Radiografía Política no. 24 by Asuntos Editoriales AMECIP

Junta Directiva de Asuntos Editoriales AMECIP José Manuel Loque Rojas Presidente de la Junta Nacional Directiva Francisco Javier Serrano González Secretario de Estudiantes de Pregrado y Posgrado Diego A. Carrillo Torres Subsecretario de Asuntos Editoriales Comités Estudiantiles AMECIP Comité Nacional de Asuntos Editoriales Estado de México: Ivonne Sotelo Dante Ulises González Guerrero: Linda Gabriela Jalisco: Daphne Alfaro Eliezer A. Maya Esparza Nayarit: Marco Antonio de León Méndez Querétaro: Arantxa García Cruz Diseño Editorial Krrrunch | Tecnología Creativa www.krrrunch.com

CONTENIDO 6

Nota del editor

Corporativismo mexicano: 1920-1928

Una mirada a las diferentes formas de gobierno por las que transitó México después de su independencia y hasta el porfiriato

El debate presidencialismo vs parlamentarismo en América Latina

La reforma al sector energético mexicano: benéfica para EEEUU, no para México

Perspectivas del gobierno electrónico en méxico

NOTA DEL EDITOR

a Revista Estudiantil AMECIP Radiografía Política es una publicación mensual en formato electrónico, vinculada a temas de interés especializados en el análisis político y social del ambiente juvenil en México. Su objetivo es promover la participación de los jóvenes mexicanos en la esfera pública a través del análisis de las problemáticas que afectan a la sociedad, de la formación de los Comités Estudiantiles AMECIP, para lograr la integración de una red juvenil nacional e internacional que impulse la cooperación y la formación de profesionistas más competitivos y activos en su entorno. La revista Radiografía Política es un trabajo colectivo que integra una gran diversidad de temas (enfocados a ciencias políticas y ciencias afines).

Edición No. 24 En esta edición los temas que se abordan son los siguientes: • El corporativismo mexicano en los primeros años del siglo XX. • Las formas de gobierno que ha tenido México • El debate entre el presidencialismo y el parlamentarismo • La reforma al sector energético • Interviú: la era del gobierno electrónico • Eventos

Corporativismo mexicano: 1920-1928 Natalia Reyes Paz / Universidad de Guadalajara

l estudio del corporativismo mexicano se ha concentrado en el análisis de la relación entre los sindicatos y el Estado después de 1936, es decir, después de la elección presidencial de Lázaro Cárdenas, su progresivo rompimiento con Calles y la creación de la CTM. Esto tiene lógica desde cierto punto de vista, ya que es en este periodo cuando el régimen posrevolucionario se consolida e inicia una etapa que se caracteriza por su gran estabil-

idad basada en su capacidad para integrar a grandes sectores de la sociedad bajo la forma de corporaciones o fracciones dentro de la estructura burocrática del partido oficial. Sin embargo, en este ensayo nos proponemos analizar las relaciones de tipo corporativo en el periodo que va desde la formación del gobierno de Álvaro Obregón hasta su asesinato que marca el rompimiento entre el líder obrero Luis N. Morones y Plutarco Elías Calles, afirmando que la larga tradición corporativista de nuestro país se consolida desde entonces y la determinación de las relaciones de poder que esta condición tiene, es observable en la etapa de gestación del Estado moderno mexicano. Queremos, pues, demostrar que, sin bien de una forma limitada y un tanto inestable, en este periodo también es posible encontrar características de regímenes corporativos y hay una fuerte relación causal entre la alianza que logra consolidar el gobierno con las organizaciones obreras y el resultado obtenido de las múltiples luchas por el poder. Nuestro estudio pretende describir la cooperación entre los trabajadores organizados y la élite política, así como su tendencia a la corporativización que, con la creación de la CROM en 1918, se transforma aceleradamente hasta convertirse en plenamente pragmática y funcional al régimen en turno, con lo cual la clase obrera organizada queda desprovista de ideología y se apaga casi por completo la lucha de clases desde una etapa muy temprana del siglo XX mexicano. Los dirigentes “charros”, si nos permitimos el anacronismo, son desde entonces una característica propia –incluso indispensable- del gobierno mexicano. En síntesis consideramos que la estructura corporativa del poder tiene una presencia significativa durante los años veinte y propon-

emos aquí su análisis, basándonos en el estudio que hace Garza Toledo sobre la teoría desarrollada por Schmitter en esta materia, en donde se señalan las siguientes características de un régimen corporativista: “(…) monopolio de la representación en un número limitado de asociaciones; erradicación de asociaciones competitivas o paralelas; incorporación forzada de los miembros a las asociaciones; continua mediación estatal; control estatal de liderazgos; y articulación de intereses a través de las corporaciones.”

Antecedentes Aunque en este trabajo pretendemos analizar el corporativismo observable entre 1920 y 1928, no hemos querido dejar de lado una serie de acontecimientos anteriores que nos permiten entender las circunstancias en las que se da la alianza entre el gobierno y los obreros, y con ello, el proceso de consolidación del poder de las burguesías sindicales. Cuando el debilitamiento del proyecto constitucionalista se hace evidente, en 1914, se dan una serie de negociaciones entre la Casa del Obrero Mundial (la organización obrera más importante en ese momento, especialmente en el Distrito Federal) y Carranza, así como consecutivas declaraciones de ambas partes, que dejan ver una suerte de alianza. Las declaraciones, decretos y acciones de Carranza y su gente en los años anteriores, así como los actos posteriores de represión en 1916, muestran que esta alianza temporal es meramente circunstancial, un acto estratégico únicamente, condición que cambiará sólo hasta que los sindicatos se inclinen por cooperar con el grupo sonora. En febrero de 1915 se celebra el pacto entre los constitucionalistas y la Casa del Obrero Mundial (COM). Aunque

este acto no puede ser entendido por sí solo como origen de la subordinación de los obreros al gobierno, sí es importante, pues marcará el desarrollo organizativo del movimiento obrero en México y, junto a otros hechos, deja en evidencia la importancia de este sector para la consolidación del poder. En el pacto se declaraba que los obreros miembros de la COM “(…) con el fin de acelerar el triunfo de la Revolución constitucionalista e intensificar sus ideales en lo que afecta a las reformas sociales (…) hacen constar la resolución que han tomado de colaborar, de una manera efectiva y práctica, por el triunfo de la Revolución, tomando las armas (…)”. Durante este periodo, con el apoyo del gobierno, la COM creció y se expandió por todo el territorio nacional. Su crecimiento estuvo facilitado por la relación cercana con el ejército constitucionalista y la condición para recibir este apoyo era la propaganda a favor de la causa de Carranza y la disponibilidad de los obreros miembros de los sindicatos para formar parte de los batallones rojos. La autora Marjorie Clark describe así las prácticas que posibilitaron la rápida expansión de la Casa: “Los representantes de la Casa llegaban a una ciudad y, (…) organizaban una filial de la Casa del Obrero Mundial. Una vez conseguido esto, hacían un llamamiento a huelga (…) Si las huelgas se ganaban –y como tenían el apoyo del comandante militar de la zona era difícil que se perdieran- la rama recién creada de la Casa se convertía enseguida en el centro de los obreros organizados”. Hubo una gran cantidad de discusiones respecto a la relación que comenzaba a darse con el Estado y las prácticas políticas del sindicato, pero resulta evidente la mayor influencia de quienes estaban a favor, tanto por el pacto de 1915, como por el camino que terminaría por seguir la CROM. En-

tre 1916 y 1918 las fuerzas obreras rompieron con el gobierno carrancista. Venustiano Carranza ordenó la detención y expulsión de varios dirigentes sindicales cuando estos realizaban huelgas que eran incómodas para el régimen, incluso Carranza publicó un decreto claramente contrario a lo expresado en 1914 y a las tendencias que se plasmarían en el artículo 123 de la constitución de 1917. Los dirigentes que fueron víctimas de esta persecución eran en su mayoría aquellos que no estaban completamente de acuerdo con la cooperación desde su inicio, aquellos más afines al anarco-sindicalismo. La relación entre el crecimiento acelerado de la organización y el apoyo estatal, como la desaparición de varios dirigentes anarquistas, dejaron en una mejor condición a aquellos defensores de la “acción política” y sus ideas fueron relativamente bien acogidas en el Congreso de Saltillo, donde se crearía la CROM en 1918. Así, Carranza y Espinoza Mireles –Gobernador de Coahuila- hacen gala de sus capacidades para aprovechar las oportunidades políticas, apoyando la creación de una Confederación de alcance nacional en un momento en el que los líderes dispuestos a colaborar con su proyecto tenían mayores posibilidades de quedarse con la dirigencia de la Confederación Obrera. En Coahuila, el congreso que promovió Carranza recibió con buenos ojos a la representación de la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal (FSODF), cuyos dirigentes ya habían colaborado anteriormente con el gobierno (entre ellos Celestino Gasca, ex promotor del pacto celebrado entre la COM y el ejército carrancista) y pertenecían al Grupo Acción, que se formó en 1915 con miembros de la Casa y cuyo protagonismo en la organización cromista sería evidente durante la década siguiente. De miembros de este grupo surge

el primer Consejo Ejecutivo Central de la CROM: Luis N. Morones como Secretario General, Ricardo Treviño como Secretario del Interior y Marcos Tristán como Secretario del exterior. “Bienaventurados los soñadores porque de ellos será el reino… de los fracasos” es la frase de Morones con la que Fabio Barbosa Cano describe la postura que promovió el que sería Secretario General y actor político principal durante gran parte de los años 20. Esta cita es muy ilustrativa ya que en ella se expresa con toda franqueza su desencanto por el sindicalismo que lucha contra el capital y el Estado (considerando a este último como una construcción burguesa para la dominación), este desencanto, además, no es exclusivo de él, sino que es general entre los miembros del Grupo Acción y terminaría siendo hegemónica. Los resultados de la creación de la CROM, plasmados en su constitución, son claves en el análisis del desarrollo del corporativismo mexicano pues la apertura para la acción política de los sindicatos y el planteamiento de la cooperación con el Estado como estrategia básica, así como la fuerza que toma desde entonces el Grupo Acción, abren las puertas para una relación que se mantendría por varios años. Transición: relación entre Grupo Sonora y formación de la burocracia sindical. Coincidiendo con el ascenso al poder del Grupo Sonora, la CROM consigue un espació más claro dentro del gobierno que se constituye. Además, al crearse el Partido Laborista Mexicano (PLM) en 1919 la corriente moronista triunfó una vez más y se institucionalizó el brazo político de la organización obrera, el cual ya tenía un candidato: Obregón. El 9 de agosto de 1919, el PLM firmó un pacto con Obregón en el que se comprometían a dar su apoyo al candidato a cambio de que la CROM gozara de privilegios en su

gobierno. Entre otras cosas el pacto comprometía a Obregón a crear una secretaría del trabajo que estaría a cargo de una persona cerca-

“

Durante la lucha de fracciones los constitucionalistas y en particular Obregón, visualizaron que de seguir adelante con un proyecto puramente liberal, corrían el riesgo de verse aislados al igual que ocurrió al maderismo” na a los obreros; antes de que esta secretaría se creara, la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo ya existente debería estar a cargo, también, de un miembro del movimiento obrero; solicitaban que se asegurara la influencia de los obreros en la Secretaría de Agricultura; el PLM podría intervenir recomendando a las personas que formarían al gobierno en las áreas de interés para los trabajadores; el Comité Ejecutivo Central de la CROM podría reunirse con el presidente al menos una vez a la semana; se deberían facilitar recursos para la propaganda de la CROM-PLM, etc. Además durante la campaña de Obregón, Morones lo acompañó en sus viajes por el país. El régimen que se empieza a formar está basado en la gran alianza que los sonorenses logran establecer, dentro de la cual, el movimiento obrero –más específicamente el Grupo Acciónse vuelve una pieza fundamental, aunque la principal sigue siendo el

ejército. El Grupo Sonora reconoció desde un inicio que para establecer un Estado aglutinador de las distintas corrientes revolucionarias que habían quedado dispersas por todo el territorio nacional, necesitaban de un sector social como el obrero que ya había dado muestras de su importancia en la correlación de poderes de la época; esto se observa en las políticas de conciliación de Obregón, incluso para Jaime Tamayo lo que ocurrió con Carranza sirvió como aprendizaje para Obregón: Desde este momento, en la gestión del gobierno se distingue una tendencia corporativista que caracterizaría al nuevo régimen posrevolucionario, en sus múltiples actos de intervención en la organización del sector obrero, negociaciones e integración de los líderes al aparato estatal. Con la caída de Carranza, la CROM obtiene la posibilidad de actuar gozando de cierta aprobación gubernamental. Por supuesto, la misma condición de conflicto dentro de la élite política se refleja en una variedad de eventos que se contradicen entre sí: algunos de ellos mostrando una tendencia a la neutralidad del Estado, otros aparentaban un Estado obreristas y otros de franco enfrentamiento entre el Estado y los obreros. Mientras que el poder político fue difuso, las relaciones con el resto de los grupos sociales también lo fue. La división del movimiento obrero en distintos frentes que guardan todavía cierta capacidad de acción también es una razón de la inconsistencia en la relación trabajadores/Estado. Los anarquistas y comunistas se separaron de la CROM cuando se crea el Partido Laborista –debido a su desacuerdo con el abandono de la “acción directa” como principio básico-, al-

gunos de estos sindicatos crearon la CGT en 1921 y mantuvieron a varios sindicatos locales o gremiales bajo su liderazgo. Esto retardó la consolidación de la CROM como aparato hegemónico de dirección obrera. No se puede hablar de que un conjunto de principios básicos guió el actuar de la CROM, de hecho su postura frente al Estado y frente a los sindicatos no integrados cambió según el caso. Se pueden encontrar momentos de enfrentamiento de la CROM con los sindicatos que aun defendían la “acción directa”, así como momentos en los que parecía revelarse a la autoridad gubernamental y sus acciones no eran cómodas al gobierno de Obregón, cooperando incluso con anarquistas o agraristas que no estaban dentro de su confederación. Ese fue el caso en la huelga de la Confederación de Sociedades Ferrocarrileras, a la cual la CROM se unió, y cuando Obregón se mostró reticente “(…) todos los miembros de la CROM que ocupaban puestos gubernamentales amenazaron con renunciar (…)”. Esto nos permite demostrar que aunque las condiciones no estaban dadas para la consolidación de la hegemonía cromista, su tendencia siempre fue pragmática, la subordinación, por ejemplo, de Luis Morones al gobierno sería innegable hasta años después, pero su pragmatismo político y su utilización de la clase obrera para conseguir negociaciones con el gobierno lo es desde el inicio. Aunque la CROM tenía puestos importantes en el gobierno (Jefatura del Departamento de Establecimientos Fabriles de la Industria Militar, Gobierno del Distrito Federal, Talleres Gráficos, Jefatura del Garaje Central del Gobierno y Oficina impresora de Estampillas), la condición de vida de los trabajadores mexicanos no mejoró como se esperaría, incluso en algunos casos llevando a cabo acciones represivas contra los

obreros, como la ocasión en la que Celestino Gasca, en ese entonces gobernador del Distrito Federal, envió apoyo a empresarios que enfrentaban una larga manifestación de obreros anarquistas. Así pues, aunque el Estado y la burguesía sindical pasaron por un natural periodo de inestabilidad en el que se vieron obligados a recurrir a discursos y practicas obreristas, sus inicios están claramente marcados por características corporativistas. Se trata de “(…) una etapa en que el aspecto de aparato represivo que jugarían los cromianos aún es débil, aunque naturalmente se presentaba ya”. Otro caso que ejemplifica la variedad de posturas que tomó este gobierno en el tema obrero y su eventual utilización de la CROM ya como aparato corporativo es el apoyo que le brindó Obregón a la Confederación para que lograra absorber a los trabajadores ferrocarrileros y evitar así el paro de estos servicios estratégicos. Hasta 1923 cuando De la Huerta rompe con Obregón y Calles, la alianza con el Estado así como la división entre los colaboracionistas y los anarquistas se vuelve más clara. Mientras que la CGT (que integraba a los sindicatos que se habían mantenido fuera de la CROM y habían señalado a ésta como “traidora”) apoyaba la candidatura de De la Huerta, la CROM fue oficialista. Además en este momento el discurso cromista se vuelve abiertamente anticomunista, un evento paradigmático fue aquel en el que la Confederación se opuso muy fervientemente a que el gobierno de Obregón estableciera relaciones diplomáticas con la URSS en 1924. Su apoyo a Calles les traería muchos beneficios, especialmente a los líderes que en el gobierno callista obtuvieron puestos muy importantes. “En este año la insurrección delahuertista y el apoyo decisivo que las milicias obreras y campesinas de la CROM brindaron

al candidato presidencial Plutarco Elías Calles, trasladaron a esta organización al primer plano del escenario político nacional (…) restando importancia al ejército”. Por otro lado, en la siguiente administración, la CROM ya contaría con una cantidad mucho más elevada de afiliaciones, en parte por el financiamiento que Obregón y Calles le habían proporcionado, aumentando por consiguiente su poder, según datos expuestos por Rocío Guadarrama mientras que en 1918 la CROM contaba con 7 mil miembros, para 1924 ya eran 1200 000. El gobierno corporativista de Calles Después del periodo de transición que hemos descrito en el capítulo anterior, en el que la condición corporativista de la CROM nos parece real pero discontinua, atravesada por los conflictos mismos que trajo la consolidación del poder estatal en México, encontramos una etapa que va de 1924 a 1928 en la que la Confederación logra el papel de la representación “oficial” de la clase trabajadora y se consolida como

“aparato informal” del Estado, es decir, su participación política se vuelve primordial tanto para la organización en sí como para el propio gobierno, dejando de lado la agenda del movimiento obrero. La relación de subordinación de la clase trabajadora organizada fue clave para el mantenimiento del régimen. El papel que juega durante estos años el Partido Laborista Mexicano es el de un partido en el gobierno y la relación entre Luis Morones (en la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo) y el presidente Plutarco Elías Calles es muy cercana y estratégica. Se trató de un gobierno cuyas “(…) principales bases de legitimación –el respaldo político del régimen callista- fueron los sectores laborales organizados”. Como ya se dijo, durante la revolución delahuertista, la CROM apoyó a Obregón y a Calles. Esto ocurrió mientras varios miembros importantes del ejército formaron parte de los sublevados, en consecuencia el camino quedó abierto para la formación del Estado con bases corporativas

e institucionales. El grupo de poder que fuera el principal durante el gobierno de Obregón dejó de serlo con Calles. Durante todo el periodo de formación del poder del Grupo Acción, dentro del movimiento mismo se discutió y defendió la idea de pasar de la acción directa a la acción política o acción múltiple –que fue el término utilizado por ellos mismos para describir su estrategia-, sobre el cual se hicieron una gran cantidad de desplegados explicando sus beneficios para la clase obrera, sin embargo, en la práctica esta acción múltiple fue el trabajo conjunto de los miembros del Grupo Acción con el gobierno y sus resultados no fueron los que según la constitución de la CROM se perseguían, de hecho para entonces se llevaron a cabo una gran cantidad de modificaciones a esta constitución dejando como propósito principal realizar el papel de mediadores entre el Estado y la sociedad de manera que la implementación del modelo capitalista en México se pudiera llevar de

la mejor manera, así la Confederación Regional Obrera Mexicana se consolidó como defensora del sindicalismo reformista y colaboracionista. El desarrollo de la CROM y el Partido Laborista durante estos años fue financiado con recursos públicos que Calles otorgaba a cambio de sus servicios para contener los conflictos sociales. Su relación estaba, además, basada en un pacto implícito en el que el gobierno concedía espacios en el gobierno a la burguesía sindical (comparado con los puestos que les dio Obregón, estos eran de mucha más importancia) y daba reconocimiento legal a los sindicatos que integraban a la CROM. A cambio de esto los líderes sindicales estaban obligados “(…) a sostener a la fracción hegemónica del Estado, (…) apoyar al Estado en su política de “paz social” frente a los conflictos suscitados en la sociedad e incluso participando militarmente para sofocar la disidencia, (…) se comprometieron a mantener las aspiraciones de las masas populares dentro del marco institucional (…)”. Las condiciones mismas de este acuerdo hicieron de la relación una dinámica de subordinación. La capacidad de hacer tambalear el poder del gobierno que tuvieron los trabajadores durante el gobierno de Obregón, la perdieron durante la presidencia de Calles. Pasó de ser una fuerza de presión con posibilidad de negociar con el gobierno a ser un aparato sin ninguna capacidad de movilización propia, que en su interior reprimía a quienes se salían de las líneas marcadas por el Estado. Es en este periodo cuando los sindicatos integrados a la Confederación pierden autonomía y antes de tomar cualquier decisión de huelga, el Consejo Ejecutivo Central debe evaluarla y autorizarla. Calles promovió con recursos económicos e influencia política que todos los pertenecientes a la clase obrera se integr-

aran a la organización que le permitiría al Estado tener un control absoluto sobre sus acciones y reacciones, con lo cual se aseguraba la consecución, no solo el proyecto político, sino también el proyecto económico nacional. Además se evitaba que la prensa publicara a favor de otros sindicatos y en contra de la CROM, pues los sindicatos de los reporteros, así como los talleres de imprenta estaban integrados a ésta. Con lo que se cumple un rasgo general del corporativismo mexicano señalado por Camp: “(…) el estado establece una organización a la que deberían pertenecer todos los individuos que cumplan con los criterios de cierto interés particular.” Esta estructura de poder se extendió por todo el país y sirvió para la centralización del poder por medio de cacicazgos locales adherentes, “(…) las corrientes locales se comprometían a reconocer, como agrupaciones políticas y sindicales a aquellas vinculadas a los laboristas y apoyar a sus miembros en los cargos de elección popular.” De esta forma la Confederación realizó una función política muy importante, sometiendo a los poderes políticos estatales o locales y también a los hacendados que no reconocían al nuevo gobierno. A pesar de que el gobierno de Calles fue “laborista” en el sentido de que tenía el respaldo de ese partido, su actuar hacia los trabajadores fue claramente represivo. La mayoría de las huelgas que se hicieron en estos años fueron acabadas de forma violenta, incluso con saldos rojos. El ejército fue utilizado en repetidas ocasiones para sofocar las movilizaciones de los sindicatos que ponían en riesgo la labor constructiva del gobierno. Los proyectos de unificación nacional, desarrollo económico y progreso, del presidente no toleraban el descontento y los enfrentamientos directos entre los capitalistas y los trabajadores y cuando el método

de colaboración y negociación – para lo cual se crearon las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje en 1927- no era suficiente, siempre estaba el recurso de la represión. Varios líderes huelguistas fueron encarcelados o asesinados, entre ellos se cuentan Martín Paleta asesinado en una huelga de profesores de la ciudad de Puebla, Hernán Laborde, Valentín Campa, Eduardo Navarrete, estos últimos encarcelados en 1927. En 1925 se supo de la planeación de una huelga de los sindicatos ferroviarios y el presidente amenazó a quienes pensaban iniciar esa huelga: “(…) la declaración de huelga implicará automáticamente, (…) la pérdida definitiva de empleos, cualesquiera que sean sus categorías y los gremios a que pertenecieren (…)” advirtiendo, además, que el gobierno “(…) está dispuesto a reprimir con todo rigor los actos de sabotaje que se ejerzan si la huelga se declara”. El papel de eje regulador que cumplió la CROM también se refleja en el cambio drástico en la relación que habían tenido durante los gobiernos anteriores los principales actores de la industria (empresarios y trabajadores) ya que disminuyeron las huelgas que se presentaban en el país. Según Rocío Guadarrama, mientras en 1924 se registraron 222 huelgas, en 1925 se registraron sólo 71 huelgas y en 1928 únicamente 12. El papel del PLM también fue importante en el congreso, ya que formaron un apoyo casi natural a las iniciativas de Calles. Sin embargo la mayoría de las veces eran minoría debido a los conflictos que se generaron con los caciques estatales y locales que se inclinaban por el obregonismo y que en 1928 buscarían la reelección de su líder. “Los diputados y senadores laboristas actuaban en el Congreso apoyando, casi siempre en minoría, las acciones e iniciativas de ley del presidente Calles”. Para darnos una idea de la forma en la

que actuó la CROM durante su periodo de hegemonía, es conveniente revisar las críticas provenientes de los sindicatos no integrados. En repetidas ocasiones se señaló a la Confederación como traidora del movimiento obrero y publicaciones realizada por el PCM señalaban la turbia relación entre los cromistas y el gobierno, estos señalamientos se pueden encontrar revisando las publicaciones de El machete. Se les acusaba de utilizar a los famosos esquiroles para romper las huelgas llevadas a cabo sin el permiso de la CROM. Desde 1922 se responsabilizaba a Celestino Gasca –gobernador laborista del Distrito Federal- de la matanza de huelguistas en San Ángel, se les acusaba de traidores por su actuación durante la huelga de los docentes en Puebla, de haber utilizado los espacios gubernamentales con los que contaba –Departamento del Trabajo, Juntas de Conciliación y Arbitraje, jueces, policía y ejércitoen detrimento de la clase obrera declarando como ilegales varias huelgas, de asesinar y perseguir a miembros de todos los sindicatos, de obligar a los sindicatos a depender del designio oficial. Conclusión El estudio del corporativismo es muy importante para entender la creación del Estado mexicano posrevolucionario. Muchos autores mencionan a esta condición como la razón por la cual el gobierno mexicano tuvo tanta estabilidad durante el siglo XX, mientras que la mayoría de las naciones latinoamericanas eran víctimas de constantes golpes de estado y conflictos con la oligarquía. La época que hemos decidido analizar en nuestro trabajo no es todavía la de este Estado sorprendentemente estable y bien consolidado, sin embargo hemos tratado de demostrar que aun con condiciones inestables la importancia que tuvo la estrategia de control social ba-

sada en la creación de relaciones corporativistas fue fundamental y quienes alcanzaron a formar un gobierno en este periodo fueron aquellos que lograron establecer este tipo de complicidad con el movimiento obrero. En nuestro estudio logramos observar que la primera parte de la década de los veinte fue un periodo de transición en el que la burguesía sindical y la burguesía política todavía estaban en formación. Estos años sirvieron para el crecimiento del poder de ambos grupos y para la creación de vínculos entre ellos, pero el interés de ambos por la colaboración mutua tiene raíces en la revolución constitucionalista. También pudimos demostrar que aunque la mayoría de los estudiosos del corporativismo mexicano mencionan al régimen cardenista como el precursor de este tipo de relación, desde el gobierno de Calles (1924-1928) la Confederación Regional Obrera Mexicana ya estaba en condiciones de llamarse corporación y su función en el sistema social ya era la de un aparato estatal informal. El estudio de lo que pasó después del rompimiento entre Calles y Morones con el movimiento obrero hasta la llegada de Cárdenas queda pendiente, sin embargo seguramente la herencia de los poderosos movimientos obreros y los futuros líderes que en ellos se crearon marcaron al resto del siglo XX en nuestro país. Por último deseamos señalar la importancia de la profundización en este tema, ya que la relación que hemos mantenido los ciudadanos con nuestro gobierno ha estado marcada por este tipo de dinámicas que han entorpecido la consolidación de la democracia en nuestro país. Muchos autores señalan que el corporativismo es incompatible con la democracia, incluso que son contarios. En México esto es fácil de comprobar y su estudio es trascendental si pretendemos superar por completo la

política del viejo régimen. Natalia Reyes Paz Corporativismo mexicano: 1920-1928

B i b li o gr a f í a 1. Barbosa Cano, Fabio, La CROM, de Luis N. Morones a Antonio J. Hernández, México, Ed. Universidad Autónoma de Puebla, 1980. 2. Camp, Roderic A, La política en México, México, Siglo XXI editores, 1995. 3. Clark, Marjorie Ruth, Organización obrera en México, trad. Isabel Vericat, México, Ediciones Era, 1979. 4. De la Garza Toledo, Enrique, “El corporativismo: teoría y transformación” en Iztapalapa. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, num. 34, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1994, pp. 11-28 (Consultado en http://148.206.53.230/revistasuam/iztapalapa/include/getdoc. php?id=430&article=439 &mode=pdf, 30 Noviembre 2013). 5. Garciadiego, Javier, La Revolución mexicana: Crónicas, Documentos, Planes y Testimonios, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003. 6. Guadarrama, Rocio, Los sindicatos y la política en México: La CROM (19181928), México, Ediciones Era, 1981. 7. Macías, Carlos, “Las ideas sociales de Plutarco Elías Calles” en Carlos Martínez Assad (coord.), Estadistas, Caciques y Caudillos, México, UNAM, 1988. 8. Medina Peña, Luis, Hacia el nuevo Estado: México, 1920-1993, México, Fondo de Cultura Económica, 1994. 9. Rivera Castro, José, La clase obrera en la historia de México: en la presidencia de Plutarco Elías Calles (19241928), México, Siglo XXI editores, 1992. 10. Tamayo, Jaime, El obregonismo y los movimientos sociales: la conformación del Estado moderno en México (1920-1924), México, Universidad de Guadalajara, 2008.

“Una mirada a las diferentes formas de gobierno por las que transitó México después de su independencia y hasta el porfiriato” Brenda Jacqueline Díaz González / Universidad Autónoma de Guerrero

ecimos que en 1821 comenzó la historia de la construcción de nuestra nación; sin embargo, en ese momento no se sabía bien en qué consistía dicha nación y la tarea primordial era no sólo definirla, sino conformarla como tal. La historia de México narrándola desde sus formas de gobierno, cuenta con un sinfín de experiencias gubernamentales. Según Samuel Huntington, en la tercera ola y de acuerdo con la delimitación de los años que abordará el ensayo, México pertenecería al modelo cíclico de transiciones, pues iba y venía de sistemas democráticos a autoritarios. Ésta es una de las razones por la que me interesó profundizar un poco más este tópico.

En el ensayo, encontraremos grosso modo las diferentes formas de gobierno que México atravesó y también las diferentes Constituciones y personajes que fueron testigo de ello. El Congreso de Chilpancingo y la Constitución de Apatzingán. La primera experiencia republicana que transitó el país tuvo como antecedentes el Congreso de Chilpancingo y la Constitución de Apatzingán, convocadas por Morelos y López Rayón. Recordemos que a la muerte de Hidalgo (30 de julio de 1811), José María Morelos y Pavón, tomó las riendas del movimiento independentista, que ambos compartieron. López Rayón hizo circular entre todos los insurgentes un proyec-

“

Aquel que no conoce la historia, está condenado a repetirla.” - Napoleón Bonaparte.

to de constitución política para la que sería una nueva nación independiente. El 30 de abril de 1812 resumió su ideología en treinta y ocho puntos que fueron conocidos como los Elementos constitucionales. Durante la Guerra de Independencia, Morelos expidió varios documentos en los que ordenó abolir la esclavitud, suprimir las castas, el pago de tributos y que las comunidades indígenas recobraran la propiedad de sus tierras. De esta manera, presentó su programa conocido como Sentimientos de la Nación en el Congreso de Chilpancingo (actualmente la capital del Estado de Guerrero) que se instaló el 14 septiembre de 1813. El texto consta de veintitrés puntos, entre los cuales, destacan: • La independencia del país, el reconocimiento de la soberanía popular y la organización de un gobierno dividido en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. • La abolición de la esclavitud y distinción de las castas. • Se cambiaría la forma de gobierno, se eliminaría el sistema monárquico y se establecería un gobierno liberal. • La supresión de los tributos y de los impuestos. • La defensa de los intereses de los desposeídos. Al día siguiente, el nuevo Congreso decidió nombrar a Morelos con el cargo de Generalísimo y tratamiento de “Alteza serenísima”, pero el caudillo no aceptó tal nombramiento y pidió ser llamado “Siervo de la Nación”, lo cual demostraba su sencillez y fidelidad a su ideología. El 22 de octubre de 1814, en Ap-

atzingán, se aprobó la primera Constitución del país. Ésta se inspiró en las constituciones francesas de 1793 y 1795, y en la de Cádiz de 1812; además recogió solamente algunas ideas de Morelos contenidas en los Sentimientos de la Nación, ignorando los principios sociales. Las tesis fundamentales del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana fueron los siguientes: la igualdad para todos los nacidos en Nueva España; la religión católica como la única; el reconocimiento de la soberanía popular; el único propósito de los gobiernos consiste en conservar la igualdad, la seguridad, la propiedad y la libertad; la organización del país en una república central con un poder Ejecutivo depositado en un triunvirato, un Congreso formado por 17 diputados (uno por cada provincia) y una Corte o Tribunal de Justicia. El Imperio de Iturbide. Una segunda forma de gobierno, por la que México ha transitado es el primer Imperio, encabezado por Agustín de Iturbide. Cuando la oligarquía criolla, unida con la Iglesia, consumó la independencia, se decidió que la nueva nación debía ser gobernada por una monarquía. En los Tratados de Córdoba, firmados entre Agustín de Iturbide y Juan O´Donojú (último virrey de Nueva España), se estableció que el gobierno del imperio sería monárquico, constitucional y moderado. La idea de la élite fue una paradoja: se firmó la independencia del país, pero se pidió que fuera gobernada por un monarca europeo. En espera del monarca, se decidió formar una Junta Provisional Gubernativa, en la cual se eligió a Agustín de Iturbide, quien fue coronado el 21 de mayo de 1822. En esos momentos, México atravesaba una crisis económica

y política muy crítica. Económica, por los diez años de guerra; el estancamiento de la producción de minas y haciendas; con la salida de los españoles, también se fue gran parte del capital y el comercio exterior estaba suspendido. En lo político, estaba el debate ideológico sobre la pertinencia o no de la monarquía y la posibilidad real de convertir al naciente país en una república, por tal motivo, Iturbide recurrió a préstamos e impuestos forzosos, lo que ocasionó el descontento entre la población. Para resolver los conflictos políticos, optó por encarcelar a los diputados que se le oponían. Este último hecho provocó una rebelión organizada por Antonio López de Santa Anna, el cual mediante el Plan de Casa Mata exigió la elección de un nuevo congreso. El tiempo del primer imperio mexicano fue efímero, pues sólo duro diez meses. El proyecto republicano. Al finalizar el experimento del Imperio mexicano, quedó claro que la nación mexicana como tal no existía. Entre los diputados que integraron el congreso en 1823 existía un acuerdo: México debía adoptar un régimen republicano. Sin embargo, existieron dos proyectos: uno que pugnaba por el federalismo (liberales) y otro que insistía en el centralismo (conservadores). El primero, como expresión de los ideales del liberalismo más avanzado (cuyo modelo era la Constitución de la joven república de Estados Unidos de América) y el segundo, como derivación de la propia estructura corporativa de la sociedad novohispana. Grosso modo podemos decir, que los federalistas defendían la soberanía y autonomía de los estados para que éstos tuvieran una mejor organización y una mayor libertad interna; mien-

tras que los centralistas, querían estar bajo un gobierno nacional fuerte que controlara y mantuviera la unión de la nueva nación, pues sostenían que sólo en un sistema central se lograría la integración nacional. El Congreso constituyente, integrado en su mayoría por federalistas, firmó en enero de 1824 un Acta Constitutiva que estableció, por primera vez, que nuestro país se llamaría en adelante Estados Unidos Mexicanos. Meses después, se juró el 4 de octubre de 1824 la Constitución de 1824, en la cual se estableció que estaba conformada por 19 estados independientes, libres y soberanos. El poder Ejecutivo estaría representado por un presidente y un vicepresidente electos por los congresos estatales cada

cuatro años. El poder Legislativo quedó representado por dos cámaras: la de Diputados (con representación proporcional de la población), y el Senado (integrado por dos miembros de cada estado). El poder Judicial quedó integrado por la Suprema Corte de Justicia y los tribunales. Una semana después de promulgar la nueva Constitución, nació la primera presidencia constitucional, siendo electos Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero como el primer presidente y primer vicepresidente de México. El experimento centralista. El 23 de octubre de 1835, el Congreso aprobó las Bases de Reorganización de la Nación Mexicana, las cuales ponían fin al sistema federal y establecían un

sistema centralista de gobierno provisional, mientras el Congreso redactaba la nueva constitución. La comisión redactora presentó la constitución en forma de leyes, cada una de las cuales contenía un aspecto específico de la organización del país, éstas fueron siete, y por ello es conocida con el nombre de las Siete Leyes. Ésta Constitución tiene fama de ser “conservadora”, pues representaba la ideología centralista. Además fue la primera constitución que consagró en nuestro país, de manera explícita, los derechos de los ciudadanos. Se mantuvo la división de poderes, pero se consagró uno nuevo: el Supremo Poder Conservador, cuya misión consistía en controlar a los otros tres poderes (Ejec-

utivo, Legislativo y Judicial); se suprimió la vicepresidencia, se aumentó el periodo presidencial de cuatro a ocho años, se dispuso que el gobierno nacional controlaría el presupuesto de todo el país y que los estados serían en adelante, departamentos con gobernadores nombrados por el presidente de la República. Durante esta nueva forma de gobierno, se desató el punto detonante para la pérdida de Texas, pues Texas desconoció al gobierno central y vio la oportunidad de adherirse a Estados Unidos. En resumen, la República centralista no tuvo éxito debido, primero, a la creciente oposición de los federalistas en los estados; segundo, a la complicación que significaba en la práctica

el funcionamiento del “cuarto poder”; tercero, a los conflictos internacionales con Estados Unidos de América y Francia que se vivieron en ese entonces (la independencia de Texas y la Guerra de los pasteles ), y cuarto, a la actitud cambiante y al poder e influencia que logró Santa Anna en el ejército. Dictadura de Santa Anna. Con las Bases de Tacubaya , Santa Anna fue electo presidente, investido con facultades extraordinarias para gobernar. Con este hecho se consumó el fin de la Primera República Centralista y el cese de las Siete Leyes. Santa Anna reunió a una Junta de Notables con algunos de los diputados, la cual fue la encargada de elaborar, en 1843, una segunda

constitución centralista con el nombre Bases de organización política. Por otra parte, la desorganización del país, la ausencia de un liderazgo y la escasez de recursos materiales y humanos del ejército mexicano fueron algunos de los factores del éxito de la invasión estadounidense a nuestro país. En plena guerra contra Estados Unidos de América, se restableció el federalismo. Santa Anna –quien se encontraba desterrado en Cubaregresó al país y se puso a la cabeza de la defensa mexicana. Cuando las tropas estadounidenses ocuparon la Ciudad de México, Santa Anna renunció a la presidencia, la cual quedó a cargo –como lo establecía la

constitución- al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que entonces era Manuel de la Peña y Peña. Por la victoria militar de Estados Unidos sobre México, al gobierno mexicano no le quedó más remedio que negociar un tratado de paz. Dicho acuerdo, fue el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde México aceptó el río Bravo como límite meridional de Texas y la cesión de los territorios de Nuevo México y California, es decir, más de la mitad de su territorio. El 20 de abril de 1853, Santa Anna regresó a la presidencia y su gobierno se convirtió en una dictadura militar. Una de las medidas que tomó al regresar a la presidencia ¡por undécima vez!, fue perseguir y desterrar del país a todos los que no simpatizaran con él, suprimió la libertad de imprenta y acusó de calumnio a quienes criticaban la dictadura o hablaban contra la Iglesia o la religión católica. Además, decretó una serie de impuestos absurdos como por la tenencia de perros domésticos, puertas y las ventanas de las casas. Santa Anna cayó en los excesos e hizo nombrarse “Alteza Serenísima”. Una de las últimas medidas fue la venta de La Mesilla a Estados Unidos de América en diciembre de 1854, a cambio de diez millones de pesos. La situación política volvió a complicarse, Santa Anna saldría nuevamente al exilio y comenzaría una época de importante participación de los liberales en la historia de la nación. De la república federal al segundo imperio. El 1 de marzo de 1854 fue proclamado el Plan de Ayutla, firmado por los liberales Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, con ello dio inicio el fin de la dictadura santanista. Desde ese momento, tanto liberales como

conservadores organizaron partidos políticos, se enfrentaron en las cámaras y participaron abiertamente, en la prensa y con diversos escritos, en un debate ideológico sobre el rumbo que debía seguir el país. Durante este periodo se promulgaron las Leyes de Reforma expedidas entre 1855 y 1861, cuyo común denominador fue buscar la división plena entre el Estado y la Iglesia, así como la promulgación de los derechos del hombre. A la par de la emisión de las Leyes de Reforma, el Congreso Constituyente, debatía la elaboración de una nueva constitución para el país. El resultado fue la promulgación, el 5 de febrero de la Constitución de 1857. Este documento ratificó las principales medidas liberales y garantizó los derechos del hombre: libertad y derecho a la protección de las leyes, libertad de educación y de trabajo, libertad de expresión, de petición, de asociación, de tránsito, de propiedad y de igualdad ante la ley. En materia religiosa, sólo mencionó que no se prohibía el ejercicio de culto alguno, sin permitir abiertamente la tolerancia religiosa; quedó ratificado que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo y que la voluntad de éste era constituirse en república representativa, democrática y federal. La respuesta conservadora por la promulgación de la Constitución de 1857 fue inmediata y el país se vio inmerso en una nueva guerra. Con el Plan de Tacubaya empezó la que conocemos como Guerra de Reforma o Guerra de Tres Años. La guerra terminó con el triunfo del grupo liberal, con la llegada de Benito Juárez a la presidencia de la República, quien rodeó su gabinete de jóvenes liberales. Por su parte, Inglaterra y Francia reclamaron el pago de las

deudas que México había traído desde tiempo atrás, Juárez aceptó el adeudo, pero por la falta de fondos decretó la suspensión de pagos durante dos años. En diciembre de 1861 se firmaron en Veracruz los Tratados de la Soledad, donde las potencias extranjeras reconocieron al gobierno liberal de Juárez como el legítimo y aceptaron la prórroga para el pago de la deuda. La realidad, era que Francia encabezada por Napoleón III tenía planes de establecer una monarquía en México. Debido al triunfo de la república liberal, un grupo de conservadores buscó el apoyo de Napoleón III, para traer de vuelta el imperio como forma de gobierno. El candidato para ocupar el trono de México fue el archiduque Francisco Maximiliano de Habsburgo, Maximiliano aceptó la invitación con la condición de contar con el voto de la mayoría del pueblo mexicano y de que Francia lo apoyara con su ejército y marina hasta consolidar el trono. En mayo de 1864 Maximiliano junto a su esposa Carlota llegaron al puerto de Veracruz. Para sorpresa y desilusión de los conservadores mexicanos, los franceses resultaron ser más liberales que algunos liberales mexicanos. Maximiliano no sólo ratificó la nacionalización de los bienes del clero, sino también decretó la libertad de cultos, la libertad de prensa y dictó leyes para aminorar las diferencias sociales, entre otras cosas, proteger de la explotación a los indios y peones. Contrario a lo que pudiera pensarse, el Imperio de Maximiliano significó un paso más en la ruta del liberalismo mexicano. Benito Juárez entró a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867. Dos días después de haber entrado a la capital, Juárez convocó a

elecciones presidenciales, los candidatos eran él mismo y el general Porfirio Díaz Mori, en las que el primero obtuvo la victoria. Para las elecciones presidenciales de 1871, presentaron su candidatura Juárez, nuevamente, Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada, Juárez fue reelegido presidente y Díaz organizó una rebelión armada mediante el Plan de la Noria. Juárez muere en 1872 por angina de pecho y lo sucede Sebastián Lerdo de Tejada –por ser presidente de la Suprema Corte de Justicia-. En 1875, Lerdo de Tejada promovió su reelección y Porfirio Díaz volvió a levantarse en armas, esta vez con el llamado Plan de Tuxtepec, que declaraba como ley suprema de la nación, el principio de la no reelección del presidente de la República. El Plan de Tuxtepec tuvo éxito, lo que provocó la salida de Lerdo de Tejada hacia el exilio y la entrada de Porfirio Díaz el 12 de noviembre de 1876. Dictadura de Porfirio Díaz. En 1877, habían pasado solamente 56 años desde que México había consumado su independencia. Esos 56 años de historia nacional estuvieron marcados por la guerra: golpes de Estado, pronunciamientos militares, levantamientos indígenas, motines populares y guerras contra las intervenciones extranjeras. Para entonces, el deseo compartido por todos los mexicanos era establecer la paz y Porfirio Díaz asumió ese deseo como el primer objetivo de su gobierno. Se dice que fue Porfirio Díaz quien acuñó la famosa frase: “Pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”. Díaz, buscó y prefirió a toda costa las inversiones y el comercio europeos, con lo cual logró equilibrar, al menos por un tiempo la influencia estadounidense. Manuel González, compadre

y amigo leal de Porfirio Díaz, ocupó la presidencia de 1880 a 1884. En las elecciones de 1884 Porfirio Díaz fue el único candidato y, por ende el incuestionable ganador. Desde entonces, mediante dos enmiendas a la Constitución (en 1887 y en 1890), Díaz pudo reelegirse legalmente en siete ocasiones consecutivas, quedando en total 31 años en el poder. Durante el Porfiriato, un grupo llamado “los científicos” encabezado por José Yves Limantour, representaban a una elite tecnocrática que destacó por su confianza en la ciencia y en el progreso del país. Sin duda alguna, una de las palabras más utilizadas durante el Porfiriato fue “progreso” todo acto o postura de éste régimen se hacía y se justificaba en pos del progreso. Si bien es cierto, que durante el Porfiriato hubo grandes avances económicos, sociales, de educación y de infraestructura para el país, al mismo tiempo existió mucha pobreza y marginación para la clase social baja, en especial, para los campesinos y jornaleros. Se calcula que una tercera parte de los trabajadores eran mujeres y el 12 por ciento de los empleados eran menores de edad, pues preferían la contratación de menores y mujeres puesto que recibían salarios mucho menores que los otorgados a los trabajadores varones. Entre las manifestaciones más importantes, se encuentran las de Cananea y Río Blanco, en las cuales se pugnaban mejores condiciones laborales y el empuje de los círculos obreros como organizaciones defensoras de los derechos de los trabajadores. El 3 y 4 de marzo de 1908 el periódico El Imparcial publicó la entrevista traducida que el periodista estadounidense James Creelman había hecho al presidente Díaz. Dicha entrevista ha

pasado a la historia como un documento clave para entender el fin del largo gobierno de Porfirio Díaz, en la que declaró que se retiraría al término del presente periodo y que daba la bienvenida a cualquier partido oposicionista. Para ello, en 1909 Francisco I. Madero comenzó giras políticas a lo largo de la república, promoviendo la fundación de clubes antirreleccionistas. En las elecciones de 1910 se postuló como candidato y Porfirio Díaz nuevamente obtiene el triunfo. Madero se refugia en San Antonio, Texas y redacta el Plan de San Luis Potosí –llamado así para evitar complicaciones con el gobierno estadounidense y sus leyes de neutralidad-, el plan declaraba nulas las elecciones y desaparecidos los poderes nacionales. Madero, continuaba el Plan, asumiría la presidencia provisional y convocó a nuevas elecciones, en las que surgió su mandato constitucional, de esta manera, Porfirio Díaz presentó su renuncia como Presidente de la República y junto a su familia fueron exiliados en París, Francia, donde murió y sus restos residen, lo que trajo como consecuencia el fin del Porfiriato. Conclusiones. Acontecimientos sociales importantes como la Revolución Francesa y la Independencia de las trece colonias norteamericanas, incentivaron el origen de la concepción del Estado contemporáneo, lo que dio como resultado un Estado mejor organizado, dividido en poderes para que en ninguno de ellos cayera la soberanía absoluta además estaban regidos por una constitución que delega derechos como obligaciones. Desde que México pactó su independencia surgió una gran incertidumbre para la élite política, pues no sabían que destino ocurriría con el país na-

ciente. La falta de organización, la ambición desmedida de sus gobernantes, aunado a la crisis económica y política, fueron las causas que orillaron a que, por ejemplo, se perdiera más de la mitad del territorio mexicano, en que cada vez hubiera más pobres y sin el respaldo de las garantías universales para las clases media, y sobre todo, baja de sus habitantes. A lo largo de la historia, México ha experimentado casi todas las formas de gobierno existentes: monarquías, repúblicas, dictaduras e imperios han sido testigos de la sangre que millones de personas han derramado para convertirse en lo que es ahora: una república representativa, democrática y federal compuesta de Estados libres y soberanos.

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El debate presidencialismo vs parlamentarismo en América Latina Diego A. Carrillo Torres / Universidad de Guadalajara

a adopción de regímenes democráticos en América Latina es relativamente nueva –poco más de tres décadas de existencia, desde la ola democratizadora iniciada en Ecuador en 1979-, y ha llevado a distintos especialistas de los fenómenos políticos a constantes debates acerca de cuál es la forma de gobierno más conveniente para lograr el desarrollo y la rápida consolidación de la democracia en los países de esta parte del continente. La inclinación que tuvieron hacia el presidencialismo ha sido bastante cuestionada, en gran parte por el fortalecimiento que se hace de la figura del Ejecutivo, que se ha constituido en el principal conductor de la agenda de gobierno y de la implantación de políticas, y que para algunos esto se ha traducido en otra forma de autoritarismo legítimo o constitucional y por ello, la construcción de la democracia ha sido más complicada que en los países europeos, que optaron por el sistema parlamentario. En cierta medida, los sistemas presidenciales carecen de mecanismos y controles institucionales que incluyan en una interacción dinámica de ejercicio del poder a las tres dimensiones de la república, abonando a un desequilibrio en el que el Poder Ejec-

utivo predomina sobre el Legislativo y el Judicial. Esto llevó a autores, abanderados por Juan Linz y Arturo Valenzuela a pronunciarse a favor de la instauración de sistemas parlamentarios en los países de América Latina, por los ejemplos de éxito que han tenido otros países al constituir sus instituciones políticas bajo estas bases. Sin embargo, los procesos históricos que han formado a las sociedades de esta zona del mundo, su cultura política, sus experiencias, entre otros factores les otorgan características singulares que los distinguen de los países democráticos de Europa y del norte del continente. En todos los países latinoamericanos no ha faltado el debate acerca de las ventajas que tendría la adopción del parlamentarismo con respecto al equilibrio entre poderes; lo cierto es que todos estos países han optado por el sistema presidencial como forma de gobierno.

El Debate y sus orígenes Las discusiones y perspectivas que han rodeado a los países latinoamericanos en los años posteriores al declive de los regímenes autoritarios se han centrado en tratar de adaptar las formas de gobierno de los

Estados más desarrollados institucionalmente, para acelerar los procesos democráticos con sistemas electorales y de partidos modernos que garanticen la estabilidad política y la legitimidad social. En esta búsqueda por consolidar la democracia, tanto la propuesta de instaurar un sistema presidencial como la opción por el parlamentarismo se presentaron sobre la mesa, con amplias y diversas opiniones a favor y en contra de las dos formas de gobierno, y de la factibilidad y asimilación que podrían tener entre la cultura política. Son bien conocidos los estudios realizados por Juan Linz a finales de los años 80´s y a principios de los 90´s, que pretendían generalizar sobre los defectos que tiene el presidencialismo por carecer de mecanismos que puedan controlar al Ejecutivo, dotándolo de atribuciones formales e informales para ejercer un dominio sobre el Congreso y monopolizar la toma de decisiones, además del problema que conlleva la unión del jefe de Estado y jefe de gobierno en el presidente, puesto que un error de gobierno se puede convertir en un problema de Estado. Linz abiertamente se pronunció por el parlamentarismo como la mejor opción para los países de América Latina. Sin embargo,

para su desgracia, estos países optaron por el presidencialismo como su forma de gobierno. Otros estudios detallados sobre este tema se encuentran en el compilado que Dieter Nohlen y Mario Fernández realizan y que se incluyen en un libro que coordinan, llamado El Presidencialismo Renovado, en el que también se hace una fuerte crítica al pensamiento de Linz, y plantean los factores históricos y sociales que influyeron en Latinoamérica para construir su sistema político, y que el propio Linz ignora. En su texto titulado Presidencialismo vs. Parlamentarismo Dieter Nohlen refleja este problema argumentando que: “La lógica de la razón se contrapone a la lógica de lo razonable. (…) Así, parece extremadamente discutible el supuesto de que la lógica que establece la diferencia entre presidencialismo y parlamentarismo y la validez de la opción parlamentarista sea capaz de resolver el problema planteado de la opción más adecuada entre las

formas de gobierno, problema que requiere un conocimiento empírico, o sea, histórico más integral, una comprensión de todo el contexto específico y especialmente de las relaciones vinculadas con el fenómeno o la relación que estamos estudiando.” (Nohlen, 1998: 19). Para entender este debate, resulta imprescindible volver al origen de las ideas, y entender el desarrollo por el que ha pasado la división de los poderes políticos de las naciones para evitar los excesos y la acumulación de poder que tanto caracterizó a las monarquías absolutistas. Es necesario retomar a pensadores como John Locke y Montesquieu, que justificaron la división de poderes para que las distintas tareas de la autoridad pública se desarrollen en órganos separados, garantizando un mutuo control y una mayor estabilidad política y social. También fue muy importante el pensamiento de Rosseau y su idea de la democracia como la soberanía que tiene el pueblo para elegir a sus

representantes, que bien podría alimentarse de la separación de poderes. Cuando las sociedades comenzaron a hacerse más complejas, estas propuestas tomaron fuerza y fueron incorporándose a una normatividad que aterrizaba las ideas a través de una constitución. Los procesos históricos fueron desarrollando en principio dos tipos de sistemas: el presidencial y el parlamentario (años más tarde se incluiría también el sistema semipresidencial), que básicamente se diferencian entre ellos al considerar que en el sistema presidencial la figura de jefe de Estado y la de jefe de Gobierno recaen en una misma persona, denominada Presidente, la cual es elegida por sufragio universal directo, mientras que en el sistema parlamentario el jefe de Gobierno, conocido como Primer Ministro, es elegido por el parlamento (o Congreso) y forma parte de éste. En un sistema de este tipo, el parlamento tiene mayor protagonismo, en tanto que en el presidencial es

justamente el presidente quien propone y ejerce con mayor facilidad la agenda política/pública. La historia de los países de América Latina, desde su surgimiento como naciones independientes ha estado, en mayor o en menor grado, llena de inestabilidad, en principio debido al endeudamiento y la destrucción que provocaron sus revoluciones independentistas y posteriormente por el ascenso de los grupos militares al poder político que sacrificaron las libertades individuales de sus gobernados. Las dictaduras latinoamericanas y los caudillos políticos son un hecho que bien puede observarse como una situación normal (por no decir inevitable) para el desarrollo de la democracia en sociedades que apenas iniciaban una vida como nación, mas no por ello se puede aceptar la brutalidad de los actos cometidos durante los años de autoritarismo. Este “paternalismo” ha sido justificado por algunos autores, como Aníbal Pérez-Liñán argumentando que el “cesarismo democrático” era una necesidad sociológica, un resultado determinista de condiciones culturales, raciales e históricas en las llanuras de América Latina (Liñán, 2009: 326). Al iniciar su camino hacia la democracia, parece indudable la influencia que generaron en la percepción de los individuos el personalismo en la vida política, y que resultó determinante para la inclinación por un sistema presidencialista. Como Nohlen y Mario Fernández señalan: “La estructura de mando y de organización militar, jerárquica y personalizada, tendrá una influencia enorme en el estilo de ejercer el poder político en América Latina hasta nuestros días. El militarismo, desde este punto de vista, es simultáneo con el presidencialismo” (Nohlen, Fernán-

dez, 1998: 117). Si bien en México la discusión sobre la forma de gobierno que elegirían al instaurar su régimen democrático inició mucho tiempo antes, debido a las características históricas de este país (el significado de democracia como reforma institucional es distinto al de otras naciones, ya que en México el sistema presidencial estaba fuertemente establecido y había desarrollado su anatomía autoritaria durante todo el siglo pasado) tanto en Chile como en Argentina y de la misma manera en Uruguay el amplio debate que llevó a la culminación de sistemas democráticos presidenciales coinciden en tiempo, plasmando en sus constituciones las facultades y atribuciones que tendría el presidente, así como la relación y responsabilidades con los otros poderes, además de los controles institucionales a los que estaría sujeto para evitar la acumulación de poder y garantizar la estabilidad y la legitimidad democrática. Cabe señalar que no es posible hablar sólo de un presidencialismo en América Latina, sino darnos cuenta de que existen distintos tipos de presidencialismo, unos más fuertes que otros, unos con inclinación hacia lo rígido, lo estático, y otros más flexibles y “parlamentarizados”. Diego Valadés hace una tipología de los sistemas presidenciales latinoamericanos y diferencia entre presidencialismo tradicional, en el que permanecen las prácticas autoritarias del poder ejecutivo, el presidencialismo transicional, en el que aún se encuentran algunos países como México, y el presidencialismo democrático, en donde se pueden ubicar países con instituciones fortalecidas y equilibradas como Chile, Costa Rica y Uruguay (Valadés, 2004: 22).

Las tareas de la globalización han alcanzado todos los rincones del mundo y América Latina no es la excepción. A estas alturas se esperaría que en este desarrollado, pero aun prematuro siglo la democracia y la voz ciudadana fueran determinantes para influir en las decisiones más importantes de un país, pero el mundo de la política es un mundo diferente, un mundo en donde estrategia y espontaneidad pueden suceder e incluso encontrarse en cualquier momento, y en donde tomar estas decisiones estará siempre en las manos de unos pocos actores que cargan con esa gran responsabilidad. Si bien la ciencia política ha podido establecer parámetros y métodos para facilitar el estudio de los sistemas políticos, cada nación tiene concepciones y características particulares, que resulta imprescindible dejarlas fuera de análisis si se quiere llegar a comprenderlas; son aquellas variables que intervienen en los estudios y que marcan el rumbo y la constitución de los países.

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La reforma al sector energético mexicano: benéfica para EEEUU, no para México Mario Urióstegui Mendoza / IIEPA-IMA UAGro.

in duda la recién reforma al sector energético resulta polémica para la mayoría de los mexicanos. Se trata de un tema con dos vías conocidas: por un lado, abre la posibilidad de que el capital privado participe en áreas de petroquímica y exploración de gas y petróleo, que durante décadas se han mantenido reservadas para el Estado. Por otro lado, en sus discursos y entrevistas, líderes de partidos, diputados y senadores aseguran que no significa “privatizar” el sector porque si bien se ha abierto a la inversión privada, “los hidrocarburos son y seguirán siendo de los mexicanos”, y es que el Estado mexicano seguirá fungiendo como rector de esta industria. Los mexicanos, señalan encuestas de empresas de opinión pública, están mayoritariamente a favor de que la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) mejore su desempeño. Pero al mismo tiempo una encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados señala que el 54% de los mexicanos se oponen a la entrada de capital privado en la paraestatal. Pero ciertamente el tema va más allá del patriotismo. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, (INEGI) entre el 35% y el 37% de los recur-

sos fiscales provienen de Pemex, cuyo valor en el mercado equivale al 10% del Producto Interno Bruto del país. De ahí proviene una parte del rechazo a la participación de capitales privados en la industria energética: el miedo a perder la renta petrolera. Así, la reforma energética se ha convertido en un tema tabú (pero al mismo tiempo preferido), coinciden especialistas, pues se trata de uno de los aspectos más polémicos de la historia del país. Implicación geopolítica El objetivo estratégico del gobierno estadounidense es afianzar su relación con México (también con Canadá), además de subordinarlo a sus intereses nacionales, para aumentar su seguridad energética, “creando” una región fuerte económicamente pero siendo sus socios mexicanos y en segundo lugar canadienses los menos beneficiados. Para ello promueve una dependencia permanente y estructural, que disminuye el poder nacional de México, al reducir su soberanía económica (financiera, comercial, tecnológica, industrial, alimentaria, energética, de infraestructura y logística), como medios para establecer la subordinación política,

diplomática, militar, policiaca, judicial y de seguridad nacional del país. En el marco de esta política estratégica de largo plazo, Estados Unidos se propone en el plazo inmediato, que el objetivo único y principal de la política energética de México, sea garantizar la seguridad energética de Estados Unidos, como lo expuso hace ya algunos años, el Director de Pemex (en el sexenio de Vicente Fox), Raúl Muñoz Leos. Las reservas probadas de petróleo de Estados Unidos son menos del doble de las que dispone México. Con el 5 por ciento de la población mundial, Estados Unidos consume aproximadamente el 19 por ciento del crudo que se extrae en todo el mundo. Estados Unidos es dependiente del petróleo de otros países, al cual busca acceder por diversas vías, incluyendo la invasión de otros países, para asegurar el suministro de hidrocarburos. La política seguida por los gobiernos mexicanos desde 1982, de aumentar de manera significativa la extracción de hidrocarburos, para destinar una parte significativa de éstos a la exportación a Estados Unidos, ha conducido a una declinación significativa de las reservas probadas. Esta política se pretende acentuar mediante acciones cuyos objetivos principales son: a) aumentar la plataforma de

extracción y exportación de crudo a Estados Unidos y b) el acceso al territorio, reservas, recursos, industrias y valor de la renta petrolera de los recursos mexicanos por parte de las corporaciones petroleras, industriales y financieras estadounidenses. Desde las esferas de poder político y corporativo de Estados Unidos de América, Canadá y México, se ha promovido la idea de una “Comunidad de América del Norte”, en la que se busca tener una política arancelaria y un perímetro de seguridad común, lo que equivale a la desaparición en la práctica del Estado-nación mexicano. Lo que se plantea es la tesis de que

los recursos naturales de México, en realidad ya no son de México, sino de una ficticia entidad jurídico-política denominada Norteamérica. Bajo la falacia de que el desarrollo acelerado y urgente de los recursos energéticos de México se justifica por la creciente demanda de nuestro país, lo que es una realidad que debe ser resuelta por decisiones soberanas de México, en realidad se busca asegurar las necesidades energéticas de Estados Unidos. Esta estrategia en marcha tiene como soporte fundamental la formulación de una estrategia energética común, en la que el papel asignado a México es ase-

gurar la seguridad energética de Estados Unidos, mediante el acceso de sus corporaciones a la propiedad de los yacimientos mexicanos de hidrocarburos, así como a todos los recursos naturales de México, forestales, de biodiversidad y de las riquezas minerales del subsuelo. Intenciones del Informe del Grupo de Trabajo Independiente sobre el Futuro de América del Norte Desarrollar una estrategia norteamericana de energía. Reconociendo sus políticas y prioridades individuales, los tres gobiernos necesitan trabajar juntos para asegurar la seguridad energética en los tres países. Los asuntos

que se deben atender incluyen la expansión y protección de una infraestructura energética de Norteamérica; desarrollo de oportunidades y barreras regulatorias, así como las restricciones tecnológicas y de capital humano para el desarrollo acelerado de los recursos energéticos dentro de Norteamérica. Estos objetivos forman parte de la agenda del Grupo de Trabajo Norteamericano de Energía establecido en 2001 por los líderes de los tres países y enfatizado en la reunión de líderes en la Cumbre de 2005. Esta iniciativa, sin embargo, ha hecho progresos modestos hasta la fecha hacia el desarrollo de una estrategia de Norteamérica, y no cubre el petróleo. Desarrollar totalmente los recursos energéticos de México. Aunque la inclinación de México para mantener la propiedad total de sus recursos estratégicos es comprensible, la expansión y un desarrollo más eficiente de estos recursos es necesario para acelerar el crecimiento económico de México. México está perdiendo rápidamente su independencia energética, y la única manera de satisfacer las demandas dentro de México es encontrando maneras de desbloquear su sector energético. Se pueden hacer progresos incluso dentro de los actuales límites constitucionales. Como se analizó en la sección anterior, Canadá y Estados Unidos pueden contribuir de manera importante a este esfuerzo a través del desarrollo de mecanismos creativos, especialmente financieros, que traigan a México la tecnología y capital necesarios. Los pasos más importantes, sin embargo, deben ser dados en México, por los mexicanos Concluir un acuerdo norteamericano sobre recursos naturales. Para asegurar el pleno desarrollo de los recursos minerales, forestales y agrícolas de Norteamérica, los inversionistas de un país necesitan tener la confianza de

que no tendrán la presión de la competencia en otro país. Con esta finalidad, los tres gobiernos deben concluir un acuerdo que reconozca un balance entre seguridad de la oferta y la seguridad en el acceso e incluir reglas sobre los precios de los recursos que reduzcan la fricción que ha surgido en algunos de los aspectos más difíciles y persistentes a nivel bilateral. Un acuerdo sobre los recursos debe también atender las barreras aún existentes en productos agrícolas, incluyendo barreras que surgen de diferentes reglas en los tres países, para garantizar precios e ingresos.

Conclusiones La salud del sector energético es fundamental para el futuro desarrollo de México y para determinar su prosperidad y competitividad. Los serios problemas que enfrenta el sector de hidrocarburos en general, y Pemex en particular, requieren acción urgente de parte del Estado mexicano. Es evidente que el modelo actual de los hidrocarburos, en términos de su estructura legal, regulatoria y organizacional, pero sobre todo en términos de su capacidad de respuesta a las demandas de la economía nacional, está agotado. Se necesita un nuevo modelo mexicano que facilite la creación de una política energética nacional acorde a las necesidades y objetivos de la economía mexicana del siglo XXI. Es de vital importancia que cualquier discusión sobre las posibles reformas al sector energético en México sea llevada a cabo utilizando conceptos claros y precisos. Es crucial, por ejemplo, que se haga una distinción entre el dueño de los hidrocarburos —la nación— y los operadores autorizados para extraer y transformar esos recursos —que pueden ser compañías públicas o privadas—. El Estado puede maximizar el val-

or de la propiedad de sus recursos de distintas maneras y debe considerar una gama más amplia de opciones para la operación de los campos mexicanos de petróleo y gas (principalmente), con la directriz de maximizar la creación de valor para el Estado por la explotación y transformación de dichos recursos. Aunque no se trató el tema de las energías verdes en este ensayo, con este proyecto se perdió la oportunidad de reducir considerablemente el uso de combustibles fósiles, transitando (así como en las democracias) a un modelo energético mucho más “ecológico”.

Fu e n t e s 1. Council on Foreign Relations. National Security Consequences of U.S. Oil Dependency: Report of an Independent Task Force. John Deutch and James R. Schlesinger, Chairs; David G. Victor, Project Director. New York: Council on Foreign Relations, 2006. 67pp. http://www.cfr .org/content/ publications/attachments/EnergyTFR.pdf 2. Foro Consultivo de la Reforma Energética: h t t p : / / w w w. f o r o c o n s u l t ivo . o r g . mx/libros_editados/reforma_energetica.pdf 3. INTEGRACIÓN Y SEGURIDAD ENERGÉTICA DE AMERICA DEL NORTE. México, la debilidad estructural difícil de remontar, aprovechable por EUAhttp://rcci.net/globalizacion/2014/ fg1914.htm 4. Prospectiva del Petróleo crudo. SENER http://www.sener.gob.mx/res/ pe_y_dt/pub/2012/ppci_2012_2026.pdf 5. Revista Petróleo y Gas.https://www. oilandgasmagazine.com.mx/

La CĂĄmara de Diputados seĂąala que el 54% de los mexicanos se oponen a la entrada de capital privado en la paraestatal.

La Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP), a través de la Secretaría de Estudiantes y la Subsecretaría de Asuntos Editoriales

A estudiantes de pregrado y posgrado de ciencias sociales y humanidades interesados en colaborar con artículos de opinión y/o ensayos académicos que serán publicados en la Revista Estudiantil Radiografía Política, una publicación mensual que tiene el objetivo de promover la participación de los jóvenes mexicanos interesados en temas políticos y sociales que afectan a la sociedad mexicana y al mundo en la actualidad. La revista está dividida en las siguientes secciones:

• En Debate: ensayos académicos de mínimo 5 cuartillas y máximo 8 cuartillas con referencias bibliográficas • Así lo escribió: artículos de opinión de algún tema coyuntural o de interés general de mínimo 2 cuartillas y máximo 5 cuartillas • Interviú: entrevista a académicos, profesores, investigadores, o algún actor político de tu estado o tu ciudad, que nos ayuden a la comprensión de la realidad política de la actualidad

Requisitos: 1. Enviar sus colaboraciones al correo: amecip-jalisco@outlook.com 2. Especificar la sección en la que tu texto participará 3. Enviar tus trabajos antes del 18 de cada mes

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“PERSPECTIVAS DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN MÉXICO” Ivonne Sotelo Gómez / Universidad Autónoma del Estado de México

El FUTURO QUE YA LLEGÓ En el marco de la celebración de la presentación del Libro por la Dra. Leticia Contreras Orozco, Dr. Juan Miguel Morales y Gómez, el Mtro. Leobardo Ruíz Alanís y el presidio de Mauricio Valdez Rodríguez presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México, a través de la colaboración de la Universidad Autónoma del Estado de México , la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Instituto de Administración Pública del Estado de México, A.C. Este libro se realiza en momentos en los cuales el gobierno electrónico aún es una novedad para muchos de los gobiernos de México. Pretende ser una de las publicaciones iniciales de un proceso editorial de otros muchos libros referidos a nuestro país que hacen buena falta para un buen desarrollo de gobierno electrónico, que ya debe contemplarse como una nueva etapa del desarrollo de la

administración y gestión gubernamental en México. Se trata de una obra colectiva cuyos autores son profesores investigadores de la propia Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). El libro se integra en tres vertientes. La primera considera al gobierno electrónico como una expresión de la modernización administrativa particularmente desde el enfoque de la gestión pública. En la segunda, el libro se aboca al estudio empírico del gobierno abierto y electrónico a nivel federal, así como en el caso del gobierno del Estado de Puebla. Los resultados son un tanto desiguales presentando un balance desalentador de la realidad valorando el esfuerzo de los responsables del portal en cuanto a los desafíos del relevo gubernamental. La tercera y última vertiente, aborda el tema del gobierno electrónico en los muni-

cipios de México, procurando un esfuerzo de conocimiento de dicha modalidad en los municipios mexicanos. ¿A raíz de lo expuesto y estructurado en los capítulos del libro, que tanta relevancia tiene la Gerencia Pública comprendida como la nueva visión de la Administración Pública tradicional en el impulso, en primer lugar de las tecnologías de la información y en segundo lugar del establecimiento de un gobierno electrónico? Dra. Leticia Contreras Orozco: En el capítulo se plantea una propuesta para utilizar el enfoque de la nueva Gestión Pública para estudiar al gobierno electrónico, no significa que el gobierno electrónico sea producto de la nueva Gestión pública, pero si hay que decir que una de las propuestas de la Gestión Pública es la utilización de las TIC´S (Tecnologías de la información) para buscar la eficiencia y mejorar la calidad de los servicios, es decir, la tecnología

es una herramienta utilizada para mejorar la gestión , en estricto sentido , no el gobierno electrónico es considerado como producto de la nueva Gestión Pública Al hablar sobre el gobierno electrónico, ¿podría hablarse o entenderse a éste desde una perspectiva local para poder ser traducida o representada a nivel nacional o a la inversa, el gobierno electrónico es una representación o reproducción del gobierno nacional, para ser puesto en práctica en el ámbito local? Dr. Leobardo Ruiz Alanís: Considero que el Gobierno Federal debería ser el promotor de ello, o por lo menos esa es la idea, así se concibe la concepción universium federalista clásica, el gobierno federal sería un gran orquestador, los gobierno estatales y municipales los aplicarían , buscarían soluciones específicas, el gobierno Federal en el caso de México tendría que ser y entender la importante labor de promotor , es decir apoyar y ayudar a los gobiernos municipales y estatales que por condiciones de menor desarrollo o de menores recursos, para que así entonces, el desarrollo deba ser simultaneo; yo creo que el desarrollo del gobierno electrónico es tan importante para una pequeña comunidad como para la gran ciudad , para los jóvenes que están aislados en la montaña de Guerrero, en Oaxaca, etc., ya con la comunicación satelital, por decir algo , se puede tener acceso a estas nuevas tecnologías y como se dice usualmente cambiarles la vida, es decir, se van metiendo en atavismos en cómo se están comunicando, cómo hacer que el gobierno electrónico se dé en los cambios trianuales y sexenales, en primer lugar es que los ciudadanos los exijan, así es como funciona la democracia, la democracia no funciona sin ciudadanos, si los ciudadanos no le exigen al gobierno

con por lo menos lo que establezca la ley , ya lo demás sería adicional, tendrían que ser los ciudadanos quienes utilicen estos recursos, que exijan, es una corresponsabilidad tanto del gobierno como de la sociedad. El gobierno electrónico, poniendo énfasis en el voto electrónico, ¿fomentaría la democracia, el voto ya no sería el ir a la casilla y hacer largas filas, sino que a partir del gobierno electrónico se le pueda dar un carácter innovador al ejercicio democrático y a su vez fomentar la participación democrática? Dr. Leobardo Ruiz Alanís: Hasta donde yo sé es un poco diferente, la urna electrónica, existe ya en muchos países, en México gran parte de las discusiones del IFE (Instituto Federal Electoral), en la administración de Carlos Salinas se planteó el problema y hay estudios y ensayos sobre ello y no se ve para cuándo esto se contemple en el gobierno electrónico, las ventas de ello son evidentes, se conocen los resultados inmediatamente, la trasparencia es total, etc. Los partidos políticos tienen ciertos intereses y esperan que se siga con lo tradicional, ir casa por casa, tocar puerta por puerta, para que los ciudadanos sean capacitados, etc. Yo pienso que es parte de la rutina del sistema democrático en México, otra cosa es la democracia que es un poco más difícil por muchos motivos, la democracia como la conocemos hasta ahora y siglos de evolución de la misma que nos han llevado a situaciones de equidad a través de internet en cuanto a acceso, está un poquito complicado, pero sí se puede avanzar mucho en la participación ciudadana. ¿Cuál sería el primer paso de acercar el gobierno electrónico a las diferentes localidades que no tienen ni siquiera un acercamiento con una computadora, independ-

ientemente del interés monetario que llegue a tener el gobierno electrónico? Lic. CP Y AP. Mauricio Valdez Rodríguez: En varios años más adelante veremos la respuesta, es un asunto primero de educación y segundo de costo, un primer paso es la importancia que tienen el conocer y aprender a utilizar las nuevas tecnologías de la información y uno de los segundos pasos es poder acceder a ella a través de que se baje el precio a las mismas, para ser accesibles y así se popularicen y demás haya educación que a través de uno mismo como autodidacta se puede educar, en México existen 40 millones de cuentas de Facebook solo que su uso no el que debiera ser o el esperado para acceder al gobierno o sus administración , es un uso más bien frívolo, Aunque en México el gobierno electrónico empezó su inicio muy tardío , la firma electrónica es un término muy común para hacer trámites y hacerlos cada vez más factibles a la sociedad y al público y el acceso ciertos servicios ya es algo , también lo de transparencia ya es algo obligado, también para buscar información ya se usa este sistema del uso de tecnologías, esto está haciendo que el ciudadano entre a ello , la elección de los partidos políticos se ha hecho de forma arcaicamente y es a través del voto electrónico donde se debería empezar a hablar del gobierno electrónico , podría ser que sus propios militante elijan a sus propios candidatos , pero están concentrados en un esquema jerárquico y arcaico, las redes sociales son cada vez utilizadas para acceder a información de carácter público y de último momento. Bibliografía: Ruiz Alanís, Leobardo, Morales y Gómez, Juan Miguel y Contreras Orozco, Leticia (2014). Perspectivas del Gobierno Electrónico Local en México, Toluca, Instituto de Administración Pública del Estado de México