Librofinal8 black by Andres Muñoz Valdivia

DAR LA CARA DARLACARA

Este libro ha sido desarrollado en la Región de Los Lagos y cuenta con el apoyo del Gobierno Regional, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional Glosa 2% Cultura 2016. Edición general: Colectivo Cataivelo Producción general y arte: Graciela Carrasco Fotogafía y diseño: Andrés Muñoz Investigación y texto: Eduardo Ocampo Apoyo: Jose Alfredo Argel, Carolina Rojas Impreso en Trama Impresores ISBN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1ª edición, 500 ejemplares. Sur de Chile, Marzo de 2017. http://cargocollective.com/cataivelo cataivelo@gmail.com +56987457502 / +56982261671

DARLACARA AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLÍTICOS DE PUERTO MONTT

Graciela Carrasco Andrés Muñoz Eduardo Ocampo

“Las palabras usadas para referirse a la muerte de los detenidos eran Moneda y Puerto Montt (...) Puerto Montt significaba morir en tierra y Moneda morir en mar.” (Declaración de ex conscripto, resolución procesamiento a trece ex agentes DINA por delitos en Villa Grimaldi, 2012)

Después de 43 años el rostro cambia, la piel sigue su diminuto pero sostenido movimiento, va cediendo, se va cuarteando, modificándose el color, hablando en su erosión milimétrica sobre las historias en las que se va dibujando el rostro, nuestra humanidad más simple, nuestra condición de seres vivientes, testigos de un tiempo y sus tiempos anteriores. Los rostros que construyen este intento de retrato colectivo, se transforman – enmarcados en el relato de nuestra historia reciente– en luminosas ventanas hacia las experiencias sobre las que se ha constituido nuestra sociedad. Este trabajo no tiene la intención academicista de crear un documento histórico, menos objetivo, sino que pretende dialogar y transmitir con los medios más concretos y directos que tenemos, desde la posibilidad de hacer, e intentar vencer, con la acción constructiva, material, la fragilidad de lo oral, y así, hacer que la historia se extienda, insista. No se puede desviar la mirada. A 43 años del inicio del proyecto de desarme de la estructura colectiva que existía en Chile antes de septiembre de 1973, por parte de agentes del Estado, esa misma entelequia que nos rige y ordena ha sido incapaz de, restituirse plenamente de la erosión ocasionada por los 17 años de Dictadura Cívico-Militar. La postergación de la justicia ha sido el modo de transcurrir (pues no podemos hablar de avance): la tramitación de los procesos, los cambios de jueces, las pérdidas de expedientes, los trámites no desarrollados y la muerte, que sigue haciendo su trabajo anulador, ya no a través de los medios militares y sus agentes; la muerte simplemente, el tiempo absoluto que nos sorprende cuando dejamos que las cosas solo transcurran. Cuántas muertes más habría que sumar a las miles consignadas en las parciales ventanas de reconocimiento oficial, que el Estado montó como procedimiento de cristalización de una verdad que insiste permanentemente, en ser complementada, atendiendo a las incontables negligencias que oscurecieron este proceso y que hoy siguen rebasando las fronteras de plazos, documentos y comisiones, debido a su grosera acumulación y postergación. No sólo han muerto las víctimas de esta tala sangrienta, van muriendo también los responsables, exculpados a partir de pactos ciegos. Muere con ellos la información final, el lugar, el destino, la forma. Mueren los testigos, los compañeros que vieron por última vez, los que escucharon, los que dieron

el recado. Muere la abuela, el padre, la mujer, el hijo, quienes han visto transformar sus caminares en fajos de papeles clasificados que van y vienen, amarillándose en la burocracia legal de un sistema confundido, encajonado, acorralado por sí mismo. Mientras el tiempo hizo que las preguntas persistentes se fueran ilustrando con las fotografía que lograron sortear su erosión (¿dónde está? ¿dónde están?), los culpables se transformaron en el recorte de una silueta a contraluz, una mancha tras la venda, un estruendo en el cuerpo, un escalofrío en la espalda. El mismo Estado, que ejerce, que ejecuta, que dicta y exculpa, se vuelve la imagen de un ente inabordable; aquel que pulveriza la posibilidad de ver actuar en el rostro del ser querido el paso del tiempo en su tiempo; de ver los pliegues construirse, las arrugas dibujarse y ensancharse la mirada con lo visto acumulado, es un rostro sin detalles, sin rasgos que lo identifiquen, des-carado, informe. El agente, el responsable se expresa como un individuo amorfo, no identificable, difuminado en esa hora de suspensión que quiebra la continuidad del ciclo natural. Ahí, en el momento en que se constituye la sombra, la que irrumpía en las noches de allanamiento, la que oscurecía los calabozos, las fosas comunes, los ataúdes sellados. La que oculta la prueba en un cardex de juzgado, la que silencia el testimonio decidor, la que va enmoheciendo la infraestructura abandonada, o haciendo que se desvanezcan los secretos perdidos en la lejanía de un camino rural, de un monte, de un abismo, de un mar. ¿Puerto Montt o Moneda?... En que negra analogía nos vinimos a encontrar. Es profundo el negro de este proceso histórico, denso, difícil de abordar. Por eso el sentido de desafiar la sombra del tiempo en un retrato, de buscar la luz para dar con la forma y lograr increpar a aquella negra silueta indolente desde el estar, desde el poder ser y persistir en esta existencia majadera. El rostro es claro, tiene mucho que decir de lo que vamos construyendo y lo que va desmoronándose, de la herencia que recibimos y lo que podríamos dejar, y va contando sin necesidad de hilar palabra, en el brillo, en la rugosidad, en el pliegue, en los ojos que pueden mirar sin temores ni culpas, aquello que hubo de ser, para hoy día, con la tranquila claridad de seguir persistiendo en la vida, poder DAR LA CARA. Puerto Montt, otoño de 2017.

l rostro, aunque sea en silencio, habla, susurra, incluso grita. Da cuenta del peso de la vida, de sus alegrías y tristezas, de sus dichas y miserias. Los ojos dicen de las profundidades humanas, de lo que

se atesora en el alma, de las historias, las heridas aún abiertas, las batallas ganadas, la convicción y la determinación. Sus pliegues expresan el trabajo, los años, el cansancio, las risas. La memoria es un espacio contradictorio, donde conviven lo mejor y lo peor de las experiencias vitales, y selectivo, en tanto releva y posterga dichas experiencias conforme a las valoraciones personales, a la densidad de los momentos y a su significación presente. Así también es la memoria histórica de los pueblos y el tratamiento que reciben sus luchas y conquistas sociales, sus derrotas y traumas. Y por esto, es temida por los impulsores de las violaciones a los derechos humanos, las injusticias y desigualdades de distinto tipo, pues puede ser una herramienta poderosa para su cuestionamiento y superación por medio del esfuerzo colectivo de las mayorías. En este sentido, los rostros se vuelven testimonio, y se transmutan, desde imágenes identificadoras a representaciones de la memoria, especialmente de la memoria colectiva. Más cuando nos aproximamos a acontecimientos tan dramáticos como aquellos vinculados al ejercicio del Terrorismo de Estado en Chile, en el marco de un contexto político continental que tomó forma de coordinación en el “Plan Cóndor”, el cual se impuso, de manera sistemática, profesional e

María Ana Marilicán, madre de José René Argel Marilicán, 33 años, ejecutado el 18 de octubre de 1973 por efectivos de Carabineros, en el camino entre Puerto Montt y Pelluco.

institucional, a través de efectivos de los organismos de inteligencia de las policías y las Fuerzas Armadas, por medio de prácticas como el secuestro, las torturas, la prisión política, y las ejecuciones, desde el 11 de septiembre de 1973, hasta el término de la Dictadura Cívico-Militar, presidida por Augusto Pinochet, en 1990. Esta práctica fue extensiva a todo el territorio nacional, incluyendo la actual Región de los Lagos, hasta donde se amplió la mano criminal de las estructuras represivas, cobrando como víctimas a mujeres y hombres; ex autoridades, dirigentes sociales y políticos, jóvenes militantes, trabajadores urbanos y rurales e incluso personas que no tenían relación alguna con actividades políticas, violentadas por el mero abuso de poder o el revanchismo personal. Este territorio ya conocía el luto por crímenes de agentes del Estado contra los sectores populares. Así fue el 9 de marzo de 1969, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, en el desalojo de la toma de Pampa Irigoin, Puerto Montt, organizada por pobladores que luchaban “por el derecho de un suelo para vivir” (como cantara Víctor Jara en “Preguntas por Puerto Montt”). Hechos en los que resultaron muertas 10 personas por la acción de Carabineros, entre ellas un bebé de sólo 9 meses. Desde su creación, la fotografía ha sido uno de los principales medios de los que la sociedad moderna se ha valido para el resguardo de su pasado, para intentar cristalizar en una imagen el presente que permanentemente se escapa. La fotografía es un instrumento de memoria; el retrato fotográfico nos permite identificar, reconocer, asociar, interpretar estados y momentos; y se convirtió en una de las herramientas más importantes para dar cuenta de quienes fueron víctimas de la Dictadura, para que se activaran formalmente los procesos de denuncia y búsqueda por parte de sus familiares y para persistir en la exigencia de respuestas ante los cuarteles, ministerios, juzgados, cortes. La mujer con la fotografía del desaparecido

pendiendo del pecho, es una de las imágenes más representativas de este periodo, pero existen cientos de ejecutados y desaparecidos que nunca pudieron ser fotografiados y cuya imagen se perdió para siempre junto a sus cuerpos, intensificando aún más el vacío de esa ausencia forzada. En este caso de este libro, el retrato fotográfico es un instrumento que tiene una finalidad doble: nos permite un acercamiento íntimo a las texturas y relieves humanos que dan cuenta de una historia acumulada y nos ayudan a la reconstrucción de parcelas de la memoria regional, asociadas al Terrorismo de Estado, que por años se han mantenido silenciadas por la omisión o el olvido. Los retratos que pueden verse en estas páginas representan a aquellas y aquellos que siguen luchando hoy, después de 43 años, por toda la verdad y toda la justicia, o quienes, sencillamente, han sabido sobrevivir, a pesar de los embates de la crueldad que se instaló en Chile a partir de ese 11 de septiembre. No pretendemos construir un catastro general, más bien proponemos una panorámica que nos permita reconocer e identificar algunos elementos centrales de nuestra historia local y los casos más emblemáticos que hemos podido recoger, de las violaciones a los derechos humanos perpetradas en nuestra región. Es un trabajo que comenzó en 2013, cuando desarrollamos los primeros retratos y diálogos, a cuarenta años del Golpe, y que hoy podemos materializar, con profunda admiración y respeto por ellas y ellos, para ponerlo a disposición de quienes consideran que la memoria histórica de los pueblos es un valor fundamental, que debe ser protegido, difundido y exaltado, Para que Nunca Más en Chile, por Toda la Verdad y Toda la Justicia.

PANORÁMICA APROXIMATIVA A LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REGIÓN

La Región de los Lagos es una de las quince regiones que conforman la estructura político-administrativa de Chile. Está conformada por las provincias de Llanquihue, Osorno, Chiloé y Palena y por 30 comunas. Su capital es la ciudad de Puerto Montt, ciudad fundada el 12 de febrero de 1853. La región fue creada en 1974 mediante el Decreto de Ley N° 575, en el marco del proceso de regionalización impulsado por la Dictadura CívicoMilitar, comprendiendo las provincias de Llanquihue, Osorno, Chiloé, Palena, además de Valdivia (cabe señalar que el 2 de octubre del 2007, la provincia de Valdivia se segregó de la Región de los Lagos, y pasó a convertirse en Región, con capital en la comuna de Valdivia). Según el Instituto Nacional de Estadísticas, su población estimada al 2015 es de 841.123 habitantes, de la cual 423.107 son hombres y 418.016 son mujeres. Es la quinta región con más superficie (48.583,6 km2) y representa el 6,4% del territorio nacional, siendo la segunda región con mayor cantidad de entidades rurales. Desde el 11 de septiembre de 1973, las provincias de Valdivia y Osorno quedaron bajo dependencia del Ejército, siendo designados en cada una, un Jefe de Zona en Estado de Sitio. A su vez, las provincias de Llanquihue y Chiloé, quedaron bajo el mando de un Comandante de la Fuerza Aérea. Una vez perpetrado el golpe de Estado, las Fuerzas Armadas asumieron el control del poder en la región, sin mayor oposición o resistencia, esto a pesar de las amplias redes del derrocado gobierno y de los partidos políticos que le dieron sustento, construidas en largos años de movilización y organización social. En el caso del movimiento campesino de la zona, que fue parte de una intensa disputa por la propiedad de la tierra en el marco de la profundización de la Reforma Agraria, fue rápidamente golpeado por la Dictadura, siendo uno de los sectores en los que se generó mayor concentración de violacio-

nes de derechos humanos, según da cuenta el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocido como Informe Rettig (instancia presidida por el abogado y político Raúl Rettig Guissen). En la Región de Los Lagos fueron principalmente efectivos del Ejército y de Carabineros quienes participaron de atentados contra los derechos humanos. La Comisión Rettig tomó conocimiento de 128 casos, en los que se formó la convicción en que estuvo comprometida la responsabilidad del Estado a través de la participación de sus agentes o personal civil a su servicio. Las víctimas fueron en su mayoría dirigentes campesinos, políticos o sociales. Entre las autoridades y dirigentes que mueren o desaparecen por acción de agentes del Estado, se pueden mencionar: a un Diputado por Puerto Montt; al Gobernador de La Unión; a un Regidor y dos ex-Regidores de Entre Lagos; un Regidor de Río Negro; el Presidente del Centro de Alumnos del Liceo de Hombres de Osorno; el Director Provincial de Educación de Osorno. También se producen, especialmente en Valdivia y Osorno, la muerte o desaparición de dirigentes de diferentes sindicatos o federaciones campesinas. En Puerto Montt, además de la ejecución de dirigentes políticos o sociales, se dio muerte a un importante y significativo número de personas sin militancia ni actividad política. Tanto en las provincias de Llanquihue como en la de Chiloé, bajo autoridad de la Fuerza Aérea, las muertes se explicaron oficialmente como ejecuciones en virtud de leyes de fuga o intento de agresión a efectivos militares o de Carabineros. Bajo esta explicación se dio muerte a un Diputado del Partido Socialista y a un Dirigente campesino, como asimismo, a un Jefe del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) de Quellón. Para los fines del presente trabajo, profundizaremos en la experiencia de las violaciones a los derechos humanos en la Región de los Lagos, a través de algunos casos emblemáticos acontecidos en territorios que corresponden hoy a las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena.

LA INSTALACIÓN DE LA DICTADURA EN LA REGIÓN Y EL EJERCICIO DEL TERRORISMO DE ESTADO

Derrocado el Gobierno de Salvador Allende por la acción de las Fuerzas Armadas y Carabineros, la Junta de Gobierno extrapoló desde su estructura interna la instauración de los “Comandos de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior”, “CAJSI”, los que fueron emplazados en las ciudades capitales de provincia, conformados por los comandantes de las distintas unidades de las Fuerzas Armadas y de Orden, liderados por el oficial de mayor antigüedad, siendo esa persona la que ocupaba el cargo de Jefe de Zona en Estado de Sitio, constituyéndose así en la máxima autoridad. Dentro de sus funciones se encontraban la administración y seguridad interior del territorio bajo su jurisdicción, lo que implicó dictar bandos, ordenar investigaciones, allanamientos, detenciones, detectar áreas de conflicto, coordinar patrullajes y diligencias operativas con participación de integrantes de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas. Tomaban decisiones

planificaban

cuestiones

inteligencia,

logística,

operaciones y administrativas. A partir del 11 de septiembre de 1973, las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena quedaron bajo la jurisdicción del CAJSI asentado en la ciudad de Puerto Montt, que operó en dependencias del edificio de la Intendencia (actual Gobernación Provincial), ubicado en calle San Martín, frente a la Plaza de Armas. Los Oficiales que conformaron el CAJSI Puerto Montt, con jurisdicción en las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena, fueron los siguientes: •

General de Brigada Sergio Leigh Guzmán (hermano del General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea e integrante de la Junta Militar Gustavo Leigh Guzmán), en representación de la Fuerza

Aérea, Comandante de la Tercera Brigada Aérea y Ala Nº5 (Base Aérea El Tepual), ostentaba el cargo de Jefe de Zona en Estado de sitio y Comandante del CAJSI; •

Coronel Rubén Rojas Román, en representación del Ejército; Comandante del Regimiento de Infantería Nº 12 “Sangra” de Puerto Montt;

•

Capitán de Fragata Osvaldo Schwarzenberg Stegmaier, en representación de la Armada, Comandante de la Estación Naval y Gobernador Marítimo de Puerto Montt;

•

Teniente Coronel Eduardo Partarrieu Navarrete, en representación de Carabineros, Prefecto de Llanquihue;

•

Prefecto Francisco Hormazábal Rojas, en representación de la Policía de Investigaciones de Chile, Prefecto de Puerto Montt.

Con la finalidad de transmitir las instrucciones y directrices del General Sergio Leigh Guzmán, como Jefe de Zona en Estado de Sitio y Comandante del CAJSI, se estableció un oficial de enlace con cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden existentes en el territorio bajo su mando. Igual que el resto de los organismos a nivel nacional, el CAJSI de Puerto Montt, se sirvió, además de su propia inteligencia, de las unidades de las diversas instituciones armadas regionales. Para ese efecto se creó el Centro o Servicio de Inteligencia Regional (CIRE o SIRE), órgano operativo del CAJSI, que, después del 11 de septiembre de 1973, estuvo a cargo del Mayor de Carabineros Caupolicán Arcos Albarracin y del Capitán de Ejército Eugenio Covarrubias Valenzuela, el Capitán de Ejército Ricardo Pfaff Mococain, el Teniente de Carabineros Gerardo Aravena Longa, entre otros oficiales.

El CIRE o SIRE, funcionaba en oficinas del segundo piso del edificio de la Intendencia, a las cuales se accedía por calle Antonio Varas. En tanto, en el cuartel de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt también tenía una oficina, ubicada en el primer piso, que se utilizaba como sala de interrogatorio de detenidos. Posteriormente, en 1974, el SIRE también tuvo como dependencia para su funcionamiento, una casa ubicada en la población Antonio Varas. Inmediatamente después de asumir las Fuerzas Armadas y Carabineros el control de las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena, fueron convocadas personas que tenían responsabilidades políticas y administrativas durante el gobierno de Salvador Allende, a presentarse en el Regimiento Sangra, ubicado en aquella época en el vértice formado por las calles Ejército y Regimiento. Así, el General Sergio Leigh Guzmán, emitió el Bando N° 3 el 11 de septiembre de 1973, esto es, el mismo día en que asumió el poder, en cuyo numeral 2 señala: “Se invita a los siguientes ciudadanos a entregarse al Regimiento Sangra, antes de las 19:00 horas, de lo contrario se procederá en su contra: Luis Espinoza Villalobos; Manfredo Riesco; Erardo Garcés; Sixto Reyes; Félix Verbeken; Rubén Lara; Alex Jiménez y Juan Leonhardt”. Este fue el inicio de la actividad represiva de la Dictadura Cívico-Militar, específicamente, en la Provincia de Llanquihue. Para poder acotar bien los alcances de esta investigación y el contexto de los casos que serán abordados, es necesario consignar que la Provincia de Llanquihue, es una de las cuatro provincias que actualmente conforman la Región de los Lagos. Está compuesta por 9 comunas, entre ellas la capital regional, Puerto Montt y una superficie equivalente a 14.777 km2. Su población estimada al 2015 es de 404.017 habitantes, de la cual 204.611 son hombres y 199.406 son mujeres.

CUARTEL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE PUERTO MONTT

Efectivos de las Fuerzas Armadas, en algunos casos con orden emanada de la Fiscalía Militar en tiempos de guerra y en otros sin orden alguna, detuvieron a cientos de personas en los días que siguieron al Golpe, siendo trasladadas al Regimiento Sangra. Pero después, a medida que las detenciones aumentaban, eran ingresadas directamente a los calabozos del cuartel de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt, ubicado en la intersección de calle Serena y Egaña, en pleno centro de la capital regional. En estas dependencias, los detenidos fueron sometidos a violentos interrogatorios por miembros de las Fuerzas Armadas, asistidos logísticamente por oficiales que desempeñaban funciones de inteligencia al interior del CAJSI, entre otros, el Capitán de Ejército, Eugenio Covarrubias Valenzuela, el Teniente de Carabineros Oscar Tapia Galleguillos y el Inspector de la Policía de Investigaciones, Roberto Díaz. Las sistemáticas agresiones y tormentos a las que fueron sometidos los hombres y mujeres que pasaron por este lugar, permiten identificar a este cuartel como uno de los miles de centros de detención política y tortura utilizados por la Dictadura, convirtiéndolo en el recinto más emblemático del ejercicio del Terrorismo de Estado en la Región de los Lagos. Esta situación se extendió desde el 11 de septiembre de 1973 y se mantuvo mientras permaneció en Puerto Montt como Jefe de Plaza el General Sergio Leigh Guzmán, comenzando a decaer al asumir su reemplazante, el general de la misma rama, Juan Soler Manfredini. Múltiples testimonios de víctimas que pasaron por el Cuartel de la PDI, que acreditan la aplicación de vejámenes de diversa índole en el recinto, han permitido que sean sometidos a proceso Eugenio Covarrubias Valenzuela; Carlos Segundo Tapia Galleguillos y Roberto Javier Díaz Moya, en calidad de autores de los delitos de secuestro, detención ilegal y aplicación de tormentos.

LAS EJECUCIONES DEL ASENTAMIENTO EL TORO

Pasadas las 6 am. de la mañana del jueves 20 de septiembre de 1973, un contingente integrado por más de 200 efectivos del Regimiento “Sangra” del Ejército, de la Fuerza Aérea, Carabineros y civiles armados, allanó el Asentamiento El Toro (estructura transitoria para la reorganización de la propiedad de la tierra) ubicado a 13 kilómetros de la localidad de Fresia. Un grupo de los asentados, entre ellos cuatro militantes y un simpatizante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y un militante del Partido Socialista (PS), fueron detenidos, torturados y juzgados por un Consejo de Guerra que, desde el momento de sus detenciones, ya contaban con el veredicto de la pena capital. Tras su detención, fueron obligados a mantenerse en el suelo durante más de 9 horas, si se movían eran castigados con golpes y caminaban constantemente sobre sus cuerpos. Otros fueron maniatados a los árboles y brutalmente golpeados con los fusiles. Ese fue el caso de Oscar Arismendi, quien fue amarrado y con el objeto de amedrentarlo, le dispararon muy cerca de la cabeza, provocándole una hemorragia. Las víctimas estuvieron en la zona de El Toro desde las 6 am, hasta aproximadamente las 5 pm del 20 de septiembre, momento en que fueron llevados al Regimiento Sangra de Puerto Montt. Aparentemente, según consignan los relatos de testigos, fueron trasladados en helicóptero. Durante este viaje, Oscar Arismendi habría sido colgado de la aeronave, rozando con su cuerpo los árboles de los bosques que sobrevolaban.

Al llegar al Regimiento Sangra, fueron interrogados y torturados por sus captores, junto a otros agentes del Servicio de Inteligencia Militar (SIM); posteriormente se dirigieron al Cuartel de Investigaciones de Puerto Montt, donde también sufrieron tormentos; y finalmente a la Cárcel de Chin-Chin, lugar en que estuvieron detenidos la mayor parte del tiempo en celdas de incomunicación. El teniente René Isidro Villarroel Sobarzo, apodado “Juan Metralla”, fue durante la detención y la reclusión de las víctimas, uno de los más violentos torturadores, y su nombre se repite de manera insistente, en declaraciones de sobrevivientes y testigos, en distintas violaciones a los derechos humanos de la zona. En el informe del 22 de septiembre de 1973 entregado por el Capitán de Ejército, Esteban Covarrubias Valenzuela, al jefe de la zona en Estado de Sitio, Sergio Leigh Guzmán, se indica que tras capturar a los “guerrilleros”, se incautaron armas y explosivos. El fin de los detenidos, según señala el capitán, era “preparar un asalto a la Tenencia de Fresia para aniquilar al personal, apoderarse del armamento, y asesinar al teniente de Carabineros René Villarroel Sobarzo”, “Juan Metralla”. Jorge Segundo Ovando Agüero, quien fuera detenido junto con las víctimas y llevado a prisión, declaró ante el tribunal el día 8 de enero de 2012 que “en el lugar de la detención, los soldados montaron la escena e hicieron aparecer armas”, lo que permitía condenarlos a la pena de muerte, como habría sido la orden del general Leigh. Respecto de las armas que sirvieron como medios de prueba, señala el testigo que estas fueron bajadas desde un helicóptero que aterrizó cerca del galpón, desde donde descendieron soldados, los que extendieron una gran carpa de color verde en el suelo y, sobre ella, colocaron armamento del Ejército, haciendo parecer que eran armas incautadas en el asentamiento.

En 1971, durante el gobierno de Salvador Allende y en el marco de la profundización de la Reforma Agraria, campesinos se tomaron el fundo El Toro; pero no fue hasta 1972 que la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) inició el proceso de expropiación de la zona, con el fin de incentivar la colectivización y aumento de la productibilidad agrícola y la educación popular, dirigida principalmente, a los asentados que no habían terminado su educación primaria. Apenas se produjo el golpe de Estado, la Junta Militar dictó el Decreto Ley N°5, declarando Estado de Sitio por conmoción interna, lo que debía entenderse como “estado o tiempo de guerra”. A raíz de esto, comenzaron a operar “los Tribunales Militares en Tiempo de Guerra”. Quienes eran acusados a través de estos Consejos de Guerra, no tenían las mismas garantías y derechos –ni de defensa, ni de apelación–, que en los tribunales militares en tiempo de paz, de acuerdo a lo establecido en el Código de Justicia Militar de la época y la forma en que se llevaron a cabo los procesos. El día 11 de octubre de 1973, dictó sentencia el Consejo de Guerra Nº 11-73, firmado por el Fiscal Militar en Tiempos de Guerra Eduardo Bravo Elgueta, e integrado por los fiscales militares ad-hoc: Coronel Rubén Rojas, Comandante de Grupo Renato Valenzuela, Teniente Coronel Eduardo Partarrieu, Capitán de Fragata Osvaldo Schwarzenberg, Mayor Patricio Lira, y Comandante de Escuadrilla Fernando Roca, condenando a muerte a los 6 asentados. Se les acusó de formar parte de un grupo armado que tenía por objeto atacar retenes de carabineros en el sector de Fresia y otros sectores rurales. El 18 de octubre la sentencia es confirmada por el Jefe de Plaza Sergio Leigh Guzmán, siendo anunciada en el Bando Militar Nº 146. Ese día, un día antes de su fusilamiento, algunos de los detenidos recibieron visitas, entre las que se encontraba el Sacerdote Jesuita Leonel Ibacache, Capellán de la FACH, quien señaló que los detenidos se encontraban en pésimas condiciones.

Edi Rodrigues, Esposa de Mario Cesar Torres Velásquez, 33 años, linotipista, simpatizante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); ejecutado el 19 de octubre de 1973, en la Base Aérea de Chamiza.

Marianella Felmer, hermana de José Luis Felmer Klenner, 20 años, estudiante de Agronomía y Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); ejecutado el 19 de octubre de 1973, en la Base Aérea de Chamiza.

A las 7 am. del 19 de octubre, en las dependencias de la Fuerza Aérea de Chile en Chamiza (a 11 km. de Puerto Montt), fueron ejecutados por orden del Consejo de Guerra de la Fiscalía Militar en Tiempos de Guerra: José Cárcamo Garay (26), técnico agrícola y militante del MIR; José Luis Felmer Klenner (20), estudiante de Agronomía y militante del MIR; Mario Torres Velásquez (33), linotipista, simpatizante del MIR; Francisco Avendaño Bórquez (20), profesor normalista y militante del MIR; José Barría Barría (23), obrero agrícola y militante del MIR y el dirigente del Sindicato Campesino del Asentamiento El Toro y militante del Partido Socialista Óscar Arismendi Medina (46). Todos integrantes del Asentamiento Campesino El Toro. Una de las declaraciones significativas fue la del Médico Juan Carlos Herrera Poloni, quien asistió a las ejecuciones de las 6 víctimas. En ella describe que: “Llegó un grupo de soldados de la Fuerza Aérea a mi domicilio a buscarme para trasladarme en un vehículo hasta Chamiza (…) Allí se encontraban 5 o 6 hombres a los que sentaron en sendos banquillos separados a un metro más o menos el uno del otro, con las manos atadas a la espalda, sujetos a respectivos postes, con cuerdas que rodeaban la cintura y cuello de cada uno, todos con los ojos vendados y con un disco en el pecho, (…), a uno de ellos lo sentaron con mucha dificultad porque se quejaba. Frente a cada uno de ellos, un pelotón integrado por, me parece, 6 hombres fusileros (…)

Víctor Hugo Cárcamo, hermano de José Mario Cárcamo Garay, 26 años, técnico agrícola y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); ejecutado el 19 de octubre de 1973, en la Base Aérea de Chamiza.

Miriam Arismendi, hija de Oscar Arismendi Medina, 46 aĂąos, Presidente del Sindicato Campesino del Asentamiento El Toro y militante del Partido Socialista; ejecutado el 19 de octubre de 1973, en la Base AĂŠrea de Chamiza.

Ocurrido esto, a Morales y a mí nos correspondió constatar la muerte de cada uno de los fusilados, lo que verificamos. Ello determinó que no fuese necesario tiro de gracia”. Las víctimas, de acuerdo al certificado de defunción de la época, fallecieron por “múltiples heridas a bala torácicas”, y fueron enterradas en una fosa común del cementerio municipal de Puerto Montt. El abogado defensor de los detenidos Hugo Ocampo Paniagua, no pudo entrevistarse con los reos ya que se encontraban incomunicados, y según las declaraciones de este, en fojas 572 del expediente con fecha 24 de agosto de 2010, señaló “Creo que en este caso, existió una preconcebida determinación de aparentar un proceso normal, sin otorgar a los procesados una efectiva y real oportunidad de defensa, no obstante la gravedad de las penas propuestas”. Con fecha 23 de septiembre de 1973, fueron citados a prestar declaración efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Entre ellos, René Isidoro Villarroel Sobarzo, “Juan Metralla”, quien declaró en el Consejo de Guerra, reconociendo su participación en el allanamiento del Asentamiento El Toro, junto a otros efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros dirigidos por el Capitán Covarrubias, denunciando a los “extremistas” y la existencia de supuestos planes inmediatos en contra de él, su familia y de altos mandos de las Fuerzas Armadas. Señala además, que el Teniente Concha encontró una caja con supuestas granadas, la que finalmente estaba vacía, además, afirma que había municiones. “Juan Metralla” se desdice de estas declaraciones el 6 de junio del 2012,

en dependencias de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, cuando sostiene que “la declaración de fojas 23 del Consejo de Guerra él nunca la prestó, pues además declara que el lenguaje no le es propio”. En relación a su participación en el operativo realizado en El Toro, el ex ministro Leopoldo Vera Muñoz lo sometió a proceso y a prisión preventiva en febrero del 2016, junto al carabinero José Arnoldo Ule Guinea y al Capitán de Ejército Eugenio Covarrubias Valenzuela, por los delitos de secuestro, detención ilegal y aplicación de tormentos de los seis ejecutados. Sin embargo, el 24 de agosto de 2016, Villarroel Sobrazo y Ule Guinea, sólo exceptuando a Covarrubias Valenzuela, que cumple condena en Punta Peuco por otros casos, salieron en libertad bajo fianza, mientras continúa abierto el proceso de la investigación. Cabe destacar que las causas que involucran a “Juan Metralla” en casos de violaciones a los derechos humanos en Fresia son múltiples. En 2014 fue condenado a cumplir la pena de 3 años y un día por la aplicación de tormentos a siete detenidos en la Tenencia de Carabineros en Fresia en septiembre de 1973. Además, ha sido procesado por las muertes del dirigente campesino Abraham Oliva y el ex diputado del Partido Socialista Luis Espinoza.

Oreste Nicomedes Mora Avendaño, primo de Francisco Avendaño Bórquez, 20 años, profesor normalista y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); ejecutado el 19 de octubre de 1973, en la Base Aérea de Chamiza.

LOS ASESINATOS DEL DIPUTADO LUIS ESPINOZA Y EL DIRIGENTE ABRAHAM OLIVA

El 2 de diciembre de 1973, en Frutillar, fueron asesinados por personal de Carabineros y de la Fuerza Aérea, Luis Uberlindo Espinoza Villalobos (33), Diputado de la República por la Agrupación Departamental Llanquihue, Maullín, Calbuco y Puerto Varas, ex Regidor de Fresia (19671969) y Abraham Oliva Espinoza, dirigente campesino del Asentamiento Los Pabilos, ambos, militantes del Partido Socialista. Según la versión oficial entregada por el Jefe de Zona en Estado de Sitio de la Provincia de Llanquihue y Chiloé, se informa que alrededor de las 3:20 horas de la madrugada del 2 de diciembre de 1973, en la Ruta 5, al norte de Frutillar “fue atacado con armas de fuego un vehículo militar que cumplía la misión de trasladar reos a la Cárcel de Valdivia. Al repeler la acción la patrulla, trató de fugarse un reo aprovechándose de la confusión y la oscuridad. La patrulla usó de sus armas de fuego, falleciendo instantáneamente Luis Espinoza Villalobos y uno de los atacantes identificado como Abraham Oliva. El resto de los atacantes huyó en la oscuridad frente a la acción de la patrulla.” El ex diputado Espinoza se encontraba procesado antes del 11 de septiembre de 1973 por la Justicia ordinaria acusado del delito de desacato. Entre el 26 y 27 de septiembre fue trasladado por órdenes militares al Regimiento de Puerto Montt y mantenido incomunicado. Abraham Oliva Espinoza, quien, según la versión oficial, cumplió la función de rescate de Luis Espinoza, había sido detenido y liberado con orden de firmar diariamente en la Tenencia de Fresia, lo que hizo el día de los hechos, siendo retenido en el lugar hasta la hora del toque de queda. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación se formó convicción de que la muerte de Espinoza y Oliva no correspondió a un intento de fuga, sino a una ejecución, constituyendo una violación de los derechos humanos.

María Marta Sandoval Altamirano, esposa de Luis Espinoza Villalobos, 33 años, Diputado de la República por la Agrupación Departamental Llanquihue, Maullín, Calbuco y Puerto Varas, militante del Partido Socialista, ejecutado el 2 de diciembre de 1973, cerca de Frutillar, por personal de Carabineros y de la Fuerza Aérea de Chile.

Patricio Oliva , hijo de Abraham Oliva Espinoza, 41 aĂąos, dirigente campesino y militante del Partido Socialista, ejecutado el 02 de diciembre de cerca de Frutillar, por personal de Carabineros y de la Fuerza AĂŠrea de Chile.

ASESINATOS SIN MILITANCIA. LAS EJECUCIONES DE PELLUCO, LINTZ Y EL CASO ALTAMIRANO

LOS EJECUTADOS DE PELLUCO El 18 de octubre de 1973, fueron ejecutados por efectivos de Carabineros en el camino entre Puerto Montt y Pelluco: José René Argel Marilican (33); Adolfo Omar Arismendi Pérez (19), estudiante; Dagoberto Segundo Cárcamo Navarro (20), obrero; Carlos Mansilla Coñuecar (20), boxeador; Jorge Melipillan Aros (40) y José Armando Ñancuman Maldonado (20), obrero. Ninguno de ellos pertenecía a organizaciones políticas. La versión oficial del Jefe de Zona en Estado de Sitio de la Provincia de Llanquihue y Chiloé, señala que una patrulla de Carabineros habría sorprendido, en el camino entre Puerto Montt y el balneario de Pelluco, a seis personas “quienes al intimárseles detención, no obedecieron la orden y por el contrario trataron de agredir al personal policial, al tiempo que lo injuriaban y amenazaban. Por tal motivo, y acorde con las disposiciones vigentes, dichos individuos, cuyos nombres han sido dados a la publicidad, fueron eliminados en el mismo lugar. Posteriormente se constató que la totalidad de éstos eran delincuentes habituales con nutrido prontuario penal”. Según un médico legalista del Hospital de Puerto Montt, los cuerpos llegaron por medio de la Fiscalía Militar y no se les realizó autopsia por el alto nivel de maltrato que presentaban, ya que habían sido ametrallados. Declara que “(…) alrededor de las 10 de la mañana llegaron 6 cadáveres correspondientes a hombres de mediana edad y con vestimenta normal de la época que presentaban sus cuerpos acribillados a balazos con tal grado de deformidad y daños corporales que era imposibles practicarles autopsia, razón por la cual esta no se hizo, limitándome a certificar como causa de la muerte con la inspección externa, muerte producto de heridas a bala. Según la documentación que se me exhibió se trataba de delincuentes comunes, algunos trasladados desde otras cárceles, respecto de quienes se dijo habían tratado de huir, lo que generó dudas a la gente”. Un testigo presencial de los hechos señaló que “(…) en un momento vimos unas luces y luego nos percatamos que frente al lugar donde estábamos a unos 80 metros de distancia, se estacionaron dos vehículos de Carabineros pintados de color blanco y negro, los cuales se detuvieron con las luces encendidas y desde el interior se bajaron entre 8 y 10 Carabineros, vestidos de

uniforme, quienes bajaron desde los vehículos a 6 personas que al parecer se encontraban detenidas, quienes me llamaron la atención, porque no caminaban ya que estaban envueltos en sacos de harina y amarrados, por ello fueron bajados entre 2 funcionarios. En un momento pusieron en fila de 6 personas y desde el sector como viniendo de Pelluco hacia el centro de la ciudad, llegó una camioneta blanca, la que se detuvo a cierta distancia y desde su interior, se bajaron varios Carabineros de uniforme y uno de ellos, quien andaba sin gorra y al parecer era quien estaba a cargo, con una metralleta, comenzó a dispararle a las personas cayendo todas al suelo. Luego de este hecho, una vez que estaban en el suelo, entre todos comenzaron a patearlos y luego los fueron tirando como sacos de papa, al interior de los dos vehículos policiales, los cuales se dieron vuelta y regresaron en dirección a la ciudad”. A pesar de ser presentadas las muertes como consecuencia de un supuesto intento de agresión a los efectivos de Carabineros, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación se formó convicción de que en el caso existió una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado, quienes ejecutaron ilegalmente a las víctimas. Esto en consideración a que se pudo verificar que varias de ellas estaban previamente detenidas en la Tenencia Antonio Varas de Puerto Montt; que las víctimas se encontraban desarmadas y bajo vigilancia militar en horas de toque de queda; y de la existencia de múltiples testimonios que confirman que no se trató de la respuesta a una agresión por parte de las 6 víctimas a efectivos de Carabineros sino de una ejecución perpetrada por estos últimos. Crímenes por los que ha sido sometido a proceso: Isidoro Miguel Azócar Andrade, funcionario de Carabineros en retiro, en su calidad de cómplice del delito de homicidio calificado, quien integró la patrulla de la Segunda Comisaría que actuó bajo las órdenes del Capitán Miguel Onofre y ejecutó a las 6 víctimas. Respecto de los demás integrantes de la patrulla, que habrían participado de los hechos, fallecieron durante la tramitación del proceso.

José Alfredo Argel, hermano de José René Argel Marilicán, 33 años, ejecutado el 18 de octubre de 1973 por efectivos de Carabineros, en el camino entre Puerto Montt y Pelluco.

Juana Mansilla Coñuecar, hermana de Carlos Mansilla Coñuecar, 20 años, boxeador, sin militancia, ejecutado el 18 de octubre de 1973, por efectivos de Carabineros, en el camino entre Puerto Montt y Pelluco.

LOS DEPORTISTAS DE LINTZ En la madrugada del 1 de febrero de 1974, entre las 1:30 y 3:30 am., en la población Lintz de Puerto Montt, fueron allanados, detenidos, torturados y acribillados por una patrulla de 7 efectivos de la Fuerza Aérea de Chile, los futbolistas amateur: Pedro Antonio Bahamonde Rogel (24); José Santiago Soto Muñoz (23); Héctor Hugo Maldonado Ulloa (26) y José Hernán Mañao Ampuero (22). Acontecimientos motivados por la venganza de efectivos de la Fuerza Aérea, quienes habrían denunciado a las 4 víctimas y pedido una patrulla para salir en su búsqueda por un presunto asalto, tras haberse enfrentado en una riña en un bar del sector horas antes. Cabe destacar que ninguna de las víctimas era militante de algún partido político. El 31 de enero Pedro Bahamonde, José Soto, Héctor Maldonado y José Mañao fueron a jugar fútbol en la población Pichi Pelluco y al regreso pasaron a un restaurant de la población Lintz a tomar Chicha. Es en este lugar donde se produce la riña entre Bahamonde, Mañao, Muñoz y Soto, con un efectivo de la Fuerza Aérea, generada, presuntamente, por la reacción del uniformado a los comentarios realizados por este grupo a una joven que lo acompañaba. Según declaraciones de familiares, Héctor Maldonado se encontraba en su casa junto a su señora e hijo de 3 años la noche del 31 de enero. Una vez iniciado el toque de queda, ingresaron violentamente a su interior efectivos de la Fuerza Aérea, quienes, al tiempo que llevaban consigo a Pedro Bahamonde con su cara ensangrentada y desfigurada, preguntaron por Maldonado, que se encontraba acostado, sacándolo a golpes hacia afuera de su casa. Según la hija del dueño de la pensión donde vivía Santiago Soto, el 1 de febrero, a eso de las 1:30 horas, cuando se encontraban todos en casa, se inició el allanamiento por efectivos de la Fuerza de Aérea, quienes buscaban a Santiago Soto, encontrando también a José Mañao, que se había quedado en la casa de su amigo al iniciarse el toque de queda. Ambos fueron sacados a la calle a golpes de culatas de fusiles.

En declaraciones realizadas en el marco de la investigación del 28 de abril de 2011 y del 19 de marzo de 2014, Daniel Raúl Cancino, médico, Comandante de Grupo en retiro de la FACH, señala que “ese episodio se habría producido porque 2 suboficiales acusaron a los jóvenes de extremistas”. Cancino fue quien firmó los protocolos de autopsia extendidos el 31 de enero, y de la herida que cada uno presentaba se desprende, según él, que fueron fusilados usando armas de grueso calibre, encontrándose las víctimas de pie frente a sus agresores. De acuerdo a la información que recibió, fueron colocados contra el paredón de un cerro, cerca del mar y acribillados. Los cuerpos fueron entregados dos días después en ataúdes sellados y fueron sepultados uno al lado del otro en el Cementerio General. Los Protocolos de Autopsia establecieron que las causas de las muertes de Pedro Bahamonde, José Mañao y Héctor Maldonado fueron “el grave politraumatismo complicado de cráneo, tórax y extremidades, secundario a las múltiples heridas de bala” y de Santiago Soto el “politraumatismo grave, con anemia aguda secundaria a las múltiples heridas complicadas por bala”. La versión oficial dada a conocer por la Jefatura de Zona en Estado de Sitio de Llanquihue y Chiloé al día siguiente fue: “(…) a las 3:30 de la madrugada del 01 de febrero de 1974, cuatro personas fueron detenidas por agresión a un miembro de las Fuerzas Armadas y al momento de ser trasladadas, una de ellas arrebató un fusil logrando dispararlo”. Antecedentes que, como establece la causa rol Nº 10.851, “(…) constituyen un conjunto de indicios que sirven de base a presunciones judiciales, que permiten tener por acreditado que en la madrugada del 31 de enero de 1974, en la población Lintz de esta ciudad, una patrulla integrada por funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile, detuvo y posteriormente dio muerte a las 4 víctimas, luego de haberlos maltratado sometiéndoles a sufrimientos innecesarios”, por los que han sido formalizados José Jacinto Pérez Pérez, Suboficial en retiro de la Fuerza Aérea de Chile; Ronald Peake de Ferrari, Teniente en retiro de

Juana Rosa Maldonado Ulloa, hermana de Héctor Hugo Maldonado Ulloa, 26 años, sin militancia, detenido y ejecutado el 31 de enero de 1974 por una patrulla de efectivos de la Fuerza Aérea de Chile, en la Población Lintz de Puerto Montt.

Juan Mañao, hermano de José Hernán Mañao Ampuero, 22 años, sin militancia, detenido y ejecutado el 31 de enero de 1974 por una patrulla de efectivos de la Fuerza Aérea de Chile, en la Población Lintz de Puerto Montt.

la Fuerza Aérea de Chile; Juan Antonio Gallegos Vega, Suboficial en retiro de la Fuerza Aérea de Chile; Héctor Eduardo Stuardo Gajardo, Suboficial Mayor en retiro de la Fuerza Aérea de Chile; José Javier Quilodrán Espinace, Suboficial Mayor en retiro de la Fuerza Aérea de Chile y Samuel Cupertino León Correa, Suboficial Mayor en retiro de la Fuerza Aérea de Chile. Sentencia definitiva pronunciada con fecha 20 de enero de 2016, que en su parte resolutiva decide absolver a los acusados José Pérez, Samuel Cupertino, Juan Gallegos, Héctor Stuardo y José Quilodrán, y condena como autor de homicidio simple a un solo responsable, Ronald Peake. La particularidad de este caso, nos muestra otra de las facetas de la Dictadura Cívico-Militar y el ejercicio del Terrorismo de Estado. Que sus crímenes no solo se cometieron contra hombres y mujeres organizados social y políticamente, sino también hacia personas ajenas a estas actividades, en este caso jóvenes deportistas. Acontecimientos motivados por la más mezquina venganza de efectivos de la Fuerza Aérea que convirtieron una riña en causa de allanamiento, detención, tortura y ejecución, evidenciando la brutalidad del abuso de poder y la indefensión de la población en general.

JOSÉ OTTO ALTAMIRANO NAVARRO, “EL CRIMEN PERFECTO”. De acuerdo a declaraciones de familiares, José Otto Altamirano Navarro (49) salió de su domicilio manejando su taxi el 9 de enero de 1975, y al día siguiente, su cuerpo fue encontrado sin vida al interior de un pozo ubicado en el sector Trapén de Panitao, Puerto Montt. El 11 de enero su automóvil fue encontrado abandonado y con las puertas abiertas en el camino al aeropuerto de Tepual. La familia descartó el robo como móvil del homicidio al comprobar que no le habían sustraído ninguna de sus pertenencias.

En los antecedentes de la investigación judicial se establece que el cuerpo de José Altamirano presentaba cuatro heridas de bala y hematomas en la cabeza. Además, en un informe de la Policía de Investigaciones se señala que el número que identificaba el vehículo como taxi había sido adulterado. Un testigo que pasó por el sector donde fue encontrado el automóvil de José Altamirano Navarro, antes que fuera reconocido como de su propiedad, vio que lo estaban revisando varias personas vestidas de civil, identificando a una de ellas como funcionario de Carabineros. Según acredita el Certificado de Defunción, José Altamirano Navarro muere el 10 de enero a las 11:30 horas, en la vía pública, por fractura de cráneo causada por una bala. En una carta al director publicada en el Diario El Llanquihue el 10 de enero de 2006, a 31 años de los hechos, María Altamirano, hermana de José, señala que “los hechos fueron ampliamente conocidos por el comisario de Investigaciones y por dos detectives de aquella época los que seguramente están fuera de la institución; pero son ellos y muchos más los que saben de este crimen, pues todos los testigos y las pistas entregadas a investigaciones, eran rechazadas; por eso pido al actual director, reabra el caso y por fin después de tantos años se llegue a la verdad.” Concluyendo “¿Por qué el crimen de mi hermano no se aclara? ¿Por qué estos policías de Investigaciones fueron trasladados al poco tiempo? ¿Existe el crimen perfecto?”. Un testimonio confidencial recibido por la Corporación Nacional de la Reparación y la Reconciliación da cuenta de la participación de agentes del Estado en estos hechos. Conforme a sus facultades, declaró a José Altamirano Navarro víctima de violación a los derechos humanos.

María Chávez, esposa de José Otto Altamirano Navarro, 48 años, taxista, ejecutado 10 de enero de 1975, con la participación de la policía.

EL ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ Y LA PROVINCIA DE PALENA

Las provincias de Chiloé y Palena presentan los territorios más desmembrados de la geografía de la Región de Los Lagos. Se caracterizan principalmente por la insularidad de la provincia de Chiloé, con más de 40 islas que componen el archipiélago, y el accidentado territorio Cordillerano de Palena, uno de los sectores más aislados y de difícil acceso de la región, atravesado por un gran número de fiordos y ríos que complejizan su acceso y desplazamiento por tierra. La provincia de Chiloé está compuesta por 10 comunas. Su capital es la comuna de Castro. Su población estimada al 2015 es de 185.445 habitantes, de la cual 92.604 son hombres y 92.841 son mujeres. Su superficie equivale a 9.249 km2. La provincia de Palena está compuesta por 4 comunas. Su capital es la comuna de Chaitén. Su población estimada al 2015 es de 20.299 habitantes, de la cual 10.570 son hombres y 9.729 son mujeres, la más baja a nivel regional. Su superficie equivale a 15.076 kms2, siendo la mayor a nivel regional. La provincia de Palena es, por lo tanto, la que representa una menor densidad poblacional en la Región de los Lagos.

JUAN LLEUCUN LLEUCUN El 9 de octubre de 1973 fue detenido por efectivos de Carabineros Juan Lleucun Lleucun (56), Inspector Distrital, militante del Partido Radical. La detención se llevó a cabo en su domicilio de la isla Meulín, Archipiélago de Chiloé, siendo trasladado en estado inconsciente posteriormente al Retén de Quenac, donde fallece el día 10 de octubre de 1973. La Comisión de Verdad y Reconciliación se formó la convicción que la muerte de Juan Lleucún constituye una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado, dada la existencia de testimonios que acreditan la detención y los maltrato al que fue sometido, como asimismo que su muerte se produjo en el interior del Retén de Quenac.

Ninfa Lleucún, hija de Juan Lleucún, 56 años, Inspector Distrital, militante del Partido Radical. Muerto por torturas el 10 de octubre de 1973, en la Isla Quenac, Archipiélago de Chiloé.

HÉCTOR SANTANA GÓMEZ El 16 de septiembre de 1973 fue asesinado por efectivos de Carabineros de Quellón, Héctor Arturo Santana Gómez (24), Jefe de Área del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y militante del Partido Comunista. Según la versión oficial, Héctor Santana habría intentado agredir con un arma a los funcionarios al interior de la unidad policial de Quellón, forzando el accionar de Carabineros. Lo que fue desestimado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, dado que se encontraba la esposa de Santana detenida en el lugar, los efectivos contaban con las condiciones para reducir a Santana sin provocarle la muerte.

FAMILIA VELÁSQUEZ El 5 de octubre de 1973, en el sector de Lago Yunge, ubicado en Alto Palena, fue asesinado por efectivos de Carabineros, José Esaú Velásquez Velásquez (52), agricultor. Según la versión oficial, Velásquez era un “extremista” que “sembraba el terror en la zona de Chiloé Continental, y fue muerto a tiros, al tratar de agredir a un cabo de Carabineros, mientras se efectuaba su detención en la región boscosa del lugar denominado El Tranquilo, ubicado a 60 kilómetros de Palena. Cuando Carabineros lo ubicó y trató de aprehenderlo, en un bosque situado entre El Tranquilo y Lago Yunge, donde el extremista pretendió eludir la acción policial, Velásquez Velásquez, al ser sorprendido, agredió a un cabo de Carabineros, con un machete, el cual, al repeler la acción que era inminente, hizo uso de su arma, disparándole. A consecuencias del impacto, el extremista resultó muerto”. Versión que fue desmentida por un testigo presente en los hechos, que señaló que Velásquez fue asesinado sin mediar provocación o agresión a los efectivos de Carabineros. El mismo 5 de octubre de 1973 fue detenido en su domicilio y ante testigos, Rubén Alejandro Velásquez Vargas (28), agricultor, hijo de

José Velásquez. Los funcionarios policiales de Alto Palena dispararon sus armas automáticas en contra de su casa, ante lo cual Rubén Velásquez se entregó. En presencia de la esposa fue golpeado y detenido. Luego llevado al otro lado del río Palena, a casa de un civil, lugar donde se pierde definitivamente su rastro. Finalmente, el 9 de octubre de 1973 fue detenido por Carabineros de Alto Palena, en su domicilio, José Raúl Velásquez Vargas (24), funcionario de vialidad, hijo y hermano de José y Raúl Velásquez respectivamente. Fue trasladado al Retén de Alto Palena, donde su madre afirma que se le reconoció su detención, pero posteriormente desaparece de ese mismo lugar. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación adquirió la convicción que la muerte de José Velásquez y la desaparición de sus hijos constituyeron violaciones de los derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado.

NOLBERTO LLANQUILEF El día 8 de octubre de 1973 fue detenido por funcionarios de Carabineros de Futaleufú Nelson Nolberto Llanquilef Velásquez (25), trabajador del Plan de Emergencia del Ministerio de Obras Públicas de Puerto Ramírez, dirigente del Partido Socialista, quien al ser trasladado hacia el Retén de Futaleufú fue ejecutado. Su cuerpo fue abandonado en aguas del Lago Yelcho. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación se formó la convicción que la muerte de Nelson Llanquilef constituye una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado, dada la existencia de testimonios que acreditan la detención y ejecución de Llanquilef.

Daniel Velásquez; hijo de Rubén Alejandro Velásquez Vargas, 28 años, agricultor, sin militancia, Detenido Desaparecido desde el 5 de octubre de 1973; nieto de José Esaú Velásquez, 52 años, agricultor, sin militancia, asesinado por Carabineros el 5 de octubre de 1973 en el sector de Lago Yunge, Alto Palena; sobrino de José Raúl Velásquez Vargas, 24 años, funcionario de Vialidad, Detenido Desaparecido desde el 9 de octubre de 1973.

José Llanquilef, hermano de Nelson Nolberto Llanquilef Velásquez, 25 años, trabajador del Plan de Emergencia del Ministerio de Obras Públicas de Puerto Ramírez, dirigente del Partido Socialista, ejecutado el 8 de octubre de 1973, por funcionarios de Carabineros de Futaleufú. Su cuerpo fue abandonado en aguas del Lago Yelcho.

LOS CONSCRIPTOS ANTILEF Y MALDONADO

SOLDADO JULIO HERNÁN ANTILEF GAEZ El 12 de septiembre de 1973, Julio Hernán Antilef Gaez (19), soldado, llevaba un año cumpliendo su servicio militar en Santiago. Ese día se encontraba de guardia en las instalaciones de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), ubicadas en la galería España de Santiago, cuando desconocidos le dispararon causándole la muerte, en circunstancias que la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig, Volumen II) no ha podido determinar. Tras la muerte de Julio Antilef, su madre Enedita solicitó durante años que le entreguen los restos de su hijo que estaba sepultado en el Cementerio General de Santiago. Por lo que, a través de Programa de Derechos Humanos, en aquel entonces dependiente del Ministerio de Interior, se pidió una exhumación del cuerpo que después de 39 años fue acogida. Lo que permitió que los restos de Julio Antilef fueran trasladados desde Santiago a Puerto Montt y finalmente a Llanquihue, su ciudad natal. Su funeral se realizó el 14 de noviembre del 2012. En consideración a que la víctima fue atacada mientras efectuaba tareas de vigilancia de un bien de uso público y la situación general del país a esa fecha, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación se formó la convicción de que el soldado Julio Antilef fue víctima de la violencia política.

SOLDADO JORGE EUGENIO MALDONADO SEPÚLVEDA Jorge Eugenio Maldonado Sepúlveda murió el 12 de marzo de 1974 a las 15:30 horas, en el Regimiento Maturana de Valdivia, por una herida de bala cráneo encéfalo facial, según consigna su Acta de Defunción. De acuerdo con declaraciones de familiares, el Ejército les informó que el joven se había suicidado con un arma de fuego en la cara al interior del Regimiento. Un testigo que en esos momentos estaba haciendo el Servicio Militar aseguró que Jorge Maldonado tenía problemas con el Servicio de Inteligencia Militar, por su actitud de rechazo a acciones que se les ordenaba realizar. La Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación se formó la convicción que la eventual decisión de suicidarse es atribuible a las condiciones de tensión a la que estaban expuestos efectivos militares de escasa experiencia que cumplían funciones para las que no estaban entrenados, declarando a Jorge Maldonado víctima de la violencia política. De todos modos, según declaraciones realizadas por familiares

(página siguiente) Eugenia Maldonado Nomel y Luz María Nomel Soto, hija y compañera de Jorge Eugenio Maldonado Sepulveda, 20 años, conscripto del ejército, muerto el 12 de marzo de 1974 en el Regimiento Maturana de Valdivia.

para el presente proyecto, sospechan que la muerte de Jorge Maldonado no es producto de un suicidio, sino al contrario, de un crimen perpetrado por efectivos militares del Regimiento. La importancia de relevar los casos de los ex conscriptos Julio Antilef y Jorge Maldonado es porque demuestran los alcances de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Dictadura Militar. Tanto Julio Antilef y Jorge Maldonado perdieron sus vidas en oscuras circunstancias cuando desarrollaban sus respectivos servicios militares. Ambos jóvenes, del sur de Chile, sufrieron el más alto de los costos al interior de instituciones carcomidas internamente por la brutalidad y la total ausencia de trasparencia y control social en sus decisiones, acciones y procedimientos de distinto tipo. Lo que evidencia que el Terrorismo de Estado también se impuso, de una forma u otra, sobre parte de los efectivos de menor rango de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Y la respuesta recibida por las familias, como la actitud asumida por estas últimas, también es la misma. Las interrogantes abiertas, las medias respuestas, la ausencia de verdad y justicia por un lado. Y por el otro el empuje de sus seres queridos por, a pesar de los años, exigir conocer el detalle de las circunstancias y el castigo para los culpables, y levantar la memoria y la dignidad de quienes ya no están físicamente. Casos que si bien no están geográficamente circunscritos de forma directa a los alcances de este proyecto (Antilef muere en Santiago y Maldonado en Valdivia), sí lo están sus consecuencias. Los restos de Julio Antilef hoy descansan en Llanquihue, su ciudad natal, tras la lucha de décadas de su familia, y la hija de Jorge Maldonado, Eugenia Maldonado, quien hoy es parte activa de la Agrupación de Familiares y Ejecutados Políticos de Puerto Montt y de sus esfuerzos por toda la Verdad y toda la Justicia. Enedita Antilef, madre de Julio Hernán Antilef Gaez, 19 años, conscripto del ejército, asesinado el 12 de septiembre de 1973 mientras montaba guardia en instalaciones de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), ubicadas en la galería España de Santiago.

Hay un sitio vacío al final de este relato, un sitio que representa a aquellos que ya no pueden dar la cara: los que se encontraron de frente con la sombra del terror que les arrebató la vida, la juventud, las expectativas de construir una sociedad nueva, más justa; los que quedaron suspendidos en el tiempo, a la espera de una noticia sobre el paradero del que fue secuestrado o una sentencia que hiciera justicia por los familiares asesinados en falsos enfrentamientos, en manos de la tortura o a causa de la sentencia infame de un tribunal de (in)justicia. Hay un sitio vacío para homenajear a aquellos que durante 17 años desafiaron la represión, y lograron articular, reorganizar, desde la clandestinidad, para volver a construir las confianzas y los anhelos que la dictadura quiso quebrantar; un sitio para los sobrevivientes a las negras cárceles subterráneas, donde lo más bajo del hombre y la dignidad más alta se encontraron; para quienes abrieron una puerta solidaria a los perseguidos; para los que hicieron sentido a los desgarradores relatos que rebotaban en las paredes del silencio forzado por el temor y la desconfianza; a quienes acompañaron y siguen acompañando las largas tramitaciones en tribunales y han puesto la cara a los persistentes portazos proferidos por la institucionalidad cómplice; a las generaciones que en la última década han logrado sacudirse el miedo y recuperado las calles como epicentro de la actividad social, cultural y política. Un sitio vació de forma pero lleno de sentido, pues es el campo necesario para incluir la incontable cantidad de esfuerzos que se han entrelazado en la extenuante faena de tratar de alcanzar la verdad y la justicia en toda su dimensión. Es nuestro homenaje a quienes no hemos podido consignar en estas páginas y que complementan la riquísima historia sobre la que se nutre este pequeño extracto de reconocimiento, que incluye a todos aquellos que hace 3 años acompañaron el inicio de este relato colectivo, y a quienes se sumaron en esta última etapa: a René, Jaime, Myriam, Juan, Salvador, Nelson, Guido, Rosa, Carlos, Irma, Fredy, Jorge, Claudio, Pablo, Conrado, Lucio, Evi, Margarita, Modesta, Marta, Vania, Cristopher, Esteban, Tamara, Sebastián, Branko, Eduardo, Isabel, Benjamín, César, Luis, Claudia, Mabel, Patricia, Víctor, Tania, Marisol, y a todos aquellos con quienes hemos aprendido a reconocernos como parte de una historia común y a atesorar la memoria de quienes lucharon ayer. Pero también es un sitio vacío que nos recuerda que hay mucho espacio en el que reconstruir, que hay deudas históricas y morales que nuestra sociedad aún debe saldar y de las que todos somos responsables, pues es el recorrido ineludible para erradicar definitivamente las desigualdades, el abuso, y las herencias de la Dictadura, que son el lastre que nos impide fundar una nueva cultura de derechos, libertades, respeto e inclusión, objetivos por los cuales sigue siendo necesario DAR LA CARA. Después de 43 años, Nada ni Nadie está olvidado…

Referencias bibliográficas - Bando Nº 3, con fecha 11/09/1973, 16.30 horas. Firmado por Sergio Leigh Guzman. - Causa Rol N° 10.819-2008 “Episodio Fundo El Toro”. - Causa Rol N° 10.851 “Población Lintz”, 23 de enero del 2016, Puerto Montt. - Causa Rol N° 10.872 Episodio “Cuartel Policía de Investigaciones”, 23 de febrero del 2016, Puerto Montt. - Causa Rol N° 2.182 – 1998 “Villa Grimaldi”, 24 de diciembre del 2012, Santiago. - Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1996. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Tomos I, II y III. - Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, 1996. Informe sobre calificación de víctimas de violaciones de derechos humanos y de la violencia política. - Instituto Nacional de Estadísticas, 2016. Diagnóstico regional Planificación Precenso 2016. - Historia Ley N° 16.640 Reforma Agraria. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. - Jarufe, J. (2015). Los consejos de Guerra tras el 11 de septiembre de 1973. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Fuentes digitales - Memoria Viva. Archivo digital de las violaciones a los derechos humanos por la Dictadura Militar en Chile (1973-1990). Página web: http://www.memoriaviva.com/ - Interactivos Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Página web: https://interactivos.museodelamemoria.cl/ - Corporación por la Paz Villa Grimaldi. Página web: http://villagrimaldi.cl/ - Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Página web: http://www.ddhh.gov.cl/ Otras fuentes - Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Puerto Montt. Listado de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la provincia de Llanquihue, Chiloé y Palena. - Carta al director de María Altamirano, “Crimen perfecto”, publicada el 10 de enero del 2006, Diario el Llanquihue. - Crónica de Sue Carrie, “Las ejecuciones del caso Chamiza, 1973: Crímenes de un Consejo de Guerra en Puerto Montt”, publicada el 14 de noviembre del 2016, en el periódico digital “El Desconcierto”. - Entrevistas semi-estructuradas a los participantes del registro fotográfico del proyecto “Dar la Cara”. Imégenes de contexto Guarda inicial. Fotografías de algunos de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Los Lagos. Pág. 12. El Cóndor de Chamiza. Carretera Austral. Sector de la antigua Base Aérea de la FACH. Tapa y págs. 16, 18 y 24. Cárcel de Chinchín, Puerto Montt. Págs. 25, 26, 30 y guarda final. Ex cuartel de la Policía de Investigaciones, Puerto Montt. Pág. 34. Vista franja poniente, Asentamiento El Toro.

AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLÍTICOS DE PUERTO MONTT