Javier lozano

Javier lozano

El fraude transexenal de Gil Díaz Pruebas documentales y testimonios incluidos en el libro Aduanas I: Nancy Flores

Fraude Transexenal, del periodista Miguel Badillo, revelan a Francisco Gil Díaz como el creador y operador directo del multimillonario fraude cometido a través de este fideicomiso privado, que ya contabiliza un daño patrimonial en contra del erario público por más de 10 mil millones de pesos

Hace 14 años el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, ideó un doloso esquema para recaudar los impuestos relacionados con el servicio aduanero mexicano, que tan sólo en los cuatro primeros años de la administración foxista ha generado un daño patrimonial a las finanzas públicas superior a los 10 mil millones de pesos, según documenta la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

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El eje rector del costoso fraude en contra del erario público es el fideicomiso privado identificado con el número de folio 954—8 y conocido como Aduanas I, signado en mayo 1993 por puño y letra del llamado “fiscal de hierro”, revela el contrato de creación dado a conocer por el periodista y director de la revista Contralínea, Miguel Badillo, en el libro titulado Aduanas I: Fraude Transexenal.

De acuerdo con la investigación periodística, a pesar de que a finales de 2003 el presidente Vicente Fox conminó al secretario de Hacienda para que extinguiera de inmediato la irregular figura fiduciaria, hasta ahora el funcionario continúa al frente de su operación en contravención no sólo de la orden presidencial sino de todas las normas aplicables.

El asunto no es menor, pues el Fideicomiso Aduanas I mantiene un patrimonio de 19 mil 523 millones 753 mil pesos. Recursos que por más de una década se han depositado “indebidamente” —según califica la propia ASF— en esta figura fiduciaria y que corresponden al cobro del llamado Derecho de Trámite Aduanero: impuesto aplicado a todos los importadores y exportadores de la República Mexicana que falsamente es considerado por Hacienda como “contraprestación” pagada entre particulares.

A pesar de que los fondos manejados por el Aduanas I —y posteriormente triangulados a la empresa privada ISOSA (Integradora de Servicios Operativos S.A.) y al Fideicomiso Consorcios de Comercio Exterior II— son de origen público y que las máximas autoridades de fiscalización en México han comprobado las irregularidades en que ha incurrido Gil Díaz al constituir y operar este millonario fraude —primero como subsecretario de Ingresos y luego como titular de la Secretaría de Hacienda—, el funcionario público permanece en la impunidad.

Y es que durante tres sexenios —salinista, zedillista y foxista— el “fiscal de hierro” ha recibido protección al más alto nivel. En la actual administración el cobijo del Estado es encabezado por el propio presidente quien, a pesar de conocer las

ilegalidades de este esquema reactivado por su secretario de Hacienda en la actual gestión, además de mantener al funcionario en su puesto pretende “limpiar” el caso en forma discrecional y sin rendir cuentas a la sociedad mexicana.

Contralínea reproduce el capítulo 3 del libro Aduanas I: Fraude Transexenal, en el que se detalla la red de complicidades tejida por Francisco Gil Díaz desde hace ya más de una década:

Protege el gobierno a Gil Díaz Cuando Francisco Gil Díaz renuncia a su cargo como subsecretario de Ingresos en los primeros meses de 1994, se origina una red de complicidades a su favor: la lista de altos funcionarios que han encubierto sus trapacerías se inaugura con Carlos Salinas de Gortari y alcanza a Vicente Fox Quesada, quien a pesar de conocer los hechos de corrupción desde diciembre 2003 omite fincar responsabilidades.

Al aceptar la dimisión de Gil Díaz en marzo de 1994, su jefe y amigo Pedro Aspe Armella asume en automático su protección. Inquieto por “limpiar el cochinero” — como él mismo califica al asunto aduanero— antes de concluir el sexenio salinista, el secretario de Hacienda coloca a su otro amigo y hombre de confianza, Ismael Gómez Gordillo, al frente de la Subsecretaría de Ingresos y le ordena regularizar los fideicomisos y empresas constituidos por Francisco Gil al margen de la Ley. Para el abogado especialista en fideicomisos y sustituto de Gil Díaz en la Subsecretaría de Ingresos, el proceso de “legalización” no es tan simple como la encomienda de Pedro Aspe, pues resulta casi imposible reintegrar los cuantiosos recursos a la Tesorería de la Federación y ocultar al mismo tiempo la violación de todas las leyes, situación atribuible al “fiscal de hierro”.

Y es que el esquema privado creado por Gil Díaz imposibilita la transferencia de los 2 mil millones de pesos que para ese entonces resguarda el Aduanas I, al erario federal sin motivar graves problemas políticos para el país, pues es evidente que el mecanismo de recaudación deriva en el ejercicio indebido del gasto público.

Pese a esta dificultad para reincorporar el dinero —que trasciende sin solución hasta el gobierno foxista—, la gestión de Gómez Gordillo mantiene como prioridad la orden del entonces secretario de Hacienda de limpiar y transparentar los excesos de Gil Díaz, para lo cual modifica los contratos de creación de los dos fideicomisos.

Es el 19 de octubre de 1994 cuando Ismael Gómez Gordillo signa el convenio modificatorio al contrato del fideicomiso 1078—5 SHCP—Aduanas I, y que a partir de esta fecha se identifica con el número 954—8. Entre las reformas aprobadas destaca el mandato de enterar a la Tesorería de la Federación todos los recursos correspondientes al DTA. Según consta en el documento, el sucesor de Gil Díaz sustituye la figura del Comité Técnico por un Comité de Dirección y Supervisión de los Servicios Concesionados de Procesamiento Electrónico de Datos y Servicios Relacionados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El nuevo órgano directivo —integrado por los titulares de las subsecretarías de Ingresos y de Egresos y de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, así como de la Tesorería de la Federación y de la entonces Secretaría de la

Contraloría General de la Federación (Secogef)— cuenta con la previa autorización de Aspe Armella, quien tutela todas las acciones relacionadas con el proceso de “limpieza”.

La enmienda de Gómez Gordillo busca restar discrecionalidad al uso de los recursos públicos indebidamente desviados al Aduanas I y posteriormente triangulados al fideicomiso Consorcios de Comercio Exterior II y a la empresa ISOSA, pues el esquema ideado por Gil Díaz otorga al presidente y al director de la figura fiduciaria, así como al procurador fiscal federal, la facultad de erogar los fondos sin control ni vigilancia.

Privilegio que, incluso unos 20 días antes de renunciar a su cargo como subsecretario de Ingresos, Francisco Gil ratifica a su favor, según revela la minuta de trabajo del Comité Técnico del Aduanas I, fechada el 7 de marzo de 1994 y signada por Rubén Aguirre Pangburn, Juan Manuel Galarza Mercado, Jaime García Jiménez, Luis Manuel Gutiérrez Levy, Emilio Romano Mussali, Luis Carlos Moreno, Lorenzo Hernández Herrera, Emilio Castillo Sánchez Mejorada, Pablo J. Cervantes, Eduardo Díaz Guzmán, Álvaro Gazca Neri, Gabriel Mancera Arrigunaga y Eva Tavares.

Entre los acuerdos alcanzados en la reunión del cambio de dirección del fideicomiso —en la que Raúl Haro López reemplaza a Lorenzo Hernández Herrera— destaca la cancelación del poder otorgado al hombre de confianza de Gil Díaz y la autorización al “fiscal de hierro”, a Roberto Hoyo D´addona y al nuevo director del fideicomiso Raúl Haro para expedir cheques con cargo a los fondos del fideicomiso.

Frente a estas arbitrariedades y luego de reunirse con 60 funcionarios públicos de la Secretaría de Hacienda vinculados a la creación del Aduanas I, Gómez Gordillo decide sustituir al Comité Técnico del fideicomiso por un órgano colegiado encargado de vigilar el uso y destino del DTA, en un intento por transparentar y controlar el uso de dichos fondos públicos. La modificación busca darle una imagen de legalidad a este fideicomiso público indebidamente operado como privado.

Pero, aunque la disposición encubre algunos excesos de Gil Díaz y “salva” la breve gestión de ocho meses, el subsecretario de Ingresos no consigue “limpiar” totalmente el fraudulento esquema de recaudación aduanera.

La reunión de los 60 funcionarios En las primeras semanas de su administración, Ismael Gómez Gordillo descubre que el cargo de subsecretario de Ingresos incluye una sorpresa: la presidencia del Comité Técnico del Fideicomiso Aduanas I, grado que de inmediato lo involucra en el fraude transexenal del sector aduanero.

Y es que Rubén Aguirre cita al subsecretario de Ingresos a la sesión del Comité Técnico del fideicomiso para autorizar el presupuesto y el gasto anual de la empresa privada ISOSA y sus filiales, que para esas fechas ya está en ejercicio.

—¿Y por qué tengo que estar en esa junta, si me han dicho que se trata de un esquema privado, un fideicomiso privado y una empresa privada, y yo soy un funcionario público?— pregunta molesto Gómez Gordillo.

—Porque el subsecretario de Ingresos es quien preside el Comité Técnico del Fidecomiso Aduanas I— responde Rubén Aguirre.

—¿Y quiénes son los demás miembros del Comité Técnico?— insiste el subsecretario.

—Los directores generales y administradores de la Subsecretaría de Ingresos— contesta sin reparo Aguirre, también integrante del Comité.

El exdirector Jurídico y Fiduciario del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y experto en la operación de fideicomisos, Gómez Gordillo, critica de inmediato la constitución de los fideicomisos y empresas aduaneras: “ahora resulta que éste es un fideicomiso privado en donde el Comité Técnico está integrado por puros burócratas, el dinero viene de una contribución federal y se gasta para dar un servicio a la Subsecretaría de Ingresos. Aún así, ¿ustedes sostienen que es un esquema privado?”.

Rubén Aguirre omite responder el cuestionamiento seguido por una petición muy puntual: “haz una relatoría con los documentos que prueben la participación de Gil Díaz en la constitución de los fideicomisos”. De inmediato, el subsecretario de Egresos explica a Gómez Gordillo que eso es imposible, pues su área sólo ve una pequeña parte del esquema global: “Gil Díaz fragmentó el tema de los fideicomisos de aduanas en diversas áreas de la Secretaría de Hacienda, incluso la del Jurídico y Recaudación que administra —Luis Manuel— Gutiérrez Levy (oficial mayor de la SHCP en la administración foxista) están involucradas”.

Sin tener acceso a toda la información, Rubén Aguirre no puede explicar a Gómez Gordillo el complejo esquema de los fideicomisos y las empresas privadas creados por Gil Díaz, por lo que el nuevo subsecretario de Ingresos ordena reunir a los funcionarios de niveles medio y superior involucrados en la constitución y operación de estas figuras supuestamente privadas relacionadas con el cobro del DTA. La respuesta de Aguirre a la petición de Gómez Gordillo es elocuente: “la reunión tendrá que hacerse en la sala de juntas, pues en tu oficina no caben todos los funcionarios que tendrán que explicar la parte que les corresponde; suman alrededor de 60”.

En los primeros días de mayo de 1994 se arremolinan unos 60 funcionarios de mandos medios en la sala de juntas de la Subsecretaría de Ingresos. Ahí, Gómez Gordillo escucha la versión de cada uno sobre su participación en la operación de los fideicomisos aduaneros y las empresas privadas, reflejo de la compleja estructura operativa creada por Gil Díaz para evitar ser descubierto o que algún funcionario pudiera denunciarlo.

En la nutrida reunión, el subsecretario se encuentra con viejos amigos, excolaboradores y exalumnos de la Escuela Libre de Derecho como Emilio Romano, Gutiérrez Levy y hasta el procurador fiscal Roberto Hoyo D´addona.

La reunión se extiende por varias horas, hasta que Gómez Gordillo interrumpe las exposiciones con una pregunta: quieren que yo diga que este instrumento constituido con recursos públicos, en un banco público, con un fideicomitente que es el subsecretario de Ingresos, con un fideicomisario que es la Subsecretaría de Ingresos en violación de toda norma, porque no tiene facultades para ser fideicomisaria... ustedes quieren que yo diga que este animal que tiene plumas de pato, pico de pato, alas de pato y grazna como pato ¿es gallina?

El silencio y las miradas entre los 60 funcionarios públicos fue roto por el mismo subsecretario: “Gómez Gordillo no está aquí para criticar a nadie, lo pusieron para

arreglar y para limpiar, y entiendo que esa es mi función, nada más que para decir algo lo tengo que creer y me está costando mucho trabajo creer todo lo que dicen.

Ni siquiera son capaces de dar una versión completa de todo lo que han operado”.

Entre la multitud una voz replica al subsecretario: “es que ni el contrato del fideicomiso ni el esquema se hicieron aquí. El doctor Gil Díaz contrató a un despacho privado”.

—¿Qué despacho?— pregunta Gómez Gordillo.

—El de Noriega y Escobedo— le responden varias voces.

Un par de horas después de la reunión, Gómez Gordillo recibe una llamada telefónica de la oficina del vicegobernador del Banco de México. En tono molesto, el doctor Gil Díaz le pregunta al subsecretario sí era cierto que públicamente había cuestionado su actuación al frente de la Subsecretaría de Ingresos. Ismael responde: “sí, no nada más lo dije, sino que lo creo y me preocupa cómo desvirtuar la operación irregular de tus fideicomisos”.

Un silencio y una despedida fría marcarían a partir de entonces la nueva relación de los otrora amigos y compañeros de trabajo. De inmediato el “fiscal de hierro” se pone en contacto permanente con Pedro Aspe y con varios ex colaboradores que lo mantienen al día de todas las acciones que ejecuta Gómez Gordillo al frente de la Subsecretaría de Ingresos, mientras que Rubén Aguirre hace su trabajo para lograr que se lleve a cabo la sesión del Comité Técnico de los fideicomisos que preside Gómez Gordillo.

Pero dicha sesión jamás se efectúa porque Ismael, quien debe presidir el acto, se niega a hacerlo y apresura el requerimiento a Nacional Financiera para modificar el contrato del fideicomiso y así eliminar al Comité Técnico, convenio que se signa hasta octubre de 1994, apenas un mes antes de que concluya el gobierno de Carlos Salinas.

Santiago Creel, autor intelectual En días posteriores a la reunión con los 60 funcionarios públicos, Gómez Gordillo platica con el exsecretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, entonces abogado del despacho Noriega y Escobedo. La charla se centra en su participación en la constitución de los fideicomisos aduaneros, de los cuales Creel fue un actor central.

Para esta época Creel Miranda y Gómez Gordillo ya eran viejos conocidos. Cuando este último era secretario particular del director general de Bancos, Seguros y Valores de la Secretaría de Hacienda, Creel realizaba trámites de registro de bancos extranjeros, y allí estrecharon una relación amistosa.

Al tratar de justificar ante el subsecretario Gómez Gordillo su asesoría legal, Santiago Creel argumenta que su participación en el proceso de la constitución de los fideicomisos aduaneros se trató sólo de “una gestión de negocios”. Sorprendido con la respuesta, Gómez Gordillo lo increpa: “Santiago, los dos somos abogados, tú crees eso que me estás diciendo. Tú lo puedes sostener jurídicamente, porque el trabajo que hiciste es el de un gestor oficioso y eso no está permitido”.

El Código Fiscal de la Federación prohíbe la gestión de negocios u oficiosa, al impedir que una persona que no demuestre que es representante de otra vaya a

tratar sus asuntos, para lo cual se requiere de un poder notarial. Más aún, dicho Código establece que las autoridades fiscales no aceptarán la figura del gestor de negocios oficioso. Conocedor de la norma, Santiago acepta su error y se justifica: “quién le dice que no al doctor Gil Díaz”.

Con independencia de esto, Gómez Gordillo inquiere a Creel Miranda: ¿en dónde está tu facultad para comprometer al universo de importadores y exportadores de la República Mexicana, que son un ente abstracto de miles o millones de personas que ni siquiera se enteraron y a las que nunca les van a rendir cuentas, para afectarles su patrimonio?.

Creel responde: “en el dictamen que yo le di al doctor Gil Díaz en su momento...”.

—¿Me puedes dar copia de ese dictamen?— pregunta Gómez Gordillo.

—No, porque fue verbal, —dice Creel Miranda.

Una última recomendación le hace Gómez Gordillo a Santiago Creel: elabora por escrito el dictamen y entrégalo a la Subsecretaría de Ingresos.

Inquieto y nervioso por resolver lo antes posible ese asunto que lo involucra directamente en hechos irregulares y hasta penales, Creel prepara el borrador y horas más tarde lo presenta a Gómez Gordillo. Así, tal documento elaborado a posteriori queda asentado en los expedientes del archivo Aduanas I. En esa misma semana el subsecretario de Ingresos se reúne con Rafael Castillo Costa, director fiduciario de Nacional Financiera, y aprovecha para reclamarle el haber aceptado la constitución del fideicomiso Aduanas I como una figura privada.

La respuesta de Castillo es idéntica a la de Santiago Creel: “quién se atreve a decirle que no al doctor Gil Díaz”.

En efecto, ni siquiera sus excolaboradores en la Subsecretaría de Ingresos se niegan a fungir como “informantes” del doctor Gil. Es así, en medio de este espionaje burocrático informativo, como Gil Díaz se mantiene enterado de todos los movimientos que realiza Ismael Gómez Gordillo en torno a los fideicomisos y empresas, incluso de las reuniones que sostiene para dirimir las irregularidades.

Para esta época, el llamado “fiscal de hierro” solicita a su amigo el secretario de Hacienda que lo invite a las reuniones que tiene con su gabinete, pues allí se discuten “los trapos sucios” de cada área de la SHCP y, según le informan a Gil Díaz, Gómez Gordillo acostumbra ventilar abiertamente las anomalías cometidas por su antecesor.

En una de esas reuniones de evaluación en la sala de juntas del secretario de Hacienda, Pedro Aspe dice a sus colaboradores: “saquen la mugre del clóset, todo lo que tengan debajo de la alfombra, no dejen muertos que nos puedan revivir en el siguiente gobierno”. En ese momento, el subsecretario de Ingresos siente que es su oportunidad de ventilar los graves problemas de los fideicomisos privados aduaneros creados por su antecesor ante la complacencia del doctor Aspe.

En esa junta del equipo directivo de Hacienda y ante la presencia del vicegobernador del Banco de México, Francisco Gil Díaz, el nuevo subsecretario Gómez Gordillo explica la complejidad de los fideicomisos y empresas del sector aduanero, a los que califica como ilegales ante el asombro del propio secretario Aspe. El comentario por supuesto irrita a Gil Díaz al grado que trata de defenderse y pasar el problema a otra dependencia: “a mí me autorizó la Secretaría de Programación y Presupuesto”.

El argumento del “fiscal de hierro” silencia a todos los funcionarios reunidos en la sala de juntas del secretario de Hacienda, pues para entonces involucra al entonces presidente electo Ernesto Zedillo, secretario de Programación y Presupuesto cuando se orquesta el gran fraude relacionado con el cobro del Derecho de Trámite Aduanero.

El tenso ambiente se rompe cuando Gómez Gordillo lanza una pregunta al doctor Gil: ¿tendrías algún inconveniente para facilitarnos el oficio con el que el doctor Zedillo te autoriza tal cosa?

Desarmado en sus argumentos, el vicegobernador del Banco de México alcanza a decir: “fue una autorización verbal. Pero esto también lo conoce la secretaria de la Contraloría, la güera María Elena Vázquez Nava, ella está enterada de todo”.

La responsabilidad de Pedro Aspe Antes de modificar el contrato del fideicomiso Aduanas I y tratar de salvar a Gil Díaz, Gómez Gordillo cubre legalmente todas sus acciones, y en julio de 1994 presenta una solicitud de opinión a la Procuraduría Fiscal para que sancione jurídicamente el caso del fideicomiso Aduanas I. En la petición, Gómez Gordillo requiere al procurador y miembro del Comité Técnico, Roberto Hoyo D´addona, que consigne en documento oficial si la figura fiduciaria es privada o pública.

A pesar de que la consulta está previamente arreglada con el procurador, que desde un par de meses atrás se compromete con Gómez Gordillo a emitir un documento en el que suscriba que el Aduanas I es un fideicomiso privado, la respuesta que recibe el subsecretario de Ingresos señala puntualmente todas las irregularidades cometidas al constituir y operar un fideicomiso con estas características.

El análisis es encargado a Javier Lozano Alarcón, director general de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas y Gastos, y dirigido a Roberto Hoyo D'addona con copia para Ismael Gómez Gordillo, en donde refiere que el Aduanas I es un fideicomiso público y que su manejo ha violado toda la normatividad aplicable.

Sorprendido por el oficio del funcionario de la Procuraduría Fiscal, Gómez Gordillo se reúne con Pedro Aspe y le muestra el documento: —¡No! Pero ya habíamos quedado. Llámales para que corrijan— dice el secretario de Hacienda, a lo que el subsecretario responde: “Ya no me hacen caso. Diles tú”.

“Además —dice Gómez Gordillo a su jefe Pedro Aspe— yo coincido con Javier Lozano, él tiene toda la razón, técnica y jurídicamente suscribo el oficio de este muchacho, a quien conozco porque fue mi alumno”.

—Pero tú sabes que esto significa fincar responsabilidades a muchos funcionarios, incluso a ti y a mí— le dice Aspe a Gómez Gordillo.

Preocupado, el doctor Aspe se comunica con el subsecretario Carlos Ruiz Sacristán y le da instrucciones para que envíe a Javier Lozano con Gómez Gordillo. Lozano Alarcón se presenta al día siguiente en las oficinas del subsecretario de Ingresos: “maestro, usted me dio clase de Derecho Constitucional, yo no estoy equivocado en mi análisis sobre este fideicomiso de Aduanas”.

“Tienes razón”, le responde Gómez Gordillo, “estás en tu obligación y yo la respeto, pero ahora prepárate para que se finquen responsabilidades al secretario de Hacienda, al exsubsecretario Gil Díaz, al subsecretario Ruiz Sacristán, al oficial

mayor, al director general de Aduanas y a todos los directores de la Subsecretaría de Ingresos, a ti mismo porque conociste del asunto y a mí porque ya tengo seis meses como subsecretario y lo he tolerado, a todos nos deben fincar responsabilidades penales”.

A pesar de lo anterior, el subsecretario de Ingresos recomienda: “no cambies tu opinión. Nada más te pido que te pongas a estudiar rápido cómo vas a salvar tu responsabilidad y la responsabilidad de Ruiz Sacristán, mientras yo estudio cómo salvo la mía y la de Pedro Aspe, porque con tu oficio tenemos responsabilidades todos, empezando por ti, porque aquí estás reconociendo que lo conoces desde hace un año y eso se llama encubrimiento; y como estamos hablando de cuestiones penales, el señor Gil Díaz es un delincuente y nosotros somos sus cómplices por aceptar ser coparticipes. No lo cambies, nada más vete preparando para ver cómo nos defendemos”.

Espantado, el joven abogado Javier Lozano dice nervioso: no, no me digas eso Ismael.

—Pues sí te digo, porque ese es el riesgo.

Lozano pregunta: ¿entonces qué hago?

Gómez Gordillo aconseja: “escribe un nuevo oficio en donde digas que el fideicomiso Aduanas I no es una entidad paraestatal”.

El 5 de agosto de 1994, Javier Lozano Alarcón emite el oficio DG. 308—A—1035, en el que se lee que el contrato celebrado entre la SHCP y Nafin “tiene el carácter de privado, por virtud de la naturaleza de las aportaciones que como contraprestación pagarán las personas que realicen las operaciones aduaneras a quienes presten los servicios a que se refiere el artículo 8º—B de la LA”.

Tras la reunión con Lozano Alarcón, Gómez Gordillo es citado en las oficinas de Pedro Aspe para informar sobre el asunto. El subsecretario dice a su jefe: “ya lo arreglé. Con esto centramos la responsabilidad de todo el asunto en una sola persona”.

¿En quién? —pregunta apresurado Pedro Aspe Armella.

—Pues en el secretario de Hacienda— dice Ismael. ¿Entonces qué hay que hacer?— inquiere Aspe.

—Pues hay que salir a que lo sancione la Secretaría de la Contraloría— le responde Gómez Gordillo.

De inmediato, el secretario Pedro Aspe le ordena a Ismael Gómez Gordillo que le hable a María Elena Vázquez Nava, secretaria de la Contraloría, para convocar a una reunión. Gómez Gordillo se le adelanta y le responde: “yo no, perdóname, pero que le hable Gil Díaz, yo lo estoy acusando por las irregularidades y con qué cara hago esto si yo también estoy metido. Que le hablé él y que pida una cita para arreglar esto”.

—Tienes razón, háblale a Paco y dile que convoque a un encuentro con María Elena.—dice Pedro Aspe.

—Pero Gil Díaz ya no me pela... —responde Ismael.

—Bueno, le hablo yo, pero tú lo acompañas a la reunión con Vázquez Nava, — ordena con desesperación el secretario de Hacienda.

—No Pedro, no quiero ir, —contesta Gómez Gordillo.

—No, si no te estoy preguntando Ismael. —Ahí mismo el secretario toma la red roja y llama a María Elena Vázquez Nava para solicitar una reunión que se concreta a finales de agosto.

La contralora cómplice Un día antes de la cita con María Elena Vázquez Nava, Gil Díaz y Gómez Gordillo son requeridos a la oficina del secretario Pedro Aspe para ponerse de acuerdo, quien les confirma la hora de la reunión. En las oficinas del secretario de Hacienda, Gil Díaz le pide a Ismael: “pasas por mí al Asturiano, porque tengo ahí una conferencia”. En una fina confrontación Gómez Gordillo le contesta: “cuando seas mi jefe me das instrucciones”.

—De acuerdo, dice Gil Díaz: “haces el favor de pasar por mí”.

—A qué hora— pregunta molesto Ismael.

—Al cuarto para las dos— responde el “fiscal de hierro”.

Al siguiente día, Gómez Gordillo llega al Asturiano con cinco minutos de retraso y no localiza a Francisco Gil, por lo que reanuda el viaje rumbo a las oficinas de la Secretaría de la Contraloría, a donde Gil Díaz llega 10 minutos más tarde. Enojado, Francisco Gil le reclama dejarlo plantado, pero Ismael le comenta: “si fui, te busqué y como llegué cinco minutos tarde pensé que no me habías esperado”.

Estaban en plena discusión en la antesala de la oficina de la Secretaría, cuando María Elena Vázquez Nava sale y los pasa al salón en donde se llevaría la junta, en donde también los aguardan el subsecretario A, Francisco Javier Casas; el subsecretario B, Luis Vázquez Cano, y el coordinador de asesores Antonio Chelesque. Gil Díaz se sienta al lado de la secretaria y Gómez Gordillo a un lado de él.

“La güera”, como le decían los miembros del gabinete a la secretaria de la Contraloría, pregunta: en qué les podemos servir. Gil Díaz responde: “pues aquí Ismael que tiene unas dudas sobre unos fideicomisos”. De inmediato, Gómez Gordillo corrige: “no, yo no tengo dudas, tengo preocupaciones”.

Vázquez Nava interviene: “sobre qué asunto”.

—Sobre ISOSA y los fideicomisos aduaneros —especifica Gómez Gordillo.

Gil Díaz trata de justificarse: “a mí me autorizó Ernesto Zedillo cuando era secretario de Programación”.

—Si no cuentas con una autorización escrita no tiene validez tu argumento —dice el subsecretario de Ingresos.

—María Elena sabe —responde “el fiscal de hierro” —Pues que le ponga su firma —reta Ismael.

La ida y venida de argumentos se rompe con el timbre de la red federal y Vázquez Nava atiende la llamada. De regreso, la confundida y servil contralora pregunta: ¿entonces qué quieren de nosotros?

Titubeante, Francisco Gil solicita con la mirada el auxilio de Gómez Gordillo, quien externa la petición de complicidad de la contralora Vázquez Nava: “como este fideicomiso es jurídicamente ambiguo, se hizo una consulta a la Procuraduría Fiscal, en donde ya se confirmó que no es una entidad paraestatal y lo que queremos es que la Secretaría de la Contraloría confirme que el fideicomiso Aduanas I no es una entidad paraestatal”.

A pesar de las evidentes irregularidades, ninguno de los funcionarios de la Contraloría ahí presente (Vázquez Nava, Casas, Vázquez Cano y Chelesque) reclama la petición. El tema de los fideicomisos y empresas aduaneras ya había sido discutido con anterioridad por los cuatro funcionarios y fue la propia secretaria de la Contraloría quien solicita a sus subalternos no argumentar más sobre las

anomalías cometidas en este caso y menos frente al subsecretario Gómez Gordillo y el vicegobernador Gil Díaz.

Después de escuchar la exposición de Ismael, Vázquez Nava acepta emitir una opinión a título de la Contraloría: “está bien, háganle la consulta al subsecretario Casas”.

Al salir de la reunión, Gómez Gordillo está seguro que la secretaria de la Contraloría no avalará las irregularidades cometidas por la Secretaría de Hacienda, dependencia que, aunque debe estar sometida a un riguroso control presupuestario, traiciona sus atribuciones y planea un mal mecanismo para darle la vuelta a las leyes.

Pero la secretaria de la Contraloría instruye a su subalterno Francisco Javier Casas para que la respuesta sea favorable a la petición de Gil Díaz, sin importar las anomalías cometidas: “desacredita legalmente que el fideicomiso Aduanas I es una entidad paraestatal”, es la orden que gira la funcionaria.

El 1 de septiembre de 1994 Gómez Gordillo recibe el oficio SB—400—282—94 con sello de la Secretaría de la Contraloría, signado por el subsecretario “B”, Francisco Javier Casas Guzmán, en donde señala: “En desahogo a la opinión solicitada, una vez visto el contenido de los dictámenes emitidos por el Procurador Fiscal de la Federación y el Director General de Normatividad y Desarrollo Administrativo de la SHCP en el sentido de que el origen de los recursos que integran el patrimonio del fideicomiso conocido como “Aduanas 1” es privado y careciendo el mismo de una estructura orgánica análoga a la que corresponde a las entidades paraestatales, ya que únicamente es tenedor de acciones representativas del capital social de una sociedad mercantil (ISOSA) que presta los servicios a que se refiere el Artículo 8°—B de la Ley Aduanera, se llega a la conclusión que no se surten los extremos de lo dispuesto por los artículos 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 40 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para considerar como público el expresado fideicomiso Aduanas I”.

Así, los oficios de la Procuraduría Fiscal y de la Secogef crean el velo legal que Gómez Gordillo necesita para proteger a Gil Díaz y modificar el contrato del fideicomiso Aduanas I. Y en contra de toda ortodoxia, pues ilegalmente se asume como gestor oficioso del universo de importadores y exportadores de las República Mexicana, el subsecretario de Ingresos signa el convenio modificatorio del fideicomiso 1078-5 el 19 de octubre, y elimina la figura del Comité Técnico.

Aunque desde que asume la Subsecretaría de Ingresos busca “limpiar” los excesos de Francisco Gil Díaz, Gómez Gordillo nunca encuentra el mecanismo legal para justificar la reincorporación de los recursos indebidamente desviados al Aduanas I, sin que al mismo tiempo evidencie la violación de todas las normas y el engaño a la Cámara de Diputados, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y demás organismos interesados en el ejercicio transparente del gasto público.

Por ello, y para evitar que se le finquen responsabilidades a por lo menos 10 altos funcionarios de la administración salinista, entre los que destacan el secretario de Hacienda, Pedro Aspe; el vicegobernador del Banco de México, Francisco Gil Díaz, y el propio subsecretario Ismael Gómez Gordillo, los miles de millones de pesos permanecen fuera de las finanzas públicas y la discusión sobre su reincorporación al erario trasciende los siguientes dos sexenios.