EDITORIAL

D i r e c t o r G e n e r a l M a r i n o Q u i n t e r o T o v a r

D i s e ñ o y E d i c i ó n P e r i o d í s t i c a L i n a O l a r t e A r d i l a

C o r r e s p o n s a l e s J o r g e V a s q u e z - C a l i A m a n d a D í a z - I p i a l e s N i d i a C o l o r a d o - P e r e i r a J u a n C a r l o s G o n z a l e z - N e i v a E d g a r M e j í a - S i n c e l e j o H é c t o r P e ñ u e l a - V i l l a v i c e n c i o

U n a p u b l i c a c i ó n d e l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e T r a n s p o r t a d o r e s A S O T R A N S

I S S N 0 1 2 3 - 2 5 5 X

D i r e c c i ó n D i a g o n a l 2 3 N o 6 9 - 6 0 O f i c i n a 7 0 3 / 7 0 4 P B X : 4 1 0 9 3 0 0 / 1 8 / 2 2 E - m a i l . a s o t r a n s @ a s o t r a n s . o r g B o g o t á , C o l o m b i a P o r : M a r i n o Q u i n t e r o T o v a r

P r e s i d e n t e A S O T R A N S m a r i n o q u i n @ y a h o o . c o m

NEW PRE@ m a r SIDENT,i n o t r a n s NEW ERA LA PROTESTA SOCIAL Y EL DERECHO A LA MOVILIDAD

Se ha venido analizando por parte de la industria transportadora los hechos que afectan el normal desarrollo de su operación y entre tantas afectaciones, incluida la pandemia del Covid y sus conocidas restricciones, se destaca el enorme impacto que causo el paro nacional y los bloqueos de las vías tanto en las ciudades como en las carreteras del país. La protesta social encuentra su razón en múltiples causas y se puede decir que la mayoría de ellas son justas reclamaciones de los diversos estamentos de la sociedad en busca de los cambios necesarios para un crecimiento equitativo de la economía. Sin embargo, lo que queremos colocar en la agenda de dialogo permanente es el derecho menor para muchos, mayor para otros, de la libre movilización de los ciudadanos y en especial si el bloqueo al transporte público es un mecanismo legitimo de la manifestación de inconformidad y si es válido hacerlo entonces por cuánto tiempo el Estado lo debe permitir. Un día, dos días, veintiséis días como en el caso de la vía panamericana por los indígenas en años anteriores o por casi dos meses como en el reciente paro desarrollado en unas regiones más que en otras.

Parece una discusión que no se quiere dar ni por parte del gobierno en representación del Estado legítimo ni por los líderes de la protesta social que encuentran en ese mecanismo un enorme factor de desestabilización y afectación de la sociedad en general convirtiéndose en un arma de poder de negociación. Lo que es evidente es que causa daños irreparables a muchos ciudadanos que pierden la posibilidad de llegar a los sitios de su actividad económica, educativa o de salud. Al transporte público más en unas modalidades que en otras, le impide cumplir su tarea y como consecuencia de ello entrar en balances deficitarios que ponen en riesgo su existencia y su sostenibilidad económica. Para muchos transportadores la última inmovilización les propino el golpe de gracia que los dejo fuera del mercado.

Las empresas de transporte tienen una habilitación que les autoriza por delegación del Estado, a la prestación del servicio público de transporte cumpliendo unos requisitos, que son demasiados, y unas obligaciones, que son demasiadas, su no cumplimiento es castigado por una Superintendencia con multas que hoy en día están entre uno y setecientos salarios mínimos mensuales legales vigentes y llegando incluso a la cancelación de la mencionada habilitación. En el transporte intermunicipal además se asignan unas rutas y unos horarios que se deben prestar para que los ciudadanos accedan al transporte según sus necesidades. Qué pasa cuando el Estado no garantiza ni protege la prestación de ese servicio y no logra mantener el orden público produciendo con sus omisiones la parálisis de la movilización y con ello el deterioro de las economías de las empresas y sus inversionistas transportadores. Pues ya hay para el caso de la quema de vehículos de servicio público una póliza de terrorismo que ampararía ese daño pero para el lucro cesante por la no movilidad no hay indemnización estatal que compense esta lesión económica. En resumen lo que pretendemos es abrir el debate primero sobre el derecho constitucional del libre tránsito en la geografía nacional y si este derecho se pierde ante la protesta social y sus garantías que termina impidiendo la libre movilización a través de los bloqueos de vías como estrategia de poder y segundo si las afectaciones que se ocasionan con esas conductas en el caso del transporte público deberá el Estado resarcir los perjuicios y cubrir las pérdidas económicas pagando ese lucro cesante a los transportadores que cumplen con la ley, sus requisitos y sus obligaciones.

De estos temas y otros de igual o superior importancia hablaremos en el congreso nacional de la unidad gremial que se celebrara en Pereira los días 25 y 26 de noviembre. El volver a encontrarnos después de lo que hemos soportado, agradeciendo la vida, recordando nuestros muertos y asumiendo el futuro que llega con muchas dificultades pero que unidos lograremos superarlas, hace que esta sea una invitación de amor y de fe por nuestro país y por la familia transportadora que permaneció, sobreviviendo a la peor crisis de su historia.