EN LAS REGIONES

EN LAS RE

Doctor LUIS HERNANDOLOZANO HERRERA

Miembro Junta Directiva Asotrans Presidente de CETRAP

·Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santiago de Cali ·Especializado en Derecho Internacional del Transporte de la Universidad Externado de Colombia. ·Especialista en Seguridad Vial. Planes de Movilidad de La International Dynamic Advisors. ·Auditor interno en Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial N.T.C. ISO 39.001 ·Abogado conciliador desde el 2010 ·Abogado consultor de empresas de transporte ·Gerente de empresa de transporte de Pasajeros por Carretera. ·Gerente Corredor del Pacifico S.A.S.

LA ILEGALIDAD ANTES Y DESPUÉS DE PANDEMIA Y PAROS

Para abordar el tema del crecimiento de la ilegalidad en el transporte de pasajeros, en tiempos de pandemia y paros, debemos empezar por hacer una mirada retrospectiva, con el fin de establecer cómo este flagelo, con contadas excepciones de autoridades que si hacen la tarea, ya se había salido de las manos de tiempo atrás, sin que el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte lo hubieran controlado con eficacia, puesto que solo recurren a dictar normas y anunciar medidas coercitivas que las autoridades en las regiones no aplican en la justa medida a la proporción del crecimiento de estas conductas y por la omisión en el cumplimiento de la función pública sólo reciben del ente de control sanciones de amonestación que se constituyen en un saludo a la bandera, porque la ilegalidad continúa. La ilegalidad se ejecuta a la vista de todos y cada día con incrementos notables en todos los corredores viales del país, afectando de manera crítica no solo las Empresas de Transporte Intermunicipal de Pasajeros, sino a los propietarios de vehículos, quienes no alcanzan a cubrir la inversión de capital, el mantenimiento, los seguros, peajes, tasas, impuestos y todos los costos fijos de la operación, lo que ha hecho que la capacidad transportadora asignada a las Empresas, se vea reducida por la inminente quiebra de los propietarios de los vehículos.

GIONES

Esta situación de la capacidad transportadora, de no ser entendida por el Ministerio de Transporte como un apoyo a las Empresas de Transporte en el lento proceso de recuperación, llevará a que la Superintendencia pueda generar investigaciones que lleven a la desaparición de las Empresas, por ello se debe modularla exigencia del mínimo de vehículos durante varios años, con la tranquilidad que no se afectará la prestación del servicio, en razón a la baja notable en el flujo de pasajeros y una disminución de los tiempos de recorrido en las rutas, porque la infraestructura vial ha sido mejorada desde cuando se asignaron las capacidades transportadoras y con ello se han disminuido los tiempos de recorrido.

El incremento y la potencialidad de la ilegalidad, está reflejada en las cifras del DANE, medidas desde la GEIH (Gran Encuesta Integrada de Hogares) cuando muestra el aumento de la inactividad de la población por efectos de la Pandemia y el Paro Nacional, que vino a incrementar el ya establecido 48.6% de la población habilitada para trabajar que estaba en la informalidad, desarrollando actividades económicas fuera de la regulación y refugiándose en actividades del rebusque en el transporte de pasajeros, porque descubrieron que era tierra abonada para obtener recursos, aprovechando la falta de controles efectivos, que se diluyen por intereses políticos que giran alrededor de lograr tener adherentes cautivos o tener vínculos directos en el negocio.

Paralelo a la ilegalidad de vehículos particulares y motos, de tiempo atrás y ahora con mayor presencia, Empresas con habilitaciones en otras modalidades prestan servicios que no les corresponde, cubriendo rutas en origen y destino, amañandola interpretación del objeto del servicio especial que está definido para atender “ grupos específicos de personas con características comunes y homogéneas ” , situaciones denunciadas ante los Organismos de tránsito y la superintendencia sin que se tenga un control real y efectivo.

Para esta modalidad, encontramos en la modificación del capítulo que la reglamenta, beneficios para su reactivación, tales como: “las Tarjetas de Operación que expiren durante la emergencia sanitaria, podrán ser renovadas sin presentarlas copias de los contratos a ejecutar por parte de las Empresas ” . Nos preguntamos: ¿Si muchas Empresas de diferentes sectores, que se atendían con el servicio especial cesaron actividades por la pandemia y el paro, donde están trabajando estos vehículos?, ¿Acaso están cubriendo rutas en origen-destino, del servicio Intermunicipal, con Tarjetas de Operación extendidas en su vigencia por voluntad del Ministerio, ante la ausencia de contratos del servicio especial?, ¿Será esta una forma de reactivación, desplazando otra modalidad con legalidad? Esto no es solidaridad.

Ahora bien, este fenómeno de la ilegalidad y la informalidad, no solo afecta el Transporte Intermunicipal de pasajeros sino a los sistemas masivos cofinanciados por la Nación, hasta llevarlos a una posible intervención si el Gobierno no los apoya cubriendo el déficit ocasionado, no solo por el bajo flujo de pasajeros desde su inicio, porque las estructuraciones se hicieron con base en cifras que a lo largo de su existencia nunca lograron llegar, sino por el descenso vertiginoso de pasajeros en pandemia y en los días del paro, cuando con mayor intensidad migraron hacia transportes no convencionales que de alguna manera ofrecían el servicio, desconociendo las limitaciones de movilidad y sin que tuvieran control en los desplazamientos ni en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

Los pasajeros que se han perdido y conocieron otra forma de transportarse, difícilmente regresarán, porque cuantificaron el valor del transporte, la falta de frecuencia, el incumplimiento en horarios y optaron por recurrir a sus carros particulares o comprar motos para en tiempos muertos de su actividad laboral principal, ejercer con sus vehículos el transporte ilegal como actividad secundaria o hacer parte de plataformas y aprovechar las redes sociales para ofrecer el servicio no solo para la última milla , sino para ser partícipes también del transporte de pasajeros interdepartamental, anunciando su servicio desde sitios reconocidos por las autoridades como

“terminalitos ” o aún desdela periferia de los Terminales.

El avance de la ilegalidad y la informalidad, no dinamiza la economía ni contribuye con la reducción de la pobreza, la desigualdad y el desempleo, porque se limita a generar hechos de supervivencia, desestabilizando la industria del transporte, con detrimento de las Empresas que por décadas generaron empleo, pagaron impuestos y contribuyeron con el desarrollo del país, conectando a las comunidades hasta los más remotos sitios de la geografía colombiana.

Como se puede apreciar, estamos desarrollando nuestra labor considerada como esencial, en condiciones adversas y con la expectativa de tener un mayor acompañamiento de parte del Gobierno Nacional, en el control efectivo de la ilegalidad y la informalidad en todas las regiones y rescatando financieramente el sector, considerado como la columna vertebral de la movilidad de los ciudadanos y parte fundamental del desarrollo del turismo regional.

Desde nuestra orilla, no podemos quedarnos almacenando esperanzas, debemos ser proactivos en la defensa de la actividad, recurriendo a lo largo del país a los mecanismos que nos ofrece la Constitución Política, como el Derecho de Petición, las Acciones de Grupo, Acciones de Cumplimiento, pre-constituyendo pruebas y adelantando las Acciones Administrativas necesarias hasta llegar a sentencias favorables, para resarcir los perjuicios como las que ya se han tenido en diferentes estrados judiciales y de las que el Ministerio de Transporte ha replicado a todos los Organismos de Transito.

Luis Hernando Lozano Herrera Presidente- CETRAP