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Aspectos del Comercio Electrónico y su regulación

Ante el acelerado proceso de globalización y revolución tecnológica, resulta innegable la importancia de facilitar el comercio y la inversión. La forma de vender productos y servicios ha evolucionado de la mano con las nuevas tecnologías, y los negocios adoptan cada vez más el comercio electrónico para modernizar sus operaciones.

Desde mediados de la década de los noventa, el rápido crecimiento del comercio electrónico despertó el interés de muchos gobiernos por emitir regulaciones que permitieran abordar la protección en línea de datos y del consumidor, el fraude y otras cuestiones de competencia dentro de sus respectivas jurisdicciones. Además, se desarrollo una ley modelo sobre comercio electrónico con el objeto de establecer un conjunto base de reglas internacionalmente aceptables y encaminadas a suprimir obstáculos jurídicos1 y dar una mayor previsibilidad al comercio electrónico.

En teoría, una ley de protección al consumidor debería tener el potencial de regular casi todos los aspectos de una relación comercial en todas sus etapas, como, por ejemplo, publicidad, practicas comerciales desleales y resolución de controversias. Además, otras normativas mercantiles también regulan obligaciones contractuales de los proveedores de bienes y servicios. No obstante, en muchos casos las actividades de comercio electrónico pueden ser muy diferentes a otras transacciones. La ausencia de normas que regulen el comercio electrónico y el desconocimiento de dichas normas puede, hasta cierto grado, generar riesgos inesperados para empresas, pues podría llegar a ocasionar problemas que surjan durante la operación del negocio. Especialmente, lo relacionado con la protección del consumidor, de la privacidad de datos, y de la propiedad intelectual.

En Guatemala aún no existe una normativa vigente que regule el comercio electrónico, pero si se han producido esfuerzos multisectoriales para trabajar en una iniciativa de ley al respecto. En ese contexto, debe resaltarse que una nueva ley que regule dicho

Jorge Rodas Nexus

campo debe ser de carácter general, cuyo fin sea dotar de certeza los intercambios comerciales electrónicos, pero en especial debe estar dirigida a la protección de consumidor. En esa línea, la regulación debe estar enfocada en fomentar la certeza jurídica y más importante aún, no obstaculizar el rápido crecimiento del comercio electrónico y desarrollo de un mercado tan cambiante por las tendencias de la cuarta revolución industrial y el uso de tecnologías emergentes para la presentación de servicios y venta de bienes.

Por otro lado, es recomendable evaluar la exoneración de aranceles y eliminación de barreras a la importación mediante el servicio de currier pues esto incentivaría el establecimiento en Guatemala de entidades internacionales que se dedican al comercio electrónico transnacional. En esa línea, debe evaluarse la necesidad regular el tratamiento fiscal del comercio electrónico para normar lo que la Superintendencia de Administración Tributaria ha regulado por medio de criterios institucionales tales como el No. 2-2017 relativo al pago del IVA y el ISR en el comercio electrónico. Además, podría incluirse dentro de esta normativa una serie de reformas para mejorar el estado actual de la firma electrónica, permitiendo facilitar y promover su utilización. En lo relativo a la regulación de bases de datos, es importante que se garantice un balance proporcional entra la comercialización de datos y el respeto por el derecho a la privacidad de las personas.

Es evidente que el comercio electrónico es una herramienta que ha revolucionado los mercados de bienes y servicios a nivel global, pero ante tal disrupción puede ser necesario el surgimiento de normas generales que regulen los nuevos canales de hacer negocios. Si la discusión de una ley de comercio electrónico en Guatemala continúa avanzando, debe procurarse que la misma se estructure de tal forma que sea integral, general y sencilla, promoviendo la certeza jurídica a largo plazo en el marco del comercio electrónico nacional e internacional.

The importance of facilitating commerce and new technology is more important than ever before. With the accelerated globalization process and the technology revolution it’s imperative that we adapt. The way of selling products and services has evolved hand in hand with new technologies. Businesses adopt e-commerce and other forms of technology more frequently to update their operations.

Since the mid-1990s, the rapid growth of e-commerce has awakened the interest of many governments to issue regulations to address online data and consumer protection, fraud and other competition issues within their respective jurisdictions. Moreover, the development of a model law on e-commerce with the objective of establishing a group of internationally accepted ground rules aimed at removing legal barriers1 and making e-commerce more predictable becomes more apparent.

In theory, a law for the protection of the consumer should have the potential of regulating almost every aspect of a commercial relationship in all its stages. For example, advertisement, unfair commercial practices, and controversy resolution. In addition, other commercial rules regulate the contractual obligation of goods and service providers as well. Nevertheless, there can be several e-commerce activities, different from other transactions. The absence of rules that control e-commerce and the ignorance of said rules could, at a certain extent, generate unexpected risks for companies, since it could create problems that will arise during business operations. Specifically, that which is related to the protection of the consumer, data privacy and copyright.

There isn’t a regulation in effect in Guatemala that regulates e-commerce, but there have been multisectoral efforts to work on a bill for this regulation. In this context, it should be stressed that a new law regulating said field must be of a general nature, the purpose of which is to provide certainty in e-commercial exchanges, but in particular, it must be aimed at consumer protection. In this sense, the regulation should focus on promoting juridical certainty, and more importantly, to not block the rapid growth of e-commerce and the development of a less volatile market because of the trends of the fourth industrial revolution, and the usage of emerging technologies for the presentation of services and sale of goods.

On the other hand, its advisable to evaluate the exemption of tariffs and the elimination of import barriers through the currier service, since this would encourage the establishment of international entities engaged in transnational e-commerce in Guatemala. The need for regulating the fiscal treatment of e-commerce should be

evaluated to standardize what the Superintendency of Tax Administration has regulated through institutional criteria, such as No. 2-2017, related to the payment of a value added tax (IVA, for its Spanish acronym) and income tax (ISR, for its Spanish acronym) for e-commerce. Furthermore, this normative could include a series of reforms to improve the current state of electronic signatures, making it possible to facilitate and promote their use. In regards to the regulation of the data base. It’s important that this guarantees a proportional balance between the commercialization of the data and the respect for people’s privacy.

It’s evident that e-commerce is a tool that has revolutionized goods and services markets globally, but in face of this disruption, the emergence of general rules that regulate new business channels could be necessary. If the discussion of a law that regulates e-commerce in Guatemala continues, it should be structured in such a way that it is comprehensive, general and simple, promoting long-term success within the framework of national and international e-commerce.