Boletín AVIZOR IV Marzo

Boletín Informativo IV-2019 15 de marzo

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ADMINISTRATIVO INDECOPI DESESTIMA PEDIDO DE TIENDAS 'RETAIL' Y

MANTIENE

DERECHOS

ANTIDUMPING

A

IMPORTACIONES CHINAS. INDECOPI confirmó la vigencia por 5 años (computado desde el 30 de noviembre de 2016) de los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de todas las variedades de calzado (sin incluir chalas y sandalias) con la parte superior de caucho o plástico y cuero natural, originarios de China. De esta manera, el INDECOPI desestimó los argumentos presentados por Saga Falabella y TOTTUS que cuestionaban la probabilidad de repetición del daño a la producción nacional, la modificación de los precios tope para la aplicación de los derechos antidumping sobre las importaciones de calzado chino y el plazo de vigencia de dichos derechos.

Mediante resolución 0283-2018/SDC-INDECOPI, el ente regulador detalló que las empresas del sector 'retail' no precisaron ni cumplieron con sustentar sus afirmaciones sobre la Comisión de Fiscalización de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias el cual, según Saga y TOTTUS, habría incurrido en realizar un análisis de las situaciones bajo sesgo.

INDECOPI recordó también que en la resolución ratificada se encontraron elementos suficientes que permitieron concluir que es probable que la práctica de dumping continúe, en caso los derechos antidumping sean suprimidos.

Por otro lado, se señaló que Saga Falabella y TOTTUS cuestionaron la forma de calcular los nuevos topes de los precios establecidos para la aplicación de los derechos

antidumping, pero no indicaron el supuesto error en el que habría incurrido la comisión de INDECOPI para determinar la modificación de precios.

Finalmente, el INDECOPI resaltó que las partes apelantes cuestionaron el plazo de vigencia de los derechos antidumping al considerar que la comisión no justificó la extensión del periodo de aplicación de los derechos antidumping por 5 años, en lugar de considerar uno más corto.

Saga y TOTTUS pidieron que se tenga en cuenta un periodo como en el caso de expiración de medidas sobre la importación de chalas y sandalias en el cual INDECOPI renovó el plazo de vigencia de derechos antidumping por 3 años.

INDECOPI explicó que el plazo de ampliación por 5 años sobre los derechos antidumping estaba sujeto a la determinación de la probabilidad de continuación o repetición del dumping y daño, lo cual fue sustentado.

Mayor información, agradeceremos contactarse con: Taly M. Vásquez Pérez: areadministrativa@avizor.pe

CIVIL EL CONTRATO DE OPCIÓN Y SUS EFECTOS El contrato de opción se regula en el Código Civil como una especie de la categoría denominada contratos preparatorios, de la que también forma parte el contrato denominado compromiso de contratar.

El contrato preparatorio es un acuerdo de voluntades que obliga a ambas partes del mismo a celebrar entre ellas, y, en el futuro un determinado contrato definitivo, cuyo objeto será la creación, regulación, modificación o extinción de la relación jurídica patrimonial sobre la cual verse el contrato. Dicho concepto de contrato es aplicable tanto al compromiso de contratar como al contrato de opción en sí mismo.

COMPROMISO DE CONTRATAR El Código Civil, en su artículo 1414, establece que por el compromiso de contratar “las partes se obligan a celebrar en el futuro un contrato definitivo, lo cual implica que el efecto de este acto es claramente obligatorio. El contenido de esta obligación será una prestación consistente en la actividad de celebrar y suscribir el contrato definitivo. El compromiso debe contener, por lo menos, los elementos esenciales del contrato definitivo; y su plazo debe ser determinado o determinable, caso contrario, tendrá vigencia de un año”.

Por el compromiso de contratar, dos o más partes se obligan recíprocamente a otorgar, en un futuro, un contrato definitivo. De lo dicho se desprende que es un medio de

preparación de situaciones jurídicas destinadas a producir consecuencias para un momento posterior, sin embargo, se deja ya en pie un compromiso válido.

CONTRATO DE OPCIÓN En cuanto al contrato de opción, el Código Civil, en su Artículo 1419, establece que una de las partes queda vinculada a su declaración de celebrar en el futuro un contrato definitivo y la otra tiene el derecho exclusivo de celebrarlo o no. En ese sentido, la ley también exige que el contrato de opción debe contener todos los elementos y condiciones del contrato definitivo, ya que bastará la decisión del optante para que se constituya el negocio final. Asimismo, el plazo del contrato de opción en caso no sea determinado por las partes, será de un año.

Esta opción, constituye ser una obligación irrevocable de la oferta y, a la vez, un derecho potestativo producido como efecto del contrato de opción. Ciertamente una situación jurídica de ventaja particular, diferente a la obligación, que permite a su titular beneficiarse con su derecho cuando lo estime pertinente, sin que la contraparte pueda oponerse a la conducta potencialmente realizable.

Mayor información, agradeceremos contactarse con: María Teresa Leyva Silva: areacivil@avizor.pe

PENAL ¿EL USO DE FACTURAS FALSAS PARA EVADIR PAGO DE IGV, ES DELITO?.

En efecto, la Ley Penal Tributaria articula los supuestos en donde cualquier contribuyente puede cometer un delito en el ámbito tributario, así las cosas, las penas para estos delitos van desde los dos, hasta los doce años de pena privativa de libertad. Frecuentemente, las empresas usan facturas falsas para evadir el pago del IGV, si bien en la mayoría de casos estas situaciones pasan de ser advertidas, en otros no, y las sanciones son graves.

El Poder Judicial, a través de ejecutorias supremas, han advertidos contextos que requieren un análisis más profundo pues la norma no basta en sí misma. Así, mediante Recurso de Nulidad N° 5388-2008 Lima, se precisa que los delitos tributarios, son delitos especiales de infracción de deber con elementos de dominio, lo que significa que no solo se nos preguntará ¿Incumpliste el deber de tributar?, sino que también, ¿Quién tenía la competencia por organización de cumplir con el ordenamiento del régimen tributario?; en ese sentido, no solo será responsable el representante legal de la empresa, cualquiera sea su nominación, sino también el colaborador que, por sus funciones, debió cumplir o poner en conocimiento tal obligación. Por tanto, el delito se constituye por la conjunción de actos concretos de organización, infracción de deberes tributarios y la producción de un perjuicio.

La responsabilidad se expande incluso a los terceros y contadores que colaboran en la consumación de estos delitos, a manera de ejemplo, aquel sujeto que consigue facturas falsas, las pone a disposición del contador, para que este a su vez, evada el pago del IGV, todos ellos, serán procesados por delitos tributarios, en grado de complicidad, primaria, secundaria o en calidad de autor.

Ahora bien, situaciones como la regularización tributaria, tampoco es un salvavidas inquebrantable, así se hace notar en el Acuerdo Plenario N° 02-2009/CJ-116, sobre los efectos penales en la regularización tributaria. En el considerando 13avo, sobre el fraccionamiento tributario, leyes especiales y exención de pena, se señala lo siguiente: “Por lo demás, la única causa material de exclusión de punibilidad es aquella, ya analizada, referida a la regularización tributaria y ésta importa no el aplazamiento o el fraccionamiento del pago sino su total cancelación (….)”; léase, si el contribuyente logra acordar con SUNAT un fraccionamiento de la deuda tributaria, claro está de que esto sea luego de la auto denuncia voluntaria, esto no implicará, necesariamente, una excusa absolutoria, pues el voto en mayoría en aquel Acuerdo Plenario señala que únicamente la totalidad del pago importa la exención de pena.

Una correcta contabilidad previene contingencias de cualquier tipo, no se debe olvidar que la mejor estrategia es prevenir y reforzar las aberturas en nuestra organización.

Mayor información, agradeceremos contactarse con: Juan José Namoc Ventura: areapenal@avizor.pe

LABORAL NO ES ARBITARIO SI UN TRABAJADOR ES DESPEDIDO POR AFIRMAR QUE SU SUPERIOR NO ES UNA PERSONA CAPACITADA PARA EL CARGO. La Corte Suprema mediante la Casación Laboral Nº 16242-2016, estableció que, sí se configura falta grave, en atención a los siguientes hechos: 1. Que un trabajador redacte una carta cuestionando la capacidad de su superior, puede ser calificado por el empleador como una falta grave por actos de injuria y falta de palabra escrita.

2. El trabajador, quien en el presente caso demando como pretensión principal la reposición, suscribió una carta dirigida al sindicado de trabajadores; en ella cuestionó: la capacidad de su superior de asumir su cargo, cuestionó la integridad de su jefe e indicó que este tendría un supuesto interés personal sobre ella.

La Corte Suprema estableció que efectivamente la carta suscrita era una grave indisciplina que causaba un daño a la imagen y buena reputación de la empresa.

En ese sentido, se determinó que no se había configurado un despido arbitrario por parte del empleador, por los actos realizados por el trabajador sí configuran una falta grave.

Mayor información, agradeceremos contactarse con: Astrid Olivares Enrique: arealaboral@avizor.pe