera que lo mismo suceda con estas producciones. RAI quiere hacer programas de entretenimiento de calidad, es el reto, concluyó Maza. graciemar19@yahoo.com.mx

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