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2.1.7 Gobernanza urbana
comparte los riesgos y las recompensas de los proyectos de regeneración urbana con el sector privado. Para que tales proyectos sean efectivos, los detalles de la asociación deben estar perfectamente establecidos y el marco institucional y organizacional debe decidirse de antemano. Estas APP pueden estructurarse en forma de concesiones (contractuales), empresas conjuntas de ingresos mixtos (institucionalizadas) o pueden caer entre los dos modelos. Las concesiones se han utilizado principalmente en proyectos con ingresos por tarifas de usuario y métricas fáciles de medir, y su uso potencial en grandes proyectos de regeneración urbana debe explorarse más a fondo. Las empresas conjuntas son plataformas de cooperación entre el gobierno y una o más partes privadas en el desarrollo y mantenimiento o ejecución del proyecto (Bult-Spiering y Dewulf, 2006). Las empresas conjuntas se crean a través de diversas estructuras institucionales y legales, tales como sociedades, sociedades limitadas, limitadas privadas o anónimas públicas. Las empresas conjuntas pueden incorporarse, en cuyo caso generalmente se crea un vehículo de propósito especial (SPV) que está libre de obligaciones y deudas preexistentes y es responsable por sí mismo. A diferencia del modelo de concesión, donde los riesgos y las recompensas se transfieren al sector privado, en las empresas conjuntas, los sectores público y privado comparten riesgos y recompensas. En los casos en que el socio dominante en una APP de empresa conjunta es el sector público, la empresa conjunta actúa como una empresa contratante. Todo contrato con un tercero se somete a las normas de contratación pública. Si los dos sectores tienen partes iguales en la asociación, es esencial determinar cuánto control tiene el sector público sobre el proceso de toma de decisiones (Bult-Spiering y Dewulf, 2006). La Figura 23 muestra Kop van Zuid en Rotterdam, Países Bajos, que se desarrolló utilizando un innovador esquema de APP en terrenos portuarios abandonados.
La gobernanza urbana se refiere al proceso mediante el cual los gobiernos nacionales, subnacionales y locales y las partes interesadas deciden colectivamente cómo planificar, financiar y gestionar las áreas urbanas. El concepto de gobernanza reconoce que el poder existe dentro y fuera de las autoridades formales e instituciones de gobierno, y que las decisiones se toman con base en las relaciones complejas entre muchos actores con diferentes prioridades. La gobernanza urbana también se refiere a las estructuras y procesos que están diseñados para garantizar la rendición de cuentas, la transparencia, la receptividad, el Estado de derecho, la estabilidad, la equidad y la inclusión, el empoderamiento y la participación de base amplia.
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Al reconocer las complejidades de la gobernanza urbana, la Nueva Agenda Urbana reconoce y aboga por un enfoque multinivel. Pide una mayor coordinación y cooperación entre los gobiernos nacionales, subnacionales y locales, incluso a través de mecanismos de consulta multinivel y mediante una definición clara de mandatos; coherencia entre los objetivos y medidas de las políticas sectoriales en los diferentes niveles de la administración; y una gobernanza metropolitana sólida basada en territorios funcionales en lugar de fronteras administrativas - NAU 90. La Nueva Agenda Urbana también hace hincapié en la participación de todos los residentes urbanos en la gobernanza urbana al alentar la colaboración entre los gobiernos locales, las comunidades, la sociedad civil y el sector privado en infraestructura y servicios básicos, provisión, políticas urbanas y territoriales y procesos de planificación - NAU 92.
En la Nueva Agenda Urbana, los gobiernos nacionales también tienen la función de proporcionar a los gobiernos subnacionales y locales “recursos adecuados, oportunos y predecibles y mejorar su capacidad para recaudar ingresos y gestionar los gastos” - NAU 135. La Nueva Agenda Urbana también contiene un compromiso expreso de los Estados Miembros para adoptar “un enfoque de ciudad inteligente que aproveche las oportunidades de la digitalización, la energía y las tecnologías limpias, así como las tecnologías de transporte innovadoras, brindando así opciones para que los habitantes tomen decisiones más respetuosas con el medio ambiente, impulsen el crecimiento económico sostenible y permitan a las ciudades mejorar su prestación de servicios” - NAU 66. También identifica varios usos de la tecnología y los datos para una mejor gobernanza urbana y la prestación de servicios, incluida una mejor planificación y diseño urbanos - NAU 94, movilidad urbana sostenible - NAU 114, protección del patrimonio cultural - NAU 125, consumo de energía sostenible - NAU 121, y facilitar la participación y el flujo de información en a los residentes urbanos - NAU 156. La Nueva Agenda Urbana también pide la creación, promoción y mejora de plataformas de datos