Diplomado Psicología Violencia Familiar y Violencia de Género Módulo II
VIOLENCIA FAMILIAR Y VIOLENCIA DE GÉNERO
INDICE UNA MIRADA A LA MUJER A LO LARGO DE LA HISTORIA .......................................... 4 Resumen: ....................................................................................................................... 4 Violencia de género en la familia .................................................................................... 4 La mujer en la familia a lo largo de la historia ................................................................. 5 La Familia en la Grecia Clásica. .................................................................................. 5 La Familia en la Roma Clásica .................................................................................... 5 La Familia en el Mundo Musulmán. ............................................................................. 5 La mujer en el sistema económico feudal .................................................................... 6 La mujer en el Antiguo Régimen. ................................................................................ 6 En la legislación romana (base de la europea y de la estadounidense) ....................... 6 El sistema sexo – género: ............................................................................................... 7 La violencia de género: ................................................................................................... 8 ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO .................................... 10 METASISTEMA ........................................................................................................ 11 MACROSISTEMA: .................................................................................................... 11 MICROSISTEMA: ..................................................................................................... 12 NIVEL PERSONOLOGICO .......................................................................................... 12 DINÁMICA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: ........................................... 13 ¿PODEMOS COMBATIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO? ............................................ 15 Violencia contra las Mujeres en América Latina y El Caribe Español 1990 – 2000: Balance de una década .............................................................................................................. 16 Cambios Legislativos .................................................................................................... 17 Cambios en violencia sexual ..................................................................................... 18 Debilidades y falencias.............................................................................................. 18 POLÍTICAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS .................................................................. 19 DEBILIDADES Y DIFICULTADES ................................................................................ 20 ALIANZAS Y ESTRATEGIAS ....................................................................................... 21 LOS TEMAS PENDIENTES: FEMINICIDIO/FEMICIDIO, CONFLICTOS ARMADOS Y TRÁFICO DE MUJERES ............................................................................................. 23 INFORME DE LA CUARTA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA MUJER ................... 25 La violencia contra la mujer .......................................................................................... 25 Objetivo estratégico 1. Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer ......................................................................................................... 28 Medidas que han de adoptarse..................................................................................... 28
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Objetivo estratégico 2. Estudiar las causas y las consecuencias de la violencia contra la mujer y la eficacia de las medidas de prevención ...................................................... 33 Objetivo estratégico 3. Eliminar la trata de mujeres y a prestar asistencia a las víctimas de la violencia derivada de la prostitución y la trata de mujeres .................................. 34 LA VIOLENCIA QUE ATRAVIESA NUESTRA SOCIEDAD HOY .................................... 35 Principal agresor: los hijos ........................................................................................ 37 Violencia psicológica: la más frecuente ..................................................................... 38 Mujeres adultas mayores: las víctimas ...................................................................... 38 Motivo de la violencia: “control de su vida” ................................................................ 38 FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL MALTRATO DE LAS PAM ............................... 39 ¿QUE SE PUEDE HACER FRENTE AL MALTRATO DEL ADULTO MAYOR? ........... 39 Desde la Familia ....................................................................................................... 39 Desde los Medios de Comunicación:......................................................................... 39 Conceptos Básicos ....................................................................................................... 40 Violencia por descuido o por abandono: .................................................................... 40 Violencia Económica ................................................................................................. 40 ACTUALIDAD: PERÚ FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO .................................. 41 DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: COLOMBIA ............... 42 Bibliografía ....................................................................................................................... 46 CUESTIONARIO N° II ...................................................................................................... 47
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UNA MIRADA A LA MUJER A LO LARGO DE LA HISTORIA Resumen: Ya desde los albores de la historia escrita, es evidente el dominio del hombre en las distintas sociedades. La mujer ha ocupado como regla general una posición subordinada con respecto al hombre en las sociedades anteriores a la actual. Esta desigual distribución de poder determinada socialmente por el sistema sexo – género resulta de especial interés para abordar la violencia de género. Este tema es de especial interés por la propia invisibilización que hay del fenómeno, por la presencia de mitos al respecto, por tabúes que existen relacionados con la intimidad de la dinámica familiar, que no se debe comentar, que es algo secreto del hogar; que da vergüenza y por eso se calla; por el desconocimiento sobre el mismo, a veces, hasta por el temor de represalias, y hasta por el poco apoyo legislativo que existe a las mujeres objetos de violencia. El presente trabajo es un acercamiento al tema de la violencia de género en la familia.
Violencia de género en la familia "Hay quien observa la realidad así como es, y se pregunta por qué, y hay quien imagina la realidad como nunca ha sido, y se pregunta por qué no”. George Bernard Shaw.
Es evidente el dominio del hombre en las distintas sociedades. Puede suponerse que el dominio masculino se remonta al paleolítico como resultado de la valoración de la caza como actividad fundamental. Las religiones monoteístas también apoyan la idea de que la mujer es por naturaleza más débil e inferior al hombre. En la Biblia, por ejemplo, Dios situó a Eva bajo la autoridad de Adán y san Pablo pedía a las cristianas que obedecieran a sus maridos. De forma análoga, el hinduismo sostiene que una mujer virtuosa debe adorar a su marido y que el poder de su virtud servirá de protección a ambos.
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La mujer en la familia a lo largo de la historia: La mujer ha ocupado como regla general una posición subordinada con respecto al hombre en las sociedades anteriores a la actual. Esta posición secundaria se ha visto ligada también a una determinada estructura familiar que diferenciaba los roles de género. Analicemos brevemente, ejemplos de la situación de la mujer en la familia: (Lodder, P. 1991). La Familia en la Grecia Clásica. Los derechos de la mujer no aumentaron con respecto a las civilizaciones egipcia y mesopotámica. Las leyes reconocían el divorcio y el repudio de la esposa sin necesidad de alegar motivo alguno. La mujer, sólo en caso de malos tratos, podía conseguir que se disolviera el matrimonio. Por lo demás, pasaba toda su vida confinada en el hogar, y tenía a su cargo el cuidado de los hijos y de los esclavos sin que se le permitiera participar en los negocios públicos. De niña vivía al lado de su madre y se casaba a los 15 años sin ser consultada. La Familia en la Roma Clásica.
La familia romana era esencialmente patriarcal. El padre de familias, o sea, el marido, constituía la cabeza visible de la misma y ejercía una autoridad completa sobre los demás miembros de la casa. Aunque la mujer romana mejoró su posición respecto a la griega, siempre estuvo bajo la tutela del varón. La Familia en el Mundo Musulmán. Como en el resto del mundo musulmán, la familia de la sociedad de Al-Andalus era esencialmente patriarcal; el padre de la familia ejercía su poder sobre la esposa, los hijos y los criados; la poligamia era corriente entre los ricos, pero los pobres eran monógamos por necesidad.
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La mujer en el sistema económico feudal. La mujer tenía a su cargo todas las funciones domésticas. Ella amasaba el pan, preparaba la comida, cuidaba de los animales domésticos y al mismo tiempo, ordeñaba la vaca que proporcionaba la leche, tan necesaria en la dieta de una economía de subsistencia. En realidad estaba muy especializada en la elaboración de productos alimenticios: conservas, pasteles, dulces, embutidos, etc. La mujer en el Antiguo Régimen. Durante el Antiguo Régimen, el concepto que se tenía de la mujer y de su papel social sufrió importantes modificaciones. Las nuevas pautas, introducidas en el siglo XVI a partir del humanismo cristiano propugnado por Erasmo de Rotterdam, no rompieron del todo con la misoginia heredada de los tiempos medievales. Si bien encontramos mujeres humanistas, cultas e independientes, como Doña Mencía de Mendoza, el cometido de la mujer es fundamentalmente doméstico. Tres son sus funciones básicas: ser buena madre y esposa, ordenar el trabajo doméstico, y perpetuar la especie humana. Fray Luís de León en su obra La Perfecta Casada recoge la doctrina del Concilio de Trento y traza el perfil ideal de la mujer: modesta, recatada, obediente, sacrificada, defensora del propio honor y del familiar, educadora de los hijos, etc. Pero este perfil no era del todo real. En la España del XVII eran corrientes las relaciones prematrimoniales, y como no se contraía matrimonio por amor, abundaban el adulterio, los hijos bastardos y el aborto. En la legislación romana (base de la europea y de la estadounidense). El marido y la mujer eran considerados como uno, ya que la mujer era la „posesión‟ del marido. Como tal, la mujer no tenía control legal sobre su persona, sus tierras, su dinero o sus hijos. De acuerdo con una doble moralidad, las mujeres respetables tenían que ser castas y fieles, pero los hombres respetables no. En la edad media, bajo la legislación feudal, las tierras se heredaban por línea masculina e implicaban poder político, lo que favorecía aún más la subordinación de la mujer. Hubo, sin embargo, algunas excepciones.
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En la antigua Babilonia y en Egipto las mujeres tenían derecho a la propiedad y en la Europa medieval podían formar parte de los gremios artesanos. Algunas mujeres ostentaban autoridad religiosa como, por ejemplo, los chamanes o curanderas siberianas y las sacerdotisas romanas. En ocasiones las mujeres ostentaban autoridad política, como las reinas egipcias y bizantinas, las madres superioras de los conventos medievales y las mujeres de las tribus iroquesas encargadas de designar a los hombres que formarían parte del consejo del clan. Algunas mujeres instruidas se lograron destacar en la antigua Roma, en China y durante el renacimiento europeo. Todo ello induce a que las mujeres se encuentren en una situación de desventaja en la mayoría de las sociedades tradicionales. Su educación muchas veces se limitó a aprender habilidades domésticas y no tenían acceso a posiciones de poder. El matrimonio fue una forma de protección, aunque con una presión casi constante para dar a luz hijos, especialmente varones. En estas sociedades, generalmente las mujeres casadas adquirían el estatus de su marido, vivían con la familia de él y no disponía de ningún recurso en caso de malos tratos o de abandono.
El sistema sexo – género: Es evidente que nuestra sociedad a lo largo de su historia se ha caracterizado por ser patriarcal y machista y por establecer relaciones desiguales de poder quedando la mujer en una posición de desventaja y subordinación respecto al hombre. Hablamos en este sentido de uno de los problemas sociales fundamentales que enfrentamos en la actualidad y que resulta un reto para todos los profesionales e investigadores sociales, se trata de la discriminación de género en la familia, aunque sería preciso aclarar que este problema no es exclusivo de este espacio, sino que se extrapola a toda la sociedad. Género, es un concepto que existe desde hace cientos de años pero que en la década del 60 comenzó a ser utilizado en las ciencias sociales con una acepción específica; a diferencia de sexo, que tiene una connotación biológica, es utilizado
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para designar un conjunto de actitudes, comportamientos y normas que cada cultura le atribuye a cada uno de los sexos de manera diferenciada. De ahí que el sistema de género sea una construcción biosociocultural, binaria y de exclusión, que pone al hombre y a la mujer en una relación jerárquica y de poder, específicamente de dominación del género masculino sobre el femenino. El sistema sexo - género, es una simbolización cultural construida a partir de la diferencia sexual, que rige el orden humano y se manifiesta en la vida social, política y económica. Entender qué es y cómo opera nos ayuda a vislumbrar cómo el orden cultural produce percepciones específicas sobre las mujeres y los hombres, percepciones que se erigen en prescripciones sociales con las cuales se intenta normar la convivencia. Esta normatividad social encasilla a las personas y las suele poner en contradicción con sus deseos, y a veces incluso con sus talentos y potencialidades. En ese sentido el género es, al mismo tiempo, un filtro a través del cual miramos e interpretamos el mundo, y una armadura, que constriñe nuestros deseos y fija límites al desarrollo de nuestras vidas. (Lamas, M. 1996). Si bien es cierto que se nace hombre o mujer, biológicamente hablando, las representaciones sociales y culturales que se constituyen sobre cada sexo, son elementos de carácter ideológico que se han elaborado en un proceso histórico propio de cada cultura, que ha configurado las identidades de género. Lever (1993) afirma que "Mujer no se nace, se hace, como dijo Simona Beauvoir, como mismo a los varones la cultura les dice "hazte hombre", también a las mujeres les ocurre (…)" (Calderón, S. y Muñoz, Ch. 1998, p. 72). Ya clasificados los géneros (femenino y masculino), se les asigna un conjunto de funciones, cualidades, actividades, relaciones sociales, formas de comportamiento, etc. de manera diferencial que se encuentran estrechamente relacionados con el desempeño del rol de género.
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La violencia de género: La desigual distribución de poder, inherente al desempeño de los roles de género, así como la manera estereotipada de asumir el género femenino y el masculino resultan significativas a la hora de hablar de violencia de género. Cuando hablamos de violencia podemos pensar en violencia escolar, doméstica, familiar, etc., pero me voy a centrar en la violencia de género en la vida familiar. La violencia, nos remite desde la etiología de la palabra al concepto de fuerza, y el uso de la fuerza se relaciona con el concepto de poder. Históricamente la violencia siempre ha sido un medio para hacer ejercicio del poder, relacionada con el predominio a través de la fuerza. El objetivo, entonces, de una conducta violenta siempre alude a una lucha de poderes; el daño subyace, ya sea a nivel físico (el más evidente), psíquico o emocional. Entendamos por violencia cualquier manifestación de abuso físico y/o psicológico que se lleve a cabo en relaciones desiguales de poder. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, como resultado de la sociedad patriarcal es más frecuente la violencia de los hombres contra las mujeres. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem Do Pará), define la violencia contra la mujer como: “Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado y puede suceder en la familia, centros de trabajo, escuelas, instituciones de salud, en la calle o en cualquier otro lugar”. Las manifestaciones más frecuentes de la violencia intrafamiliar son la violencia sexual, la física, la psicológica y la económica. La violencia sexual puede ir desde una mirada o comentario malicioso, un manoseo,
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hasta la penetración forzada del pene o algún objeto. La violencia física es la que se comete directamente en el cuerpo de la persona, son las agresiones que se hacen con las manos, el puño, las uñas, los pies, armas blancas u otros objetos al alcance del agresor. Este tipo de violencia puede ser fácil de observar por las huellas que deja en el cuerpo, pero también pueden ser golpes leves que no dejan huella aparente, pero que repetidos con frecuencias, también minan la salud de la víctima. La violencia psicológica daña directamente el valor, la estima y la estabilidad emocional de la persona que la sufre, son las humillaciones, insultos, menosprecio, abandono, amenazas, omisiones, silencios y otras conductas similares a las que se somete cotidianamente a una mujer y a otros miembros vulnerables de la familia, y que tienen repercusiones de tipo psicológico, y seguramente en toda la salud de la persona que las sufre. La violencia económica se refiere al control que tiene el hombre hacia la mujer por medio del chantaje económico. El hombre administra y maneja el dinero, las propiedades y en general todos los recursos de la familia a su libre conveniencia.
ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO La violencia de género puede manifestarse en cualquiera de sus formas, pero puede también combinar dos o más de sus formas. La violencia de género limita el sano desarrollo, disminuye la autoestima de la víctima, pone incluso en peligro la vida, su salud y su integridad, causando por ejemplo alteraciones emocionales, dificultades en las relaciones interpersonales y traumas sexuales; se infiere de manera sistemática, puede conformarse por un solo acto, o bien puede consistir en una serie de agresiones que, sumados, producen un daño, aunque cada una de ellas, aislada, no forzosamente lo produzca. Causales de este fagelo pueden citarse muchos: la crisis en las familias, el exceso
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de trabajo y el abandono de los hijos en algunas, así como el desempleo en otras; la falta de límites, el alcohol, la droga, la pérdida de valores, la crisis política, económica y social; la influencia de la televisión, el nivel económico, el nivel escolar, el cultural, etc., otros autores prefieren buscar en el proceso de socialización estas causas. Investigaciones realizadas por la Dra. Caridad Navarrete refiere resultados diferentes en cuanto a los distintos tipos de maltratos frente a variables como la etapa generacional que atraviesa la mujer, su ocupación, estado civil, etc. No obstante sí se hace evidente la presencia de violencia en la mayoría de la población estudiada en sus investigaciones. Lo importante es destacar que ninguno de estos factores es, por sí solo, causal de violencia. Este fragelo es siempre consecuencia de una multicausalidad, de una combinación de factores que generan una descarga violenta. Incluso podemos encontrar en la literatura un determinante biológico, cierta predisposición personal en determinados sujetos a desencadenar hechos violentos. La Dra. Caridad Navarrete Calderón, nos habla de elementos importantes para la indagación científica, que representan un enfoque criminólogo de búsqueda de determinantes que se relacionan con esta realidad. Propone indagar en el metasistema, en el microsistema, en el microsistema y en el nivel personológico, buscando elementos específicos en cada uno de ellos. Algunos de estos son: METASISTEMA: Bloqueo económico comercial y financiero. Creencias y valores culturales acerca de la mujer, el hombre, los niños y la familia. Concepción acerca del poder y la obediencia.
MACROSISTEMA: Conceptos de roles familiares derechos y responsabilidades. Legitimación institucional de la violencia. Modelos violentos (medios de comunicación)
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VIOLENCIA FAMILIAR Y VIOLENCIA DE GÉNERO Vacíos legislativos (o legislación discriminatoria) Apoyo institucional limitado para las víctimas. Impunidad de los perpetradores. MICROSISTEMA: Violencia en la familia de origen. Autoritarismo en las relaciones familiares. Nivel de comunicación. Disfuncionalidad familiar Educación sexista. Instrucción escolar sin enfoque de género. Victimización secundaria en los grupos de tiempo libre y de acción comunitaria.
En este microsistema existen factores de riesgo que debemos tener en cuenta, algunos de ellos podemos analizarlo incluso, más detalladamente en el nivel posterior, aunque no cabe duda que repercuten profundamente en esta escala, ellos son: Estrés económico. Desempleo. Baja calidad de vida. Personas allegadas con componentes psicopatológicos. Indicadores de desajuste social como alcoholismo, drogadicción, prostitución, etc.
NIVEL PERSONOLOGICO: Aprendizaje de resolución violenta de conflictos. Prescripción del comportamiento a través del rol de género. Capacidades comunicativas específicas. Poder de la mujer limitado al plano afectivo y la vida doméstica. Baja autoestima.
Muy relacionado con esta propuesta se encuentra la multidimensionalidad que propone Marcela Lagarde a la hora de abordad el concepto de género, define cinco dimensiones: biológica, social, económica, subjetiva y política. Estas dimensiones podemos encontrarlas abordadas en su obra provocando desafíos importantes a la
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hora de tratar el tema género. Considero que al realizar una lectura crítica de la construcción estereotipada que se ha hecho de hombres y mujeres podemos contribuir al desenmascaramiento de muchas interrogantes relacionadas con la violencia de género, que se explican a partir del propio significado de ser hombres y mujeres.
DINÁMICA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: La violencia contra las mujeres es una forma de violencia de género que expresa el control y poder dentro de una cultura patriarcal y heteronormativa que subordina y discrimina lo femenino, y exacerba una masculinidad basada en el ejercicio de poder y dominio sobre un “otro” diferente. Este discurso que valida un tipo de masculinidad y una dinámica violenta de relación entre hombres y mujeres, se refleja en entrevistas realizadas a procesados por el delito de violación, quienes justifican este acto por su condición de varones y usan como coartada la imposibilidad de controlar sus impulsos sexuales y las exigencias de tener que cumplir con los mandatos sociales sobre su ser hombres11. La violencia basada en el género se produce en diversos contextos sociales y tanto en espacios públicos como privados. Por ejemplo, durante el conflicto armado interno el tipo de violencia ejercido contra varones y mujeres fue distinto. Las mujeres fueron víctimas en tanto su ser mujeres y por eso fueron afectadas principalmente por la violencia sexual, esclavitud sexual, desnudos forzados, prostitución, abortos, uniones y desplazamientos forzados; en su mayoría tipos de violencia ejercidos sobre sus cuerpos y su sexualidad. Esto sumado a otras formas de discriminación por ser indias, quechua hablantes y campesinas. La violencia contra las mujeres puede producirse en diversos espacios, pero es en el espacio privado, el hogar, donde una gran mayoría de mujeres son agredidas de manera física, psicológica y/o sexual, en el marco de las diferentes relaciones familiares que se establecen. Esta situación de maltrato se ha mantenido en silencio durante muchos años, quedando invisibilizada, ya que la violencia contra las mujeres, a diferencia de otros tipos de violencia, ha sido percibida como un problema de índole privado y natural. Sumado a esto, la violencia psicológica, es aún menos reconocida ya que al no dejar “huellas” físicas, llega a naturalizarse con mayor facilidad por su cotidianeidad y sutileza y resulta mucho más difícil de identificar también para la mujer que se encuentra en una relación como ésta. Situación similar ocurre con la violencia sexual, principalmente dentro de las relaciones de pareja, situación que hasta hace pocos años no era considerada como un delito, siendo obligación de las mujeres cumplir con su “deber de esposa”. Si bien es cierto, esto ha sido modificado en el Código
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Civil, aún es parte de la idiosincrasia de las personas.
Muchas mujeres casadas o
convivientes consideran que su “deber” como parejas es acceder a relaciones sexuales sin desearlo, convirtiéndose así en una situación forzada. Sobre el modo en que se concibe la violencia actualmente observamos, por ejemplo, que los medios de comunicación abordan la problemática de violencia contra la mujer desde un enfoque patologizante y/o romántico. Por un lado, plantean que los actos de violencia responden de manera directa a la presencia de algún trastorno mental en el agresor o la “víctima” lo que invisibiliza el carácter social de la
problemática,
buscando
individualizarla,
además
de
quitarle
muchas
veces
responsabilidad al agresor al plantear que éste tendría un “problema mental” o culpar a la víctima señalando algún trastorno mental en ella. De otro lado, se nos informa muchas veces de situaciones de feminicidio, por ejemplo, donde se hace uso del argumento de un “exceso de amor” del agresor que habría llevado a asesinar a la mujer víctima. Esta óptica, lejos de permitirnos una comprensión amplia de la problemática, invisibiliza su complejidad, negando su carácter generalizado, así como el rol que cumple la presencia de un sistema de género rígido que valida y promueve la violencia contra la mujer como un modo natural de relación. Sin embargo, nuestra experiencia en el tema nos devuelve que las razones por las cuales las mujeres se encuentran en situaciones de violencia no deben buscarse solamente en las características psicológicas de agresores y/o agredidas; sino, más bien, en los roles de género y las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres en nuestra sociedad, así como en la falta de justicia y reparación para las mismas, lo que nos devuelve una impunidad constante en casos como éste. La violencia que se ejerce sobre las mujeres se reviste por una serie de condicionamientos sociales y culturales que, en diversos grados minimizan o disculpan al agresor y hacen aparecer a la víctima como la causante real de esta situación. Desde la teoría feminista, está lógica en la cual se intenta castigar a la víctima y disculpar al agresor, se debe en gran medida a que se vive en una sociedad de carácter patriarcal, en la cual las mujeres son víctimas de un ordenamiento social desigual y en el que la violencia se observa como la manifestación más extrema de este orden impuesto. Asimismo, sostenemos que la violencia contra la mujer debe ser comprendida como una violación de los derechos humanos, tal y como se señaló en la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Naciones Unidas del año 1993, en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer en 1994 y en la Recomendación Nro. 19 de la Convención para Eliminar toda forma de Discriminación contra la Mujer. Este tipo de violencia, basada y justificada en un sistema de género que legitima la subordinación de las mujeres, atenta contra diferentes derechos
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humanos, especialmente contra su derecho a la dignidad, a la integridad; a la vida y a la autonomía individual. Dada su gravedad, la violencia contra la mujer, debe tener un tratamiento que incluya no solo medidas de protección civil o sanciones de orden penal, sino que debe abordarse desde un enfoque psicosocial, constitucional y de derechos humanos.
¿PODEMOS COMBATIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO?: Resulta el tema de la violencia de género de especial interés por la propia invisibilización que hay del fenómeno, por la presencia de mitos al respecto, por tabúes que existen relacionados con la intimidad de la dinámica familiar, que no se debe comentar, que es algo secreto del hogar; que da vergüenza y por eso se calla; por el desconocimiento sobre el tema, a veces, hasta por el temor de represalias, y hasta por el poco apoyo legislativo que existe a las mujeres objetos de violencia. Es de destacar que los propios resultados de las investigaciones ya citadas que lleva a cabo la Dra. Navarrete revelan un por ciento considerable de mujeres que no responden las preguntas realizadas, lo cual se ilustra lo antes planteado. Citando algunos de los mitos que se encuentran muy relacionados con la violencia de género en la familia encontramos: Las relaciones entre hombre y mujer son violentas por naturaleza. La familia es un lugar inseguro para vivir. La mejor forma de acabar con la violencia doméstica es el empoderamiento de las mujeres. Si analizamos cada uno de ellos desde una perspectiva de género podemos llegar a la conclusión de que, desde estos mitos, la familia es un campo de batalla, en el
que se perpetúan relaciones de poder
estereotipadas que conllevan, a que se vea, casi de manera natural la violencia contra la
mujer, pues son seres pasivos, dependientes,
inseguras, muy afectuosas, que necesitan de una mano dura que las guíe.
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Viendo esto así se está limitando el desarrollo armónico de hombres y mujeres, al encasillarlos en roles de género completamente nocivos. La violencia no es natural, no se hereda, no es una forma de enfrentamiento adecuada, tampoco podemos erradicarla asignándole poder a la mujer, pues también estaríamos ante relaciones asimétricas de poder. Se trata de lograr equidad. La violencia se enseña y se aprende, y este fenómeno puede cambiar. ¿Cómo? En la medida que se reconozca que la violencia se aprende (la principal fuente de aprendizaje es la familia y en general lo que aprendemos socialmente) y que no surge de manera espontánea; que es una realidad que ocurre en muchísimos hogares. (Gómez, C. 2005). La violencia de género, en particular en la familia, es un grave problema de salud pública que tiene efectos destructivos en el desarrollo de las mujeres, pero, particularmente en las niñas y los niños, pues es la familia el primer y principal vínculo socializador, que acompaña al ser humano durante toda su vida, de ahí la necesidad de que esta sea ejemplo, de que eduque a cada uno de sus miembros en relaciones de equidad, de afecto, de colaboración. Es importante reconocer que las acciones y los esfuerzos de atención, prevención e información que se realicen para combatir la violencia de género, así como la unión de los esfuerzos contribuyen a la creación de una cultura de igualdad y equidad libre de violencia, donde las relaciones de los hombres y las mujeres se basen en el respeto, la tolerancia y la responsabilidad compartida.
Violencia contra las Mujeres en América Latina y El Caribe Español 1990 – 2000: Balance de una década La preocupación permanente de UNIFEM en torno a la violencia contra las mujeres motivó la elaboración, a inicios del año 2002, del documento “Violencia contra las
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Mujeres en América Latina y El Caribe Español 1990-2000: Balance de una década”. En el transcurso de ese año y el actual se llevaron a cabo diversas iniciativas impulsadas por este organismo que permitieron contar con nuevos antecedentes para incorporar en este balance. Una de estas iniciativas fue la realización del Taller “Alianzas para erradicar la violencia en contra de la mujer ¿Cuáles? ¿Con quién? ¿Por qué?”, convocado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), ISIS INTERNACIONAL y UNIFEM. Este taller se llevó a cabo en el marco del IX Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en Costa Rica en diciembre de 2002 y contó con la presencia de 36 activistas de diversos países de la región, lo que permitió un enriquecedor intercambio de experiencias. En los días previos a este Encuentro se realizó también en Costa Rica, el Encuentro Centroamericano “Políticas Públicas sobre Violencia contra las Mujeres en Centroamérica: Balance desde las organizaciones de mujeres”. En él, activistas centroamericanas de ONG y organizaciones de mujeres hicieron un análisis crítico de la acción desarrollada en torno a la violencia contra las mujeres en el período, reflexión que se plasmó en el documento del mismo nombre que ha sido consultado también para esta versión. Otra de las iniciativas impulsada por UNIFEM fue la elaboración de una investigación en profundidad sobre la situación y el abordaje de la violencia intrafamiliar desde los organismos gubernamentales y no gubernamentales. Estos estudios se llevaron a cabo en diversos países de la región, siendo coordinados y desarrollados por el CLADEM. Para esta versión actualizada se revisaron los estudios mencionados, que corresponden a los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú1. Junto a lo anterior, utilizamos la documentación existente en el Centro de Documentación de Isis Internacional. Igualmente nos remitimos a la información publicada en el sitio web de la Red Feminista Latinoamericana y del Caribe Contra la Violencia Doméstica y Sexual2, en el sitio web de Isis Internacional3, y en el Portal Mujeres Hoy4. Esto permitió entregar nuevos antecedentes en los cuadros anexos que acompañan el documento. En las páginas siguientes se hace un breve resumen de los principales cambios ocurridos en los últimos tres años.
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Cambios Legislativos Como se señala en el Balance mencionado, durante la década de los noventa se registraron importantes avances en materia legislativa para abordar la violencia contra las mujeres en general, y más específicamente la violencia intrafamiliar. A inicios del tercer milenio, prácticamente todos los países de la región cuentan con leyes de violencia intrafamiliar o doméstica. Actualmente, en parte importante de estos países se han elaborado propuestas para modificar y mejorar estas leyes. Países que han aprobado estas modificaciones son Panamá (2001), Perú (2001), El Salvador (2002)5. Con estas modificaciones y los proyectos en curso, se amplían las formas de violencia que se consideran dentro de las leyes, que generalmente se centran en la violencia física; se incorpora a otras personas dentro de la aplicación de la ley, como son los ex-esposos y las personas con las que se haya procreado una hija/ hijo, y se especifican las medidas de protección.
1 Estos documentos están disponibles en www.cladem.org 2 www.redfem.cl 3 www.isis.cl 4 www.mujereshoy.com
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Cambios en violencia sexual El tratamiento de la violencia sexual en la legislación también ha tenido algunos cambios en el período, tales como: Reforma al Código Penal en Paraguay (1998), donde se tipifica el acoso sexual como delito. La dictación de la Ley 2033 en Bolivia (1999) de protección a víctimas de delitos contra la libertad sexual. Ley 599 en Colombia (2000), que modifica la anterior 360, sobre delitos contra la libertad sexual y la dignidad humana y la Ley 747 (2002), que contempla reformas y adiciones al Código Penal, entre ellas lo relacionado con la ampliación del delito de Trata de personas. Ley 10.224 en Brasil (2001), a través de la cual el asedio sexual pasa a ser un crimen integrando el Código Penal. Ley 27.942 en Perú (2003) de Prevención contra el Hostigamiento sexual. A pesar de estos cambios, la violencia sexual aún no es considerada de la manera en que especifican las convenciones y mandatos de derechos humanos adoptados en los últimos años. Ejemplo de ello encontramos en Argentina donde aún se permite el avenimiento en los casos de violación, o en Guatemala, donde se acepta como reparación del daño, el matrimonio entre el violador y la víctima.
Debilidades y falencias Sin perjuicio de estos avances, las legislaciones latinoamericanas y caribeñas mantienen debilidades y falencias. La primera de ellas es la centralidad de la violencia doméstica y/o intrafamiliar, circunscribiéndola al ámbito de lo privado y a aquella que se comete entre personas que tienen alguna relación de parentesco o consanguinidad. Con esta concepción se dejan fuera otras formas de violencia contra las mujeres y se limita su comprensión como un problema social basado en las relaciones de género existentes en la sociedad. Por otra parte, al poner en primer plano la violencia hacia otros miembros de la familia, se corre el riesgo de invisibilizar el hecho de que las mujeres son las principales víctimas de la misma. Lo Códigos Penales también han sufrido modificaciones, pero éstas no siempre implican un avance o al menos no un avance en los términos deseables. Casos como el de Paraguay y Colombia son ilustrativos en este sentido. En el primero de ellos, el Código Penal (1998) castiga el delito de violencia familiar con multa, dejando al arbitrio del juez fijar el monto y tiempo de las penas, a la vez que disminuye la sanción en los casos extremos de violación. En Colombia, en tanto, se consagra la violencia intrafamiliar como un delito con una pena levísima, por el cual sólo se responde cuando la conducta no constituya otro delito con pena mayor. En algunos países de la región se han dictado nuevos Códigos de procedimiento penal, como es el caso de Chile, Ecuador y Honduras, entre otros. Estos Códigos ofrecen oportunidades y amenazas para el tratamiento de la violencia, siendo necesario realizar un
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análisis de los mismos, de manera de asegurar que en su aplicación se consideren las diferencias de género que están a la base de las situaciones de violencia. Un ejemplo es el de Honduras, donde el nuevo Código de procedimiento penal (2002) permite aplicar medidas desjudicializadoras en algunos casos, lo que reviste el riesgo de que los delitos de violencia intrafamiliar sean objeto de negociación por parte del Ministerio Público. También está el caso de Ecuador, país en el que el nuevo Código (2000) deja abierta la posibilidad de mediación en los casos de violencia intrafamiliar y de acuerdos entre las partes. En general, en las legislaciones nacionales no existe la posibilidad de una auténtica reparación integral a los casos de violencia contra las mujeres. Como lo plantean las activistas centroamericanas6, se hace necesario que estas leyes contemplen la relación de los actos de violencia con el daño que causan, y que a partir de ahí redimensionen los delitos, tanto para penalizar o sancionar las diferentes manifestaciones de violencia contra las mujeres, como para obligar una reparación a las afectadas. Al respecto, resulta interesante el proyecto de “Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres”, presentado en Costa Rica. Este proyecto avanza en la búsqueda de una sanción suficiente y adecuada para las situaciones de violencia contra las mujeres mayores de edad señalando, entre otras cosas, las circunstancias calificantes o agravantes que pueden aumentar las penas, por ejemplo, que la mujer esté discapacitada, embarazada, que la violencia ocurra ante la presencia de hijos menores, entre otras, e identificando las penas principales, alternativas y accesorias para cada tipo de delito7. Por último, la manera en que se interpretan e implementan las leyes resulta central, por ello sigue siendo un desafío, la capacitación y preparación de los recursos humanos de los servicios judiciales, que aun cuando han existido en el período, no han tenido la cobertura ni profundidad requerida dada la dimensión del problema. Se necesita, además, que en estas acciones se involucren los jueces y altos funcionarios del sistema, algo que escasamente se ha producido hasta ahora.
POLÍTICAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS No se observan cambios sustantivos en las políticas públicas para abordar la violencia contra las mujeres en los últimos años, sino que se mantienen y en algunos casos se modifican las políticas de violencia intrafamiliar existentes8. Los avances o cambios que ha sido posible constatar son:
Colombia. Se elaboró la Política Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar denominada “Haz Paz” (2000), a cargo de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Con esta política se espera coordinar la acción de los distintos Ministerios y servicios que intervienen en violencia intrafamiliar.
“Políticas Públicas sobre Violencia contra las Mujeres: Un balance desde las organizaciones de Mujeres en Centroamérica” 7 Estas penas son: prisión, detención de fin de semana, prestación de servicios de utilidad pública, cumplimiento de instrucciones, inhabilitación, prohibición de residencia, limitación de uso de armas. 8 Ver cuadros anexos. 6
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Chile. Con el cambio de gobierno se impulsa un nuevo Plan Nacional de Intervención en Violencia Intrafamiliar (2001), que presenta como principal innovación, la configuración de la Red Protege que reúne a organismos gubernamentales y no gubernamentales, a nivel nacional y local para desarrollar acciones de prevención en torno a la violencia intrafamiliar, incluyendo a niños y niñas. El Salvador. El Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer promueve el programa de Saneamiento de las Relaciones Familiares. Perú. El Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano (antes Mimdes, en la actualidad MIMP) elaboró el Plan Nacional Intersectorial contra la violencia hacia la mujer.
En las políticas sectoriales tampoco hay cambios sustantivos, siguen primando los programas y acciones impulsados desde el sector salud, dirigidos fundamentalmente a la atención de los casos de violencia intrafamiliar. Una acción que aparece como interesante en este ámbito, es el Protocolo para homologar la atención en las Consejerías de la Familia, del Ministerio de Salud de Honduras. La manera en que se enfrentan las situaciones de violencia sigue siendo un aspecto que es preciso mejorar y este es un ejemplo de cómo avanzar en ello. Desde el sector judicial y policial se implementan acciones para la mejor atención de las víctimas a través de la sensibilización y capacitación del personal, además de la elaboración de manuales de procedimientos, como es el caso de la Policía Nacional y el Ministerio Público de Honduras. También se hacen esfuerzos por unificar y mejorar los sistemas de información. Este es el caso de la boleta única de registros en Guatemala, o la incorporación al sistema de registro y estadísticas, de las denuncias por violencia doméstica en Honduras.
DEBILIDADES Y DIFICULTADES Una de las principales debilidades de las políticas públicas implementadas en la región, es la dificultad para llevar a cabo un trabajo realmente integral, que contemple al mismo tiempo la prevención, la atención y la reparación del daño, de manera adecuada para el conjunto de la población. Un claro ejemplo es la escasez de servicios como albergues, que permitan acoger de manera transitoria a mujeres que viven situaciones críticas de violencia. Para mejorar esta situación, el presupuesto asignado al abordaje y erradicación de la violencia es fundamental. Los recursos destinados por los gobiernos a este rubro son insuficientes, en muchos casos los programas implementados dependen de la cooperación internacional y no constituyen instancias institucionalizadas al interior de los organismos públicos, lo que es una muestra de su falta de voluntad para avanzar decididamente en este sentido. Debido a lo anterior, la acción de las ONG que realizan acciones de prevención y atención, sigue cubriendo parte importante de la responsabilidad que debería ser asumida por los Estados. Por otra parte, existe la dificultad para realizar una acción intersectorial, que comprometa a los distintos sectores gubernamentales, pero que a la vez mantenga una visión coherente, abordando las distintas dimensiones de la violencia contra las mujeres. En este aspecto, el sector educación juega un papel clave en tanto instancia formadora de la población, sin embargo, su participación en las políticas contra la violencia en la región son mínimas.
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Se mantiene, además, una centralización de los servicios concentrados en las capitales y centros urbanos, dejando sin atención las áreas rurales y los lugares más lejanos. Junto a ello, está la dificultad para implementar programas desde los gobiernos locales, debido a la escasez de recursos con que cuentan, además de la existencia en su interior, de distintas posiciones políticas y/o ideológicas que son un impedimento para cumplir con los compromisos que han asumido los gobiernos. Por último, se hace necesario contar con mecanismos permanentes de evaluación y seguimiento de las políticas implementadas que permitan hacer los ajustes necesarios, así como medir el impacto de sus acciones.
ALIANZAS Y ESTRATEGIAS En este período, las organizaciones de mujeres continuaron jugando un rol de vanguardia en el posicionamiento de la violencia contra las mujeres y en su incorporación en la agenda pública. Estas organizaciones, que fueron las primeras en prestar servicios de atención y apoyo a las víctimas, vienen acrecentando acciones de sensibilización y capacitación, dirigidas tanto a la comunidad como a organismos gubernamentales, además de elaborar propuestas legislativas y estrategias de incidencia en el ámbito público. Para desarrollar estas estrategias de incidencia han reforzado y/o generado alianzas interinstitucionales, permitiendo de esta manera la creación de nuevas redes de acción y de apoyo. En la conformación de estas alianzas, los encuentros feministas y las campañas nacionales y regionales, constituyen espacios privilegiados, porque permiten interactuar cara a cara y establecer confianzas y complicidades. De alguna manera, esta modalidad de acción se ha extendido a la esfera pública a través del cabildeo con autoridades y miembros del Parlamento, para promover la promulgación de leyes o la modificación de las mismas. Aquí han jugado un papel importante las legisladoras, especialmente de los partidos más progresistas. Sin embargo, el porcentaje de mujeres parlamentarias es muy bajo en la región, lo que limita el poder de decisión e influencia que es posible tener por esta vía.
Estas acciones de cabildeo son privilegiadas por aquellas organizaciones que poseen los conocimientos y la experticia a través del suministro de información concreta, fiable y consistente como para convertirse en portavoces de las demandas de las mujeres. En tal sentido, son las ONG las que se encuentran en una mejor posición para desarrollar este tipo de estrategias dado los recursos materiales y técnicos con que cuentan. Dentro de este sistema de alianzas, están las Oficinas y/o Ministerios de la Mujer en cada país, mecanismos que en muchos casos deben su creación a la propia acción de las mujeres organizadas. Estos organismos juegan un papel de “bisagra” entre las mujeres y el Estado, por sus fines, objetivos y su propia naturaleza. Sin embargo, tienen también limitaciones, ya que deben responder a políticas gubernamentales más amplias y, en general, carecen de presupuestos suficientes, y en algunos casos, de rango legal y legitimación adecuados frente a otros organismos públicos. Pese a estas estrategias, los avances logrados aún son débiles. Existen pocas iniciativas en las que se consigue convocar en torno a este fenómeno a organizaciones mixtas y otras áreas de interés. Si bien los organismos de derechos humanos comparten los principios
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que orientan la lucha por la no violencia contra las mujeres y se suman a algunas de las iniciativas impulsadas, no llegan a asumir un rol protagónico o no la consideran como asunto de preocupación social. La violencia contra las mujeres sigue percibiéndose como un “problema de las mujeres” y que, por lo tanto, es una bandera que les corresponde a ellas. Un campo igualmente estratégico que hasta hoy no logra ser objeto de una acción más consistente, es el de los medios de comunicación industriales. Existe una debilidad de parte de las organizaciones de mujeres por estructurar un trabajo permanente de acercamiento, que permita establecer alianzas a largo plazo con las y los profesionales de la información, en la tarea de influenciar y/o sensibilizarlos acerca del flagelo de la violencia contra las mujeres. Hasta ahora, aparte del trabajo que realizan las redes de periodistas y comunicadoras en países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala, México, Perú, República Dominicana y Uruguay, por divulgar información y apoyar las campañas del movimiento, son contadas las iniciativas desde las ONG y redes, dirigidas a visibilizar el tema en la gran prensa. Podemos citar la realización de concursos dirigidos exclusivamente a profesionales de la información en Guatemala y México, por ejemplo. Así como la entrega de premios y reconocimientos a periodistas que se han distinguido por ofrecer información seria y responsable sobre la violencia. En esta línea, Isis Internacional, realizó dos concursos de prensa en 2002 y 2003. Este último tuvo como tema, los asesinatos de mujeres y fue parte de la Campaña “Por la Vida de las Mujeres, ni una Muerte +” de la Red Feminista Latinoamericana y del Caribe Contra la Violencia Doméstica y Sexual9. Otra forma de acción que se ha utilizado y que ha tenido éxito, es recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como una manera de tener casos ejemplificadores que permitan sentar jurisprudencia o encontrar una solución a problemas graves no resueltos. En este período se realizaron audiencias especiales en la sede de ese organismo, sobre casos especiales provenientes de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú. La denuncia más emblemática fue la de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. El desarrollo de estas estrategias ha contado en muchos casos con el apoyo de las agencias de cooperación internacional, las que a su vez pueden ser vistas como aliadas importantes en este proceso. Sin embargo, las alianzas con la cooperación internacional presentan como limitaciones la reducción de recursos que ellas mismas tienen y su retiro de algunos países de la región, así como la imposición de sus propias agendas por sobre las agendas de las organizaciones de mujeres. Los éxitos logrados hasta ahora (dictación de leyes, visibilización del problema, generación de políticas y programas) y el cambio en los escenarios socio-políticos de los países, implican para las organizaciones de mujeres de la región, la necesidad de revisar y replantear constantemente su accionar, lo que sólo es posible a través del diálogo permanente, la realización de encuentros y el desarrollo de estudios que permitan ir identificando nuevos (o viejos problemas), alianzas posibles para superarlos y estrategias adecuadas a los distintos escenarios.
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Convocado por Isis Internacional, con el auspicio de UNIFEM.
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LOS TEMAS PENDIENTES: FEMINICIDIO/FEMICIDIO, CONFLICTOS ARMADOS Y TRÁFICO DE MUJERES Hay tres manifestaciones de la violencia contra las mujeres que adquieren un carácter de urgencia por su magnitud y por el daño que ocasionan, pero que sin embargo han sido escasamente atendidos por los gobiernos. Ellas son: el femicidio, la violencia en situaciones de conflictos armados y el tráfico de mujeres. El fenómeno de los asesinatos de mujeres ha merecido una campaña a nivel regional de parte de las organizaciones y redes de mujeres, quienes se llevan el mérito de haberlo puesto en la agenda pública y mediática, pero no ha ocurrido lo mismo con los conflictos armados y el tráfico de mujeres, que han quedado circunscritos a determinados países, como Colombia, para el caso de las guerras, Brasil, República Dominicana, Honduras o Guatemala, para el tráfico de mujeres. El Femicidio, o feminicidio, entendido como “el asesinato de mujeres por razones asociadas a su género”10, ha sido un tema de gran preocupación por parte de las organizaciones de mujeres. En países como Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, se han levantado importantes antecedentes a partir de análisis de prensa, mientras que en Costa Rica, México y República Dominicana, se han elaborado estudios analizando los expedientes judiciales. Estas investigaciones han permitido dar cuenta de la magnitud de esta situación y avanzar en la visibilización de la misma11. También se encuentran las acciones de denuncia y presión, como la llevada a cabo en Ciudad Juárez, donde se juntaron más de 5 mil firmas para denunciar esta situación, o la Campaña uruguaya mediante la cual cuando se conoce el asesinato de una mujer, las activistas colocan en las fachadas de casas y edificios públicos, lienzos que llevan la leyenda: “Estamos de luto, murió otra mujer víctima de violencia doméstica”. Al mismo tiempo, se han realizado campañas regionales, como la impulsada por la Red Feminista Latinoamericana y del Caribe “Por la vida de las mujeres, ni una muerte +” en el marco de la cual las organizaciones de mujeres de los distintos países desarrollaron diversas acciones para dar cuenta de esta forma de violencia contra las mujeres y exigir a los Estados tomar medidas al respecto. En México se lleva a cabo la Campaña “Ni una Muerta Más”, que tiene como eje la denuncia por los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Esta campaña ha tenido gran repercusión a nivel internacional y hoy cuenta con la adhesión de organizaciones feministas de España y Canadá, fundamentalmente. También se hicieron réplicas de esta Campaña en Perú, “ni una menos” en el año 2016, convocando a más de 100.000 personas varones y mujeres a nivel nacional. La violencia contra las mujeres en los conflictos armados es entendida como aquella que se dirige a las mujeres en razón de su género en los “hechos que configuran atentados Russell y Radford, citadas en “El último peldaño de la agresión”, disponible en www.isis.cl/temas/vi/informe.htm 11 Ver Informe sobre Femicidio en www.isis.cl y www.redfem.cl 10
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contra la vida, la integridad física y la libertad personal producidos por abuso de autoridad de agentes del Estado, los originados en motivaciones políticas, los derivados de la discriminación hacia marginados sociales o los causados por el conflicto armado interno”12. Este tipo de violencia también ha tenido una escasa preocupación por parte de los Estados. Un ejemplo de ello es la denuncia de la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, de Colombia, del desinterés oficial frente a esta situación. A pesar de la visita de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer en el año 2001, quien hizo una serie de recomendaciones al Estado, esta Mesa señala que la situación en el país ha empeorado y que el actual gobierno no tiene la voluntad de considerar estas recomendaciones. En este país, son las organizaciones de mujeres quienes llevan la batuta desarrollando diversas acciones en esta dirección. La configuración de redes locales y regionales ha dado como resultado la creación de “Ruta Pacífica de las Mujeres”, organización que ha liderado sucesivas campañas, instando a la pacificación y al cese de los asesinatos y atropellos cometidos contra las mujeres y sus familiares por los dos bandos en pugna. Se ha conformado también la Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, donde convergen 22 organizaciones13, quienes han logrado ampliar la mirada estratégica de la violencia contra las mujeres insertándola en un contexto más amplio, como es la guerra, lo que les ha permitido generar alianzas y vincular este flagelo de manera más concreta a los derechos humanos y la justicia social. En la misma línea se encuentra la iniciativa del Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia14, quienes hacen un seguimiento a la situación de las mujeres en el conflicto que vive el país. El Tráfico de Mujeres es otro de los temas donde la acción de los Estados es escasa o, más bien, casi inexistente, siendo República Dominicana la excepción. Recientemente, el gobierno de ese país promulgó una ley que establece penas hasta de 20 años de cárcel para los y las culpables de este delito15. El Tráfico en Latinoamérica corresponde principalmente a mujeres que migran a otros países –o a veces lo hacen dentro del propio país- por su voluntad, aunque muchas veces engañadas, o en contra de ella, y son obligadas a trabajar en contra de su voluntad – generalmente en el comercio sexual- y en condiciones de esclavitud. Un ejemplo concreto, es la migración de mujeres centroamericanas a la frontera sur de México, así como de mexicanas hacia el norte, y que está marcada por el tráfico sexual. Muchas o casi todas las mujeres centroamericanas que cruzan de manera ilegal las fronteras sufren violencia sexual en su larga travesía hacia EE.UU., de acuerdo a informes de la Pastoral Social, que desde hace años dirige casas de acogida para personas migrantes en Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y México. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), miles de mujeres, niñas Definición de la Comisión Colombiana de Juristas, citada en “Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia. Tercer Informe – 2002”. Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado. Colombia, 2003. 13 Para más información ver: www.mujeresporlapaz.org 14 www.observatoriomujeresyderechos.org 12
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y niños de América Latina y el Caribe, sufren explotación sexual en Estados Unidos, Europa y Asia. En este sentido, al menos 35 mil mujeres colombianas, 50 mil de República Dominicana y 75 mil de Brasil “trabajan” en la industria del sexo, principalmente en Europa, aunque se desconoce la proporción de las que son víctimas de comercio sexual. Hasta hoy, las iniciativas para enfrentar este flagelo, provienen de las Iglesias y organismos internacionales como UNICEF, UNIFEM y la Organización Mundial para las Migraciones. También desde la sociedad civil se han implementado proyectos como la Fundación Esperanza en Colombia, o el Centro de Estudios, Referencia y Acciones de la Niñez y Adolescencia (CECRIA), una ONG ligada a la Universidad de Brasilia. Finalmente, como ya se ha dicho, avanzar hacia la comprensión y consideración de la violencia contra las mujeres de manera integral es uno de los desafíos para este período. Para ello, la generación y difusión de conocimientos y experiencias, así como el establecimiento de vínculos entre las organizaciones para el desarrollo de alianzas y estrategias conjuntas resultan centrales.
INFORME DE LA CUARTA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA MUJER La violencia contra la mujer: 150. La violencia contra la mujer impide el logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. La violencia contra la mujer viola y menoscaba o impide su disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La inveterada incapacidad de proteger y promover esos derechos y libertades en los casos de violencia contra la mujer es un problema que incumbe a todos los Estados y exige que se adopten medidas al respecto. Desde la Conferencia de Nairobi se ha ampliado considerablemente el conocimiento de las causas, las consecuencias y el alcance de esa violencia, así como las medidas encaminadas a ponerle fin. En todas las sociedades, en mayor o menor medida, las mujeres y las niñas están sujetas a malos tratos de índole física, sexual y psicológica, sin distinción en cuanto a su nivel de ingresos, clase y cultura. La baja condición social y económica de la mujer puede ser tanto una causa como una consecuencia de la violencia de que es víctima. 151. La expresión "violencia contra la mujer" se refiere a todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada. Por consiguiente, la violencia contra la mujer puede tener, entre otras, las siguientes formas: a) La violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer, la violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada con la explotación; b) La violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros ámbitos, la trata de mujeres y la prostitución forzada;
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c) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra. 152. Entre otros actos de violencia contra la mujer cabe señalar las violaciones de los derechos humanos de la mujer en situaciones de conflicto armado, en particular los asesinatos, las violaciones sistemáticas, la esclavitud sexual y los embarazos forzados. 153. Los actos de violencia contra la mujer también incluyen la esterilización forzada y el aborto forzado, la utilización coercitiva o forzada de anticonceptivos, el infanticidio de niñas y la determinación prenatal del sexo. 154. Algunos grupos de mujeres, como las que pertenecen a grupos minoritarios, las indígenas, las refugiadas, las mujeres que emigran, incluidas las trabajadoras migratorias, las mujeres pobres que viven en comunidades rurales o distantes, las mujeres indigentes, las mujeres recluidas en instituciones o cárceles, las niñas, las mujeres con discapacidades, las mujeres de edad, las mujeres desplazadas, las mujeres repatriadas, las mujeres pobres y las mujeres en situaciones de conflicto armado, ocupación extranjera, guerras de agresión, guerras civiles y terrorismo, incluida la toma de rehenes, son también particularmente vulnerables a la violencia. 155. Los actos o las amenazas de violencia ya se trate de los actos que ocurren en el hogar o en la comunidad o de los actos perpetrados o tolerados por el Estado, infunden miedo e inseguridad en la vida de las mujeres e impiden lograr la igualdad, el desarrollo y la paz. El miedo a la violencia, incluido el hostigamiento, es un obstáculo constante para la movilidad de la mujer, que limita su acceso a actividades y recursos básicos. La violencia contra la mujer tiene costos sociales, sanitarios y económicos elevados para el individuo y la sociedad. La violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales mediante los que se coloca a la mujer en una posición de subordinación frente al hombre. En muchos casos, la violencia contra las mujeres y las niñas ocurre en la familia o en el hogar, donde a menudo se tolera la violencia. El abandono, el abuso físico y sexual y la violación de las niñas y las mujeres por miembros de la familia y otros habitantes de la casa, así como los casos de abusos cometidos por el marido u otros familiares, no suelen denunciarse, por lo que son difíciles de detectar. Aun cuando se denuncien, a menudo sucede que no se protege a las víctimas ni se castiga a los agresores. 156. La violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer y a la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. La violencia contra la mujer a lo largo de su ciclo vital dimana esencialmente de pautas culturales, en particular de los efectos perjudiciales de algunas prácticas tradicionales o consuetudinarias y de todos los actos de extremismo relacionados con la raza, el sexo, el idioma o la religión que perpetúan la condición inferior que se asigna a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad. La violencia contra la mujer se ve agravada por presiones sociales, como la vergüenza de denunciar ciertos actos; la falta de acceso de la mujer a información, asistencia letrada o protección jurídica; la falta de leyes que prohíban efectivamente la violencia contra la mujer; el hecho de que no se reformen las leyes vigentes; el hecho de que las autoridades públicas no pongan el suficiente empeño en difundir y hacer cumplir las leyes vigentes; y la falta de medios educacionales y de otro tipo para combatir las causas y consecuencias de la violencia. Las imágenes de violencia contra la mujer que aparecen en los medios de difusión, en particular
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las representaciones de la violación o la esclavitud sexual, así como la utilización de mujeres y niñas como objetos sexuales, y la pornografía, son factores que contribuyen a que se perpetúe esa violencia, que perjudica a la comunidad en general, y en particular a los niños y los jóvenes. 157. La adopción de un enfoque integral y multidisciplinario que permita abordar la complicada tarea de crear familias, comunidades y Estados libres de la violencia contra la mujer es no sólo una necesidad, sino una posibilidad real. La igualdad, la colaboración entre mujeres y hombres y el respeto de la dignidad humana deben permanecer todos los estadios del proceso de socialización. Los sistemas educacionales deberían promover el respeto propio, el respeto mutuo y la cooperación entre mujeres y hombres. 158. La falta de suficientes estadísticas y datos desglosados por sexo sobre el alcance de la violencia dificulta la elaboración de programas y la vigilancia de los cambios. La documentación e investigación insuficientes de la violencia doméstica, el hostigamiento sexual y la violencia contra las mujeres y niñas, en privado y en público, incluso el lugar de trabajo, obstaculizan los esfuerzos encaminados a preparar estrategias concretas de intervención. La experiencia obtenida en varios países demuestra que es posible movilizar a mujeres y hombres a fin de superar la violencia en todas sus formas, y que pueden adoptarse medidas públicas eficaces para hacer frente tanto a las causas como a las consecuencias de la violencia. Son aliados necesarios para el cambio los grupos de hombres que se movilizan contra la violencia basada en el género. 159. Las mujeres pueden ser vulnerables a los actos de violencia perpetrados por personas que ocupan puestos de autoridad tanto en situaciones de conflicto como en otras situaciones. La capacitación de todos los funcionarios en derecho humanitario y derechos humanos y el castigo de quienes cometen actos de violencia contra la mujer contribuirían a impedir que esa violencia fuera cometida por funcionarios públicos en quienes las mujeres deberían poder confiar, como los funcionarios de la policía y de las cárceles y las fuerzas de seguridad. 160. La eliminación efectiva de la trata de mujeres y niñas para el comercio sexual es un problema internacional urgente. Es preciso examinar y fortalecer la aplicación del Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena de 1949, así como otros instrumentos pertinentes. El empleo de mujeres en redes internacionales de prostitución y trata de personas se ha convertido en una de las principales actividades de la delincuencia organizada internacional. Se invita a la Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la violencia contra la mujer, que ha considerado esas actividades como otra causa de la violación de los derechos humanos y las libertades de mujeres y niñas, a que, conforme a su mandato, aborde como cuestión urgente el tema de la trata internacional de personas para el comercio sexual, así como los temas de la prostitución forzada, la violación, el abuso sexual y el turismo sexual. Las mujeres y las niñas que son víctimas de ese comercio internacional corren mayores riesgos de encontrarse en situaciones violentas, así como de quedar embarazadas contra su voluntad y de contraer enfermedades de transmisión sexual, incluida la infección con el VIH/SIDA. 161. Cuando aborden cuestiones relacionadas con la violencia contra la mujer, los gobiernos y otras entidades deberán propiciar la integración activa y visible de una perspectiva de género en todas las políticas y programas, a fin de que se puedan analizar
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las consecuencias para la mujer y el hombre antes de adoptar decisiones.
Objetivo estratégico 1. Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer Medidas que han de adoptarse: 162. Medidas que han de adoptar los gobiernos: a) Condenar la violencia contra la mujer y abstenerse de invocar ninguna costumbre, tradición o consideración de carácter religioso para eludir las obligaciones con respecto a su eliminación que figuran en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; b) No cometer actos de violencia contra la mujer y tomar las medidas necesarias para prevenir, investigar y, de conformidad con las leyes nacionales en vigor, castigar los actos de violencia contra la mujer, ya hayan sido cometidos por el Estado o por particulares; c) Introducir sanciones penales, civiles, laborales y administrativas en las legislaciones nacionales, o reforzar las vigentes, con el fin de castigar y reparar los daños causados a las mujeres y las niñas víctimas de cualquier tipo de violencia, ya sea en el hogar, el lugar de trabajo, la comunidad o la sociedad; d) Adoptar o aplicar las leyes pertinentes, y revisarlas y analizarlas periódicamente a fin de asegurar su eficacia para eliminar la violencia contra la mujer, haciendo hincapié en la prevención de la violencia y el enjuiciamiento de los responsables; adoptar medidas para garantizar la protección de las mujeres víctimas de la violencia, el acceso a remedios justos y eficaces, inclusive la reparación de los daños causados, la indemnización y la curación de las víctimas y la rehabilitación de los agresores; e) Trabajar activamente para ratificar o aplicar todas las normas e instrumentos internacionales relacionados con la violencia contra la mujer, incluidos los contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; f) Aplicar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
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la mujer, teniendo en cuenta la recomendación general 19, aprobada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su 11º período de sesiones; g) Promover la integración activa y visible de una perspectiva basada en el género en todas las políticas y programas en materia de violencia contra la mujer; alentar vigorosamente, respaldar y aplicar las medidas y los programas destinados a desarrollar los conocimientos y propiciar la comprensión de las causas, las consecuencias y los mecanismos de la violencia contra la mujer entre los responsables de la aplicación de esas políticas, como los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley, los miembros de la policía y los asistentes sociales, el personal médico y el personal judicial, así como entre las personas que se dedican a actividades relacionadas con las minorías, los migrantes y los refugiados, y establecer estrategias para impedir que las mujeres víctimas de la violencia vuelvan a sufrirla por la prescindencia del género en las leyes o en las prácticas de aplicación de la ley o los procedimientos judiciales; h) Ofrecer a las mujeres víctimas de la violencia acceso a los sistemas judiciales y, según con lo previsto en las leyes nacionales, a soluciones justas y eficaces para reparar el daño de que han sido objeto, e informarles acerca de su derecho a obtener compensación a través de esos mecanismos; i) Aprobar y aplicar leyes contra los responsables de prácticas y actos de violencia contra la mujer, como la mutilación genital femenina, el feticidio femenino, la selección prenatal del sexo y la violencia relacionada con la dote, y respaldar con determinación los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales y locales por eliminar esas prácticas; j) Formular y aplicar, a todos los niveles apropiados, planes de acción para erradicar la violencia contra la mujer; k) Adoptar todas las medidas necesarias, especialmente en el ámbito de la enseñanza, para modificar los modelos de conducta sociales y culturales de la mujer y el hombre, y eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de otro tipo basadas en la idea de la inferioridad o la superioridad de uno de los sexos y en funciones estereotipadas asignadas al hombre y la mujer; l) Crear mecanismos institucionales, o reforzar los existentes, a fin de que las mujeres y las niñas puedan dar parte de los actos de violencia cometidos contra ellas e interponer
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denuncias al respecto en condiciones de seguridad y confidencialidad, y sin temor a castigos o represalias; m) Garantizar el acceso de las mujeres con discapacidad a la información y los servicios disponibles en el ámbito de la violencia contra la mujer; n) Instaurar, mejorar o promover, según resulte apropiado, así como financiar la formación de personal judicial, letrado, médico, social, pedagógico y de policía e inmigración para evitar los abusos de poder que dan pie a la violencia contra la mujer, y sensibilizar a esas personas en cuanto a la naturaleza de los actos y las amenazas de violencia basados en la diferenciación de género, para conseguir que las mujeres víctimas reciban un trato justo; o) Promulgar nuevas leyes cuando sea necesario y reforzar las vigentes en que se prevean penas para los miembros de la policía o de las fuerzas de seguridad o cualquier otro agente del Estado que cometa actos de violencia contra la mujer en el desempeño de sus funciones; revisar las leyes vigentes y adoptar medidas eficaces contra los responsables de esos actos de violencia; p) Asignar recursos suficientes en el presupuesto del Estado y movilizar recursos locales para actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer, incluso recursos para la aplicación de planes de acción a todos los niveles apropiados; q) Incluir, en los informes presentados de conformidad con los instrumentos pertinentes de derechos humanos de las Naciones Unidas, información sobre la violencia contra la mujer y sobre las medidas adoptadas para aplicar la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; r) Cooperar con la Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la violencia contra la mujer en el cumplimiento de su mandato y proporcionarle toda la información solicitada; colaborar también con otros responsables en la materia, como el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la cuestión de la tortura y el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias, y arbitrarias en todo lo que atañe a la violencia contra la mujer; s) Recomendar a la Comisión de Derechos Humanos que renueve el mandato de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer cuando llegue a su fin en 1997 y, de ser
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necesario, que lo actualice y lo refuerce. 163. Medidas que han de adoptar los gobiernos, incluidos los gobiernos locales, las organizaciones populares, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones de enseñanza, los sectores público y privado, en particular las empresas, y los medios de información, según proceda: a) Establecer centros de acogida y servicios de apoyo dotados de los recursos necesarios para auxiliar a las niñas y mujeres víctimas de la violencia y prestarles servicios médicos, psicológicos y de asesoramiento, así como asesoramiento letrado a título gratuito o de bajo costo, cuando sea necesario, además de la asistencia que corresponda para ayudarles a encontrar medios de vida suficientes; b) Establecer servicios lingüística y culturalmente accesibles para las mujeres y niñas inmigrantes, incluidas las trabajadoras migratorias, que sean víctimas de la violencia en razón de su sexo; c) Reconocer la vulnerabilidad frente a la violencia y a otras formas de maltrato de los inmigrantes, incluidas las trabajadoras migratorias, cuya condición jurídica en el país de acogida depende de empleadores que pueden explotar su situación; d) Apoyar las iniciativas de las organizaciones femeninas y de las organizaciones no gubernamentales de todo el mundo encaminadas a despertar la conciencia sobre el problema de la violencia contra la mujer y contribuir a su eliminación; e) Organizar, apoyar y financiar campañas de educación y capacitación de las comunidades encaminadas a despertar la conciencia de que la violencia contra la mujer constituye una violación de sus derechos humanos y alentar en las comunidades locales el empleo de métodos tradicionales e innovadores apropiados de resolución de conflictos que tengan en cuenta el género; f) Reconocer, apoyar y promover el papel fundamental que desempeñan las instituciones intermedias, como los centros de atención primaria de salud, los centros de planificación de la familia, los servicios de salud que existen en las escuelas, los servicios de protección de madres y recién nacidos, los centros para familias de inmigrantes y otros similares en materia de información y educación relativas a los malos tratos;
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g) Organizar y financiar campañas de información y programas de educación y capacitación a fin de sensibilizar a las niñas y los varones, a las mujeres y los hombres, acerca de los efectos personales y sociales negativos de la violencia en la familia, la comunidad y la sociedad; enseñarles a comunicarse sin violencia; y fomentar la instrucción de las víctimas y de las víctimas potenciales de modo que puedan protegerse y proteger a otros de esas formas de violencia; h) Difundir información sobre la asistencia de que disponen las mujeres y las familias que son víctimas de la violencia; i) Proporcionar, financiar y promover servicios de asesoramiento y rehabilitación para los autores de actos de violencia y promover el estudio de las posibilidades de realizar nuevas actividades de asesoramiento y rehabilitación para prevenir nuevos casos de violencia; j) Despertar la conciencia acerca de la responsabilidad de los medios de comunicación de promover imágenes no estereotipadas de mujeres y hombres y de eliminar los patrones de conducta generadores de violencia que en ellos se presentan, así como alentar a los responsables del contenido del material que se difunde a que establezcan directrices y códigos de conducta profesionales; y despertar también la conciencia sobre la importante función de los medios de información en lo tocante a informar y educar a la población acerca de las causas y los efectos de la violencia contra la mujer y a estimular el debate público sobre el tema. 164. Medidas que han de adoptar los gobiernos, los empleadores, los sindicatos, las organizaciones populares y juveniles y las organizaciones no gubernamentales, según proceda: a) Desarrollar programas y procedimientos tendientes a eliminar el hostigamiento sexual y otras formas de violencia contra la mujer de todas las instituciones de enseñanza, lugares de trabajo y demás ámbitos; b) Desarrollar programas y procedimientos encaminados a educar y a despertar la conciencia sobre los actos de violencia contra la mujer que constituyen delito y violan sus derechos humanos; c) Desarrollar programas de asesoramiento, rehabilitación y apoyo para niñas,
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adolescentes y jóvenes que hayan sido o sean objeto de relaciones abusivas, en particular las que viven en hogares o instituciones en que exista esa clase de relaciones; d) Adoptar medidas especiales para eliminar la violencia contra las mujeres, en particular las especialmente vulnerables, como las jóvenes, las refugiadas, las desplazadas interna y externamente, las que sufren discapacidad y las trabajadoras migratorias, entre ellas medidas encaminadas a hacer cumplir la legislación vigente y a elaborar, según proceda, nueva legislación para las trabajadoras migratorias tanto en los países de origen como en los de acogida. 165. Medidas que ha de adoptar el Secretario General de las Naciones Unidas: Prestar a la Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la violencia contra la mujer toda la asistencia necesaria, en particular el personal y los recursos indispensables para desempeñar todas sus funciones, especialmente para llevar a cabo y supervisar misiones, ya sea en forma independiente o conjuntamente con otros relatores especiales y grupos de trabajo, y la ayuda necesaria para que pueda celebrar consultas periódicas con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y con todos los órganos establecidos en virtud de tratados. 166. Medidas que han de adoptar los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales: Alentar la difusión y aplicación de las directrices del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre la protección de las refugiadas y la prevención y atención de los casos de violencia sexual contra los refugiados.
Objetivo estratégico 2. Estudiar las causas y las consecuencias de la violencia contra la mujer y la eficacia de las medidas de prevención Medidas que han de adoptarse 167. Medidas que han de adoptar los gobiernos, las organizaciones regionales, las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales, los institutos de investigación, las organizaciones femeninas y juveniles y las organizaciones no gubernamentales, según corresponda:
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a) Promover la investigación, recoger datos y elaborar estadísticas, especialmente en lo concerniente a la violencia en el hogar, relacionadas con la frecuencia de las distintas formas de violencia contra la mujer, y fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de esta violencia, así como sobre la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos; b) Difundir ampliamente los resultados de los estudios e investigaciones; c) Apoyar e iniciar investigaciones sobre las consecuencias de los actos de violencia, por ejemplo las violaciones, para las mujeres y las niñas, y publicar la información y las estadísticas resultantes; d) Alentar a los medios de información a que examinen las consecuencias de los estereotipos basados en el género, incluidos los que se perpetúan en los avisos comerciales que promueven la violencia y las desigualdades basadas en el género, así como también la manera en que se transmiten durante el ciclo vital, y a que adopten medidas para eliminar esas imágenes negativas con miras a promover una sociedad sin violencia.
Objetivo estratégico 3. Eliminar la trata de mujeres y a prestar asistencia a las víctimas de la violencia derivada de la prostitución y la trata de mujeres Medidas que han de adoptarse: 168. Medidas que han de adoptar los gobiernos de los países de origen, tránsito y destino y las organizaciones regionales e internacionales, según proceda: a) Examinar la posibilidad de ratificar y dar cumplimiento a los convenios internacionales relativos a la trata de personas y a la esclavitud; b) Adoptar medidas apropiadas para abordar las causas fundamentales, incluidos los factores externos, que promueven la trata de mujeres y niñas para fines de prostitución y otras formas de sexo comercializado, los matrimonios forzados y el trabajo forzado, con el objeto de eliminar la trata de mujeres, entre ellas las encaminadas a fortalecer la legislación vigente, con miras a proteger mejor los derechos de las mujeres y las niñas y a castigar a los autores por la vía penal y civil;
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c) Intensificar la cooperación y las medidas concertadas de todas las autoridades e instituciones pertinentes con miras a desmantelar las redes nacionales, regionales e internacionales de traficantes; d) Asignar recursos a la formulación de programas amplios encaminados a sanar y rehabilitar en la sociedad a las víctimas de la trata de mujeres, entre ellos los de formación profesional, asistencia letrada y atención de salud confidencial, y adoptar medidas de cooperación con las organizaciones no gubernamentales para la atención social, médica y psicológica de las víctimas; e) Elaborar programas y políticas de educación y capacitación y examinar la posibilidad de promulgar legislación encaminada a impedir el turismo y el tráfico sexuales, haciendo particular hincapié en la protección de los niños, niñas jóvenes y los adultos mayores.
LA VIOLENCIA QUE ATRAVIESA NUESTRA SOCIEDAD HOY: La historia de la cultura demuestra que la violencia es como un holocausto que retorna cíclicamente bajo distintas formas: desde la tortura y el crimen, hasta el aniquilamiento de la capacidad de pensar de las personas. La violencia recorre nuestra historia como seres humanos, pero cada sociedad construye diferentes expresiones de ésta, creando dispositivos culturales que favorecen su despliegue y perpetuación. En la violencia, a diferencia de la agresión, se pone en juego un deseo no explícito de dominación sobre la voluntad del otro. Es el ejercicio de una fuerza, abierta u oculta, con el fin de obtener de un individuo o de un grupo, algo que éste no quiere consentir libremente. La violencia, es una fuerza injusta que atropella la libertad, la vida y el ser. Además, al desatarse el impulso violento lo importante es la descarga, luego no faltarán explicaciones que traten de legitimar y justificar algo que desde su esencia carece de lógica y racionalidad. Lo que caracteriza la peor de las violencias es su contenido ideológico, cuando el sujeto abusador está convencido de que sus percepciones, sus representaciones de sí mismo, de su familia, de su historia y del mundo que le rodea, son la realidad objetiva. En ese cuestionamiento se postula una relación directa entre violencia y poder. En el sustento mismo de las relaciones de poder, la violencia encuentra su mejor lugar, por tanto no podría ser cuestionada sin poner en jaque las relaciones de poder que preserva y que implican la dominación del otro. El ejercicio del poder se puede observar en: una violación, un asesinato o un atentado terrorista, sin embargo socialmente no son interpretados como actos de poder, ya que
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examinarlos en ese sentido supone remitirnos a las formas de relaciones interpersonales y también sociales, a la consolidación de micro sistemas de poder que nos implican y condicionan cotidianamente. Implicaría una mirada no sólo social de estos hechos si no también una toma de conciencia de qué rol jugamos en esas relaciones de poder y qué lugares ocupamos a lo largo de nuestra vida y en los diferentes contextos en los que nos relacionamos. Las sociedades actuales parecen incitar la conducta violenta, el cinismo, el sadismo y la psicopatía. Ello por la fragilidad que se observa en las relaciones interpersonales, la asombrosa disparidad en el reparto de los bienes mundiales, los altos niveles de desempleo y subempleo, la preocupación excesiva por el cuerpo y la imagen, el establecimiento de formas rígidas de gobierno donde los totalitarismos aumentan, entre otras. Todos estos aspectos sociales y culturales condicionan la aparición de nuevos fenómenos de violencia o la perpetuación de antiguas formas de los mismos. Hablamos así de una violencia estructural, resultado de la situación de pobreza e injusticia social que impera en diversos países alrededor del mundo, llamando la atención sobre estos problemas sociales que constituyen una situación provocadora de violencia, debido a que tejen redes por las cuales fluye la discriminación con sus múltiples rostros8 . Uno de los rostros de la discriminación lo constituye la violencia de género, la cual se naturaliza a través de los discursos sociales acerca de cómo se debe tratar a hombres y a mujeres. La violencia se valida y se convierte en un fenómeno percibido y asimilado como parte de la “normalidad”; o lo que sería peor como un fenómeno “normativo”, que participa del conjunto de las reglas que crean y recrean las relaciones interpersonales. Por otro lado, la violencia ha sido una constante a lo largo de la historia del Perú, sin embargo la violencia política de las últimas décadas polarizó a los ciudadanos del país y generó a su vez mayor violencia. A estos factores se debe sumar el grado de impunidad y corrupción que envuelve las relaciones interpersonales de los sujetos en todos los niveles de la vida social, que se ha evidenciado groseramente en los últimos años a raíz de los manejos gubernamentales. El Perú vivió entre los años 1980 y 2000, uno de los momentos más duros de su historia, producto de la violencia política que cobró miles de vidas y que significó innumerables sufrimientos y cuantiosas pérdidas, tanto personales como materiales. El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003), evidenció el impacto de la violencia política y los devastadores efectos sociales, así como dio cuenta del impacto diferenciado de ésta por razones de género: 69, 000 muertos, 600,000 desplazados, más de cuatro mil sitios de entierro, decenas de miles de huérfanos, decenas de mujeres que sufrieron violencia sexual, entre otras consecuencias nefastas. En una sociedad como la peruana donde
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impera la desigualdad, la violencia afecta también de manera diferenciada, razón por la cual observamos que las personas ubicadas en los estratos más humildes, excluidos y marginados del país fueron el principal blanco de la violencia subversiva y contrasubversiva. No es casual que los departamentos más afectados fueran aquellos considerados como los más pobres del Perú. Además los resultados del Informe final de la CVR señalan que la mayoría de víctimas eran quechua hablantes (75%). Tal como refiere un testimoniante en una de las audiencias públicas que se realizaron en Ayacucho: “Entonces, mi pueblo era pues un pueblo, no sé.... un pueblo ajeno dentro del Perú” LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (PAM) En nuestra sociedad existen actitudes negativas frente al proceso de envejecimiento y por ende frente a las personas mayores de 60 años o adultos mayores. En el ámbito familiar estas actitudes van desde la sobreprotección hasta el maltrato en todas sus variantes, que por lo general no es denunciado por las víctimas en tanto significa un enfrentamiento con los agresores que usualmente son sus propios hijos o familiares de los que dependen afectiva y/o económicamente. La violencia contra las personas adultas mayores es un problema del cual nuestro país no está ajeno, sin embargo son escasas las cifras y datos al respecto. Los Centros Emergencia Mujer (CEM) del Programa Nacional Contra
la
Violencia
Familiar
y
Sexual
(PNCVFS) del MIMDES, bajo el marco de la ley de protección contra la violencia familiar y sexual, en su labor de atención registró durante al año 2002 a 1,120 personas adultas mayores víctimas de violencia familiar y/o sexual. Esta cifra representa el 3.6% del total de casos atendidos en los 38 CEM a nivel nacional durante el período 2002 (29,759 casos).
Principal agresor: los hijos De acuerdo a las estadísticas del PNCVFS, los principales victimarios de los adultos mayores lo representan sus propios hijos adultos con el 44.4%, los cónyuges 14.6%, pareja actual (afectivo y/o sexual) 9.7%, u otros familiares (nuera, yerno, etc) 17%. Es necesario destacar que las edades de los hijos/as agresores fluctúan entre 26 y 45 años y son en un 68% varones.
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Violencia psicológica: la más frecuente En el ámbito familiar el tipo de violencia que mayoritariamente se ejerce contra los adultos mayores es el maltrato psicológico hasta en un 95%. Siendo la agresión más frecuente los insultos (85%), humillación y desvalorización (66.3%), amenazas de muerte (40%), y rechazo ( 48.8%). Sin embargo, los Adultos Mayores no están exentos de la violencia física, en el 2002 representó el 39% del total de casos registrados en los CEM. Las bofetadas, empujones, puntapiés y puñetazos fueron las formas de agresión más frecuentes. Un 2% del total de casos (22 casos) señalaron ser víctimas de violencia sexual, siendo principalmente afectadas las Personas Adultas Mayores (PAM) de sexo femenino. De este grupo 8 denunciaron violación y 12 acoso o chantaje sexual. Ambos delitos fueron referidos únicamente por las mujeres. El único adulto mayor varón que denunció violencia sexual dijo ser víctima de tocamiento en contra de su voluntad.
Mujeres adultas mayores: las víctimas La violencia familiar y sexual tiene como principal víctima a la mujer a través de todas las etapas de su vida, y en lo que respecta a la mujer adulta mayor, esta etapa no le exime de este mal social. Del total de casos de violencia familiar y/o sexual de PAM registrado por los CEMs, el 76% corresponde a hechos en la que las personas de sexo femenino son las afectadas. Sin embargo, es importante anotar que es en el grupo etáreo del Adulto Mayor en el que se denota menos diferencia en la relación mujer/varón maltratado. Es decir en esta etapa hay 3 mujeres por cada varón maltratado, mientras que en el grupo de 18 a 35 años, existen 18 mujeres por cada varón maltratado. A diferencia del perfil nacional de personas atendidas en los CEM, que establece que la mayoría de las victimas tiene por lo menos algún grado de educación secundaria, en el grupo de PAM el nivel educativo es escaso: primaria 46.0%, 28.6% sin ningún nivel educativo. Asimismo,
el
70.4%
señaló
no
efectuar
ninguna
actividad
que
le
brindara ingresos.
Motivo de la violencia: “control de su vida”
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El 35% de las Personas Adultas Mayores (PAM) que acudieron al CEM por maltrato señalan como motivo de la violencia, la actitud de parte del agresor/a en el extremo de querer “controlar su vida”, el 31.7% el carácter dominante e impulsivo del victimario/a, 21.9% los motivos económicos, 27.5% motivos familiares, 9.8% celos e infidelidad y el 12.4% refiere que no hubo motivo o razón aparente.
FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL MALTRATO DE LAS PAM
La presencia de ciertas dinámicas familiares (violencia familiar, falta de comunicación, inversión de roles).
La naturaleza y la calidad de la relación que se establece entre la persona mayor y quien le cuida en el entorno familiar.
La descalificación, falta de reconocimiento a la sabiduría y la experiencia de las personas mayores de 60 años. La sociedad tiene un culto muy elevado por la juventud y tiende a excluir y marginar a las personas mayores.
¿QUE SE PUEDE HACER FRENTE AL MALTRATO DEL ADULTO MAYOR? Las próximas generaciones de adultos mayores tenemos que prepararnos para entablar relaciones afectivas y sanas con nuestros familiares. Para hacer frente al maltrato a las personas adultas mayores se requiere la participación de la familia, de los profesionales y de la comunidad en general.
Desde la Familia:
Revalorar el aporte de las personas adultas mayores dentro de la vida y economía del hogar
Generar los mecanismos para que las personas adultas mayores se sientan útiles y con la posibilidad de opinar y decidir en acuerdos familiares
Crear un ambiente que brinde afecto, respeto y constituya un real soporte para sus miembros mayores, especialmente para aquellos que tienen algún grado de discapacidad.
Desde los Medios de Comunicación:
Contribuir a mejorar la imagen de las personas adultas mayores desterrando mitos y estereotipos que generalmente rodean la figura de éstas.
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Desde los Gobiernos Locales:
Fomentar su integración, generando en la comunidad espacios integradores e intergeneracionales.
Promover una mayor participación de este grupo poblacional, a fin de que pueda contribuir con alternativas de solución a esta problemática y continúe aportando al desarrollo de su comunidad.
Conceptos Básicos: Violencia física: es toda forma de castigo corporal. Se manifiesta mediante el golpe o daño físico, tales como pellizcos, jalones de pelo o cualquier lesión en el cuerpo. Abuso sexual: al realizarse un acto de naturaleza sexual contra la voluntad de la persona adulta mayor. Violencia emocional o psicológica: comprende desde insultos, burlas, rechazo, desvalorización y/o ausencia de expresiones positivas hacia el adulto mayor.
Violencia por descuido o por abandono: También se le llama maltrato por negligencia, se producen cuando no se atienden las necesidades de alimentación, salud y afecto que las personas adultas mayores requieren y se merecen. Todas estas formas de violencia en su mayoría son ejercidas por familiares cercanos al adulto mayor, generándole sentimientos contradictorios, de afecto, de rechazo y dependencia emocional ante quien ejerce la violencia hacia él.
Violencia Económica: Cuando los hijos se apropian de una pensión de jubilación que corresponde a varón o la mujer y luego no les cubren sus gastos personales y elementales para una vida digna de calidad. No hay ninguna consideración ni empatía al respecto. Es también se refleja cuando los hijos no quieren asumir gastos de los adultos mayores en el caso que no perciban una jubilación.
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ACTUALIDAD: PERÚ FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO Estado Peruano fue evaluado por el Comité CEDAW en sus avances para garantizar los derechos de las mujeres. Las expertas del Comité llamaron la atención sobre la necesidad de superar las brechas para alcanzar la igualdad. En el 58° Periodo de Sesiones del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, en Ginebra-Suiza, el Estado Peruano dio cuenta de sus avances para garantizar la igualdad de las mujeres. Durante este examen periódico se evidenciaron logros, pero también importantes y reincidentes obstáculos que impiden superar las brechas de género. El Comité observó con preocupación la permanencia de estereotipos de género en la implementación de políticas para abordar la violencia contra las mujeres, así como en los procesos de los delitos de violación sexual. Evidenció la impunidad en las que se mantienen los casos de diferentes formas de vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres peruanas, como: las esterilizaciones forzadas, la violencia sexual durante el conflicto armado interno, el feminicidio, entre otras. Llamó la atención por la ausencia de reparaciones a las adolescentes afectadas irreparablemente en su salud por impedírseles acceder al aborto terapéutico. La delegación oficial peruana estuvo encabezada por el Vice Ministro de Justicia y Derechos Humanos José Ávila e integrada por representantes de los Ministerios de la Mujer, Salud así como del Ministerio Público; quienes durante la sesión destacaron los esfuerzos del gobierno para erradicar la discriminación hacia las mujeres, resaltando la aprobación del Acuerdo Plenario 1-2011 sobre valoración de la prueba en delitos contra la libertad sexual y la reciente aprobación del protocolo de aborto terapéutico. Las expertas felicitaron este avance, pero coincidieron en señalar que existe una brecha entre las normas vigentes y la igualdad real. Mostraron preocupación porque hasta la fecha el Estado peruano incumple con la recomendación de reparar integralmente a las adolescentes KL y LC por negárseles el acceso al aborto terapéutico y sancionar a los responsables. Si bien el Comité manifestó su felicitación por la dación de la norma, resalto que ésta llega luego de 90 años de espera, y pidió aplicarla con una interpretación no restrictiva que contemple la salud física y emocional de las mujeres. Al respecto el Estado respondió que el Protocolo recientemente aprobado se aplicará considerando el enfoque de salud de la Organización Mundial de la Salud. “Las mujeres peruanas denuncian y buscan justicia, pero no la encuentran en el Poder Judicial, quizá por los graves estereotipos de género como por ejemplo valorar la violación sexual
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cuando hay rotura de himen, cuando ese aspecto no está considerado en la ley” afirmó la experta Olinda Bareiro. Las expertas enfatizaron sobre la permanencia de la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres, y consultaron sobre las medidas de protección y la efectividad de la nueva ley de feminicidio. Las expertas les recordaron a la delegación la ausencia de sanción a los responsables de las esterilizaciones forzadas, inclusive en el caso de la víctima mortal Mamérita Mestanza visto en un Acuerdo de Solución Amistosa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La delegación respondió que al respecto de esta investigación: "la observación al archivamiento por la exculpación del ex presidente Fujimori y a tres de sus ex ministros de Salud está en proceso de evaluación" y que será resuelta en los próximos meses. El Comité manifestó su preocupación sobre las dificultades de las mujeres para acceder a la participación política en condiciones de igualdad, evidenciando que existen proyectos pendientes por aprobar para garantizar estos derechos. Temas como la situación de las mujeres y niñas indígenas en el país, fueron también consultados, señalando que el Perú tiene un contexto diverso que debe ser abordado con estrategias adecuadas al mismo. El Estado fue consultado también sobre las medidas que toma para garantizar los derechos de otras poblaciones que son afectadas por la discriminación, como lo son las mujeres afrodescendientes y mujeres con discapacidad. Asimismo, se preguntó al Estado la razón de no firmar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo y por qué no elabora normas para igualar los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar. Al final del examen, se consultó de forma específica sobre las medidas que se toman para garantizar la salud de las mujeres lesbianas y transgénero en el país. El Estado respondió en base a los programas y mesas de diálogo que se vienen realizando, sin ahondar en la cobertura y efectividad de estas medidas, así como se refirieron indicadores para medir el avance con estas poblaciones, sin presentar resultados específicos al respecto. Las organizaciones de sociedad civil, asistentes a la 58 sesión del Comité CEDAW, reconocemos la importancia de la presencia de la delegación Peruana, y el ejercicio de rendición de cuentas. Del mismo modo, convocamos al Estado a implementar las próximas recomendaciones que el Comité de expertas emitirá, con la finalidad que con ello se superen las brechas de género señaladas y la impunidad.
DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: COLOMBIA Durante más de la mitad del siglo XX, en Colombia las reclusiones de mujeres estuvieron a cargo de las hermanas misioneras del Buen Pastor quienes tenían la tarea de administrar
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y custodiar dichas instituciones; a partir de la década de 1980 éstas comenzaron a pasar paulatinamente de manos de las religiosas a las del Estado. Aunque la administración estatal implicó algunos cambios como mayor libertad de culto –pues las internas ya no están obligadas a participar de los ritos católicos- muchas formas de sanción y juicios morales hacia las internas instaurados desde la institución religiosa, siguen presentes y se manifiestan en restricciones a la sexualidad, el control sobre el cuerpo, la generación de sentimientos de culpa, la concepción del delito como pecado a redimir mediante el arrepentimiento y la presencia de formas de violencia sicológica y simbólica227. Ejemplo de ello es el siguiente testimonio: “Las guardias nos gritan: ¿por qué no pensaron en sus hijos antes de cometer delitos? ¡Aquí ahora si vienen a llorar!”228. En los establecimientos de reclusión femenina, tanto el personal profesional, administrativo y de guardia que allí laboran, ejercen violencia física, sicológica y simbólica contra las mujeres generándoles y reafirmándoles sentimientos de culpa por abandonar a la familia, por haber actuado en contra del orden establecido, por tener más de un compañero sentimental o una opción sexual diferente a la heterosexualidad. Estas formas de sanción se fundamentan en estereotipos culturales de género sobre los cuales se define el ideal de la “buena mujer”, a partir de ellos la institucionalidad y la sociedad en general castigan moral y físicamente a quienes cometen o son acusadas de cometer un delito. Estas sanciones no se aplican de la misma forma en las cárceles de varones donde hay mayor permisividad en el ejercicio de la sexualidad, no se les culpa con tanta crudeza de “malos padres”, entre otros aspectos. Las internas que son madres enfrentan sentimientos de desarraigo e incertidumbre por el bienestar de sus hijos e hijas, pues ellas no pueden tomar decisiones sobre su educación y formación, por ejemplo, cuando los niños son menores de tres años y permanecen al interior del penal el ingreso de las mujeres a las guarderías es restringido. Así mismo, las condiciones de visita impiden que las internas mantengan una relación estable con sus familiares, particularmente con los hijos e hijas que están fuera de prisión. El personal de custodia y vigilancia y los funcionarios del INPEC mantienen la idea según la cual dar un “trato fuerte” e imponer una vida austera a las internas es indispensable para que ellas se arrepientan de sus actos. Sobre esta base, consideran que el ejercicio y goce de derechos es un privilegio que se deben ganar las mujeres dentro de las reclusiones. La autoridad ejercida por el personal de las instituciones de reclusión se hace mediante la aplicación de sanciones y castigos, en muchos casos arbitrarios, que se fundan en criterios subjetivos como juicios de valor o el nivel de empatía de la interna con la guardia y la
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administración del penal. Estas prácticas que atentan contra la dignidad de las mujeres incluyen acciones como: aislamiento por largos periodos de tiempo, imposición de trabajos de limpieza sin remuneración, supresión de las visitas íntimas y familiares, investigaciones disciplinarias e interposición de informes, traslados intempestivos y/o la confinación en calabozos. También se restringen el ingreso a los espacios de trabajo y educación y los permisos de salida de 72 horas233; se realizan requisas repentinas durante las cuales se decomisan objetos de uso cotidiano, como libros, radios y cigarrillos, y, en algunos casos, se agrede físicamente a las internas exigiéndoles que se desnuden ante la guardia. Un testimonio relata lo siguiente: “El día que nos detuvieron trajeron a una mujer como con cinco meses de embarazo, delante de nosotras le hicieron quitar toda la ropa y agacharse para ver si traía algo en la vagina”. Estas formas de control también las sufren las familiares que asisten a las visitas, quienes durante las requisas están expuestas a abusos de la guardia que, en algunos casos les obliga a desnudarse, hacer cuclillas, dejarse tocar el cuerpo e incluso hacen tactos vaginales, con el argumento de controlar el ingreso de armas y drogas a la reclusión. “Mi niña tiene trece años y el domingo pasado cuando vino a visitarme la trataron muy mal. Las guardias hacen lo que se les dé la gana, a ella le quitaron la ropa interior y le hicieron hacer cuclillas; la niña entro llorando y muy asustada, yo le dije que no volviera más, que yo prefería no volver a verla a que ella tuviera que pasar por todas esas cosas tan horrible”. Además de los abusos durante las requisas las internas enfrentan otras manifestaciones de violencia sexual por parte de la guardia y de sus mismas compañeras. La inexistencia de una perspectiva de género que contemple las necesidades de las mujeres en la planificación del sistema penitenciario y carcelario permite que en los establecimientos de reclusión femenina haya condiciones propicias para los abusos sexuales por parte de los funcionarios, como señala el informe de la Procuraduría “La presencia de funcionarios penitenciarios de sexo masculino en los módulos de alojamiento y demás dependencias crea un caldo de cultivo más favorable a los abusos sexuales que si las mujeres fueran custodiadas por funcionarias”236. Ahora bien, esta situación favorable a los abusos se acrecienta en las reclusiones mixtas en las cuales las mujeres –aunque separadas en un espacio distinto- son custodiadas por un cuerpo de vigilancia masculino. Las necesidades
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de las mujeres tampoco se contemplan en la selección y capacitación del personal de administración, guardia y profesional; en el tratamiento penitenciario ni en el diseño y distribución de los espacios de los centros de reclusión. Las mujeres denuncian la insuficiencia de servicios sanitarios, espacios adecuados para recibir las visitas íntimas, atención ginecológica y guarderías para sus hijos e hijas. Es importante señalar que la ley obliga a los centros de reclusión a que establezcan un reglamento interno que debe ser de conocimiento amplio entre las reclusas237. Sin embargo, la mayoría de ellas no lo conoce. Esto es contraproducente para la calidad de vida de las mujeres pues en ocasiones son sancionadas o castigadas por faltas no contempladas dentro del Reglamento General (Código Penitenciario y Carcelario), bajo el argumento de estar incluidas en el reglamento interno de la reclusión aunque vayan en contravía de la Constitución Nacional. Asimismo, observamos que acciones violatorias a los derechos humanos que se realizan constantemente – como negar la visita íntima y reprimir las relaciones entre parejas homosexuales y la pérdida del derecho al trabajo y al estudio durante los seis primeros meses de vida de sus hijos e hijas al interior de la prisión- se han convertido en normas implícitas que, por lo general, no se denuncian por falta de información de las internas. Ahora bien, las mujeres privadas de la libertad afectadas por estas violencias no denuncian por temor a las represalias que puedan tomar la guardia y la administración, en estos casos, el sistema penitenciario utiliza eficazmente el miedo como una forma de control para mantener en silencio las irregularidades. La amenaza de traslado –en muchos casos materializada- es una forma de violencia sicológica efectiva que genera a las internas sensación de incertidumbre y un gran temor por las condiciones que van a tener que enfrentar en otro lugar de reclusión, la ruptura de los lazos afectivos que han logrado construir, el cambio de rutinas y la lejanía de sus familias que profundizan el aislamiento impuesto por la pena. En la actualidad, la amenaza de traslado se relaciona con la prisión de alta seguridad, mostrada como el lugar más terrible al que puede llegar una interna si no se comporta adecuadamente.
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VIOLENCIA FAMILIAR Y VIOLENCIA DE GÉNERO PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL Desarrolle el siguiente cuestionario y entréguelo a nuestras coordinadoras académicas, envíelo a nuestras oficinas de enlace académico a nivel nacional o enviar al siguiente correo: administración@capacitacionacis.org.pe
CUESTIONARIO N° II 1.- Haga cinco conclusiones acerca de ¿cómo la mujer ha sido tratada históricamente en los diferentes contextos mencionados? 3.- ¿Cómo se invisibiliza la violencia de género en la familia y la sociedad y que repercusiones tiene en el presente y el futuro? 4.- ¿Qué logros se obtuvieron en América Latina y el Caribe en contra de la violencia hacia la mujer?, Mencione las características de la violencia en cada contexto? 5.- ¿Cuáles son los 3 objetivos estratégicos que recomienda realizar la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer? Explicar que implicancias tiene a nivel individual, familiar y social en el país. 6.- Indique la importancia de Prevenir la Violencia en Personas Adultas Mayores.
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