EL TEMA

LA AFECTACIÓN DEL PARO NACIONAL AL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS POR CARRETERA

Sin minimizar o deslegitimizar la protesta social, es necesario entender que cada vez que se bloquea una vía, se vandaliza un bus o se hace colapsar la movilidad, no solo están desnaturalizando el contexto pacífico de la protesta social, establecido en el artículo 37 de la constitución, sino que se está cometiendo un delito. Es de vital importancia entender el contexto constitucional de la protesta social prevista en nuestra carta; el desarrollo jurisprudencial ha establecido que el derecho a protestar goza de dos atributos para establecer el carácter fundamental de derecho o garantía mínima: por un lado, la inherencia a la dignidad humana, y por el otro la derivación inmediata de valores supremos constitucionales, esto significa que para que la movilización o protesta tenga carácter constitucional ella debe ser PACÍFICA.

En Pasajero Revista institucional de la Asociación Nacional de Transportadores ASOTRANS, abrimos un espacio para dar a conocer los testimonios de algunos de los empresarios del sector, vinculados a la agremiación que se han visto afectados en medio de esta protesta social.

TESTIMONIOS

JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA, MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA ASOTRANS, GERENTE EXPRESO LA GAITANA S.A – NEIVA-HUILA.

Durante el 2020 y 2021,a causa de la pandemia Covid-19 y el Paro Nacional que inicio el 28 de abril del 2021, el servicio de transporte de pasajeros se ha visto bastante afectado por el vandalismo, la falta de políticas y control contra la ilegalidad. Debido a los constantes bloqueos, disturbios en las vías impidiendo de esta forma la movilidad y oportuna prestación del servicio, el descenso de pasajeros y retención por varias horas de los vehículos, cobro de peajes ilegales en los puntos de bloqueo, ha generado que los ciudadanos limiten sus salidas y el uso del servicio público.

La liquides de las empresas se ha visto afectada por la baja en el IPK (Índice de Pasajeros pago por kilómetro efectivo), en un 45% de los pasajes, esto se traduce a unos ingresos muy bajos, ocasionando la pérdida de puestos de trabajo formales; a esta grave situación se le agrega los perjuicios causados por los daños en el parque automotor producto de los desmanes de la denominada “ primera línea ” , quienes han generado el detrimento de los vehículos al ser violentados al romper sus vidrios, dañar las llantas y hasta incinerar un vehículo de nuestra flota. Además de poner en riesgo la vida de los conductores y pasajeros que se han visto en peligro a causa de asaltos a mano armada. En vista de la limitación que se dio al servicio de transporte público legal durante los bloqueos generados por el paro nacional, se aumentó el transporte ilegal, dejando claro que el peor enemigo del transporte es la falta de cumplimiento de políticas contra la ilegalidad por parte de las Administraciones Municipales.

ÁNGEL CONDE ÁLVAREZ, MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA ASOTRANS, GERENTE GENERAL EXPRESO BRASILIA S.A – BARRANQUILLA-ATLÁNTICO.

Ad portas de nuestro sexagésimo aniversario, hemos vivido un año lleno de retos y desafíos para los transportadores. Nuestro sector ha resistido el grave impacto económico y social causado por los dos eventos más traumáticos en la historia productiva del país: la pandemia COVID 19 y la suspensión de operaciones por los bloqueos en las vías nacionales; consecuencias que tardaremos años en superar. Expreso Brasilia no ha sido ajena a los efectos devastadores de la parálisis extendida por más de un año, sin embargo, hemos transformado esta experiencia en un escenario para el nuevo comienzo. Estos hechos nos han movido a repensar estratégicamente para dar continuidad a la compañía, en el marco de nuestra premisa misional que se extiende al bienestar y desarrollo de nuestros colaboradores, afiliados y accionistas. Hoy, fijamos nuestro objetivo a mediano plazo en el crecimiento adaptándonos a la nueva realidad, desde la inevitable reinvención del modelo de negocio y la innovación de nuestro modelo comercial. Retos que, por supuesto involucran el compromiso sectorial y la gestión de gobierno, en la evolución del transporte como motor de la economía del país.

LUIS FERNANDO GAMEZ GUERRERO, MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA ASOTRANS, SUBGERENTE TRANSPORTADORES DE IPIALES S.A– IPIALESPASTO.

Debido a la pandemia, entre otros, el sector transporte es uno de los sacrificados; empresarios, propietarios de vehículos, conductores, trabajadores administrativos y operativos y demás actores de estas empresas han sufrido grandes afectaciones principalmente de tipo económicas.

Las restricciones de movilidad y medidas de bioseguridad establecidas por el gobierno fueron drásticas y la reactivación demasiado lenta; aislamiento obligatorio, cuarentenas, toques de queda, prohibiciones de aglomeración, cierres de fronteras, limitación a la movilidad entre municipios, prohibición de celebración de fiestas y eventos, entre otras, han sido el común denominador en las políticas implementadas lo que ha conllevo a una disminución de los ingresos casi en su totalidad, pasando de una flota activa del 1% en abril a 20% en el mes de agosto de 2020, conjuntamente con las restricciones del 50% de la capacidad de los vehículos; y únicamente hasta enero se contó con la autorización del transporte del 70% de la capacidad de los vehículos.

A pesar del desgaste administrativo y los costos económicos, la organización estableció sus protocolos de bioseguridad, sin embargo, a pesar del esfuerzo, la demanda de pasajeros para el año 2020 disminuyó más del 70%, los usuarios empezaron a utilizar medios de transporte alternativos, al generarse un pánico colectivo de usar el transporte público. La situación se agravó debido a la desprotección o la falta de apoyo del gobierno al sector transporte, esto a razón del exceso de controles y regulaciones que limitan la normal operación de las empresas, lo que sumado a la falta de garantías, genera un desequilibrio o incapacidad para resistir frente a esta difícil situación.

En este mismo sentido, la informalidad, ilegalidad o piratería que va desde particulares, motocicletas, vehículos de diferentes modalidades como las del transporte especial, mixto y de carga han sido pan de cada día en la pandemia, quienes al ver inexistencia de capacidad institucional, voluntad política, y siendo vana la presencia de entes u órganos que actúen con el fin de detenerla o controlarla, han aprovechado la situación para desarrollar y fortalecer estas actividades ilegales, llegando a convertirse en organizaciones que mueven grandes sumas de dinero en la movilidad de pasajeros incautos, de migrantes de los que se permite el transito como los ciudadanos venezolanos o de otros que están restringidos como de los extranjeros de otros orígenes como Haití, Cuba o África que están siendo movilizados generando graves problemas migratorios como los vividos en Necoclí.

Por la cercanía con el vecino país del Ecuador se tiene una fuerza innegable de mercado, pero el cierre de fronteras internacionales, agudizó aún más la crisis, a la fecha ya son más de 15 meses en los que las fronteras con Ecuador se encuentran cerradas; permitiendo que los pasos ilegales sean un mayor foco de ilegalidad que alimenta la informalidad o piratería.

Por otra parte, debido a la falta de ingresos, muchos propietarios de vehículos no volvieron a desarrollar la actividad, al ser imposible solventar los gastos o el pago de créditos. En este sentido las autoridades adoptaron medidas que tenían un efecto contrario al inicial, a razón de que estas medidas vistas como paños de agua tibia se centraban en la devolución del fondo de reposición, que si bien podía beneficiar en un principio a los propietarios de los vehículos, dejaba incierta la posibilidad de la reposición y renovación del parque automotor una vez terminada su vida útil.

Los créditos, fueron otra de las alternativas para lograr enfrentar las consecuencias ocasionadas por la pandemia, sin embargo estos no son la solución, puesto que generan una rentabilidad para el sector financiero, pero no descargaron el peso para las empresas que se han visto afectadas debiendo asumir esa carga de intereses sin producción que permitiera hacerlo sin detrimento.

Por otro lado, la pandemia trajo consigo la presencia de riesgos psicológicos y psicosociales en los empleados de la empresa, derivados de la posibilidad de perder los empleos, incertidumbre sobre la reactivación económica y continuidad en las organizaciones en general.

Además, el paro nacional que tuvo inicio el 28 de abril, recrudeció las circunstancias generadas por la pandemia, fueron varios los días en los que los bloqueos en las principales ciudades del país, afectaron el normal funcionamiento y operatividad de las empresas.

Actualmente, las empresas dedicadas al transporte de pasajeros, ven con expectativa la reactivación económica, acatando cada una de las medidas adoptadas y exigidas por el gobierno y buscando de alguna manera la implementación de estrategias que contribuyan a operar progresivamente. A pesar que la afectación empresarial ha sido inmensa, en este tiempo de pandemia, la madurez y el conocimiento en las empresas se ha potenciado, lo que ayudará en el futuro a adoptar estrategias que ayuden a mantener y atraer nuevos clientes.

Pero el sector del transporte requiere de la implementación de medidas que permitan hacerlo sustentable para responder a la prestación del servicio en las condiciones necesarias de calidad y seguridad, cumpliendo así con las expectativas del usuario, que conjuntamente con una gestión sólida, rentabilidad, mejoramiento de las capacidades de los colaboradores permitirá a las empresas cumplir con sus visiones logrando de esta manera que este sector que venía siendo inviable, logre surgir y asegurar que perdure en el tiempo.

"EL PARO NACIONAL NOS AFECTÓ MÁS QUE LA PANDEMIA": EL ESTALLIDO SOCIAL VISTO POR LOS EMPRESARIOS.

El Paro, shock en una región productiva: Estadísticas revelan que el Paro Nacional ha significado una pérdida de 13 o 14 billones de pesos (unos US$3.500 millones), mientras que la pandemia generó pérdidas en las empresas por un equivalente de 64 billones de pesos (US$17.300 millones). Cifras de la Policía estiman que en 40 días las protestas se han generado al menos 3.200 bloqueos en carreteras, en un país de compleja topografía que depende como pocos del transporte vehicular.

La Cámara de comercio de Cali estima que los bloqueos en las carreteras, un polémico mecanismo de protesta, generaron afecciones en el 70% de las empresas del Valle; caídas en ventas para el 65%, cierres en un 10% y reducciones de nómina en el 26%.

El gobierno de Duque señaló que las pérdidas por el paro son millonarias y que son miles de negocios los que se han visto obligados a cerrar sus puertas temporal o definitivamente. Además se señala que las protestas le dieron un severo golpe a la ansiada reactivación económica proyectada para 2021 tras el impacto de la pandemia y las cuarentenas del año pasado. El rol histórico del empresariado: Esta no es, por supuesto, la primera vez que las empresas colombianas se ven afectadas por una crisis de orden público, el narcotráfico, el conflicto armado y la criminalidad amenazaron durante años la rentabilidad de los negocios. Pero los expertos coinciden en que, pese a todo, el sector privado supo adaptarse a la realidad del país. "Históricamente, ha habido un compromiso del empresariado en temas de superación del conflicto como educación, medio ambiente y condiciones laborales hasta el punto de que, a diferencia de otros países, han llegado a suplir roles del Estado" , dice Angelika Rettberg, politóloga de la Universidad de los Andes.

Fuente: BBC Mundo en Colombia

Protesta social, sin afectar los derechos al trabajo, la seguridad y la movilidad de la ciudadanía.

Es necesario tener en cuenta que el 98% de las empresas del país son micros y pequeñas, que son las principales afectadas lo mismo que sus empleados, por la baja en ventas ocasionadas por los bloqueos en las ciudades. Debemos preservar la institucionalidad y entender que existen temas innegociables en un estado de derecho para conservar el orden y la unidad: la observancia de los derechos fundamentales, el acatamiento de la ley y la preservación de la seguridad. Por ello, no es posible pretender imponer por las vías de hecho peticiones que perjudiquen al país en su conjunto, con el objetivo de poner contra la pared al Estado, el cual finalmente somos todos los colombianos.

Fuente: Confecámaras

Movilidad y protesta social:

La Corte Constitucional de Colombia analizó las conductas que el Código Penal estableció con referencia a dos temas que vale la pena analizar y comentar. En efecto, la conducta de la ocupación sin autorización de la vía pública y por otro lado los actos contra el transporte público de pasajeros, en este particular es menester referirnos al fallo C-742 de 2012, emitido por el máximo tribunal constitucional, con ponencia de la doctora María Victoria Calle, fallo que evaluó la constitucionalidad de los artículos 44 y 45 de la Ley 1453 de 2011, normas que a su turno se refieren a la “Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público ” y “Perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial” , respectivamente. El estudio de las normas demandadas concluyó que sendas disposiciones legales no violan ni menoscaban la carta del 91, esto en la medida en que no violan el principio de estricta legalidad, ni tampoco la protesta social.

Fuente: Revista Semana, Marco Tulio Gutiérrez Morad

L A J U N T A D I R E C T I V A D E L A A S O C I A C I Ó N N A C I O N A L D E T R A N S P O R T A D O R E S A S O T R A N S

F E L I C I T A A L A E M P R E S A E X P R E S O B R A S I L I A S . A E N S U S

D E T R A Y E C T O R I A , C O N T R I B U Y E N D O C O N E L F O R T A L E C I M I E N T O Y E L D E S A R R O L L O E C O N Ó M I C O , S O C I A L Y E M P R E S A R I A L D E L P A Í S . E X T E N D E M O S U N E S P E C I A L S A L U D O A S U S D I R E C T I V O S Y C O L A B O R A D O R E S , R E S P O N S A B L E S D E L É X I T O D E T A N P R E S T I G I O S A E M P R E S A .