Poder Legislativo No.4 by Carlos Alberto Monroy

Libertad y Orden

Revista Institucional de la Cámara de Representantes Edición No. 4 • Diciembre de 2010 • ISSN 2011-7078

CÁMARA DE REPRESENTANTES

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

La Cámara de Representantes y los 20 años de la Constitución La Ley de Víctimas: ¡Reparación u olvido!

Avance de las reformas que el Gobierno presentó al Congreso

Verdades y mentiras de las regalías en Colombia

Capitolio Nacional, vista posterior.

Cámara de Representantes Mesa Directiva, 2010-2011

Libertad y Orden

CAMARA DE REPRESENTANTES Publicación de la Cámara de Representantes creada para simbolizar la institucionalidad política nacional en su gestión legislativa. Edición N° 4. Diciembre 2010 Oficina de Información y Prensa Capitolio Nacional de Colombia-primer piso prensa@camara.gov.co www.camara.gov.co Téléfono:(51) 382 5254 Fax:(51) 382 5168 Ejemplares: 1.700 Publicación mensual Bogotá, D.C Director - Editor CARLOS ALBERTO ZULUAGA DÍAZ Presidente Cámara de Representantes

Carlos Alberto Zuluaga Díaz

Sub-dircctores ROOSVELT RODRÍGUEZ RENGIFO Primer Vicepresidente Cámara de Representantes

PRESIDENTE

CARLOS GERMÁN NAVAS TALERO Segundo Vicepresidente Cámara de Representantes JESUS ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO Secretario General JAIRO JARAMILLO MATIZ Director Administrativo Director Periodístico ROBINSON CASTILLO CHARRIS Jefe Oficina de Información y Prensa Coordinación Editorial CARLOS EDUARDO BUITRAGO VELANDIA Periodistas Oficina Información y Prensa HERNÁN CORTÉS ROJAS CLAUDIA GARCÍA PAULA ANDREA PALACIO EDGAR ARMANDO LEÓN

Roosvelt ngifo Rodríguez Re PRESIDENTE CE VI ER RIM P

Germán Nav as Talero SEGUNDO VICEP RESIDENTE

Diseño y Diagramación CARLOS ALBERTO MONROY RUBIANO imagenesmr@gmail.com Corrección Ortotipográfica HEFECE Apoyos Fotográficos CRUZ HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Archivos Congresistas, Oficina Prensa Cámara de Representantes y Servicio de imágenes de Google. Derechos Reservados Prohibida la reproducción total o parcial de los artículos para fines comerciales sin el permiso previo de sus autores ISSN 2011-7078 Distribución gratuita Impresión Imprenta Nacional Carrera 66 No. 24-09 Bogotá, D.C. (571) 457 8000 - Fax: 457 8034 - 457 8035 correspondencia@imprenta.gov.co

Jesús Alfonso Rodríguez C amargo SECRETARIO GE NERAL

Dirección Administrativa Jairo iz

Jaramillo Mat

STRATIVO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

DIRECTOR ADMINI

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

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SUMARIO

Sumario

¿Por qué celebrar los 20 años de la Constitución de 1991?

Afirma el Presidente “Le cumplimos al país con nuestro compromiso social”

La Ley de Víctimas hay que sacarla. ¡Pero hay que sacarla bien!

Regalías: ¡Causa o efecto de la corrupción!

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Editorial: ¿Somos guardianes de nuestras comunicaciones? Revolcón gerencial: Único salvavidas al caos administrativo de la Cámara. del Procurador para Incompetencia sancionar congresistas. millones de empleos, el reto del Tres Gobierno. de las regalías: Equidad sí, Distribución pero con justicia para los productores. reforma política que avanza en el LaCongreso. relaciones deben llegar más al Las fondo que a la forma. el país dispuesto a neutralizar la ¿Está corrupción? el Congreso de la República: El reto En de representar a los indígenas. Avances de la reforma al sector salud. de la reforma a la Perspectivas seguridad social en salud. Sustancias psicoactivas: Un viaje al mundo de las drogas. Congreso de la República: Propone Eleliminar intereses para crédito Icetex. de televisión en Colombia: ElSemodelo abre paso a la transformación. Nacional de Televisión. Una Comisión imagen que languidece. mirada al mundo de lo real y lo Una Divino: La religión y los negocios. hombre de la etiqueta, el dossier y el Elprotocolo.

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Editorial

¿Somos guardianes de nuestras comunicaciones? Por: Robinson Castillo Charris Jafe Oficina de Información y Prensa, Cámara de Representantes

a comunicación es una herramienta de la gestión política. Sin embargo, aún existen muchos incrédulos sobre la importancia de este asunto. Cambiar los paradigmas no es tarea sencilla, pero el trabajo ya comenzó. Es todo un proceso. ¿Es posible que una corporación crezca sin comunicar y relacionarse? La respuesta es un no rotundo. La comunicación no puede ser un adorno y debe otorgársele el rango de importancia dentro de cualquier organización. Ese es el desafío. Toda empresa o entidad proyecta algo, tanto a su público interno como externo, esa proyección es recibida por estos receptores para bien o para mal. Este proceso es lo que se conoce como imagen. Es por eso que construir una buena imagen, es un trabajo complejo. “La comunicación no es una cosa ni un objetivo. Es una herramienta esencial de las decisiones, la estrategia, la acción y la competitividad en las empresas actuales,” afirma el experto en comunicaciones, Joan Costa. Y en lo particular, comparto a plenitud este concepto. Hace cuatro años, las comunicaciones en la Cámara de Representantes, sólo se limitaban a emitir dos comunicados de prensa por semana y salir al aire con un noticiero de televisión, con profundas limitaciones de contenido. Era un atraso de más de 10 años frente a otros parlamentos del mundo. Actualmente, esta historia ha girado 180 grados. Pero aún no es suficiente. El esfuerzo debe ser permanente. La estática en comunicación pulveriza. Desde entonces, nació la Revista Poder Legislativo, el programa radial Frecuencia

son Robin arris C llo h Casti

Legislativa, nuevos formatos audiovisuales, el periódico mural Nuestra Cámara; y los comunicados han tenido un crecimiento superior a 400%. Y el Canal Congreso avanza sin titubeos a la televisión digital. Igualmente, el portal cuenta con un profundo rediseño, para afrontar las comunicaciones tecnológicas y redes sociales, con mayor eficacia. El Informativo de televisión se transformó. Hoy se llama NCR –Noticias Cámara de Representantes–, con índices de sintonía históricos para un programa institucional, hemos logrado en algunas emisiones, hasta 31 puntos de rating. Sencillamente, todo un récord. Toda la información, se ha agrupado en una estrategia vital para nosotros: Sencar –Servicio de Noticias de la Cámara de Representantes–, un paso decisivo para consolidar una eficaz estrategia mediática. Sin embargo, este crecimiento comunicacional no puede sufrir tropiezos. El mayor esfuerzo sin duda, está en el cambio de mentalidad de los centros de poder. Hay que revisar donde estábamos hace cuatro años y comparar los resultados tangibles del presente, como estímulo necesario para seguir avanzando. La miopía del corto plazo, como dice Joan Costa, es lo que lleva a las organizaciones a retroceder. Y también como Joan Costa, dedico este artículo a los incrédulos, sólo como un elemento motivador para seguir mejorando. Y sin duda, con el concurso de todos lo podemos lograr. Todos debemos ser guardianes de nuestras estrategias de comunicación. Que así sea.

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Entrevista

Revolcón gerencial: Único salvavidas al caos administrativo de la Cámara de Representantes Por: Francisco Cristancho Reyes Oficina de Información y Prensa, Cámara de Representantes

Jairo Jaramillo Matiz, Director Administrativo, Cámara de Representantes.

Para Jairo Jaramillo Matíz: ¿Qué retender hablar tranquiha sido lo más difícil que ha enconlamente, siquiera por dos trado en su recién iniciado período minutos, con Jairo Jaramide administración? llo Matíz, no es tarea fácil. Su Haber encontrado una corporaoficina –aún no estando él– se ción con problemas de fondo, un ve continuamente atestada de alto grado de desorganización, funcionarios y de “personajes” de falta de coordinación, de falta que buscan solución a problede liderazgo, de falta de compromas o piden cualquier tipo de famiso por parte de algunos funcioisco vores. Podría decirse que durante Franc Reyes o narios. h c n las más de doce horas diarias que Crista ¿Cuál es su proyecto inmediato? permanece entre su oficina, el CaFenecer la cuenta, como prioridad, pero pitolio Nacional y el Edificio Nue- vo del para el fenecimiento de la cuenta se requiere Congreso, el Director Administrativo “no tiedarle solución a varios problemas de fondo, ne un segundo de tranquilidad”, porque es como definir inventarios de vehículos, de armaél quien debe estar pendiente de todo lo que mento, de muebles, de inmuebles y de docusucede en cada una de las dependencias de mentación, que se encuentran en cero. Nunca la congestionada y convulsionada Cámara hubo una continuidad en los procesos, toda vez de Representantes. que los directores duraban poco tiempo. Es la Por fortuna este hombre menudo, jovial y primera vez que se nombra director por período descomplicado es bastante hábil para enfrentar dilemas y encontrar soluciones a los diferentes problemas que se le plantean. Tiene a Con la aplicación de flor de boca la respuesta adecuada, tranquila, procesos y procedimientos, ágil, amable y segura. Nunca promete o se compromete con lo que no puede cumplir. trabajo tesonero y pulcro, “Su tarea no es envidiada por nadie que se se busca poner en orden encuentre totalmente cuerdo, porque monla casa, la cual viene tarse en ese potro es una verdadera locura”, advierten quienes conocen bien la manera en un atraso de por lo como se mueven los hilos administrativos de menos 15 años. la Cámara.

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fijo de dos años, los cuales tampoco alcanzarían para subsanar las graves irregularidades que existen. ¿No es difícil encontrar una continuidad en la gestión con otro director? Sí, es algo difícil, pero no es sino tener las ganas y el interés de hacerlo, y esas ganas y ese interés deben combinarse con un profesionalismo, con un conocimiento y una transparencia a toda prueba. Hablemos, señor director, de la prioridad número uno, pues hay muchos proyectos importantes… Mi objetivo es lograr el fenecimiento de la cuenta de la Corporación, porque precisamente estamos en la Cámara, donde la Comisión Legal de Cuentas tiene que avalar a otras entidades del Estado con el fenecimiento de la cuenta. Y si la Cámara no ha fenecido su cuenta, ¿con qué autoridad moral vienen a exigir los señores de dicha Comisión que cuentas de otras entidades estén al día? ¿Qué le significa el proceso de fenecer la cuenta? Quiere decir que los todos los procesos y procedimientos se están cumpliendo como lo ordena la ley. ¿Es decir, hay que organizar todo el proceso administrativo? Sí, exactamente. La desorganización es grande. Ya comenzamos por los inventarios de vehículos, de armamento, de inmuebles, de muebles, etc. Este proceso va por buen camino. Estamos también en el proceso de reubicar el personal de la Corporación en sus puestos; es decir, que los funcionarios existentes, de acuerdo con su perfil, sean reubicados, para permitir el funcionamiento idóneo y eficiente de la Cámara, en su parte administrativa.

¿Y ese potro en el que está montado, alguna vez lo había probado? Tengo una larga trayectoria laboral en Cúcuta. Fui alcalde encargado de la ciudad, casi seis meses; fui secretario de Gobierno, secretario general, gerente de la Central de Transportes, gerente de Telecom Pamplona, asistente de Gerencia Telecom en Norte de Santander, asesor del contralor de Norte de Santander. Y todo esto me ha dado el conocimiento y el bagaje para manejar la cosa pública; me dio la experiencia y el poder conocer en derecho la parte financiera, la parte laboral, la procedimental, la contable y la administrativa. Pero algo muy importante es que mis estudios me han permitido, junto con 25 años de experiencia, llevar a cabo cosas buenas. Soy abogado y contador público. ¿Qué mensaje le llevaría usted a los congresistas que quieren ver que la parte administrativa de la Cámara funcione como debe ser? Yo diría que ellos son conscientes del nuevo proceso. La idea es mejorar la imagen al interior y al exterior de la Corporación. Hoy los resultados ya son positivos y evidentes. Vamos por el camino a la excelencia, que es mi slogan. ¿Cuál es el mayor obstáculo que ha tenido en la Dirección Administrativa?

“Todos los procesos y procedimientos se están cumpliendo como lo ordena la ley”. Revista Institucional de la Cámara de Representantes

“Soy de puertas abiertas, atiendo a todo el mundo”. La corporación no tiene suficientes recursos. Por fortuna, tengo todo el respaldo de la Mesa Directiva, del Presidente, de los dos vicepresidentes y del Secretario General, quienes son los más interesados en sacar adelante cada uno de los procesos que lleven a la Cámara por el mejor camino. ¿Cómo le ha ido a la Dirección Administrativa en su nueva sede? Muy bien. Primero porque se logró darle más espacio a los congresistas para sus oficinas en el Capitolio y en el Edificio Nuevo y, en segundo lugar, porque ya hemos logrado adecuar gran parte de las oficinas. Falta mejorar algunas cositas, pero nos encontramos muy cómodos, trabajando a conciencia, pues el personal se ha venido concientizando del liderazgo del Director, quien, por lo demás, es muy sicorrígido, a veces muy cansón, porque soy de los que llega a las 7:00 a.m. y sale a las 10:00 p.m. y eso a algunos no les gusta. ¿Hay algo peligroso hasta el punto de impedir el éxito de su gestión? De pronto yo temía, “temía” (entre comillas), la no aceptación de los funcionarios, porque venían acostumbrados a un proceso; sin embargo, conozco la ley, conozco los derechos y las obligaciones de los servido-

res públicos. Entonces he aplicado y ellos han entendido la inquietud del director que está encaminándose en una sola dirección: la excelencia laboral. Posiblemente se van a presentar problemas, uno no está exento de esto, pero yo vivo en mi cuento. Soy de puertas abiertas, atiendo a todo el mundo. Viene la gente y la sé atender sin rodeos. La palabra que doy es la palabra que cumplo, llégueme el agua a donde me llegue. ¿Existen quejas por parte de los congresistas de que no pueden acceder a carros adecuados? Siempre existirán. Todos deseamos tener carro nuevo. Pero lo más importante, y eso hay que destacarlo, es que ya estamos haciendo una gestión para implementar, ojalá en el mismo mes de enero, un novedoso sistema de “renting”, que nos permitirá solucionar, de una vez por todas, la problemática del parque automotor. Esta operación ya está aprobada por el Gobierno Nacional. Vamos a adquirir 166 vehículos a través de este sistema de alquiler. Consiste en que quienes ganen la licitación, suministren los automotores nuevos, se hagan cargo de su mantenimiento general y asuman los costos de los seguros de todo tipo para los carros. Los vehículos prestarán su servicio en cada una de las zonas de operaciones de los congresistas. Inicialmente se ha calculado en veinte mil millones de pesos anuales, el costo de esta operación. ¿Qué otro proyecto prioritario está pendiente de implementar de inmediato? La adquisición de la nueva sede administrativa, ubicada en la carrera 8a entre calles 13 y 14, así como la compra e instalación de dos ascensores para el Edificio Nuevo, costado sur, pues los que están instalados desde hace muchos años no sirven. Entre enero y febrero quedarán funcionando. Otro de los propósitos es entregar muy pronto todas las oficinas a los señores representantes. Oficinas remodeladas, modernas, que faciliten el trabajo legislativo. ¿Qué logro ha alcanzado en sus tres meses de administración? Haber adelantado en un 90% la solución de algunos puntos que originaron glosas por parte de la Contraloría, como por ejemplo el mantenimiento de los parqueaderos de la Cámara, la permuta de los vehículos, y otros puntos esenciales como la modernización de las oficinas administrativas.

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Comisiones Constitucionales Permanentes Primera:

Compuesta treinta y cinco (35) miembros en la Cámara de Representantes, conoce de reforma constitucional; leyes estatutarias; organización territorial; reglamento de los organismos de control; normas generales sobre contratación administrativa; notariado y registro; estructura y organización de la administración nacional central; de los derechos, las garantías y los deberes; rama legislativa; estrategias y políticas para la paz; propiedad intelectual; variación de la residencia de los altos poderes nacionales; asuntos étnicos.

Berner León Zambrano Eraso Presidente

Óscar Fernando Bravo Realpe Vicepresidente

Henry Humberto Arcila Moncada

Emiliano Rivera Bravo Secretario

Juan Carlos García Gómez

Pedrito Tomás Pereira Caballero

Alfredo Bocanegra Varón

Gustavo Hernán Puentes Díaz

Humphrey Roa Sarmiento

Carlos Augusto Rojas Ortíz

Heriberto Sanabria0 Astudillo

Adriana Franco Castaño

Jorge Eliécer Gómez Villamizar

Guillermo Abel Rivera Flórez

Rubén Darío Rodríguez Góngora

Pablo Enrique Salamanca Cortés

Victoria Eugenia Vargas Vives

Orlando Velandia Sepúlveda

Hugo Orlando Velásquez Jaramillo

Carlos Arturo Correa Mojica

Jaime Buenahora Febres-Cordero

Alfredo Rafael De Luque Zuleta

Carlos Eduardo Hernández Mogollón

Miguel Gómez Martínez

Carlos Edwa Osorio Aguiar

Efraín Torres Monsalve

Roosvelt Rodríguez Rengifo

José Rodolfo Pérez Suárez

Fernando De La Peña Márquez

Juan Carlos Salazar Uribe

Carlos Germán Navas Talero

Hernando Alfonso Prada Gil

Andrés Camilo Abril Jaimes

Rosmery Martínez Rosales

Jorge Enrique Rozo Rodríguez

Germán Varón Cotrino

Segunda:

Compuesta por diecinueve (19) miembros en la Cámara de Representantes. Conoce de política internacional; defensa nacional y fuerza pública; tratados públicos; carrera diplomática y consular; comercio exterior e integración económica; política portuaria; relaciones parlamentarias, internacionales supranacionales, asuntos diplomáticos no reservados constitucionalmente al Gobierno; fronteras; nacionalidad; extranjeros; migración; honores y monumentos públicos; servicio militar; zonas francas y de libre comercio; contratación internacional.

Telésforo Pedraza Ortega

Juan Carlos Sánchez Franco

Carlos Alberto Zuluaga Díaz

Óscar de Jesús Marín

Albeiro Vanegas Osorio Presidente

Pedro Pablo Pérez Puerta Vicepresidente

Carlos Eduardo León Celis

Pilar Rodríguez Arias Secretaria Comisión

Víctor Hugo Moreno Bandeira

Iván Darío Sandoval Perilla

Luis Enrique Salas Moisés

Eduardo José Castañeda Murillo

No alcanzó umbral

Juan Carlos Martínez Gutiérrez

Hernán Penagos Giraldo

Augusto Posada Sánchez

José Ignacio Mesa Betancur

Bayardo Gilberto Betancourt Pérez

Iván Cepeda Castro

Yahír Fernando Acuña Cardales

Minorias

Balance

Afirma presidente de la Cámara: “Le cumplimos al país con nuestro compromiso social” Por: Claudia García Oficina de Información y Prensa, Cámara de Representantes

l balance del trabajo parlamentario de la Cámara de Representantes se ajusta, casi que en el ciento por ciento, a las metas legislativas que se fijaron conjuntamente con el gobierno del primer mandatario de los colombianos Juan Manuel Santos y la coalición en el Congreso de unidad nacional por la prosperidad, para este primer período de sesiones, es decir que le cumplimos al país con nuestro compromiso, aseguró el presidente de la Corporación Carlos Alberto Zuluaga Díaz. Sin bien es cierto que se presentaron discrepancias conceptuales entre las bancadas que respaldan la gestión del Jefe del Estado a la hora discutir y aprobar los proyectos bandera, al final la tarea se cumplió y hoy por hoy el país tiene las herramientas para jalonar las locomotoras de la prosperidad nacional y atender la problemática de la población vulnerable, especialmente quienes han sido víctimas de la violencia y el conflicto armado. Para el presidente de la Cámara, el nuevo modelo administrativo aplicado a partir del pasado 20 de julio, y que deslindó la responsabilidad gerencial de la función eminentemente legislativa, al entregar el manejo financiero de la Corporación a un Director elegido por votación en la Plenaria, le permitió a la Mesa Directiva enfocar todos sus esfuerzos en la misión que la Constitución

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le consagró: hacer las leyes, garantizar debates de control político, discutir los temas de interés nacional y ser el escenario natural para el análisis de los temas sobre los cuales los ciudadanos esperan respuestas de sus voceros en el Congreso. Durante este primer período de sesiones ordinarias se radicaron en la Secretaría General más de 150 iniciativas de todos los órdenes, de las cuales, cerca de 130 corresponden a proyectos de ley, 15 a actos legislativos, tres leyes estatutarias y una ley orgánica de ordenamiento territorial. Zuluaga Díaz hizo un reconocimiento a la disciplina de partido de la que hicieron gala todas las colectividades con asiento en la Cámara, lo que permitió sacar adelante iniciativas tan importantes como la reforma política, al sistema general de regalías, la ley de víctimas, ley del fútbol, la sostenibilidad fiscal, la llamada mini reforma tributaria, las modificaciones al código de lo contencioso administrativo, la eliminación de la Comisión Nacional de Televisión, temas sobre los cuales se debatió con gran altura y que condujeron a su aprobación con modificaciones sustanciales.

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También se aprobaron, entre muchos otros proyectos de interés nacional, el presupuesto para el 2011, la exención general de impuestos para la realización del mundial de fútbol sub 20, la fusión de ministerios, la protección de derechos humanos y el estatuto de protección para los animales. De la misma manera, reitera el representante antioqueño que la Cámara respondió al país con la aprobación de temas de un alto contenido social y sobre los que el ciudadano de a pié tenía la gran expectativa, como la ampliación de los subsidios para estratos 1 y 2 en los recibos de gas y energía, la ley del primer empleo para estimular la formalización laboral y la reforma al sector de la salud. Un lugar especial en la gestión del congresista Carlos Alberto Zuluaga Díaz lo ocupa las relaciones internacionales, sintonizado con el querer del Ejecutivo de fortalecer lazos de amistad, cooperación y fortalecimiento de acuerdos comerciales bilaterales, empeño que está evidenciado con las visitas protocolarias de los embajadores y sus delegaciones diplomáticas de países como Méjico, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Japón, Marruecos, China, Corea, España, entre otros, con quienes se sentaron las bases para reactivar las comisiones de hermandad parlamentaria. Así mismo impulsó y agilizó los trámites para la aprobación de la vinculación definitiva de Colombia a la UNASUR y determinó iniciar

la propuesta de una agenda con el Parlamento Andino en temas de interés para la región. Con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD-Colombia y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral IDEA, lideró el compromiso de iniciar la Fase II del proyecto de fortalecimiento democrático cuya aplicación se iniciará a comienzos del 2011, el cual tiene por objetivo determinar procedimientos claros para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan incidir con mayor protagonismo en las decisiones políticas y exigir mayor responsabilidad a sus gobernantes, así como fortalecer las áreas de calidad, transparencia y representatividad del trabajo legislativo y del Congreso. El Presidente de la Cámara de Representantes Carlos Alberto Zuluaga Díaz manifestó sentirse satisfecho por los resultados obtenidos por la Corporación durante éste primer semestre de la legislatura, ya que ha sabido responder a las expectativas del pueblo colombiano y del mismo gobierno nacional, dentro del marco de las garantías que ofrece la democracia para que pueda surtirse el proceso dialéctico de confrontación de tesis y aprobación por las mayorías. Convencido de que la Cámara no puede legislar de espaldas a la realidad del país, desde la presidencia impulsó, incentivó y propició que las comisiones constitucionales se desplazaran a la región colombiana para que escucharan las inquietudes de la comunidad y con ella analizaran los temas de mayor sensibilidad social. “Renuevo el compromiso enorme con el país, con el pacto de unidad nacional, con el Presidente Santos, de dar buen ejemplo a través de la gestión y el cumplimiento del deber” puntualizó.

“La Cámara de Representantes no puede legislar de espaldas a la realidad del país”. Revista Institucional de la Cámara de Representantes

Justicia

Incompetencia del Procurador para sancionar congresistas Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación.

Por: Germán Navas Talero Segundo Vicepresidente, Cámara de Representantes

no de los pilares del Estado de Derecho para garantizar la sujeción de sus autoridades al principio de legalidad, lo constituye la separación entre las ramas del poder público, expresada en el ejercicio independiente de sus funciones, sin interferencias indebidas ni presiones por parte de una u otra de ellas sobre las demás. En el caso de la rama legislativa, la experiencia comparada muestra que esa independencia se garantiza por medio de la inviolabilidad y la inmunidad de sus integrantes. En el caso colombiano, el principio establecido es el de la garantía de la inviolabilidad de los votos y opiniones de los congresistas para que puedan ejercer sin restricciones su función de control político, y si bien el ordenamiento constitucional colombiano no establece inmunidad para el juzgamiento sus conductas, sí contempla un fuero especial, en virtud del cual las competencias correspondientes se asignan a los máximos tribunales de la rama judicial y en ningún caso a autoridades administrativas. De manera particular, en el ámbito disciplinario, el artículo 184 de la Constitución dispone que a los Congresistas les es decretable la pérdida de investidura, cuya imposición, previo trámite adelantado de conformidad con lo dispuesto en la Ley 144 de 1994, corresponde al Consejo de Estado.

mán s Ger Carlo Talero Navas

Por su parte, de acuerdo con el artículo 185 de la Constitución, la responsabilidad disciplinaria de los congresistas, como excepción al principio y garantía de la inviolabilidad parlamentaria, ha de establecerse en el reglamento respectivo. Ese reglamento, según las voces del artículo 151 de la misma Carta, debe estar contenido en una ley de carácter orgánico, que corresponde a la Ley 5 de 1992 con sus reformas. El reglamento del Congreso dispone en el artículo 266 que, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 118 y 277 numeral 6 de la Constitución, el Procurador General de la Nación podrá ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de los senadores y representantes. La segunda de las normas referidas señala que las siguientes son funciones del Ministerio Público: “Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley”.

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Nótese cómo la función de vigilancia superior es diferente de la del ejercicio del poder disciplinario. Se trata de atribuciones distintas, cuyo ejercicio respecto de los congresistas, en razón de la disposición reglamentaria, única que les es aplicable de acuerdo con el artículo 185 superior, está limitada a la vigilancia superior de su conducta oficial.

Ámbitos sancionatorios

En ese sentido, si el Procurador advierte la existencia de alguna conducta merecedora de reproche por parte de un Congresista, sus atribuciones se limitan a formular la denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia (ámbito sancionatorio penal) o a promover el proceso de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado (ámbito sancionatorio disciplinario). Justamente, el haber deferido el ámbito sancionatorio de los congresistas a los dos máximos tribunales de las jurisdicciones ordinaria y administrativa, demuestra una concepción sistémica del constituyente en el tratamiento del fuero especial para el juzgamiento de su conducta, en orden, precisamente, a no dejar en manos de autoridades ordinarias la ponderación de la inviolabilidad de sus votos y opiniones, y por ello mal podía el reglamento del Congreso haber atribuido el poder disciplinario sobre los senadores y representantes al Procurador, el cual, como ya se indicó, nunca lo hizo.

“No existe ninguna norma, dentro del bloque de constitucionalidad, que faculte al Procurador General de la Nación para sancionar disciplinariamente a los congresistas”.

Ahora bien, podría argumentarse que a partir de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2009, cuyo artículo 6º modificó el artículo 134 de la Constitución, sería factible el ejercicio del poder disciplinario del Ministerio Público sobre los congresistas, en la medida en que estos serán reemplazados, entre otras causales, por sanción disciplinaria consistente en destitución, y que, precisamente, la aplicación de la misma corresponde al Procurador General de la Nación como cabeza del Ministerio Público. Sin embargo, esa disposición no puede entenderse de manera aislada e inconexa del resto del texto constitucional, de manera que ella requiera de una interpretación armónica con lo previsto en el artículo 185 superior ya citado, en cuya virtud las normas disciplinarias aplicables a los congresistas han de estar contenidas en el reglamento respectivo. En ese orden de ideas, si bien hoy los congresistas son pasibles disciplinariamente para su desvinculación de la Corporación tanto por pérdida de investidura como por destitución, mientras que la primera tiene asignada una competencia constitucional expresa al Consejo de Estado, la segunda no la tiene y por lo tanto aún no es factible de ser impuesta, en la medida en que el reglamento del Congreso no ha sido adicionado para establecer la autoridad y el procedimiento para su trámite e imposición. Como consecuencia de lo anterior, no existe ninguna norma dentro del bloque de constitucionalidad que faculte al Procurador General de la Nación para sancionar disciplinariamente a los congresistas y, por ende, la habilitación que para ejercer esta facultad se deriva de la Ley 734 de 2002, que es de carácter ordinario y no orgánico, es inconstitucional. En tal medida, frente la imposición de una sanción disciplinaria a un congresista por parte del Procurador, derivada de una conducta suya en ejercicio de las funciones como parlamentario, bien podría la autoridad encargada de hacerla efectiva negarse a hacerlo invocando la excepción de inconstitucionalidad, o dar lugar a la protección del derecho fundamental al debido proceso en vía de tutela como mecanismo transitorio y luego a su anulación por parte de la jurisdicción administrativa.

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Justicia

La ley de víctimas hay que sacarla. ¡Pero hay que sacarla bien! Por: Miguel Gómez Martínez Representante a la Cámara, Circunscripción Territorial de Bogotá, D.C.

on el proyecto de ley de víctimas y restitución de tierras, el Gobierno del Presidente Santos le propone a la Cámara de Representantes una de las reformas de mayor impacto social, político, internacional y fiscal que hayamos visto desde 1991. La responsabilidad del Congreso debe estar a la altura de semejante iniciativa, que si se tramita y estudia con juicio conducirá al país hacia un verdadero proceso de reconciliación nacional. El proyecto de ley no es “cualquier proyecto”. Se trata de todo un estatuto con al menos 170 artículos y más de 19 capítulos que diseñará y regulará una política pública integral para el tratamiento de las víctimas por la violencia en las décadas a venir. Es obvio que el Congreso no podrá galopar tamaño estatuto a “pupitrazo” limpio como pretenden algunos de sus promotores. Cambiar la juiciosa y sosegada revisión –que toma tiempo– por las angustias del afán, es la receta perfecta para que el proyecto de ley de víctimas y restitución de tierras salga mal y no sea viable. Por cuenta de no sé qué tipo agendas ocultas y afanes políticos, el Congreso no puede embarcar al país en un Titanic con rumbo a otro espacio de gran frustración nacional. No soy ningún “enemigo agazapado” del proyecto. Las críticas que he hecho han sido de frente y en público, ante los medios de

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“Una cosa es que el Estado indemnice a las víctimas y otra muy distinta que restituya el derecho de propiedad de los ciudadanos despojados”

comunicación y mientras sesiono en la Comisión Primera. Una de las principales complejidades de la propuesta consiste en que, en realidad se trata de dos proyectos diferentes, incorporados sin mucha coherencia dentro de uno solo. Una cosa es que el Estado indemnice a las víctimas y otra muy distinta es que restituya el derecho de propiedad o posesión que miles de ciudadanos despojados, tienen sobre una cantidad aún no determinada de predios rurales. Son dos temas y dos problemas diferentes, y por eso consideré que fue un error acumular el proyecto de restitución de tierras con el de reparación a las víctimas. (Aún no sé por qué la acumulación de los dos proyectos resultó ser un neurálgico “punto de honor” para que el Partido Liberal permaneciera en la coalición, ¿qué se podía perder si los dos proyectos se estudiaban separadamente?).

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Así las cosas, el proyecto lo sostienen dos columnas: una de concreto, referida a la acumulada ley de tierras y otra de madera, referida a la también acumulada ley de víctimas. Lo que tiene que ver con la restitución de predios fue sabiamente articulado por el Gobierno Nacional y ofrece garantías plenas para el desarrollo e implementación de una eficiente política pública para confrontar el fenómeno del despojo. Antes de que los dos proyectos de ley fueran acumulados, presenté ponencia favorable al de ley de tierras, en donde expuse varios argumentos por los cuales el Congreso debía aprobar la ley de restitución de tierras. Invito al lector a que lea esa ponencia (hoy retirada) en mi página web www.miguelgomezmartinez.com. El Congreso no puede perder de vista que lo que está aprobando es una política pública integral para el tratamiento de las víctimas por la violencia en las décadas a venir. Las políticas públicas deben estar cuidadosamente limitadas en cuanto a sus alcances y objetivos. Ello es fundamental para poder direccionarlas, aplicarlas y evaluarlas. Sin propósitos claros y precisos, no habrá raseros para encontrar indicadores claros que establezcan si la política está o no siendo exitosa, así como poder corregir los posibles errores que se puedan presentar durante la implementación, como sucede en toda política pública. La ley de víctimas se ha centrado en la determinación de varios medios de reparación efectiva para aquellas en Colombia. Su espectro de aplicación es bastante amplio, pues no solo tiene en cuenta las víctimas de la violencia, sino también a los desplazados, víctimas de grupos armados, campesinos despojados de tierra, etc. La amplitud de dicha aplicación supone entonces un arduo trabajo para el Gobierno en la implementación coordinada de esas medidas. En Colombia, las víctimas son muchas. Y, efectivamente, existen dentro del aparato jurisdiccional diferentes medios de registro, o de búsqueda de las mismas. El Registro de Personas Desplazadas (RUPD) o el Registro de Predios y Tierras Abandonadas (RUPTA) permitirían determinar en un primer grado cuántas víctimas existen. Ahora bien, estas cifras oficiales son permanentemente confrontadas por cifras sacadas de estudios independientes que arrojan nuevas cifras al panorama (recordemos el estudio del MOVICE, que afirma que existen hasta 10 millo-

nes de hectáreas despojadas en Colombia, en contraposición a los 2.8 millones que ha afirmado el Gobierno), algunas más alarmantes que otras, y por momentos sin ningún rigor en su determinación, dejando en evidencia que aún no hemos dimensionado juiciosamente ni una cercana aproximación al verdadero tamaño del problema.

“No se puede legislar bajo supuestos irreales”

En ese sentido, no es posible que esta ley de tanta importancia no esté delimitada en el número de víctimas a reparar. Legislar bajo supuestos irreales, no confrontables con la realidad colombiana, como es el caso del presente proyecto, llevaría a que los compromisos y propósitos propuestos sean mal conducidos. Y que ese espectro de aplicación termine por ser reducido, en razón al sinnúmero de víctimas que gracias a la incertidumbre del Gobierno, no son contempladas en su generosa reparación, y que cada vez más se siga corrompiendo la estructura institucional que se ha dispuesto para ello.

“El Congreso no puede perder de vista que lo que está aprobando, es una política pública integral”.

La ley parte de la buena fe de la víctima y exige pocas pruebas para que el presunto afectado demuestre su calidad de tal. Esto con el fin de generar medios más expeditos de consecución de reparación del daño causado por el fenómeno de violencia generalizada en Colombia. Sin embargo, es importante tener en cuenta el “fenómeno de las falsas victimas”. Una de las falencias de este proyecto es que no contempla mecanismos eficaces para evitar que se cuelen esas “víctimas fal-

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sas”. ¿Quiénes enfrentarán a los ejecutores de la política pública a un nuevo reto, lograr depurar con éxito estas falsas víctimas para que no exista un desperdicio de recursos? No así en el caso de los victimarios que no sean agentes del Estado o el Estado mismo. En casos, por ejemplo, de delincuencia común, no debe sostenerse, como se presenta en la discusión de esta ley, que el Estado sea también responsable por el supuesto incumplimiento de un deber de vigilancia. Si el Estado repara a una víctima por un actor diferente a él, lo está haciendo como un gesto de solidaridad, más no porque es su obligación. Por ello, debe tenerse cuidado en cómo se administra la responsabilidad estatal con base en esta nueva iniciativa. No puede llegar a convertirse la reparación del daño en un derecho exigible de la persona, dado que las medidas de indemnización por casos en donde el Estado no incurrió en una falla del servicio, como lo reitera constantemente el Consejo de Estado, no son parte de la política del Estado, sino hacen parte de una voluntad social y voluntaria, guiada por la solidaridad, en el caso de las víctimas que no son suyas, en estricto cumplimiento de los presupuestos de protección de la persona, delimitados por la Carta Política de 1991. ¿Cuánto vale el dolor de una víctima? Todo. El dolor es irreparable y resulta iluso creer que el Estado o cualquier persona podrán reparar con dinero el sufrimiento que padecieron y aún padecen las víctimas.

Hay que priorizar el gasto público

En un Estado como Colombia, donde los recursos son limitados, es necesario priorizar el gasto.

Los países que han llevado a cabo procesos de reparación, suelen limitar las victimas de acuerdo con su capacidad fiscal. Sin embargo, en Colombia tenemos un elevado numero de víctimas sobre el cual tampoco tenemos certeza numérica; es decir, no tenemos claridad de cuánto va costar la Ley de Víctimas. Se ha hecho un estimado de 44 billones de pesos, que como lo declaró el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, “son una cifra potencial”, que se deduce de multiplicar el número total de las víctimas por todas las reparaciones que plantea la ley (Ley de víctimas costaría menos de 40 billones de pesos: Caracol Radio. Consultado el 5 de noviembre de 2010. (http://www.caracol. com.co/nota.aspx?id=137303)). Los procesos de reparación son usualmente llevados a cabo en el post conflicto, es decir, cuando las instituciones del Estado han sido depuradas, consolidadas y el Estado goza del monopolio de la fuerza. Lo anterior asegura que el país tenga una institucionalidad fortalecida que le permita aplicar las políticas públicas de manera eficiente. Cuando los procesos de reparación surgen en medio del conflicto, como en este caso la ley de víctimas, la aplicación de la política pública se puede ver afectada en la medida en que no existen instituciones capaces de aplicar la política de manera eficiente. Aplicar una política pública de tal envergadura como la ley de víctimas, sin que se haya consolidado la institucionalidad en el país, puede llevar a grandes decepciones. Por ello, resultará fundamental que al margen de la aplicación de esta ley, se consolide la presencia, fortaleza y autoridad del Estado en todo el territorio nacional e instituciones públicas.

“En Colombia, las víctimas son muchas”.

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Comisiones Constitucionales Permanentes Tercera: Compuesta por veintinueve (29) miembros en la Cámara de Repre-

sentantes. Conoce de hacienda y crédito publico; impuesto y contribuciones; exenciones tributarias; régimen monetario; leyes sobre el Banco de la Republica; sistema de Banca Central; leyes sobre monopolios; autorización de empréstitos; mercado de valores; regulación económica; Planeación Nacional; régimen de cambios; actividad financiera, bursátil, aseguradora y de captación de ahorro.

Ángel Custodio Cabrera Báez Presidente

Carlos Alberto Cuenca Cháux Vicepresidente

Elizabeth Martínez Barrera Secretaria

Laureano Augusto Acuña Díaz

David Alejandro Barguil Assis

Germán Alcides Blanco Álvarez

Orlando Alfonso Clavijo Clavijo

Buenaventura León León

Jorge Hernán Mesa Botero

Fabio Raúl Amín Saleme

Mónica del Carmen Anaya Anaya

Miguel Jesús Arenas Prada

José Joaquín Camelo Ramos

Nancy Denise Castillo García

Alejandro Carlos Chacón Camargo

Simón Gaviria Muñoz

Eduardo Crissien Borrero

León Darío Ramírez Valencia

Felipe Fabían Orozco Vivas

Raymundo Elías Méndez Bechara

Jaime Rodríguez Contreras

Luis Antonio Serrano Morales

Libardo Antonio Taborda Castro

Gerardo Tamayo Tamayo

Jair Arango Torres

Hernando José Padauí Álvarez

Manuel Antonio Carebilla Cuéllar

Heriberto Escobar González

Eduardo Enrique Pérez Santos

Heriberto Arrechea Banguera

Cuarta:

Compuesta por veintisiete (27) miembros en la Cámara de Representantes. Conoce de leyes orgánicas de presupuesto; sistema de control fiscal financiero; enajenación y destinación de bienes nacionales; regulación del régimen de propiedad industrial, patentes y marcas; creación, supresión, reforma u organización de establecimientos públicos nacionales; control de calidad y precios, y contratación administrativa.

Pedro Mary Muvdi Aranguena Presidente

Issa Eljaude Gutiérrez Vicepresidente

Yensy Alfonso Acosta Castañéz

Jaime Darío Espeleta Herrera Secretario

Jack Housni Jaller

Roberto Ortíz Urueña

Hernando Cárdenas Cardozo

Roberto José Herrera Díaz

Nidia Marcela Osorio Delgado

Obed de Jesús Zuluaga Henao

Javier Tato Álvarez Montenegro

Consuelo González de Perdomo

Álvaro Pacheco Álvarez

Mario Suárez Flórez

Miguel Amín Escaf

José Ignacio Bermúdez Sánchez

Eduardo A. Diaz-Granados Abadía

José Alfredo Gnecco Zuleta

Nicolás Antonio Jiménez Paternina

Juan Felipe Lemos Uribe

Jaime Alonso Vásquez Bustamante

Héctor Javier Vergara Sierra

Jaime Cervantes Varelo

Carlos Abraham Jiménez López

Javid José Benavides Aguas

Mercedes Eufenia Márquez Guenzati

Luis Eduardo Díaz Granados Torres

Óscar Humberto Henao Martínez

Laboral

Tres millones de empleos: El reto del Gobierno Oficina de Información y Prensa: SENCAR (Servicio de Noticias de la Cámara de Representantes)

na de las metas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, para combatir la pobreza y erradicar tantos cinturones de miseria que hay en el país, es la puesta en marcha de una política de generación de empleo que incluya estímulos a sectores productivos en capacidad de ofrecer nuevas fuentes de trabajo y el jalonamiento de las cinco locomotoras de la prosperidad. La calidad de vida de los colombianos, el crecimiento de la economía nacional y la dinámica entre la oferta y la demanda, dependen en gran parte de trabajos estables, bien remunerados y socialmente protegidos, como corresponde a un país en vías de desarrollo, ha dicho siempre el Jefe del Estado. Bajo estas consideraciones, el equipo económico del gobierno central radicó en el Congreso un proyecto a través del cual se expide la Ley de formalización y primer empleo, propuesta en la que se consignan los principales retos para abrir dos millones y medio de empleos y formalizar otro medio millón más, cifra que atenderá, en gran parte, la mano de obra calificada que hoy en día no tiene oportunidades y posibilidades de abrirse caminos en la vida. Para el ponente coordinador de la iniciativa, el representante por Bogotá Simón Gaviria, el proyecto tiene varios pilares fun-

damentales. Se fortalece el empleo entre jóvenes, para que las empresas los contraten más, ya que esta población tiene el doble de desempleados en el país y además gana la mitad de los recursos. Al formalizar empresas en esta dirección, se les está permitiendo, por ejemplo, acceder a un impuesto de renta del cero porciento en los dos primeros años. Así mismo se eliminan los trámites, se incentiva la pequeña y mediana empresa y se dan otra serie de prerrogativas con las cuales se espera crear un número importante de empleos en Colombia y así, empezar a disminuir la cuantiosa cifra de desempleos, sostiene Gaviria Muñoz.

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“Las empresas podrán reducir el impuesto de renta y los pagos parafiscales”.

De acuerdo con el representante liberal, la meta que propone el gobierno es la de crear, por lo menos 2 millones de empleos y formalizar otros 500 mil, logro que para ser realidad requiere de un gran esfuerzo tanto del Ejecutivo, como del Congreso de la República para sacar adelante la iniciativa.

Incentivos

“Las empresas podrán reducir el impuesto de renta y los pagos parafiscales. Adicionalmente y cuando se creen y se formalicen los empleos, las empresas van tener impuesto de renta cero, el primer y segundo año, 25% el tercero, 50% el cuarto, 75% el quinto y 100% el sexto”, explicó el coordinador ponente Simón Gaviria. En lo que tiene que ver con la atención que el Estado debe brindar a los jóvenes egresados, muchos de los cuales salen desorientados después de años largos de carrera y costos académicos bastante altos, el congresista insiste en que el proyecto de formalización y primer empleo, es claro en su protección y expedición de normas que les permita ingresar al mercado laboral en las mejores condiciones. Además, señala, estamos defendiendo a los independientes, especialmente en lo que tiene que ver con la retención en la fuente por contrato de prestación de servicios. “Es que si una persona gana menos de 2.5 millones y que está pagando una retención en la fuente de 10%, con el proyecto de ley se le baja a 0%, y segundo, las personas que tienen acceso al sisbén, se podrán mantener por un año y esto amplia la formalización”, manifestó.

“La capacitación también es muy importante. Se trata de contrarrestar el desempleo con mano de obra calificada, con profesionales idóneos, apoyar la oferta laboral, generar nuevas alternativas, incentivar corrientes de economía que le permitan al país crecer para que el Producto Interno Bruto aumente”. En conclusión, manifestó Cabrera Báez: “Tenemos que acabar con ese paradigma de que 75 u 80% de las empresas que se crean en el país desaparecen en su primer año de funcionamiento ante la falta de incentivos y la excesiva carga tributaria. Por el contrario, hay que motivar la productividad y el desarrollo empresarial”. “Con las normas que estamos sacando adelante en el proyecto, generamos nueva empresa, nuevos puestos de trabajo y lo mejor de todo, mejoramos la calidad de vida de los colombianos”, puntualizó el presidente de la Comisión Tercera Ángel Custodio Cabrera.

Capacitación

Para el presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, Ángel Custodio Cabrera, la importancia del proyecto radica en la incorporación de más de un millón de colombianos al mercado laboral y la formalización de por lo menos otros 450 mil más, para combatir y reducir las altas tasas de desempleo. Estos nuevos trabajadores, la mayoría de ellos jóvenes y recién salidos de la Universidad, tendrán la seguridad social requerida y la oportunidad de hacer parte de la economía formal del país, dijo el congresista de Bogotá por el partido de la U.

“Con las normas que estamos sacando adelante en el proyecto, generamos nueva empresa”.

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Economía Estigmatización y desprecio por unas regiones

Regalías: ¡Causa o efecto de la corrupción! Por: Hugo Velásquez Jaramillo Representante a la Cámara, Circunscripción Territorial del Meta

as regalías, por razón del acto legislativo que las reforma, se constituyeron en motivo de diversos debates, siendo de mayor repercusión aquellos temas sobre los cuales funcionarios públicos del orden nacional como el Fiscal General de la Nación, veladamente algunos Ministros, y con gran despliegue, periodistas y columnistas de todos los medios, marcaron el sentido de la discusión, orientándolo de manera distorsionada. Todas las posturas concurrieron a propiciar las condiciones que facilitaran el despojo de las regalías (llamemos las cosas por su nombre). El común denominador de todas las diatribas fue la corrupción. Se le endilgaba a la clase dirigente política de las regiones productoras, sin ningún beneficio de duda. Así todos, por igual, empezaron a ser mostrados como los gestores de una nueva Nigeria o como saqueadores del erario público. Se desempolvaron viejas crónicas de desaciertos administrativos de los años ochenta; se amañaron estadísticas de procesos y de procesados, como lo hizo el Fiscal General de la Nación. También se despertó la solidaridad ciudadana frente a regiones empobrecidas como el Chocó, la Costa Atlántica y Nariño, y sobre ese sentimiento lastimero surgió el

Velás Hugo quez Jara

millo

tema de la equidad, y con el absurdo argumento de que las regiones productoras se quedan con el 80% de las regalías, se diseñó el plan de compensación regional para distribuir las regalías, privilegiando a las zonas más deprimidas. Por coincidencia, de casualidad, las regiones productoras de recursos naturales no renovables, están conformadas por departamentos altamente rezagados de aquellas regiones más desarrolladas. Para solo mencionar dos casos, Meta y Casanare fueron hasta no hace mucho tiempo territorios nacionales que dependían absolutamente del poder central.

Regalías no son sinónimo de corrupción

La aparición de las regalías le permitió a estos departamentos implementar proyectos de desarrollo con obras y gasto social que nunca habían merecido dedicación del Gobierno Central. Hoy esos recursos constituyen menos de la tercera parte del total

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de ingresos de cada departamento, por lo cual despojarlos de los mismos significaría relegarlos a depender únicamente de los ingresos propios que son relativamente precarios, pues los impuestos locales, como licores, predial e industria y comercio, dejarán poco margen para la inversión. Desvirtuada la aparente inequidad regional, nos corresponde por honor desmentir los argumentos de la corrupción, sin bien innegable, no menos frecuente que la que ocurre en instancias del Gobierno Nacional. No se trata de justificar conductas socialmente reprochables, pero sí afirmar que lo ocurrido en Meta y Casanare en épocas pretéritas, no difiere de los hechos relacionados con Agro Ingreso Seguro; la Dirección de Estupefacientes; las gobernaciones de Cauca y Nariño o la Alcaldía de Bogotá. También influyó el advenimiento de la parapolítica y de los paramilitares, muchos de los cuales llegaron de la mano con senadores advenedizos, unos y otros para hacerse con las regalías, para lo cual impusieron gobernantes y capturaron la contratación.

Pérdida del capital social

La disgregación de la política y la descomposición de los actores políticos, así como el poder paramilitar significó durante muchos años la pérdida del capital social y por allí se declinaron los principios que ins-

piran cualquier proyecto político serio, y el resultado terminó siendo la corrupción sobre el manejo de los recursos públicos. Pero la política concebida bajo estos parámetros no es autóctona del llano. Fue transplantada e impuesta desde afuera. Miguel Arroyabe; Daniel Rendón alías “Don Mario”; los Castaño y otros más, que dominaron la escena política durante los últimos años aparecieron en la Orinoquia, procedentes de otras regiones del país y nos impusieron el estigma con el cual hoy tenemos que cargar todos los llaneros de bien, y de lo cual se regocijan gobernantes y periodistas porque ello les sirve en el momento oportuno para favorecer el ambiente del despojo de las regalías. Las regalías tampoco fueron de la magnitud exagerada como se presentó por parte de los mismos protagonistas del insidioso raponazo. La Ley tiene previsto un escalonamiento gradual para las regiones no productoras, mediante los recursos transferidas al Fondo Nacional de Regalías, organismo obsoleto adscrito a Planeación Nacional que privilegió las colocaciones bancarias por encima de comunidades necesitadas, a las cuales les rechazaba todos los proyectos (más del 90% en los últimos tres años) bajo los argumentos de inviables, o simplemente, que no calificarán.

“Se estaría generando un nuevo escenario de inequidad regional, bajo el pretexto de crear un fondo de compensación. Sí, el capital de Ecopetrol se conformó con recursos provinientes de regalías”.

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Economía

Distribución de las regalías: Equidad sí, pero con justicia para los productores

Por: Roosvelt Rodríguez Rengifo Primer Vecepresidente, Cámara de Representantes

o ha sido nada fácil el trámite del proyecto de acto legislativo (PAL) que reforma la actual redistribución de las regalías originadas por la explotación de los recursos naturales no renovables y que articula propósitos diversos (económicos, sociales, fiscales, monetarios, de reordenamiento territorial) en horizontes temporales de corto, mediano y largo plazo. La reforma constitucional también se orienta hacia otras metas como es el crecimiento económico con una mejor distribución de la riqueza, impactando positivamente a las comunidades más pobres de la geografía nacional, de manera sostenida y sostenible: Prevé, así mismo, la expansión controlada del gasto de las entidades territoriales para neutralizar el efecto inflacionario y la revaluación del peso, de cara a precaverse contra la llamada “enfermedad holandesa”; pero también con un aumento de recursos, para gran parte de estas, por la doble vía de aliviarles de la carga pensional y hacerles partícipe de los dineros de los fondos de desarrollo regional y de compensación con la finalidad de aplicarlos tanto a las nece-

elt Roosv engifo z ue R odríg

sidades locales, como a proyectos de gran impacto socioeconómico que las integre “trascendiéndolas”. En resumen, este es el sentido del artículo 361 constitucional tal como se pretende modificar con el PAL.(“Artículo 361. Los ingresos del Sistema General de Regalías se destinarán para financiar proyectos de interés social y económico para las entidades territoriales y al ahorro para su pasivo pensional; para garantizar el crecimiento de las inversiones en ciencia, tecnología e innovación; para la generación de ahorro público, para inversión en educación y para aumentar la competitividad general de la economía buscando mejorar las condiciones sociales de la población”). Sentido que traza los contornos del que será el Plan de Desarrollo del presidente Santos. No obstante la importancia suma de este proyecto, los malos entendidos, el exceso de protagonismo (son pocos, sí, pero muy ruidosos) y una estrategia no muy cohe-

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rente de divulgación del PAL por parte del Gobierno, han propiciado una polarización entre productores y no productores de recursos naturales no renovables, justificándose la reforma –o haciéndose demasiado hincapié– como un castigo a los malos manejos de las regalías por parte de sus beneficiarios, pero también generando falsas expectativas en las entidades territoriales que esperan beneficiarse de la nueva redistribución de las mismas: ni son tanto los recursos ni ellos irán directamente a sus presupuestos. Por eso, desde la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, los ponentes de la reforma hemos querido colocar en perspectiva el debate, insistiendo más en los criterios que en los detalles que serán objeto de la ley que la reglamente.

Los argumentos del Gobierno para reformar el régimen de Regalías

Al ser coincidentes con nuestras normas constitucionales que señalan los fines esenciales del Estado y su facultad-obligación de

“Desde la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, los ponentes de la reforma han insistiendo más en los criterios que en los detalles”.

intervenir en la economía para “conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano” (artículo 334), consideramos los ponentes que las razones expuestas por el Gobierno para justificar la reforma al régimen de regalías no son objeto de discusión: son declaraciones de principios que afirman nuestra Carta y que por lo tanto compartimos (Se resumen a continuación los argumentos expuestos por los ponentes y coordinares ponentes al PAL 123-2010 C/013-2010S. CP: Representantes Gustavo Hernán Puentes D., Orlando Velandia S., Roosvelt Rodríguez Rengifo). Controversiales son, claro está, los supuestos económicos que presenta el Gobierno sobre una eventual bonanza de los productos básicos del sector minero energético y los efectos macroeconómicos que esto generaría. Si bien en el pasado reciente los precios de estos productos han mostrado un comportamiento positivo, lo que ha motivado mayores inversiones en el sector, de esto no se sigue inevitablemente una tendencia hacia precios más altos. Sobre estos no se tiene ningún control; son variables que dependen entre otras cosas de los ciclos económicos mundiales y de razones geopolíticas. Pero más allá de la discusión –necesaria– acerca de si el escenario optimista presentado por el Gobierno es o no probable, consideramos los ponentes que la reforma al sistema actual de regalías debe obedecer a las razones de carácter estructural esbozadas por el Ejecutivo en la exposición de motivos del PAL. Ahora bien, como el núcleo esencial de la reforma al sistema de regalías es la propuesta de hacer una redistribución “más equitativa” de estos recursos entre todas las entidades territoriales, consideramos imprescindible que el legislador matice el alcance del artículo 332 constitucional que pone en cabeza del Estado la “propiedad del subsuelo y de los recursos naturales no renovables”. Es indudable –y verificable– que la redistribución vigente de las regalías ha creado una serie de inercias que es necesario tener en cuenta al momento de modificarla, entre las cuales mencionamos:

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• Las entidades territoriales que mayor cantidad reciben de estas regalías dependen consecuentemente en mayor medida de estos recursos para financiar sus gastos. • La financiación de proyectos en estas entidades territoriales se ha hecho con cargo a las vigencias futuras de los ingresos esperados por regalías. • La explotación de estos recursos naturales no renovables ha generado sesgos en la vocación económica de estos territorios. • Esta actividad genera externalidades negativas para las entidades territoriales (por ejemplo, daños en sus carreteras) que deben reducir con sus propios presupuestos. Esta corta enumeración debe servirnos para ampliar la perspectiva que se debe tener en cuenta al discutir una nueva redistribución de las regalías para armonizar la equidad con la justicia. Equidad para todos los colombianos, sí, pero con justicia para las entidades productoras de los recursos naturales no renovables. En ese orden de ideas, la reglamentación que haga el Congreso del Acto Legislativo, y más precisamente del Sistema General de Regalías que este crea, deberá hacer no solamente una redistribución de los recursos que pondere la calidad de productores de los departamentos, distritos y municipios, sino también la gradualidad de esa redistribución y el acompañamiento decidido del Estado para diversificar las economías de estos y sus fuentes de ingreso. Los ponentes somos conscientes de que el Congreso está en la obligación de facilitar un Sistema General de Regalías que haga compatibles los objetivos de equidad y justicia, como se mencionó atrás. Y, por supuesto, que sea lo más eficiente posible. Esta eficiencia, sin embargo, no depende solamente del órgano legislativo. En este propósito deben converger las voluntades de las entidades territoriales, del Gobierno Central, de los organismos de control, disciplinarios y judiciales, para hacer que esos

recursos se destinen en su totalidad a los objetivos de mejorar las condiciones sociales de todos los colombianos. En ese propósito, por ejemplo, los contratos que celebre el Estado con particulares para la explotación de los recursos naturales no renovables deben ser más exigentes en cuanto al cumplimiento de las normas constitucionales sobre los derechos colectivos y del ambiente, pactando compensaciones que reparen integralmente los daños causados en razón de esa actividad. Los organismos de control y la justicia deben perseguir y castigar a quienes se apropian de esos recursos o los despilfarran, pretermitiendo o acomodando las normas sobre contratación pública. Nunca será suficiente la insistencia en la participación de la comunidad como eje central del control sobre el destino de los recursos públicos. Maximizar esta participación debe ser el propósito de todas las autoridades para avanzar en la consecución del bienestar general mediante la redistribución de la riqueza nacional.

“El núcleo esencial de la reforma al sistema de regalías, es la propuesta de hacer una redistribución más equitativa”.

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Política

La reforma política que avanza en el Congreso Por: Hernando Alfonso Prada Gil Representante a la Cámara, Circunscripción Territorial Bogotá, D.C.

l proceso de la parapolítica en el que un buen número de Congresistas fue condenado por vínculos con las autodefensas y el narcotráfico, produjo una reacción en lo que quedó del Congreso de la época: la reforma constitucional contenida en el Acto Legislativo No. 1 de 2009, conocida como la reforma política. En ella se introdujeron figuras como la silla vacía, normas sobre la modernización, democratización y control de los partidos, financiación anticipada de campañas como forma de combatir el ingreso de dineros calientes en periodo electoral, y por primera vez en la historia constitucional de Colombia se estable el principio constitucional de responsabilidad de los colectividades y de sus Directores por el manejo de la administración y el otorgamiento de avales a candidatos con sanciones o que lleguen a ser penalizados por delitos como vinculación a grupos armados ilegales, actividades del narcotráfico y contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad. El proyecto de ley No 92-10 que avanza en el Congreso básicamente desarrolla esta reforma, intenta ponerle dientes a la misma para que seá plenamente aplicable en las elecciones del mes de octubre del próximo año, en las que se elegirán ediles, concejales, alcaldes, diputados y gobernadores. Por supuesto, legislar en el Congreso sobre estos temas no es fácil. Son demasiados los intereses que rondan la Corporación y obvio, todos los congresistas parlamentarios pertenecemos a un Partido, pero ni modos, como dice J. Rawls, hay que ponerse el “velo de la ignorancia” y legislar con objetividad y pensando solo en lo que le combiene al país sin distingos de color. Así las cosas, la Cámara le dio los debates necesarios a la iniciativa gubernamental y quedan, entre otros, estos temas polémicos que el Senado deberá considerar:

lfonso ndo A Herna da Gil Pra

1. Equidad de Género. No podemos dejarla solo como un principio general, sino como la decisión clara de establecer una cuota que asegure, en la elaboración de las listas a Corporaciones Públicas, un número mínimo del 30% para cualquier género que impida la hegemonía de cualquiera de ellos. 2. Nuevas inhablidades. No creo que debamos inhabilitar a los ciudadanos que serán la competencia futura de los congresistas en la contienda electoral, por lo que creo debe eliminarse la que se crea para los directivos que se quieran trasladar de partido, al imponerles el término de 12 meses para esa decisión, violando, en mi opinión la libertad de asociación y de ingresar y retirarse libremente de los Paridos, más cuando no detenta un cargo de elección popular. 3. Derechos de las minorías. Especialmente los indígenas y afrocolombianos, deberían tener una mejor financiación en sus gastos de funcionamiento y no solo privilegiar a las grandes mayorías parlamentarias como se pretende en el texto del proyecto. 4. Consultas interpartidarias. La propia Constitución creo este mecanismo democrático interpartidario para elegir un candidato de coalisión mediante la consulta popular. La ley se abstiene de reglamentarlo en una clara omisión a la orden constitucional de hacerlo, hecho que deberá enmendarse en el Senado.

Mantener los avances en la financiación estatal, que, como se dijo a través del anticipo le dará un golpe certero a los dineros de la mafia en las campañas; las faltas y sanciones que permitiran obligar a los partidos a devolver el dinero mal utilizado o ganado mediante la comisión de los delitos descritos, o incluso a perder la personería jurídica o las propias curules. La regulación de las consultas internas y populares, la destinación de los recursos del Estado a la formación interna de la militancia de los partidos o al estímulo de la incorporación de jóvenes y mujeres; el voto electrónico con el que podremos bloquear buena parte de las formas de fraude electoral, son todos avances que debemos apoyar ahora en los dos debates que a esta importante iniciativa le restan en el Senado de la República.

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Política

¿Por qué celebrar los 20 años de la Constitución de 1991? Por: Mauricio Rodríguez González Politólogo, Secretario Segunda Vicepresidencia, Cámara de Representantes

uando me invitaron a escribir sobre el por qué la celebración de los 20 años de la Constitución de 1991 quede estupefacto, no solo por las múltiples explicaciones que querían salir a borbotones, sino por el reto de explicarlo a través de dos cuartillas, atraer a los lectores y sobretodo hacerlos reflexionar sobre la importancia de esta conmemoración. Mi respuesta inicial fue por la vida, por la democracia, por la defensa de los Derechos Humanos que no teníamos ni siquiera contemplados con la Constitución de 1886. Recordaba que antes de la Constitución de 1991 el país se caía a pedazos. Una clase política deslegitimada por un régimen bipartidista, que cristalizado en un pacto político como el Frente Nacional –de naturaleza refringida y excluyente– era incapaz de responder a las demandas de nuevas expresiones de una sociedad civil cada vez más compleja y fragmentada; así mismo, la guerra declarada entre el gobierno y el narcotráfico, daba como respuesta por parte de los carteles de la droga, hechos como el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989, acciones cruentas como las bombas en las sedes de los diarios El Espectador y Vanguardia Liberal, la destrucción del edificio del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el trágico atentado contra el avión HK1803 de Avianca y las docenas de otras bombas urbanas que hoy ya nadie recuerda y que solo

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confirmaban el momento crítico por el que atravesaba la sociedad colombiana. De ésta preocupación surgió entonces el movimiento estudiantil conocido como el de la séptima papeleta, que dio pie a la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, la primera elegida por voto popular en la historia de Colombia. El esfuerzo de la Asamblea incluyó 5 áreas principales para resolver la crisis política colombiana, se avanzó en la búsqueda de la paz, la profundización de la democracia, la ampliación de los derechos, la moralización de la administración pública y la modernización del estado. Con la Constitución de 1991 se consagraron no solo los derechos y garantías para los ciudadanos, sino también los deberes, lo que concuerda con las nuevas visiones sobre Derechos Humanos a diferencia de la anterior constitución que era muy pobre tanto en la enumeración como en la protección de los mismos, este avance es de particular importancia ya que los Derechos Humanos constituyen la ética de la democracia, por cuanto integra el conjunto de reglas, sin cuya vigencia efectiva el ejercicio de la política y la convivencia resulta inferior a la condición humana.

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De igual manera, la construcción constitucional surgía como un tratado social que pretendía hacer legítimas las instituciones que la conforman, una carta incluyente que ratificaba la necesidad de unirnos como ciudadanos para hacerla efectiva, cabe resaltar que es la Constitución de 1991 quien involucra la participación de las comunidades indígenas y afrocolombianas, quien establece la conformación de instituciones como la Contraloría, la Personería, la Procuraduría, quien determina los mecanismos de participación ciudadana, quien defiende los intereses comunes sobre los particulares y quien nos reconoce como Estado-nación. Era evidente entonces que con la promulgación de la Constitución de 1991 se cerrarían las brechas sociales, políticas y económicas y ésta nos conduciría a un país en donde los derechos a la salud, a la educación o a un trabajo digno se materializarían, ya que, una carta llena hasta el tope de derechos, deberes y garantías son el camino a una Nación incluyente en donde todos los colombianos viviríamos en paz por fin... sin embargo no fue así. Son ya más de 26 las reformas constitucionales que sucesivos gobiernos le han intentado realizar a la Carta y que reducen las garantías de los ciudadanos, la realidad es que de a poco esa victoria del mundo social sobre el mundo político se ha ido desvane-

Son más de 26 las reformas constitucionales que sucesivos gobiernos le han intentado realizar a la Carta.

ciendo entre el desconocimiento y la apatía de un ciudadano cada vez menos informado, más individualista y que con una consigna de sálvese quien pueda, deja que desde el Congreso de la Republica se asalte su deseo constitucional. Por ello y conscientes de la responsabilidad institucional que tiene la Cámara de Representantes, asumiremos el reto de celebrar los 20 años de la constitución, llevaremos su mensaje hasta los lugares más recónditos de la geografía nacional, le diremos a los violentos que la constitución está más viva que nunca y que aquí existe una generación de Colombianos dispuestos a hacerla valer, una generación de Colombianos que no queremos para nuestros hijos el país que nos tocó a nosotros, una generación que con la Constitución en la mano y no con las armas, recobrará la paz para nuestros hijos,

En la gráfica, el Comité Organizador de la Celebración de los 20 años de la Constitución de 1991. De izquierda a derecha: Mauricio Rodríguez González, Secretario Privado Segunda Vicepresidencia; Germán Navas Talero, Roosvelt Rodríguez Rengifo, Segundo y Primer Vicepresidentes; Carlos Zuluaga Díaz, Presidente; Jairo Jaramillo Matiz, Director Administrativo y Robinson Castillo Charris, Jefe de Oficina de Información y Prensa. Revista Institucional de la Cámara de Representantes

les dirá que tienen una legislación más garantista y hará reconocer su valor. Esta es justamente el interés de la Mesa Directiva y de otros colaboradores, quienes reconocemos la importancia de conceder a la Constitución de 1991 el valor que se merece y su legado se materializa a través la participación del Presidente de la Cámara Carlos Alberto Zuluaga, Representante por Antioquia del Partido Conservador, del Primer Vicepresidente Roosvelt Rodríguez, Representante por el Valle del Cauda del Partido de la U y del Segundo Vicepresidente Germán Navas Talero, Representante por Bogotá del Partido Polo Democrático; quienes nos demuestran cómo puede ejercerse una Mesa Directiva que represente los diferentes sectores sociales, basados en la tolerancia y el respeto, valores fundamentales promovidos por la Constitución. Cabe rescatar así mismo el apoyo inmediato del Director Administrativo y Financiero Jairo Jaramillo Matiz y del Director de Prensa Robinson Castillo quienes hacen parte del comité organizador de la celebración. No está de más decir que en este grupo recaerán todas las responsabilidades para fomentar una sinergia nacional que demuestre que la Cámara de Representantes (renovada en su gran mayoría puesto que

de los 166 representantes 118 son nuevos) como institución está más vigente que nunca y que estará a la altura de un país que más que necesitarlo lo reclama y exige. De igual manera agradecer y promover la voluntad de las más notables instituciones académicas y sociales y de personalidades influyentes en el escenario legislativo, entre ellas la del Ex-Constituyente y Ex-ministro Augusto Ramírez Ocampo, al igual que Armando Novoa, que en representación de PLURAL (Corporación Centro de Estudios Constitucionales) quienes han jugado un papel determinante en la alineación del proyecto en su totalidad. Así entonces, la participación de la sociedad en la ratificación de este pacto social es fundamental para el fortalecimiento institucional que estamos promoviendo desde la Cámara de Representantes ¿Nos Acompaña?

“La participación de la sociedad, en la celebración de los 20 años de la Constitución de 1991, es fundamental para el fortalecimiento institucional de la Cámara de Representantes”.

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Internacional Integración Colombo-Venezolana

Las relaciones deben llegar más al fondo que a la forma Edga

Por: Edgar Armando León Oficina de Información y Prensa, Cámara de Representantes

as demostraciones de buena voluntad entre los jefes de Estado de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Hugo Chávez Frías, hacen prever una nueva dinámica en las relaciones binacionales que, por propia inercia, abren mejores horizontes en materia comercial y dejan ver una integración favorable a los intereses de ambas naciones, sin tener que repetir la trajinada frase de “somos hermanos desde los albores de la independencia”.

El comercio marcará el derrotero de una amistad que supera los simples estados de ánimo de los mandatarios. En esta globalización sobre la que se sostiene la médula económica que orienta y focaliza en este milenio la realidad de los pueblos, el objetivo tiene que ser muy simple: “los pueblos dependen cada día más de sus aparatos productivos e intercambios comerciales, que de posturas filosóficas o maneras de gobernar a las naciones”.

r Arm ando León

La crisis que afectó a Colombia y Venezuela y que ha comenzado a superarse, dejó muchas lecciones. Lo primero fue el debilitamiento en el crecimiento de las economías. Lo segundo que, como resultado de rencillas y animadversiones entre gobernantes, se demostró que la egolatría y el caudillismo son el peor remedio para el desarrollo y el progreso. Y, finalmente, que los intereses del ciudadano del común debe estar por encima de camorras y retos que conducen sólo al atraso y la polarización, de acuerdo con lo manifestado por expertos en estos temas.

Cuestión de equilibrio

La visita que el presidente Juan Manuel Santos le devolvió a su homólogo venezolano reforzó las expectativas de ambos mandatarios. “Para Colombia significó el reinicio de un mercado exportador dinámico, convergente y variado”, aseguró la Canciller María Ángela Holguín. Las deudas del vecino país con los empresarios llegaron en tiempos no muy lejanos a 800 millones de dólares, de los cuales se han amortizado 350. Otros 250 millones se encuentran en período de verificación legal (evitando subfacturaciones y otro tipo de evasión fiscal) y el saldo queda dentro de los plazos pactados, dijo la Ministra colombiana.

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Nación

¿Está el país dispuesto a neutralizar la corrupción? Por: Hernán Cortés Rojas Oficina de Información y Prensa, Cámara de Representantes

n Herná jas o R s é t Cor

n lo que se califica como una epidemia de corrupción sin precedentes, los órganos de control han venido revelando una red desaforada de contratos en establecimientos públicos, que no sólo limitan la gestión del nuevo gobierno en materia de inversión, sino que deja de brazos cruzados a los responsables de los entes descentralizados, para cumplir sus metas de gestión en lo que resta del 2010 y las proyectadas para el año entrante.

En el Congreso se tramita un proyecto gubernamental para atacar este flagelo, pero hay escepticismo. Por los lados de la “moribunda” Comisión Nacional de Televisión (CNTV), se detectó un crecimiento de los contratos por prestación de servicios de un 970 por ciento. La propia contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, encontró en su entidad mil contratos que no requería la entidad para su funcionamiento. Ni qué decir del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (INCODER) donde, a falta de recursos para su accionar, ha tenido que acudir a este tipo de instrumentos para cumplir su misión.

La DIAN, por su parte, no se quedó atrás y sin recursos para lo que resta del año, despido a más de 1.200 supernumerarios. Caso similar se observa en ministerios e institutos descentralizados, en donde sin ninguna solución, tienen que esperar la llegada del 2011 y su nuevo presupuesto, para poder iniciar en firme los programas diseñados por la nueva administración. Y qué no decir de los hechos sucedidos en FONDELIBERTAD, entidad adscrita al Ministerio de Defensa, donde se destapó todo tipo contratación irregular que abarca más de 76 mil millones de pesos, que por más de tres años han salido del bolsillo de los contribuyentes. No se pretende ahondar en detalles, pues eso les corresponde a las autoridades competentes, dicen los estudiosos de tema. Pero, aprovechando la coyuntura, señalan, se quiere enfatizar en un proyecto de ley gubernamental, para entrar a fondo a atacar la corrupción generalizada y trazar un camino que permita optimizar el presupuesto nacional.

Qué se propone

Para entender los alcances de esta iniciativa, proyecto 141 de 2010 radicado en el Senado “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de pre-

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vención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, veamos solamente algunos de sus propósitos: Medidas administrativas: Inhabilidad para contratar con el Estado de “personas naturales” que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades y soborno transnacional. Esta inhabilidad se extenderá a las sociedades de que sean socias tales personas, a sus matrices y a sus subordinadas, con excepción de las sociedades anónimas abiertas. De quienes hayan contribuido “directa o indirectamente” a las campañas políticas para presidente, gobernadores y alcaldes, extendible a parientes en segundo grado de consanguinidad o de afinidad y primero civil, y a las sociedades cuyos representantes legales o socios hayan efectuado aportes. El Presidente de la República “designará en las entidades estatales de la rama ejecutiva del orden nacional como asesor, coordinador, auditor interno o cargo similar a un funcionario público”, quien informará al Departamento Administrativo de la Presidencia. En las entidades territoriales lo designará el Gobernador o el Alcalde. Se crea la condición de “personas políticamente expuestas”: miembros de corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, miembros de la fuerza pública, particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, funcionarios y trabajadores del Banco de la República.

Ninguna entidad se escapa a la “avalancha” de contratos que acabaron anticipadamente con el presupuesto del 2010. Se crea el Fondo Anticorrupción del sector salud como un fondo especial de la Superintendencia Nacional de Salud destinado a fortalecer la lucha contra la corrupción y el fraude en el sector de la salud. Medidas Penales: No aplicación de beneficios o subrogados penales (libertad condicional, reclusión domiciliaria, entre otros). El término de prescripción de la acción penal en el caso de servidores públicos, se aumentaría en la mitad. Hoy se aumenta en una tercera parte. Igualmente, los términos para adelantar la investigación de este tipo de delitos se duplicarían cuando existan más de tres imputados, o delitos.

“Los órganos de control han venido revelando una red desaforada de contratos en establecimientos públicos”.

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País

En el Congreso de la República: El reto de representar a los indígenas

Por: Hernando Hernández Tapasco Representante a la Cámara, Circunscripción Especial Indígenas

ace muchos años, en 1525, un hombre iniciaba una larga discusión sobre el tratamiento que la corona española daba a los nativos de las nuevas tierras. Era un sacerdote que hacía parte de las prácticas de la inquisición que, a su vez, había condenado a la muerte, previa largas sesiones de tortura, a cientos de miles de personas. Se trataba de Fray Bartolomé de las Casas. Por su puesto la primera inquietud que nos asalta es ¿cómo sería la violencia de los españoles contra los indígenas que horrorizó a un miembro de la inquisición? Así se iniciaba la vida de los nativos americanos en su encuentro con la “civilización” y de esa forma se mantuvo durante más de trescientos años. La extinción de los indígenas es una práctica que nunca termina. Motivados por el oro, los españoles torturaron y asesinaron y cuando fueron derrotados por el ejército libertario, la ambición de los nuevos dueños del poder no cambió. Las guerras civiles del siglo 19 también golpearon a los indígenas, desplazados o re-

ndo Herna apasco T z e nd Herná

clutados como esclavos para atender a las tropas o a los terratenientes que se habían apropiado de sus tierras. Así que para la supervivencia, se inició un éxodo permanente, que aún se mantiene, hacia tierras agrestes no codiciadas por el “hombre blanco”. Sin embargo, hasta allá llegó la violencia del colono sin que las autoridades hicieran algo por la defensa de estas comunidades. Aun se recuerda la masacre de una comunidad indígena en los años 60 y el fallo de la justicia de la época. Los asesinos fueron declarados inocentes por que el juez encontró razonable el argumento de la defensa: “no sabían que asesinar indígenas era delito.” Con la constitución de 1991 se logró, por fin, el reconocimiento teórico de los grupos étnicos, pero son pocos los derechos materializados. Hasta hoy los muchos de los resguardos carecen de la legalización de sus territorios, los servicios básicos: salud, edu-

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cación, vivienda digna; bulneración de sus derechos especiales, derechos humanos; problemas de desnutrición y hambre, dentro de otros males. Hernando Hernández Tapasco es un indígena de la etnia Embera Chamí, de la comunidad de Sipirra, Resguardo Cañamomo Lomaprieta, municipio de Riosucio Caldas, cursó sus primeros estudios en su comunidad natal y el Instituto Cultural Riosucio y una licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad de Caldas.

¿Por qué es Representante a la Cámara? Hernándo Hernández Tapasco, es una persona en el que la comunidad indígena depositó toda su confianza, es un hombre solidario, leal y firme en sus principios, la ética y la disciplina. Es consciente de la lucha contra la pobreza, la corrupción y la guerra. Es un líder que no solo está comprometido con las causas indígenas, sino también con la campesina y popular del país; un gran defensor del territorio, los derechos humanos, la paz con justicia social, la soberanía y la construcción de un nuevo país democrático e incluyente. Como miembro del CRIDEC, fue secretario de Cultura y de Derechos Humanos de la organización, integrante del Consejo Departamental de Cultura y representante de los jóvenes estudiantes indígenas en

el Fondo Nacional de Becas, Álvaro Ulcué Chocué. Ha participado en la recuperación de tierras y estuvo en la organización de las movilizaciones regionales indígenas en la carretera Panamericana, en las luchas y protestas de los estudiantes y los sindicatos en Manizales y en la de los movimientos indígenas en el sur occidente colombiano, entre otras. Consideramos que los argumentos políticos expuestos nos permiten presentar, con mucho respeto y con toda confianza, ante los indígenas y la sociedad colombiana en general, Hernando Hernández Tapasco como represente a la Cámara que y pese a que es novato en todo el proceso legislativo, en estos primeros meses ha presentando importantes debates, como el proyecto a la reforma de la Ley de Protección Animal, la reforma a la Ley de Televisión, la Ley de Víctimas y muy especialmente a la propuesta del Gobierno sobre la Ley de Tierras.

“La extinción de los indígenas es una práctica que nunca termina”.

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Salud

Alcances de la reforma al sector salud Por: Diela Liliana Benavides Solarte Representante a la Cámara, Circunscripción Territorial de Nariño Presidente Comisión Séptima

l sector de la salud en Colombia atraviesa por una crisis tan grande que su solución no debe dar más espera. El problema necesita de un esfuerzo enorme por parte del Gobierno Nacional, el Congreso de la República y todas las organizaciones que tienen que ver con el tema, si de verdad se quieren atacar las causas que la producen. Estudios juiciosamente elaborados, han detectado un alto porcentaje de insatisfacción de los usuarios del sistema, como consecuencia de la falta de sostenibilidad y la carencia de planes de beneficios que recojan, de manera amplia, la realidad de los requerimientos de los colombianos.

Su objetivo es for talecer el Sistema General de Seguridad Social en Salud para todos los colombianos Frente a esta problemática y por cuanto los usuarios de los servicios de salud son el centro de interés, la reforma que se pretende implementar en el sector, busca, entre otros aspectos, garantizar el bienestar de

Diela Benav Liliana ides S olarte

la población mediante la optimización de la prestación de servicios de salud como factor corresponsable en un escenario sostenible, para que los actores del sistema, a través de estrategias efectivas, generen cambios positivos en la oportunidad, acceso, continuidad e integralidad de la atención, respondiendo así a la constante insatisfacción. La Reforma no pretende derogar la normatividad existente en materia de seguridad social en salud, pues, al parecer, el cúmulo de normas reglamentarias se ha convertido en un obstáculo para su implementación, sin que ello signifique total deficiencia de la reglamentación vigente. Por tal razón, la reforma tiene como objeto el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, definiendo un modelo de prestación de servicio público que en el marco de la estrategia Atención Primaria en Salud, permita la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad, para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano, que brinde servicios de mayor calidad, incluyente y equitativo. En este orden de ideas, la reforma contempla, entre otros puntos, un plan de beneficios que recoja de manera amplia las necesidades del usuario y se ajuste a la realidad

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colombiana, que considere técnicamente aspectos como perfil epidemiológico, demográfico, efectividad probada, que responda a las necesidades de las personas dentro del marco de la sostenibilidad y reconozca las patologías y atención que requieren los ciudadanos. De otra parte, la corresponsabilidad, se plantea como un principio novedoso y estructural de la Reforma, en virtud del cual, a través del trabajo mancomunado de sectores e instituciones, se ejecutan acciones dirigidas al individuo, su grupo familiar y su comunidad.

De la salud y otros servicios

La prestación de servicios tales como vivienda, educación, saneamiento básico, servicios públicos, deporte y recreación, formación para la empresa y el trabajo y programas sociales, deben llevarse a cabo trabajando de la mano con el sector salud, como corresponsables en el impacto positivo de los factores determinantes, para el logro del bienestar de los residentes en Colombia. También es indispensable la corresponsabilidad de los individuos, sus familias y su comunidad con el autocuidado, la autoestima, el sentido de la vida, entre otros aspectos, como aportantes de forma efectiva a la sostenibilidad del sistema y al logro del bienestar general, disminuyendo de forma efectiva la incidencia de enfermedad prevenible. Así mismo, la reforma plantea estrategias para resolver controversias entre los actores del sistema e interviene en el fortalecimiento de la atención primaria en salud. El actual flujo de recursos del sistema que por su ineficiencia lo hace inadministrable, la deficiente administración de la red pública de prestadores de servicios, la mala administración del riesgo en salud, la incongruencia entre los planes de beneficios ofertados y las necesidades en salud de los colombianos, son problemáticas sentidas y objeto de la reforma. Constituyen algunas bondades de la Reforma, las siguientes: unificación a mediano plazo de planes de beneficios entre el POS subsidiado y contributivo, fusión de la administración de recursos del régimen subsidiado y contributivo, cualificación del talento humano en salud, contención del gasto en salud, implementación de la estrategia aten-

ción primaria en salud con impacto positivo en promoción y prevención, portabilidad de la afiliación a nivel nacional, mejoramiento del acceso y de la oportunidad a través de la disponibilidad de redes efectivas de prestadores de servicios de salud y garantía de flujo de recursos a los prestadores de servicios de salud De ser aprobada la reforma, deberá enfrentar algunos retos tales como la garantía de sostenibilidad del sistema y la garantía de efectividad de las acciones de inspección, vigilancia y control. En síntesis, la reforma contempla aspectos coyunturales y estructurales del sistema, tales como: la rectoría del mismo, el talento humano en salud, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, salud pública, aseguramiento, evaluación de la tecnología, estrategia de atención primara en salud, prestación de servicios de salud, inspección, vigilancia y control, financiamiento del sistema, enfoque hacia el usuario y política farmacéutica. La reforma es el resultado de un trabajo intersectorial e interdisciplinario y, por ende, gira en torno a obtener el mejoramiento de la atención en beneficio de los usuarios. En Colombia, hay que recordarlo, toda la política en materia de salud se rige o direcciona de acuerdo con lo establecido en la Ley 100 de 1993, cuyo objetivo inicialmente era el de la universalidad, equidad y solidaridad, libre escogencia, eficiencia y calidad.

“La reforma tiene como objeto el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

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Salud

Perspectivas de la reforma a la seguridad social en salud

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Por: Marta Cecilia Ramírez Orrego y Luis Fernando Ochoa Zuluaga Representantes a la Cámara, Circunscripciones Territoriales de Antioquia y Putumayo

n pleno debate sobre listas de espera, déficit de oferta y ante la insuficiencia de recursos, no se puede perder la perspectiva de que una década atrás, en el ranking que evaluó, por primera vez, los sistemas de salud de los 191 países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Colombia ocupó el puesto 22 y el primero entre los países hispanoamericanos, al ser considerado bastante equitativo. En ese entonces se analizaron el nivel general de salud, la expectativa de vida, el nivel y el servicio para los diversos grupos sociales (si el sistema es igualitario), la satisfacción del paciente y si el modelo funciona bien, así como el gasto en salud. Frente a estos indicadores, Colombia hace cada vez mayores esfuerzos y muestra avances significativos, lo cual es suficiente argumento para rebatir el concepto del fracaso del sistema y permite reafirmar que hay que continuar apostándole al mismo, lógicamente

con ajustes estructurales como lo requieren permanentemente los modelos, porque ellos son dinámicos, como dinámicos son los elementos que los componen. Haciendo consciencia respecto a los principios, especialmente de Solidaridad, corresponsabilidad, intersectorialidad y equidad, espero que éstos despierten en los colombianos un gran sentido de responsabilidad y compromiso con el sistema, en aras de garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, con recursos limitados, elementos esenciales en el reto que nos asiste a todos: “La cobertura universal, con igualdad en el plan de beneficios, movilidad entre regímenes y portabilidad a nivel nacional para 44 millones de colombianos”. La reforma hasta ahora discutida, en su articulado contempla los siguientes objetivos: • La universalidad en la cobertura del Aseguramiento en Salud, con movilidad entre los regímenes y portabilidad nacional.

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• Eliminación de las barreras de acceso a los servicios de salud, incluyendo medida anti trámites • Prioridad, el estado de salud de los residentes en Colombia y para ello se resaltan también los deberes de los usuarios en materia de salud • El acceso real de los ciudadanos a los servicios de salud definidos en los Planes de Beneficios de ambos regímenes a más tardar el 31 de marzo de 2011. Prioridad inmediata los niños, niñas y adolescentes. • Implementación de la Estrategia de Atención Primaria en Salud con sus valores, principios y elementos, en aras de abordar la atención salud desde los determinantes sociales con enfoque de riesgo e intersectorialidad. • Generación de incentivos para la conformación de Redes Integradas de Servicios de Salud con el fin de fortalecer la oferta local y regional, de acuerdo con la demanda, optimizar los servicios y recursos y garantizar atención integral, integrada y continua a los usuarios, lo más cercano posible a su sitio de residencia, con criterios de eficiencia y fortaleciendo el primer nivel de atención • Equilibrio contractual y operativo entre aseguradores y prestadores de salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. • Desarrollo de los mecanismos necesarios para fortalecer y ejecutar las políticas, planes y proyectos de la salud pública, mediante la determinación de competencias en la dirección, regulación y supervisión del Sistema General de Seguridad Social en Salud. • Prioritarización de los resultados en salud definidos y evaluados con base en indicadores de resultado e impacto sobre el perfil epidemiológico. • Creación del Observatorio Nacional de Salud Pública adscrito al Instituto Nacional de Salud. • Creación del Instituto De Evaluación de Tecnologías en Salud • Fortalecimiento del Talento Humano en salud en términos de calidad técnica y laboral. • Reestructuración y mejoramiento del financiamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en términos de aumento de los ingresos, bien sea a través de la reasignación de las fuentes existentes o a través

de la inyección de recursos nuevos, mejoramiento del flujo de recursos, eficiencia (fondo único de aseguramiento, giro directo, etc.) y el uso transparente y adecuado de los mismos. • Creación del Fondo de Garantías para el Sector Salud. • Puesta en funcionamiento el Sistema de Información Único en Salud que articule las bases de datos de otras entidades como la Registradora Nacional del Estado Civil, el SISBEN y las Entidades promotoras de salud, que permitan la identificación completa de los afiliados. • Reordenamiento y mejoramiento del sistema de Inspección, Vigilancia y Control, incluyendo la descentralización del mismo y la participación del defensor del usuario en salud.

La reforma en salud:

Un compromiso de todos Sobre el Sistema de inspección, vigilancia y control, los colombianos reclaman el fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Salud y su presencia en los diferentes territorios, para que ejerza sus funciones con carácter preventivo y proteja los recursos del SGSSS. Respecto a la estrategia de Atención Primaria en Salud, consideran que ponerla en práctica permitirá al país disminuir los costos de atención en los mayores niveles de complejidad, debido a que el énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad otorga un

“Colombia hace cada vez mayores esfuerzos y muestra avances significativos, lo cual es suficiente argumento para rebatir el concepto del fracaso del sistema”. Revista Institucional de la Cámara de Representantes

mayor grado de resolutividad en el primer nivel de atención. Las reformas que se describen, convergen en estructurar una reforma que responde a los retos planteados y que adicionalmente incluye elementos que han surgido de la evolución del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El articulado incluye aportes de la Honorable Corte Constitucional, aportes de la academia y las asociaciones científicas, de representantes del sector y del Gobierno. Este proyecto tiene como fin último alinear el sistema de salud en pro de la garantía de un servicio eficiente y de calidad para todos los colombianos.

Objeto y contenido de la iniciativa

Aumentos en el contenido del POS: desde su creación y hasta 2008 el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS) expidió más de Veinte acuerdos con adiciones al contenido del POS, del Régimen Subsidiado y del Régimen Contributivo. En 2009, por medio de los acuerdos 004 y 005 de Septiembre de 2009 de la Comisión de Regulación en Salud (CRES), se igualaron y unificaron los beneficios cubiertos por el POS-Subsidiado (POS-S) a los niños y las niñas menores de 12 años, respecto a los contenidos del POS-Contributivo.

Posteriormente la CRES, por medio del Acuerdo 008 de diciembre de 2009, aclara y actualiza los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado, incluyendo 371 procedimientos: el 11 de enero de 2010, por medio del Acuerdo 011 de la CRES, se unifican los planes de beneficios para los niños y las niñas de los regímenes contributivo y subsidiado, entre los 12 y los 18 años y se hacen los ajustes necesarios a la UPC subsidiada. Desmonte de barreras de acceso para la población pobre: la Ley 1.122 eliminó las cuotas moderadoras y los pagos compartidos para el nivel I del SISBEN en el Régimen Subsidiado. Disminución en el tiempo de cotización: la Ley 1.122 redujo el requisito de cotización mínima para merecer servicios de alto costo. La Ley 100 establecía un mínimo de 1,9 años de cotización, mientras que con la nueva Ley este requisito se estableció en 0,5 años.

La opinión de todos fue escuchada según el representante Luis Fernando Ochoa Zuluaga. “Sobre el Sistema de inspección, vigilancia y control, los colombianos reclaman el fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Salud y su presencia en los diferentes territorios”.

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Comisiones Constitucionales Permanentes Quinta:

Compuesta por diecinueve (19) miembros en la Cámara de Representantes. Conoce de régimen agropecuario; ecología; medio ambiente y recursos naturales; adjudicación y recuperación de tierras; recursos ictiológicos y asuntos del mar; minas y energía; corporaciones autónomas regionales.

Mercedes Rincón Espinel Presidenta

Alfredo Guillermo Molina Triana Vicepresidente

Julio Eugenio Gallardo Archbold

Gustavo Amado López Secretario

Juan Diego Gómez Jiménez

Constantino Rodríguez Calvo

Esmeralda Sarria Villa

Noel Ricardo Valencia Giraldo

Rafael Antonio Madrid Hodge

Crisanto Pizo Mazabuel

Jimmy Javier Sierra Palacio

Claudia Marcela Amaya García

Lucero Cortés Méndez

Elkin Rodolfo Ospina Ospina

Sandra Villadiego Villadiego

Adolfo León Rengifo Santibáñez

Jairo Hinestrosa Sinisterra

Hernando Hernández Tapasco

William Ramón García Tirado

Luis Enrique Dussán López

Diego Patiño Amariles Presidente

Jaime Armando Yépez Martínez Vicepresidente

Fernel Enrique Díaz Quintero Secretario

Sexta:

Compuesta dieciocho (18) miembros en la Cámara de Representantes. Conoce de comunicaciones; tarifas; calamidades públicas; funciones publicas, prestación de los servicios públicos; medios de comunicación, investigación científica y tecnológica; espectros electromagnéticos; órbita geoestacionaria; sistemas digitales de comunicación e informática; espacio aéreo; obras públicas y transporte; turismo y desarrollo turístico; educación y cultura.

Luis Guillermo Barrera Gutiérrez

José Edilberto Caicedo Sastoque

Wilson Hernando Gómez Velásquez

Jairo Ortega Samboni

Jairo Quintero Trujillo

Iván Darío Agudelo Zapata

Carlos Julio Bonilla Soto

John Jairo Roldán Avendaño

Juana Carolina Londoño Jaramillo

Diego Alberto Naranjo Escobar

Ciro Antonio Rodríguez Pinzón

Silvio Vásquez Villanueva

Atilano Alonso Giraldo Arboleda

Didier Alberto Tavera Amado

Wilson Neber Arias Castillo

Carlos Andrés Amaya Rodríguez

Diela Liliana Benavides Solarte Presidenta

Alba Luz Pinilla Pedraza Vicepresidenta

Lina María Barrera Rueda

Rigo Armando Rosero Alvear Secretario

Carlos Alberto Escobar Córdoba

Rafael Romero Piñeros

Víctor Raúl Yépez Flórez

José Bernardo Flórez Asprilla

Didier Burgos Ramírez

Holger Horacio Díaz Hernández

Libardo Enrique García Guerrero

Gloria Stella Díaz Ortiz

Juan Manuel Valdés Barcha

Séptima: Compuesta por diez y nueve (19) miembros en la

Cámara de Representantes. Conoce de estatuto del servidor público y trabajador particular; régimen salarial y prestacional del servidor público; organizaciones sindicales; sociedades de auxilio mutuo; seguridad social; cajas de previsión social; fondos de prestaciones; carrera administrativa; servicio civil; recreación; deportes; salud, organizaciones comunitarias; vivienda; economía solidaria; asuntos de la mujer y de la familia.

Martha Cecilia Ramírez Orrego

Elías Raad Hernández

Armando Antonio Zabaraín D’Arce

Pablo Aristóbulo Sierra León

Yolanda Duque Naranjo

Luis Fernando Ochoa Zuluaga

Ángela María Robledo Gómez

Salud Las cifras que matan, o bien, trastornan la vida

Sustancias psicoactivas: Un viaje al mundo de las drogas Jorge Góme Eliécer z Villa mizar

Por: Jorge Eliécer Gómez Villamizar Representante a la Cámara, Circunscripción Territorial de Santander

pesar de la lucha que libra el Gobierno Nacional por erradicar la producción y masificación del narcotráfico, en Colombia, lastimosamente, está aumentando de manera rápida y progresiva el consumo de sustancias psicoactivas. Con horror vemos cómo los distribuidores se las ingenian para hacerles llegar estos “productos” a la juventud y así, no perder los millonarios ingresos que genera su venta. Las estadísticas muestran que la gravedad del problema no solo radica en la adición a la marihuana, la cocaína, el éxtasis, la heroína, el ácido Lisérgico, LSD, los pegantes y solventes volátiles, sino también en el consumo de tabaco, cigarrillo y alcohol. Las cifras revelan, además, la facilidad con que se accede a estas sustancias y enfatiza en los grupos vulnerables hacia los cuales se deben dirigir las acciones de prevención. Una muestra probabilística elaborada a nivel nacional por el Ministerio de la Protección Social y la Dirección Nacional de Estupefacientes entre 29.164 personas con edades que van de los 12 a los 65 años, prende las alarmas al revelar que el 45% ha consumido tabaco/cigarrillo alguna vez en la vida

(56% de los hombres y 34% de las mujeres). Sólo 17% pueden considerarse consumidores actuales. Esta cifra equivale a 3,3 millones de fumadores en el país. Otro dato que preocupa es el que tiene que ver con el consumo de alcohol. El 86% afirma haberlo hecho alguna vez en la vida y el 35% recientemente, lo que equivale a 6,9 millones de personas. Por sexos el 46% de los hombres lo ha hecho en el último mes y las mujeres en el 25%. Es decir que dos de cada cuatro hombres y una de cada cuatro mujeres son bebedores. Esta condición afecta a casi al 20% de la población entre 18 y 24 años, lo que equivale a 670 mil jóvenes.

Otros alucinógenos

El uso de sustancias ilícitas es aún más preocupante. El 9,1% de las personas encuestadas ha usado alguna droga ilícita, al menos una vez en su vida (14,4% hombres y 4,5% mujeres). El grupo de edad con mayor prevalencia está entre los 18 a 24 años (6%), seguido por el de 25 a 34 años, con 3,9%, y el de 12 a 17 años, 3,4%. Al igual que en la gran mayoría de países del mundo, la marihuana es la sustancia ilí-

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cita de mayor consumo en Colombia. El 8% de las personas encuestadas dicen haber consumido esta sustancia al menos una vez en la vida, con aproximadamente 13% entre los hombres y 4% entre las mujeres. La cocaína ocupa el segundo lugar entre las sustancias ilícitas de mayor consumo en Colombia. El 2,5% dice haber consumido alguna vez en la vida, siendo muy superior el consumo en hombres que en mujeres, 4,2% versus 1%. Entre los adultos-jóvenes de 25 a 34 años se observa la mayor tasa de consumo, con 1,4%, seguido del grupo de 18 a 24 años con 1,2%. Ambos grupos alcanzan el 70% del total de consumidores. El tercer lugar entre las drogas ilícitas que se consumen en Colombia lo ocupa el basuco. El 1,1% de los encuestados dice haber consumido esta sustancia al menos una vez en la vida. Esta cifra equivale a cerca de 34 mil personas. La mayoría de ellas (29 mil) son hombres de 25 a 34 años, entre los estratos socio-económicos 1 al 3. De estas 34 mil personas, el 78% se clasifica en las categorías de “abuso” y “dependencia”. Así, el consumo de esta sustancia representa, proporcionalmente hablando, la mayor tasa de abusadores y dependientes. Otra sustancia ilícita considerada en el estudio es el estimulante de tipo anfetamínico MDMA (3,4-metilenedioximetanfetamina), conocido como éxtasis. El 0,9% de los encuestados lo ha hecho alguna vez en la vida. En cuanto a sustancias inhalables, el estudio indica que el 0,8% lo ha hecho alguna vez en la vida. El consumo de inhalables aqueja particularmente a menores de edad que habitan en la calle (no cubiertos en el estudio).

Consecuencias y prevenciones

Estas cifras hacen pensar que Colombia sufre de un uso masivo e indiscriminado de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas y por lo tanto, es doloroso ver cómo se pierde el capital humano de un país tan pujante, debido a las consecuencias psicológicas, sociales, familiares y económicas que produce el consumo de estas sustancias y que van desde el bajo rendimiento académico, el ausentismo laboral, la violencia intrafamiliar, hasta las conductas delictivas. Hay que trabajar de cara al problema y hay que hacerlo con un esfuerzo mancomunado entre el Estado, la familia y la socie-

dad, en donde la prevención del consumo y el abuso sea el eje que articule acciones y programas que se centren en la persona y su entorno familiar para disminuir los factores de riesgo que llevan a caer en este flagelo. No se puede seguir con el efecto placebo que produce escuchar a mil revoluciones por minuto en los diferentes medios de comunicación “que estas sustancias son perjudiciales para la salud y prohíbase el expendio a menores de edad”, o cuando aparece en letra diminuta en las revistas, vallas o programas de televisión. Todo lo contrario, es un irrespeto con los jóvenes prevenir por obligación a la Ley y no porque realmente le interese al Estado evitar el consumo de sustancias que generen cambios en el comportamiento y que acaba con el proyecto de vida de la gente.

“La drogadicción es un problema de salud pública”.

Presentaré al Congreso un proyecto de ley para eliminar la propaganda nada comprometida con la prevención y consumo de sustancias psicoactivas, que no es captada por la población en riesgo. Se necesitan iniciativas que realmente apunten a evitar este tipo de adiciones. La clave no está en expulsar a los alumnos, despedir al trabajador y estigmatizar al habitante de la calle. La clave está en rescatarlos con programas de atención y desintoxicación, con herramientas pedagógicas para que la juventud conozca las consecuencias del consumo y pueda superar la presión social a la que están. Desde mi posición como legislador, la drogadicción es un problema de salud pública y para esto el Gobierno Nacional debe destinar recursos a largo plazo para que sean articulados con los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal.

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Educación

El Congreso de la República: Propone eliminar intereses para crédito Icetex Por: Wilson Gómez Velásquez Representante a la Cámara, Circunscripción Territorial Bogotá, D.C.

ara evitar las alarmantes cifras de deserción universitaria en Colombia de los estratos 1, 2 y 3, que hoy llega al 50%, como representante a la Cámara propuse la eliminación de los intereses en el crédito Icetex para que los jóvenes beneficiarios sólo paguen el capital del préstamo obtenido. La iniciativa, que hace parte de la agenda social del presidente Juan Manuel Santos, flexibiliza las condiciones de otorgamiento del crédito educativo a través del subsidio del 100% de los intereses que se generan para el estudiante favorecido. Esto quiere decir, que los universitarios de bajos recursos económicos pueden pedir

Los beneficiarios serán los jóvenes de estratos 1, 2 y 3. El otorgamiento de préstamos para estudiar en la universidad disminuye hasta en tres veces la deserción. El proyecto está en la agenda social del Gobierno.

nando n Her Wilso Velásquez z Góme

créditos, y al terminar sus estudios, y con un ingreso salarial estable, comiencen a pagar la deuda contraída con el Instituto. El único aumento que se aplicaría sobre el préstamo es el de la inflación anual. El propósito de la iniciativa es brindar un alivio económico a las familias más vulnerables que asumen la deuda con el Icetex, y que, en muchos casos, por falta de recursos no pueden cumplir con el pago, lo que afecta directamente a los hijos, porque se ven obligados a abandonar sus estudios. El 80% de la población bachiller entre los 15 y 21 años y que no cursa educación superior pertenece a los estratos 1 y 2. Las principales razones para no ingresar a la universidad son ‘los costos educativos y la falta de dinero’. El 40% de los jóvenes lo deja de hacer por estas dos razones.

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La deserción universitaria se encuentra asociada con la falta de ingresos en los hogares, lo cual disminuye las probabilidades para que los jóvenes continúen su formación superior. Un estudio del Ministerio de Educación dice que el otorgamiento de crédito reduce en 3 veces la probabilidad de deserción de los estudiantes. De acuerdo con cálculos preliminares, al año se beneficiarían más de 50 mil estudiantes (cifra que corresponde a la proyección de solicitudes de crédito educativo), quienes no pagarían cerca de 150 mil millones de pesos por intereses al Icetex. Estas cifras evidencian claramente la situación de los jóvenes bachilleres del país que no pueden entrar a la universidad por falta de recursos para financiar sus carreras, lo que los margina del conocimiento y los pone en desventaja en el mercado laboral.

Alivio económico

Lo que se busca es contribuir en la solución de esta problemática que afecta a los jóvenes de bajos recursos. Si se brinda ayuda económica a las familias con los costos educativos mensuales como son los intereses del crédito, se reduce la presión sobre estos gastos y se aumentan las posibilidades de que los estudiantes permanezcan en el sistema. Un estudiante de una familia que recibe menos de un salario mínimo tiene 20% de posibilidades menos de ingresar a la universi-

Marta Lucía Villegas Botero, presidenta del Icetex.

“El propósito de la iniciativa es brindar un alivio económico a las familias más vulnerables que asumen la deuda con el ICETEX”.

dad, comparado con uno de una familia que perciba más de 11 salarios mínimos. Ante este panorama, se requiere del Estado una política de créditos educativos no solo más flexible sino incluyente para generar oportunidades de educación superior a los jóvenes de los estratos bajos. Con ella se debe apuntar a ampliar la cobertura y a disminuir la deserción universitaria. Pese a los esfuerzos del Estado para ofrecer mayor cobertura y más cupos en las universidades a los bachilleres que anualmente se gradúan, la tasa de cobertura en educación superior es del 35%. Hace ocho años, en el 2002, era de 24%. Las cámaras legislativas se deben emplear a fondo en sus discusiones para encontrar las fuentes de financiación que garanticen al Icetex la compensación por el dinero que dejaría de recibir al no cobrar los intereses del crédito. Este proyecto de alta rentabilidad social, no sólo tiene el respaldo de la bancada de La U en la Cámara de Representantes, sino que está en el paquete de proyectos sociales que el Gobierno del presidente Santos y el Congreso de la República están comprometidos en sacar adelante.

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Televisión

El modelo de televisión en Colombia: ¿Se abre paso la transformación? Por: Ciro Antonio Rodríguez Pinzón Representante a la Cámara, Circunscripción Territorial Norte de Santander

xiste en el Congreso de la República el consenso y la voluntad política para aprobar la reforma al régimen jurídico de la Televisión en Colombia, a través de la cual se reconozca la convergencia tecnológica y se promuevan los principales retos del mundo moderno, como son el desarrollo de la televisión digital, la televisión móvil y el servicio universal. No cabe la menor duda de que en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación, el cambio tiene que ser permanente y a la velocidad con la que se mueve la ciencia. El cambio del modelo de negocio y tecnología, también tienen que conducir a una restructuración o innovación en el modelo de regulación vigente. En Colombia, por norma constitucional de acuerdo con los artículos 76 y 77 y legal según las leyes 182 de 1995, 335 de 1996 y 680 de 2001, la televisión está regulada y controlada por un ente autónomo, denominado Comisión Nacional de Televisión, entidad que por muchos factores está cuestionada y a punto de desaparecer. Los otros Servicios de telecomunicaciones están direccionados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Esta di-

Ciro Rodrí Antonio guez Pinzó n

vergencia institucional ha traído problemas para el desarrollo del sector, para los usuarios y para el mismo Estado. Con la introducción de la tecnología digital, propia del sector informático, en la producción de contenidos audiovisuales, en los medios de transmisión y en los equipos terminales, tanto de telecomunicaciones, como de televisión, se ha impuesto un lenguaje común en los sectores informático, de telecomunicaciones y audiovisual, posibilitando así la convergencia de tecnologías y servicios. Esto quiere decir y las normas lo permiten, que existe la posibilidad de transmitir cualquier contenido, ya sean datos, voz y video, etc., por todo tipo de redes (telefónicas, informáticas y televisión, etc.). En el fenómeno de la convergencia, pretendemos que todos los servicios sean distribuidos por todo tipo de redes a través de terminales como computadores, televisores, consolas, aparatos telefónicos fijos y móviles y se pueda disponer a toda hora de los contenidos que se deseen y de la información que cada uno necesite.

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Es decir, la propuesta es que el usuario tenga a la mano lo que quiera, donde sea y como busque, utilizando básicamente cuatro dimensiones: convergencia tecnológica, convergencia de plataformas, convergencia empresarial y convergencia regulatoria, que a nivel legislativo, si bien es la más problemática, el Congreso de la República debe enfrentarse a esta realidad.

Pasos para la transformación

El primer paso que el Congreso de la República dio para armonizar la regulación con los desarrollos tecnológicos, fue la aprobación de la Ley 1341, que es la de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en donde quedó contemplado lo que debe ser la organización institucional del sector. En esta misma norma, que le abre caminos a un mejor servicio de televisión en Colombia, se introdujeron elementos fundamentales, renovadores y puntuales, para promover la competencia sana dentro del sector y a la vez, sirvan como herramienta de defensa para los usuarios. El segundo paso es desonstitucionalizar la política de la televisión, con el fin de tener un régimen más flexible y superar las diferentes barreras que se vienen presentando para el mejor desarrollo de la sociedad de la información. Es una realidad y nadie se puede llevar a engaños, cuando se afirma que el actual marco normativo de la televisión no respon-

de ni a las exigencias planteadas por la introducción de la competencia en el sector, ni a los retos introducidos por el proceso de convergencia. Por una parte, se mantienen restricciones legales en materia de uso de infraestructura para la prestación de determinados servicios, lo que crea incertidumbre respecto del régimen jurídico aplicable a ciertos servicios. Existen conflictos competenciales entre diversas autoridades y diferentes regímenes de acceso al mercado. Seguramente en materia de redes e infraestructura de la televisión, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que tiene amplia experiencia, asumiría las competencias. Pero por los efectos sociales, políticos, culturales y económicos de la televisión, esta se debe regular y determinar su naturaleza, alcances y modalidades, de acuerdo con las tres materias esenciales que ya hemos referenciado, para que los contenidos de la televisión tengan verdadera profundidad. La regulación de las concesiones y concesionarios para la televisión abierta y las características del ente público regulador de los contenidos, debe ser independiente y con una gran capacidad técnica. Otros temas a tener en cuenta son la financiación y el desarrollo de la televisión pública en Colombia, el régimen de propiedad de los medios de comunicación, las pensiones de Inravisión, y los canales regionales.

“No cabe la menor duda de que en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación, el cambio tiene que ser permanente”.

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Televisión

¿Una imagen que languidece?

Oficina de Información y Prensa: SENCAR (Servicio de Noticias de la Cámara de Representantes)

vanza en el Congreso de la República el réquiem por el Consejo Nacional de Televisión y toma fuerza el concepto de elaborar una ley que responda a los intereses del consumidor. Lo que en un principio se pensó era la respuesta adecuada a las inquietudes del televidente en materia de educación y divertimento, culminó, según los entendidos, en una frustración y un desgaste presupuestal en un país lleno de necesidades insatisfechas. Tras 20 años de actividad, la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) perdió su norte, careció de equilibrio en sus decisiones y entró en una postración que, simplemente, cerró toda salida e inició su declive inexorable y definitivo. En el diagnóstico han coincido los diferentes sectores políticos con asiento en el Congreso de la República, calificados expertos y el ejecutivo nacional. Pero, al tratarse de un procedimiento que debe pasar por una reforma constitucional, su tránsito está sometido a ocho debates –cuatro en Senado y cuatro en Cámara–, camino que ya ha recorrido en su mitad.

Malestar

Para los ponentes del proyecto que elimina el artículo 76 de la Constitución y modifica el 77 del mismo ordenamiento, la estructura de la CNTV no responde a la realidad colombiana puesto que se trata de un ente autónomo donde el Gobierno no puede meter la mano. El artículo 76, reza: “La intervención estatal en el espectro electromagnético utilizado para los servicios de televisión, estará a cargo de un organismo de derecho público con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio”... “Dicho organismo

desarrollará y ejecutará los planes y programas del Estado en el servicio a que hace referencia el inciso anterior”. Su autonomía ha sido la causa de su propio deterioro. A su vez, el artículo 77 de la Carta, es del siguiente tenor: “La dirección de la política que en materia de televisión determine la ley sin menoscabo de las libertades consagradas en la Constitución, estará a cargo del Organismo mencionado”. Al respecto, los representantes Orlando Velandia Sepúlveda (coordinador de ponentes), Carlos Eduardo Hernández y Humphrey Roa Sarmiento, son precisos al señalar: “El análisis de los diferentes esquemas regulatorios a nivel internacional, revela un dato de importante significación: la CNTV es el único regulador del servicio de televisión del mundo que tiene RANGO CONSTITUCIONAL y ostenta facultades absolutas de política, regulación y control con relación al mismo”. Y agregan: “Ello, lejos de ser un rasgo exótico que sea valioso resaltar, representa el mayor obstáculo que ha impedido que Colombia y su industria de tecnologías de la información y comunicación (TIC) encuentren un ambiente propicio para el fortalecimiento del servicio de televisión convergente, ya que aisló a la televisión de todos los beneficios que conlleva la convergencia tecnológica”. Estas apreciaciones las comparten los demás ponentes del proyecto que tiende a eliminar la CNTV, Hernando Alfonso Prada Gil, Camilo Andrés Abril Jaimes, y Juan Carlos Salazar Uribe. Algunos observadores y expertos han señalado que no sólo la CNTV ha causado enormes e injustificadas erogaciones presupuestales sino que la propia Contraloría General de la República detecto para el año 2009 un incremento del 970 por ciento en los contratos por prestación de servicios.

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Religión Una mirada al mundo de lo real y lo Divino

La religión y los negocios Por: Pablo Enrique Salamanca Cortés Representante a la Cámara, Circunscripción Territorial Bogotá, D.C.

ás de 1.490 organizaciones religiosas tienen personería jurídica para funcionar en Colombia y cada una busca colonizar la mente y la voluntad de los colombianos. ¿Qué razones subyacen a la explosión de tanta secta o congregación religiosa? ¿Será que tanta religión explica la angustia existencial del individuo por descifrar desde esa óptica el origen del mundo y de sus leyes y comprender las razones determinantes del orden social que lo rodea? Es probable, pero semejante tumulto de interpretaciones que esgrime cada iglesia conduce a un prudente escepticismo a cerca de los honorables propósitos que animan a los fundadores de esa constelación de religiones o de sectas. No hay tantos dioses para tantas iglesias. Puede uno decir como Protágoras en el siglo V antes de nuestra de era que: “Sobre los dioses, no tengo medio de saber si existen o no existen, ni qué aspecto tienen. Muchas cosas me impiden saberlo. Entre otras, el hecho de que nunca nadie los haya visto”. ¿Debe el Estado colombiano, a través del Ministerio del Interior, seguir autorizando indefinidamente la creación y montaje de más igle-

ue Enriq Pablo a Cortés anc Salam

sias, o como se las denomine, con el fementido pretexto de la libertad religiosa? En nombre de esa libertad el Estado no puede admitir que se esquilme al ingenuo ciudadano o se erosione su libertad o se le destruya su vida social o familiar. Guías espirituales, pastores o líderes de sectas religiosas, prevalidos de su “autoridad espiritual” buscan dominar la voluntad del individuo, manipularlo, penetrar y controlar su entorno familiar o social, al punto de generarle una dependencia total. Pepe Rodríguez, en su libro Adicción a las Sectas, sobre la dinámica de las mismas expresa que muchas sectas terminan por: “… exigir una adhesión total al grupo y obligar, bajo presión sicológica, a distanciarse de todas o parte de las relaciones sociales y lazos afectivos, padres, pareja, amigos… y/o de las actividades, trabajo estudios, ocio, etc., anteriores al ingreso en la secta. Cuando cualquier relación personal deviene critica contra el grupo, el distanciamiento inicial suele acabar en ruptura absoluta”. Y sigue: “……La palabra de los dirigentes es dogma de fe. Los líderes intervienen hasta en los detalles más íntimos y personales de sus adeptos y exigen que sus órdenes

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sean ejecutadas sin la menor crítica…..”. Personas reducidas a esa peligrosa condición son vulnerables y las autoridades están en el deber de protegerlas. Recientemente una emisora hizo pública una denuncia donde un pastor en Bogotá, aprovechando la confianza que inspiraba su condición de guía espiritual, logró sacarle “en calidad de préstamo” a una señora más de 100 millones de pesos que, por supuesto, no tenía la menor intención de devolvérselos. Se vio compelida a construir la prueba para hacer efectivo su derecho. Podría argumentarse que estamos frente a un delito contra el patrimonio y no, esa conducta afecta un bien tutelado por el código penal denominado delitos contra el sentimiento religioso. Así como el hurto afecta el patrimonio, el peculado por apropiación es, si se quiere, otra modalidad de hurto, no obstante este se subsume en la categoría de delitos contra la administración pública, ya que es ese supremo bien el que se afecta.

¿Diezmos acá y bienaventuranzas en el más allá?

En la Fiscalía cursan investigaciones asociadas con el aprovechamiento indebido del culto o la fe religiosas. Pero, ¿qué juez, con grado de certeza, puede predicar que se configura una estafa, cuando un pastor ofrece bienaventuranzas en el más allá a cambio de millonarias dádivas o diezmos en el más acá?. ¿Cómo se prueba que fue engañada la persona cuando entregó su trabajo, su libertad o su patrimonio a cambio de un mejor destino en la otra vida? Bien difícil. En Colombia aconsejan que es más lucrativo montar una iglesia que ponerse a trabajar

o crear empresa. Y va uno a ver y es cierto. Cualquiera se sorprende cuando se encuentra frente a descomunales instalaciones que agrupan a miles de incautos donde se imparte “el culto”. Crecen en forma vertiginosa hasta transformarse en verdaderas empresas que aplican tecnología de punta, como datáfonos, para captar los diezmos. Dominan medios de comunicación e inmensas inversiones en finca raíz y otros activos. Y las autoridades y el Congreso ahí, impasibles, como si esa situación no importara nada. Con esa idea se presentó un proyecto de ley que sancionaba con pena de prisión y extinción de dominio de bienes de los pastores o guías religiosos quienes constriñendo al individuo, mediante la manipulación de su sentimiento religioso, le destruyeran su vida familiar, su libertad y se aprovecharan de su patrimonio. El proyecto lamentablemente, fue desaprobado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Lo grave es que esta neoesclavitud y control estricto y manejo de la voluntad de la persona se ejerce ante la contemplación pasiva del Estado que sordo, mudo y caprichoso prefiere soslayar semejante maremagnum. Mientras tanto, inexorablemente, cada fin de semana las arcas de pastores y líderes religiosos siguen aumentado su voluminosa riqueza y poder.

“En Colombia aconsejan que es más lucrativo montar una iglesia que ponerse a trabajar o crear empresa”.

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Personaje

Alberto Hernán Rojas

El hombre de la etiqueta, el dossier y el protocolo Oficina de Información y Prensa: SENCAR (Servicio de Noticias de la Cámara de Representantes)

l protocolo, más que un requisito insustituible y obligado, es casi que un “rito ceremonial” en toda relación o actividad del hombre y en el manejo que la sociedad, las instituciones públicas y privadas y las naciones, con sus gobernantes a la cabeza, den al quehacer del día a día y al entorno en el que se desenvuelven. Sin embargo, hay quienes piensan que el protocolo es algo que concierne única y exclusivamente a los diplomáticos y por esa razón, lo consideran cosa lejana y por lo tanto, ajeno a la vida diaria. Otros creen que es aparecer en las páginas sociales. Qué equivocados están. Pero, qué ignorantes “son, somos y serán” quienes opinen así. El protocolo es una ciencia jurídica basada en las Constitucio-

nes de los Estados. Es también un arte que promueve, fomenta y optimiza las relaciones interpersonales, institucionales, nacionales e internacionales. Para lograr, o bien, o alcanzar todas estas metas, hay que ser, por lo menos y como se dice coloquialmente, un “mago”, pero no de aquellos de sombrero alón y capa negra que aparecen o desaparecen objetos, personas o animales. No, un mago de la sobriedad, la compostura, los buenos modales y por qué no, la mesa exquisita y el rico champán. Y si de ese tipo de magos hablamos, no tenemos que ir muy lejos para saber de él. En la Cámara de Representantes trabajó, casi dos décadas, uno de los veteranos de esta ciencia, arte o como se le quiera llamar. Su nombre, reconocido en todo Bogotá

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y sus alrededores, es Alberto Hernán Rojas Alfonso. Quién duda de sus calidades y sus condiciones de hombre probo, calculador, juicioso y de recto accionar. Nacido en Bogotá, estudió, como todos los jóvenes de su edad por aquel entonces, los años son lo de menos, en los colegios tradicionales de la ciudad, y ya en su época de precoz académico, se graduó como abogado de la Universidad la Gran Colombia. Como buen admirador de la política nacional y el acontecer del país, se especializó en Derecho Parlamentario, carrera que complementó su formación profesional y lo lanzó al estrellato, convirtiéndolo en una especie “símbolo” de las buenas costumbres en todos los pasillos, salones y rincones del Congreso de Colombia. Sin ser “lagarto”, como sí hay muchos por ahí, se mueve entre las altas esferas, atendiendo jefes de estado, embajadores, misiones diplomáticas, ministros, parlamentarios, en fin, nunca está en el lugar equivocado. Sin embargo, esa cotidianidad no lo inhibe para darle la mano al “ingeniero de los zapatos”, las “arquitectas del aseo”, el policía, el portero, pero también para sacarle el cuerpo a los “camaleones”, “dragones”, “batracios” y especies similares.

Estudioso y dedicado

Alberto Hernán Rojas ha sido un hombre sin complicaciones, echado pa’lante, como se dice; ambicioso, vertical en sus posiciones y coherente con los retos que se ha impuesto en la vida. Inquieto y estudioso por naturaleza, tiene en su haber, diplomados, seminarios, foros, paneles, conferencias sobre la estructura del Estado, politología, liderazgo, sociología, historia, periodismo, derecho internacional y turismo. Al Congreso de la República le ha servido como funcionario desde la oficina de protocolo de Cámara de Representantes, en calidad de asistente, asesor. Y en 10 oportunidades, como jefe encargado de esta misma dependencia. Antes de ingresar en el servicio del Parlamento Colombiano se desempeñó como guía bilingüe nacional e internacional, vinculado a importantes agencias de viajes como: Aviatur, Tierra, Mar y Aire; Gran Turismo Blanco Travel Service, Chibchatur, y All Colombia Travel Service.

En su carrera profesional ejerció el periodismo en Radio Total, del grupo de William Vinasco, y en medios escritos. Es socio de la Asociación Colombiana de Locutores, miembro de número de Sooguiatur, sociedad Colombiana de Guías de Turismo. También fue presidente de la Cooperativa de Guías de Turismo de Bogotá, asesor jurídico de la Alcaldía Local de Santafé y abogado litigante durante dos años. Es un hombre de principios y seguidor del ideario conservador, partido en el que el propio Alberto Rojas, “prima la libertad y el orden”. Se destaca por su alto sentido de pertenencia e infinito amor por Colombia, estudioso de los temas nacionales e internacionales y es considerado dentro del Estado como una autoridad en el protocolo oficial. Ha recibido entre otras exaltaciones varias mociones de reconocimiento de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, un distintivo de la Embajada de Venezuela, y las condecoraciones Cruz Comendador de la Alcaldía Local de Santafé, y la Gran Cruz de San Miguel, Grupo Nacional de Materiales Peligrosos de Colombia del Cuerpo de Bomberos. Alberto Hernán Rojas, respetuoso, como siempre, del protocolo, se retiró; mejor, se pensionó, sin hacer alarde de su nueva condición o de estar a la espera de reconocimientos inmerecidos, que como afirma no los merece, para dedicarse a disfrutar de su familia y de todas aquellas cosas que no pudo disfrutar durante su vida profesional. Buen viento y buena mar en esta travesía que inicia por los caminos de Colombia.

Alberto Rojas Alfonso es un hombre de principios y seguidor del ideario conservador, partido en el que, según él, “prima la libertad y el orden”.

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Capitolio Nacional, Patio Núñez

Para los buenos momentos, gratitud. Para los malos, mucha esperanza. Para cada día, una ilusión. Y siempre, siempre, felicidad.

CÁMARA DE REPRESENTANTES

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

, les desea feliz navidad 2010 y próspero año nuevo 2011.