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Autoridades Ministro de Modernización Lic. Andrés Horacio IBARRA .........................................................................................................................................................................
Secretario de Empleo Público Ing. Pablo Martín LEGORBURU .........................................................................................................................................................................
Subsecretaria de Planificación de Empleo Público Lic. Cecilia María KLAPPENBACH .........................................................................................................................................................................
Director Nacional de Formación en Políticas Públicas Lic. Gonzalo Martín STRAFACE .........................................................................................................................................................................
Coordinador de la Escuela Superior de Gobierno Lic. Maximiliano CAMPOS RÍOS .........................................................................................................................................................................
Coordinador de Formación Lic. Mario KATZENELL
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Equipo de trabajo Director: Gonzalo Straface ......................................................................................................................................................................... Secretario de redacción: Maximiliano Campos Ríos ......................................................................................................................................................................... Coordinador académico: Silvio Castro ......................................................................................................................................................................... Equipo editorial: Karina Nieto, Leila Tirpak, Isidoro Sorkin ......................................................................................................................................................................... Asesor editorial: Pablo Bulcourf ......................................................................................................................................................................... Asesoramiento legal: Florencia González Berbery ......................................................................................................................................................................... Corrección: Nadia Gabriela Caratti ......................................................................................................................................................................... Diseño y diagramación: Lucía Fernández Carrascal El editor no se responsabiliza por los conceptos, opiniones o afirmaciones vertidas en los artículos de los colaboradores de la publicación, que son a título personal y de exclusiva responsabilidad de los respectivos autores. Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno es una publicación de la Escuela Superior de Gobierno y de la Dirección Nacional de Formación en Políticas Públicas, dependiente de la Subsecretaría de Planificación de Empleo Público de la Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Modernización de la Nación. Es de carácter mensual y de distribución gratuita, tiene por objetivo la divulgación de la producción científica y académica del área de trabajo de la Escuela Superior de Gobierno. El contenido de esta publicación o las opiniones de los autores aquí incluidos no reflejan necesariamente el posicionamiento de la Escuela Superior de Gobierno, de las demás áreas de la que dependen, ni del Ministerio de Modernización de Nación de la República Argentina. Dirección: Av. Roque Sáenz Peña 511 (Oficina 706) — Barrio: San Nicolás — Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires — Código Postal: C1035AAA — Teléfono: 4343-9001 — int. 706. Correo electrónico: escueladegobierno@modernización.gob.ar / formación@modernización.gob.ar ISSN: 2469-2417
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ÍNDICE 05. EDITORIAL
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06. ENTREVISTA A María Inés Baqué
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08. ESTADO DE LA CUESTIÓN De modernizaciones, reformas y otras cuestiones Por Alejandro M. Estevez
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16. ESTUDIOS Y ARTÍCULOS
Conocimiento científico y procesos comunicacionales en la construcción de la política pública Por Leonardo Santolini Las políticas alimenticias y el desarrollo económico Por María de Monserrat Llairó y Miguel Francisco Gutiérrez
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31. RESEÑAS
Los sistemas de planificación y presupuesto en Corea y América Latina Autor: Roberto García López – Sang Rock Bae Por Nadia Gabriela Caratti 20 años de Congresos del CLAD. Aportes a la Reforma del Estado y la Administración Pública en Iberoamérica Autor: CLAD – Aecid Por Florencia Gonzalez Berbery
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33. PROGRAMAS Y PROYECTOS Red de Municipios Transparentes Programa de Gestión Pública Municipal
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35. AGENDA
Agenda de eventos
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36. COLABORACIONES Página de colaboración 4
Editorial
La modernización del Estado como meta La modernización de la estructura estatal y la capacitación continua de los agentes públicos obligan a poner el foco sobre nuevos procesos y herramientas de gestión que alienten estos objetivos. Por este motivo, resulta central incentivar el debate sobre las políticas públicas, instrumentos necesarios para convertir las metas en acto. Las últimas décadas se han caracterizado por la implementación de una serie de proyectos reformistas que apuntaron a mejorar los procesos públicos. Las reformas emprendidas dejaron un cúmulo de experiencias —algunas exitosas y otras no tanto— y de conocimientos de los cuales deben extraerse lecciones que resultarán útiles para nutrir el debate sobre los procesos que promuevan la modernización estatal. Por ello, en la cuarta edición de Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno, presentamos los desafíos que implican las metas de gobierno abierto e innovación pública vistos desde la gestión. Además, incluimos algunas reflexiones sobre la experiencia reformista de los años noventa; el vínculo entre el conocimiento científico, las políticas públicas y los procesos comunicacionales que se generan en el Estado; así como la relación entre las políticas alimentarias de las últimas dos décadas, y el desarrollo local y regional de la Argentina. Cada nuevo número significa un reto para poder incluir visiones y aportes desde distintos campos disciplinares, al igual que sumar nuevos actores y dar cuenta de los procesos de innovación que se llevan a cabo en la gestión pública. En este sentido, desde la Escuela Superior de Gobierno, aspiramos a hacer del Estado un generador de ámbitos de participación y de discusión sobre la cosa pública.
Escuela Superior de Gobierno
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Entrevista Entrevista a María Inés Baqué, secretaria de Gestión e Innovación Pública del Ministerio de Modernización de la Nación María Inés Baqué nos cuenta los principales desafíos de Gobierno Digital, qué implica Gobierno Abierto e Innovación, cuáles son las políticas de género en agenda y cómo trabaja la Dirección de Procesos
—¿Cuáles son los principales desafíos en la agenda de Gobierno Digital?
RSM, explotación de datos y herramientas predictivas, entre otras.
El objetivo de Gobierno Digital es hacer que el ciudadano pueda relacionarse con el Estado de manera más simple y más rápida, por ejemplo, digitalizando ciertos trámites que hoy exigen que deba concurrir personalmente. En simultáneo, queremos implementar un programa de inclusión asistida que permita integrar a aquellas personas que, por alguna razón, no manejen los medios digitales.
Hay muchos proyectos adicionales dentro de esta área que vale la pena mencionar, como el de desarrollo de políticas de internet. A nivel global, se reconoce que los Estados progresan en la medida en que pueden incluir a la gente, y, para eso, la inclusión digital es importantísima no solo para dar conectividad, sino también contenido.
A la fecha, los productos del área son las páginas casarosada.gob.ar y argentina.gob.ar. Este último sitio es un plan muy ambicioso que pretende ser la única dirección web a la cual todo ciudadano debería remitirse para buscar cualquier interacción con el Estado nacional. Como parte de ese plan, lanzamos recientemente una aplicación, de modo que ahora es posible acceder a ella desde cualquier dispositivo móvil. Para llevar a cabo todos esos fines, nos estamos nutriendo de la incorporación de herramientas de 6
—¿Cuál es el objetivo del área de Gobierno Abierto e Innovación? Desde Gobierno Abierto, trabajamos en conjunto con la sociedad civil en la reformulación y la ampliación de los compromisos que vamos a asumir a partir de 2017 con la Alianza para el Gobierno Abierto. Lanzamos el portal de datos con el fin de transparentar y publicar la mayor cantidad de información del Estado; a la vez, estamos trabajando con provincias y municipios para que estos puedan ser promotores de esta política de apertura. No
“… los Estados progresan en la medida en que pueden incluir a la gente, y, para eso, la inclusión digital es importantísima no solo para dar conectividad, sino también contenido”
Entrevista
es solo una herramienta, sino una política que implica difusión y un compromiso muy activo en todo lo que hacemos por la transparencia de la gestión. Entendemos que tener datos disponibles permite tomar mejores decisiones. Desde el punto de vista internacional, esto tiene un impacto enorme, ya que la transparencia y la cantidad de datos abiertos son indicadores de la madurez de un Estado. Por su parte, Innovación pretende articular lo público con lo privado, y, dentro de este ámbito, trabajamos en mejorar la cocreación entre la sociedad civil y la sociedad de gobierno para resolver temas concretos de política pública promoviendo ecosistemas innovadores que aporten soluciones mediante la adopción de tecnologías. —¿Qué políticas están pensadas desde la Secretaría sobre temas de género? Respecto a este tema, queremos trabajar en la apertura de un comité de diversidad de género, ya que una buena representación de mujeres es fundamental para impulsar el desarrollo. Invertir en la mujer se repaga porque, tal como han demostrado numerosos estudios, la mujer es multiplicadora en la comunidad donde está. Asimismo, hoy en día, todas las agendas internacionales incluyen cuestiones
de diversidad de género, por lo que consideramos que es un buen tema para abordarlo desde la tecnología. —¿En qué consiste el trabajo de la Dirección de Procesos? La misión del área de Dirección de Procesos es achicar la brecha digital en los propios ministerios. De este modo, así como País Digital trabaja en alcanzar este objetivo a nivel provincial y municipal, en nuestro caso, debemos lograrlo dentro de los organismos públicos identificando las necesidades y las prioridades que presentan para poder brindarles un apoyo adecuado. Así, por ejemplo, hemos elaborado junto con el Ministerio de Salud un proyecto de cobertura universal de salud para sistematizar las historias clínicas de los ciudadanos que reciben asistencia médica en los hospitales. También estamos diseñando con este Ministerio un proyecto de telemedicina que permita prestar atención remota a pacientes, tal como se ha implementado en el Hospital Garrahan. Además, estamos trabajando simultáneamente con el Ministerio de Medio Ambiente, el de Producción y la UIF (Unidad de Información Financiera) en el relevamiento y la mejora de sus herramientas de gestión.
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Estado de la cuestión
De modernizaciones, reformas y otras cuestiones Por Alejandro M. Estevez Ph.D. en Administración Pública de la Université du Québec, Canadá. Magister en Administración Pública, UBA. Profesor de la UBA y la UTDT. Director de la Maestría en Administración Aplicada, UNLZ, y del CEDEOP
A modo de introducción La fuerte crisis fiscal que atravesaron los Estados de América Latina en la década de los ochenta, junto con la democratización de sus regímenes políticos, desembocó en un proceso reformista. Inspiradas en los modelos de gestión de los países desarrollados, las reformas hacían hincapié en la necesidad de cambiar el modelo burocrático de las administraciones públicas por uno del tipo planteado por el Nuevo Management Público (Estévez y Blutman, 2004).
su historia, crisis que puso en peligro tanto la convivencia civil como la estabilidad democrática. Por solo mencionar algunos de sus efectos, un gobierno democráticamente elegido, como el de Fernando de la Rúa, debió abandonar el poder antes de terminar su mandato; la economía estaba en default y completamente estancada, y la sociedad mostraba profundos niveles de conflicto, exclusión social y desempleo.
En general, el período reformista en la Región dejó un balance negativo, porque concluimos con un Estado más chico, altamente endeudado, con baja capacidad institucional y serias dificultades para garantizar gobernabilidad en un contexto de alto desempleo y de exclusión social.
Sin justificar el fracaso de las reformas de los noventa en nuestro país —tema por demás controversial—, se pueden encontrar algunas excepciones en organismos, como la AFIP o la ANSES, que mostraron ser un paso adelante en la construcción de un Estado más profesionalizado y más sólido institucionalmente.
En el caso argentino, la década de los noventa finalizó con una de las crisis más profundas que ha sufrido el país en
El presente artículo pretende extraer algunas lecciones de la experiencia reformista de los años noventa. En general,
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“Inspiradas en los modelos de gestión de los países desarrollados, las reformas hacían hincapié en la necesidad de cambiar el modelo burocrático de las administraciones públicas por uno del tipo planteado por el Nuevo Management Público”
Estado de la cuestión
se suele argumentar que el Estado es irreformable, que una buena reforma estatal implica un cambio drástico o que su fracaso se debe a la falta de instituciones firmes y sólidas. Sin embargo, se le presta poca atención a los fundamentos teóricos que sustentan y dan forma a dichas reformas, y a la manera en que se ejecutan.
Dos maneras de introducir cambios En la vida social, existen dos maneras de introducir cambios. Por un lado, una incremental que busca implementar ciertas reformas paso a paso, recurriendo a la negociación entre los distintos actores involucrados y manteniendo una mirada estratégica del horizonte al cual se pretende llegar. Dicho cambio implica niveles relativamente bajos de conflicto social, y sus logros son bastante estables, aunque tal vez sean menos drásticos de los que se hubieran podido conseguir de otra forma.
Por el otro lado, manteniendo una ambiciosa agenda reformista que busca lograr en su totalidad y de forma rápida, la manera disruptiva parte de una lógica de choque o excesivamente ideologizada, y pretende introducir cambios profundos y drásticos en una organización sin negociar con los actores involucrados. En términos de conflicto social, el costo de este modelo es elevado —porque hay que imponerlo—. También resulta costoso desde el punto de vista de la perdurabilidad o estabilidad; muchos cambios drásticos muestran un problema en este aspecto. Podemos ser de derechas, izquierdas, managerialistas, ecologistas, incrementalistas, disruptivos, posmodernos o la etiqueta que queramos usar, pero existe un dilema del cual no podremos escapar: todo actor que quiera hacer reformas en algún sistema social tiene dos grandes cuestiones que afrontar: ¿cómo introducir los cambios?,
“… la manera disruptiva parte de una lógica de choque o excesivamente ideologizada, y pretende introducir cambios profundos y drásticos en una organización sin negociar con los actores involucrados”
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Estado de la cuestión
“La experiencia histórica demuestra que, cuanto más grande es la necesidad de acometer un cambio sistémico, mayor es el riesgo al fracaso”
y ¿cómo sostenerlos —o institucionalizarlos— en el tiempo?
había que producir un hombre/mujer nuevo.
En búsqueda de lecciones
La experiencia histórica demuestra que, cuanto más grande es la necesidad de acometer un cambio sistémico, mayor es el riesgo al fracaso. Por ejemplo, ciertos predicadores capitalistas hablaban de la necesidad de transformar en emprendedores a discretos ciudadanos que solo buscaban un empleo; por su parte, el socialismo soviético sostenía la necesidad de producir un hombre nuevo mientras estaba frente a simples individuos que solo querían una modesta reforma agraria y vivir una vida común sin sobresaltos. Por eso, tal vez, sea más sensato buscar reformas localizadas y claramente delimitadas en lugar de aquellas inviables que requieren transformar toda la sociedad para conseguir los cambios deseados. En este último escenario, sufren todos, tanto los reformadores como los reformados.
Charles Polidano (2001) estudia por qué fracasan las reformas en el servicio civil y señala cinco razones: a) por problemas de enfoque en los cambios; esto es, buscar reformas integrales o generalizadas antes que reformas focalizadas y modestas; b) por falta de negociación entre las instancias jerárquicas y las segundas líneas o niveles más operativos de la organización; c) por falta de apoyo político a las reformas; d) por influencia excesiva de las agencias multilaterales de crédito —FMI, BID, BM—; y e) porque las reformas no sirven para solucionar algunos de los problemas existentes. Repasemos, entonces, uno por uno los factores. El problema del enfoque de las reformas es claramente un factor que conduce al éxito o fracaso. Muchas de las reformas de los noventa pretendían realizar transformaciones generales de la sociedad. Para esto, era necesario cambiar su cultura, sus valores, sus rutinas; había que refundar nuestros sistemas,
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En cuanto a la falta de negociación entre los actores que llevan adelante el proceso de reforma, creemos que es una realidad completamente cierta. Pensemos que las organizaciones están integradas por distintos estratos. Los niveles directivos se encuentran conectados con
Estado de la cuestión
las grandes líneas políticas o estrategias que se pretenden implementar, mientras que el nivel más operativo —supervisores— está más en contacto con la base de la organización y con las demandas de los ciudadanos concretos —las grandes distancias jerárquicas son una de las mayores trampas para toda gestión que quiera ser realista—. Por eso, la respuesta a este problema —de diferentes percepciones entre los niveles jerárquicos y las segundas líneas— es que exista una instancia de negociación permanente entre ambos sectores. Como producto de este intercambio, se logran reformas más modestas, pero sustentables y estables en el tiempo.
La falta de apoyo político a las reformas es un factor de peso definitorio. Muchas reformas se han quedado sin sustento político a la mitad del camino que debían recorrer y, por lo tanto, resultaron inconclusas o débilmente implementadas, efecto que conspira contra su viabilidad. Por eso, en este punto, es necesario remarcar que las mejores reformas son aquellas que son modestas y que cuentan con el apoyo político necesario, que, como sabemos, en los
tiempos que corren, son por demás cambiantes. La influencia excesiva de las agencias multilaterales que financiaron el proyecto de reforma es un punto absolutamente claro. El FMI, el BID o el BM tienden a financiar planes reformistas que buscan solucionar problemas que ellos definen como tales, y eso no implica que dichas soluciones sean las que realmente funcionan sobre el caso en cuestión. Por ejemplo, un programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en un país determinado de Centroamérica diagnosticó en su momento que era necesario reformar la estructura tributaria de dicho país, así como analizar la aplicación del Impuesto a las Ganancias —que, en teoría, es el que pagan los sectores más pudientes—. Los directivos de la agencia tributaria fueron enviados a la Argentina, y le pidieron a la AFIP que les enseñara la aplicación del Impuesto. Pero, curiosamente, su Director estaba más interesado en aprender el funcionamiento del monotributo argentino —tributo simplificado que buscaba, originalmente, la inclusión social y formalización de sectores ciudadanos 11
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de bajos recursos—, porque veía que dicho sistema le permitiría desarrollar cierta cultura tributaria donde solamente había evasión, informalidad, exclusión social y mercado negro; los ricos eran muy pocos, y cobrarles un impuesto a las ganancias a las grandes multinacionales le resultaría difícil, dada la débil calidad institucional de su agencia. Finalmente, la agencia financiadora terminó imponiendo su criterio, porque era ella quien definía el problema. Hoy día, la agencia tributaria del país receptor continua con inconvenientes para recaudar impuestos al ingreso y aún no tiene un impuesto simplificado que busque mayor inclusión y el consiguiente desarrollo de una ciudadanía fiscal. Para citar otro ejemplo de la Argentina, durante el gobierno de la Alianza, el FMI pedía ajustes cada vez más fuertes en una realidad política, económica y social que ya mostraba cierta fatiga reformista —recordemos el fugaz paso de Ricardo López Murphy por el Ministerio de Economía, y luego el ascenso y la caída de Domingo Felipe Cavallo—, y cuyo esquema de convertibilidad terminaría explotando en la crisis de 2001. 12
Por eso, siempre es necesario tener un diagnóstico claro de cuáles son los problemas que se quiere solucionar y de quiénes son los que definen la cuestión problemática. Cuando la definición del problema está en manos de las agencias multilaterales, se le debe prestar especial atención a la viabilidad de las soluciones que nos proponen/exigen y a la propia definición de problema que tienen los locales. El último factor es el que hace referencia a la utilidad de las reformas. Toda reforma tiene que pasar por la prueba de la realidad. Si, finalmente, las medidas implementadas no constituyen una solución a un problema concreto, es casi imposible que pueda pensarse en su institucionalización. Nicolás Maquiavelo (2002) sostenía: “No hay nada más difícil de emprender, ni más dudoso de hacer triunfar, ni más peligroso de administrar que la elaboración de un nuevo orden”. Esta idea no es neutral, y nos lleva a reflexionar brevemente sobre las instituciones. Como resultado de la crisis argentina de 2001 y otros impactos regionales negativos, buena parte de la literatura académica y las agencias multilaterales explicaron dichos
“… la falta de instituciones es un problema parcial. La parte que falla, justamente, es la teoría que anima las reformas”
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fracasos por la falta o la débil calidad institucional. En síntesis, el problema era la falta de buenas y sanas organizaciones que pudieran regular y sostener el proceso de cambio. Sin embargo, la falta de instituciones es un problema parcial. La parte que falla, justamente, es la teoría que anima las reformas, y esto es a lo que se refiere Polidano (2001).
Si las instituciones son el problema, ¿cómo cambiarlas? Tanto las instituciones como las organizaciones tienden a premiar más la estabilidad que el cambio, la continuidad antes que la ruptura, lo seguro antes que lo incierto, lo institucionalizado a lo innovador. Las instituciones —funcionales o disfuncionales—preservan ciertos valores, rutinas, intereses, procesos, identidades. Por lo tanto, están genéticamente dotadas para conservar algo más que para cambiarlo (Goodin, 2003; Powell y Di Maggio, 1999). Entonces, la siguiente cuestión sería ver cuánto y cómo pueden cambiar las instituciones. Débora Vidaver-Cohen (1997) intenta explicar por qué las instituciones tienden a realizar ciertos cambios
y cuál es la dinámica que siguen. Curiosamente, su artículo se llama “Imaginación moral”, concepto que define como “la capacidad de discernir con imaginación las diversas posibilidades de actuar que tenemos en una situación dada y vislumbrar el potencial de ayuda o daño que es probable que resulten de nuestras acciones de innovación” (1997: 1). La autora divide el proceso de innovación institucional en cuatro etapas: agenda, difusión, evaluación y adopción. Dentro de las organizaciones, identifica dos grupos sociales según su reacción frente a los cambios: los innovadores y los receptores. Los primeros son aquellos que quieren imponer o impulsar cambios, mientras que los segundos reciben y observan —y, a veces, resisten— las innovaciones. Al describir el proceso de innovación, remarca que, en la etapa de agenda, la necesidad de cambio aparece como prioridad para la institución. Es en la segunda etapa del proceso, la difusión, en la que se implementan los cambios. En la instancia evaluadora, ambos grupos, innovadores y receptores, realizan alguna reflexión sobre la utilidad 13
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y los efectos de los cambios realizados. En la última etapa, la adopción, se toman las innovaciones que funcionaron o demostraron algún grado de utilidad. Finalmente, Vidaver-Cohen advierte que no puede institucionalizarse ningún cambio que no constituya, al menos, una solución concreta para algunos de los problemas que presenta la organización. De lo anterior se señala que, si bien se pueden implementar ciertos cambios en el Estado, el quid de la cuestión reside en las dos preguntas que formulamos al principio. Respecto de cómo introducir los cambios, la lección parece indicarnos que son preferibles los cambios más localizados, modestos, negociados e incrementales, y que es necesario contar con apoyo político claro y explícito. En cuanto a cómo institucionalizarlos, todo cambio debe pasar la prueba de la realidad, ya que es imposible normalizar algo que no soluciona algún problema real y concreto. Sin embargo, debe tenerse presente que tanto los innovadores como los receptores son quienes, en definitiva, terminan evaluando la viabilidad o el grado de éxito alcanzado. 14
Nuevamente, la política aparece como un factor que puede operar para institucionalizar o desinstitucionalizar el cambio. Morgan (1996) decía: “Mi teoría condiciona mi forma de ver y responder a un problema”. Un reformador debe controlar constantemente si la implementación de los cambios logra el efecto previsto sobre el problema. En caso de que el desvío sea considerable, no debe forzarse la realidad, sino reformular el encuadre teórico. Hay una actitud muy humana —pero muy dañina— que consiste en creer que, cuando los efectos no se parecen a los planeados, la solución estriba en aplicar una dosis mayor de la medicina que estábamos suministrando. En los procesos de reforma, a veces, el problema no es la dosis, sino la teoría. Por eso, es necesario poder replantearse si efectivamente el problema se resuelve como se creía.
Estado de la cuestión
Referencias bibliográficas Estevez, A. y G. Blutman (2004). “El modelo burocrático inacabado después de las reformas de los 90: ¿Funcionarios, gerentes o sobrevivientes?”. En Revista Venezolana de Gerencia, 9, (25), enero. Goodin, R. (2003). Teoría del diseño institucional. Barcelona, Editorial Gedisa. Maquiavelo, N. (2002). El Príncipe. Buenos Aires: El Ateneo. Morgan, G. (1996). Imágenes de la organización. México D.F., Editorial Alfaomega, Polidano, C. (2001). “Why civil service reform fail”. En Public Management Review, vol. 3, issue 3, pp. 346-361. Powell, W. W. y P. J. Di Maggio (1999). El nuevo institucionalismo en el análisis organizacional. México: S. L. Fondo de Cultura Económica de España. Vidaver-Cohen, D. (1997). “Moral imagination in organizational problemsolving: an institutional perspective”. En Business Ethics Quarterly, vol. 7, issue 4, pp. 1-27.
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Estudios y artículos Conocimiento científico y procesos comunicacionales en la construcción de la política pública
por Leonardo Santolini Coordinador del área de Comunicación de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA e investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la UNQ. Correo electrónico: santolinileonardo@gmail.com
Resumen Este trabajo pretende reflexionar sobre la vinculación entre el conocimiento científico, las políticas públicas y los procesos comunicacionales que se generan en la órbita del Estado. Los cambios políticos y sociales por los que se ha atravesado en las últimas décadas requieren de nuevas concepciones tanto entre lo público y lo privado como en la forma en que se articulan estos elementos teniendo como horizonte normativo un Estado abierto e inclusivo que amplíe las perspectivas de la ciudadanía. Abstract This paper attempts to reflect on the link between scientific knowledge, public policy and communications processes that are generated in the orbit of the State. Political and social changes that have gone through in recent decades require new conceptions among both public and private and how these normative horizon taking as an open and inclusive State to expand the prospects of citizenship articulated elements.
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Estudios y artículos
Un mundo complejo, diverso e incierto Gran parte de las ciencias sociales comenzó a construir su campo indagatorio en torno a los cambios vertiginosos que atravesaron las sociedades occidentales en el camino hacia la industrialización. Esto significó una verdadera revolución tanto a nivel de las grandes estructuras como en los sujetos que las encarnaron. Destacados pensadores, como Karl Marx, Emile Durkheim o Max Weber, intentaron dar cuenta del pasaje a estas nuevas formas de construcciones sociales analizando en profundidad el proceso de modernización, en donde se conjugaron la secularización, la racionalización y la burocratización, expresadas, principalmente, en las instituciones de la empresa capitalista y el Estado nación. La construcción de la idea de sujeto moderno, producto de una creciente individuación, continúa hasta nuestros días. El conocimiento y la tecnología fueron tanto gérmenes como resultados de este proceso. La aparición de la imprenta de caracteres móviles, la idea de experimentación controlada y la entronización de la razón cruzarán los espacios sociales, llegando a su plenitud discursiva en la Ilustración. Tanto el
marxismo como el positivismo se consideraron sus herederos con recaudos; la utopía comunista y su revolución o la idea de articulación entre orden y progreso son representativas de la concepción de una filosofía de la historia de aspecto épico y emancipatorio. La sociedad burguesa se había instalado tanto en la esfera pública como en la privada y dio paso a nuevas formas de participación social y política. La I Guerra Mundial y la Gran Depresión de los años treinta comenzaron a dar indicios de que la creencia de una sociedad en crecimiento y expansión también podría acarrear enormes conflictos y miserias. Los horrores del nazismo y la II Guerra demostrarían que el conocimiento y la planificación podrían llevarnos a la destrucción; la racionalidad formal terminaría desalojando los aspectos éticos y sustantivos en la decisión colectiva de las personas. La configuración del mundo bipolar generó una enorme carrera militar espacial en donde se conjugaron la tecnología bélica con el espionaje y la diplomacia. La tensión se apoderó de la política internacional, pero con 17
Estudios y artículos
un equilibrio que impidió enfrentamientos a gran escala. En el plano civil, un pleno Estado de bienestar permitió que estos avances entraran en los hogares de los sectores medios, se implementaran políticas sociales para que la población pudiera acceder a bienes básicos, aunque, en gran parte del planeta, la pobreza seguía siendo la gran materia pendiente de este mundo en crecimiento. Dentro de este contexto, el campo de la administración y las políticas públicas tuvo su auge como la herramienta fundamental del Estado en su meta redistributiva de la renta secundaria. Aparece un nuevo llamado de Harold Lasswell a la articulación y confluencia entre las ciencias sociales y la política, en donde el conocimiento experto y la planificación estatal permitirían el logro del crecimiento y el bienestar. El compromiso del científico, del político y del gestor público debía orientarse hacia las políticas (Lasswell, 1992). Robert Dahl (1985), uno de los principales representantes del pluralismo norteamericano, proponía la orientación de políticas en donde confluían aspectos empíricos y normativos. 18
El rápido desarrollo de las ciencias sociales en la década de los cincuenta y sesenta permitió la constitución de un amplio espacio interdisciplinario en el que fueron confluyendo la ciencia política, la administración, la sociología y la psicología brindando elementos centrales a un Estado cada vez más presente como productor de servicios y regulador de la vida social. Pero hacia fines de la década de los sesenta, la crisis fiscal del Estado terminó entrelazándose con la crisis del petróleo y dio paso a lo que comúnmente se denominó la crisis del Estado del bienestar. El resultado fue el paulatino retiro de la intervención estatal y el regreso a formas de mercantilización de la vida social, lo que algunos denominaron neoliberalismo o también revolución conservadora. Nuevas escuelas de pensamiento, como el neomonetarismo, originado en las aulas de la Universidad de Chicago, expandieron su concepción a los asuntos públicos y orientaron parte de las políticas públicas, aunque con matices diferentes en cada país (Osborne y Gaebler, 1992; Roth-Deubel, 2016). Los años noventa terminaron por disolver la Guerra
“Nuevas escuelas de pensamiento, como el neomonetarismo, originado en las aulas de la Universidad de Chicago, expandieron su concepción a los asuntos públicos y orientaron parte de las políticas públicas… ”
Estudios y artículos
Fría con la desaparición de la Unión Soviética; lo que, a su vez, fue acompañado de una fuerte revolución científicotecnológica, orientada por el incremento exponencial del crecimiento científico y la aplicación de la informática a todos los procesos de gestión tanto en la esfera pública como privada. El fordismo dio paso a un sistema fragmentado y estratificado de producción que se articulaba con la creciente globalización. Algunos pensadores y políticos volvieron a cierto optimismo en un progreso en donde la libertad occidental y el conocimiento lograban un triunfo que pregonaba el fin de la historia. Pero nada de eso sucedió; nuevas formas de conflictividad social e internacional emergían bajo clivajes que parecían olvidados como los problemas religiosos y raciales. El mundo expresaba nuevas tensiones tanto en el campo internacional como en los desafíos a la adopción de políticas públicas. Ya no se trataba de una escala de grises, sino que una paleta de diversos colores incrementaba los desafíos a la gestión pública en todas sus facetas. El mundo y las experiencias personales se tornaban más diversas. Nuevos actores sociales
emergían en la agenda pública articulando intereses a veces poco nítidos y muchas veces contradictorios. Frente a esto, las nuevas tecnologías antes mencionadas conectaban actores, instituciones y realidades localizadas a miles de kilómetros construyendo lo que algunos denominaron espacio virtual. La complejidad se había instalado haciendo eco histórico de profecías muy diversas en donde más que nunca la vieja frase de Marx se hacía presente: “Todo lo sólido se desvanece en el aire”.
Conocimiento y decisión pública Los cambios mencionados presentan un enorme desafío a la toma de decisiones políticas. Por un lado, la construcción de la esfera de problemas que hace a la intervención estatal se ha vuelto más densa e incierta. Nuevas superposiciones hacen difícil poder diferenciar lo que algunos han denominado lo público no estatal. La sociedad civil se convirtió en caja de resonancia de demandas específicas y diferenciadas; un mundo de ONG interviene en asuntos que antes quedaban en el ámbito público o eran atendidos por los particulares. Por otro lado, el propio Estado es interpelado por estos actores 19
Estudios y artículos
que cuestionan la dimensión e ineficiencia de las burocracias. La enorme fragmentación social producto en parte de la individuación cada vez más marcada de los sujetos se explaya en conflictos y tensiones que requieren un tratamiento extremadamente particularizado. A contra pelo, la porosidad de los Estados es cada vez mayor en un mundo globalizado que da marchas y contramarchas en los procesos de integración regional, como la Unión Europea, el ALCA, o le MERCOSUR; lo que incrementa la incertidumbre a la hora de adoptar, implementar y evaluar las políticas públicas. Este conjunto de situaciones requiere cada vez más de la articulación de tres elementos que son fundamentales para el accionar del Estado: 1) Una rápida toma de decisiones frente a la activación de demandas focalizadas y específicas. El reloj de la política se ha acelerado. Además, viejas cuestiones siguen pendientes en grandes regiones del planeta, como son la pobreza y la exclusión social. A las agendas tradicionales se suman nuevos problemas. 2) El desarrollo científico-tecnológico también se aceleró, 20
expresado, principalmente, en la producción de bienes y servicios. Sin embargo, se produce un desfasaje en su transferencia al sector estatal. Esto se aprecia tanto en la aplicación de tecnologías duras como blandas en la gestión pública. 3) La estructura estatal, de orientación piramidal y jerárquica, es también un obstáculo a la hora de gestionar el Estado. El empleo público, sus formas de ingreso, estabilidad y promoción deben ser reconsiderados. Los Estados necesitan fuertes procesos de modernización que permitan que la sociedad del conocimiento pueda instalarse en estructuras montadas hace décadas. La conformación de equipos interdisciplinarios, la gestión por resultados y la necesidad de eficacia y transparencia requieren de reformas estructurales que, a su vez, generan conflictos y tensiones en las burocracias (Oszlak, 2016). Poco a poco, se fue instalando la idea de Estado abierto como una necesidad tanto instrumental como ética para el sector público. Los elementos mencionados no solo interpelan al propio Estado, sino a las otras esferas vinculadas con la gestación
“La sociedad civil se convirtió en caja de resonancia de demandas específicas y diferenciadas; un mundo de ONG interviene en asuntos que antes quedaban en el ámbito público o eran atendidos por los particulares”
Estudios y artículos
del saber y el conocimiento, como son las universidades y los centros de formación profesionales. Las carreras de grado y los propios posgrados suelen seguir modelos enciclopédicos e ilustrados. Principalmente, en el campo de las ciencias sociales, generan un abismo cada vez mayor entre el campo académico y los saberes, conocimientos y competencias que son requeridos a los profesionales que ingresan al aparato estatal.
ha instalado y crecido en la orbita del Estado. Las campañas electorales requieren de estos expertos para la construcción de la imagen de los candidatos y lograr los votos de los ciudadanos. Los gobernantes necesitan hacer uso cada vez más de los medios de comunicación masivos y de sus aplicaciones en computadoras y celulares. Se informa constantemente hasta llegar a instancias de saturación increíbles.
La difícil tarea de comunicar
En la última década, se ha pasado de la formalidad al exceso de información utilizando nuevas dimensiones de imágenes, sonidos y slogans. Los conceptos de discurso y, en algunos casos, de relato se entrelazaron —posmodernidad mediante—, con concepciones hiperrelativistas, en donde la realidad no existe más allá del hecho comunicacional que logra imponerse. Existe lo que los medios masivos nos muestran, lo cual a veces hace pensar que el propio Estado puede crear su realidad con la mera construcción de un discurso que se impone de manera hegemónica. A pesar de ello y de la lucha polarizada entre amigos y enemigos, esa construcción de la realidad, compleja, mutante y diversa, fluye por las grietas de los relatos cuando las condiciones comienzan a ser
El proceso de la comunicación articula las esferas públicas y privadas, las instituciones y los sujetos. Vivimos conectados en un mundo en el cual la información fluye de manera exponencial, y el factor tecnológico del que hacemos mención lo acelera minuto a minuto. Sin embargo, nos preguntamos hasta qué punto se logra comunicar y, a veces, concientizar mediante estos flujos constantes. En la esfera estatal, esto aún es más grave, ya que gran parte de las estrategias adoptadas no logran una adecuada articulación. El área de comunicación, a veces llamada de discurso, se
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adversas para los discursos oficiales. Surge aquí el verdadero desafío de la comunicación estatal. Por ello, debemos diferenciar tres puntos necesarios para que la comunicación pueda brindarles frutos positivos al Estado, la sociedad y los ciudadanos: 1) Necesitamos de flujos de comunicación mesurados y concretos, que puedan utilizar los diferentes medios tecnológicos posibles sin caer en los excesos. 2) Existe un aspecto general de la comunicación y otro focalizado. Debemos tener en cuenta tanto la naturaleza de lo que se quiere informar como de quiénes serán sus destinatarios. La especificidad de rubros, temas y problemas deben guiar la construcción del discurso comunicacional y la elección de los medios idóneos. 3) Hay que aceptar y promover la diversidad de opiniones sin temor a la crítica y al cuestionamiento. El debate público es una condición esencial de la democracia, y la posibilidad del acceso a los medios debe ser fomentada más allá del color político. Esto es lo que se articula con un modelo societal diverso y complejo, no los discursos únicos y hegemónicos. 22
Uno de los grandes desafíos para la construcción de un espacio público que amplíe el horizonte democratizador es dotar al Estado de una nueva forma de institucionalidad comunicacional que se articule con una comunidad de hablantes de diversas voces y expresiones (Oszlak, 2013). Saber comunicar es mucho más que informar, es contribuir a que la participación sea también un elemento central en el proceso de políticas públicas y lograr así a una mayor eficacia y control.
“Saber comunicar es mucho más que informar, es contribuir a que la participación sea también un elemento central en el proceso de políticas públicas y lograr así a una mayor eficacia y control”
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Referencias bibliográficas Dahl, R. (1985). Análisis político actual. Buenos Aires: Eudeba. Lasswell, H. (1992). “La orientación hacia las políticas”. En Aguilar Villanueva, L. (ed.). El estudio de las políticas públicas. México: Porrúa. Osborne, D. y T. Gaebler (1992). La reinvención del gobierno. Barcelona: Paidós. Oszlak, O. (2013). “Estado abierto: hacia un nueva paradigma de gestión pública”. Ponencia presentada al XVIII Congreso Internacional del CLAD. Noviembre, Montevideo. — (2016). “Hacia un Estado al servicio del ciudadano”. En diario La Nación, martes 24 de mayo. Roth-Deubel, A. (2016). “Del juego de troncos a la gobernanza colaborativa: una muy breve historia de la administración pública. En Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno, (1), mayo, Buenos Aires.
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por María de Monserrat Llairó y Miguel Francisco Gutiérrez Profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Directora del CEINLADI. Profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y de la UB
Las políticas alimenticias y el desarrollo económico* Resumen Este trabajo tiene por objetivo presentar algunos de los condicionamientos estructurales de las políticas alimentarias y productivas de la Argentina durante la última década del siglo xx y las primeras del siglo xxi. Estas políticas vinculadas al sector primario han afectado el desarrollo local y regional de la Argentina en el largo plazo. En el presente artículo, se analizan las características del sector en la década de los noventa, el impacto de la crisis de 2001 y el nuevo rol del Estado asumido a partir de 2003 tratando de identificar diferencias y similitudes entre los períodos señalados. Abstract This work aims to present some of the structural constraints of food and production policies of Argentina, during the last decade of the twentieth century and early twenty-first century. These policies linked to the primary sector affected local and regional development of Argentina in the long run. In this article, the characteristics of the sector in the nineties, the impact of the 2001 crisis and the new role of the state assumed from 2003 are analysed trying to identify differences and similarities between those periods are analyzed.
*El presente trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación UBACyT “Estudio multidimensional de los sistemas agroalimentarios en los países del Cono Sur (2001-2012). Análisis de su importancia en el desarrollo socioeconómico de la Región y un balance de la responsabilidad social”.
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A modo de introducción El presente trabajo tiene por objetivo exhibir algunos de los condicionamientos estructurales de las políticas alimentarias y productivas de la Argentina durante la última década del siglo xx y las primeras del siglo xxi. Estas políticas vinculadas al sector primario han afectado el desarrollo local y regional de la Argentina en el largo plazo. La década de los noventa se caracterizó por una mayor concentración productiva, causada por la conjunción de políticas de desregulación implementadas por el Estado y por una fuerte apreciación del dólar que afectó la competitividad de la producción local intensiva en mano de obra. Esta política trajo como consecuencia un deterioro en la producción y en los ingresos de los pequeños productores, lo cual favoreció la concentración productiva de capitales internacionales. La crisis de 2001 marcó un antes y un después en la política nacional. Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia en 2003, le otorgó al Estado un rol más activo en la regulación de la economía. Esta acción política estaba en línea con lo reclamado por la opinión pública, que demandaba
la participación de un actor que estableciese reglas de juego claras y que protegiera a los sectores de la economía nacional que se habían visto afectados por las políticas de los años noventa. Durante la primera década del siglo xxi, se experimentó a nivel mundial un incremento del precio internacional de las commodities producto de diferentes factores; entre los que destacan el incremento del consumo de China, la crisis financiera de 2008 y el aumento de la producción de biocombustibles. La fuerte suba de los precios de los alimentos incrementó los incentivos de reprimarización productiva en la Argentina, que elevó la vulnerabilidad de las estructuras productivas en el largo plazo. Esta tendencia produjo reducciones en la productividad local por precios —enfermedad holandesa—, lo cual amenazó las políticas de desarrollo na1 cional .
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Las políticas agropecuarias y las tendencias productivas a nivel nacional El sector primario es el sector poseedor de ventajas comparativas naturales que ha colocado a la Argentina en el mercado mundial durante gran parte de su historia. La caracterización del granero del mundo para describir la estructura productiva argentina se ha incorporado al relato del desarrollo nacional como parte de su naturaleza distintiva. Durante los últimos 200 años, la simplificación y la justificación de las ventajas comparativas ricardianas explicaron las políticas públicas y la división internacional del trabajo. Sin embargo, las virtudes del modelo de especialización productiva no han sido tales para los países productores de materias primas. Los resultados del crecimiento económico, la innovación tecnológica y productiva, como así también la distribución del ingreso, no han logrado alcanzar valores dinámicos sostenidos que demuestren una convergencia con los países centrales. En los años cincuenta, las explicaciones 26
de la CEPAL respecto de estas diferencias de resultados centraron su atención en las estructuras productivas desequilibradas, los diferenciales tecnológicos y el deterioro de los términos de intercambio. La década de los noventa en la Argentina se caracterizó por la profundización irreversible del neoliberalismo en la economía. El Estado nacional adoptó una conducta subsidiaria del mercado, que garantizaba únicamente la seguridad y su libre funcionamiento respaldando los servicios que no podían asumir los sectores privados. Así, la Argentina renunciaba a las políticas intervencionistas de regulación industrial que había desarrollado en décadas anteriores. Se eliminaron organismos especializados, se redujo personal y presupuestos para institutos destinados a la investigación, se privatizaron empresas públicas, se suprimieron regulaciones en sectores clave y se descentralizaron servicios hacia los municipios y las provincias, entre otras medidas. Todas estas reformas fueron direccionadas hacia un nuevo Estado de menores dimensiones y de gastos más recortados. La liberalización económica dominaba los mercados.
“Los resultados del crecimiento económico, la innovación tecnológica y productiva, como así también la distribución del ingreso, no han logrado alcanzar valores dinámicos sostenidos que demuestren una convergencia con los países centrales”
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“Tanto la SRA, la Confederación Rural como la Federación Agraria valoraban la importancia de los sectores
Pese al cambio de paradigma político-económico producido a comienzos de la década del 2000, durante este período, se ha mantenido la desregulación de distintos mercados. Así, la principal pieza de estas políticas han sido las retenciones a las exportaciones, al principio con un fin de recomposición fiscal y luego como herramienta para producir un reajuste de las condiciones de poder y acumulación, que, a largo plazo, resulta insuficiente y dista de revertir la dinámica concentradora y excluyente de la década anterior.
Organizaciones representativas del sector A pesar del incremento de los beneficios generado por las exportaciones luego de la devaluación de la moneda, los sectores ruralistas se manifestaron en contra de las medidas tomadas por el Gobierno —financiamiento de planes sociales a través del aumento de las retenciones—, ya que consideraban que el sector agroindustrial había sido el sostén económico del país durante todo el 2002, momento álgido de la crisis.
agropecuario y Desde la Secretaría de Agricul- Según estos sectores, las políticas implementadas por el agroindustrial para tura y el INTA, se llevaron ade- Gobierno dificultaban la adlante programas de desarrollo el crecimiento del rural para financiar las inversio- quisición de maquinarias y la renovación tecnológica que país por ser los nes agropecuarias del estra- les permitiría aumentar la to más pobre de la estructura generadores de agraria y brindar asistencia producción. Tanto la SRA, la
Confederación Rural como la más del 30 % de técnica en pos de reducir la Federación Agraria valoraban pobreza y mejorar las condilas divisas que ciones de vida de los grupos la importancia de los sectores rurales más vulnerables. La es-
agropecuario y agroindustrial
da entre la Nación, los Estados provinciales y las organizaciones de productores.
por ser los generadores de más del 30 % de las divisas que ingresaban.
ingresaban” trategia debía ser consensua- para el crecimiento del país
En esta línea, todas las facciones repudiaban la imposición de retenciones, ya que las consideraban una transferencia 27
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de ingresos en beneficio de la industria, incapaz de competir en el mercado mundial. Según estas organizaciones, si bien el sector agrario es el más dinámico de la economía argentina por su nivel de competitividad en el mercado mundial, debe competir con producciones subvencionadas de Europa y los Estados Unidos, por lo que no puede financiar el desarrollo de una industria nacional ineficiente. El campo se convirtió en el responsable de la recuperación de la crisis, debido a la apertura del mercado chino, el aumento de los precios internacionales de los productos primarios y el ascenso del 2 ciclo de la soja transgénica , cuya producción era la más rentable. Con la postura de “si se frena el campo, se frena el país”, los representantes de este sector argumentaban que, a través de la actividad agropecuaria, habían crecido muchas otras. Por lo tanto, las amenazas externas —baja relativa en los precios internacionales— y las internas — aumento de las retenciones— eran un grave peligro para desarrollo del país.
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Desde la prensa más conservadora, se apoyaba la postura de las organizaciones rurales argumentando que el crecimiento sostenido se lograba a través de una economía abierta sin barreras ni protecciones, en otras palabras, sin intervención estatal. La contrapartida para el consumidor del mercado local sería el incremento de los precios de los alimentos. Mientras el Gobierno responsabilizaba de ello a los grandes comercializadores, estos sostenían que el Estado era quien debía subsidiar el excedente de los precios internacionales con respecto a los del mercado interno. En resumen, la primera década del 2000 se vio caracterizada por un cambio notable de los precios internacionales que favoreció a los países productores de commodities, como la Argentina. Si bien esto significó el mayor ingreso de recursos por el efecto precio y el consecuente incremento de la riqueza local, como contrapartida, produjo el incremento internacional del precio de los bienes que componen la canasta básica de alimentos. Por consiguiente, se optó por una mayor intervención a nivel mundial en
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la regulación de estos mercados mediante subsidios de distinto tipo —el plan Bolsa Familia, en Brasil; Oportunidades, en México; y la Asignación Universal por Hijo, en la Argentina son algunos ejemplos—. Estos dos efectos fueron los más característicos de este período: mayor riqueza y mayores precios.
Algunas conclusiones Durante la década menemista, con el objetivo de recortar los gastos públicos, el Estado nacional sufrió una desestructuración que desmembró su potencial de acción sobre las diferentes funciones económicas que poseía. A partir de 2002, con el cambio de rumbo de la política hacia una mayor intervención en la economía y una compensación de las desigualdades producidas por el mercado, el Estado nacional tuvo que enfrentarse no solo a la necesidad de implementar políticas redistributivas de las riquezas generadas por el sector agropecuario, sino también a su propia incapacidad institucional para llevarlas a cabo, debido al desmembramiento sufrido en la década anterior.
No obstante, en este período, no se ha observado una reestructuración de las capacidades administrativas del Estado para implementar políticas acordes al cambio de paradigma. Con el objetivo de recaudar la mayor cantidad de recursos para implementar su ideal intervencionista, el Estado participó en la instauración de un modelo biotecnológico de producción agrícola donde las empresas extranjeras, los grupos económicos concentrados locales, los productores y los especuladores vieron un crecimiento abismal de sus réditos, crecimiento que se oponía al desabastecimiento y a los fuertes aumentos en el precio de los alimentos y a la profundización de la exclusión de millones de sujetos agrarios.
“Durante la década menemista (…), el Estado nacional sufrió una desestructuración que desmembró su potencial de acción sobre las diferentes funciones económicas que poseía”
El principal punto de compensación fue a través de las retenciones a las exportaciones, un impuesto que el exportador le traslada al productor porque, como los precios de venta de los bienes son fijados por la cotización internacional, la traslación del impuesto solo puede realizarse hacia el productor que lo sufre; más aún los de menor envergadura, porque tienen 29
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menos poder de negociación con el exportador. Por eso, la herramienta fundamental para que el Estado pueda intervenir en la economía con políticas redistributivas es una reforma fiscal que afecte a los grandes poderes económicos privados y les brinde a los sectores más pobres de la sociedad herramientas para progresar, en lugar de financiamiento compensador. Así, el Estado puede recuperar su capacidad institucional y también su capacidad política e instaurar, al mismo tiempo, una equidad social más sostenida.
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Referencias bibliográficas Acemoglu, D. y A. Robinson (2012). ¿Por qué fracasan los países? Buenos Aires: Ariel. Llairó, M. (2009). “The process of Latin American integration. New parameters of negociations”. Annales Universitatis Marie Curie – Sklodowsa, 1, (16). — y P. Palacio (2011). “La política económica de la Argentina neoliberal 1989-1999”. En Llairó, M. y M. Díaz (coord.). Neoliberalismo y crisis del Estado en la Argentina de los noventa. El nuevo paradigma político-económico del menemismo. Berlín: Lap Lambert Academic Publishing Gmh & CO. — (2016). “Economía informal, pobreza e inseguridad laboral. Dilemas que enfrenta la economía argentina hacia mediados de la segunda década del siglo XXI”. En Llairó, M. y P. Palacio (comp.). Los interrogantes de América Latina en la era global. Buenos Aires: Imagomundi. Piketty, Th. (2014). El Capital en el siglo XXI. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
La enfermedad holandesa o síndrome holandés es un término económico que caracteriza las consecuencias negativas ante un crecimiento inesperado en los ingresos de divisas. La consecuencia más mediata es la revalorización o apreciación de la moneda local, situación que disminuye la competitividad de la industria nacional. 2 El paquete tecnológico aplicado con la soja RR implica la necesidad de menos mano de obra por hectárea y de una mayor concentración de la producción en extensiones más grandes, lo cual genera una agricultura que desplaza a los pequeños productores a otras regiones y a otros tipos de cultivos, y que deja ganancias a un pequeño grupo nacional, como los Grobo.
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Reseñas
Los sistemas de planificación y presupuesto en Corea y América Latina Roberto García López – Sang Rock Bae Comunidad de Profesionales y Expertos de Latinoamérica y el Caribe en Gestión para Resultados en el desarrollo (CoPLAC-GpRD), Ministerio de Estrategia y Finanzas de Corea, 121 páginas. Nadia Gabriela Caratti A partir de un análisis comparativo, en esta publicación, Roberto García López y Sang Rock Bae proponen evaluar el papel de las instituciones de planificación y presupuesto en relación con el desarrollo económico. Específicamente, analizan los casos de Brasil, Chile, Colombia y México —los más avanzados de la Región en la materia— tomando a Corea como punto de referencia o benchmark, país que ha crecido aceleradamente en la segunda mitad del siglo xx gracias a una estrategia focalizada en el mercado global. En este sentido, su hipótesis consiste en que las capacidades institucionales forman parte del concepto de Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD). Esto significa que las instituciones son un componente clave en la gestión para resultados orientada a la promoción del desarrollo.
las facultades del Legislativo y del Ejecutivo, y la relación entre los sistemas de planificación y presupuesto en los países mencionados. De estos dos sistemas, consideran cuatro instrumentos: Visión de Largo Plazo (VLP), Plan de Desarrollo de Mediano Plazo (PDMP), Marco de Gasto Mediano Plazo (MGMP) y Presupuesto Basado en Resultados (PBR). En América Latina y el Caribe, ningún país ha completado la construcción de un modelo burocrático weberiano, y la profesionalización de los servidores públicos a través del mérito ha coexistido junto con prácticas patrimoniales y clientelares, tal como lo corroboran diversos estudios politológicos. Esta publicación pretende dar cuenta de los esfuerzos que se llevan a cabo para fortalecer las instituciones de estas democracias jóvenes y lograr así un crecimiento sostenible.
Desde esta óptica, analizan pormenorizadamente las características de las normas constitucionales, el diseño institucional, 31
Reseñas
20 años de Congresos del CLAD. Aportes a la Reforma del Estado y la Administración Pública en Iberoamérica CLAD – Aecid Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo y Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 306 páginas. ISBN: 978-980-6125-81-0 Florencia Gonzalez Berbery
Desde su comienzo en el año 1972, la misión del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) ha sido promover el análisis y el intercambio de prácticas y saberes en torno a la reforma y la modernización del Estado. Con el objeto de difundir herramientas eficaces que contribuyan al avance de los gobiernos iberoamericanos, esta publicación compila veinte ponencias presentadas en algunas ediciones de los congresos que se organizan en forma anual. Los ensayos brindan ciertas pautas para pensar el fortalecimiento de las capacidades estatales tanto desde una perspectiva académica como desde la experiencia institucional de los diversos gobiernos. En ese sentido, la selección versa, principalmente, sobre temas de administración y política pública, formación y capacitación de funcionarios, innovación y transparencia en instituciones públicas, partici32
pación ciudadana y desarrollo de liderazgos en materia de gestión estatal. Estos artículos no solo abordan la agenda de la profesionalización en los países de la región, sino que, además, representan una línea evolutiva de las cuestiones debatidas en este ámbito.
Programas y proyectos Red de Municipios Transparentes
El Ministro de Modernización presentó en Paraná, Entre Ríos, la Red de Municipios Transparentes. Entre Ríos es la primera provincia en sumarse a la iniciativa que busca que los municipios publiquen los datos de la gestión en portales locales. La Red se inscribe dentro del Plan Digital de Gobierno Abierto, que impulsa el Ministerio de Modernización. El objetivo es implementar un sistema para que toda la legislación municipal esté a disposición del ciudadano, al igual que toda la ejecución presupuestaria.
A partir de estas iniciativas, el Ministerio apunta a acercar el Estado a los ciudadanos brindando nuevas herramientas informáticas que permitan conocer el avance de la administración y asegurar la transparencia en la gestión pública.
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Programas y proyectos Programa de Gestión Pública Municipal
La Escuela Superior de Gobierno desarrollará un programa de capacitación intensiva para municipios en conjunto con la Secretaría de País Digital, y el Ministerio del Interior y Obras Públicas y Vivienda de la Nación. El objetivo central es reforzar las capacidades de los gestores locales para su desarrollo y fortalecimiento sobre la base de los principios de las políticas públicas adaptadas al gobierno municipal. Asimismo, se busca facilitar herramientas de planificación y gestión municipales basadas en el análisis de los servicios locales, su administración, las principales características y los roles actuales a partir de la identificación de las características de los municipios 2.0. Este programa permitirá promover la ejecución de estrategias específicas que promocionen tanto el desarrollo local como las relaciones entre los gobiernos municipales y el sector empresarial, e incorporar conceptos de gestión por resultados y normas de calidad para los servicios públicos locales. La cursada tendrá modalidad presencial y a distancia, y se 34
desarrollará en 30 sedes, distribuidas en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto alcanzará a más de 300 municipios en 2016.
Para recibir información sobre el Programa enviar un correo a escueladegobierno@modernizacion.gob.ar con el asunto “Programa de Gestión Pública Municipal”.
Agenda
EVENTOS 2016 Conferencia Anual de EGPA 24 al 26 de agosto de 2016 European Group for Public Administration (EGPA) - Utrecht, Holanda. AGO http://egpa-conference2016.org/ ............................................................................................................................ 24 al 26
30 al 2
SEP
Congreso de la Asociación Brasileña de Ciencia Política 30 de agosto al 2 de septiembre de 2016 Asociación Brasileña de Ciencia Política - Belo Horizonte, Brasil. http://www.encontroabcp2016.cienciapolitica.org.br/
........................................................................................................................... 1 al 4
SEP
Conferencia Anual de APSA 1 al 4 de septiembre de 2016 American Political Science Association - Philadelphia, EE. UU. http://www.apsanet.org/
............................................................................................................................ 12 al 15
SEP
Congreso Nacional e Internacional sobre la Democracia 12 al 15 de septiembre de 2016 Universidad Nacional de Rosario - Rosario, República Argentina. http://www.fcpolit.unr.edu.ar/congreso/
............................................................................................................................
12 al 14
NOV
Conferencia Anual de OpenCon 12 al 14 de noviembre de 2016 Right to Research Coalition, SPARC, and an Organizing Committee of students and early career researchers from around the world - Washington D. C., EE. UU. http://www.opencon2016.org/
............................................................................................................................
30 al 2
DIC
Segundo Congreso Argentino de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (CAESCyT) Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo - Universidad Nacional de Río Negro - San Carlos de Bariloche, República Argentina. http://iesct.unq.edu.ar/
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Colaboraciones Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno Los trabajos con pedido de publicación deben ser remitidos a la revista Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno mediante comunicación electrónica a escueladegobierno@modernizacion.gob.ar, con copia a formacion@modernizacion.gob.ar. En todos los casos, deben ser trabajos originales o inéditos, que no hayan sido enviados para su publicación a otras revistas. Se podrán presentar artículos y reseñas en idioma castellano y portugués. Todas las contribuciones recibidas serán evaluadas preliminarmente por la dirección y la secretaría de redacción de la Revista, y aprobadas acorde a su pertinencia temática y requisitos formales. El proceso de selección durará, como mínimo, entre uno y seis meses; y, una vez finalizado, el comité de la revista se pondrá en contacto con el autor o los autores para comunicar la decisión de publicación. Los editores no están obligados a mantener ningún tipo de comunicación con aquellos que hayan enviado sus trabajos, salvo que estos sean efectivamente publicados. En caso de sugerencias y correcciones, los autores deberán dar cuenta de estos. El envío de un artículo a la revista Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno implica la cesión de los derechos de autor para que este pueda ser editado, reproducido o difundido públicamente con fines exclusivamente científicos, académicos o culturales. Para la presentación de los trabajos, se deberán observar los siguientes criterios: 1. Deben ser enviados a ambas direcciones electrónicas. 2. Los artículos no deben exceder los 13 000 caracteres (con espacios incluidos), y las reseñas bibliográficas, los 500. Esto incluye resúmenes y referencias bibliográficas. 3. Todos los trabajos deben presentarse en programa Word, con letra Times New Roman, número 12, a espacio sencillo. Se utilizará hoja tipo A4 con margen superior de 3 cm; inferior, 2,5 cm; izquierdo, 2,5 cm y derecho, 2.5 cm. 4. Los artículos deberán estar acompañados con una foto de cara de cada uno de los autores con definición mínima de 300 DPI en JPG. Asimismo, las reseñas bibliográficas deberán ser enviadas con una foto de la tapa del libro con la misma definición. 5. El título deberá estar alineado a la izquierda en negrita y con letra Times New Roman, número 14. Los nombres y apellidos del autor o de los autores se expresarán de igual forma, pero en letra itálica (en caso de ser dos, la “y” entre estos estará en cursiva, y, si son más de dos, habrá comas entre ellos hasta el último, donde se ubicará la “y”). 6. Toda aclaración con respecto al trabajo, así como la pertenencia institucional del autor o de los autores y su dirección electrónica, deben consignarse mediante asterisco (y doble asterisco si fuese necesario) desde el título o el nombre del autor al pie de la primera página. 7. Las citas aclaratorias deberán ir al final del texto y no podrán superar el número de cuatro. 8. Las referencias bibliográficas deberán seguir preferentemente el formato americano: apellido del autor, año y número de página luego de dos puntos para los casos de citas textuales. Por ejemplo: Varios países latinoamericanos son casos de democracia delegativa (O’Donnell, 1997). “El presidente es considerado la encarnación de la nación y el principal definidor y guardián de sus intereses” (O’Donnell, 1997: 293). 9. En el apartado bibliográfico, las referencias deben observar el siguiente orden, separado por comas: apellido
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Colaboraciones del autor, letra inicial del nombre del autor, año (entre paréntesis), título de la obra (entre comillas si es un artículo; en itálica si se trata de un libro o título de una publicación), volumen, tomo, etc., lugar de edición y editorial. Por ejemplo:
Para libros y capítulos de libros: Bourdieu, P. (2008). Homo academicus. Buenos Aires: Siglo XXI. O’Donnell, G. (1997). “¿Democracia delegativa?”. En O’Donnell, G. Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización. Buenos Aires: Paidós. Gutiérrez Márquez, E. (2013). “La ciencia política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM”. En Reveles, F. (coord.). La Ciencia Política en México hoy: ¿Qué sabemos? México: UNAM y Plaza y Valdés. En caso de titularidad por parte de organizaciones, se pondrán los nombres en mayúsculas. ..............................................................................................................................................................................................................................................................
Para revistas: Altman, D. (2005). “La institucionalización de la ciencia política en Chile y América Latina: una mirada desde el sur”. Revista de Ciencia Política, 25, (1). En este caso, el “25” corresponde a número de la revista, y el “(1)”, al volumen. .............................................................................................................................................................................................................................................................
Para participaciones en eventos científicos: Rocha, C. (2012). “La ciencia política en Uruguay (1989-2009). Un estudio de los temas, teorías y metodologías predominantes en la investigación y la enseñanza en el Instituto de Ciencia Política”. Ponencia presentada en el IV Congreso Uruguayo de Ciencia Política. Noviembre, Montevideo. ............................................................................................................................................................................................................................................................. 10. La bibliografía obtenida en espacios virtuales deberá consignarse con su sitio correspondiente junto con la fecha de consulta: XXXXXXXXXX. Disponible en <www.xxxx.xxxx.xx>. [Consulta: 25 de julio de 2016]. 11. Todos los artículos deberán estar acompañados por un resumen en castellano y otro en inglés, de hasta 100 palabras cada uno. En caso de tratarse de un artículo en portugués, se agregará un resumen en castellano. 12. Los cuadros, diagramas e infogramas realizados en otros programas deberán ser enviados en archivos aparte. Se deberá señalar específicamente el lugar en el cuerpo del texto donde deberán colocarse. En la medida de lo posible, se deben utilizar programas generalizados y compatibles con Word. Cada elemento deberá contar con su propio archivo. Incluyendo los cuadros, el artículo no podrá superar las 4 páginas en el formato antes mencionado. Los editores no están obligados a mantener ningún tipo de comunicación con aquellos que hayan enviado sus trabajos, salvo que estos sean efectivamente publicados.
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