LA PROFUNDIZACIÓN DE LA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS DERIVADA DE LA GESTIÓN DEL COVID 19
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Resumen ejecutivo El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró, a través de su Comité de Emergencia, al COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional. En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió una resolución para los Estados de las Américas sobre el manejo de la pandemia, instando a los Estados adoptar de forma “inmediata, urgente y con la debida diligencia” todas las medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de las personas que se encuentren en sus jurisdicciones, enfocando en la prevención y brindando un tratamiento médico adecuado a las personas que lo requieran. El Estado hondureño respondió a la pandemia con una serie de medidas sanitarias y sociales decisivas con importantes consecuencias presupuestarias. Éstas tuvieron repercusiones inmediatas en todos los sectores de la sociedad, pero tuvieron un impacto particularmente negativo en los sectores económicamente marginados y en las personas en situación de riesgo, así como en los periodistas y los defensores de los derechos humanos. Además, en el marco de la crisis de COVID-19 se ha limitado el acceso a una información científica y epidemiológica fiable y accesible sobre la forma en que el Estado está respondiendo a la crisis y su plan de acción para enfrentarla. Todo esto mientras se limitan mecanismos para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia. El presente informe tiene como objetivo la sistematización del manejo de la emergencia sanitaria del COVID-19 por parte del Estado de Honduras, y la situación de derechos humanos que se deriva de la misma, tomando en cuenta las condiciones comprometidas previas a la declaración de la emergencia sanitaria en el país. Recoge ampliamente las actuaciones estatales sobre el manejo de la crisis sanitaria y social, para la discusión y abordaje de las posibles medidas impulsadas por la sociedad civil en adelante. Antes de la crisis sanitaria, las organizaciones y organismos nacionales e internacionales de distintos sectores y enfoques informaron repetidamente sobre la falta de protección del derecho a la salud, a la alimentación, el derecho al trabajo digno, y la situación precaria de los derechos humanos de las mujeres, de la niñez, de las personas adultas mayores y pueblos indígenas, personas LGBTI y la falta de cumplimiento de los derechos humanos en general. A medida que pasan los meses desde el inicio de la pandemia, sólo se han hecho más visibles las profundas desigualdades en Honduras que limitan el acceso de la mayoría de la población a esos derechos, debido en gran medida a la corrupción. Para su elaboración se realizó revisión documental de las disposiciones normativas adoptadas a raíz del COVID-19 entre el 10 de enero hasta el 31 de octubre de 2020, así como de informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, otros informes, boletines,
