Desde finales de la década de los 80, con la promulgación de la ley n° 7052, se logró un avance significativo en lo que respecta a la validación de un derecho básico y fundamental, como lo es el derecho a una vivienda de calidad. La creación del SFNV sentó las bases para asegurar el acceso a la vivienda a las clases bajas, tanto de forma individual como colectiva. Más adelante, con el paso de un sistema que se enfocaba al subsidio a la oferta a un sistema ahora enfocado a subsidiar a la demanda, se logró dar mayor poder de mercado a las personas sujetas al sistema, modificando así la oferta de vivienda. Pese a esto, el problema transversal a estos esfuerzos ha sido de tipo sociocultural más que económico. Esto porque, aunque no de forma exclusiva, gran parte de los beneficiarios de estos proyectos deberían ser personas y familias en condición de pobreza y habitantes de asentamientos informales. Este hecho lleva implícito un cambio significativo de las condiciones de vida de las personas involucradas en los proyectos de vivienda social. Esto ya que se pasa de una situación temporal de vivienda bajo condiciones materiales de baja calidad, inseguridad, falta de servicios de calidad, informalidad, y relaciones comunales configuradas alrededor de esta realidad; a una situación que incluso podría considerarse opuesta bajo la noción de erradicación de precarios. Este panorama ha configurado proyectos de vivienda social, que surgidos de un sistema que premia lo económico, han dejado de lado su función social y el impacto que estos producen sobre sus usuarios. A partir de esta problemática, que consideramos posible de mitigar a través de procesos de acompañamiento a las personas y familias participes de proyectos de vivienda de interés social, es que se formula la siguiente propuesta. Partiendo de la necesaria vinculación y trabajo conjunto entre los distintos sectores de la sociedad con el fin de superar la pobreza, más allá de simplemente acabar con la necesidad, sobre todo cuantitativa, de vivienda, se formula a continuación un marco conceptual y metodológico en el que se basa una propuesta de acompañamiento que tiene como eje central el desarrollo comunitario, el empoderamiento y la construcción de capital social siempre bajo una visión de derechos humanos, en especial el derecho a la ciudad.
Para entender la dinámica de producción de asentamientos informales en Costa Rica, así como una propuesta de trabajo, es necesario primero preguntarse cómo surgieron acá estos asentamientos. Propiamente en San José de Costa Rica podemos hablar de producción de asentamientos informales1 más o menos a partir de la década de 1980, esta aparición "tardía" en comparación con otras ciudades latinoamericanas se puede explicar por varias razones, una de estas es la demográfica. Costa Rica llega al millón de habitantes hasta el 24 de octubre de 1956 (según la edición de esa fecha el periódico La Nación), con ciudades compactas, agricultura cercana a estas ciudades, donde las municipalidades eran las encargadas (cuando se necesitaba) de comprar lotes agrícolas, abrir caminos y preparar los lotes que eran vendidos a la clase obrera (predominantemente al sur), obviamente los terrenos con mejor agua y condiciones urbanas ya estaban en manos de la clase adinerada pues tenían el control económico y político para hacerlo (al norte y este de la ciudad) por lo tanto era para ese momento algo "manejable" el desarrollo urbano y accesible para los gobiernos locales el mercado del suelo. Sin embargo, Costa Rica estaba experimentando cambios sociales positivos cuyas consecuencias no estaba preparada para asumir. Después de la Guerra Civil de 1948 se elimina el ejército, se crea la Segunda República, pocos años antes se habían creado las Garantías Sociales, la Caja Costarricense del Seguro Social y la Universidad de Costa Rica, además de que se incrementó la inversión económica para la educación primaria y secundaria. Todo esto generó un contexto social, político y económico que se tradujo en mejor calidad de vida y un incremento considerable de la población. Para 1976 (veinte años después) ya Costa Rica tenía más de 2.1 millones de habitantes y es precisamente justo después de esto que en el país se empiezan a registrar los asentamientos informales; pero no se puede atribuir el problema solamente a este incremento demográfico. Es en esta década cuando Centroamérica sufre grandes problemas armados, todos los países de la Región estaban sumergidos en dictaduras o guerras civiles, muchos de centroamericanos emigran en masa hacia Costa Rica y además en 1982 el país inicia un proceso de gran desaceleración económica que agrava la situación.
1
Organización de las Naciones Unidas (Mayo 2015) Tema: Asentamientos Informales de Hábitat III, Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible. Nueva York.
Desde 1954 es el Instituto Nacional de Vivienda Urbanismo (INVU) quien regulaba la forma de urbanizar en Costa Rica, siendo incluso el desarrollador de varios proyectos de vivienda para clase media, sin embargo no es hasta 1979 que se crea por decreto (sin Ley ni Reglamento hasta estos días) el Ministerio de Vivienda de Costa Rica quien a partir de ese momento dicta la política pública en materia de vivienda social (políticas cambiantes de acuerdo al clima electoral del momento), y para responder a la crisis económica de los 80´s se crea el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) en 1986. Con éste último nace el Sistema Financiero para la Vivienda (SFNV) en Costa Rica. Es mediante este “monstruo de tres cabezas”, muy acorde a lo establecido en Hábitat I, que en Costa Rica se pretende resolver el problema de los asentamientos informales creados por aquellos trabajadores migrantes (tanto del extranjero como de las zonas rurales) que no tenían (ni tienen) acceso al suelo urbano, mediante el desplazamiento de estas personas a nuevos desarrollos de interés social. Ahora bien, más de 30 años después los asentamientos informales siguen creciendo, algunas hipótesis sugieren: 1. Políticas dirigidas a la erradicación de tugurios y no a la integración de la ciudad. Si bien existen leyes2 como instrumentos para eliminar los asentamientos informales no hay una ley, ni un plan ni un mecanismo que genere la opción de garantizar ni la tenencia de tierra, ni la localización y conectividad con la infraestructura urbana, ni la autogestión planificada de su hábitat para las personas desplazadas. El problema no es la falta de leyes, ya que Costa Rica posee una gran cantidad de éstas, el problema es que es suelo está regulado por el mercado inmobiliario y no por una estructura que garantice la equidad del uso del suelo urbano. 2. Hay una crisis urbana en el Gran Área Metropolitana. Las cuatro ciudades principales sufren de problemas de tercerización del uso del suelo, despoblamiento, desocupación parcial de más del 50% de los inmuebles, zonificación por sectores del trabajo (instituciones, industria, comercio y vivienda por separado) que genera grandes problemas de movilidad urbana, pues en la actual red de movilidad se da prioridad al vehículo, lo que genera grandes tiempos de desplazamientos de un punto a otro. En fin, serios problemas que afectan la dinámica urbana y donde los pocos esfuerzos de solución son enfocados a los sectores económicos altos (mejores carreteras y conectividad con los aeropuertos a industrias y zonas de gran plusvalía), sin considerar 2
La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica(16 de junio de 1961). Ley de Erradicación de Tugurios y Defensa de Arrendatarios [Ley N° 2760 de 1961]. DO: La Gaceta La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (12 de noviembre del 2008). Ley Especial para Titulación de Vivienda en Precarios y en Zonas de Desarrollo Urbano No Reconocidas (Precarios) [Ley Nº 8680]. DO: La Gaceta
soluciones que integren a toda la sociedad, marginando aún más a los fragmentos de ciudad que están separados de esta. 3. Políticas centradas en la propiedad privada, donde la conectividad, acceso a los servicios y garantía de la tenencia, disfrute y producción a partir de la tierra únicamente se pueden ofrecer si existen títulos individuales de propiedad,de lo contrario, se niega la construcción (ni el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, ni los gobiernos locales autorizan una construcción si no existe un título de propiedad a nombre de una persona física o jurídica, no hay más alternativas), así como servicios tan básicos como el agua y el alcantarillado (el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ni los gobiernos locales permiten la conexión a sus sistemas si no existe título de propiedad), así como a electricidad (a salvo de una excepción: la Compañía Nacional de Fuerza y Luz si tiene una política más abierta, sin embargo el Instituto Costarricense de Electricidad ni otros entes permiten la conexión a sus sistemas si no hay título de propiedad) 4. El estatus migratorio también es relevante y determinante. Si una persona no posee la nacionalidad costarricense o no se encuentra en estado migratorio regular, no puede acceder a ningún mecanismo elaborado para garantizar la movilidad social, es decir no puede acceder a los sistemas de salud, educación, trabajo, vivienda, etc., por lo tanto agrava su condición de precariedad y marginalidad, debe buscar trabajo en el mercado informal, lo cual no le garantiza un salario mínimo y las garantías sociales. De frente a este panorama, en Costa Rica, específicamente en el sector vivienda, se configuran una serie de actores institucionales que pretenden dar una respuesta a estas problemáticas. Las principales instituciones son: 1. Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH): es el órgano técnico Rector del Gobierno de la República en materia de vivienda y asentamientos humano, por lo tanto su papel es el de crear política pública en temas de vivienda, principalmente vivienda social, pese a esto, no tiene Ley ni reglamento. 2. Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU): es la institución autónoma encargada de procurar una mejor vivienda y los elementos conexos correspondientes a las familias costarricenses, planear el desarrollo y crecimiento urbano, proporcionar de medios económicos a las familias con menos recursos para que accedan a la vivienda, realizar investigaciones sobre temas de vivienda y urbanismo, desarrollar planes y programas de vivienda y urbanismo, asesorar al estado en temas de vivienda y urbanismo y adecuar sus planes y estudios a los programas nacionales.
3. El Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI): es un banco de segundo piso, encargado de financiar los proyectos de vivienda social, que mediante entidades autorizadas reciben las solicitudes de los proyectos por construir. 4. Desarrolladores: son constructoras privadas y organizaciones encargadas de ejecutar los proyectos de bien social. 5. Familias beneficiadas: estas pueden solicitar recibir el bono de vivienda si tienen alguna propiedad o también pueden solicitar ser parte de una lista para que el sistema las ubique en cualquier proyecto de vivienda social. 6. Gobiernos locales: encargados de regular su territorio, por lo tanto son los que aprueban o no la construcción de los proyectos dentro de su área de jurisprudencia. 7. El Instituto Mixto de Ayuda Social (MAS): encargada de dirigir la política social, esta institución califica a las familias y según la condición socio-económica estas familias pueden calificar o no para ser beneficiarias del bono de la vivienda. Bajo este andamiaje burocrático no es difícil imaginar lo engorroso que es para una persona o familia acceder al bono de la vivienda al tener que pasar por varias instituciones antes de acceder a su derecho, y menos pensar en comunidades completas ingresando al sistema financiero, ya que la estructura solo permite que bajo esta figura se acceda únicamente a un fondo que se utiliza para equipamientos comunitarios.
TECHO es una organización de la sociedad civil conformada por jóvenes voluntarios que trabajan, en conjunto con líderes de los asentamientos en situación de pobreza, por el desarrollo de su comunidad. Desde sus inicios uno de los proyectos más importantes y más reconocidos ha sido el de construcción de viviendas transitorias o viviendas de emergencia. Dichas viviendas son una respuesta humanitaria para personas, familias, que viven en situación de alta vulnerabilidad ya sea por alguna situación de desastre natural o por cuestiones de contexto político, social y económico que se manifiestan en la desigualdad y pobreza extrema. El objetivo de la vivienda transitoria es que signifique un mejoramiento de las condiciones materiales del lugar que habitan 105 millones de personas que viven en asentamientos informales en Latinoamérica3 mientras que por medio de la organización comunitaria se avanza hacia una concientización sobre el reclamo de sus derechos fundamentales, la formulación de proyectos de desarrollo y la formalización del asentamiento. 3
Reporte Mundial de las Ciudades (2016). ONU Hábitat. Disponible en http://wcr.unhabitat.org/mainreport/
En países como Chile, TECHO, gracias a sus políticas públicas, ha ido un paso más allá, justamente para acompañar a las familias de los asentamientos informales hasta al acceso de su vivienda definitiva. En estos casos los proyectos de acompañamiento son colectivos y el rol de la organización es más amplio que el acompañamiento social pues TECHO desarrolla el proyecto junto a las familias desde el inicio y diseña el proyecto junto a ellas, en un proceso más técnico. TECHO en este sentido crea el vínculo entre las familias, el Estado y la empresa constructora. Este modelo de acompañamiento está vinculado a la parte técnica, se llevan a cabo procesos en comunidades donde ya TECHO trabaja en otros programas (mesas de trabajo, programa de educación). Mucho de esto se realiza por medio de voluntarios, los cuales fortalecen los vínculos iniciales de confianza con la comunidad, lo que favorece la gestión del proyecto. Por medio de la mesa de trabajo, TECHO se vuelve acompañante de la comunidad en actividades de recaudación que les permita a las familias ahorrar y pagar los porcentajes del proyecto que el Estado pide para acceder a los subsidios. El acompañamiento va asociado sobre todo a lo técnico, por los requisitos y procesos que son necesarios para la concreción del proyecto. La gran fortaleza está vinculada en mezclar lo técnico con el acompañamiento social de la comunidad. Las familias se involucran en la búsqueda del terreno, los visitan, reciben información de lo que la política habitacional permite. Con el proceso de la vivienda se involucran en el diseño en conjunto, si va a existir áreas verdes, el modelo de vivienda, sin patio, con patio, en la inspección de la obra, áreas de esparcimiento como parques, etc. Esta es una de las fortalezas del modelo de trabajo de TECHO. Lo demás tiene que ver con la presencia en la comunidad, por medio de la mesa de trabajo (espacio de organización y aprendizaje). En este espacio se revisan avances, pendientes y una vez al mes hay asamblea con toda la comunidad para la comunicación y la transparencia. TECHO Costa Rica ha trabajado por diez años en la construcción de más de 1800 viviendas transitorias, sin embargo el objetivo más importante es poder acompañar a las familias que viven en asentamientos informales hacia procesos de autogestión que les permita un adecuado acceso a vivienda, a servicios, a salud, educación y empleo; a oportunidades de desarrollo que impulsen sus capacidades. Por lo cual, teniendo en cuenta el contexto país, las políticas públicas de vivienda y las alianzas estratégicas que podríamos generar en el sector vivienda, se considera que es el momento idóneo para la implementación de un proyecto piloto de acompañamiento social a familias en situación de pobreza en un proyecto de vivienda formal.
Teniendo en cuenta el contexto antes descrito, TECHO Costa Rica, con el fin de ampliar las estrategias para validar el derecho a la vivienda y la ciudad en las comunidades en situación de pobreza, y aumentar las opciones a ofrecer a las personas con las que la fundación trabaja, se propone implementar en conjunto un plan piloto de acompañamiento a personas y familias partícipes de un proyecto de vivienda social amparado bajo la ley N° 7052. La principal intención de TECHO Costa Rica es poder sumar su experiencia de trabajo directo con comunidades, con el fin de mejorar los procesos sociales previos, durante y después de un proyecto de este tipo. Esto lleva implícito, a modo de valor agregado, la organización comunitaria, el fomento de la identidad comunitaria, la creación y fortalecimiento de redes de apoyo, así como la transparencia de todos los procesos. Se parte del hecho de que varias suelen ser las críticas que acompañan a muchos de los proyectos de vivienda de interés social, a mencionar: por un lado el desarraigo, la falta de apropiación, la imposición, el abandono y deterioro de las viviendas, o simplemente que tienen como característica la débil existencia de un sentido de comunidad al no estar claros los elementos que definen a un grupo de familias como un colectivo; por otro lado los altos niveles de burocracia, la engorrosa tramitología y los largos plazos de espera. Desde aquí es que se plantea la necesidad de un proceso paralelo a la gestión de una vivienda a través del SFNV, en el cual se considere el componente social, en tanto relaciones interpersonales y comunales, que propicien la construcción de un capital social, y de un hábitat sostenible. Si bien las críticas antes mencionadas responden, presuntamente, al hecho de que algunos proyectos de vivienda de interés social son ubicados en zonas poco estratégicas que no permiten un desarrollo integral de sus habitantes, y que provocan la movilización de poblaciones a localidades alejadas sin contar con factores como la educación, la salud y el trabajo, a partir de ello lo que se identifica es una oportunidad, la cual puede abordarse desde el trabajo conjunto tanto con las personas beneficiadas, como con los gestores el proyecto de vivienda. Dicho proceso consiste entonces en una serie de estrategias que permitan, en primer lugar, reunir bajo una misma instancia a todos los beneficiarios de un proyecto de vivienda social específico con la intención de propiciar el encuentro y el diálogo (en caso de que no fuese así antes). En segundo lugar, la identificación o construcción, de un sentido de colectivo (antes que de comunidad) que permita dar pie a instancias que perfilen tal sentimiento de comunidad. Para esto se procurará el uso de métodos y técnicas participativas, que permitan posicionar al usuario como gestor de su propio proyecto. En un tercer lugar, identificación de
situaciones (positivas o negativas) que dentro de la condición de comunidad, se puedan trabajar, ya sea mitigando o potenciando; para así, en un cuarto lugar, gestionar proyectos desde los mismo habitantes de la comunidad, que permitan generar mejoras en las condiciones del hábitat de estas personas. En un último lugar, sería necesario realizar una evaluación de todo el proceso, esto con el fin de identificar fallos y posibles mejoras. De forma resumida, se persigue abordar algunos puntos específicos de vital importancia para la superación de la condición de pobreza y la construcción de un hábitat con mejores condiciones. Estos puntos son los siguientes: ● Autoconstrucción de una (nueva) relación con el territorio: El territorio y su componente paisajístico, son construidos socialmente a través de las relaciones entre los habitantes de un área geográfica específica, y las actividades que ahí ejecutan. Tales relaciones configuran una historia digna de rescatar, así como perfilan un capital económico, social, espacial y cultural específico que es el que determina ampliamente el modo de vida de las personas. Un cambio de las condiciones, principalmente materiales, representada por una nueva vivienda y urbanización, algunas veces borra, y otras veces reconfigura, esta serie de relaciones simbólicas, por lo que es necesario identificarlas nuevamente, rescatarlas, o reconstruirlas. ● Validación de la producción social del hábitat: Las comunidades se construyen socialmente al mismo tiempo que modifican sus condiciones físico-espaciales. Esto quiere decir que en el proceso de construir una vivienda o una habitar en un barrio, se forman una serie de relaciones simbólicas que dan razón de ser al colectivo. Tales relaciones son violentadas al considerarse un proceso de erradicación de precarios, un desalojo, o una reubicación; es por eso que deben retomarse y reconstruirse en cualquier otro espacio en donde se habite, con el fin de generar un sentido de arraigo, así como de apropiación. ● Conformar y afianzar nuevas relaciones comunales: La organización comunitaria se plantea como una vía eficaz para solventar problemas que caracterizan al colectivo, valiéndose de las capacidades que ese mismo colectivo posee. Es de interés para TECHO el lograr la participación de las comunidades en los procesos de toma de decisiones, pero para ello debe facilitarse antes la identificación de ese sentido de comunidad, sus debilidades y fortalezas, así como los intereses colectivos. Para conseguir esto se debe promover entonces el encuentro de los vecinos y el diálogo entre ellos. ● Potenciar el liderazgo, la autogestión y la autonomía comunitaria: El posibilitar la autogestión y autonomía comunitaria permite pensar en comunidades más resilientes, que puedan afrontar y adaptarse más fácilmente al cambio. De igual manera capaces de gestionar por su propia cuenta sus mismas necesidades, sin la dependencia de otras
instancias externas a su realidad. Al mismo tiempo propicia una democratizaciรณn y distribuciรณn del poder, al ser la misma comunidad y sus pobladores los tomadores de decisiones, y quienes tienen la capacidad de negociar de forma directa con otros sectores de la sociedad.
Partiendo de la necesidad de acompañamiento social a las personas y familias participes en proyectos de vivienda de interés social a través del SFNV, es que se plantea como objetivo general el brindar acompañamiento social pre y post construcción de viviendas, a un grupo de 75 familias que se encuentran en proceso de acceder a un proyecto de vivienda definitivo en la provincia de Alajuela en conjunto con la Asociación Pro Vivienda Nuestra Señora del Rosario y Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. Aquí resulta vital resaltar el papel de la Asociación Pro Vivienda Nuestra Señora del Rosario y la empresa Construcciones Modulares de Costa Rica S.A.. La primera de ellas, representa el primer canal de comunicación con las personas y familias involucradas en el proyecto. Esta asociación desempeñaría funciones de carácter principalmente administrativo en lo que respecta al proceso que representa el acceso a una vivienda a través del SFNV. La segunda es la encargada del posible desarrollo del proyecto de vivienda de interés social. Esta empresa representa al actor privado que responde a la demanda de vivienda por parte de las familias, y el principal interesado en gestar un proyecto que brinde acompañamiento a las familias involucradas, de forma previa y posterior a la gestión de un proyecto de vivienda de interés social. Ahora, el punto en común que tienen esta asociación y esta empresa, son el grupo de personas y familias que serían sujetas del proyecto de vivienda en cuestión, y justamente con ellos sería con quienes el trabajo de TECHO Costa Rica se enfocaría. Es por esto que, partiendo del contexto nacional antes expuesto, y las capacidades de TECHO, que se plantea como objetivos específicos lo siguiente:
Facilitar procesos psicosociales que le permitan a las familias la construcción de un sentido de pertenencia, de comunidad, fortaleciendo los vínculos de confianza para la sana convivencia. Fortalecer los liderazgos del grupo para la organización y el desarrollo integral del barrio. Brindar capacitaciones desde un enfoque de educación popular para el empoderamiento del colectivo en temas relacionados a la gestión comunitaria.
Para el desarrollo de estos objetivos es necesario tener claro una serie de conceptos que guían y dan sentido al trabajo de TECHO Costa Rica, y a su vez justifican esta propuesta de trabajo conjunto.
TECHO promueve una transformación social, gestada desde las personas y para las personas, a partir del trabajo conjunto con las comunidades. Una transformación social que por medio de acciones y cambios permitan eliminar los mecanismos que provocan la exclusión, la marginación, la deshumanización de personas y/o colectivos en la sociedad y promuevan su crecimiento y bienestar, tanto individual como colectivo4. El desarrollo comunitario, en ese sentido, genera procesos de transformación, de creación, de participación, de empoderamiento y fortalecimiento que dan a las comunidades las oportunidades de valorar sus capacidades, aprovechar sus recursos y enfocar sus esfuerzos para mejorar su calidad de vida. De manera integral TECHO busca contribuir en el proceso de desarrollo promoviendo las capacidades de los individuos, familias y comunidades con las que trabajamos; es decir, concebir a las personas y a sus instituciones como activos y socios del proceso de desarrollo, es decir como colaboradores y recursos en su propio proceso de cambio. Para aclarar algunos de los conceptos que utilizamos en la presente propuesta de proyecto, es que se define a continuación algunas bases teóricas:
Para TECHO el concepto de Desarrollo Comunitario (DC) se define como el resultado de un conjunto de acciones promovidas y autogestionadas desde y para la comunidad, que tienen como fin el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores. La diversidad de áreas de desarrollo responde principalmente a los objetivos que la comunidad identifique; se espera que el desarrollo de la comunidad sea continuo y que responda permanentemente al interés común de sus integrantes. El DC se concibe de dos formas, una, como un proceso que idealmente una vez iniciado no debe detenerse, debe evolucionar según el momento histórico; y dos, como un estado final, al concretarse los objetivos y metas planteados en un espacio temporal determinado. La comunidad en todos los niveles experimenta un proceso de empoderamiento en el que los pobladores se asumen como actores que coproducen su futuro y transforman su realidad.
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Andreu, C. (2008). Desarrollo comunitario: estrategias de intervención y rol de la educadora social. Revista de Educación Social RES, Volumen 7. Recuperado de http://www.eduso.net/res/?b=10&c=90&n=252
TECHO busca promover el DC a partir del desarrollo a nivel individual, familiar y colectivo en las dimensiones social, económica y política; por lo que comprende el apoyo y la promoción de iniciativas que colaboren a los tres niveles de manera integral y articulada; entendiendo a las personas como centro del desarrollo y apuntando a aumentar el rango de oportunidades y posibilidades entre las que pueden elegir los seres humanos para la satisfacción de sus necesidades básicas y para su realización integral. Para aportar al DC, TECHO impulsa el fortalecimiento del capital social comunitario, esto se refiere a fortalecer la Identidad, la Participación y Organización, la Capacidad de vinculación a redes y los procesos de Autogestión comunitaria. El DC, se identifica con dos perspectivas, por un lado, con las dimensiones del desarrollo humano, es decir, la potenciación de la capacidad de la gente, la ampliación de sus opciones y con ello una mayor libertad. En este sentido, el desarrollo comunitario se centra en la promoción de la personas para que éstas movilicen sus recursos: capital humano, capital físico y financiero y el capital social. Se espera que por medio de la participación, la acción consciente, responsable y voluntaria de los individuos se construyan proyectos de beneficio comunitario. Por otro lado, el DC también puede identificarse con el proceso de organización comunitaria, mismo que surge de un ejercicio ciudadano democrático, que le permite a la comunidad verse a sí misma, ver sus cualidades y capacidades y tomar responsabilidad sobre las decisiones que les afecten. Por último, un elemento fundamental a considerar en el DC es el componente territorial ya que podría ser el primer elemento que comparta la gente como comunidad; el territorio hace que el espacio se subdivida creando comunidades, localidades y regiones; mismas que son interdependientes entre ellas y que tienen diferentes niveles de desarrollo; se vuelve relevante porque este componente puede posibilitar o frenar el desarrollo de la comunidad. Boisier5 habla de la existencia de una comunidad que se reconoce y que tiene como auto referencia primaria el propio territorio y que está regulada mediante un dispositivo político administrativo; estos territorios pasan a ser sujetos de desarrollo. Añade, “la enorme mayoría de las personas desenvuelve toda su vida en un entorno territorial, en un territorio cotidiano, de muy pequeño tamaño… equivalente a un círculo de no más de 50 km de radio…. ahí nacen, se educan, trabajan, forman familia, requieren servicios varios… es tan pequeño este territorio que resulta fácil pensar en las posibilidades de realización personal de cada individuo y el logro de su proyecto de vida, está íntimamente articulado con la suerte del territorio…”.
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Boisier, S. (2007). El desarrollo en el lugar. El territorio en la sociedad del conocimiento. Versión digital pdf. Documento proporcionado a los participantes del X Curso Internacional de Gestión Estratégica del Desarrollo Local y Regional. Santiago de Chile.
TECHO reconoce en la participación y organización, la identidad, el trabajo en red y la autogestión comunitarias evidencias o aspiraciones del desarrollo comunitario.
De acuerdo a distintas conceptualizaciones, proponemos la definición de capital social como la creación de ciertos activos como las redes de confianza y solidaridad que se generan de la interacción social. Estos activos dan la capacidad social de actuar y de obtener beneficios, es decir, los orígenes del capital social están dados en las interacciones entre individuos, y la infraestructura que permite, esto puede ser un entendimiento cultural o una organización formal constituida. Flores y Rello6 consideran tres componentes básicos que se identifican del capital social, uno, las fuentes y la infraestructura del capital social, es decir, lo que hace posible que éste se origine y se consolide, por ejemplo: las normas, las redes sociales, la cultura y las instituciones; dos, las acciones individuales y colectivas que la infraestructura permite que se den como participar en actividades de convivencia o asistir a una asamblea; y tres, las consecuencias y resultados de estas acciones, estos pueden ser positivos y que se traducen en un incremento en los beneficios, el desarrollo, la democracia y una mayor igualdad social, o negativos como la exclusión, la explotación y el aumento de la desigualdad. Para los distintos autores, lo esencial de este capital es la capacidad colectiva de tomar decisiones y actuar conjuntamente para lograr objetivos de beneficio común, derivada de componentes de la estructura social como la confianza, las redes, las asociaciones y las instituciones. Por tanto, la capacidad de acción colectiva es un recurso potencial que cualquier grupo o sociedad puede desarrollar; en el caso de las comunidades vulnerables que habitan en situación de pobreza el capital humano, físico, financiero y tecnológico es generalmente escaso por lo que el capital social puede adquirir un papel protagónico como estrategia de supervivencia y superación de la pobreza, ya que por medio de éste se movilicen los otros capitales para traducirlos en una mejora general a la calidad de vida de los habitantes.
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Uphoff, N. (2003). El capital social y su capacidad de reducción de la pobreza. En Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma. Santiago: CEPAL/Universidad del Estado de Michigan.
TECHO Costa Rica plantea la implementación del proyecto dentro del marco del derecho a la ciudad. La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad define este concepto como: “…el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social…” (2005). 7 Esta misma carta entiende el concepto de ciudad a través de dos acepciones: Como espacio físico: “…la ciudad es toda metrópoli, urbe, villa o poblado que esté organizado institucionalmente como unidad local de gobierno de carácter municipal o metropolitano. Incluye tanto el espacio urbano como el entorno rural o semirural que forma parte de su territorio.” Como espacio político: “…la ciudad es el conjunto de instituciones y actores que intervienen en su gestión, como las autoridades gubernamentales, los cuerpos legislativo y judicial, las instancias de participación social institucionalizada, los movimientos y organizaciones sociales y la comunidad en general.” Enrique Ortiz señala en el texto “El proceso de construcción por el derecho a la ciudad” que: “El derecho a la ciudad no se refiere a la ciudad como hoy la conocemos y padecemos sino a la otra ciudad posible, incluyente en todos los aspectos de la vida (económicos, sociales, culturales, políticos, espaciales); sustentable y responsable; espacio de la diversidad, la solidaridad y la convivencia; democrática, participativa, viva y creativa. Una ciudad que no crezca a costa de su entorno, del campo o de otras ciudades.” Del Derecho a la Ciudad se desprenden otros derechos forman parte de este, los cuales son: A. Derechos relativos a la Gestión de la Ciudad: 1. Desarrollo urbano equitativo y sustentable 2. Participación en el diseño del presupuesto de la ciudad 3. Transparencia en la gestión de la ciudad 4. Derecho a la información pública B. Derechos civiles y políticos de la ciudad: 7
Organización de las Naciones Unidas. (Septiembre, 2015) Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Barcelona
1. Libertad e integridad 2. Participación política 3. Derecho de asociación, reunión, manifestación y uso democrático del espacio público urbano 4. Derecho a la justicia 5. Derecho a la seguridad pública y a la convivencia pacífica solidaria y multicultural C. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las ciudades: 1. Acceso y suministro de servicios públicos domiciliarios y urbanos 2. Derecho al transporte y movilidad públicos 3. Derecho a la vivienda 4. Derecho al trabajo 5. Derecho a la cultura y al esparcimiento 6. Derecho a la salud 7. Derecho al medio ambiente
Según la Coalición Internacional para el Hábitat se puede entender la producción social del hábitat como el concepto que: ... abarca el proceso y el producto resultante del esfuerzo colectivo de las personas para construir su propio hábitat: vivienda, pueblos, barrios e incluso las principales zonas urbanas. A través de proceso de producción social, las personas afectadas se basan, planificar, implementar y mantener los hábitats y elementos urbanos, aportando soluciones a los problemas que surgen en sus vidas. Producción social es un proceso centrado en la persona, el uso de varios métodos de auto, por lo tanto, el ser espontánea, la producción colectiva individuo caracterizado por altos niveles de organización y producción, negociación, tensos participación y la gestión compleja. A menudo, implica una asociación entre las comunidades y los gobiernos locales, y en ocasiones con el sector privado. Sus objetivos no son rentables, pero es la solución de problemas prácticos y así dice los derechos humanos de conformidad con los principios de la dignidad, la responsabilidad del Estado y la justicia humana. La gestión de la vivienda de producción, la mejora e integrados y los asentamientos humanos centrados en las personas se encuentran en las zonas rurales y urbanas. Concepto se refiere a nivel local y puso el capital y hace hincapié en el control social la designación de prioridades, la planificación, la construcción, la distribución y el uso de la tierra, la vivienda y el vecindario, producción de vivienda centrada en la Comunidad
implica una acción colectiva dirigida a satisfacer las necesidades humanas se refiere a la vivienda y el hábitat como culminación de un proceso y no sólo como un producto material, como producto orgánico social y cultural y no como un objeto de intercambio, como valores que reside en la puesta en común de todos los socios mano de obra, tiempo, experiencia, materiales y fondos. (Coalición Internacional para el Hábitat, 1995)8
Camilo Arriaga indica que en América Latina se han utilizado tres criterios para medir la pobreza: la medición de la línea de la pobreza, la medición de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el Método Integrado. Del documento “Pobreza en América Latina: Nuevos escenarios y desafíos de políticas para el hábitat urbano” podemos desprender las conceptualizaciones de la pobreza desde estos tres enfoque, la primera: “En su acepción económica, la pobreza alude a personas pertenecientes a hogares cuyo ingreso per cápita es insuficiente para financiar el costo de un consumo normativo elemental, generalmente el doble del valor de la canasta alimentaria básica.” 9 La segunda y tercera conceptualización desde las NBI y del Método Integrado respectivamente: “…considera que existe pobreza cuando están presentes sus carencias más inherentes, tales como deficiencias de tipo habitacional, de nutrición, de acceso a salud y educacionales. La superposición de dichas situaciones con pobreza económica determinaría el caso de situaciones de pobreza crónica o estructural”10.
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Citas tomadas de: “Coalición Internacional del Hábitat. (1995). Producción Social del Hábitat. Retrieved from: http://www.hic-gs.org/document.php?pid=2486 9 Arraigada, Camilo. (Octubre, 2010). Pobreza en América Latina: Nuevos escenarios y desafíos de políticas para el hábitat urbano. Santiago de Chile: Organización de la Naciones Unidas, División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos (Pág. 8) 10 Arraigada, Camilo. (Octubre, 2010). Pobreza en América Latina: Nuevos escenarios y desafíos de políticas para el hábitat urbano. Santiago de Chile: Organización de la Naciones Unidas, División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos (Págs. 10-11)
Según el documento sobre el Tema Asentamientos Informales de Hábitat III (Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, Nueva York, Mayo 2015) se entiende este concepto como: “... áreas residenciales en las cuales 1) los habitantes no ostentan derecho de tenencia sobre las tierras o viviendas en las que habitan, bajo las modalidades que van desde la ocupación ilegal de una vivienda hasta el alquiler informal; 2) los barrios suelen carecer de servicios básicos e infraestructura urbana; y 3) las viviendas podrían no cumplir con las regulaciones edilicias y de planificación y suelen estar ubicadas geográfica y ambientalmente en áreas peligrosas. Además, los asentamientos informales pueden ser una manera de especulación inmobiliaria a todos los niveles de ingresos de los residentes, tanto ricos como pobres. Los barrios marginales son los asentamientos informales más necesitados y excluidos, y se caracterizan por la pobreza y las grandes aglomeraciones de viviendas en mal estado, ubicadas, por lo general, en las tierras más peligrosas. Además de la inestabilidad del derecho de tenencia, los habitantes de los barrios no disponen de infraestructura y servicios básicos, el espacio público y las áreas verdes, y están expuestos de manera constante al desalojo, las enfermedades y la violencia.”
El punto de partida de este proyecto, en términos metodológicos, reside en el supuesto ontológico de entender a los usuarios del proyecto de vivienda, como constructores conscientes de su realidad material y simbólica, que si bien están inmersos en un medio que condiciona o limita sus medios de vida, y a su vez los determina, estos tiene la capacidad de modificar tales situaciones con el fin de cambiar esa realidad. En ese sentido partimos de un principio dialéctico, en él, como ya se dijo, las personas son determinadas por su contexto espacial y socioeconómico, pero estas a su vez determinan este contexto cotidianamente a través de sus acciones. Es decir, la realidad es transformable en tanto se hagan esfuerzos en cambiarla. Por otra parte, como supuesto epistemológico, consideramos a las personas como productoras de saberes igual de válidos que los provenientes de las academias u otros contextos catalogados como formales. Esto quiere decir que los individuos merecen ser escuchados y tener su propia voz (sin intermediaciones idealmente), y que desde su realidad, los conocimientos que poseen son legítimos y deben ser considerados en igualdad de condiciones, en cualquier proceso que pretenda modificar las condiciones de habitabilidad y hábitat en las que se ven inmersos. En este sentido, se pretende trabajar desde la subalternidad o lo proscrito, con el fin de legitimar procesos que suelen ser invisibilizados por la misma política y los procesos burocráticos a los que se ven sujetos los proyectos de vivienda de interés social. Esto lo entendemos como una forma también de atacar una estructura vertical, en la que las personas se ven como beneficiarios (similar a la figura de cliente, pero sin tantos derechos) de un proyecto, y no como verdaderos sujetos de derecho, por lo que la vivienda y el hábitat pierden su sentido de necesidad básica, y derecho humano, esto desde la perspectiva del derecho a la ciudad, y se convierte en un mero objeto de mercado sujeto a la oferta y la demanda, la eficiencia y la optimización, aun cuando esto vaya en detrimento de la ciudad y la sociedad. Ahora, pese a lo anterior, no es la intención de este proyecto atacar directamente esta lógica, sino más bien, dentro de ella misma, realizar transformaciones que permitan integrar e incluir a poblaciones, como las sujetas a los proyectos de vivienda de interés social, que se han visto sistemáticamente excluidos y segregados, tanto espacial como socialmente. Estos supuestos, inevitablemente, tienen implicaciones metodológicas a aclarar: 1.
La primera, y la más importante de todas, es el planteamiento de procesos participativos que permitan propiciar el empoderamiento y el potenciamiento de los
2.
3.
4.
liderazgos comunitarios, así como dar voz a los mismos usuarios del proyecto. Que estos involucren la opinión de las distintas partes involucradas, y que permitan no posicionar intereses particulares sobre los del colectivo. Al mismo tiempo que todo lo ejecutado a lo largo del proyecto responda a necesidades reales provenientes de la escucha de demandas de la comunidad, y no sobre interpretaciones externas sobre cuáles son las necesidades, o el cómo deber ser la realidad de estas personas. Segundo, el rol de TECHO como facilitador de los procesos que se gesten con la comunidad y el actor institucional. Es decir, TECHO se posiciona como un articulador entre la institucionalidad y la comunidad, facilitando la transición que pueda representar el cambio de las condiciones materiales y sociales para estas familias. En ese sentido la fundación asumirá un rol activo pero en condiciones de horizontalidad con la comunidad, y en la medida de lo posible, con cualquier otro actor involucrado. Esto quiere también decir que no se forzará ni se impondrán condiciones a las personas y familias partícipes del proceso, ni se ejecutarán proyectos contrarios a la voluntad del colectivo, partiendo del hecho de que esto es lo que se quiere evitar, o al menos mitigar, con esta propuesta. Tercero, la comunidad como protagonista del proceso. Esto significa que la comunidad será el centro del proceso, partiendo del hecho de que son los principales involucrados, al ser ellos quienes vean comprometidas sus condiciones de hábitat y habitabilidad. Las implicaciones de esto reside entonces en la consideración del posicionamiento de la comunidad y sus líderes con igual validez que la del resto de actores involucrados. Cualquier diferencia o demanda se deberá sopesar y discutir con el fin de llegar a acuerdos mutuos en igualdad de condiciones. Otra implicación desprendida de esta será entonces, no llevar a cabo ningún proceso, o ejecución de proyecto, que pueda representar una amenaza a la autonomía, identidad, gestión, o cualquier otra cualidad o proceso de la comunidad y sus integrantes. Cuarto, la implementación de un diálogo de saberes. Es desde aquí donde se debe validar el conocimiento de cada uno de los actores, sin que esto signifique que haya uno superior a otro. Principalmente en relación a saberes proscritos o relegados por los saberes hegemónicos, como suelen ser los tecnificados e institucionalizados. Se procurará entonces respetar y rescatar en todo momento, esas experiencias desde lo local, e integrarlas al proceso que se esté ejecutando. Esto quiere decir que el proceso será en varias direcciones, y no planteando a la comunidad únicamente como receptora, sino también como emisora, y en general, como un actor activo en el proceso de comunicación.
Ahora bien, pese a tener claridad metodológica en lo que respecta a la forma de abordar el problema, el papel de TECHO y los pobladores del futuro proyecto, y cómo deberían
darse las relaciones entre los distintos actores, se debe considerar que este proyecto se enfrenta a una serie de limitaciones, sobre todo externas, que limitan su rango de acción. Estas limitaciones a saber son principalmente resultado de los procesos institucionales a los que se enfrentan los proyectos de vivienda de interés social. Corresponden a bajos incentivos para trabajar con las familias de forma previa, durante, o posterior a la ejecución y entrega de las viviendas; la alta tecnificación del proceso en general, el cual se enfoca más en resultados materiales (la urbanización y la vivienda), y por ello no tiende a involucrar profesionales relacionados con ciencias sociales, u otras, separadas de la construcción como la arquitectura y la ingeniería. Junto con esto, un alto enfoque en la rentabilidad, optimización y eficiencia de los proyectos, descuidando las implicaciones que tienen las condiciones materiales de existencia sobre las relaciones sociales y la cultura. Desprendido de esto último, se puede decir entonces que también la no legitimación de todas las condiciones necesarias para hablar de un goce pleno del derecho a la vivienda es una limitante, sobre todo por el hecho de ser proyectos que tienden, sobre todo a no consideran del todo la adecuación cultural, o las relaciones ya existentes previamente entre las familias y el espacio que habitaban. En respuesta a lo anterior, TECHO plantea un trabajo idealmente transdisciplinar, que permita abordar el problema de la forma más integradora posible. Con esto, el desarrollo de estrategias que permitan ligar la dimensión espacial, social y cultural de la comunidad y el proyecto de vivienda. Se insiste entonces en la aplicación de métodos participativos que democraticen la toma de decisiones, y configuren un sentido de identidad. Esto va de la mano de la consideración de esas condiciones culturales y sociales que deben ser tomadas en cuenta para la apropiación del proyecto de viviendas y con ello su posible éxito. Aquí se pretende entonces generar instancias que permitan la resignificación de espacios de vivienda cotidiana a través de la intervención lúdica o artística principalmente.
Se plantea un proceso sostenido en el tiempo, que tiene como inicio el primer encuentro con los pobladores del futuro proyecto de vivienda, una vez que estos estén definidos y confirmados. Es decir, una vez que cada bono esté asegurado y se tenga una lista definitiva de los beneficiarios. Esto solo con el fin de partir con un grupo de personas y familias ya definido, y que este varíe poco o nada en el tiempo, para así asegurar la mayor participación e inclusión de todos durante el proceso. En términos generales se plantea una etapa de acompañamiento previo a la entrega del proyecto de vivienda de interés social, y luego de este, una etapa de acompañamiento posterior.
Etapa de acompañamiento previo: pretende facilitar la inserción de las personas y familias a un proyecto de vivienda colectiva, que amerita un sentimiento de pertenencia a una comunidad, y el trabajo conjunto para superar condiciones que ajenas a la necesidad de una vivienda de calidad. En ese sentido se enfoca en procesos con resultados intangibles en el corto y mediano plazo, pero que tienen como objetivo dotar de herramientas y capacidades a los usuarios para facilitar la convivencia, la organización y gestión comunitaria, y mejorar sus condiciones de vida. Etapa de acompañamiento posterior: esta etapa, no del todo contemplada en este documento, pretende partir de la evaluación de la etapa de acompañamiento previo y subsanar, o potenciar situaciones que hayan resultado de la etapa previa, o que hayan quedado por fuera.
Ahora bien, pese a existir la propuesta de dos etapas, como ya se dijo anteriormente, únicamente se desarrollará de forma detallada las fases de la primera de ellas, la etapa de acompañamiento previo. Esto debido a que la etapa de acompañamiento posterior tiene sus bases sobre la evaluación que se realizará al final de la etapa de acompañamiento previo. De ahí que su planteamiento sea posiblemente muy variable según lo que esta evaluación arroje. Es por eso que el plan piloto se enfocará únicamente en la etapa de acompañamiento previo. Teniendo en consideración lo antes mencionado, y los supuestos metodológicos de la sección anterior, es que se plantea una serie de cinco fases de la etapa de acompañamiento previo, las cuales no son estrictamente lineales, o sea, se pueden traslapar en el tiempo según sea el caso.
En esta primera fase se plantea un acercamiento a la comunidad, en el que se busca ante todo generar cohesión entre las personas partícipes del proyecto. Para ello se plantea actividades lúdicas y formativas que propicien el encuentro y diálogos de los participantes. De una forma paralela a esto, el desarrollo de procesos de diagnóstico, en dos vías: 1.
2.
Un censo, que permita conocer las condiciones socioeconómicas en las que viven las familias, al mismo tiempo que permita identificar dinámicas a nivel colectivo: relaciones intervecinales, familiares, comunales, otras. Un diagnóstico participativo, con la mayoría de las personas involucradas en el proyecto, con el cual se pueda identificar las situaciones particulares de este grupo de familias, y a su vez servir como base para plantear los posibles ejes de trabajo.
En esta fase se estarían desarrollando actividades tales como talleres participativos (utilizando diversas técnicas), convivios, y actividades recreativas.
En esta fase se propone el propiciar una identificación y/o construcción colectiva de la identidad comunitaria. Partiendo del reto de que las familias posiblemente provienen de lugares distintos, y las relaciones que mantienen entre ellas son inexistentes, o muy pocas, es que se plantea retomar principios relacionados a la producción social del hábitat, el derecho a la ciudad, la relación con el territorio, y el capital social/económico y espacial. Esta fase da la posibilidad de construir una nueva imagen, desestigmatizada, sobre cómo el colectivo desea identificarse y ser identificado. Da pie a procesos que permitan realizar una transición en lo que respecta a modos de vida, formas de convivencia, producción del espacio, entre otras, que de una u otra manera buscan asegurar el éxito del proyecto en términos sociales, así como sus condiciones materiales.
Partiendo del hecho de que el proyecto debe ser sostenible en el tiempo sin el acompañamiento estricto de la fundación, o en general de agentes externos a la comunidad, es que se reconoce como necesario el propiciar el empoderamiento y liderazgo de las mismas personas de la comunidad.
Para esto se propone la ideación de una figura que permita representar a la comunidad ante otras organizaciones o instituciones públicas, a modo de asociación de desarrollo. Previo a esto es necesario el formar y capacitar a posibles líderes de la comunidad en materia de gestión comunitaria. El brindar insumos a estas personas y favorecer su crecimiento personal va de la mano de espacios de encuentro y discusión sobre temáticas varias de interés para el desarrollo de la comunidad. Se está hablando entonces de talleres facilitados por TECHO, y otras organizaciones y/o instituciones, que permitan dar herramientas a estas personas, con el fin de que asuman puestos de liderazgo.
A partir de la elaboración de un diagnóstico a nivel comunitario, la identificación de situaciones a trabajar, y de forma paralela el empoderamiento de posibles liderazgos, es que resulta también necesario el crecimiento no sólo de los individuos que conforman el colectivo, sino de la comunidad como un todo. Para ello es necesario generar capacidades que permitan un desarrollo paralelo de los distintos individuos. Se propone la formulación de proyectos identificados a través de estrategias participativas, para así asegurar un sentido de pertenencia, responder a las necesidades reales de la comunidad, y facilitar la apropiación de los procesos de transformación espacial y social. El fin último será desarrollar los distintos capitales (social, económico, espacial y natural) de la comunidad, por lo que énfasis está puesto principalmente en los procesos y el involucramiento de los distintos actores, y no los resultados estrictamente, sin que esto signifique que los resultados no son importantes; al contrario, debe asegurarse su segura ejecución con el fin de invertir responsablemente los recursos.
A través de la sistematización de las experiencias en fases anteriores, y la implementación de métodos de evaluación participativa, se pretende hacer una revisión crítica de todo el proceso. Esta tiene como fin identificar puntos altos y bajos sobre los cuales trabajar, ya sea para potenciarlos, o para mitigarlos a través de cambios en los métodos, técnicas y herramientas utilizadas.
Lo importante de esta etapa reside en el hecho de que el uso de estrategias participativas compromete a la acción, y catalizan procesos al ser una referencia para la toma de decisiones a futuro por la misma comunidad. En ese sentido, la evaluación está enfocada en ser utilizada para continuar el proceso en lo que aquí se ha definido como la Etapa de acompañamiento posterior. Parte de su importancia reside entonces en que de ella depende la segunda parte de este proyecto, y por ende el éxito de todo el proceso.
Para la puesta en práctica de todo lo antes expuesto se necesita una serie de recursos que permitan ejecutar a total cabalidad este proyecto. Entre estas se pueden mencionar: ● Equipo de trabajo: Conformada por un coordinador(a) como encargado directo del funcionamiento del proyecto, ejerciendo el liderazgo sobre un grupo de voluntarios que apoyarán en diferentes tareas, y siendo el ligamen directo con los principales actores involucrados en el proceso. ● Materiales: recursos necesarios para la facilitación de las dinámicas propuestas, sean estas tan simples como papel y marcadores, o equipos electrónicos. Estos se gestionarán a través de TECHO y la empresa Construcciones Modulares de Costa Rica S.A., según convenio. ● Transporte: para la movilización de voluntarios y equipo de trabajo a donde el proyecto lo requiera. ● Viáticos: Recursos necesarios para la movilización de los facilitadores del proyecto por parte de TECHO. ● Alimentación: para las actividades con las familias. Como parte de una cultura de austeridad institucional se ha contemplado un presupuesto reducido para proveer de algún tipo de refrigerio al grupo de familias en las actividades. ● Lugar: espacios definidos según las actividades planteadas y las necesidades del momento, sean estas para reuniones, actividades recreativas, o las dinámicas en general propuestas. Se propone para ello conseguir de forma prestada espacios cercanos a la residencia de las familias involucradas, tales como escuelas públicas, salones comunales, iglesias, otros. ● Overhead administrativo: Recursos necesarios para dar apoyo indirecto a la gestión de este proyecto por parte de TECHO Costa Rica. ● Imprevistos: partida destinada al pago de algún rubro que no se haya contemplado adecuadamente o que sea necesario adicionar para el logro de los objetivos del proyecto ante alguna eventualidad.
Conforme a las fases de trabajo antes planteadas se propone el siguiente cronograma de trabajo para el plazo de un aĂąo, con posibilidad de ampliaciĂłn para el 2018 de acuerdo a los resultados preliminares de la evaluaciĂłn.
A partir de lo antes expuesto, es que se plantea como posible presupuesto el siguiente:
Cantidad
Costo unitario en USD
Meses
Costo total
Coordinador(a) de proyecto
1
1.200,00
12
14.400,00
Voluntarios(as) de apoyo
2
600,00
12
14.400,00
TECHO
Voluntarios(as) por actividad
12
30,00
12
4.320,00
TECHO
Materiales
1
40,00
12
480,00
Construcciones Modulares S.A.
Viรกticos
15
20,00
12
3.600,00
Construcciones Modulares S.A.
Alimentaciรณn sesiones trabajo con comunidad
4
40,00
12
1.920,00
Construcciones Modulares S.A.
Lugar
4
100,00
12
4.800,00
Imprevistos
1
200,00
12
200,00
Recursos
Total costos directos Costos administrativos indirectos (10% del proyecto)
Aportes TECHO
Aportes Construcciones Modulares S.A. Construcciones Modulares S.A.
TECHO Construcciones Modulares S.A.
44.120,00
1
4.412,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
12
4.412,00 48.532,00
23.520,00
25.012,00
Costa Rica Michelle Víquez Ramírez, Directora General Correo electrónico: michelle.viquez@techo.org Teléfono: 2234-6471