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Una vida marcada por el servicio al prójimo

Virginia Clarisa Beckles Maxwell, abogada jubilada, es una de las fieles representantes del programa de voluntariado de AGECO, uno de los proyectos más importantes y queridos de nuestra organización.

Por Thaís Aguilar Z. | Fotos Mayela López

Antes de la pandemia, era común encontrar a doña Virginia Beckles, varias horas a la semana, caminando por los pasillos de las oficinas de AGECO con un semblante de serena cordialidad y profunda concentración.

Y no era para menos, porque con suma dedicación y compromiso, ella atendía conjuntamente con el equipo de voluntariado del servicio sociolegal de AGECO, las numerosas llamadas telefónicas que se reciben a diario, tanto de personas mayores como de familiares, consultando todo tipo de situaciones relacionadas con los derechos humanos de esta población.

Doña Virginia Clarisa Beckles Maxwell --ese es su nombre completo--, tiene 70 y pico y es una de las 12 personas voluntarias que participan en el servicio sociolegal de AGECO donde escucha atenta las consultas que llegan a través de los números 2542-4527 y 2542-4508.

ORÍGENES

Doña Virginia está casada con Carlos Roberto Valverde Umaña y tiene tres hijos, dos varones y una mujer. Es oriunda de San José y su familia vivió siempre en Barrio México.

Su madre se llamaba Juanita Maxwell y era de Bocas del Toro, Panamá, y su padre, Herbert Beckles, nació en Limón, pero se fue a vivir a Londres muy pequeño y allí estudió y se hizo prestidigitador y médico terapista, pero en aquellos tiempos no se conocía esa especialidad médica, así que se dedicó a la prestidigitación, ofreciendo espectáculos por todo el país.

Ella cuenta con gran orgullo como su padre cuidó y dio educación a sus 11 hijos --7 mujeres 4 hombres--, dando funciones en todos los teatros y en el interior del país, especialmente en las escuelas, donde compartía sus ganancias con los patronatos escolares.

Sus funciones las presentaba con su nombre real y en ellas participaba también su madre, porque las funciones solían acabar con el señor Beckles tocando alguna melodía con un serrucho –sí, de los que se usan para cortar madera de forma manual— y su madre acompañándolo al piano. “Eso era una gran novedad en aquellos años”, recuerda.

“Mi padre y mi madre vivieron para atender a sus hijos y su prójimo, porque doña Juanita no solo velaba por sus 11 hijos, sino que atendía a los 60 infantes que acudían todas las semanas a la escuela dominical de la iglesia metodista.

Mi papá nos dio a cada uno, carrera universitaria, pero nunca tuvo un segundo par de zapatos porque todo lo que ganaba era para la educación de sus hijos”, cuenta. De los 11 hermanos, solo quedan tres con vida. “Cuando estaban todos vivos, todo se consumía en familia porque había médico, dentista, farmacéutica, economista, una terapista y todos atendían a sus familiares”, añade con orgullo.

El ejemplo que tuvimos como familia fue fabuloso, porque tuvimos un par de ángeles de progenitores.

SU CARRERA PROFESIONAL

Ella es de las más pequeñas de su familia y su formación educacional es producto del sistema educativo público del país. Se graduó de bachiller en secundaria del Colegio de Señoritas y sus hermanos del Liceo de Costa Rica.

Continuó formándose en la carrera de derecho en la Universidad de Costa Rica y se especializó en derecho penal y derecho de familia.

En el inicio de su carrera como abogada y notaria fue defensora pública, pero siempre tuvo su propio bufete y al mismo tiempo, trabajó con alguna actividad de bien social porque considera que, a pesar de su origen humilde, ella y su familia salieron adelante por el apoyo y esfuerzo de muchas otras personas que les antecedieron.

“Siento que tengo una deuda social y por ello me he dedicado a largo de mi vida a diferentes proyectos sociales”, confiesa.

Fue presidenta de la Asociación Roble Alto para bienestar de la infancia y, trajo el programa de

intercambio de jóvenes internacionales que se llamaba Intercambio Internacional de Jóvenes Cristianos que propiciaba el intercambio de jóvenes entre Costa Rica, Europa y Latinoamérica.

También fundó y perteneció a la Organización Penal (ORPE), que apoyaba a personas privadas de libertad en diversos aspectos personales y esa organización surgió cuando fue defensora pública, porque le conmovía mucho la dureza y frialdad de la situación carcelaria.

Sin embargo, ella cuenta que, en su época, la Defensa Pública funcionaba prácticamente como un servicio voluntario, porque se les pagaba muy poco a las abogadas y abogados que fungían como defensores y, debido a la crudeza de esa área del derecho, la fue dejando para asumir el derecho de familia.

“Ha habido muchos cambios en materia de Defensa Pública en Costa Rica, y ahora es otra cosa, un servicio mucho más completo”, reconoce.

Es así como continúa con su bufete propio y a lo largo de los años tuvo algunos socios como el abogado Jorge Rivas que ahora es magistrado. Siempre contó con pasantes en su oficina y hasta una sobrina trabajó con ella y ahora es jueza de violencia doméstica.

Doña Virginia ejerció la abogacía casi por 50 años y como notaria llenó 21 protocolos de 200 folios a lo largo de la vida profesional.

Una de las cosas que más realizó como abogada y notaria fueron adopciones debido a su trabajo en Roble Alto, un proyecto muy inspirador porque las familias que cuidaban de infantes en orfandad, los integraban en sus núcleos y acababan adoptándolos. A raíz de esa experiencia, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) se inspiró para fundar posteriormente Los Hogarcitos.

SU LABOR EN AGECO

Hace 2 años que doña Virginia Beckles cerró su bufete, pero desde hace más de 10 años se integró en el programa de voluntariado de AGECO, concretamente en la oficina sociolegal donde trabaja como voluntaria junto a 15 personas más, porque le gusta mucho la labor de AGECO y lo que impulsa en la defensa de los derechos de la población adulta mayor.

Confiesa que admira la labor y liderazgo de doña Johanna Fernández --presidenta de la junta directiva--, a quien califica de una persona muy activa y uno de los pilares fundamentales del proceso de elaboración y aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Antes de la pandemia, doña Virginia acudía una o dos mañanas o tardes a las oficinas del programa sociolegal, a escuchar, orientar e informar a través de las llamadas telefónicas que se recibían, pero ahora lo hace desde su casa, siempre a través de los números del servicio.

“Ocurre con frecuencia que las personas que llaman al servicio, lo que necesitan es que alguien les preste atención porque, dependiendo del problema que enfrenten, con solo ser escuchadas, ellas mismas encuentran las soluciones o las acciones para superar el obstáculo o la situación que necesitan superar. Y este es un punto fundamental del programa, la escucha activa”, explica.

La crisis sanitaria, económica y social surgida a raíz de la pandemia, hizo que la cantidad de llamadas servicio sociolegal bajara un poco.

Sin embargo, con el estreno de la revista televisiva Buena Vida, que se emite a diario por Canal 13, ha comenzado un incremento notable de llamadas.

Como abogada experimentada, doña Virginia tiene especial sensibilidad para identificar los abusos y transgresiones a los derechos humanos y en especial contra las personas mayores, y en su trabajo como voluntaria del servicio sociolegal ha identificado que de los que más se consultan y denuncian son los relacionados con violencia patrimonial.

“Lo más triste es que en violencia patrimonial, son los mismos hijos o parientes los que están tratando de quedarse con la pensión o las propiedades de alguna de las personas mayores, y es doblemente doloroso cuando se trata de hijos o parientes cercanos los que se aprovechan”, señala con preocupación.

Otro problema que ella ha detectado es que, ante abusos patrimoniales, las personas afectadas no quieren denunciar a quienes se están aprovechando de ellas lo que impide emprender acciones para corregir esos abusos y reparar el daño.

Doña Virginia achaca el incremento de este tipo de violencia al deterioro de las relaciones familiares y a la pérdida sistemática de valores de parte de la sociedad para proteger y cuidar de sus integrantes más débiles.

Por ello, resalta que la gran virtud del programa sociolegal de AGECO es la actitud de brindar una escucha activa a la población mayor y ofrecerle orientación para solventar sus dudas y problemas. Y también destaca todos los demás proyectos de promoción del envejecimiento activo que impulsa AGECO en todo el país a través de los clubes, los cursos y demás acciones. Para ella, uno de los retos más grandes que enfrenta nuestra sociedad es que las personas adultas mayores conozcan sus derechos y los hagan valer. “Hay que trabajar muy duro para que las personas tomen conciencia de su valor como ciudadanas, sin importar la edad”.

Finalmente, reconoce los avances que ha impulsado el país y los gobiernos en materia de derechos y de brindar mejores condiciones de vida para las personas mayores, pero señala la necesidad de impulsar más acciones de concienciación para lograr una sociedad que integre de manera completa a su población adulta mayor. BV