Zócalo 100 by Zócalo Noticias

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Periodistas distantes del acceso a la información

Ejemplar $25.00 Junio 2008 • Año VIII • Núm. 100

4 de cada 10 solicitan: encuesta de Zócalo

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• Proyectos para legislar derecho de réplica • Carlos Monsiváis, editor • Hasta 60 años a quien mate a un periodista 25/5/08 17:30:43

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Contenido Mesa de Redacción 4 Fortalecer el acceso a la información Cartón de Hernández 5 Todo bajo control Para seguirles la pista

6 Periodista muerto en Guanajuato

Transparencia 8 Reporteros frente a la transparencia CAROLINA PACHECO LUNA

12 Perseverar, requisito para el acceso: Fátima Monterrosa CAROLINA PACHECO LUNA

14 Cinco años después: el balance CAROLINA PACHECO LUNA

17 Logros y retos de la transparencia 12

DORANGÉLICA DE LA ROCHA 19 Lejos los ciudadanos del acceso: OSC CAROLINA PACHECO LUNA / JOAQUÍN CASTRO 22 Asimetrías en las 33 leyes de transparencia CAROLINA PACHECO LUNA / JOAQUÍN CASTRO

Libros transparencia 25 Rutas de acceso a la información Manual sobre rendición de cuentas

Seguridad 26 País convulsionado, ¿los medios culpables? JOSÉ REVELES

Contacto alternativamedios@prodigy.net.mx En Internet http://www.revistazocalo.com.mx http://revistazocalo.blogspot.com

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Director General Carlos Padilla Ríos Edición Jorge Bravo Investigación y transparencia Carolina Pacheco Luna Corrección Jaime Morales M. Diseño A. Brenda López Romero Fotografía Cuartoscuro

Imágenes de portada shutterstock.com Edición de imagen Jimena Pérez Vázquez, Ana M. Bustamante Caricaturistas Hernández, Luy, Kemchs, Lezama, Gallut Reporteros Balbina Flores Martínez, Ricardo Martínez, Primavera Téllez Girón, Atziri Ávila, Joaquín Castro Colaboradores Luis Miguel Carriedo, Graciela Ramírez, Gabriel Sosa Plata, Jorge Meléndez, Pablo

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Medios 30 Rebelión de las televisoras JENARO VILLAMIL

Periodistas 32 Monsiváis y La Cultura en México RAÚL TREJO DELARBRE

Regulación 36 Sin Ley de Medios, concluye trabajos Grupo Plural 38 Derecho de réplica: letra muerta LUIS MIGUEL CARRIEDO 40 Escollos al derecho de réplica

Medios públicos 44 Estrena instalaciones el SJRTV 46 Comercialización y reconocimiento jurídico, insiste la Red Libertad de expresión 47 Hasta 60 años a quien mate a un periodista en Coahuila

BALBINA FLORES M.

Radio 48 Radio Educación ¿el oasis del cuadrante? ELVIRA GARCÍA

Documentos 50 México: impunidad en periodistas asesinados JOAQUÍN CASTRO

46 Los créditos de las fotos publicadas en el núm. 99 corresponden a Carla Morales (págs. 28 y 38, derecha) y Marisol Sarabia (p.27).

Arredondo, Francisco Hernández Lomelí, Andrés de Luna, Víctor Becerril, Jorge Pulido, Raúl Valencia, José Luis Durán King, Agustín Pineda, Claudia Benassini, Naief Yehya, Antonio Medina, Raúl Trejo Delarbre, Elvira García, César Amador, Beatriz Mojica Auxiliares de redacción Marisol Sarabia, Elvia Velázquez, Carla Janeth Morales Comité de Redacción Beatriz Solís, Javier Corral, Jenaro Villamil, José Reveles, Rogelio Hernández López

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Consejo Editorial Alma Rosa Alva de la Selva, Javier Esteinou, María Victoria Llamas (✞ ), Carlos Mendoza López, Jorge Meléndez, Ernesto Villanueva, Manuel Gutiérrez Oropeza (✞ ), Octavio Islas Circulación Martín Cárdenas Secretaria Concepción Villegas Monitoreo y síntesis Medialog

Zócalo, comunicación, política y sociedad. Es una publicación mensual editada en México D. F., por Proyectos Alternativos de Comunicación, S. A. de C. V., reserva exclusiva título núm. 04-2000-090816141800-102. Número de certiﬁcado de licitud de contenido 8943. Número SIN 1665-8698. Domicilio: Calzada México-Tacuba, núm. 235, cuarto piso, colonia Popotla, Delegación Miguel Hidalgo. Tels.: 5341-6590 y 5341-6597, alternativamedios@prodigy. net.mx, periodicozocalo@hotmail.com. Internet: www.revistazocalo.com.mx. Impreso en los talleres de Centro de Autoedición Zamora Caz, S. A de C. V. Domicilio: Marcos Carrillo 157, col. Asturias, c.p. 068550, México, D.F. Precio por ejemplar $25.00 pesos. Suscripción anual: $300.00 pesos por doce números. Distribución: Publicaciones CITEM S. A de C. V. Tel. 533802200. En Sanborns en toda la República. Educal, S. A de C. V. Tels.: 53534037, 5356-2815. en el Distrito Federal, Edo. De México, Morelos, Puebla, Querétaro y Guerrero.

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Mesa de redacción

Fortalecer el acceso a la información Quienes sí han solicitado información (172) y respondieron a la encuesta, sólo la mitad (55) recibió la información, en tanto que el 43 por ciento no logró su objetivo. No obstante, el 70 por ciento de quienes realizaron solicitudes evaluaron al IFAI como “muy bien” y “bien”. De los resultados se deduce la necesidad de acciones colectivas que involucren a por lo menos cuatro actores: los gobiernos federal, estatales y a los partidos políticos (como sujetos obligados); los órganos garantes de transparencia; los editores, periodistas y propietarios de los medios de comunicación. A los primeros corresponde colaborar en la entrega expedita de la información, sólo reservando aquella que les ordena la ley, con base en el principio de máxima publicidad; pero también en la puesta en marcha de políticas públicas que contribuyan a la difusión y conocimiento de ese derecho. Los segundos deben establecer sistemas que permitan al solicitante obtener el dato que

De última hora

Rechaza Sariñana que Canal Once se sume a la crispación

uadalajara, Jal. El director de Canal Once, Fernando Sariñana, rechazó que la estación se haya sumado al embate mediático por la toma de las tribunas en el Congreso en abril por el Frente Amplio Progresista en rechazo a la reforma energética, y descartó que el programa Poder y Dinero conducido por Ezra Shabot, quien invitó a Guillermo Velasco Arzac, presidente nacional del ultraderechista el Yunque, vinculado al spot contra López Obrador, sea parcial por sólo darle voz a uno de los protagonistas en temas de controversia. 4

requiera y mayor divulgación del derecho de acceso a la información. Los propietarios de medios deben hacer del derecho de acceso información una fuente constante para obtener datos e informaciones para sus lectores y auditorios. Por supuesto, los periodistas tienen que ejercerlo y agendarlo entre sus prioridades informativas. El reportero tendrá que sortear (ojalá cada vez menos) las intenciones que todavía persisten entre los sujetos obligados para no entregar información. “Perseverancia”, recomienda la reportera Fátima Monterrosa, Premio Nacional de Periodismo 2008, por haber revelado actos de corrupción en el Estado Mayor Presidencial. Los resultados de la encuesta que publicamos en la edición cien de Zócalo no pueden ser soslayados por las instituciones, medios de comunicación y reporteros, porque hacerlo equivaldría a correr el riesgo de que desaparezca la posibilidad de ofrecer información fresca y novedosa del quehacer público.

Frase del mes Sáshenka Gutiérrez / Cuartoscuro

a encuesta elaborada por Zócalo sobre el uso y conocimiento que tienen centenares de periodistas de la Ciudad de México y el Área Metropolitana respecto del acceso a la información, revela conclusiones que deben ser atendidas urgentemente si se desea que ese derecho se consolide, luego de un lustro de haber entrado en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Los resultados de la encuesta son altamente contrastantes. Mientras el 86 por ciento de los periodistas consultados (424) aseguran conocer las leyes de transparencia, sólo cuatro de cada diez han efectuado solicitudes de acceso. Aunque la mayoría reconoce que ese derecho posibilita la apertura de archivos, la entrega de información de los sujetos obligados y puede combatir la corrupción, la mitad de ellos (252) también admite no tener necesidad, cubrir otra fuente o no interesarse en el tema.

El ya basta también es una exigencia a los medios de comunicación para que maniﬁesten y divulguen las acciones que están deteniendo la estructura de los criminales, para que no se convierta la estrategia de los criminales, que es una estrategia que busca sembrar terror, en una estrategia compartida por los propios medios de comunicación. Para que los medios se unan a esta estrategia nacional contra la delincuencia porque son sus propios compañeros los que están siendo acallados en esas zonas. Felipe Calderón durante una rueda de prensa en Los Pinos, en presencia del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso. 12 de mayo.

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Cartón de Hernández

Todo bajo control

Comunicación • Política • Sociedad

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Para seguirles la pista...

Periodista preso en Guanajuato

Archivo El Tiempo

l 15 de mayo se le dictó auto de formal prisión a Jesús Lemus Barajas, fundador y director del diario El Tiempo de La Piedad, Michoacán, con más de 20 años de ejercer el periodismo; quien ha sido también editor del periódico La Voz de Michoacán y corresponsal de La Jornada Michoacán. Elementos de la Policía Ministerial de Guanajuato lo detuvieron el 7 de mayo en Cuerámaro cuando investigaba sobre “la ruta del narcotráﬁco” en esa localidad. La PGR, por tratarse de delitos del orden federal, lo acusa de presunta “delincuencia organizada y delitos contra la salud en la modalidad de fomento”, denunció el periodista en una carta dirigida a los medios de comunicación el 18 de mayo desde el penal de Puentecillo. “No Jesús Lemus

puedo decir que soy un preso político o un perseguido por mis ideas sociales, tampoco me puedo acreditar como un preso de conciencia, pero sí como un periodista agraviado por la fuerza exagerada del Estado.” En un comunicado de prensa, Reporteros sin Fronteras pidió “explicaciones claras a las autoridades federales sobre los motivos exactos de la detención”. Reﬁere que “el caso parece muy débil, porque en ningún momento se ha evidenciado la menor prueba material de la culpabilidad del periodista. (…) Tenemos motivos para pensar que Jesús Lemus Barajas ha sido víctima del contexto de violencia relacionada con el narcotráﬁco y sus reportajes, sin duda molestos para algunas autoridades”. Por su parte, la CNDH investiga las circunstancias como fue detenido. Tras ser visitado en el penal de Puentecillo, solicitó el expediente del caso. Vladimir Camacho, abogado del comunicador, informó que su cliente fue detenido, incomunicado y sometido a interrogatorios durante 48 horas hasta que fue presentado ante el Ministerio Público; no se le permitió verlo hasta que estuvo en el penal. Dijo que interpuso un amparo contra el auto de formal prisión que deberá resolverse en los próximos días.

i bien Telmex controla más del 80 por ciento de la telefonía fija y es el mayor proveedor de acceso a Internet en México, está siendo acosado en varios frentes. Uno lo encabeza su mayor competidor en telefonía móvil, Telefónica Movistar, que ya cuenta con la interconexión que durante dos años le peleó al gigante mexicano de las telecomunicaciones. Ahora Talefónica ya puede ofrecer servicios de telefonía fija. Otra noticia contraria a la empresa del multimillonario Carlos Slim es que Televisa –que ya opera el 50 por ciento de la televisión restringida en México– también empezó a ofrecer servicios de triple play (internet, televisión por cable y telefonía fija). Esto ocurre mientras la Comisión Federal de Competencia analiza al menos cinco casos de prácticas 6

monopólicas por parte de Telmex, que de fallar en su contra retrasaría las intenciones de esta compañía de ofrecer servicios de televisión por cable, ya que el gobierno le aplicaría regulaciones más estrictas. Otro frente en contra de Telmex es el Plan Federal Técnico de Interconexión e Interoperabilidad elaborado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, mediante el cual la Comisión Federal de Mejora Regulatoria solicitó a las empresas de telecomunicaciones su opinión acerca del proyecto. Telmex consideró que el Plan inhibe la inversión y sólo promueve la competencia en áreas de consumo alto. Al respecto, la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable caliﬁcó las opiniones de Telmex como un “chantaje” e “intimidatorias”.

Eunice Adorno / Cuartoscuro

Abren frentes contra Telmex

Carlos Slim

En este panorama es difícil pensar que la compañía de Slim, que reportó una caída de 27 por ciento en sus ganancias del primer trimestre de 2008, pero en cambio ha expandido sus inversiones en Brasil, se quede de brazos cruzados.

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Aprobada Ley del libro la comercialización al menudeo; la disponibilidad de una mayor variedad de títulos y la calidad de las instalaciones de los puntos de venta y de los servicios a los usuarios”. La iniciativa fue originalmente aprobada por unanimidad en el Senado el 16 de marzo de 2006 y por mayoría absoluta

el 26 de abril del mismo año por la Cámara de Diputados. Posteriormente fue turnada al Ejecutivo Federal quien, después de observarla y comentarla, la devolvió a la cámara de origen el 1 de septiembre de 2006. Para presentar nuevamente la iniciativa, los senadores atendieron las consideraciones del Ejecutivo y contraargumentaron que el hecho de que un editor o importador pueda fijar el precio de un título no significa que tenga un poder sustancial en el mercado editorial, sea capaz de limitar la libre competencia, incurra en prácticas monopólicas o pueda fijar precios unilateralmente. El precio único del libro ya existe en España, Francia, Alemania, Argentina, Portugal, Japón. Actualmente el tema se discute en Bélgica, Italia, Chile, Ecuador y Brasil.

Radio Monitor, en el patíbulo

asi 100 trabajadores sindicalizados de Radio Monitor se declararon en huelga el 23 de mayo, tras fracasar la tentativa de un acuerdo con la empresa comandada por José Gutiérrez Vivó. Hace unos meses, el periodista Ignacio Rodríguez Reyna recordaba: “Monitor no murió, como José Gutiérrez Vivó lo dijo con sincero pesar el día 29 de junio de 2007. Monitor fue, en cambio, sacudido, zarandeado, obligado a hacerse pequeño y regresar con otras dimensiones y perspectivas que aún no queda claro cuáles serán”. Casi un año después vemos cuáles fueron esas dimensiones: Radio Monitor no pudo sortear la herida que le inﬂigió su disputa mercantil con Grupo Radio Centro, un litigio entre privados que ganó Gutiérrez Vivo en la Corte Internacional de Comercio de París, relacionada con un contrato de prestación de servicios que el empresario Francisco Aguirre Gómez se negó a pagar. Desde entonces ha quedado en suspenso una deuda de 21 millones de dólares que Gutiérrez Vivo ﬁnalmente perdió en los tribunales mexicanos. Ese monto pudo servir para saldar los adeudos con los trabajadores y recapitalizar a la empresa.

El 29 de junio de 2007 Monitor –emisora fundada en 1974– suspendió transmisiones y 65 días después regresó al aire en dos radiodifusoras de AM; pero el pasado 10 de abril tuvo que ceder una de ellas por una deuda contraída con el empresario Eduardo Henkel Pérez Castro. En el fondo, el verdadero motivo que sepultó José Gutiérrez Vivó uno de los proyectos radiofónicos más importante de los últimos 30 años fue la “filiación” perredista que le atribuyó Vicente Fox a Gutiérrez Vivó. Desde Presidencia se montó una campaña de boicot publicitario para ahorcar financieramente a la estación, en un acto que el historiador Lorenzo Meyer calificó de “pérdida para la vida cívica mexicana”. Comunicación • Política • Sociedad

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Moisés Pablo / Cuartoscuro

l 29 y 30 de abril las cámaras de Senadores y de Diputados, respectivamente, aprobaron la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Entre sus aspectos más relevantes y polémicos destaca el artículo 22 que establece: “toda persona física o moral que edite o importe libros estará obligada a fijar un precio de venta al público para los libros que edite o importe, que regirá como precio único”. El precio único del libro fue originalmente “vetado” por Vicente Fox en 2006, con el argumento de que “excluye el beneficio de la competencia para los consumidores de libros; elimina los incentivos económicos que representa la atención de aspectos de eficiencia en la producción, distribución o comercialización de libros; los beneficios de

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Transparencia

Reporteros frente a la transparencia Carolina Pacheco Luna*

UATRO DE CADA DIEZ REPORTEROS

del Distrito Federal y el área metropolitana han realizado solicitudes de acceso a la información pública. El 86 por ciento de los periodistas tiene conocimiento de las leyes de transparencia y el 14 por ciento las desconoce, reveló una encuesta realizada por la revista Zócalo, con motivo del quinto aniversario de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Aunque dicha normatividad federal está concebida para que cualquier persona la haga valer, académicos y representantes de organizaciones civiles aﬁrman que las 33 leyes en la materia sólo han sido usadas por algunos sectores de la sociedad, entre los que se encuentran académicos, empresarios y periodistas. A cinco años de haber entrado en vigor la primera legislación de transparencia y con el propósito de conocer cómo ejercen este derecho los periodistas, se interrogó a 424 profesionales de la comunicación del 22 de abril al 5 mayo. Respecto a las posibles contribuciones de las leyes de transparencia y acceso a la información, el 64 y 63 por ciento de los encuestados reconocen que coadyuvan a abrir los archivos públicos y a conocer el desempeño de los entes públicos, respectivamente; el 60 por ciento coincide en que fortalecen la transparencia de los recursos públicos; y el 39 por ciento aﬁrma que disminuyen los índices de corrupción. Contraria a esta posición, el 25 por ciento de los consultados consideró que 8

no han contribuido a la transparencia, lo que indica un porcentaje relevante de desconﬁanza. Los reporteros expresan un alto margen de credibilidad en cuanto al derecho a saber, pero su postura disminuye si las contribuciones representan una acción para disminuir los índices de corrupción. Motivos por los que no han realizado solicitudes los periodistas (total 252) No tengo necesidad

Cubro otra fuente

Manejo sólo información oﬁcial

No me han pedido que lo haga / No me interesa

Manejo información general

No las conozco

Hay otra área que hace las solicitudes de información

Otros

No contestó

Los argumentos que aduce el 59 por ciento de los consultados (252 periodistas) respecto de por qué no han realizado solicitudes, destacan que no tienen necesidad de realizarlas, cubren otras fuentes, manejan información oﬁcial, sus superiores no se los han pedido, o bien no les interesa.

Reporteros ejercen un derecho De los 172 profesionales que ingresaron solicitudes de acceso a la información, 56 por ciento las presentaron en el ámbito federal, 27 por ciento lo hicieron a nivel local (31 estados y el Distrito Federal) y 16 por ciento realizó solicitudes en ambos niveles.

Al ser un derecho transversal, el acceso a la información no se circunscribe a un asunto político, sino que abarca cualquier otro aspecto (cultural, social, financiero…) que implique documentos y gasto de recursos públicos. Por lo tanto, entre los temas requeridos por los periodistas destacan los que se refieren al ámbito presupuestal, como la utilización de recursos públicos; designación y salarios de funcionarios; gastos de consumo, viáticos y alimentación; distribución de los impuestos; destino de los recursos públicos; programas e inversiones en obras gubernamentales; gastos durante giras internacionales, por mencionar algunos. Las solicitudes de información pueden realizarse directamente en las instalaciones de los entes públicos destinados para tal efecto, por ejemplo, en las denominadas unidades de enlace establecidas por la administración pública federal; o bien, a través de los sistemas informáticos –Internet– desarrollados para este fin como es el caso del Sistema de Solicitudes de Información (SISI) del IFAI a nivel federal, o la plataforma Infomex para algunas entidades. 1. ¿Conoce las leyes de transparencia y acceso a la información pública? Sí

14%

86%

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2. Considera que las leyes de transparencia han contribuido a: 1. Disminuir los índices de corrupción 2. Fortalecer la transparencia de los recursos publicos 3. Abrir los archivos públicos 4. Conocer el desempeño de los entes públicos 5. No han contribuido

64% 60%

63%

39% 25%

La vía de acceso a la información preponderante fue la electrónica. Los reporteros que realizan solicitudes recurren a Internet para cuestionar a los sujetos obligados en un 78 por ciento, mientras que el 8 por ciento se dirige directamente al ente público para realizar su requerimiento in situ. El 14 por ciento introdujo sus solicitudes por ambas vías. Los resultados muestran una relación cercana de los reporteros con el uso de la tecnología, al realizar la mayor parte de sus peticiones mediante la vía informática. Una fase del proceso de acceso a la información ha sido dotar a las entidades públicas de la infraestructura necesaria para otorgar el servicio. En términos generales, de los 37 reporteros que ingresaron solicitudes directamente en las unidades de enlace, 34 percibieron que las instalaciones contaban con una oficina específica para brindar la información; en 27 casos la oficina de información pública o unidad de enlace se ubicaba cerca de la entrada de la dependencia y contaba con una computadora con acceso a Internet. Asimismo, en el ente público el responsable de ofrecer el servicio le brindó

al solicitante información necesaria para realizar la solicitud a 27 reporteros; a 25 más les explicó los plazos de entrega de la información; 16 recibieron especificaciones sobre los costos de reproducción de la información y 18 fueron auxiliados en el llenado de su solicitud. En suma, la mayoría de los solicitantes que realizaron sus preguntas directamente en el ente público refiere buena percepción del ejercicio de este derecho, respecto de la implementación de la ley; sin embargo, aún se detecta –según la opinión de los encuestados– falta de información y capacitación del personal que brinda el servicio en las oficinas. El 84 por ciento de los profesionales de la comunicación que ha realizado solicitudes vía electrónica consideró sencillo el procedimiento. De este total, 65 por ciento lo hizo a través del SISI, 26 por ciento lo realizó por Infomex y 9 por ciento empleó ambos sistemas. Los encuestados expresan que es probable que el interés periodístico se haya enfocado en la información generada por la administración pública federal debido a la facilidad tecnológica. Asimismo, otro factor que favoreció el acceso a la información en el ámbito federal fue el hecho de que el SISI se implementó con antelación al sistema Infomex que emplea el Distrito Federal y otras entidades del país. Sólo un reportero especificó haber usado un sistema diferente a los dos anteriores. Es menester recordar que la 3. ¿Ha realizado solicitudes de acceso a la información pública?

encuesta no abarcó a toda la República y, por lo mismo, no se hace mención a otros sistemas que existen para acceder a la información. De acuerdo con datos del IFAI, los medios de información que utilizaron durante 2007 el SISI suman el 10 por ciento; otros sectores importantes que realizan solicitudes por esta vía son el académico (32%), el empresarial (16%) y el gubernamental (11%).

Obligaciones de transparencia Las leyes de transparencia incluyen un apartado en el cual se enumera la información que los entes públicos deberán poner a disposición de las personas, en el portal de transparencia ubicado en la página electrónica del ente. Así, de los 172 reporteros que han realizado solicitudes de información, el 74 por ciento conoce cuáles son las obligaciones de oﬁcio o de transparencia; no así el 26 por ciento restante. En porcentajes muy similares, los encuestados han buscado esta información en los portales de transparencia de las entidades públicas locales (35%), federales (32%) o en ambos niveles de gobierno (33%). Al explorar las páginas de Internet de las entidades públicas, el 70 por ciento de los reporteros perciben un acceso fácil a las obligaciones de transparencia; para el 86 por ciento resulta comprensible; mientras que el 83 por ciento lo considera útil en el desempeño de su trabajo. 4. ¿Por qué vía realizó su solicitud de información? Directamente en el ente público

Sí

Vía electrónica

Ambas 14% 59%

41% 78%

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Satisfacción en la respuesta Con respecto a la entrega de la información pública, de los 172 reporteros que realizaron solicitudes, en su última experiencia 55 por ciento recibieron la información requerida, 43 por ciento no la recibió y sólo 2 por ciento se encuentra en espera de respuesta. En cuanto a la clasificación de la información, al 25 y 14 por ciento les negaron la información por estar reservada y/o ser confidencial, respectivamente; en el 19 por ciento declararon inexistencia de la información y en 13 por ciento la información solicitada no correspondía con la requerida. Referente a si la entrega de la información se realizó en el plazo estipulado, siete de cada diez reporteros dijo que sí. En este sentido, el 62 por ciento de los 5. Acceso en el ente público (reporteros que contestaron afirmativamente)

1. El ente público donde realizó su solicitud, ¿contaba con una oficina específica para brindar la información? 2. La oficina de información pública o unidad de enlace se ubicaba cerca de la entrada 3. ¿Contaba con una computadora con acceso a Internet? 4. Le brindó la información necesaria para realizar la solicitud 5. Le explicó los plazos de entrega de la información 6. Le especificó los costos de reproducción de la información 7. Le auxilió en el llenado de su solicitud 34

No (26%)

18 16

7. ¿Le entregaron la información que solicitaba? No (43%)

Sí (74%)

Para el desempeño de su trabajo la información de oﬁcio le pareció: Fácil de localizar 70% Comprensible 86%

Sí (55%)

Negaron por ser reservada: 25%

No existió el documento 19%

No era lo que solicitaba

Útil para su trabajo 83%

13%

encuestados no está satisfecho con los plazos para la entrega de la información; coincidieron en que debería de ser más corto el plazo para entregar la información solicitada. Argumentan que debido a la premura que requiere la información y su manejo en los medios, el lapso de 20 días –establecido en la ley federal– les resulta demasiado tiempo.

14%

Negaron por ser conﬁdencial

Evaluación del IFAI El órgano garante del derecho a la información en el ámbito federal ha sido el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). De acuerdo con la escala empleada, 70 por ciento de los reporteros que han realizado solicitudes evaluaron el desempeño del IFAI como “muy bien” y “bien”; en el mismo sentido se manifestó el 73 por ciento con relación a la promoción y difusión de la ley de transparencia y acceso a la información pública; 69 por ciento en cuanto a la resolución de recursos de revisión y 70 por ciento referente a la apertura informativa.

Periodismo y acceso a la información

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6. ¿Conoce cuáles son las obligaciones de oﬁcio o de transparencia?

La investigación realizada revela que la mayor parte de los reporteros conoce las legislaciones de acceso a la información, pero no todos se han acercado a ejercer este derecho. Algunos de sus motivos para no hacerlo quedan de maniﬁesto: “no tengo necesidad” y “cubro otra fuente” son respuestas que se vinculan con

el periodismo que ejercen, a diferencia de otros informadores que sí requieren de las garantías jurídicas que otorgan las leyes de transparencia para ejercer su trabajo. Es probable que lo anterior dependa del tipo de periodismo realizado por los periodistas y los medios de comunicación mexicanos. El ejercicio –aunque incipiente– del derecho de acceso a la información pública se relaciona con el periodismo de investigación o “de precisión”, no así con el periodismo expositivo donde “los contenidos periodísticos publicados corresponden al ámbito de las declaraciones (o de las observaciones presenciales del reportero a partir de una declaración previa de anuncio de unos hechos); mientras que las ‘indagaciones’ o periodismo de investigación propiamente dicho aparecen con menor cuantía y continuidad”.1 Un ejemplo de ello fue la investigación “Cómo cubrió la prensa el tema energético” realizada por Zócalo (mayo de 2008): un análisis de contenido reveló el acercamiento y dependencia de la prensa nacional con el periodismo expositivo en un asunto de interés público como la reforma energética. El especialista estadunidense Robert W. Greene establece tres elementos básicos del periodismo de investigación: “que la investigación sea el trabajo del reportero, no un informe sobre una

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investigación hecha por alguien más; que el tema de la información (aborde un tema) de razonable importancia para el lector o el televidente; y que haya quienes se empeñen en esconder esos asuntos del público”.2 El periodismo de declaraciones está vinculado a las políticas editoriales del sistema de medios actual. Las fuentes dan las versiones de los hechos en los boletines y muy pocos, o ninguno de los reporteros de los medios se atreve a salir de las directrices de las instituciones públicas o de los propios medios de comunicación. El periodismo de investigación “libera” al periodista investigador de las ataduras del sistema de medios, a su vez maniatados por el sistema político. “El mérito del reportero diario consiste en tener olfato para buscar el ángulo novedoso de la noticia; poner en contexto los hechos; contar con un directorio de fuentes; permanecer bien informado y actuar con prontitud. Por su parte, el reportero investigador trabaja en asuntos controvertidos, que no necesariamente tienen actualidad noticiosa y que casi siempre alguien quiere que no se ventilen.”3 En este sentido, las leyes de transparencia y acceso a la información pública gubernamental se han convertido en herramientas necesarias para acceder a los archivos que elaboran los entes públicos, en el ejercicio de sus funciones. Según Gerardo Reyes,4 antes de existir las leyes de transparencia un obstáculo para afrontar el periodismo de investigación 8. ¿Le respondieron en el plazo estipulado? Sí

en América Latina era obtener acceso legal a los archivos que el gobierno generaba; esto “es casi siempre imposible”. Esta tendencia se revierte con legislaciones de avanzada cuyos beneﬁcios responden a las necesidades actuales de información. Otra clasiﬁcación de periodismo es el denominado “de precisión” cuyas características son: 1) es empíricamente comprobable; 2) de carácter formal indubitable; 3) nítidamente desvelador de posibles arbitrariedades; y 4) de amenaza radical para los ejercicios arbitrarios del poder.5 En este tipo de periodismo, el derecho de acceso a la información también realiza una contribución importante al generar bases de datos –publicadas en Internet– de las solicitudes de acceso a la información que se realizan a los entes públicos; o en los estudios elaborados en la materia por los órganos garantes de este derecho. Así, el periodista da vida a documentos en los cuales la “noticia bomba duerme a menudo en los archivos, en los silenciosos listados de una base de datos o en las frías y cabalísticas anotaciones estadísticas de una investigación sociológica”.6 Existen dos bases de datos imprescindibles para el periodismo de precisión en el ámbito federal. Una agrupa solicitudes y respuestas correspondientes, ubicada en el portal denominado Acceso Público del Sistema de Solicitudes de Información de la administración pública, cuya página de internet es 9. ¿Está satisfecho con los plazos para la entrega de la información? Sí

29%

38% 71%

62%

10. ¿Cómo evalúa al IFAI en los siguientes aspectos? Muy bien y bien

Mal y muy mal

Promoción y difusión de la ley 73%

Resolución de recursos 69%

Apertura informativa 70%

www.sisi.org.mx. La búsqueda se puede realizar por entidad, fecha y tipo de respuesta. La segunda registra los recursos de revisión del IFAI (www.ifai.org.mx); las resoluciones están ordenadas por sesión, año y número de expediente en forma descendente. En ellas se indica, además, el comisionado ponente y el proyecto de resolución. *Responsable del proyecto: Carolina Pacheco Luna. Nota metodológica Encuesta sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información pública por los periodistas. Periodista: en sentido amplio “quien hace del periodismo su ocupación habitual sea remunerada o no”. Marco área: Distrito Federal y Área Metropolitana. Tamaño de la muestra: 424 periodistas. Muestra calculada para poblaciones no ﬁnitas con un margen de error +4.8 y nivel de conﬁanza del 95%. Tipo de encuesta: cara a cara 70 por ciento, vía electrónica 30 por ciento. Medios consultados: 40 por ciento diarios, agencias de noticias y revistas impresas y electrónicas; 30 por ciento radio; 30 por ciento televisión. Cédula de la encuesta: 25 preguntas; cinco abiertas y 20 cerradas. Presentación de resultados: porcentajes válidos. Grupo de campo: Gerardo Contreras, Carla Morales, José Miguel Pacheco, Gonzalo Reyes, Miriam Robles, Marisol Sarabia, Elvia Velázquez. 1 Dader, José Luis, Periodismo de precisión: la vía socioinformática de descubrir noticias, España, Síntesis, 2002, p. 27. 2 Greene, Robert, prólogo a la primera edición de The Reporter´s Handbook: An investigator´s Guide and Techniques, ed. John Ullman y Jan Colbert, Investigative Reporters and Editors, INC (IRE), Saint Martin´s Press, Nueva York, p. VII. 3 Reyes, Gerardo, Periodismo de investigación, México, Trillas, 1996, p. 12. 4 Ibidem, p. 12. 5 Dader, José Luis, op. cit., p. 44. 6 Ibidem, pp. 10-11.

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Perseverar, requisito para el acceso: Fátima Monterrosa

Casos concretos Fátima Monterrosa solicitó a Petróleos Mexicanos (Pemex) los convenios ﬁrmados con el sindicato petrolero, desde que Carlos Romero Deschamps asumió la Secretaría General, así como el monto de las cuotas que la paraestatal entrega al sindicato. “Me respondieron que la información estaba reservada, que me 12

iban a dar documentos tachoneados, en Chiapas: “retratamos toda la infamia, versiones públicas por las que tenía que los enfrentamientos, las muertes...” pagar casi tres mil pesos en copias. Me La periodista del semanario Emeequis inconformé ante el IFAI porque en casos también ha pedido información sobre similares otras dependencias sí me han el conflicto chiapaneco; sin embargo, entregado la información. Descubrí que su experiencia no ha sido satisfactoria: un juzgado les daba la razón a algunos “te dan puras versiones públicas o comunicados del Ejercito trabajadores de Pemex para que les entregaran Zapatista de Liberación Nacional. Le solicité documentos; presenté los argumentos en ese información al CISEN: te dice ‘sí te doy’, pero sentido. El IFAI me dio la razón; en 20 días háte quieren entregar biles me tenían que dar puros documentos y yo quiero videos. No la información. Ahora resulta que me acaba entregan nada. Pides información y te dicen de llegar a mi casa una notificación del juzgado que es confidencial o Fátima Monterrosa, Premio Nacional de Periodismo 2008. reservada ¡por más de porque el sindicato se amparó como tercero diez años! Entonces perjudicado. En lugar de darme la in- se recurre al IFAI, el cual determina si formación, Pemex notificó al sindicato abren o no esa información. La reserva que debía entregármela, alertándolo al de información se entiende cuando se respecto. ¿Qué quieren esconder?” La trata de cuestiones militares, de tácticas reportera de la revista Emeequis confía y combate al crimen organizado. Los en que le van a dar la razón, “aunque se legisladores tienen que hacer modificaciones a la ley para que sea clara y los dilate el proceso”. Fátima es chiapaneca; ejerce el perio- funcionarios no le den la vuelta”. dismo desde hace 15 años. Después de terminar la licenciatura en la Universi- Obstáculos y perseverancia dad Autónoma de Guadalajara, empezó La reportera galardonada insiste en a trabajar como freelance en esa ciudad. cuestionar. Fátima revisa las bases de Cuando estalló el conflicto armado en datos donde se recopilan las solicitudes Chiapas, regresó a su estado natal debi- de acceso a la información pública que do a que siempre quiso ser corresponsal han sido respondidas. Analiza todas, de guerra. Tiene experiencia en radio, incluso las clasificadas, con la finalitelevisión y en agencia de noticias; tam- dad de encontrar la manera de que la bién trabajó con Ricardo Rocha durante información sea proporcionada. “Pides 11 años, cubriendo el conflicto armado una información y te dicen ‘no, no está Google

100 solicitudes de acceso a la información a diversos entes públicos de la administración pública federal y local, y de hacer revelaciones periodísticas que de otra manera no hubieran sido del conocimiento de los ciudadanos, Fátima Monterrosa recibió el pasado 15 de mayo el Premio Nacional de Periodismo 2008, en la categoría de Transparencia y Acceso a la Información, por su reportaje “Corrupción en el Estado Mayor Presidencial”. En el ejercicio del derecho a la información, la reportera ha adquirido experiencia en el proceso para obtener información pública, principalmente de la Presidencia de la República. La periodista indica que es un derecho adquirido: “nos lo ganamos los medios de comunicación, los organismos de la sociedad civil, los periodistas y académicos, quienes pugnamos para que se abrieran todos los archivos oﬁciales. Los legisladores hicieron suya la ley de transparencia para aprobarla, pero con algunos corchetes mediante los cuales el gobierno nos está escondiendo información”. ESPUÉS DE REALIZAR MÁS DE

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disponible’; pero buscas la forma y terminan entregándola”. Un ejemplo es el caso del Servicio Postal Mexicano (Sepomex), caliﬁcada por la periodista como “una de las dependencias con mayor opacidad”. Con la información solicitada a la institución publicaron un reportaje del manejo poco transparente de los recursos públicos. La administración de Sepomex estuvo a cargo de un titular (Gonzalo Alarcón Osorio) por casi 18 años, es decir, permaneció durante las administraciones de Salinas, Zedillo, Fox y seis meses con Calderón. En los gastos había adquisiciones de uniformes para todos los años, motocicletas, bicicletas y vehículos. Al contrastar los datos evidenciaron que los carteros no recibieron esos recursos. “Pero eso no era nada, la joya de la corona era que el titular de Sepomex había gastado 260 millones de pesos en gastos funerarios; ¿acaso se murieron los 20 mil carteros? En realidad se murieron menos de 20 en tres años y nada más les dieron entre 10, 17 y 30 mil pesos. Todo es una cloaca, todo está infestado de corrupción ¿Dónde está la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Gobernación? ¿Por qué no actúan? Como en el caso del reportaje sobre el Estado Mayor Presidencial, no pasó absolutamente nada”. Monterrosa aﬁrmó que hay que solicitar información de manera inteligente y ser perseverante. En el caso de Sepomex realizó diez preguntas. Le respondieron: “queremos que nos digas cuáles preguntas van a recursos humanos y cuáles a recursos administrativos”, para distinguir las áreas competentes. Otro ente público quería que cada pregunta fuera una solicitud. La dependencia a la que más le ha solicitado información ha sido la Presidencia

de la República. Ésta fue la primera institución que cuestionó desde que entró en vigor la ley. Fátima ha realizado solicitudes en algunos estados como Chiapas, Oaxaca, Aguascalientes y el Distrito Federal. Percibe que la distancia entre las leyes locales y la federal “es muchísima: si existe opacidad dentro de la administración federal, en los estados es mucho mayor”. Relata una investigación de Emeequis sobre cuánto percibían los funcionarios públicos en el país. “Pedimos el salario de un gobernador. Nos remitieron a la página de Internet donde decía que ganaba mil salarios mínimos, cuando deben especificarse cantidades precisas.” Relató que en los estados se topó con muchos problemas. “En algunas entidades, al no tener sistemas informáticos, se tiene que imprimir el formato, llenarlo e irlo a entregar a un módulo local. Expliqué que vivía en el DF. Indicaron que enviara la solicitud por mensajería pero tenía que ir a firmarla personalmente.” Los organismos autónomos tienen grandes deficiencias. “El Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación tardan en responder y su portal es engorroso. En la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tienen un formato inmodificable que hay que imprimir y entregar en la dependencia. Una secretaria me dijo que se lo mandara a su correo. ¿Dónde queda el control del archivo?: está fuera del procedimiento. Hice una solicitud a la Cámara de Diputados, me remitieron a la ASF y ésta me regresó a la Cámara; después me envían

a la Presidencia de la Junta de la Coordinación Política… Las instituciones responden con base en cuotas políticas, es decir, si solicitas una información que no les conviene a ellos, no te la dan. A estos obstáculos nos hemos enfrentado”.

Sobre el Premio Con respecto al uso de las leyes de transparencia para ejercer el periodismo, la reportera cita a Paco Ignacio Taibo, quien de ese instrumento reﬁere: “es un nuevo género que no ha dado mucho”. En cambio, Fátima considera que “en Emeequis se intenta dar vida a los números, a esos fríos documentos que te entregan. Nosotros vamos más allá y realizamos investigación adicional, solicitamos y revisamos irregularidades después de pasar por un proceso demasiado lento para que te entreguen la información. Luego analizamos y contrastamos los datos; ese periodismo no se hacía antes”. Agrega que ese periodismo no se hace en otros medios. Explica que los grandes diarios sienten que los medios electrónicos (radio, televisión e Internet) se los están comiendo, que lo único que quieren son notas informativas. “Los reporteros no somos mensajeros; debemos ser investigadores, denunciantes”. Para la periodista el hecho de haber ganado el Premio Nacional de Periodismo representa ser mejor. “El premio me fuerza a mayor presión para sacar mejores productos. Me abre las puertas en muchas partes, sobre todo hacia la información que es lo más importante. En Emeequis hacemos un trabajo de mucho corazón y mucho hígado, por amor al periodismo y al arte. Los periodistas honestos no estamos en la profesión para enriquecernos sino para vivir al día”. (Carolina Pacheco Luna) Comunicación • Política • Sociedad

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Cinco años después: el balance Carolina Pacheco Luna

Práctica del acceso Las más de 250 entidades y dependencias de la Administración Pública Federal recibieron, desde que se implementó la legislación (11 de junio de 2003) y hasta el 15 de mayo de 2008, un total de 303 mil 567 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales el 96 por ciento han sido electrónicas. En ese mismo lapso se dio respuesta a 267 mil 928 14

requerimientos de información, de los cuales sólo el 5.6 por ciento inició un recurso de revisión. De acuerdo con datos del Sistema de Solicitudes de Información (SISI), durante 2007 el perﬁl de los solicitantes se distribuyó de la siguiente manera: 32 por ciento académicos, 16 por ciento empresarios, 11 por ciento del sector gubernamental, 10 por ciento de los medios de comunicación y 31 por ciento clasiﬁcado como otros.

de manera más cuidadosa, honesta, racional y, en el mejor de los casos, aprende a respaldar sus decisiones, porque sabe que no tener los documentos le puede costar administrativa o políticamente”.

Servidores públicos

Miguel Dimayuga / Cuartoscuro

“E

l derecho de acceso a la información nunca se va a poder acercar a toda la ciudadanía. El día que tengamos a cien millones de solicitantes va a ser la locura”, aﬁrma María Marván Laborde, comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), después de un lustro de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Desde una perspectiva de “transición” y de lo que algunos especialistas denominan “reformas de segunda generación”, el ejercicio del derecho a la información es un asunto de casos concretos; de matices permanentes para no incurrir en interpretaciones absolutas; de un constante aprendizaje de todos los involucrados en la transparencia (entes gubernamentales, institutos o comisiones de transparencia, funcionarios, comisionados, ciudadanos…); de contar con recursos económicos y humanos suﬁcientes y profesionales; y de voluntad política que haga del acceso a la información un derecho cabal sólo restringido mínima y claramente por lo que establezca la ley.

María Marván Laborde, comisionada del IFAI.

Para Marván Laborde las solicitudes son un indicador de que la gente ha aprendido a usar la ley. En cuanto a los beneﬁcios que genera el derecho, la comisionada explica su visión: “si pensamos que la relación es directa, es decir, si considero que hago preguntas y mañana gano más o mis hijos tendrán una mejor escuela, le estamos pidiendo a la ley algo que no nos puede ofrecer. Lo que sí podemos tener es un mejor gobierno que gasta y compra

María Marván Laborde, primera comisionada presidenta del IFAI, considera que la administración pública ha venido rompiendo una lógica cuyo impulso natural es guardar u ocultar la información, porque piensa que su seguridad y la de su jefe depende de no compartirla; a cambio, de manera progresiva, se ha dado lugar a una nueva cultura de la transparencia. En cinco años, los tres entes de la administración pública federal más requeridos para entregar información han sido el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 32 mil 373 solicitudes; la Secretaría de Educación Pública, la cual acumuló 14 mil 716; y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 12 mil 498 requerimientos en su haber. La encuesta La cultura de los servidores públicos alrededor de los temas de transparencia y acceso a la información, realizada por el Centro Internacional de Estudios de Transparencia y Acceso a la Información, en colaboración con el IFAI, revela algunas actitudes hacia la ley. Por ejemplo, los funcionarios públicos expresan un comportamiento positivo hacia la transparencia en abstracto; sin embargo, existe el riesgo de que perciban el acceso a la información como un problema o carga a cumplir que no contribuye de manera clara hacia algún beneﬁcio social.

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Desempeño del IFAI Issa Luna destaca la estructura del IFAI, su iniciativa de buscar medios externos internacionales para generar programas sociales más enfocados y concede que ha tratado de asesorar y conducir un diálogo cercano con las unidades de enlace.

Sin embargo, menciona que “México está pasando por un momento difícil: ante los ojos internacionales el IFAI está tambaleándose con el “Documento de trabajo” presentado a la Cámara de Diputados para reformar la LFTAIPG (ver Zócalo 99); los comisionados proponentes se negaron a la autonomía del IFAI porque quieren menos responsabilidad e involucramiento con otro poderes”. Además de coincidir con poner en el debate el tema de la autonomía, John Ackerman, investigador del IIJ-UNAM, apunta otro asunto relevante. El servicio civil de carrera del IFAI es un asunto relacionado con su profesionalización: “me parece un escándalo de proporciones internacionales; cómo puede ser que los nombramientos se hagan de una forma tan discrecional, ni siquiera se realizan convocatorias públicas para las plazas”. Al respecto, Miguel Carbonell en su libro El régimen constitucional de la transparencia, analiza las características de los órganos u organismos que conocen de los recursos, de acuerdo con el artículo 6º constitucional. En el texto demuestra que la imparcialidad está vinculada con el principio de independencia que “comienza con el diseño de sistemas de nombramiento y promoción; si los mecanismos para ser nombrado son objetivos y transparentes, es obvio que la independencia, entendida como ‘no sujeción’ del funcionario de que se trate a ningún tipo de interés o mandato tanto externo como interno, será mucho mayor que en el caso contrario”. Ackerman señala que el IFAI va cobrando más relevancia; sin embargo, los comisionados han extraviando el rumbo porque deberían estar comprometidos de manera plena y directa con la agenda IIJ

a la información se convierta en un negocio (62%); que se generen mayores costos para su entidad (47%); que se den ventajas “indebidas” a algún solicitante (58%) y que la información pueda ser utilizada para atacar a su entidad (48%). Para medir la incidencia con que se niega la información, la encuesta revela que se generó una variable indicativa indirecta, con la cual se obtuvo lo siguiente: los entrevistados han escuchado que la unidad administrativa se declara incompetente (43%); declarar que la información no está disponible en medio electrónico (39%), entrega de información con tecnicismos (32%) y la interpretación restringida de las solicitudes (30%). Sobre la calidad de la información entregada, Issa Luna Pla, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ), apunta que “se dan muchas respuestas como inexistencias, se niega toda la información vinculada con los secretos y no se tiene acceso a la información que nos ayude a develar casos de corrupción o ineﬁcienIssa Luna Pla. cia. Sólo se tiene acceso a un nivel general y estadístico de la información; en este sentido, el balance es muy negativo”. IIJ

La encuesta indica que el 86 por ciento de los servidores públicos muestran una voluntad positiva hacia el acceso a la información (14% cree que las solicitudes no ayudan a la transparencia). Sin embargo, 43 por ciento considera que la mayoría de las solicitudes se usan para ﬁnes personales, 30 por ciento percibe que en la actualidad se guardan menos documentos y el 25 por ciento opina que se archivan menos documentos deliberativos. La doctora Marván reconoce que las dependencias o entidades han aprendido a contestar solicitudes cada vez más complejas, aunque “esto no quiere decir que ya vencimos todas las resistencias; John Ackerman. se han tolerado nuevas conductas que pueden facilitarles no dar la información, como las declaraciones de inexistencia, aunque no todas las inexistencias de información muestran un comportamiento perverso. En ocasiones los solicitantes imaginan un producto de investigación o resoluciones que aún no se han tomado; piden ese documento y, claro, no existe”. La comisionada explica que las inexistencias son declaradas por dos razones: 1) se presenta cuando la búsqueda es muy complicada, por ejemplo, “la ley no tiene ningún límite en la antigüedad de los documentos que podemos solicitar, hemos resuelto recursos de documentos que datan de 1927; 2) se presenta para tratar de disuadir al solicitante y que no pida tal información: “al servidor público le cuesta mucho trabajo entregar la información cuando sabe que hizo algo indebido, no importa el monto; en este caso las resistencias son fáciles de vencer”. La encuesta mencionada muestra que existe una serie de motivos por los cuales muchos servidores pueden justiﬁcar “la protección” de la información: que el acceso

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Múltiples pendientes legislativos El “Documento de trabajo” donde se propone una nueva ley federal en la materia, presentado por cuatro comisionados del IFAI, fue calificado por algunos expertos como “retroceso”. No se requiere una nueva ley que deje a la libre decisión de la autoridad definir qué solicitud es aceptada y cuál no, sino una reforma que incorpore elementos derivados de la experiencia, asegura Ernesto Villanueva. En cuanto a si la ley que garantiza el derecho de acceso a la información se debe orientar hacia una legislación de “documentos” o “archivos”, María Marván comenta: “si enfocamos la ley de información en el sentido más amplio –y quiero caricaturizar un poco–, vamos a acabar poniendo a una persona que conteste cualquier cosa que se le ocurra al ciudadano. Tenemos que aprender a documentar mucho mejor las acciones del gobierno y, en ese sentido, es urgente tomar medidas en cuestión de archivos, que es una materia pendiente”. En contraste, Luna Pla considera que la manera más amplia de garantizar un derecho fundamental es a través de una ley de información, así el ciudadano no tiene por qué saber cuántos documentos y en qué orden están clasificados dentro de las instituciones; como tampoco se tendría que sacrificar el derecho de acceder a la 16

información cuando supuestamente ésta interno de control de la entidad o deno existe. pendencia respectiva si considera que un Otro tema postergado, según Marván, funcionario público no ha acatado una es el órgano revisor de las decisiones de resolución del IFAI: durante tres años y los otros sujetos obligados, como el Con- medio dio vista en 132 ocasiones, de los greso de la Unión y la Suprema Corte de cuales en 125 casos la Secretaría de la Justicia de la Nación, cuyas revisiones son Función Pública no encontró elementos muy endogámicas: “el jefe que revisa las para proceder a una sanción. solicitudes es el mismo que da la orden de El autor de la publicación concluye que que eso no se entregue; resulta absurdo”. persisten problemas en cuanto a la defenEn términos de la administración públi- sa del principio de máxima publicidad, ca federal, la comisionada del IFAI indica debido a que le falta ejercer sus facultaque se requiere mayor claridad en cuan- des de investigación e interpretación de la to a la clasificación de las averiguaciones ley; además, el instituto perdió la oportuprevias e información muy específica de nidad de esclarecer los cuestionamientos seguridad pública y nacional; se han te- respecto a posibles conflictos de interés nido dificultades para interpretar la ley entre algunos comisionados y el gobierno frente a la PGR, además de que en asun- en turno. tos de seguridad es difícil determinar qué ¿Cultura de la transparencia? información se puede otorgar y cuál no. El servidor público que no entrega o A petición del IFAI, el análisis elaboraarchiva debidamente la información, ni do por una empresa especializada en documenta lo que hace, debe saber que estudios de opinión pública, Sigma Dos tiene una sanción y esto todavía no está México, encuentra hallazgos: “en general se carece de una claro, indica María Marván, quien añade que percepción de una existen dos posiciones utilidad práctica de la divergentes: 1) quienes información pública, aseguran que debe sandifícilmente se asocia cionar el órgano revia beneficios directos sor; y 2) la posición en (personales) e indirectos (comunitarios), la cual el IFAI revise lo por lo que se convierte relativo a la información en un ‘intangible’ a pepública y que otra entidad se encargue de la sar del reconocimiento sanción (a esta última se generalizado de que la suma Marván Laborde). información es poder, Detalla que en términos es decir, control”. Ernesto Villanueva. democráticos si el órJohn Ackerman hace gano garante también una distinción entre sanciona, el servidor público tendría la cultura y funcionamiento de prácticas posibilidad de ir ante un tribunal para de vigilancia, específicamente, de fiscalique un juez decida si procede o no la zación a partir de la utilización de la ley sanción. de transparencia. Para el investigador, el Al respecto, en el cuaderno para la término “cultura” es algo histórico, midemocratización número 10, El Instituto lenario; por ello, propone que sean las Federal de Acceso a la Información Pública: “prácticas” las que se puedan cambiar a diseño, desempeño y sociedad civil, Acker- partir del artículo 6º constitucional: “no se man documenta que el órgano garante trata de portarnos bien o de ser diferentes, posee facultades para dar vista al órgano sino de hacer valer nuestros derechos”. IIJ

social para asegurar que la ley se cumpla y llegar a tener consecuencias positivas para la acción pública, en lugar de reconciliar la agenda social con la gubernamental. Ernesto Villanueva, presidente ejecutivo de Libertad de Información México (Limac), identiﬁca dos momentos del IFAI: antes de la llegada de Alonso Lujambio, cuando se vio un liderazgo muy presente, y después del arribo de éste “ vemos un IFAI más desprestigiado, ausente, retraído, sujeto a una política de ratiﬁcar el ocultamiento de muchas cosas”.

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Logros y retos de la transparencia Dorangélica de la Rocha

E HABLA MUCHO DE TRANSPARENCIA;

¿cómo debemos entenderla? La transparencia (en normas de la información) es un concepto que revela el funcionamiento de los llamados entes obligados: para el caso mexicano, las instituciones del gobierno que desarrollan su función con recursos públicos. Se trata de abrir la cortina para que todos veamos quiénes toman las decisiones y cómo se forjan, para dar seguridad de que esos actos sean conforme a la ley. Es una nueva forma de hacer las cosas. En la actualidad, la sociedad debe conocer por sí misma las decisiones que afectan a su entorno y a la población porque los gobernantes son electos por ella y porque quienes integran el gobierno son parte de la sociedad. En nuestro país contamos con un marco jurídico que si en muchos casos es deficiente, lo cierto es que ha servido para que toda persona pueda conocer más de sus instituciones; sin embargo, muchos se preguntan si con la emisión de leyes en la materia se alcanza realmente la transparencia. Aquí tenemos que decir que el marco jurídico siempre es esencial en un Estado de derecho, porque define el actuar de las autoridades y delimita para cada una la función específica que debe desarrollar. Pero la sola emisión de leyes no es suficiente para alcanzar el cambio

cultural que en el fondo es lo que se necesita para implantar la transparencia.

Factores que inciden en la transparencia Desde luego, faltan leyes claras en materia de transparencia; legislaciones sobre manejo de archivos y de datos personales, así como una promoción permanente sobre el tema. Todo ello incide de manera negativa. Pero si tomamos en cuenta el ejercicio de las leyes de acceso a la información tal y como actualmente existe, se observan otros factores que inciden, tanto de impacto positivo como negativo. La práctica de la transparencia y, desde luego, la voluntad política de los gobiernos son elementos que identiﬁcan las buenas prácticas. Los factores negativos tienen que ver con actitudes de resistencia al escrutinio público para que todas las personas tengan el poder que otorga la información y éste no sólo pertenezca a unos cuantos. También impacta de manera negativa la falta de sistematización en los archivos. De lo anterior se habla poco pero es algo que condiciona el acceso a la información, pues sin archivos no se tiene el insumo para permitir el acceso a los documentos de manera ﬂuida. Hay factores que impactan de manera positiva, tanto en el orden local (estados de la República) como federal. Algo

muy positivo por parte del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) es haber tenido la visión de llevar a las entidades del país y el Distrito Federal el Sistema de Información México (Infomex), que poco a poco ha revolucionado el tema del derecho de acceso a la información. Mantener una estrecha relación con todos los órganos de acceso a la información del país, por parte del IFAI, también es un acierto; así como la visión que han tenido los órganos garantes para estar en comunicación de manera permanente, compartiendo experiencias.

Unión que hace la fuerza Por otra parte, en la actualidad existen dos organizaciones que agrupan a comisiones, consejos e institutos de transparencia. Una es la Confederación Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) que integra a todos los órganos garantes, incluido el IFAI, presidida por Alonso Lujambio. Se ha hecho un gran trabajo y se ha fortalecido mucho, velando en los tiempos recientes por los intereses que a todos los órganos debe importar: la transparencia y rendición de cuentas, buscar mejores leyes de acceso a la información, impulsar un cambio de cultura en cuanto a la opacidad; buscar también la consolidación y credibilidad como instituciones rectoras del tema y alejadas del poder gubernamental y partidista. Sin todo esto es muy difícil que la tarea en la materia se cumpla a cabalidad. En 2007 la COMAIP impulsó un trabajo importante con la participación Comunicación • Política • Sociedad

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de los órganos garantes del acceso a la información en los estados de la República y el Distrito Federal. Se han alcanzado logros de mucho valor para el trabajo institucional: es un factor positivo en el terreno mexicano de la transparencia. Citaré dos trabajos de suma importancia: el Código de Buenas Prácticas para el Diseño de Leyes de Acceso a la Información y el estudio Métrica de la Transparencia. El primero es una gran aportación de la COMAIP de utilidad para los legisladores a la hora de modificar leyes de transparencia, en atención a la reforma al artículo 6º constitucional. Esto tendrá que pasar antes del 20 de julio de 2008. En el caso de la Métrica de la Transparencia, es un aporte de cómo está nuestro país en la materia y cómo es la práctica del marco jurídico. Se trata de un estudio serio que tendrá que repetirse y perfeccionarse, como lo ha acordado la COMAIP. Desde luego, estas mediciones que en 2007 merecieron nuestra atención, nos aproximan a la realidad mexicana en materia de acceso a la información. Este instrumento que también surgió de la COMAIP y que se encomendó al Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), es un diagnóstico del estado de la transparencia en México. Se limitó a verificar una muestra de la situación que guardan las páginas oficiales de las entidades públicas en las cuales se divulga información, así como el trato dado a los solicitantes y la calidad de la respuesta obtenida. Se pretendió medir el grado de alejamiento que existe, en los distintos órdenes de gobierno, entre la legislación y la aplicación real de la norma. Los resultados fueron publicitados y ahora contamos con referentes que nos permiten descifrar dónde se encuentran las fallas, con el objetivo de mejorar. 18

Asimismo, a ﬁnales del primer semestre de 2007 se propuso en asamblea de la COMAIP –que agrupa a todos los órganos garantes– la conformación de una guía que enseña las mejores prácticas en cuanto al acceso a la información y las alternativas para diseñar estas leyes, en ocasión de la reforma al artículo 6º constitucional. El ya citado Código de Buenas Prácticas fue concebido como un instrumento para orientar el debate de los legisladores y su contenido abarca aspectos sustantivos y de procedimiento. Este estudio también fue encomendado al CIDE y al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es importante señalar que el Código es un documento que contiene elementos mínimos a tomar en cuenta; puede ser muy útil para los legisladores a la hora de perfeccionar las leyes de transparencia. Sin embargo, cabe subrayar que en aquellos lugares donde existen leyes que contienen avances, hay que respetarlos; donde no se alcancen los requerimientos mínimos será necesario tomar en cuenta el Código como una muy buena guía. Siempre pensando en avanzar. Nunca en retroceder. “Para atrás, ni para agarrar vuelo.” Los casos citados son sólo ejemplos del trabajo de la COMAIP.

Investigación y academia En este mismo orden de ideas, quiero citar otra organización que integra a algunos organismos garantes: Asociación Mexicana de Organismos para el Acceso a la Información (AMEPI), la primera que logró impulso cuando el tema apenas nacía en México, con la creación de las primeras leyes de transparencia y las primeras comisiones. Esta asociación, hasta ahora, agrupa a varios órganos garantes que, en su más reciente asamblea realizada en Culiacán, Sinaloa, acordaron orientar sus acciones

fundamentalmente a la investigación y a la academia, en el tema del derecho de acceso a la información pública. La unión, se ha dicho, hace la fuerza, y pienso que los órganos garantes en México están cada vez más unidos. En la reciente asamblea de la COMAIP, celebrada en Acapulco y que tuvo como anﬁtriones a los colegas de Guerrero, se analizaron de manera profunda varios temas, entre los que destaca el seguimiento a las reformas que están sufriendo las leyes de transparencia en México, para alcanzar los mínimos que establece el artículo 6º constitucional en la materia. Se abordó el penoso caso de Querétaro, donde los diputados locales decidieron fusionar las comisiones de Derechos Humanos y de Acceso a la Información, ignorando lo que establece el artículo 6º de la Constitución, en el sentido de que los estados de la República cuenten con órganos especializados en materia de transparencia.

Y hablando de reformas a leyes de transparencia, es importante estar alerta, porque si bien son necesarias e impostergables, lo cierto es que se han visto ejemplos de avances y retrocesos en algunos estados (no sólo en Querétaro) a la hora de reformar las leyes de acceso a la información. Hay que destacar que esto no tiene que ver con colores de partidos políticos, porque lo mismo ha sucedido con gobiernos priístas, panistas o perredistas, en lo que respecta a avances como a retrocesos. Hay que estar atentos. Presidenta de la Comisión de Acceso a la Información Pública del estado de Sinaloa.

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Lejos los ciudadanos del acceso: OSC Carolina Pacheco Luna / Joaquín Castro

L LENGUAJE CADA VEZ MÁS ESPECIALIzado, el requerimiento de acceso a la información por parte de los mismos solicitantes (académicos, empresas, gobiernos, medios de comunicación), la escasa difusión y promoción del derecho a la información, la ausencia de “proactividad” por parte del gobierno y la latente cultura de la secrecía en los congresos, son los principales problemas que alejan a las personas del derecho de acceso a la información pública, reconocieron organizaciones de la sociedad civil (OSC), uno de los sectores más demandantes en la materia, a cinco años de la instrumentación de la ley de transparencia. Aunque las OSC coinciden en que las leyes de transparencia cambian la relación de la ciudadanía con la clase gobernante y posibilitan mayor conocimiento de la administración pública, agrupaciones integrantes del Colectivo por la Transparencia como el Centro de Análisis e Investigación (Fundar), Artículo 19, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Alianza Cívica y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), entre otras, identiﬁcan algunas deﬁciencias que impiden su pleno uso. Para Darío Ramírez, director de Artículo 19, el número de solicitudes realizadas no es un indicador de ejercicio activo del derecho de acceso a la información: “lentamente los números van creciendo pero en el mismo grupo social, es decir, los mal llamados ciudadanos de a pie no lo están utilizando”.

Un ejemplo es Inglaterra, explica, donde hay pocas solicitudes porque existe en la ley la obligación de que toda información que se juzgue de interés público se difunda entre la ciudadanía. Es una característica de una sociedad informada y, al mismo tiempo, una actitud “proactiva” del gobierno dar a conocer información de interés público antes de ser solicitada. En cambio, en México, los burócratas ignoran que la información pública no les pertenece a ellos sino a la ciudadanía.

Lenguaje complejo Sobre el acceso a la información a nivel federal, maniﬁesta que “la curva ascendente de solicitudes se detuvo y empieza a descender; se especializa la forma de preguntar y las autoridades comienzan a contestar negando la información, con un lenguaje sumamente complejo. El ciudadano tiene que ser abogado para distinguir la diferencia entre ‘documento’, ‘archivo’ e ‘información’, entre otros términos”. El responsable del proyecto Transparencia y Acceso a la Información de Fundar, Miguel Ángel Pulido, indica

que el procedimiento está haciéndose un asunto muy técnico, casi de litigio, porque se produce una contienda legal. Explica que lo anterior es un problema de comunicación y de asimetría en el conocimiento, porque el servidor público utiliza ese lenguaje críptico para su trabajo cotidiano y la ciudadanía tendría que ser experta en administración pública o en documentos para llamar a las cosas por su nombre técnico. Otro asunto relevante para Darío Ramírez, director de Artículo 19, es “que el gobierno reconozca la diferencia entre propaganda y comunicación social; entre lo que el gobierno quiere dar y lo que la población necesita saber. Decirle a la gente ‘ingresen al SISI y hagan solicitudes’ es una pésima estrategia. Primero hay que informarle sobre lo que necesita saber y aclarar que al IFAI no se le pregunta, sino que es una institución que tramita las solicitudes. En términos de difusión del derecho a la información, han existido impulsos muy pobres”. En el mismo sentido, Pulido agrega que “el error es ocasionado por el IFAI y los órganos garantes en los estados: si todos hicieran preguntas se colapsaría la administración pública”. Otro tema en el que Ramírez y Pulido coinciden es en que casi todas las campañas de promoción de transparencia y acceso a la información están orientadas a posicionar a los órganos garantes y no al derecho constitucional, cuando no son lo mismo. Aclaran que idealmente el derecho de acceso a la información es satisfactoria cuando la persona Comunicación • Política • Sociedad

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pregunta y la autoridad entrega la información; en esa fase el IFAI simplemente no figura. Fundar anota que otro fenómeno identificado ocurre con las personas que abusan del derecho, lo toman a broma o como instrumento de venganzas personales. Esto último se conoce como “fuego amigo”: cuando individuos de las mismas dependencias realizan solicitudes muy específicas, porque el solicitante es alguien que sabe que algo “no estuvo bien”. En materia legislativa, representantes de las OSC advierten que está latente la cultura de la secrecía en todos los congresos, lo que deviene en que la sociedad civil se vea obligada a monitorear la actividad legislativa para posteriormente difundirla, aunque reconocen como un buen parámetro la Ley de Transparencia del Distrito Federal. Al respecto, Brisa Maya, directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), cuestiona la cultura de la transparencia: “nosotros tenemos la obligación de acudir, rastrear la información, pero si no se utilizan las herramientas, ¿nosotros somos los responsables? ¿Dónde está el papel del administrador que justifica las decisiones que afectan a la ciudadanía?”

Investigaciones de la sociedad civil Artículo 19 y Fundar son dos asociaciones que han realizado un signiﬁcativo número de solicitudes, con el objetivo de poner a prueba los procedimientos para ejercer el derecho e indagar en asuntos públicos. Para ambas agrupaciones civiles, el uso de esta herramienta implica un derecho mediante el cual los ciudadanos pueden acceder a otros derechos, ya sea en términos judiciales, 20

civiles, educativos, de vivienda, entre otros. Artículo 19 realiza estudios en distintas áreas como salud (derechos sexuales y reproductivos de la mujer); sobre el ejercicio del derecho a la información en el ámbito empresarial, específicamente la forma como pregunta este sector de la sociedad y qué es lo que pregunta, y si las respuestas de todos los estudios son satisfactorias; así como para identificar dónde se encuentran los problemas al ejercer este derecho. En cada investigación Artículo 19 presenta alrededor de 250 solicitudes de acceso a la información ante los distintos entes públicos. Uno de los casos más complicados fue acceder a la información del Metrobús, recuerda Darío Ramírez: “definieron, construyeron la ruta y dos meses después volvieron a reencarpetar el carril. Los funcionarios se pueden equivocar, pero que digan dónde se equivocaron y cómo se ejerció el gasto doble. Al final obtuvimos la información”. En este momento Artículo 19 realiza un análisis sobre la prestación de servicios públicos: agua, electricidad, baches, parques, recolección de basura tanto a nivel federal como local. Indica que es muy complejo distinguir lo que le corresponde a cada ámbito y a cada localidad. Su objetivo es “desenmarañar” y brindarle a la sociedad un camino para que pueda acceder a estos servicios urbanos. Otro objetivo de esta organización es entregarle a la autoridad los resultados de los estudios y buscar cambios en las políticas públicas. Por ejemplo, “en salud sexual reproductiva, nos acercamos a la Secretaría de Salud y le expusimos que no estaban proporcionando a la

ciudadanía la información sobre ese derecho; con los datos obtenidos de las solicitudes se idearon campañas y mecanismos para divulgar mensajes sobre el tema”. Por su parte, el trabajo de Fundar –a través de las investigaciones realizadas y las evidencias obtenidas– consiste en participar e incidir en la vida pública. Para ello, la organización reconoce que obtener información gubernamental garantizada por las leyes de transparencia y mediante los órganos garantes facilita las posibilidades de participación. Fundar surge en 1999 y hereda una lucha por los derechos civiles iniciada por el presidente de Alianza Cívica, Sergio Aguayo. Junto con otras organizaciones, Alianza Cívica lanza una campaña denominada “adopta un funcionario”; hacía preguntas con base en el artículo 8º constitucional, es decir, el derecho de petición. Así, el actual presidente del consejo consultivo de Fundar, Sergio Aguayo, pidió acceso a la información sobre la partida presupuestal secreta del ex presidente Zedillo.

Desde un principio, para el trabajo de Fundar el acceso a la información ha sido uno de sus ejes fundamentales, el cual complementa con el análisis presupuestal porque “una política pública sin presupuestos sólo son buenas intenciones”. Esto le ha permitido apreciar qué parte del discurso político efectivamente se está implementando y cómo se priorizan esas declaraciones del gobierno. Miguel Pulido explica que Fundar trabaja sobre ejes temáticos: transparencia, participación ciudadana, democracia

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sustantiva, rendición de cuentas, igualdad sustantiva, derechos humanos y Estado de derecho. A partir de la información recabada, de un análisis político y de un seguimiento de las políticas públicas, inicia la investigación y se escogen ejes problemáticos mediante de los cuáles se determina la institución gubernamental que será monitoreada. Para fundamentar lo que se denomina “incidencia”, Fundar realiza solicitudes de acceso a la información en tres tipos de proyectos: 1. Análisis de políticas públicas. Por ejemplo, el caso denominado “Muerte materna y seguro popular”. Se obtiene una muestra de la situación en tres estados: Chiapas, Guerrero y Oaxaca. En cada caso se genera un diálogo con las autoridades porque esa información es básica. Así se han realizado muchas investigaciones: “la del Tangagate, cuando la Comisión de Equidad de Género del Congreso determinó que el dinero destinado a la organización Provida se gastó en cosas distintas a las que originalmente habían sido planteadas. Otro proyecto fue el seguimiento al gasto etiquetado para comprar medicamentos para personas portadoras del VIH sida; en los hospitales se gastaba en contratación de servicios de limpieza o bancarios”, relata Pulido. 2. Monitoreo para saber si las leyes de transparencia operan adecuadamente, si funciona un circuito expedito para hacer una solicitud, si la información existe y se entregó en tiempo y forma. 3. El acceso a la información en las investigaciones del Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria, en el cual México participa junto con otros nueve países. La metodología del Índice se ha adoptado en nuestro país para analizar cuáles son las condiciones de trasparencia.

Para realizar estos estudios, Fundar ha formulado más de 2 mil solicitudes, principalmente a la administración pública federal. Cada proyecto tiene una naturaleza distinta; en algunos el objetivo ﬁnal es presentar una propuesta para un nuevo mecanismo disfuncional, para que el presupuesto se ejerza de manera distinta o se atienda a una población que no estaba establecida en las prioridades. Otro tipo de información específica se emplea para establecer un diálogo con las instancias gubernamentales y los responsables de tomar decisiones. Los casos que documentan irregularidades son de denuncia pública; en este caso los medios de comunicación contribuyen a divulgar estos problemas, especiﬁca Pulido.

Más esfuerzos Otra organización que ha acompañado al derecho a la información es Cencos, cuya agenda cuenta con tres ejes fundamentales: la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y el acceso a la información, instrumentos que considera necesarios para mejorar la participación de los ciudadanos. Cencos ha participado en la discusión pública desde el 2000, como indica Brisa Maya: “bajo el enfoque de los derechos humanos estamos pendientes de la reformas o bien, para saber qué tan difíciles siguen siendo los procedimientos del acceso”. Cencos también ha realizado trabajo de promoción para el uso de la legislación en la materia, con diplomados sobre “Cultura de la legalidad”, donde se enseña a ejercer este derecho. Además, ha realizado monitoreo legislativo para

impulsar leyes con ciertas características de avanzada. Alianza Cívica también ha participado activamente en el impulso a este derecho. Para Christian Herrera, representante de la organización, el acceso a la información puede ser visto como un derecho que potencie otros. Su trabajo –en algunas localidades del interior de la República– apoya a comunidades en materia de salud, por ejemplo, para que los pobladores puedan conocer los recursos federales y estatales disponibles para sus clínicas u hospitales, sobre posibles desvíos de recursos, número de médicos, suﬁciencia de medicamentos, entre otros, lo que les permite tomar decisiones en conjunto. Para el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), promotor del principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, su experiencia en torno a la utilización del derecho de acceso a la información ha sido positiva. Juan Carlos Carrillo, coordinador de Proyectos Estratégicos de la organización, manifestó que ha sido a través de esta vía como el departamento jurídico del Cemda ha obtenido documentos oﬁciales con fuerza probatoria en diferentes casos. El funcionario agregó que a pesar de hacer públicos los diferentes estudios, programas y documentos que la organización realiza, “la difusión a veces es limitada porque es información que no genera eco en los medios, por no ser de alto impacto”.

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Transparencia

Asimetrías en las 33 leyes de transparencia Carolina Pacheco Luna / Joaquín Castro

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y Acceso a la Información Pública Gubernamental está considerada por los expertos entre las diez mejores legislaciones del mundo. No obstante, en México cada una de las 32 entidades federativas cuenta con su ley respectiva, cuyo contenido es diverso y origina una gran asimetría en el ejercicio de esta prerrogativa en el país. Las diferencias en el contenido legal ocasionan que en la práctica este derecho se torne confuso para el solicitante, al existir distintos procedimientos, sistemas de acceso, órganos garantes, disparidad en el cobro por los servicios y en los presupuestos asignados a los organismos, lo que se maniﬁesta en políticas públicas desiguales para la difusión del acceso a la información. Ernesto Villanueva, integrante del Grupo Oaxaca que impulsó la ley federal, rememora que en 2001 no había voluntad para hacer una ley general en la materia y, por ese motivo, se optó por una legislación que sólo abarcara a la administración pública federal. El especialista recuerda que uno de los argumentos que se esgrimió fue que se estaba transitando de un régimen centralizado a uno federal, y que la idea era que a cada estado de la República se le permitiera ajustar su propia normatividad. Actualmente las bases de una ley general en la materia se encuentran establecidas en el recién reformado artículo 6º constitucional; cada estado tiene la obligación –cuyo plazo legal es el 21 de julio de 2008– de homologar los principios A

incorporados a la Carta Magna en su legislación respectiva. Hasta el momento el avance ha sido lento. Las reformas a las leyes de Oaxaca y el Distrito Federal son la excepción. “Otras entidades están cumpliendo o les faltan sólo algunos detalles como Chihuahua, Morelos o Campeche, pero la inmensa mayoría aún no lo ha hecho”, indica Villanueva.

Estudios comparativos Existen estudios que analizan el contenido, semejanzas y divergencias de las legislaciones relativas a este derecho. Destaca Democracia, transparencia y Constitución. Propuestas para un debate necesario, coordinado por Sergio López Ayllón, en específico “La transparencia en México en el ámbito subnacional: una evaluación comparada de las leyes estatales”, de Eduardo Guerrero Gutiérrez y Leticia Ramírez de Alba; y “Muchas políticas y un solo derecho”, de Mauricio Merino. Otro estudio que muestra la heterogeneidad en las leyes locales es Indicadores de transparencia y reforma del artículo 6º constitucional, de Perla Gómez y Ernesto Villanueva. El estudio puntualiza que en 2007 se fijaron 17 indicadores legales y “criterios a través de ponderaciones que se justifican con los cinco años en que se han emitido y aplicado las normas en esta materia, con lo que se puede inferir válidamente y en constancias los posibles errores, deficiencias, obstáculos y hasta antinomias que se pueden corregir”. La investigación demuestra que ninguna legislación alcanzó los 170 puntos totales establecidos por los analistas, por lo que

tuvieron que escalar la caliﬁcación de acuerdo con el puntaje máximo alcanzado (152 puntos).

Leyes de avanzada Entre las leyes de vanguardia se encuentra la de Chihuahua que, al reformar el artículo 4º de su Constitución local, mucho antes de la reforma al 6º constitucional, establece dos derechos individuales: a la información pública y la protección de datos personales. El caso de Chihuahua es ejemplar en varios sentidos. Destaca por el notable avance logrado en la materia; “su legislación es la que más se diferencia tanto de la federal como de otras entidades”, apunta la consejera presidenta del Consejo General del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, Thlié Carlos Macías. “Superamos todavía lo dispuesto en el artículo 6º de la Constitución: en Chihuahua son sujetos obligados de ley no sólo los entes públicos, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial estatal y municipal, sino también los partidos y aquellos entes de derechos privados que reciban fondos públicos”, destaca Thlié Carlos. Entre los principios establecidos en las legislaciones destacan las obligaciones de transparencia, lo que signiﬁca que toda la información en poder de los sujetos obligados debe proporcionarse sin necesidad de que medie solicitud de información. Chihuahua posee un amplio catálogo en obligaciones de transparencia: su legislación prevé 28 fracciones.

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Presupuesto 2008 *Millones de pesos Fuente: Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI)

Federal, Morelos y Veracruz, así como los municipios de Mexicali y San Pedro Garza García.

Leyes con retrocesos 60

40 23

20 12

11 6

20 13

Yucatán

Zacatecas

Veracruz

Sonora

Sinaloa

San Luis Potosí

Quintana roo

Puebla

Querétaro

Nayarit

Nuevo león

Morelos

Jalisco

Thlié Carlos Macías enfatiza que la norma de su estado previó el acceso electrónico para que las personas puedan ejercer tanto su derecho a la información como a la protección de datos personales, que ahora muchas legislaturas han implementado. Además, prevé el tema de la perspectiva de género. Otro modelo de vanguardia es la nueva ley de transparencia del Distrito Federal, porque no sólo amplió su catálogo de información sino que especiﬁcó información adicional para cada tipo de sujeto obligado. A diferencia de la legislación federal, la de la capital del país ha avanzado cualitativamente. En sus modiﬁcaciones (que entran en vigor el 28 de mayo) se incluyen como entes públicos obligados a los partidos y, de manera indirecta, a los sindicatos, lo que establece un nuevo estándar a nivel nacional. Salvador Guerrero, comisionado ciudadano del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF), manifestó que “si el presidente (del IFAI) no tiene la determinación de transparentar lo que hacen los

Michoacán

Guerrero

Guanajuato

Estado de México

Durango

Chihuahua

Colima

Chiapas

Coahuila

Campeche

Aguascalientes

sindicatos nacionales y los partidos políticos, debe ser por las alianzas estratégicas de la presidencia; éstas son una de las variables centrales por las cuales no se ha dinamizado o no se ha mantenido la evolución del IFAI”.

Sistemas de acceso Para solicitar información pública existen diferentes sistemas informáticos. El de la administración pública federal es conocido como SISI; el de Guanajuato, SISE; Aguascalientes, SISAI; Coahuila tiene el IFICAI, entre otros. Infomex es un sistema que pretende incluir a todos los estados para que utilicen el acceso electrónico. Es una plataforma para realizar solicitudes a nivel estatal y municipal. Sin embargo, algunas entidades se han negado a ﬁrmar el convenio con el IFAI, como es el caso de Puebla, que cuenta con el Módulo de Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla (MAIPEP). De acuerdo con información de la página del IFAI, los gobiernos integrados a Infomex son Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Monterrey, Jalisco, Distrito

La ley de Zacatecas muestra atrasos respecto de las más avanzadas, porque todavía establece condiciones que obstaculizan el pleno acceso a la información, como la imposibilidad de realizar solicitudes vía electrónica y requerir el comprobante jurídico del demandante in situ, es decir, su identiﬁcación oﬁcial. En Michoacán se deja de lado el principio de gratuidad de la información. Un grave retroceso está en el costo de reproducción de los documentos, ya sea mediante expedición de copias simples o impresión de archivos electrónicos que proporcionan los entes obligados. En esta entidad se cobra 15 pesos por fotocopia. Lejos de facilitar el acceso, el costo se incrementa cada vez más, ya que en 2007 fue de 14 pesos.

Órganos garantes diversos El Estudio Comparativo sobre los Órganos Garantes de la Transparencia en México, realizado del 12 al 16 de mayo del año en curso por la Dirección de Vinculación y Estudios del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), muestra que el 68 por ciento tiene naturaleza autónoma (32% son organismos constitucionales y 36% organismos públicos), mientras que el 20 por ciento son descentralizados del Ejecutivo. Del 12 por ciento restante, en todos los casos el 4 por ciento es auxiliar del Ejecutivo (Puebla), descentralizado del Poder Legislativo (Querétaro), o bien del Congreso del estado (Sonora). Referente a la característica de la “autonomía” del órgano garante establecido en el artículo 6º constitucional, nuevamente Chihuahua es una muestra, como explica la comisionada: “nosotros tenemos autonomía constitucional; de hecho este órgano de transparencia no depende de ninguno de los tres poderes Comunicación • Política • Sociedad

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del estado. Somos un ente que, así como el Tribunal Estatal Electoral o el Instituto Estatal Electoral, tiene autonomía jurídica, presupuestal y de todo tipo; esto le da a Chihuahua, comparativamente a nivel federal, un estatus mayor”. Por su parte, el comisionado presidente de Quintana Roo, Carlos Alberto Bazán, indicó que la XI Legislatura de Quintana Roo aprobó la autonomía de la Comisión; con ello se suman al avance en la materia, “hemos entrado en los parámetros”. Lo anterior se contrapone con la reforma constitucional en Querétaro, entidad que fusionó al organismo encargado de la transparencia con la Comisión de Derechos Humanos local, maniobra que incluso va en contra del artículo 6º de la Constitución que garantiza la creación de un órgano autónomo para todas las entidades.

Presupuestos y páginas El análisis comparativo del ITEI realizó un compendio de los 25 organismos de la transparencia del país y relaciona los recursos de revisión recibidos por cada entidad con su presupuesto asignado. El Distrito Federal destinó el mayor presupuesto en 2008 al organismo garante de esta prerrogativa: 83 millones 985 mil 631 pesos; mientras que el estado que menor cantidad asignó fue Nayarit con 3 millones 932 mil. La revista Zócalo exploró las páginas de Internet de los órganos garantes locales. La primera observación fue que varios no cuentan con este espacio electrónico: Baja California, Baja California Sur, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala. Cada comisión o instituto garante está constituido de forma distinta. Algunos consejos responsables de conocer los

Integrantes y salarios de los órganos garantes Entidad

Integrantes

Aguascalientes

Comisionado presidente 62,400.02; Comisionado 57,199.98

Salario mensual neto

Campeche

Mínimo 54,664; Máximo 62,974

Coahuila

71,586

Colima

36,253

Chiapas

50,825

Chihuahua

Comisionado presidente 71,439.88; comisionado 66,439.88**

Distrito Federal

72,574

Durango

37,818

Estado de México

94,713

Guanajuato

Director General 56,855.02; Consejero 41,574.72

Guerrero

No son obligación de transparencia

Jalisco

Presidente 35,235.40***

Michoacán

45,151.74**

Morelos

Consejero Presidente 52,920; Consejero 47,959**

Nayarit

Presidente del Consejo 73,990; Secretario Ejecutivo 35,999*

Nuevo León

59,414

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

Comisionado Presidente 49,665; Comisionado 33,357** Comisionado presidente 49,230; comisionado secretario y comisionado 51,480** 60,493.18

San Luis Potosí

Consejero Presidente 66,650 Comisionario vocal 62,500

Sinaloa

Sonora

Veracruz

Presidencia 60,000; Comisionados 50,000** Cada director tiene un sueldo diferente 44,796.60; 45,844; 51,133** 49,500

Yucatán

64,000*

Zacatecas

Comisionado presidente 42,484.56; Comisionado 34,755.61**

Federal

142,181 * Bruto.

** No especiﬁca neto o bruto. *** Quincenal.

recursos de revisión pueden estar conformados por tres integrantes o hasta seis (Distrito Federal). Al buscar los salarios que perciben quienes encabezan estos entes (denominados según cada ley como comisionados, consejeros o directores) se advirtió que el salario neto más elevado fue el del consejero presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, seguido por el del Distrito Federal y el de Chihuahua. El estado de Guerrero, por su parte, no establece como información de oﬁcio los sueldos, salarios o emolumentos, por ello no se encontró el dato en su portal de transparencia.

Problemas de las comisiones o institutos El consejero presidente de Quintana Roo, Carlos Alberto Bazán, señala tres problemas en cuanto a los organismos: 1) la idea patrimonialista de la información que tienen los funcionarios “que piensan que son dueños de los proyectos y programas, como parte de su trienio o sexenio”. 2) La falta de límites en las leyes que les permiten tomar decisiones discrecionales; tampoco se toman en cuentan restricciones legales, contables, éticas, de lógica y congruencia. Por lo tanto, existen funcionarios que deciden en detrimento de la transparencia. 3) La participación ciudadana: “los institutos de transparencia necesitamos que la ciudadanía nos legitime y haga uso del acceso con más frecuencia”. Por su parte, Salvador Guerrero, comisionado del Infodf, pone énfasis en que el principal actor es el ciudadano: “es necesario que los ciudadanos se apoderen de la ley y la utilicen para mejorar su vida; que elijan las mejores opciones de información que se les ofrece; así como para construir un nuevo ciudadano mexicano para la segunda década del siglo XXI, cuando transparencia y democracia sean sinónimos”, añadió Guerrero.

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Libros transparencia

Rutas de acceso a la información

John Ackerman (coord.), Siglo XXI, México, 2008, 404 pp.

Manual sobre rendición de cuentas

Rogelio Gómez y Christian Herrera, Alianza Cívica, México, 2007, 103 pp.

oordinado por John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el libro Más allá del acceso a la información reúne aportaciones y reflexiones en torno al derecho a la información. La obra está dividida en cuatro apartados que se refieren a la transparencia, la rendición de cuentas, el Estado de derecho y la relación entre lo público y lo privado, para comprender la relación entre el Estado y los actores que intervienen en ese proceso. Durante la presentación del libro, Eduardo Huchim, ex consejero electoral en el Distrito Federal, recordó que dos de los capítulos que integran la obra –“Autonomía, transparencia y rendición de cuentas en organismos financieros: el caso del Banco de México” de Irma Sandoval y “Los límites de la transparencia: el caso de las boletas electorales” de Ackerman– originalmente pusieron en riesgo su publicación cuando el IFAI argumentó “falta de rigor” en sus contenidos y negó la edición completa. En realidad se trata de

partir de la promulgación en 2003 de la Ley Federal de Transparencia, el derecho de acceso a la información se ha convertido en una de las piedras de toque de la incipiente democracia mexicana, tras la presión de organizaciones sociales para hacer pronta y efectiva la rendición de cuentas de los gobiernos. No obstante, a cinco años de haber entrado en vigor la legislación, existen rezagos y desconocimiento para el uso eﬁcaz de la normativa, por lo cual algunas organizaciones civiles se han avocado a la tarea de diseñar guías para que las personas ejerzan el derecho de acceso a la información. Gobierno bajo la lupa, de Rogelio Gómez y Christian Herrera, es un manual elaborado por Alianza Cívica que pone en manos del lector las instrucciones para realizar una solicitud de información a las más de 240 dependencias y entidades del gobierno federal, a través del Sistema de Solicitudes de Información (SISI) del IFAI.

indagaciones “críticas sobre asuntos del actual gobierno panista”. Por su parte, el especialista Ernesto Villanueva resaltó “la autonomía, tenacidad y saludable herejía” mostrada por el coordinador para materializar la edición, la cual evidencia que la ausencia de reglas puede castigar al amparo de la discrecionalidad. El libro aborda temas sensibles contra la simulación y la opacidad; a favor de la legalidad y el Estado de derecho desde una perspectiva de control social, o bien en el sentido de entender el acceso a la información como una política pública. La obra reúne textos de estudiosos en la materia, como es el caso del politólogo Guillermo O’Donnell (quien aborda la relación entre democracia y Estado de derecho), además de Jonathan Fox, Stephen Holmes, Jerry Mashaw, Owen Fiss, Bruce Ackerman y Ian Ayres. Asimismo, se ofrecen novedosas reﬂexiones de autores mexicanos como José Ramón Cossío, Juan Pablo Guerrero, Irma Sandoval, Mauricio Merino, David Arellano y María Marván.

La guía contiene recomendaciones para realizar solicitudes eﬁcaces que permitan al peticionario contar con información más precisa y evitar las negativas que podrían producirse por hacer una solicitud errónea. El libro no sólo está dedicado a facilitar el uso de las herramientas y mecanismos de acceso a la información; también permite conocer solicitudes que se han realizado a través del IFAI. El texto ofrece un sucinto repaso por los conceptos primordiales que dan pie a la Ley de Transparencia, como son el derecho de acceso a la información, la rendición de cuentas de nuestras autoridades y la contraloría social, un mecanismo de las organizaciones civiles para vigilar la utilización de los recursos oﬁciales. Como colofón, los autores ofrecen una propuesta de agenda ciudadana por la transparencia y el acceso a la información que permita la ampliación de la vida democrática en México. Comunicación • Política • Sociedad

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Seguridad JOSÉ REVELES

País convulsionado, ¿los medios culpables?

–Contra los mexicanos de todos los niveles por no ser los delatores cotidianos del narco y por hacerse los disimulados frente al delito: “El ¡ya basta! es una convocatoria y es una exigencia a todos sin excepción. En el caso de los ciudadanos, para que no sean cómplices de la ilegalidad y denuncien los delitos, para avisar a las autoridades de las operaciones criminales, para no solapar la existencia ni en el barrio ni en la ciudad ni en el comercio y en la cámara empresarial, de las organizaciones criminales”. –Contra el Poder Legislativo y contra el Poder Judicial que, en la visión del Ejecutivo, no le dan las armas suﬁcientes para refundir a los delincuentes tras las rejas a como dé lugar: “El ¡ya basta! es un llamado a los líderes del Congreso para tener una legislación que permita terminar con la impunidad con la cual los delincuentes salen de las prisiones… Sáshenka Gutiérrez / Cuartoscuro

L “¡YA BASTA!” DE FELIPE CALDERÓN pronunciado en Reynosa, Tamaulipas, y la ampliación premeditada de sus reclamos a la ciudadanía, a los medios de comunicación, al Poder Legislativo y a los jueces, como si todos ellos –y no la estrategia misma– fueran los culpables del fracaso del publicitado embate militar y policiaco contra la delincuencia organizada, me hicieron retroceder tres décadas hasta aquella conferencia de prensa en la que Gustavo Díaz Ordaz justificó la masacre de 1968 y nos dijo que salvó al país “de la anarquía, del caos”, al mismo tiempo que regañaba al “muchachito” que lo interpelaba: “lo que pasa es que usted estaba muy chavito”. Entonces y ahora los manotazos y el dedo flamígero levantado hacia el cielo o golpeando en el atril o en el escritorio, las cejas alzadas y la voz que quiere ser la de un Júpiter tronante, lejos de expresar seguridad son signo de una debilidad que se acoge al autoritarismo como escudo de la propia ineptitud. Tan había preparado su respuesta, que Calderón tomó la oportunidad en un momento tan incómodo como la rueda de prensa conjunta con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso. A duras penas permitió que terminara de formular su pregunta (consensada entre los periodistas que cubren la fuente de Los Pinos y la propia oficina de prensa de Presidencia) la reportera Ivonne Melgar de Excélsior, cuando el mandatario despotricaba en este orden:

Durante la visita del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao, Calderón reiteró el “¡ya basta!” a los medios de comunicación.

El asesino material de Edgar Millán había estado preso tres veces en el Distrito Federal por diversos delitos. Y las tres veces, a los pocos meses, obtuvo su liberación; eso es inaceptable”. (Lo que nunca aclaró Calderón es que Alejandro Ramírez Báez, el sicario ejecutor del más alto mando operativo de la Policía Federal Preventiva, Edgar Eusebio Millán Gómez, ingresó en el reclusorio por robo y no por homicidio. Salió bajo fianza como cualquier delincuente menor.) –Contra los medios de comunicación para que divulguen lo que al gobierno convenga y no lo que, en uso de la libertad de expresión, ellos juzguen correcto y necesario, profesional y de interés para sus audiencias o lectores. En un galimatías gramatical, Calderón pidió incondicionalidad y quiso dar línea: “que manifiesten y divulguen las acciones que están precisamente deteniendo la estructura de los criminales; para que no se convierta la estrategia de los criminales, que buscan sembrar terror, en una estrategia compartida por los propios medios de comunicación”. Resulta, pues, que para el hombre que no consigue afianzar su poder, lograr aceptación y dotar de márgenes mínimos de legitimidad a su gobierno, la culpa del fracaso en su política guerrera (que involucró a más de 30 mil militares y policías federales, más las de los estados y municipios) es de los medios de comunicación que no se limitan a difundir la propaganda y los “éxitos” del gobierno; de diputados y senadores que no le firman cheques en blanco para lograr una

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Carta a Calderón Como muestra, he aquí extractos de una carta –fechada el 15 de febrero de 2008– y pruebas documentales que le entregó a Felipe Calderón el Comisario General y Coordinador de Seguridad Regional de la PFP, Javier Herrera Valles. El secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, decidió relevar al comandante Herrera Valles y sustituirlo nada menos que con Edgar Millán Gómez, el hombre asesinado el 8 de mayo en un apartamento de la colonia Guerrero. El comandante Herrera Valles sabe lo que dice y, a riesgo de su seguridad personal y familiar y del hostigamiento a su círculo cercano, escribió con toda claridad a su jefe máximo “con la seguridad de mi subordinación y respeto”.

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legislación todavía más draconiana que le permita tener manga ancha para castigar y los mexicanos manos atadas frente a cualesquiera atropello a los derechos humanos; y de los jueces que liberan a ciudadanos que, según esta visión autoritaria, deberían simple y sencillamente permanecer en prisión. Calderón no hablaba de hampones de cuello blanco; de funcionarios que hacen negocios desde el poder para beneﬁciarse ellos, sus empresas y sus familias; de delincuentes electorales o gobernadores que inventan delitos, reprimen hasta el homicidio, la tortura o la cárcel, y otros que ponen la ley y las instancias de procuración de justicia al servicio de poderosos empresarios. Calderón regaña mientras ignora denuncias especíﬁcas, por escrito, de altos mandos de las propias policías federales que decidieron decir su propio ¡ya basta! a corruptelas, favoritismos, atropello de las normas, complicidad con la delincuencia, abusos de poder, uso indebido de recursos y manejo propagandístico –sin resultados– de los famosos operativos en masa contra la delincuencia organizada, tomándole el pelo al ciudadano común y al propio Presidente.

Edgar Millán Flores, asesinado el 8 de mayo.

Denuncias documentadas 1. “El ingeniero Genaro García Luna fungió en el sexenio pasado como director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), la cual creó en el año 2001 con la complacencia del entonces presidente Vicente Fox Quezada, posiblemente engañado, vendiéndole la idea de que la Policía Judicial Federal necesitaba desaparecer y crear la AFI con una nueva imagen de Policía Científica, encargada de combatir la delincuencia organizada, misma que no pudo contener, sino al contrario: se fortaleció e incrementó el narcomenudeo en nuestro país, así como el tráfico de drogas y la violencia característica de la delincuencia organizada, producto de la ineficacia y corrupción de los elementos de la renovada corporación con comandantes regionales de la AFI supuestamente certificados con altos estándares de confiabilidad, avalados por un comité de profesionalización, quienes durante el sexenio anterior se vieron inmiscuidos en diferentes actos de corrupción –venta de plazas, secuestros, homicidios, narcotráfico, protección a la delincuencia organizada– desde sus directivos hasta los agentes del más bajo nivel. 2. “Como es costumbre, iniciaron las intervenciones mediáticas con el primer Operativo el 16 de diciembre de 2006

en Michoacán, con 200 elementos y 40 radiopatrullas de la Coordinación de Seguridad Regional, comandada por el Comisario Jefe Alejandro Romero Romero, entonces jefe del Distrito Norte (actualmente jubilado), a quien se le ordenó un día antes concentrar en Morelia, capital de Michoacán, a los elementos y equipo antes descrito e instalara puntos de revisión en diferentes carreteras del estado, sin mediar trabajo de inteligencia previo, mismo que fue anunciado con anterioridad a los medios de comunicación, perdiendo al menos el factor sorpresa para efectuar revisiones. Se le denominó Operativo Michoacán y también participaron elementos de las Fuerzas Federales de Apoyo. 3. “El 14 de enero de 2007 al que suscribe, siendo Jefe del Distrito Centro de la Coordinación de Seguridad Regional, se me ordena elaborar un Procedimiento Sistemático Operativo (PSO) ya que al día siguiente se debía iniciar un Operativo en el estado de Guerrero con 200 elementos y 40 radio patrullas. Cien de estos elementos que nos fueron incorporados provenientes de la Coordinación de Inteligencia, muchos de ellos no estaban incluidos en la Licencia Oﬁcial Colectiva para la portación de armas. Todo esto obviamente sin información de inteligencia, distribuyendo al personal en Chilpancingo, Acapulco y Zihuatanejo, agregándose posteriormente un equipo de Rayos Gamma operado por personal de la AFI, participan también 330 elementos de Fuerzas Federales de Apoyo, 300 elementos de la Secretaría de Marina y tres helicópteros de la PFP. A dicho despliegue se le llamó Operativo Guerrero, el cual ya había sido anunciado en los medios de comunicación, siendo otra de sus campañas mediáticas. Únicamente obtuvimos como resultado la recuperación de vehículos robados y dos casos de pederastia. 4. “En febrero de 2007 se me ordenó iniciar el operativo Nuevo León-Tamaulipas, igualmente sin dirección ni Comunicación • Política • Sociedad

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Pedro Marrufo / Cuartoscuro

Genaro García Luna, titular de la SSP.

trabajo de inteligencia para determinar los objetivos, dando a conocer nuevamente a los medios de manera previa el inicio de dicho operativo, concentrando nuevamente personal, equipo y esfuerzos carentes de resultados costo-beneﬁcio, retirando a estos elementos y equipo del servicio de inspección, veriﬁcación, seguridad y vigilancia de las vías generales de comunicación, actividades propias de la Coordinación, con el consecuente incremento de accidentes y asaltos en las carreteras. 5. “En julio de 2007, en Monterrey, N.L., durante el desarrollo de un operativo conjunto AFI-PFP, nos mataron a cinco elementos: dos de ellos fueron secuestrados y torturados hasta morir y los otros tres (ejecutados) afuera del hotel donde se hospedaban. Dicho grupo de Inteligencia operaba al mando de Víctor Gerardo Garay Cadena, también gente cercana al ingeniero Genaro García

Luna, procedente de la AFI. Quedaron en la impunidad esos crímenes y todos los que se han cometido contra elementos de la PFP y de la AFI, con la consecuente desmoralización del personal. 6. “Señor Presidente: me permito informarle a usted que 12 comandantes de la AFI, que fueron supuestamente destituidos, ingresaron a la PFP con grados de Comisario y Director General Adjunto, con sueldo mayor que en la AFI, reprobando siete de ellos el examen en el área de Control de Confianza, siendo indispensable aprobar dichos exámenes para poder ingresar a la PFP. Por eso se ordenó elaborar siete cartas responsivas de capacidad profesional y buena conducta, responsabilidad que pretendían que yo avalara con mi firma, por lo que al negarme los ingresaron a la PFP por la Coordinación de Inteligencia a partir del 16 de agosto de 2007, asignándomelos posteriormente en diciembre del mismo año a Seguridad Regional, en donde cubren diferentes comisiones de carácter confidencial sin comprobación de gastos, con plazas fuera de la estructura funcional. Y siguen ingresando numerosos elementos de la AFI a la PFP con mejores sueldos y prestaciones. 7. “No omito manifestar a usted que los comandantes regionales de la AFI Artemio Juárez García y Martín Armendáriz Chaparro, quienes ingresaron irregularmente a la PFP con el grado de Comisarios, entre otras acusaciones e irregularidades en el desempeño de sus actividades, en el año 2003 estuvieron arraigados por 90 días por su probable

participación en el homicidio de su jefe inmediato, el comandante Rubén Castillo Conde, en la ciudad de Mexicali, B.C.”

Indiferancia y fracaso Cuatro días después de que escribió la carta a Calderón, el comandante Herrera Valles fue removido de su cargo. Sigue peleando legalmente su reinstalación. El primer mandatario ni siquiera ha respondido a la pormenorizada denuncia ni lo ha contactado. Es capitán piloto aviador e instructor, licenciado en Criminología y cursa la maestría en la materia. Con más de 30 años de servicio activo, es presidente de la Asociación Nacional de Egresados de la Academia del FBI. Como tal, está invitado por el FBI a participar en Chile en un próximo congreso internacional. Pero se le despojó de su puesto y su asistencia será virtualmente imposible. Mientras tanto, entre “regaños” lanzados desde Los Pinos a los medios, a los ciudadanos y a los otros dos poderes de la Unión, y no obstante la valiente denuncia interna del más alto mando operativo de la PFP, el fracaso en la lucha antinarco es cada día más evidente. Y la guerra está perdida de antemano por una sencilla razón, según explicó el experto Edgardo Buscaglia: se ataca a las cúpulas del narcotráfico, se encarcela o mata a los sicarios, pero jamás se busca debilitar a las redes financieras y hay una rampante corrupción oficial que sigue siendo la intocada protección política de la delincuencia organizada. jreveles@prodigy.net.mx

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Medios JENARO VILLAMIL

Rebelión de las televisoras ante el IFE Moisés Pablo, Nelly Salas / Cuartoscuro

A HISTORIA DE UNA REBELIÓN PERMANENTE INICIÓ

un año atrás. Cuando los tres principales partidos políticos llegaron al consenso de reformar la Constitución para evitar que particulares o candidatos compraran espacios en los medios electrónicos para propaganda con fines electorales, las dos grandes televisoras, Televisa y TV Azteca, protagonizaron una inédita presión contra la reforma que incluyó una histórica transmisión en cadena nacional de una audiencia protagonizada por los principales comentaristas de ambas televisoras y de los noticiarios radiofónicos más escuchados. “Es una violación a la libertad de expresión”, insistieron repetidamente a través de sus espacios. “Es un acotamiento a la libertad de empresa, pero no busca la censura previa”, respondió la mayoría de los senadores que impulsaron la reforma. El eje sustancial de la reforma electoral es la redacción del nuevo artículo 40 constitucional y, en específico, el nuevo artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que en su apartado 2, establece: “Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, accederán a la radio y la televisión a través del tiempo que la Constitución otorga como prerrogativas a los primeros, en la forma y términos establecidos en el presente capítulo”. El párrafo 3 del artículo 74 de la misma ley electoral advierte que “los concesionarios de televisión no podrán alterar las pautas aprobadas por el Comité de Radio y Televisión del IFE ni exigir requisitos técnicos adicionales a los aprobados por el comité”. El mismo artículo detalla que le corresponde a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE definir las pautas de 20 segundos de duración. El 11 de mayo pasado, el Comité de Radio y Televisión acordó que los spots de los partidos políticos se mantendrían hasta el 31 de julio de 2008. Esta serie de ordenamientos ha generado una nueva rebelión de las televisoras. La transformación del 30

Salinas Pliego y Azcárraga, unidos contra el IFE y la ley.

IFE en una autoridad reguladora de radio y televisión, al menos en el aspecto electoral, es una de las derivaciones que más incomodidad les genera a los concesionarios. El otro punto medular es que la definición de la pauta de los spots se realiza en función de los acuerdos del organismo electoral y no de las necesidades comerciales de los concesionarios. En el fondo, el descontento fundamental es que se eliminan muchos de los incentivos que permitían que las elecciones se convirtieran en un multimillonario negocio de compra y venta no sólo de spots sino también de favores políticos y empresariales, en beneficio de las televisoras. Si este ordenamiento hubiera existido en 2006, la Ley Televisa no hubiera sido aprobada en el Congreso. La presión ejercida por los operadores de la principal empresa mediática del país fue posible gracias a que en ese momento los equipos de campaña negociaban con la televisora de Emilio Azcárraga Jean la pauta para los spots de los candidatos. El otro elemento que ha generado un profundo descontento en TV Azteca y Televisa fue el acuerdo del 6 de mayo; en él se establece que los tiempos oficiales que se utilizarán para la difusión de spots serán distribuidos en forma igualitaria entre los ocho partidos con registro nacional. Se establece un rango de transmisión de 25 minutos previos y 25 posteriores a los horarios previstos

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Isaac Esquivel / Cuartoscuro

en las pautas de transmisión, con la ﬁnalidad de que las estaciones concesionarias de televisión cumplan con las obligaciones que hayan adquirido con terceros, previo a la aprobación del documento. Esta disposición elimina el argumento, atendible ciertamente, de que las disposiciones para distribuir los spots podrían alterar la venta de espacios publicitarios que previamente ya hubieran acordado los concesionarios.

que esta resolución constituyó un “triunfo”, porque le fue impuesta una “multa ilegal”. La segunda televisora comercial en importancia a nivel nacional advirtió que impugnará la decisión del juez en ese sentido y recurrirá a instancias legales “para obtener la suspensión de la pauta que, de manera unilateral e ilegal, fue fijada por el IFE”, sin ningún mandato en el Cofipe o la Constitución. Salvador Rocha Díaz, abogado general de TV Azteca, ha afirmado en diversas entrevistas de prensa que la televisora mantiene su oposición a las nuevas disposiciones legales surgidas a raíz de la reforma constitucional en materia electoral por considerarlas violatorias de la libertad de expresión. En realidad, el litigio forma parte de la estrategia de la televisora del Ajusco para ganar tiempo y litigar el incumplimiento de las disposiciones legales.

Televisa prepara su propia demanda Leonardo Valdés (presidente del IFE) y Arturo Sánchez (consejero).

TV Azteca inicia la batalla Como es su costumbre, TV Azteca llevó ante tribunales su litigio contra la reforma electoral. La estrategia de la empresa de Ricardo Salinas Pliego fue hábil. Mientras se deﬁnía el amparo, la pantalla de Canal 13 y Canal 7 no difundió ningún spot ordenado por la autoridad electoral. Esto motivó que el IFE determinara una multa de 5 millones 259 mil pesos en contra de la televisora por daños y perjuicios. En un comunicado de prensa, el organismo electoral advirtió que todas las determinaciones adoptadas en relación a este tema “han sido tomadas con estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales”. La aclaración se generó a raíz de una nueva campaña de TV Azteca en sus espacios informativos y de opinión en contra de la reforma electoral y el IFE, particularmente en Proyecto 40 del cual se ha apropiado ilegalmente. El 13 de mayo, el juez décimo tercero de distrito administrativo emitió una resolución favorable a TV Azteca que suspende el pago de la multa de 5.2 millones de pesos, pero determinó que la resolución no exime a la televisora de la obligación de transmitir las pautas de spots de los partidos políticos. En un escueto boletín de prensa, TV Azteca consideró

Días después de la resolución, el equipo jurídico de Televisa interpuso un amparo ante el juzgado séptimo en materia administrativa en la Ciudad de México, por considerar inconstitucional la reforma al Cofipe. En su demanda, Televisa impugnó 14 artículos del Cofipe, entre ellos el 49 que impide a particulares la contratación de spots. Argumentó, como si fuera portavoz de los partidos minoritarios, que las disposiciones de la ley electoral son inequitativas porque sólo favorecen a los tres grandes partidos: PRI, PAN y PRD. La demanda de amparo interpuesta por Televisa determinará, mucho más que la impulsada por TV Azteca, los alcances del amparo en materia electoral. En declaraciones a La Jornada, Elisur Arteaga, experto en amparo, afirmó: “si todos los que sean sancionados por el IFE se van al amparo, y las multas se van a hacer efectivas hasta dentro de uno o dos años, cuando se resuelva la sentencia judicial en definitiva, entonces estamos frente a un instituto mermado e inoperante”. El litigio de ambas televisoras se vinculará con el periodo extraordinario que, a partir de la segunda quincena de junio, se iniciará en el Congreso para votar leyes complementarias a la reforma electoral constitucional y para elegir a los otros tres consejeros que se sumarán a los primeros tres que se eligieron en el relevo escalonado de estos funcionarios en el organismo. En este contexto se podrá determinar hasta qué punto lo que realmente buscan las televisoras no es sólo defender sus intereses sino influir y, de ser posible, cooptar al organismo electoral en momentos de relevo institucional. Comunicación • Política • Sociedad

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Periodistas RAÚL TREJO DELARBRE

Monsiváis y La Cultura en México

IEMPRE MERECIDOS , NUNCA SUFI -

José María Martínez / Cuartoscuro

cientes, en la gran mayoría de los abundantes homenajes que se le han dedicado a Carlos Monsiváis con motivo de sus 70 años, se ha omitido una de sus facetas más creativas, valiosas e incluso política y culturalmente innovadoras y pedagógicas. Me refiero a su papel como editor del suplemento que mantuvo durante 15 años en la revista Siempre! Él mismo ha subestimado la importancia de aquel suplemento pero sus lectores de entonces no podríamos hacerlo. En una entrevista en 1998 le preguntaron y contestó: –A Fernando Benítez se le acusó de mafioso, a Octavio Paz... ¿Cómo respondió usted cuando lo acusaron de lo mismo? –¿Qué se responde a eso? Los que se sienten excluidos elaboran su infierno o su paraíso perdidos. En mi caso me parece obvia la imposibilidad de ser siquiera un modesto cacique. Mi etapa desdichada fue como director de un suplemento

cultural, porque no es un trabajo para el que yo sirva. Tengo espíritu de colaborador, no de editor, y cuando dirigí (o algo similar) el suplemento La Cultura en México entonces cometí numerosos errores, precisamente por no percatarme de las funciones del editor. Pero tuve suerte, o como se le diga, al haber colaborado antes con personas de gran generosidad y ausencia de autoritarismo: el doctor Elías Nandino, en la revista Estaciones; Fernando Benítez, en los suplementos; Jaime García Terrés, en Difusión Cultural. Y también el trabajo en el suplemento La Cultura en México fue posible gracias a Héctor Aguilar Camín, José Joaquín Blanco, Rolando Cordera, Carlos Pereyra, Adolfo Castañón, José María Pérez Gay, Alberto Román, Roberto Diego Ortega y Antonio Saborit, entre otros. Los cito porque lo valioso de esa empresa fue el trabajo en equipo.1 Él, con ese equipo, se tomó muy en serio su labor como editor del suplemento cultural más útil e inﬂuyente que ha existido en la prensa mexicana. En marzo de 1972, Carlos Monsiváis se hizo cargo de La Cultura en México, el suplemento de la revista Siempre! que Fernando Benítez había iniciado diez años antes, cuando encontró la hospitalidad de José Pagés Llergo para proseguir la publicación de un espacio semanal que le

Carlos Monsiváis.

había sido clausurado en Novedades. En la primera fase de su gestión a cargo del suplemento, Monsiváis estuvo acompañado por David Huerta, Rolando Cordera y Carlos Pereyra. La amplitud temática y la vocación política que sin demérito de la densidad cultural animaron a ese suplemento, lo hicieron lectura indispensable para varias generaciones. En una época de casi unánime cerrazón en la prensa mexicana, el suplemento cultural de Siempre! fue uno de los pocos espacios en donde encontraron sitio recuentos y denuncias de arbitrariedades del poder (como la represión a diversos movimientos sociales en la difícil fase posterior al 68) y las experiencias de la organización sindical y popular que habrían de tener fuerte efecto en la democratización mexicana de las siguientes décadas.

Reseña de una sociedad que lidiaba con la intolerancia En octubre de 1973 el consejo editorial del suplemento queda conformado por Jorge Aguilar Mora, José Joaquín Blanco, Rolando Cordera, David Huerta, Héctor Manjarrez, Carlos Pereyra, Vicente Rojo y Carlos Monsiváis, quien coordina la semanal organización editorial. En esa etapa la crítica política va de la mano de la crítica cultural, en ocasiones a cargo de autores que encuentran en las páginas del suplemento su primera oportunidad para publicar, junto con abundantes traducciones de textos estadunidenses y europeos que de otra manera no habríamos conocido en México, al menos con tanta oportunidad.

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La tarea que Monsiváis desempeña como editor del suplemento contribuiría a moldear el panorama de la cultura mexicana en ese tiempo y la idea misma del quehacer cultural que tenemos quienes aprendimos en las páginas de esa publicación. La presentación de novedades editoriales y de la reﬂexión social contemporánea se alternaba con la ironía de La Doctora Ilustración (cuyo “Consultorio” es antecedente de “Por Mi Madre Bohemios”) y con la reseña de una sociedad que cambiaba a pesar de la esclerosis del poder. El tono antisolemne prevalecía en la presentación, incluso de asuntos de la mayor gravedad, con encabezados como los siguientes: “Sobre el cadáver del último campesino redactaremos el siguiente amparo”, en un texto sobre los nuevos movimientos agrarios. “El Estado es fuego, la derecha estopa, viene el diablo y sopla”, en un ensayo acerca del Consejo Coordinador Empresarial. “Y en contra de nosotros mi madre como un dios”, en la reseña de una película. “Polvo eres y en verso te convertirás”, para comentar un libro de poesía. Se trataba no de un acercamiento fresco y valiente, si se toma en cuenta el contexto nacional que no era precisamente tolerante. Ese estilo, además, implicaba una concepción del quehacer cultural equidistante tanto del elitismo de quienes ceñían la cultura solamente a la ópera y a la literatura clásica, como del populismo de quienes consideraban que el compromiso social debía llevar al intelectual a realizar una obra panﬂetaria. El suplemento y sus editores fueron continuación de la metamorfosis cultural que se atisbó en los años sesenta y que se extendió en el público que surgía

del ensanchamiento de las clases medias y la masificación de las universidades en los inicios de los setenta. Monsiváis entendió bien el equilibrio entre política y cultura y eludió con perspicacia los riesgos y tentaciones del prestigio que podía alcanzar el intelectual. En 1975 escribió que una de las consecuencias de la conmoción producida en 1968 era el derrumbe de “el mito, tan florecido, del intelectual como ‘conciencia crítica’”.2 Allí describía el desplazamiento de los intelectuales tradicionales por una nueva generación menos hierática pero quizá de mayor vocación universal: “Lo que los sesentas habían dejado era una atmósfera cargada de fe en las potencialidades del trabajo intelectual y artístico (la tesis de la ‘palabra enemiga’, por ejemplo, la idea del escritor como conciencia del país). Esta confianza exigía un tratamiento especial, demandaba un lugar de privilegio. Al no obtenerlo de un público progresivamente alejado de la reverencia ante la Cultura e inmerso en la reverencia ante la Política, muchos intelectuales se decidieron por lograr ese reconocimiento donde lo había (en el gobierno) y no dejaron ingenuamente de extrañarse al ver que el público (su público) no respondía ya a sus exhortaciones.”3 La Cultura en México fue un espacio que nutrió la necesidad de lectura de calidad de un público que, en efecto, ya no se identificaba con la cultura ampulosa ni con la disociación entre creación y reflexión y, por otra parte, la mundana política. Pero tampoco fue complaciente con sus lectores. La propuesta de enfoque analítico y de gusto cultural que el suplemento fue perfilando, se nutrió en el trabajo de un núcleo básico encabezado por Monsiváis y con ramificaciones suficientes para nutrir la publicación semanal.

En 1977 al grupo editor de La Cultura en México se incorporan Héctor Aguilar Camín, Adolfo Castañón, José María Pérez Gay y el diseño, que diagramaba Vicente Rojo, queda a cargo de Bernardo Recamier. A ﬁnes de ese año Jorge Aguilar Mora, David Huerta y Héctor Manjarrez renuncian a ese consejo de redacción.

Inteligente conciliación entre política y cultura El suplemento llegó a los 800 números en junio de 1977 y cuatro meses antes había cumplido 15 años desde que había sido fundado por Fernando Benítez. Los editores refrendaron “una vocación de origen: ni los varios relevos editoriales, ni los cambios de modas, colaboraciones y cariños, han apartado de La Cultura en México aquella sana teoría inicial que se negó a separar la cultura de la política, la crítica de la convicción, el ejercicio intelectual del periodismo, la indignación del humor, la literatura de la sociedad”.4 En esa misma edición, otra nota de la Redacción precisaba su compromiso social: “Como a todos, a quienes hacemos este suplemento nos comprometen no sólo las lecciones y herencias del 68, sino las diarias enseñanzas y legados de la disidencia democrática, del sindicalismo independiente, de la represión en el campo, de la organización de las colonias populares, de la renovación académica, de la tragedia nacional del desempleo. El entusiasmo fetichista por la ‘alta cultura’ (que nada tiene que ver con los verdaderos y necesarios ofrecimientos de la alta cultura y que recubre en la mayoría de los casos los argumentos de la despolitización y el oportunismo) ha exhibido su impotencia ﬁnal y, en este momento, está ya de más en un periodismo cultural que no se concentre en preparar y disponer el servicio a las mayorías mientras estimula el temperamento crítico y la apreciación creativa de esas minorías, ahora su público natural.”5 Comunicación • Política • Sociedad

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Conciliar cultura con política no siempre fue sencillo, sobre todo por la tentación de muchos autores en el México de aquellos años (y según abundantes evidencias todavía en el de la primera década del nuevo siglo) para suponer que la enjundia ideológica podía sustituir al mérito literario. El suplemento lo consiguió, bajo la conducción prudente y gozosa de Monsiváis, que en esos años se dio el lujo de publicar una incontable nómina de ﬁrmas en textos tomados de publicaciones de otros países, desde W.H. Auden, Hanna Arendt, Jean Baudrillard, Walter Benjamin y Roland Barthes, pasando por E.M. Cioran, Hans Magnus Enzensberger, Michel Foucault, Herbert Marcuse, Henri Miller, Roman Jakobson, Norman Mailer y Vladimir Nabokov, hasta Leonardo Sciascia, Gore Vidal y Marguerite Yourcenar. Esas ﬁrmas, entre muchas otras, le daban consistencia al suplemento, junto a colaboradores frecuentes como Ignacio Almada, Luis Ángeles, Hermann Bellinghausen, José Blanco, Felipe Campuzano, Luis Cardoza y Aragón, Ricardo Castillo, Arnaldo Córdova, Elías Corro, Ramón Cota Meza, Oliver Debroise, Roberto Escudero, Manuel Fernández Perera, Carlos Fuentes, Héctor Gally, Jaime Goded, Gustavo Gordillo, Luis González, Gilberto Guevara, Hugo Gutiérrez Vega, Mauricio Hammer, Luis Hernández, Salvador Hernández, Alejandro Katz, Juan Felipe Leal, Daniel López Acuña, Eduardo Mejía, Felipe Mejía, Julián Meza, Eliezer Morales, Beatriz Novaro, Abraham Nuncio, Francisco Pérez Arce, Sergio Pitol, María Antonieta Rascón, Jaime Reyes, Álvaro Ruiz Abreu, Adolfo Sánchez Vázquez, Paco Ignacio Taibo, Paloma Villegas, José Woldenberg y Emma Yanes. La crítica de cine estaba a cargo del siempre drástico Jorge Ayala Blanco; la de 34

teatro la hicieron Félix Cortés Camarillo y Fernando de Ita; el comentario de música Yolanda Moreno Rivas y Raúl Cosío; las reseñas, entre otros, Miguel Ángel Quemain; la crónica de asuntos sociales, Javier Aranda Luna y Dolores Campos.

Además de ese grupo de autores que entresacamos de las páginas del suplemento en los años setenta y parte de los ochenta, los miembros de su consejo de redacción publicaban sus propios textos con mucha frecuencia. En febrero de 1978 Luis González de Alba se incorpora a ese consejo del cual, a su vez, en mayo de 1979 sale Héctor Aguilar Camín “por compromisos de diversa índole”. En esa ocasión se añaden Luis Miguel Aguilar y Antonio Saborit.

Vida cotidiana, polarización ideológica, feminismo El recambio generacional se completó en diciembre de 1981 con la incorporación al consejo de redacción del suplemento de Alberto Román, Rafael Pérez Gay y Sergio González Rodríguez. En esa ocasión dejan de formar parte del consejo Carlos Pereyra, Rolando Cordera y Adolfo Castañón. Al comenzar 1983 se añade Enrique Mercado. En julio de 1978, cuando la revista Siempre! cumplía un cuarto de siglo, el suplemento que había ocupado sus páginas centrales durante más de 16 años pudo hacer este balance: “Tal vez

no sea aventurado decir que algunas de las corrientes más renovadoras del actual periodismo mexicano tuvieron su origen en estas páginas. Y es un hecho que algunos de los libros más importantes de la década –en poesía y narrativa pero sobre todo en el ensayo literario y político– aparecieron originalmente como colaboraciones de nuestro suplemento.”6 El balance más completo de la década a cargo de Fernando Benítez (que dirigió el suplemento de 1962 a 1972) lo hizo Carlos Monsiváis cuando La Cultura en México cumplió mil ediciones, el 27 de mayo de 1981. De su propia etapa Monsiváis escribió poco en aquel ensayo, pero señaló las que consideraba características centrales del desarrollo cultural en los años setenta. Entre ellas, mencionaba: “Creciente polarización ideológica, sobre bases falsas y verdaderas, que se traduce en polémicas, distanciamientos y oposiciones reales y/o inventadas. Una muy notoria, la existente entre alta cultura y cultura popular. “Crecimiento de la industria editorial (fortalecida con la emigración sudamericana). Paralelamente, multiplicación de publicaciones culturales: Plural (primera época), Vuelta, Nexos, Sábado (dirigido por Benítez)... todo esto describe un panorama cultural donde ya ningún grupo detentará ‘la mejor publicación’. La pluralidad apunta hacia una democratización cultural creciente. “Influencia predominante del marxismo en las universidades. Auge de las corrientes estructuralistas. Introducción de una nueva problemática a través de ﬁguras culturales: Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari, R.D. Laing, David Cooper, Iván Ilich, Susan Sontag, Rudolf Bahro, Karel Kosik, Leszek Kolakowski, Gore Vidal, Pier Paolo Passolini, Louis Althusser, Agnes Heller.

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marzo de 1987, al llegar al número 1300, termina esa larga y memorable etapa de La Cultura en México.9

Cambio político insuficiente, sociedad profundamente desigual “Importancia notoria del tema de la vida cotidiana, tanto en la militancia como en la vida intelectual. “Presencia del feminismo, que introduce vocablos y perspectivas: el sexismo, el chovinismo masculino, etc. Por lo mismo, a partir de la reconsideración general de una mayoría marginada, se empieza el análisis de las luchas de minorías marginales, especialmente los homosexuales. “Liquidación parcial pero contundente del terrorismo ideológico que impedía la crítica al socialismo real, para ‘no darle armas al enemigo’. “Reexamen de la cuestión nacional, y reivindicación sectorial del nacionalismo revolucionario. “Rencor fetichista ante la hegemonía de los medios masivos de difusión.”7 Con esa herencia y en un entorno de crisis económica y estrechez política en una década que algunos calificaron como perdida, se desarrolló la última etapa del suplemento bajo la conducción de Carlos Monsiváis. En noviembre de 1986 el grupo que sostenía al suplemento intentó una reestructuración, identificando a Monsiváis como director y designando a Rafael Pérez Gay coordinador general. Sergio González Rodríguez y Antonio Saborit tendrían la responsabilidad de editores y Roberto Diego Ortega se integró al consejo de redacción. Sin embargo, dos meses después el núcleo básico de escritores jóvenes que junto con Monsiváis se habían responsabilizado del suplemento, deja esa tarea.8 El mismo Monsiváis aguarda a que el suplemento cumpla 25 años y él 15 como responsable de su publicación. El 5 de

En aquella última edición, Monsiváis reflexiona sobre el país que resultó al cabo de esos tres lustros: “Nos hallamos de nuevo en épocas de certidumbre. Algunas de las formas de esa certidumbre me resultan lamentables, por ejemplo la de los núcleos no tan pequeños como uno quisiera que siguen aferrados a la obediencia ciega de los dogmas, que detestan la libertad de expresión como bien en sí, que celebran las represiones a nombre del centralismo democrático, etcétera. Comparto otras, las fundadas en la comprobación diaria del modo inhumano en que vive la mayoría de la población. Por más amarga que sea la experiencia del socialismo real, no puede detener la urgencia del socialismo en América Latina.” Cambio político insuficiente, sociedad profundamente desigual. Y la cultura, determinada por avances y limitaciones. Decía, también, Monsiváis: “Así, es precisamente en el campo cultural donde más se advierte el aumento de la tolerancia y de la democratización. El Estado usa (más bien, usaba) su patrocinio como parte de su campaña de venta de estabilidad: ‘te protejo para mostrar mi amplitud de criterio’. La actitud es por lo menos convenenciera, pero de ello no se desprende que acudir a los recursos del Estado sea traición a los principios. El Estado no es el gobierno, es asunto de todos, le ha costado demasiado a muchas generaciones, y nadie se beneficia con pretender que el Estado

es el beso del diablo si patrocina conferencias, exposiciones, recitales, obras de teatro. Esto en todo caso es prueba de la estabilidad, no de las bondades del régimen.”10 Si en la cultura se aﬁanzaron valores tolerantes y democráticos que luego podrían extenderse en otras zonas de la vida pública del país, si en ella se desarrollaron preocupaciones sobre la vida individual que más adelante comenzarían a ser interiorizados por amplios núcleos de mexicanos, podemos reconocer en el suplemento de Monsiváis parte del empeño en los años setenta y ochenta para desarrollar la cultura política (y social). El suplemento participó de manera destacada en un proceso civilizatorio que no ha concluido, pero que contribuyó en la formación intelectual, y también en la educación sentimental de un segmento de la generación que actualmente tiene más de 50 años. Cuando se anunció el ﬁn de la época de Monsiváis en el suplemento, José Woldenberg escribió: “El suplemento fue la recreación del espíritu de una época... ¿quién de mi generación hubiera comprado Siempre! si no existieran sus páginas centrales?... Para decirlo en una palabra, el suplemento ha sido un elemento de referencia obligada en el debate político y cultural de México.”11 Fernando Solana Olivares dijo en aquella ocasión: “La Cultura en México fue imprescindible para varias generaciones: una educación intelectual y política se cumplió en sus páginas, en sus temas y en su tono.” Y más adelante, acerca de los últimos años de aquel suplemento: “Lo logrado en ese intervalo fue excelente: una nueva puesta en galeras de una tradición que así se renovaba.”12 Comunicación • Política • Sociedad

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Regulación *** Fui colaborador frecuente de La Cultura en México gracias a la hospitalidad y, ahora lo reconozco, la generosa audacia de Carlos Monsiváis. Él no me conocía cuando en abril o mayo de 1973, antes de cumplir 20 años, toqué la puerta de su casa en Portales para entregarle un breve ensayo cuya publicación anhelaba en aquel suplemento. Después de leerlo Carlos, con cuidadosa cordialidad, lo rechazó. Se trataba de un texto sobre la televisión mexicana de aquellos años y le hacían falta demasiados matices. Insistí con otras contribuciones y algo más tarde comencé a publicar recuentos y crónicas del sindicalismo independiente de esa época. Luego escribí

reseñas de libros, cada semana, durante varios años. El suplemento dirigido por Monsiváis fue para mí escuela intelectual y espacio de expresión libre, siempre en un contexto exigente. Mi deuda con Carlos y con aquella publicación es como lector y autor. No podía dejar de agregar esta nota porque, evidentemente, el recuento que hago de La Cultura en México es intencionadamente agradecido.

6 “Presentación”, La Cultura en México, núm. 853, 28 de junio de 1978. 7 Carlos Monsiváis, “No quisiera ponerme muy solemne pero...” La Cultura en México, núm. 1000, 27 de mayo de 1981. 8 El 21 de enero de 1987 se anuncia, sin más explicación, la salida del consejo de redacción de Luis Miguel Aguilar, Sergio González Rodríguez, Roberto Diego Ortega, Rafael Pérez Gay, Alberto Román y Antonio Saborit. Se quedan únicamente José Joaquín Blanco, Enrique Mercado, José María Pérez Gay y, como coordinador, Carlos Monsiváis. 9 A partir del siguiente número Paco Ignacio Taibo II se hace cargo del suplemento iniciándose así una larga serie de cambios en su conducción. 10 Carlos Monsiváis, “25 años de La Cultura en México”, La Cultura en México, núm. 1300, 5 de marzo de 1987. 11 José Woldenberg, “¿Dicen que no se siente la despedida?”, La Jornada, 28 de febrero de 1987. 12 Fernando Solana Olivares, “Veinticinco años de La Cultura en México”, La Jornada Semanal, La Jornada, 28 de febrero de 1987.

1 Armando Ponce, “La implacable crítica de Carlos Monsiváis en defensa de una sociedad ‘sacriﬁcada’”. Entrevista en Proceso, 10 de mayo 1998. 2 Carlos Monsiváis, “No por mucho madrugar amanece más temprano”, La Cultura en México, suplemento de Siempre!, núm. 708, 3 de septiembre de 1975. 3 Ibid. 4 “Quinceañeros”, La Cultura en México, núm. 800, 24 de junio de 1977. 5 “800 números 800”, ibid.

rtrejo@gmail.com

Sin Ley de Medios, concluye trabajos Grupo Plural

de 2007 y sus labores durante casi ocho meses. Sin embargo, la resolución de la Suprema Corte no establece un plazo fatal para que los legisladores presenten al pleno la propuesta, como reconoció el senador Carlos Sotelo (PRD), presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Paola Hidalgo / Cuartoscuro

30 DE ABRIL CONCLUYERON LOS trabajos del Grupo Plural para la Revisión de la Legislación en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión del Senado de la República, integrada por 19 legisladores de todos los grupos parlamentarios, sin que haya propuesto la iniciativa para una nueva Ley de Medios. El término de las tareas del Grupo Plural ocurre a escasas semanas de cumplirse un año (7 de junio de 2007) de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera “parcialmente procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad” interpuesta por 47 senadores de la LIX Legislatura ante el máximo tribunal del país, y que invalidó diversos artículos de la llamada Ley Televisa. El mandato judicial motivó la instalación del Grupo Plural el 7 de septiembre L

Senador Carlos Sotelo (PRD).

Cinematografía del Senado. A la ausencia de una iniciativa de ley que subsane los resolutivos de la SCJN y reforme en sentido democrático las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, se sumó el reciente debate en torno a la propuesta de reforma energética presentada por el Ejecutivo Federal al recinto de Xiconténcatl, así como la toma de ambas tribunas del Congreso por parte de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista. Ambas decisiones, si bien no impidieron la formulación de una nueva Ley de Medios, sí trasladaron a un segundo plano el tema y la discusión al respecto. Precisamente el ex senador Javier Corral –promovente de la acción de inconstitucionalidad e impulsor de una legislación de medios incluyente–, actual presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), hizo un llamado

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No hay condiciones El senador Carlos Sotelo reconoce que la reforma petrolera sí opacó la discusión en materia de radio, televisión y telecomunicaciones. Considera que en el seno del Grupo Plural existen coincidencias en el sentido de formular y proponer una nueva Ley de Medios que democratice el actual sistema mediático, deﬁna a un órgano regulador autónomo, ataque la concentración, impulse la competencia y a más participantes en el espectro radioeléctrico, promueva los medios públicos y reconozca a los comunitarios, entre otras cosas. Sin embargo, no ocurre lo mismo entre los grupos parlamentarios: algunos legisladores no están dispuestos a aprobar una ley y enfrentarse con las televisoras. Sotelo fue más allá: no observa condiciones para que la nueva Ley de Medios sea aprobada en un periodo extraordinario de sesiones. A lo más que podría aspirarse durante el lapso de receso legislativo es a un acuerdo entre todos los partidos para proponer una fecha de presentación “de la ley que necesita el país”. Por si fuera poco, el proceso electoral de 2009, que inicia en octubre próximo, torna la discusión políticamente incómoda para los partidos.

Informes, pero no ley Por su parte, el secretario técnico del Grupo Plural, Julio Di-Bella (ex director de Canal Once), presentó sus Conclusiones. En un documento de 13 cuartillas expuso los trabajos realizados y “el estudio a fondo, serio, analítico y sistematizado de todos los razonamientos y propuestas planteadas por todos los actores sociales, sin distinción ni exclusión”. Y es que durante el periodo que permaneció instalado el Grupo Plural se

realizaron cuatro sesiones plenarias; diversas sesiones de trabajo (del 10 de octubre al 30 de enero) consistentes en consultas hechas a diversos actores sociales con el ﬁn de dar acceso y voz a grupos sociales involucrados, afectados o interesados en el tema legislativo; se recibieron aportaciones de 20 instituciones, asociaciones, organismos y ciudadanos; se editó el libro blanco del Grupo Plural Avances y aportaciones para la reforma legislativa de telecomunicaciones y radiodifusión; así como la elaboración de diversos documentos. Senado de la República.

para que el tema energético no sea un impedimento para que el Senado saque adelante una nueva Ley de Medios. No ocurrió así.

Julio Di-Bella, secretario técnico del Grupo Plural.

La Secretaría Técnica a cargo de Julio Di-Bella elaboró en total 22 informes técnicos. Destaca el documento titulado “Análisis previo al proyecto de reforma de Legislación en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión”. El voluminoso material de análisis está dividido en dos partes. La primera, sobre telecomunicaciones, aborda los temas del órgano regulador, administración del espectro, títulos habilitantes, políticas de competencia efectiva y transparencia, competencia y comercializadoras, inversión extranjera, dominancia, derechos de los usuarios, cobertura social e interconexión. En cada caso se hace referencia al estado de la cuestión, el marco normativo actual, los razonamientos de la SCJN, un glosario, los escenarios

de solución, alcances, observaciones, recomendaciones, estudios comparados internacionales, bibliografía y tablas de referencia. La segunda parte se refiere a la radio y la televisión y aborda el concepto de servicio público de radiodifusión, principios, régimen de medios públicos, inversión extranjera, marco jurídico de los medios de Estado y financiamiento, medios indígenas y comunitarios, contenidos, derecho de réplica, tiempos oficiales y sanciones. Los siguientes son algunos escenarios de solución: organismo regulador descentralizado no sectorizado, que disponga de personalidad jurídica y patrimonio propios. Definición de uso primario y secundario del espectro. La Cofetel podrá determinar la dominancia en telecomunicaciones y radiodifusión. Se establecen derechos para los usuarios de servicios, incluidos usuarios con discapacidad. Creación de un fondo de cobertura social y la obligación de cumplir metas en esa materia. Que el Ejecutivo expida un reglamento de interconexión. Se establecen los principios rectores de la radiodifusión. Se elimina la figura de permiso y los medios del Estado tendrán concesiones sin fines de lucro. Inversión extranjera en radiodifusión y telecomunicaciones (25 o 49%). Para el tema del marco jurídico de los medios de estado no establece escenarios de solución, salvo que estén integrados en sola ley en la materia. Su diversificación de fuentes de financiamiento dependerá de que todos los medios tengan el régimen de concesión. Incorporar la definición de medios indigenistas. Para la radiodifusión comunitaria no se recomienda crear una situación de excepción. Los contenidos deben reconocer y respetar las diferencias étnicas, de clase, grupo social, género, edad y cualquier otra. En cuanto a tiempos oficiales se consideran injustificados los argumentos de los concesionarios para negarse a transmitir los materiales del gobierno. (JB) Comunicación • Política • Sociedad

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Derecho de réplica: letra muerta Luis Miguel Carriedo

L DERECHO DE RÉPLICA, DE RECTIFICACIÓN O RES-

puesta, es una realidad jurídica reconocida en tratados internacionales, así como en constituciones y leyes secundarias de varios países, en los cuales se ejerce en tanto existen procedimientos expeditos que lo regulan. En México, aunque ha podido incorporarse a distintas disposiciones legales, no se ha podido trascender de lo enunciativo. La experiencia comparada muestra que la única garantía para la aplicación del derecho de réplica son las normas y criterios con procedimientos concretos que le otorguen vigencia, en la práctica, a esta figura complementaria del derecho a la información. En nuestro país, con las reformas en 2007 a este precepto, se ha dado un paso muy relevante con inclusión de este derecho en el artículo 6° constitucional. No es suficiente porque aún no existe legislación reglamentaria que permita cumplir la nueva frase: “el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley”. ¿Cuál ley? No es deseable caer en la inmovilidad legislativa a la que estuvo condenado ese mismo artículo 6° cuando en 1977 se le agregó la frase “el derecho a la información será garantizado por el Estado”. En esa oportunidad tuvieron que pasar 25 años para que la ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental fuera aprobada por los legisladores como parte de una serie de elementos y figuras jurídicas que, efectivamente, poco a poco han podido garantizar el derecho a la información enunciado desde 1977 (todavía no se modifica la sustancia de la Ley de Radio y Televisión de 1960, tampoco se han creado leyes para regular la publicidad oficial o para salvaguardar garantías mínimas al ejercicio periodístico, por no decir disposiciones como los derechos de firma y autor o la cláusula de conciencia, de forma similar a lo que sucede en buenas experiencias de otros países). En no pocos casos hoy se reedita la crítica interesada de los grandes medios que en su momento se hacía para cualquier intento de reglamentar el derecho 38

a la información luego de su reconocimiento constitucional, pero ahora ajustada a la descaliﬁcación del derecho de réplica. Se ha llegado a decir que la réplica es equivalente a la censura o que la simple posibilidad de que se ejerza atenta contra la libertad de expresión. Ese ha sido el tono de los argumentos con los que las empresas dominantes, a través de sus segmentos editoriales, rechazan una reglamentación que haga real el derecho de réplica. Aunque hay dudas razonables, el núcleo y la constante han sido trampas verbales y no pocas veces disparates que promueven la congeladora para cualquier esfuerzo de legislar en la materia.

Reglamento en ciernes Hace algunos meses, a propósito de una iniciativa para regular el derecho de réplica presentada por el legislador panista Alejandro Zapata Perogordo (recientemente actualizada), varios opinadores cuestionaron ferozmente que esa propuesta hablara de rectiﬁcaciones, no sólo para precisar “hechos” difundidos con omisiones o datos falsos en los diversos medios, sino también para responder a opiniones o comentarios. Es una discusión atendible por lo difícil que sería la operación de réplicas masivas; se pueden hacer los ajustes para que se acoten ambigüedades y, sin renunciar a esa fórmula, lo importante es aterrizar en una ley aplicable y no en la misma indeﬁnición o instrumentos tramposos como el Reglamento de la ley de radio y televisión que fue confeccionado por Televisa y decretado por el ex presidente Vicente Fox el 10 de octubre de 2002. En radio y televisión el único instrumento concreto para aplicar actualmente el derecho de réplica está en el artículo 38 de ese reglamento. Se establece una modalidad de simulación en donde aquellas personas agraviadas por informaciones falsas o imprecisas pueden pedir a la emisora la réplica, pero queda al contentillo de la misma si lo otorga o no. Una burla, pues.

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Sobre el tema de acotar los instrumentos de réplica sólo a “hechos” imprecisos, encontramos como referencia la Ley orgánica reguladora del derecho de rectificación española, la cual fue actualizada el 22 de octubre de 2003 (data de 1984) y es un cuerpo jurídico que no distingue a medios impresos de electrónicos. En su artículo segundo establece: “La rectificación deberá limitarse a los hechos de la información que se desea rectificar. Su extensión no excederá sustancialmente de la de ésta, salvo que sea absolutamente necesario.” En contraste, en la regulación de Estados Unidos la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado por normas más estrictas para la réplica en radio y televisión, y acudir a este derecho no sólo para precisar “hechos”, como en el modelo español, sino también para refutar opiniones difundidas en esos medios. El criterio para ello, con el que se hace una diferencia entre la naturaleza de la réplica en medios impresos y electrónicos, tiene como antecedente la validación de la Corte a la llamada “doctrina de justicia” de la Comisión Federal de Comunicaciones. Por ejemplo, se obliga a los radiodifusores para que abran gratuitamente espacio a la réplica de algún personaje público que recibe ataques de un opositor. La Corte de Estados Unidos ha resuelto que a diferencia de los medios impresos, los electrónicos deben tener regulaciones más estrictas debido a que mientras los diarios y revistas publican contenidos sin limitación, la radio y la televisión difunden contenidos a través de espacios finitos de un bien público que es el espectro radioeléctrico. Desde hace varios años existe en América Latina reconocimiento constitucional y en leyes secundarias para el derecho de réplica en países como Ecuador y Chile. Brasil tiene su Ley de prensa que data de 1967, donde se establece que las rectificaciones en medios impresos deberán hacerse “en el mismo periódico o publicación periódica”; la rectificación será de por lo menos cien líneas, con los mismos caracteres tipográficos y en el mismo espacio en el cual se publicó el texto que motivo la réplica, mientras que para medios electrónicos debe darse en el mismo “programa u horario”, con el mismo tiempo que duró la “ofensa” y no puede ser menos de un minuto. Además de la obligación constitucional para reglamentar el derecho de réplica que México asumió el año pasado en el marco de la reforma electoral,

se tiene el mismo compromiso asumido en los tratados internacionales ratificados por el Senado, que definen las líneas generales de ese derecho y que, acorde al artículo 133 constitucional, son norma vigente para el Estado mexicano. Además de la iniciativa de Zapata Perogordo, el senador José Antonio Díaz presentó hace unas semanas otra propuesta con varios aportes (fija plazos, supuestos y sanciones), aunque asume en su artículo primero que sería el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación, el responsable de aplicar la ley. Daría mayor certidumbre si se le delegara a una Comisión Federal de Telecomunicaciones realmente autónoma que no sólo administre el espectro radioeléctrico, sino que sea garante de la ley de forma integral. Todas esas discusiones de nada servirán si no arriban a una legislación secundaria vigente. Seguimos a la espera de que el derecho de réplica trascienda lo enunciativo y se plasme en leyes para que sea realmente un mandato efectivo. Un deseo: que se discuta en el Congreso de forma seria; que se invite a todas las voces de la industria y de los diversos sectores sociales y académicos, no para repetir los miles de foros que se han tirado a la basura, sino para que los actores opinen y repliquen cuando menos en el debate legislativo. No creo que eso atente contra la libertad de expresión. En una de esas nos permite contar con una ley de avanzada. luismiguelcarriedo@prodigy.net.xm Grabado de Soid Pastrana

Hechos y opiniones

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Regulación

Escollos al derecho de réplica

RES INICIATIVAS PARA REGLAMENTAR

el artículo 6º constitucional en materia de derecho de réplica se encuentran en comisiones de ambas cámaras del Congreso: una del senador panista Alejandro Zapata Perogordo; otra de los diputados José Antonio Díaz, Dora Alicia Martínez y Rocío del Carmen Morgan, también del PAN; y una tercera del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado. En lo fundamental, las tres propuestas difieren entre sí. La más acabada es la de los diputados Díaz, Valero y Morgan. La Ley Zapata presenta insuficiencias, imprecisiones y ambigüedades (motivo por el cual ha sido fuertemente criticada por comentaristas y medios de comunicación). Finalmente, la iniciativa del PVEM delega en la figura de un Defensor de Audiencia designado por el propio medio de comunicación la tarea de recibir, valorar y resolver las solicitudes de réplica que promuevan los particulares; es decir, esta última propuesta da prioridad a la autorregulación de los medios y en realidad no regula el derecho de réplica. En mayor o menor medida, las tres iniciativas recuperan e incorporan la experiencia en la materia de otros países como España, Perú o Chile, países que ya han legislado sobre derecho de réplica. El 13 de noviembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia electoral que, entre otras cosas, garantiza el derecho de réplica, también conocido como derecho de respuesta, aclaración y rectificación. Este derecho se explica en función de las libertades de expresión y de prensa y es un complemento de ambas. Posee una dimensión particular y social. 40

La primera se refiere a que la persona directamente afectada por información que lo aluda de manera inexacta, falsa o generándole algún perjuicio, tenga la posibilidad legal de rectificar y expresar sus puntos de vista respecto de dicha información, con la intención de mantener a salvo su honor, imagen o vida privada. La dimensión social del derecho de réplica implica que la colectividad reciba información adicional y posturas distintas a las originalmente difundidas por los medios, a fin de fomentar la veracidad, el contraste y el equilibrio de la información sobre hechos controvertidos. A diferencia de lo que suelen argumentar algunos comentaristas de los medios, la regulación del derecho de réplica no restringe la libertad de expresión sino que la fortalece al propiciar la búsqueda de la verdad. Lo que se pretende con la reglamentación del derecho de réplica es proveer procedimientos efectivos y expeditos que –sin conculcar la libertad de expresión– garanticen la defensa de los derechos ciudadanos. En cualquier país democrático las libertades no son absolutas sino que encuentran límites. En México las restricciones a la libertad de expresión están claramente expresadas en la Carta Magna cuando se violan los derechos de terceros, la vida privada, la moral o se perturba el orden público.

Ya existe el derecho de réplica El derecho de réplica tiene su origen en una iniciativa de ley presentada en Francia en 1798 donde se reconocía el derecho de respuesta de un ciudadano que se sintiera ofendido en su reputación por algún medio impreso. Fue en 1822 cuando se obligó a los propietarios de la prensa francesa

a incluir la respuesta de un ciudadano que se sintiera afectado. En México diversas leyes secundarias ya contemplan el derecho de réplica. En todos los casos se trata de ordenamientos obsoletos, sin aplicación o insuﬁcientes que han quedado superados o han hecho que el derecho de réplica sea letra muerta. El artículo 27 de la Ley sobre delitos de imprenta de 1917 establece que “los periódicos tendrán la obligación de publicar gratuitamente las rectiﬁcaciones o respuestas que las autoridades, empleados o particulares quieran dar a las alusiones que se hagan en artículos, editoriales, párrafos, reportajes o entrevistas, siempre que la respuesta se dé dentro de los ocho días siguientes a la publicación; que no sea mayor su extensión del triple del párrafo o artículo en que se contenga la alusión que se contesta, tratándose de autoridades, o del doble, tratándose de particulares; que no se usen injurias o expresiones contrarias al decoro del periodista; que no haya ataques a terceras personas y que no se cometa alguna infracción de la presente ley”. El Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión de 2002 establece en su artículo 38 que “toda persona, física o moral, podrá ejercitar el derecho de réplica cuando un material que sea difundido en cualquier programa de una estación de radio o televisión no cite la fuente de la cual extrajo la información y considere que los hechos que la aluden son falsos e injuriosos”. Por su parte, el artículo 233 numeral 3 del Código Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales de 2007 señala: “los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos podrán ejercer el derecho de aclaración respecto de la información que

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presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades o atributos personales. Este derecho se ejercitará sin perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades o al daño moral que se ocasionen en términos de la ley que regule la materia de imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables”. Finalmente, el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, vigente en México desde 1981 como una obligación contraída libremente por el Estado, sostiene que “toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectiﬁcación o respuesta en las condiciones que establezca la ley”.

Características de las tres iniciativas Ley Zapata

Ley Verde

Secretaría de Gobernación e Instituto Federal Electoral.

Secretaría de Gobernación.

Defensor de Audiencia.

Quién lo ejerce

Toda persona. Parientes en línea directa hasta en tercer grado. Parientes en línea colateral en segundo grado.

La persona aludida. Parientes en primer grado. Representantes.

Toda persona física o jurídica.

Objeto de réplica

Información inexacta o agraviante. Edición de fotografías o imágenes informativas que distorsionen y causen perjuicio.

Información o datos inexactos, falsos, que causen perjuicio político, económico, en su honor, vida privada o imagen.

Hechos falsos o inexactos.

Lapso de presentación al medio

Siete días hábiles.

Hasta un año.

Dos días; solicitud dirigida al director.

Lapso de queja a la autoridad

SG: siete días hábiles. IFE: tres días hábiles.

Lapso de notiﬁcación de la autoridad al medio

SG: dos días hábiles. IFE: un día hábil.

Resolución de la autoridad

SG: tres días hábiles. IFE: dos días hábiles.

Plazo de publicación de la réplica

Si es de circulación o difusión diaria, a los dos días siguientes. En los demás casos, en la edición sucesiva.

Hasta dos días después o en la edición sucesiva.

En los términos que señale la resolución del Defensor de Audiencia.

Cuándo el medio podrá negarse a emitir rectiﬁcación

Cuando no se acredite legitimación; se carezca de fecha, espacio y hora de emisión; cuando se afecten derechos de terceras personas o la información haya sido aclarada.

Cuando no se ejerza en los plazos y términos de la ley; no se limite a información que aluda a la persona; sea ofensiva o contraria a las leyes; la persona no tenga interés jurídico o cuando la información haya sido aclarada.

Cuando el medio cite la fuente; cuando se ejerza la libertad de opinión y de caricaturizar o se trate de opiniones de servidores públicos investidos de fuero constitucional.

Características de la réplica

Publicarse de manera íntegra, con similar extensión, ubicación y características de estilo. Sin comentarios ni apostillas.

No podrá exceder de tres veces el tiempo o extensión del espacio, salvo que el daño o perjuicio ocasionado requiera de mayor extensión.

Limitarse a los hechos que se desea rectiﬁcar y no exceder la información publicada o divulgada. Sin comentarios ni apostillas.

Sanciones

Cinco mil a 10 mil salarios mínimos cuando el medio no difunda la rectiﬁcación. Diez mil a 20 mil días de salario mínimo cuando la autoridad considere procedente la aclaración y el medio no acate la resolución.

Cien a 200 días de salario mínimo cuando el medio no inscriba en el registro oﬁcial al responsable de recibir las solicitudes. 500 a 20 mil días de salario mínimo cuando el medio se niegue a publicar o transmitir la aclaración.

No establece sanciones.

La Ley Zapata El 13 de diciembre de 2007 el senador del PAN Alejandro Zapata Perogordo presentó el Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Reglamentaria del Artículo 6º de la Constitución en Materia de Derecho de Réplica. Define este derecho como aquel que “tiene toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión que se dirijan al público en general, para efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones de la presente ley”. Los principales puntos de la iniciativa de 31 artículos son los siguientes: • Las instituciones encargadas de aplicar la ley son la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral (cuando las menciones se refieran a cuestiones electorales a partir del inicio de las precampañas). • Toda persona podrá ejercitar de forma gratuita el derecho de réplica cuando considere que una información, mención o referencia emitida o publicada por un medio de comunicación social es inexacta

Ley Díaz-Martínez-Morgan

Responsable de aplicar la ley

Del medio al Defensor del Audiencia, un día. El medio tendrá dos días para expresar su punto de vista y presentar pruebas. Este lapso puede ampliarse otros dos días.

Tres días después.

o agraviante. Cuando el medio de comunicación social hiciere nuevos comentarios a la réplica, la persona aludida podrá ejercer nuevamente su derecho, en los plazos y términos previstos en la ley. Este artículo de la Ley Zapata ha despertado suspicacias porque, ante la ambigüedad de su redacción, se interpreta forzadamente que cualquier persona, sin

estar directamente aludida por la información, podría exigir el derecho de réplica, lo cual atenta contra los llamados derechos de la personalidad cuyo ejercicio compete exclusivamente al individuo afectado. • El derecho de réplica es improcedente cuando la información a la que aluda el solicitante consista en la crítica profesional, objetiva y respetuosa. Comunicación • Política • Sociedad

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El anterior ha sido otro punto criticable porque no establece parámetros para medir la profesionalidad y objetividad de la información. El legislador parte de una apreciación subjetiva que causaría conﬂictos interminables entre solicitante y medios de comunicación, o bien dejaría a la ley sin aplicación ante lo abstracto de su enunciación. • Podrá ser objeto de réplica la edición de fotografías o de imágenes informativas que distorsionen sustancialmente los hechos, causando perjuicio. El legislador Zapata incorpora el fotomontaje de la imagen informativa (fotografía periodística) y la caricatura como objetos sobre los cuales es posible ejercer el derecho de réplica. Sería presumible el cúmulo de solicitudes de derecho de réplica de políticos y funcionarios que a diario son abordados y “maltratados” por los cartonistas y los editores de la prensa. • Establece plazos diferenciados para la presentación y resolución del procedimiento administrativo, ya sea que se exija el derecho de réplica a la Segob o al IFE (en asuntos electorales), siendo más expedito para este último.

La Ley Díaz-Martínez-Morgan El 25 de marzo de 2008 los diputados panistas José Antonio Díaz, Dora Alicia Martínez y Rocío del Carmen Morgan presentaron la Ley para Garantizar el Derecho de Réplica que consta de 29 artículos. Deﬁne el derecho de réplica como “la prerrogativa de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por medios de comunicación, relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos y cuya divulgación pueda causarle un perjuicio político, económico, en su honor, vida privada o imagen”. Entre sus aspectos más relevantes se pueden mencionar los siguientes: • Su aplicación corresponde a la Secretaría de Gobernación. 42

• Podrá ejercer el derecho de réplica la persona aludida o, en caso de fallecimiento, sus parientes en primer grado. • Los medios de comunicación tienen la obligación de designar a un responsable y señalar un domicilio para atender las solicitudes de derecho de réplica, los cuales quedarán inscritos en un registro oﬁcial. • Las agencias de noticias que difundan información inexacta a sus abonados, en perjuicio de una persona, deberán difundir, por los mismos medios y a los mismos abonados, las aclaraciones que realice la persona aludida en un plazo máximo de dos días hábiles. Los medios de comunicación que hayan transmitido o publicado la información que dé origen a la réplica, adquirida o proveniente de las agencias de noticias, estarán obligados a difundir las aclaraciones que éstas les envíen. • Cuando el solicitante realice el procedimiento ante la autoridad, deberá presentar las pruebas que acrediten la alusión. En caso de que el solicitante no posea copia del programa o publicación en la que sustente su solicitud, podrá pedir a la autoridad que realice las gestiones necesarias para obtener una copia. En este caso el solicitante cubrirá los gastos. • Las partes podrán dirimir el conﬂicto de manera amigable.

La Ley Verde El 21 de abril de 2008 el Grupo Parlamentario del PVEM en el Senado presentó el proyecto de decreto para expedir la Ley Reglamentaria del Artículo 6º de la Constitución en materia de Derecho de Réplica a través de los Medios de Comunicación Impresos y de Radiodifusión. Deﬁne el derecho de réplica como el que tiene “toda persona para refutar la información difundida en los medios de comunicación impresos o electrónicos, en la que resulte directamente aludida y cuyo contenido sea falso o inexacto”. El decreto propone derogar las menciones que sobre el derecho de réplica se contemplan en la Ley de Imprenta y en el Coﬁpe. La iniciativa consta de

15 artículos, entre los que destacan los siguientes: • Toda persona podrá ejercitar por escrito ante cualquier medio de comunicación el derecho de réplica, relativa a hechos falsos o inexactos que la aludan directamente. • El derecho de réplica no aplica cuando el medio cite la fuente, se ejerza el derecho de opinión y de caricaturizar, y cuando las opiniones correspondan a servidores públicos investidos con fuero constitucional. • Todo medio deberá contar con un Defensor de Audiencia y un Código de Ética público, el cual deberá aplicarse 180 días después de la entrada en vigor del decreto. • En los códigos de ética cada medio establecerá libremente los criterios conforme a los cuales procederán las solicitudes de réplica. • El Defensor de Audiencia será designado por el medio entre personas de reconocido prestigio, ya sea de carácter honoríﬁco o remunerado; podrá fungir en tal cargo para uno o varios medios y en el momento de su designación no debe haber laborado por lo menos tres años antes en un medio. La función del Defensor de Audiencia será la de recibir las solicitudes de réplica, valorar su procedencia y resolver según los lineamientos del Código de Ética. • Para determinar la procedencia de la réplica, el Defensor de Audiencia considerará 1) la claridad con la que el medio citó la fuente de la cual extrajo la información; 2) el prudente equilibrio entre la gravedad de la información y la libertad de expresión; 3) la intencionalidad de difusión falsa y 4) la proporción de información falsa en la totalidad del material. Adicionalmente, el Defensor de Audiencia podrá escuchar a productores, comunicadores y demás personal que hubiera participado en la difusión del material objeto de derecho de réplica. • El Defensor de Audiencia no podrá ser reconvenido por el medio, ni tener responsabilidad civil o penal por las decisiones que adopte. (JB)

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Medios públicos

Estrena instalaciones el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión JAL. LA COMUNIdad de trabajadores del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV) hizo posible “el momento histórico” que vivieron el 7 de mayo cuando inauguraron sus nuevas instalaciones. “A 17 años de existencia, el Sistema se fortalece como una alternativa de comunicación para los mexicanos con programas culturales, educativos y de información que privilegian la orientación y el servicio a la ciudadanía. Después de 17 años, por primera vez contamos con un espacio propio y digno para desarrollar con mejor calidad nuestros programas de radio y televisión”, dijo, emocionado, Samuel Muñoz, director general del Sistema. Durante la ceremonia expresó las directrices de la nueva etapa: “apostamos por la diversidad y la calidad de nuestros programas de televisión, a través de los cuales daremos continuidad a lo que ya veníamos haciendo desde hace más de seis años, otorgando visibilidad y voz a los ciudadanos, mostrando su vida cotidiana, cultura, costumbres y tradiciones. En radio también estaremos integrando un sistema similar con la participación del público en los programas. Esto será posible gracias a que ahora contamos, por primera vez, con estudios abiertos a la audiencia”. Ahora el Sistema se encuentra en el inmueble conocido como Ediﬁcio México, una obra del arquitecto Félix Aceves, que estaba abandonada desde hace cinco años y que a partir de mayo alberga las instalaciones del SJRTV que comprende Canal 7 y las radiodifusoras 630 AM y 44

XEJB 96.3 FM. Momentos antes, Samuel Muñoz había cortado el listón acompañado del escultor Alejandro Colunga, el arquitecto Félix Aceves, Fernando Guzmán Pérez, secretario general de Gobierno y Alejandro Cabrioto, secretario de Cultura de la entidad. Archivo Zócalo

UADALAJARA,

Samuel Muñoz, director general del SJRTV.

Más programación y públicos El director general recordó la creación del espacio radiofónico, primero en la 630 AM hace seis décadas y, posteriormente, la apertura de la XEJB 96.3 FM en la década de los sesenta del siglo pasado. Tiempo después, en 1991, surgió Canal 7. “En la nueva etapa –relató Muñoz– incrementaremos cien por ciento nuestra producción, alcanzando hasta un 50 por ciento de la programación en televisión, mientras que en radio el propósito es fortalecer los contenidos que se venían trabajando. Incorporaremos nuevas voces y proyectos interactivos

con pleno convencimiento de que tenemos que crear otros públicos que se interesen por la comunicación cultural”. Agradeció al doctor Guillermo Orozco, investigador, académico y especialista en medios de comunicación de la Universidad de Guadalajara, por sus enseñanzas y aportes porque “coincidimos con él en la necesidad de crear nuevos públicos”. Asimismo, destacó la asistencia de decenas de integrantes de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, cuyo trabajo “se inscribe en el esfuerzo generalizado de nuestros medios públicos por fortalecer una alternativa de comunicación para los mexicanos”. El director general del Sistema también reconoció el apoyo de la Junta Directiva del SJRTV, órgano rector del mismo, presidido por el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez. En el acto, la presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, Elia Sánchez González, se pronunció a favor de que las emisoras estatales en el país “tengamos un marco legal que permita el reconocimiento jurídico a los medios públicos, como lo hemos propuesto al Ejecutivo Federal. El Congreso de la Unión pronto tendrá que revisar la Ley Federal de Radio y Televisión, que todos sabemos es obsoleta. Esperemos que hagan caso a las propuestas presentadas por la Red para que exista un marco legal y jurídico para los 56 sistemas de radio y televisión que integran la Red”. En entrevista posterior con la revista Zócalo, Samuel Muñoz precisó algunos

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Años de trabajo

El reto

Google

“El reto de los 116 trabajadores del Sistema, en esta nueva etapa, es hacer bien nuestro trabajo para ofrecer mejor calidad. Finalmente, nuestros sueldos son pagados por los jaliscienses a través del presupuesto público y tenemos la obligación de dar ese servicio con nuestras mejores herramientas y conocimientos”, dijo Samuel Muñoz, quien adelantó cambios en la barra informativa: “el nombre del noticiero ya no se llamará Jalisco Informativo, ahora será Enfoques, título que eligieron los propios compañeros del área. Tendremos nuestro noticiero de 7 a 7:30 de la mañana de lunes

Nuevas instalaciones del SJRTV.

Precisó que con el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez (presidente de la Junta Directiva de SJRTV), “hay una excelente relación y confianza del titular de la entidad al proyecto que estamos haciendo. También hay una comunicación directa con la Secretaría de Cultura, dependencia de la cual el Sistema es un organismo desconcentrado, así como una extraordinaria relación con la Secretaría de Educación del Estado que también juega un importante papel en este proyecto”. Sobre el Código de Ética del SJRTV, indicó que su aplicación busca decir la verdad de los hechos. “También vamos a firmar un convenio con la Real Academia de la Lengua Española; el objetivo es el buen uso del lenguaje en todos nuestros programas. Estamos haciendo una reingeniería completa, los compañeros que realizan la tarea a través de talleres de planeación estratégica en el área de noticias están afinando el Código de Ética que regirá en los servicios informativos y que se extenderá a todo el sistema jalisciense.” Por cierto, dijo, fueron los trabajadores quienes eligieron el nuevo logotipo del SJRTV (una fotografía en

Cortesía de El Occidental

a viernes y el espacio informativo nocturno a las 20 horas, de 30 minutos de duración”, añadió. El Sistema transmitirá campañas especíﬁcas que expresen la vida cotidiana de los jaliscienses en cápsulas de 15 segundos, elaboradas con el apoyo del investigador Guillermo Orozco, cuyo objetivo es mostrar toda la riqueza cultural de los pueblos del estado: “conocer su vida cotidiana y costumbres. Presentar en la pantalla a los diferentes escritores, músicos y artistas; ese es uno de los objetivos de nuestra propuesta en televisión y ahora también la estamos llevando al radio con una interacción directa, en vivo. Antes nuestros estudios no tenían esa capacidad, ahora podemos decir que habrá esa interacción”.

aspectos que abordará el canal de televisión, en especial su programación dedicada al estado de Jalisco; la capacitación del personal y otros proyectos como los programas dirigidos al público infantil: “el objetivo es mejorar la pantalla, presentar productos con mejor calidad, aprovechando la tecnología y la capacitación de los compañeros y también fortaleciendo a colaboradores que venían y hacían sus programas sin asesoría y sin ningún tipo de apoyo”. Explicó que los productores de radio y televisión recibieron asesorías y capacitación de expertos de empresas como Discovery Channel y CNN. Estuvieron con nosotros especialistas de San Diego, Estados Unidos, Colombia y Argentina. También de medios canadienses de Québec y Montreal, cuyo aporte contribuirá a realizar mejores producciones.

Alejandro Colunga, Félix Aceves, Samuel Muñoz y Fernando Guzmán.

perspectiva del edificio con las siglas de la emisora); surgió de una elección entre los trabajadores y, en ese sentido, “no pasó por el filtro del gobernador, sino de los propios trabajadores” Entrevistado acerca de la nueva etapa del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, el doctor Guillermo Orozco explicó: “a lo mejor para muchos esto constituye una gran novedad y algo que se debe al gobernador actual. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora es la consolidación de la propuesta del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión como producto de muchos años atrás. Todo comenzó hace diez años con el cambio de antena, con las administraciones recientes de Jesús Tovar y Samuel Muñoz, quienes consolidaron sobre todo el proyecto televisivo del Sistema Jalisciense. Lo que vemos ahora es el producto de varios años de trabajo honesto y transparente. A mí me consta porque los he venido acompañando para hacer del canal de televisión algo que valga la pena. “En otros sistemas estatales piden mucho presupuesto pero no convencen. Canal 7 ha convencido con producción, con calidad, con argumentación del porqué quiere hacer lo que está haciendo. Celebro muchos años de esfuerzo continuo y experimentación al cambio y sobre todo a un proyecto nuevo de televisión pública que abandona la rigidez e incursiona en lo lúdico, el drama, la ficción y lo costumbrista”, concluyó. (Redacción) Comunicación • Política • Sociedad

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Comercialización y reconocimiento jurídico, insiste la Red DIRECTORES y La presidenta de la Red solicitó al goberfuncionarios integrantes de la nador de Jalisco, Emilio González (presenRed de Radiodifusoras y Tele- te en el acto inaugural de la Sexta Asamblea visoras Educativas y Culturales de la Red), su apoyo “para que junto con de México reiteraron sus exigencias para los demás gobernadores intervenga ante el que los medios públicos cuenten con re- Legislativo y se apruebe una nueva regulaconocimiento jurídico y se les permita co- ción que exprese y avale el trabajo que reamercializar tiempo de su programación. lizan los medios públicos. No cabe duda Ante Irma Pía González Luna, subse- de que existe el apoyo, nos hace falta escucretaria de Normatividad de Medios de char las expresiones de los gobernantes”. la Secretaría de Gobernación, Elia Sánchez González, presidenta del Consejo Directivo de la Red, recordó: “hemos expresado y expresamos la urgente necesidad de que exista el marco legal que sustente la naturaleza de los medios públicos de comunicación. Lo seguiremos haciendo como un tema incluido en las reformas a las leyes federales de Radio y Elia Sánchez González, presidenta de La Red, ante el Televisión y de Telecomunicaciones, en gobernador de Jalisco, Emilio González (tercero). proceso de revisión en el Congreso”. También insistió en la posibilidad de Elia Sánchez argumentó su solicitud: que a los medios públicos se les permita comercializar tiempo: “la viabilidad del “me atrevo a plantearle esto porque la maproyecto de medios públicos, autónomos, yoría de los sistemas asociados a la Red se plurales, con sentido social, perfil progra- desempeñan bajo la égida de los gobiernos mático propio, innovadores, descentrali- estatales y porque son parte fundamental zados, tiene su soporte fundamental en el de la administración pública, de la política financiamiento. La prohibición para que y la democracia”. accedan al mercado publicitario establece serias limitaciones a su desarrollo en el mar- Propuestas co de las actuales políticas del gasto público Durante la Sexta Asamblea General Orde nuestro país, y privilegia a las empresas dinaria de la Red, realizada el 8 y 9 de privadas”. Se pretende, dijo, el desarrollo mayo, los directivos y representantes de económico favorable, sin confundir los los 56 sistemas estatales y universitarios objetivos y propósitos de incrementar los de radio y televisión acordaron, entre niveles de audiencia. “Una combinación otras tareas, establecer tres mesas de traentre financiamiento publicitario y subsi- bajo con las autoridades del sector. 1. Con la Comisión Federal de Telecodios públicos es una alternativa viable y deseable”, recomendó Sánchez González. municaciones (Cofetel) para promover 46

la regularización de la documentación técnica, legal y administrativa de los sistemas asociados; obtener los refrendos de los permisos que aún no se han otorgado; y revisar con los sistemas de la franja fronteriza del norte del país el avance del proceso de digitalización de la radio y la adopción del sistema IBOC. 2. Con el Instituto Federal Electoral, la Subsecretaría de Normatividad de Medios y RTC, para revisar las obligaciones derivadas de la reciente reforma electoral en materia de radio y televisión, y llegar a un acuerdo general para que los tiempos oficiales destinados a los partidos políticos puedan ser programados por franjas horarias y no afecten las pautas. 3. Con la Cofetel, la Subsecretaría de Normatividad de Medios y RTC para revisar la reglamentación y mecanismos de definición provisional del concepto de patrocinio y su aplicación en las emisoras permisionadas. Los integrantes de la Red aprobaron continuar con una nueva etapa del programa Solórzano en La Red, mediante un convenio de coproducción entre la Red y Canal 22, por medio del cual las partes aportan, cada una, el 50 por ciento del costo de producción de 26 programas. También acordaron la participación en la VII Bienal Internacional de Radio, convocada por Radio Educación del 8 al 12 de septiembre de 2008. Por mayoría de votos, se ratificó a Edgardo Benítez Celada como gerente de la Red, nombramiento hecho por el Consejo Directivo de acuerdo con las facultades que le dan los estatutos de la Asociación. (Redacción) Carlos Padilla

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Libertad de expresión

Hasta 60 años a quien mate a un periodista en Coahuila Balbina Flores M.

57 Legislatura del Congreso de Coahuila aprobó reformas al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales en las cuales se impone la pena de hasta 60 años de prisión contra quien asesine a un periodista, en una entidad que no presenta mayor incidencia en estos delitos y sólo registra un comunicador desaparecido, sin mencionar las presiones a la prensa por el gobernador Humberto Moreira. Las reformas aprobadas el 13 de mayo por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso del Coahuila reconocen “la importancia de la libertad de expresión, el derecho a la información y el respeto a quienes hacen del periodismo su actividad habitual”. Más que crear un tipo penal nuevo como el de “perioricidio”, se consideró pertinente y jurídicamente apropiado reformar el artículo 67 del Código Penal que penaliza el asesinato de periodistas cuando el delito se cometa en contra de una persona en función de su actividad periodística. La sanción es “equiparable al delito de homicidio caliﬁcado y se aplicaran las mismas penas previstas para el homicidio caliﬁcado a quien prive de la vida a una persona en función de su actividad dentro del periodismo”.

Asistencia social La reforma considera una modiﬁcación a la Ley de Asistencia Social local respecto de la protección social a familiares de comunicadores, la cual precisa: “los servicios de asistencia social y otros beneﬁcios

sociales a las víctimas del delito, a los dependientes de una persona que haya sido asesinada en función de su actividad dentro del periodismo. En este caso los cónyuges, concubinos o compañeros civiles supérstistes y los descendientes podrán solicitar al Ejecutivo una pensión”.

aprobación de este dictamen Coahuila se pone a la vanguardia en la protección a periodistas, porque no existe ningún antecedente en el país”. –¿Por qué aprobar una ley en un estado que no ﬁgura dentro de las cifras de mayores agresiones a periodistas? –Nos hemos adelanPrevisión tado a los hechos preEntre los argumentos que viendo esta situación, no se exponen en la motivaqueremos que sucedan ción del dictamen señala: más hechos de violencia “en Coahuila se comienza como ocurre en otros a vivir una vulneración estados del país para grave de los derechos crear leyes que protejan de las personas ante la a los comunicadores en desaparición de algunos Coahuila. No queremos compañeros periodistas, que sigan ocurriendo lo que obliga a legislar de desapariciones como la Rafael Ortiz, desaparecido. manera especial para rede Rafael Martínez del conocer una protección periódico Zócalo de Monprevalente en estos casos”. Por ello, “la clova en 2006. protección a la vida de los comunicaSobre el término “perioricidio”, el dipudores sociales debe ser una prioridad”, tado reﬁere: “la idea original era agregar porque no sólo “se asesina a un periodis- un nuevo tipo de delito que considerara ta para acallar su actividad profesional, el asesinato de un periodista como delito sino que se vulnera el derecho de todos grave; esto no fue posible. Las Comisiones a conocer la información que no se debe Unidas de Gobernación y Puntos Constiocultar”, por lo que “el asesinato, el se- tucionales no estuvieron de acuerdo con el cuestro, las presiones, la intimidación, la término y argumentaron que sería un proprisión injusta a periodistas, la destruc- blema explicar una palabra que no existía”. ción material de los medios de comuniMáynez reveló que el 20 de mayo precación, la violencia de cualquier tipo y sentó un punto de acuerdo para que otras la impunidad de los agresores, coartan legislaturas y gobiernos de otros estados severamente la libertad de expresión y asuman este proyecto y establezcan en sus de prensa”, actos que deben ser sancio- jurisdicciones medidas como las ahora nados con prontitud y severidad. aprobadas en Coahuila, que “contribuyan En entrevista para la revista Zócalo, el a mejorar la seguridad en el quehacer de diputado José Ignacio Máynez (PAN), im- los periodistas y la calidad de vida de sus pulsor del proyecto, destacó “que con la familias”. Periódico Zócalo, Monclova, Coah.

N UN HECHO SIN PRECEDENTE , LA

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Radio

Radio Educación ¿el oasis del cuadrante? Elvira García / 2da. y última parte

transmisiones como la del intento de desafuero contra AMLO, proceso que salió al aire íntegramente. Pero esos enlaces ocurrieron en tiempos de la dirección de Lidia Camacho. Hoy, en la era de Virginia Bello, RE no ha transmitido –ni en vivo ni en diferido–, el debate que sobre la reforma petrolera se realiza en el Senado. Ya no sorprende el ocultamiento informativo que casi todos los medios comerciales están haciendo de ese foro, pero es incomprensible que RE, que ha sostenido por años una vocación de servicio, adopte hoy tal postura. Es para alarmarse. Archivo Zócalo

A INCONFORMIDAD DE MUCHOS TRAbajadores de Radio Educación (RE) frente al estilo y temperamento que Virginia Bello, directora de la estación, tiene para conducir los destinos de esa emisora, no sólo ha provocado desencanto, fricciones e incomodidad entre ella y productores, musicalizadores, locutores, técnicos y guionistas, sino que ya hizo crisis entre reporteros del área de noticias, esto a raíz de que Bello llevó a Yeri Correa –otrora reportera de un diario capitalino– y la nombró titular de la Subdirección de Información. Luego de meses de soportar la tensión, los trabajadores de la Subdirección enviaron a Bello la carta de la que reprodujimos un párrafo en la entrega pasada. En la misiva protestaban por la imposición de una línea editorial “a contracorriente del estilo informativo de RE”. Entre los reclamos denunciaban que esa línea “no sólo desdibuja a nuestra emisora, sino que está generando numerosos conﬂictos entre la Subdirección y los coordinadores de información nacional e internacional, no pocos reporteros y varios redactores de los cuatro informativos Pulso. Esa línea, además, nunca fue consensada ni aprobada por los miembros de la redacción de noticias. Por eso la caliﬁcamos como imposición”. La línea noticiosa que por décadas ha cultivado RE es la que ha hecho que audiencias plurales se acerquen en busca de información que otras radios les ocultan. Esas audiencias siguieron

Instalaciones de Radio Educación.

Sin perﬁl de audiencia Por otro lado, la emisora no cuenta con un estudio que diga quién y cuánta es su audiencia. Quizás en la década de los ochenta RE supo el perﬁl de su escucha, pero los hábitos han cambiado,

tanto como se ha transformado la radio desde los noventa. Por lo pronto, la dirección de RE está utilizando su página web para una encuesta. Los resultados son extraños. A la pregunta de: “¿Cuál es el programa que más escuchan?”, la respuesta es: Emocionarte, sin que haya un indicador del porcentaje que lo sintoniza. En la pregunta de: “¿Qué tipo de música prefiere?”, sorprende que la respuesta sea: “No hay resultados”, cuando RE se distinguía por tener un público que buscaba la propuesta musical de la estación. ¿Será que toda esa audiencia ya se le fue? Desconcierta que la siguiente cuestión sí tenga respuesta bien medida. Se pregunta: “¿Qué le parece el ciclo que transmite RE sobre Beethoven?”, 172 personas (54.09%) dicen que “excelente”; de ahí hay un abrupto salto hacia 65 personas que consideran “regular” el ciclo (20.44%). La serie sobre Beethoven fue idea de Amadeo Estrada, hijo del compositor Julio Estrada. Amadeo llegó a RE invitado por Virginia Bello. Como buen conocedor de la música, el joven Estrada propuso la modernización de las barras musicales, emblemáticas e intocadas en RE. Los programadores de tales barras lo mandaron con cajas destempladas, lo que tampoco significa que el trabajo de ellos sea impecable o no deba someterse al escrutinio. Ante ese fracaso, Estrada se concentró en la serie por el bicentenario de Ludwig van Beethoven, en una radio donde la música clásica no es la más representativa de su perfil.

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Nada nuevo en RE En la encuesta de RE en la red, salta una pregunta que en la emisora no tiene una respuesta del tamaño del interés de los encuestados. Al cuestionamiento de: “¿Qué temas le gustaría que se abordaran?”, la audiencia dice: “Política”, como primer lugar. La realidad es que RE sólo tiene al aire dos programas de análisis: Política en plural y Relieves, realizados por trabajadores de base desde hace más de cuatro años. Es decir, ninguno se creó en la administración de Virginia Bello. La más novedosa mesa de análisis en la estación la impulsó Lidia Camacho y se llamó Punto de Encuentro, conducida por Miguel Ángel Granados Chapa, Virgilio Caballero, Ricardo Rocha y Javier Solórzano. Por primera vez en muchos años RE abrió sus puertas a periodistas que no tenían una relación laboral con la emisora y que, por eso, aportaron una visión oxigenada del acontecer político. ¿Por qué Vicky Bello no tomó el riesgo de continuar el programa? Al parecer, le resultaba muy caro en términos monetarios y laborales; Bello prefirió ahorrarse los reclamos que a Camacho le hicieran los trabajadores, porque esos periodistas cobraban la fabulosa cantidad de un mil 500 pesos por semana, mucho para los tabuladores de RE –800 pesos por conducción unitaria– pero poco para ese cuarteto que desde hace unas semanas está otra vez al aire, ahora por Radio Fórmula. Pero el afán ahorrativo de Bello no se refleja en su nómina, donde paga a ocho personas clasificadas como “Coordinadores de Profesionales en Análisis y Dictamen” (¿?) la cantidad mensual bruta de 11 mil 718 pesos, y a doce “Profesionales en Análisis” (¿?) una cantidad cercana a la anterior. ¿Cuáles son los resultados al aire de esas contrataciones? En mi opinión, no se notan. Por último, pero no menos importante, está la confrontación que ha suscitado la creación de un Código de Ética para RE. A iniciativa de la Fundación

Manuel Buendía, la dirección propició el año pasado encuentros entre la Fundación, redactores y reporteros de la Subdirección de Noticias. Las propuestas de todos fueron incorporadas por la Fundación en un documento que parecía acabado, pero que al ﬁnal sufrió

recortes y censura de algunos conceptos por parte de funcionarios de RE, acción que ha sido rechazada por casi todos los participantes en su elaboración. Hoy, ese Código de Ética permanece en el limbo. viragarcia1952@aol.com

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México: impunidad en periodistas asesinados

ÉXICO SE ENCUENTRA ENTRE

los países con los peores resultados en lo que se refiere a resolver casos de periodistas asesinados, según el Índice de Impunidad, un indicador creado por el Comité de Protección a Periodistas (CPJ) para vigilar la actuación de los gobiernos en casos irresueltos de comunicadores victimados. El CPJ sostiene que en México el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción oficial son las mayores amenazas a la actividad de los periodistas. De los siete casos que reporta el Comité, la mayoría fueron reporteros locales como Francisco Ortiz Franco, editor en jefe del semanario Zeta, quien fue asesinado en 2004 sin que hasta la fecha se haya ejercido acción penal contra los responsables. Irak, Sierra Leona y Somalia encabezan la lista de las naciones con el más alto índice de impunidad, pero son países que atraviesan por guerras, a diferencia de otros Estados que tienen regímenes democráticos y sus instituciones de procuración de justicia están vigentes, indica el informe del Comité. Para el CPJ cada vez que es asesinado un periodista y el culpable sigue libre se sienta un mal precedente y se envía un funesto mensaje a todos los estamentos de la prensa. Por lo cual es urgente que los gobiernos de las naciones que aparecen en el Índice demuestren un compromiso con la prensa libre, sostiene el Comité, 50

que hace un llamado hacia una efectiva investigación que conduzca a la detención de los homicidas de informadores. EL CPJ maniﬁesta que la mayoría de los reporteros asesinados han sido víctimas en las localidades donde ejercen su profesión, sin que se conozca a los culpables de los delitos. Lo anterior revela la vulnerabilidad a la que están expuestos, lo cual se traduce en un fracaso alarmante para los gobiernos en la protección de los comunicadores. EL CPJ explicó que 2008 es el primer año que realiza su Índice de Impunidad, basado en el cálculo del número de casos sin resolver de informadores asesinados y el porcentaje de población de cada país. En su metodología, el Comité examinó los crímenes irresolutos entre 1998 y 2007. En el Índice sólo aparecen las naciones con cinco o más casos de periodistas asesinados sin resolver. En México, ante la cifra tan alarmante de asesinatos y atentados contra comunicadores desde el año 2000 –que según cifras de organismos independientes suman más de 40 y ocho más permanecen desaparecidos–, grupos civiles y de defensa de los derechos humanos han propuesto un proyecto de ley para federalizar los delitos contra periodistas. En 2007 se registraron 113 casos de agresiones contra periodistas. Destacan cinco comunicadores muertos y cuatro desaparecidos. (Traducción y redacción, Joaquín Castro)

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Alistan reordenamiento vial

en Metepec

Ciudad Típica de Metepec, Méx.; 06 de mayo de 2008. Con el objetivo de brindar seguridad a los usuarios del transporte público que opera en este municipio, el alcalde Oscar González Yáñez dio a conocer el mapa de reordenamiento vial y paradas oficiales, el cual fue elaborado con autoridades de los gobiernos de Metepec y del estado a través de la Secretaría del Transporte, así como de los propios concesionarios, el cual entrará en operación antes de 60 días. El plan presentado por el ejecutivo municipal, contempla en una primera etapa la ubicación de mobiliario urbano, instalación de señalamientos viales y adecuación de paradas, acciones que trascendió fueron realizadas de acuerdo a la circulación de la rutas, la demanda de la población y las condiciones de las calles que podrán contar con equipamiento extraordinario como cobertizos, entre otros accesorios. La finalidad de los trabajos emprendidos desde hace varios meses destacó González Yáñez, es elevar la calidad de vida de los habitantes de Metepec, quienes requieren de un transporte que garantice el servicio eficaz y seguro, el cual considera también disminuir los tiempos de traslado, la ubicación precisa de los sitios para el ascenso y descenso de pasajeros, así como evitar accidentes, ya que dijo en promedio cada cuatro días existe un percance en el que está involucrado una unidad de transporte público. El edil reconoció la voluntad de los empresarios y la sensibilidad y participación del Ayuntamiento y del gobierno del estado para alcanzar este

importante acuerdo, el cual calificó como una medida responsable en el que todos tendrán saldo favorable, sobre todo la ciudadanía quien es la prioridad de de las autoridades. Cabe señalar que tan sólo en Metepec circulan por la ciudad alrededor de dos mil 500 unidades de 14 diferentes líneas de transporte, las cuales entrarán en el reordenamiento con la ubicación de al menos 260 paraderos. En algunos casos serán colocados cobertizos, los cuales correrán a cargo de los empresarios, mientras que las obras a ejecutar serán realizadas por el Ayuntamiento de Metepec. El edil mencionó que entre las vialidades con mayor aﬂuencia vehicular que tendrán atención especial son las de Clouthier, Paseo San Isidro y Gobernadores. Como parte del plan de trabajo, los concesionarios del transporte podrán recibir asesoría y capacitación especializada gestionada por los gobiernos para los operadores; de igual forma tendrán las facilidades para la realización de trámites administrativos y el conﬁnamiento de neumáticos que serán trasladados a sitios dispuestos para ello. Durante la presentación llevada a cabo en el salón de cabildos del palacio municipal, estuvieron presentes los responsables del acuerdo, entre ellos de las Direcciones de Transporte y de Vialidad del Valle de Toluca, del programa “Aire Limpio”, de la Junta de Caminos del Gobierno estatal, así como del titular de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec Gerardo Castillo Bautista, quien será el encargado de la aplicación de programas alternos.

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Cumple seis años Ley de Acceso a la Información en Sinaloa AVANCES EN TRANSPARENCIA SE DEBEN A PRESIÓN SOCIAL

ara conmemorar el sexto aniversario de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la CEAIPES, el órgano garante, desarrolló los días 25 y 26 de abril, el congreso “Derecho a la Información: Fundamento para la Construcción de la Sociedad del Siglo XXI”, con el auspicio de la Embajada de los Estados Unidos en Guadalajara y otras instituciones. Con numerosa asistencia registrada, las actividades que conformaron dicha jornada fueron: mesas de análisis, la entrega del Premio Nacional de Acceso a la Información Pública “Luis Javier Solana”, mesas de trabajo con diversos temas, y un taller.

* El curso de la transparencia y el derecho a la información ha sido derivado del proceso político de la movilización ciudadana y partidista que va más allá del beneﬁcio de los poderes. * No obstante que la profesión del periodismo se ha visto beneﬁciada con la apertura informativa, el principal favorecido debe ser el ciudadano.

La utilidad del acceso a la información Respecto de las mesas de trabajo, donde participaron jóvenes estudiantes, servidores públicos y periodistas, entre otros, se emiten las siguientes

* Los medios de comunicación, electrónicos y escritos, deben alentar la participación ciudadana en los procesos democráticos, como es el ejercicio del derecho a la información. * Los avances en materia de transparencia y acceso a la información pública se deben a la presión social pues tenemos una sociedad más despierta y exigente. * Las nuevas tecnologías con que los medios de comunicación cuentan, facilitan el acceso a la información pública,

Consideraciones: 1. Es necesario crear el marco jurídico que garantice la existencia de los archivos gubernamentales. 2. Es pertinente avanzar en la protección de los datos personales a través de su tratamiento legislativo. 3. Es impostergable establecer mecanismos de uso remoto para la gestión de solicitudes. 4. Debe insistirse en la pertinencia de los organismos especializados como garantes del acceso a la información. 5. Se requiere motivar a la población para que utilice de manera sistemática el mecanismo de acceso a la información. 6. Es necesario que los temas de la transparencia, el acceso a la información, y la rendición de cuentas, lleguen a las aulas escolares desde el nivel básico. 7. Se debe vincular a las instituciones de educación con el proceso de enseñanza y comprensión del derecho a la información. 8. Es conveniente hacer saber que el acceso a la información es un mecanismo de rendición de cuentas y de mejora en la calidad de vida. 9. Debe profundizarse en la investigación del derecho a la información a través del fortalecimiento de centros de investigación. 10. Debe obligarse a las entidades públicas a que publiquen información en mayor cuantía y calidad en sus sitios de Internet.

Existe una sociedad más despierta y exigente Los participantes expresaron interesantes puntos de vista, como los que a continuación se anotan: * Las leyes de transparencia no son exclusivas de periodistas, y que éstos no deben proponer reformas ni “colocar” comisionados de acceso; antes bien, su obligación es ayudar a la ciudadanía a que ejerzan su derecho a saber, promoviendo el uso de la ley que, en el caso de la sinaloense, fue y sigue siendo ejemplar, pese a los posibles vacíos legales. * La naturaleza del periodismo permite darle a la ciudadanía la información que le sirve de herramienta para transformar la realidad. * Los medios electrónicos de comunicación se han convertido en un “megapoder” fáctico, que viene a conformar lo que se ha denominado un Estado mediático. * La actividad de apertura informativa en la política y la gestión pública es el proceso de interacción entre actores gubernamentales y la sociedad. Y que son un indicador de un buen gobierno, ya que fortalecen y facilitan el control de la administración pública.

lo que se traduce en la posibilidad de la transformación de la sociedad.

Este evento fue organizado por la Comisión para el Acceso a la Información de Sinaloa, bajo el auspicio de la Embajada de Estados Unidos en Guadalajara. Auspiciaron también: Radiorama; Gobierno del Estado de Sinaloa; Universidad de Occidente; Escuela de Comunicación Social; Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa; Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho de Acceso a la Información Pública (CIDAIP), y la Asociación Mexicana de Comisiones Estatales y Organismos de Acceso a la Información Pública, A. C. (AMEPI).

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