Claves de la economía española: retos y oportunidades

Günther H. OETTINGER

La idea conceptual de la Economía Social de Mercado – Un modelo de futuro para España y Europa

Elvira RODRÍGUEZ

Claves de la economía española. Retos y oportunidades

La situación económica española

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Joan ROSELL

La reforma laboral. Un nuevo modelo productivo

Iván MARTÉN

Implicaciones económicas del modelo energético actual

Javier ANDRÉS; Rafael DOMENECH Los Retos de la Economía Española

Alfredo DAGNINO

La reforma del sistema bancario

Domingo SAN FELIPE

Comercio intraeuropeo. El caso franco-español

Noël PONS

Corrupción, modo de empleo

Henri LACHMANN

¿Como frenar la desindustralización?

Oscar ÁLVAREZ

El perfil de la diplomacia económica en España

Nils GOLDSCHMIDT

Günter H. OETTINGER

Claves de la economía española

Joan ROSELL

Retos y oportunidades

Elvira RODRÍGUEZ

El futuro de la Economía Social de Mercado en un mundo globalizado

EN COLABORACIÓN CON

Santiago GARCÍA

Desarrollando un modelo de economía social de mercado en España

José Manuel GARCÍA-MARGALLO

Una visión de Europa desde la recuperación de España 20 euros

José Manuel GARCÍAMARGALLO

Choiseul

DIRECTOR DE LA PUBLICACIÓN Eduardo OLIER

RESPONSABLE EDITORIAL Alberto MARTÍN DE LA TORRE

COORDINACIÓN Diana RUIZ TRUQUE

COMITÉ EDITORIAL Óscar ÁLVAREZ, Carlos CORTÉS, Rosa GARCÍA, Edoardo GHIGNONE, Julio LAGE, Didier LUCAS, Ignacio NÚÑEZ, Ramón REYES, Antonio RODRÍGUEZ DE LUCIO

COMITÉ CIENTÍFICO Nicolás BAVEREZ, Antonio CAMUÑAS, Leandro CAÑIBANO, Pascal CHAIGNEAU, François CORNUTGENTILLE, Ana DE PALACIO, Alfredo DAGNINO, Pablo GONZÁLEZPOLA DE LA GRANJA, José Luis GONZÁLEZ QUIRÓS, Juan IRANZO, Pascual MONTAÑÉS, Ferrán MONTESA, Ignacio PARA, María Jesús PRIETOLAFARGUE, Fernando RAYÓN, Jaime REQUEIJO, Serge SUR, Juan TORRES PIÑÓN, Jesús TRILLOFIGUEROA, Juan VELARDE, Henning WEGENER

SECRETARIA EDITORIAL Laurie LEBLANC

Abril • Mayo 2014

Editorial

Thomas STEHLING; Eduardo OLIER

I. Introducción La idea conceptual de la Economía Social de Mercado – Un modelo de futuro para España y Europa

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Günther H. OETTINGER

II. Contexto actual

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La situación económica española

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La reforma laboral. Un nuevo modelo productivo

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Implicaciones económicas del modelo energético actual

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Elvira RODRÍGUEZ

Joan ROSELL

Iván MARTÉN

III. Retos y oportunidades

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Los Retos de la Economía Española

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La reforma del sistema bancario

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Comercio intraeuropeo. El caso franco-español

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Javier ANDRÉS; Rafael DOMENECH Alfredo DAGNINO

Domingo SAN FELIPE

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Corrupción, modo de empleo

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¿Cómo frenar la desindustralización?

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El perfil de la diplomacia económica en España

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Noël PONS

Henri LACHMANN Oscar ÁLVAREZ

IV. El modelo de Economía Social de Mercado El futuro de la Economía Social de Mercado en un mundo globalizado Nils GOLDSCHMIDT

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Desarrollando un modelo de economía social de mercado en España Santiago GARCÍA

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V. Visión de futuro Una visión de Europa desde la recuperación de España José Manuel GARCÍA-MARGALLO

Geoeconomía© es la edición en español de la revista francesa Géoéconomie©. Creada en 1997, está dirigida desde entonces por Pascal Lorot, presidente del Institut Choiseul (París).

Thomas STEHLING

Director de la Fundación Konrad Adenauer para España y Portugal

Eduardo OLIER

Presidente, Instituto Choiseul España; Vicepresidente, Institut Choiseul (París)

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l presente número de la serie Geoeconomía que el lector tiene en sus manos es el resultado de una colaboración entre la Fundación Konrad Adenauer y el Instituto Choiseul España. Un trabajo sobre el futuro de la economía española y europea, en el marco de un nuevo escenario a la salida de la crisis financiera que arrancó en 2008.

Para este trabajo se ha contado con la inapreciable colaboración de relevantes personalidades, todas ellas de reconocido prestigio en su campo de actuación. Adicionalmente, por ser, quizás, Alemania, el único país de la Unión Europea que ha sorteado con evidente éxito los problemas económicos derivados de la crisis, nos ha parecido oportuno resaltar el modelo económico que sustenta la economía alemana. Un modelo poco conocido, por otra parte, que no es el fruto de una solución ante la crisis económica particular que hemos sufrido en muchos países occidentales, sino que se viene aplicando con constancia desde hace ya muchos años. De manera que el “milagro alemán” como se suele decir, no es ningún suceso extraordinario, sino la constante aplicación en el tiempo de una forma de hacer política económica en la que todos suman. Se trata de la denominada Economía Social de Mercado, una manera de desarrollar la política

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económica mirando a la realidad y a las necesidades de las personas. Si bien, como anota el actual Comisario de Energía de la Unión Europea, Günther H. Oettinger, en su artículo que sirve de entrada al presente libro: la Economía social de Mercado no puede sin más trasladarse de un país a otro sin entrar en un análisis más profundo y sin interiorizar y adaptar este modelo a la realidad de cada uno.

Dado que este trabajo se ha realizado en España, se dedican tres artículos a evaluar la realidad de la situación española. Elvira Rodríguez, actual presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pone en perspectiva dicha situación, haciendo hincapié en el relevante hecho según el cual España, entre 2000 y 2007, incrementó la deuda de las sociedades no financieras, debido a la caída de los tipos de interés, del 60 por ciento al 130 por ciento según su peso en el PIB. Lo que se ha conseguido frenar gracias a las medidas tomadas a partir de 2011, especialmente las diferentes reformas estructurales que, como se comprueba fehacientemente, empiezan a dar sus frutos.

De manera que, no sólo los mercados o las instituciones económicas internacionales europeas, sino la clase empresarial, hablan de un nuevo escenario post-crisis. Al igual que lo hace el presidente de la CEOE, cuyo artículo, en estas páginas, reconoce los efectos positivos de la reforma laboral emprendida; aunque apunta aún la necesidad de estimular la contratación con contratos temporales o contratos de formación, muy en la línea del modelo alemán. A lo que añade la necesidad de avanzar en los mecanismos de flexibilidad interna, la necesidad de dar más claridad al marco jurídico de los despidos colectivos para evitar la excesiva judicialización de los mismos, y acercar la negociación colectiva a las necesidades reales de las empresas. Finalmente, por la relevancia que tiene la energía en el contexto global de la economía, cierra este apartado Iván Martén, reconocido internacionalmente como experto en la materia. De su contribución, se pueden sacar, entre otras, las siguientes conclusiones: el aumento esperado de la demanda energética global; el constante peso de los hidrocarburos en el mix energético; el nuevo papel del gas pizarra, etc. Todo lo cual augura un nuevo panorama energético mundial.

¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Retos y oportunidades se muestran con la contribución de seis grandes personalidades del mundo económico. Comenzado con un profundo trabajo elaborado por Javier de Andrés y Rafael Domenech que desarrollan un extenso artículo lleno de argumentos y gráficos explicativos de la situación de la economía española. Un reconocido jurista, Alfredo Dagnino, expone los problemas y modificaciones normativas del sistema bancario en España y Europa, lo que constituye uno de los elementos esenciales de la recuperación económica y su evolución futura, ya que el sistema financiero, origen, de alguna manera, de la crisis, tiene que convertirse en parte de su solución. Crisis que, por otra parte, ha tenido a la corrupción como una de sus más claras manifestaciones. Un artículo de Nöel Pons, experto reconocido, pone en perspectiva este malhadado asunto. A lo que se añade el problema de la desindustrialización en muchos países europeos, donde Francia o España pueden ser claros exponentes de este capítulo. El antiguo presidente del gran conglomerado industrial Schneider Electric, Henri Lachmann, da su visión del caso francés y lo compara con la situación en Alemania. De nuevo, aparece la política industrial alemana como una de las piezas clave de su éxito económico actual, donde los trabajos especializados y la prestación laboral en prácticas, con una alianza efectiva entre empresas y Universidades, hace de este modelo un ejemplo a seguir. Para finalizar, Óscar Álvarez, Vicepresidente del Instituto Choiseul, añade la necesaria visión de la diplomacia económica como medio para mejor competir en la economía global.

Con estos preámbulos, el libro entra de lleno en la Economía Social de Mercado a fin de dar una visión completa. Dos catedráticos, Nils Goldschmidt y Santiago García, exponen con claridad y profundidad este modelo económico.

Finalmente, cerramos el libro con la contribución de José Manuel García-Margallo y Marfil, actual ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España. Su contribución: Una visión de Europa desde la recuperación de España, no puede ser más oportuna.

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Estamos seguros de que el esfuerzo de las dos instituciones que han impulsado este proyecto, la Fundaci贸n Konrad Adenauer y el Instituto Choiseul, ha valido la pena.

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I. Introducci贸n

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Günther H. OETTINGER

La idea conceptual de la Economía Social de Mercado – Un modelo de futuro para España y Europa Comisario de Energía, Comisión Europea.

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l término de la Economía Social de Mercado está ligado inseparablemente al resurgir económico de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, muchas veces también denominado como el “Milagro Económico Alemán”. Pero también es sinónimo de una relativa paz social de la que ha disfrutado la República Federal de Alemania desde su fundación y que, a la vista de los grandes retos políticos, sociales y económicos, nunca se ha visto mermada a lo largo de las últimas décadas. Que la Economía Social de Mercado también se observe con interés desde fuera de Alemania no sorprende en absoluto, dado su éxito. Que incluso los comunistas chinos intenten encontrar en esta idea conceptual puntos de partida para el futuro desarrollo su propio sistema económico, aún teniendo en cuenta las diferencias culturales, parece ser una forma improbable, pero igualmente deseable de transferencia de conocimientos y experiencias1. | Günther H. OETTINGER |

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Al mismo tiempo, ni siquiera en Europa la idea conceptual de la Economía Social de Mercado puede trasladarse directamente sin más de un país a otro, pues para ser factible es necesaria una apropiación y adaptación a situaciones de partida diferentes. El artículo 3 párrafo 3 del Tratado de Lisboa marca como objetivo “una Economía Social de Mercado con un elevado nivel de competitividad”. De esta forma, la Economía Social de Mercado ocupa un lugar destacado entre los objetivos que se ha marcado la Unión Europea. Pero sigue siendo una pregunta muy abierta y sin respuesta lo que esto significa en la práctica y en qué medida los ciudadanos europeos tienen conocimiento de ello. Desde hace mucho tiempo, la Fundación Konrad Adenauer se dedica de forma loable al diálogo fructífero sobre este tema tanto en el ámbito europeo como en el ámbito internacional.

Los resultados presentados por la investigación científica, que nutren el debate sobre los actuales temas centrales de la política económica, financiera y energética española y europea a la luz de la idea conceptual de la Economía Social de Mercado, constituyen, por tanto, una contribución valiosa a un debate específicamente europeo. Si bien es cierto que dicho debate tiene lugar entre algunos círculos interesados en el ámbito europeo, incluso al margen de la Fundación Adenauer2, éste no entra apenas en cuestiones de una realización política concreta de la idea. Precisamente por ello son muy valiosas las reflexiones presentadas aquí para impulsar el debate sobre la importancia que la Economía Social de Mercado puede tener para España y Europa.

1. Diario “Die Welt”, 26 de febrero de 2007. “De cómo China quiere aprender de Bismarck” [Wie China von Bismarck lernen will]. Consultado el 24 de febrero de 2014 bajo el enlace http://www.welt.de/wirtschaft/article734073/Wie-China-von-Bismarck-lernen-will.html 2. En 2012, la Conferencia Episcopal Europea publicó un documento sobre el papel de la Economía Social de Mercado en el Tratado de Lisboa: Comisión de la Conferencia Episcopal Europea: Una comunidad europea de solidaridad y responsabilidad. Declaración de los obispos de la COMECE sobre el objetivo del tratado de una Economía Social de Mercado competitiva. Bruselas 2011. Consultado el 24 de febrero de 2014 bajo el enlace http://www. comece.eu/europeinfos/article_detail.siteswift?so=site_article_detail&do=site_article_de tail&c=download&d=article%3A4633%3A3

El breve resumen de la Economía Social de Mercado, con el que comienza este libro y que parte de la perspectiva alemana, podría ser de utilidad para el lector, no porque a lo largo de los años esta idea conceptual muchas veces se ha relacionado con el mito del milagro económico alemán, cuya consecuencia es que para muchos este mito dificulta un análisis preciso de lo que realmente significa la Economía Social de Mercado. Al entrar en un análisis más profundo, por una parte se entiende que en el milagro económico alemán en absoluto se trataba de un milagro propiamente dicho. Pero al mismo tiempo quedará claro por qué se veía como un milagro el éxito fulgurante de una concepción de economía de mercado en el contexto histórico concreto. Ello es porque el éxito que Ludwig Erhard logró en 1948 en Alemania Occidental para la idea de la Economía Social de Mercado consistía en que –en contra de muchos temores, incluso por parte de la entonces potencia de ocupación estadounidense– el experimento de economía de mercado en poco tiempo demostró que funcionaba y tenía éxito. Entonces, Erhard se movía en un contexto en el que gran parte del espectro político tenía mejor imagen de la economía planificada que de la economía de mercado. A pesar de un escepticismo muy extendido, finalmente y con el apoyo de los estadounidenses, logró acabar con la regulación de precios y llevó a cabo la reforma monetaria. De esta forma eliminó de un plumazo todos los falsos incentivos relacionados con el exceso de dinero, los controles ejercidos por los precios y el racionamiento. Se restableció el valor del dinero. La oferta y la demanda volvían a determinar los precios. Los escaparates volvieron a llenarse de un día para otro. Los precios mantenidos bajos artificialmente y el dinero sin valor ya no impidieron a los comerciantes ofrecer sus mercancías. La demostración había sido convincente. Fue el pistoletazo de salida de una historia de éxito, que después de las dificultades iniciales –sobre todo a principios de los años de 1950– continuó hasta muy entrados los años de 1960, con altas tasas de crecimiento y pleno empleo.

Por supuesto, había muchas razones para la durabilidad de dicho éxito, entre otras destacaban la disponibilidad inicial de un gran núme| Günther H. OETTINGER |

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ro de mano de obra, la fuerte demanda de bienes de inversión durante la reconstrucción, el logro sucesivo de la convertibilidad de las monedas europeas, así como la eliminación paulatina de barreras comerciales dentro de Europa y en el mundo por medio de organismos como la OECE, la CEE y el GATT. Pero dentro de Alemania también tenían gran importancia las regulaciones establecidas en materia de política de orden en el contexto de la Economía Social de Mercado, que estuvieron marcadas decisivamente por Alfred Müller-Armack –el inventor del concepto de la Economía Social de Mercado– cuando era secretario de estado del entonces Ministro Federal de Economía, Ludwig Erhard: El compromiso de establecer la economía de mercado como estructura de soporte del orden económico; el compromiso de establecer una economía de mercado dirigida y controlada a conciencia en su aspecto social; un marco de ordenación estable y regulado por el estado; una fuerte política de competitividad; estabilidad de precios y moneda; reconocimiento de la necesidad de la intervención estatal, pero que siempre debía estar en concordancia con el mercado; para nombrar sólo los aspectos más importantes. En cierta manera, dichos principios forman el núcleo invariable del concepto de la Economía Social de Mercado. Es decir, en la medida en que se trata de la aplicación práctica de la idea conceptual para adaptarla a la situación existente en otros países, el núcleo conceptual que define la política de orden, constituye un primer punto de partida para saber exactamente dónde puede y debe comenzar dicha política de orden si se quiere recurrir de forma creíble a la concepción de la Economía Social de Mercado.

Un segundo punto de partida para conectar con esta concepción, algo menos concreto, pero no por ello menos importante, consiste en lo que se podría denominar el revestimiento científico-filosófico de la idea conceptual, que se alimenta de algunas fuentes que en cierta medida son bastante diferentes. Entre ellas se encuentra, sobre todo, el ordoliberalismo de la Escuela de Friburgo, estrechamente relacionado con el nombre de Walter Eucken. Pero también la Teoría Social Cristiana y la Ética Social Luterana jugaban un papel importante en la imagen del hombre que fundamenta la Economía Social de Mercado,

especialmente en lo que se refiere a la cuestión del balance entre el principio de la subsidiariedad y el principio de la autorresponsabilidad, por un lado, y la solidaridad por el otro lado. Sin embargo, desde el punto de vista de las Iglesias, el enfoque del ordoliberalismo es claramente diferente. Tampoco se da una congruencia plena entre el ordoliberalismo de Eucken y la Economía Social de Mercado de MüllerArmack. Mientras que el ordoliberalismo parte de la base de que, en el fondo, una sólida política económica hace innecesaria una política social independiente, la idea de partida de Müller-Armack resulta ser mucho más pragmática y abierta, y deja espacio para una política social independiente, así como para las adaptaciones de su idea conceptual a través de los tiempos.

Es, precisamente, la mencionada falta de concreción y el carácter abierto de la idea más allá de su núcleo conceptual lo que ha contribuido a la aceptación política en Alemania, de modo que hoy en día la mayoría de los partidos políticos usa este concepto con una connotación claramente positiva, aunque cada uno pueda poner la atención en puntos diferentes. En relación con la Economía Social de Mercado, Alfred Müller-Armack había hablado de “Irénica social”, lo que quiere decir que el concepto puede tener un efecto mediador y contribuir a la paz social3. Este hecho quedó confirmado en Alemania especialmente por la relación relativamente armoniosa de los agentes sociales entre si y ha contribuido decisivamente a una competitividad internacional duradera del país y su atractivo para los inversores. Es, precisamente, esta calidad de la Economía Social de Mercado y su estrecha vinculación con los valores fundamentales europeos lo que la hace atractiva como idea conceptual para los países de Europa, pero también para la Unión Europea como tal.

Pero también queda claro que los puntos de partida de la Economía Social de Mercado tampoco pueden trasladarse dentro de Europa y de 3. Fundación Konrad Adenauer: La Economía Social de Mercado. Garante de éxito económico y estabilidad social. Palabra clave. Irénica Social. [Soziale Marktwirtschaft.

Garant für wirtschaftlichen Erfolg und soziale Stabilität. Stichwort. Sozial Irenik].

Consultado el 24 de febrero de 2014 bajo el enlace http://www.kas.de/wf/de/71.10270.

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un país a otro sin entrar en un análisis más profundo y sin interiorizar y adaptar la concepción a conciencia. En la búsqueda de soluciones para sus retos específicos, especialmente a consecuencia de la crisis, y en la interacción con los socios europeos, España, lógicamente, tiene que ir su propio camino. En este punto, la finalización exitosa de la Reforma del Mercado Financiero es una muestra de autorresponsabilidad, decisión y disciplina. Por otra parte, la Economía Social de Mercado se nutre de principios como la Teoría Social Cristiana y la Ética Social Luterana, que en Europa no están limitadas por las fronteras nacionales. En primer lugar, al orientarse por los principios de la Economía Social de Mercado su valor práctico reside, sobre todo, en el objetivo de alcanzar mayores consensos sociales y políticos a través de todo el espectro político en lo que se refiere a los objetivos y los recursos de la política económica. La clara vinculación de la política a una determinada imagen del hombre, un canon de valores y una clara orientación por objetivos pueden incrementar la aceptación de las decisiones políticas y facilitar considerablemente su transmisión y realización, por ejemplo por medio de la interacción entre los agentes sociales. Por esta razón, se trata de conseguir un buen equilibrio entre los principios de la autorresponsabilidad, la subsidiariedad –una concepción que ya está bien asentada en el derecho primario europeo– y la solidaridad en todos los niveles decisorios estatales y los procesos sociales. Por supuesto, al mismo tiempo se tiene que partir de las estructuras que históricamente se han ido formando en cada país. En Alemania, por ejemplo, la estructura federal formada a través de largos períodos históricos, es un punto de partida natural de la configuración práctica de la política de estado en materia de subsidiariedad. Cuando las situaciones históricas son diferentes, a aplicación del mismo principio exigirá otra forma de realización práctica.

Las crisis de los últimos años y sus consecuencias sociales en forma de una elevada tasa de desempleo, sobre todo de desempleo juvenil, y la creciente pobreza también han tenido la consecuencia de que el mercado mismo haya llegado a una situación de descrédito, a pesar de que, precisamente, ha sido el hecho de no haber respetado las reglas del mercado o porque el estado ha demostrado ser incapaz

de regularlo, lo que ha provocado una evolución en la mala dirección.

El mercado como instrumento para la creación de bienestar social se ve hoy en día –y a pesar de su papel pacificador en Europa durante las últimas décadas– con más sentido crítico que hace algunos años.

Y esta tendencia podría aumentar si no se consigue reducir la tasa de desempleo extremadamente elevada en algunos países de la Unión Europea, como por ejemplo en España. Seguramente, sólo se conseguirá con grandes esfuerzos, y probablemente se tardará aún algún tiempo. Se ha hecho un buen comienzo con la decidida política de reformas del gobierno español. Los primeros éxitos de esta política ya se pueden ver claramente, como se desprende de las previsiones de crecimiento de la Comisión Europea para 2014 y 20154.

También en el mercado laboral parece haberse alcanzado un punto de inflexión. Estos éxitos se han logrado en circunstancias muy complicadas, por lo que se les debe dar mucho valor. Pero tampoco puede haber dudas de que este exigente camino de reformas aún deberá seguir adelante durante mucho tiempo. Ello será tanto más fácil cuantas más personas puedan ver los efectos sociales positivos de las reformas y puedan percibir conscientemente la orientación concreta de una política guiada por los principios de la Economía Social de Mercado. A la vista de la magnitud del reto, la solidaridad en el ámbito nacional y europeo tiene que ocupar un lugar destacado. Como ejemplo de esta solidaridad quiero mencionar, sobre todo, la Garantía Juvenil, a la que en el ámbito de la Unión Europea se han destinado 6.000 millones de euros para luchar contra el desempleo juvenil en 20 estados miembros. España recibirá una gran parte de estos fondos, destinados a contribuir a una lucha contra el desempleo juvenil a largo plazo mediante reformas estructurales.

En mi opinión, en el ámbito de la Unión Europea el comportamiento legislativo y regulatorio de la Comisión Europea, así como los posicionamientos del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo muestran una clara orientación por los principios de la Economía Social de Mer4. Comisión Europea: European Economic Forecast. Winter 2014, pp. 64-65. Consultado el 26 de febrero de 2014 bajo el enlace http://ec.europa.eu/economy finance/publications/ european_economy/2014/pdf/ee2_en.pdf

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cado, aunque es menos frecuente que se haga una referencia explícita a ellos. Hoy en día, y a pesar de todos los debates en el contexto de la crisis, en la Unión Europea no existe un disenso significativo sobre la cuestión de si la economía de mercado es y debería ser la estructura de soporte de nuestro orden económico y que deba ser dirigida en materia social. Básicamente, la fuerte política europea de competitividad tiene un alto grado de aceptación. No se pone en duda la necesidad de intervenciones estatales cuando fracasa el mercado, pero tampoco se cuestiona la máxima de que, en lo posible, tales intervenciones no deben poner barreras al mercado. Solamente respecto de la cuestión de la estabilidad de precios y monedas –que en una unión monetaria es de especial importancia– se siguen percibiendo claras divergencias en el espacio político del ámbito de la Unión Europea.

Por naturaleza, los debates sobre la reforma del control de la política económica en la Unión Europea y en la Eurozona están fuertemente marcados por los intereses de las partes implicadas. En este sentido, son más bien estos intereses en los que se centra la atención pública, y menos los principios de la Economía Social de Mercado.

Pero, asimismo, entre el entramado de instituciones e instrumentos, creados durante los últimos años para prevenir los efectos de la crisis, creo reconocer partes del núcleo conceptual de la Economía Social de Mercado, que se manifiesta en forma de una coordinación de la política económica y una gestión de la crisis mediante ayudas financieras condicionadas y la introducción de una unión bancaria.

En el día a día de las negociaciones, la influencia pacificadora de estos valores básicos puede que no sea siempre visible de inmediato, pero ¿quién negará que por ejemplo la introducción del Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM) al menos haya dado una forma concreta y práctica a la relación entre la autorresponsabilidad (tanto respecto de la política pasada como la futura), la subsidiariedad y la solidaridad?

Algo parecido es aplicable a la regulación y la supervisión de los mercados financieros, reforzadas claramente desde 2009, y previsiblemente también a la unión bancaria, que desde 2012 se encuentra en la vía legislativa. Con estas medidas se protege a los consumidores, por una

parte, y se asegura la importancia de los bancos para el sistema económico. Por otra parte, en el futuro los bancos deberán responder por si mismos por sus propios riesgos y desajustes, mientras que se libera al contribuyente de tener que soportar dicha carga. Es decir, en el ámbito de la Unión Europea se vuelve a reencontrar frecuentemente el núcleo conceptual de la política de orden de la Economía Social de Mercado.

Sin embargo, en este ámbito, en el que el mismo Tratado de la Unión Europea remite a la Economía Social de Mercado, existe sólo raras veces una reflexión consciente perceptible sobre este concepto.

Un debate a conciencia sobre los valores de la Economía Social de Mercado, sus fundamentos basados en una cultura europea marcada por las influencias judeo-cristianas, su configuración ordoliberal, y el debate sobre su aplicación concreta, constituye un requisito esencial para la apropiación de esta valiosa concepción y su adaptación a las diferentes situaciones. Este discurso también es un requisito para que la idea conceptual pueda desenvolver su efecto de paz social en el sentido de lo expuesto por Müller-Armack. En mi opinión, las consideraciones expuestas aquí demuestran que en Europa ya vamos por buen camino. Pero sería exagerado afirmar que ya en el presente el núcleo conceptual íntegro de la Economía Social de Mercado estuviera formando parte de un amplio consenso. Porque el debate sólo ha comenzado en el ámbito de la Unión Europea al asentar en el Tratado de Lisboa el objetivo de una “economía social de mercado altamente competitiva”, pero aún no ha adquirido la fuerza suficiente.

Tanto más saludo las aportaciones reunidas en el presente libro como aportaciones que marcarán la dirección de este importante discurso. Que este debate se lleve con esta intensidad justamente en España es una buena señal para el futuro, no sólo ante el trasfondo de los grandes retos del futuro, sino también ante el trasfondo de los grandes logros de las reformas de los últimos años. Porque no me cabe duda alguna de que una orientación clara por los principios de la Economía Social de Mercado ayudará no sólo para superar la crisis económica, sino para asegurar de forma duradera el éxito económico y social en España y en la Unión Europea. | Günther H. OETTINGER |

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Resúmen El modelo de Economía Social de Mercado, el llamado “Milagro Alemán”, ha sido considerado como modelo a seguir, aunque no es fácilmente exportable a todos los países sin abordar un análisis profundo y sin interiorizar y adaptar la concepción a conciencia. Es precisamente el carácter abierto de la idea lo que ha contribuido a la aceptación política en Alemania, de modo que hoy en día la mayoría de los partidos políticos usa este concepto de forma positiva, aunque cada uno pueda poner la atención en puntos diferentes. Además, el comportamiento legislativo y regulatorio de la Comisión Europea, así como los posicionamientos del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo muestran una clara orientación por los principios de la Economía Social de Mercado.

Résumé

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Le modèle de l’économie sociale de marché, le soi-disant “miracle allemand”, même s’il a été considéré comme un modèle á suivre, il n’est pas exportable à tous les pays sans une analyse approfondie et sans internaliser et adapter la conception à fond. C’est précisément à cause de l’ouverture de l’idée ce qui a contribué à l’acceptation politique en Allemagne, de sorte qu’aujourd’hui, la plupart des partis politiques se sont servis positivement de ce concept, et bien que chacun peut attirer l’attention sur des différents points. En outre, le comportement législatif et réglementaire de la Commission Européenne, et les positions du Conseil Européen et le Parlement Européen montre une orientation claire aux principes de l’économie sociale de marché.

Abstract The model of the Social Market Economy, the so called “German Miracle”, has been considered an example to follow, although it is not easily exportable to all countries without first addressing a profound analysis and without consciously interiorizing and adapting its conception. The idea’s open character is precisely what has contributed to its political acceptance in Germany, thus today the majority of the political parties uses this concept positively, even if each party focuses its attention on different aspects. Also, the legislative and regulatory behavior of the European Commission, as well as the position of the European Council and the European Parliament, demonstrates a clear orientation toward the principles of the Social Market Economy.

II. Contexto actual

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Elvira RODRÍGUEZ

La situación económica española Presidente, Consejo de la CNMV. Licenciada en Ciencias Económicas y Comerciales por la Universidad Complutense de Madrid. Interventora de Hacienda. Ha sido entre otros importantes cargos: Presidenta de la Asamblea de Madrid; Consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid; Ministra de Medio Ambiente, y Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda.

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spaña sufrió entre 2008 y 2013 la crisis económica y financiera más grave de su historia reciente. El origen y la naturaleza de esta crisis no fueron novedosos, pero sí la extraordinaria magnitud de los desequilibrios acumulados durante el período de crecimiento anterior y las restricciones derivadas de la pertenencia al área monetaria del euro. A comienzos de 2014 podemos decir que la situación financiera de la economía española se ha estabilizado. Con un alto coste.

La economía española ha transitado por fases muy diferenciadas desde mediados de la década de los noventa: un primer periodo expansivo que se prolongó hasta el año 2007 caracterizado por el elevado dinamismo de la actividad y un endeudamiento creciente del sector privado. El estallido de la crisis sub-prime y la consiguiente crisis financiera mundial fueron factores que acabaron desestabilizando la situación de la economía doméstica a través, fundamentalmente, de las dificultades crecientes para la financiación exterior de la economía española.

A lo largo de la década que precedió al estallido de la crisis sub-prime, la economía española mostró un crecimiento de su actividad muy | Elvira RODRÍGUEZ |

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intenso con tasas medias de avance cercanas al 4% entre 1995 y 2006.

El modelo de crecimiento de la economía española estaba basado en el dinamismo de la demanda interna, tanto en la vertiente del consumo privado como de la inversión. En esta última tuvieron un protagonismo singular las actividades relacionadas con la construcción. Como contrapartida, la aportación del sector exterior al crecimiento de la economía era persistente y crecientemente negativa debido al elevado volumen de importaciones necesarias para satisfacer la demanda interna. Un modelo, en definitiva, en el que la tasa de inversión de la economía era sensiblemente superior a su tasa de ahorro y en el que, por tanto, se dependía fatalmente de la financiación exterior.

Así lo ponen de manifiesto los abultados déficit por cuenta corriente: Las necesidades de financiación de la economía española, que eran apenas del 2% del PIB en el año 1999, se incrementaron hasta niveles superiores al 10% del PIB a finales de 2007.

El crecimiento de la demanda interna de la economía española tuvo un catalizador excepcional durante aquellos años en la reducción de los tipos de interés. La incorporación de España a la Unión Monetaria dio lugar a una caída sustancial de los tipos de interés de la economía.

Se trataba de un cambio que, además, tenía carácter estructural. Los niveles de los tipos de interés, en mínimos en términos históricos

Figura 1. Crecimiento del PIB (%variación anual) Gráfico 1.

Thomson Datastream.

de las últimas décadas, junto con la predisposición de las entidades financieras a ofrecer crédito posibilitaron un patrón de crecimiento sustentado por el recurso al endeudamiento.

Una parte sustancial del crédito bancario, que se incrementó progresivamente hasta llegar a alcanzar tasas de crecimiento anual cercanas al 30% a mediados de 2006, financiaba actividades relacionadas con el sector inmobiliario. Esta financiación llegaba tanto a las sociedades constructoras e inmobiliarias como a los hogares que decidían adquirir una vivienda y lo hacía, frecuentemente, con condiciones sumamente laxas. Con este trasfondo, los precios de la vivienda se desbocaron: desde mediados de la década de los noventa hasta mediados de 2007, los precios del sector inmobiliario se multiplicaron por tres en términos nominales (por 2,2 en términos reales), lo que hizo posible un mayor endeudamiento del sector privado de la economía.

A su vez, entre 2000 y 2007 la deuda de las sociedades no financieras se incrementó desde niveles cercanos al 60% del PIB hasta el 130% del PIB y la deuda de los hogares aumentó desde el 65% de su renta disponible hasta el 130%.

La intensidad del crecimiento del PIB, impulsado por el favorable entorno monetario y por la liberalización de la economía a lo largo Tipos de interés reales2 (%)

Crecimiento del crédito bancario

1. OSR. Otros sectores residentes.

2. Las líneas punteadas muestran promedios de cada periodo.

Figura 2. Tipos de interés reales (%) y crecimiento del crédito OSR1 (% var. anual). Gráfico 2. Thomson Datastream y Banco de España. | Elvira RODRÍGUEZ |

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de aquellos años, permitió lograr la mayor creación de empleo en la historia de España: el número de empleados pasó de 12,5 millones en 1995 a más de 20 millones en 2007 (el empleo creció a una tasa media anual del 4,1% entre 1995 y 2007). La creación de empleo fue de tal magnitud que sólo se pudo cubrir con un volumen considerable de trabajadores inmigrantes, mientras que la tasa de paro se situaba por debajo del 8% a mediados de 2007, en línea con los valores observados en la zona del euro. Las cuentas públicas también se beneficiaron del fuerte incremento de los ingresos tributarios y del esfuerzo de contención del gasto emprendido en 1996, lo que permitió no sólo la práctica erradicación del déficit de las Administraciones Públicas sino también la reducción progresiva del nivel de deuda pública hasta situarla en el 36,3% del PIB en 2007. Sin embargo, la renuncia a la moderación del gasto en las fases más álgidas del período expansivo, que se compensó con el fuerte incremento coyuntural de la recaudación, contribuyó a la fragilidad del equilibrio presupuestario al final del período comentado; de modo que en cuanto cambió la tendencia de la economía, el saldo público tendió a deteriorarse con rapidez e intensidad.

La evolución de los precios constituía otra de las vulnerabilidades más relevantes del entorno macroeconómico español durante el período de crecimiento. El mantenimiento de un diferencial persistente en la tasa de inflación de la economía española en relación con el resto de la zona euro condujo a una pérdida creciente de competitividad de nuestra economía. A pesar de ello, los agentes económicos confiaban en la solidez de los beneficios esperados por las empresas y los precios de los instrumentos financieros, en particular de los de renta variable, se incrementaban con intensidad en aquellos años: el principal índice de la bolsa española, el Ibex 35, se revalorizó en media un 15% anual entre 1995 y 2007.

La crisis sub-prime a mediados de 2007, que desencadenó la mayor crisis financiera mundial de las últimas décadas provocó, si bien de forma indirecta, el final del modelo de crecimiento de la economía española en la década anterior. El colapso del segmento de préstamos hipotecarios de calidad crediticia reducida en EEUU hizo que

1. En términos reales.

Figura 3. Precios del sector inmobiliario1 (mar 2003=100). Gráfico 3.

Fuente: BCE.

un número elevado de entidades bancarias, la mayoría de ellas estadounidenses, incurriera en pérdidas elevadas y provocó problemas de liquidez en muchos segmentos de los mercados financieros. La pérdida de confianza de las instituciones financieras entre ellas mismas y de los demás agentes en el sistema financiero dio lugar a una crisis tan profunda, que numerosas economías entraron en recesión y fue necesaria la adopción de diversas medidas extraordinarias por parte de las autoridades domésticas e instituciones supranacionales.

A pesar de ello, las condiciones en que se podían financiar los agentes económicos cambiaron radicalmente.

En este contexto, la crisis de la deuda griega, al poner en cuestión no sólo la solvencia de ese país sino también la propia perduración del euro como área monetaria, precipitó el acelerado deterioro financiero de la economía española, tan dependiente entonces de la financiación exterior. Por su parte, el fenómeno del contagio de riesgo de crédito soberano entre las diferentes economías de la eurozona y la generación de un vínculo entre el riesgo soberano y el riesgo propio del sector bancario amplificaba cualquier perturbación, real o supuesta, que afectaba a estas economías. La crisis había entrado

| Elvira RODRÍGUEZ |

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en un escenario en el que se retroalimentaba a sí misma y se tornaba cada vez más aguda.

Las medidas de política económica y monetaria adoptadas en 2011 y 2012 tanto a nivel nacional como en el marco europeo han permitido estabilizar la economía española. Sin embargo, el proceso de ajuste ha sido complicado y ha supuesto importantes costes que han recaído íntegramente sobre la sociedad española y que son, a veces, difíciles de cuantificar. Detenerse a considerar algunos de ellos, es un ejercicio necesario para entender la situación de la economía española a comienzos del año 2014 desde la perspectiva de quien cree que la economía social de mercado es una referencia válida para la Europa del futuro. Así, en particular, los cambios en el mercado laboral, a la reforma del sistema financiero y los principios que sustentan la política fiscal.

En el mercado laboral, el ajuste se ha producido tanto mediante el incremento del número de personas desempleadas, que ha sido superior a los cuatro millones, como mediante el descenso de los salarios de las personas ocupadas. Los costes laborales por unidad de producto, que habían crecido sensiblemente en los años anteriores a la crisis impulsados por el aumento de la remuneración por asalariado, comenzaron a descender en 2010. Esta caída fue consecuencia tanto del notable avance de la productividad aparente de los trabajadores que mantenían su empleo como también de la significativa moderación salarial. De hecho, la remuneración por asalariado, que se incrementaba a tasas cercanas al 4% cada año durante la década pasada, comenzó a retroceder desde finales de 2012. Algo así no se había observado antes en España, ni siquiera en otros periodos de crisis.

En consecuencia, la renta disponible de las familias españolas se ha reducido de forma sustancial en el marco de la crisis.

En cuanto al sistema financiero, la corrección de la burbuja inmobiliaria y la debilidad de la actividad económica afectaron profundamente a las entidades de crédito españolas, que vieron cómo sus activos se deterioraban rápidamente, sus resultados empeoraban y sus condiciones de financiación se complicaban en el contexto de la crisis

1. En términos reales.

Figura 4. Costes laborales unitarios (%). Gráfico 4.

Fuente: Banco de España.

de la deuda soberana europea. A pesar de la adopción de diversas medidas de carácter nacional, la situación económica y financiera de un conjunto de entidades, algunas de ellas de carácter sistémico, era tan frágil que fue necesaria la solicitud de un programa de asistencia financiera a la Unión Europea a mediados de 2012. El programa, que finalizó con éxito en enero de 2014, permitía obtener una financiación de hasta 100 mil millones de euros, si bien el importe finalmente solicitado fue tan sólo de 41,3 mil millones de euros. Debe destacarse en todo caso que, si bien este programa facilitó a nuestro sistema financiero una liquidez que difícilmente hubiera podido reunir en ese momento y en esas circunstancias, su coste recae íntegramente sobre la sociedad española.

Tras el proceso de reestructuración, el sistema bancario español presenta características diferentes a las que tenía antes de la crisis. El número de entidades se ha reducido, su saneamiento está en una fase muy avanzada y sus ratios de capital son adecuados. No obstante, quedan importantes retos pendientes derivados del proceso de desapalancamiento y de sus condiciones de financiación en el mercado.

Todo ello determinará, en última instancia, la posibilidad de reanudar | Elvira RODRÍGUEZ |

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el ciclo de crédito sin el que la economía española difícilmente podrá crecer en el futuro.

Finalmente, en materia fiscal, los esfuerzos realizados de consolidación han sido muy importantes y particularmente complicados, ya que las decisiones relacionadas con el incremento de la carga fiscal o las reducciones de determinadas partidas de gasto público se adoptaron en un marco de acusada debilidad económica. Aunque los estabilizadores automáticos de la economía y el coste de la reestructuración del sistema financiero elevaron sensiblemente el déficit público durante varios años, propiciando un aumento del nivel de deuda pública hasta situarse en torno al 95% del PIB en 2013, el tono de la política fiscal entre 2009 y 2013 fue muy restrictivo. Según las estimaciones de la Comisión Europea, el déficit público estructural de las Administraciones Públicas, cuya variación no está afectada por las condiciones cíclicas de la economía y nos proporciona una precisa de la intensidad del ajuste fiscal, pasó del 9,1% del PIB en 2009 al 4,3% del PIB en 2013.

En este proceso, la competitividad de la economía española ha mejorado de forma notoria. El dinamismo del sector exterior, reflejado en la fortaleza de las exportaciones, es el signo más visible de esta

Figura 5. Descomposición del saldo de las AAPP Gráfico 5. Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 2011 y 2012 incluyen el importe de las ayudas al sector financiero (0,5% y 3,8% del PIB respectivamente). La cifra de 2013 es una previsión de la Comisión Europea de octubre de 2013.

mejora de competitividad. Al mismo tiempo, diversos indicadores parecen respaldar la idea de que la actividad de la economía española ha tendido a estabilizarse en los últimos meses de 2013. De hecho, se espera que a lo largo de 2014 su avance sea cercano al 1%. En el mercado de trabajo, las informaciones más recientes también apuntan a una incipiente mejora del mismo. No es descartable que la última reforma laboral haya sentado las bases para permitir la creación neta de empleo con tasas de crecimiento del PIB más bajas que en el pasado.

Las condiciones financieras de la economía también han mejorado. sensiblemente a lo largo de los últimos meses, como lo pone de manifiesto el fuerte descenso de los tipos de interés de los bonos de deuda pública. Esto ha permitido una reducción sustancial de las primas de riesgo de los diferentes emisores españoles: de carácter público y privado, financiero y no financiero. Tan pronto desde el Banco Central Europeo se declaró su determinación de salvaguardar la estabilidad de la eurozona y se adoptaron medidas que apuntalaban firmemente el proyecto del euro, las tensiones en los mercados de deuda empezaron a remitir y esta tendencia se ha prolongado en 2013, a lo que, indudablemente, tampoco ha sido ajeno el paquete de reformas a las que se ha hecho referencia. La mejoría de la percepción sobre la situación económica y financiera española también ha propiciado un incremento sustancial de las compras de instrumentos de renta variable, que ha dado lugar a una intensa revalorización de las cotizaciones bursátiles.

Así, desde los mínimos de julio de 2012 hasta finales de 2013, el principal índice de la bolsa española, el Ibex 35, se ha incrementado un 66%, significativamente por encima de otras plazas europeas de referencia.

En relación con el aumento de la inversión en activos domésticos, cabe señalar la recuperación de la inversión del sector no residente, que está siendo particularmente intensa desde la segunda mitad del año 2013.

La estabilización de la economía permite mirar hacia el futuro con mayor optimismo. Sin embargo, la consolidación de la recuperación de la actividad y del empleo a corto y medio plazo requiere abordar sin dilación medidas a nivel no sólo nacional sino también europeo. En España necesitamos establecer un modelo viable para nuestras Adminis| Elvira RODRÍGUEZ |

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1. Promedios simples.

Figura 6. Primas de riesgo de los emisores españoles1 (CDS a cinco años).

Gráfico 6. Fuente: Thomson Datastream.

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traciones Públicas que persiga el uso más eficiente posible de los recursos disponibles, evitando las duplicidades de tareas y el exceso de gasto y de burocracia. Pero también en Europa es necesario llevar a buen término algunas reformas relevantes; en particular la relativa al proyecto de la Unión Bancaria, que persigue el establecimiento unas normas comunes en relación con la supervisión de las entidades financieras, con el mecanismo de resolución de aquellas inviables y con el establecimiento de un sistema de garantías comunes. Se han dado ya pasos muy importantes en el diseño del mecanismo de supervisión única, que comenzará su actividad a finales de 2014. Pero es necesario avanzar más y más deprisa en el resto de los elementos del proyecto si queremos realmente romper el vínculo creado entre el riesgo soberano y el financiero, que tanta inestabilidad ha originado en los mercados en los últimos años.

La superación de estas barreras contribuirá, en último término, a reducir la fragmentación de los mercados financieros europeos.

Una fragmentación que se ha traducido en que empresas europeas de similar solvencia se enfrentan a distintos costes de capital en función exclusivamente de su nacionalidad. En una unión monetaria, un fenómeno como este no debe persistir.

Tipo de interés de los nuevos préstamos (empresas, menos de un millón de euros, menos de un año, %)

Figura 7. Indicadores representativos de la fragmentación de los mercados financieros Gráfico 7.

Spread de las emisiones de deuda de telecomunicaciones en Europa 2012 2013

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1. Deuda investment grade de largo plazo a tipo de interés variable. El tamaño de la burbuja es proporcional al tamaño de la emisión.

Figura 8. Fuente: BCE y Dealogic.

En conclusión, tras su incorporación a la moneda única, la economía española experimentó una significativa expansión basada en una mejora de las condiciones monetarias. Sin embargo, esto también conllevó la generación de desequilibrios y debilidades que se pusieron de manifiesto al llegar la crisis financiera internacional. | Elvira RODRÍGUEZ |

Las medidas de política económica adoptadas en España en los últimos años están permitiendo estabilizar la situación pero hay que ser consciente de que la crisis también ha mostrado defectos estructurales en la construcción de la unión monetaria. Estas fallas estructurales deben ser corregidas y un primer e importante paso ha de ser la constitución de una unión bancaria completa que colabore en la erradicación de la fragmentación de los mercados crediticios en la eurozona y contribuya a normalizar el flujo de crédito. Esta última es una condición necesaria para que España pueda volver a aproximarse a su crecimiento potencial.

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Resúmen La incorporación de España en la Unión Monetaria llevó a caída sustancial de tipos de interés lo cual fomentó un desarrollo a través del endeudamiento, pero la crisis de las sub-prime de EE.UU. y de la deuda griega puso en evidencia carencias dicho modelo de crecimiento. Las medidas de política económica tomadas a partir de 2011 han permitido estabilizar la economía española, a pesar de que el coste de la asistencia solicitada a la UE para entidades financieras recae íntegramente sobre la sociedad española. Las reformas fiscales están empezando a dar resultados, aunque a nivel europeo serán necesarias reformas adicionales en torno a Unión Bancaria.

Résumé L’intégration de l’Espagne dans l’Union Monétaire a entraîné la baisse importante des taux d’intérêt qui a encouragé le développement par la dette, mais la crise des prêts hypothécaires subprime dans les États Unies et la dette grecque a révélé les lacunes de ce modèle de croissance. Les mesures prises depuis 2011 ont permis de stabiliser l’économie espagnole, même si le coût de l’assistance demandé à l’Union Européenne aux institutions financières a reposé entièrement sur la société espagnole. Les réformes fiscales ont commencé à porter leurs fruits, même si des réformes supplémentaires nécessaires au niveau européen autour de l’Union Banquière.

Abstract Spain’s incorporation into the Monetary Union led to a substantial fall in interest rates, provoking a development through debt, but the crisis of USA’s sup-prime together with the Greek debt, revealed the deficiency of this model of growth. The measures taken in political economics since 2011 have allowed stabilizing the Spanish economy, despite the fact that the cost of the assistance solicited to the EU for financial entities rests entirely on the Spanish society. The tax reforms have started giving results, even if at a European level, additional ones will be necessary.

| Elvira RODRÍGUEZ |

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Joan ROSELL

La reforma laboral. Un nuevo modelo productivo Presidente de la CEOE. Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona. Ha realizado estudios de Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Presidente de Fecsa-Endesa, de la patronal Fomento del Trabajo Nacional y Director General de Congost Plastic.

Me gustaría dedicar las primeras líneas de este artículo a poner de manifiesto la importancia, el papel y la participación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE-CEPYME) en el diseño del marco de nuestras relaciones laborales.

En su rol de interlocutor social, formalmente reconocido por la Constitución Española en su artículo 7, tiene entre sus principales objetivos y prioridades la modernización de las relaciones laborales, como eje imprescindible para fomentar la competitividad, volver a la senda de la recuperación económica y, sobre todo, de la creación de empleo.

Creo que es bueno repasar el contexto en el que se produce la reforma laboral. Esto es, el significativo impacto de la crisis sobre el mercado de trabajo, derivado de un conjunto de ineficiencias que hacían que nuestro sistema laboral se encontrase muy alejado del resto de países desarrollados.

Desde el inicio de la democracia se han realizado más de 30 modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores. Todas ellas, con el fin último de elevar el nivel de empleo y mejorar las condiciones labora| Joan ROSELL |

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Figura 1. Fuente: Eurostat.

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les. No obstante, el tiempo ha ido poniendo de manifiesto que dichas reformas no han sido suficientes para adaptarnos a la realidad y que el mantenimiento de una estructura anquilosada ha generado importantes ineficiencias en el mercado de trabajo y, por ende, en el funcionamiento de la actividad económica en general. Las consecuencias de este modelo desfasado son amplias y muy significativas.

España ha registrado sistemáticamente una tasa de paro por encima de la media de los países europeos en los últimos 35 años. Ni siquiera en los momentos de mayor expansión, la tasa de paro se situó por debajo del 8%, aunque en dichos años era difícil encontrar trabajadores adecuados y con posibilidades de trabajar por los empresarios.

El gran drama es que cada vez que la economía española ha entrado en recesión, el desempleo se ha elevado por encima del 20%, duplicando los niveles medios europeos.

Paralelamente, los jóvenes españoles tienen muchas más dificultades para encontrar empleo, particularmente durante las etapas de crisis. De hecho, en septiembre de este año, la tasa de paro juvenil en la Zona Euro se situó en el 24%, mientras que en el caso español ascendió hasta el 56%.

El desempleo estructural en España es el más elevado de los países desarrollados. En concreto, la OCDE estima que, en 2012, el nivel de paro estructural de España fue de un 18%, mientras que la media de la Zona Euro era del 9,4%. Ello quiero decir que aunque nuestra economía creciera a su nivel potencial, el nivel de desempleo seguiría siendo muy alto. Sin duda, esta situación es una prueba clara de la elevada rigidez de nuestro mercado laboral.

Además, la evolución del empleo español era mucho más vulnerable al ciclo económico y requería de crecimientos más intensos que en ningún otro país desarrollado, para reducir la tasa de paro. Igualmente, esta volatilidad significa que ante cambios en la demanda, los ajustes en España se hacían vía despidos. Sin duda el camino más inadecuado desde el punto de vista económico y social.

En este sentido, nos encontramos que la única vía para sortear la citada rigidez se ha encontrado en los contratos temporales, lo que ha propiciado que España supere todos los records de temporalidad, con independencia de la situación del ciclo económico y de las medidas adoptadas. Las empresas han realizado durante años contratos temporales en el convencimiento de que, llegado el momento, sería la medida de ajuste más rápida y barata, ya que resultaba más sencillo prescindir de los trabajadores temporales que modificar la jornada, el salario o las funciones del conjunto de los trabajadores de la empresa.

Además, las indemnizaciones por despido de trabajadores con cierta antigüedad (entre las más elevadas del mundo), tampoco han permitido mantener esos empleos, y la falta de adaptación ha abocado al cierre de muchas empresas. Otro punto importante es la baja importancia del contrato a tiempo parcial, que en España es del 15%, en Alemania del 25% y en los Países Bajos del 50%, lo que desvirtúa totalmente las tasas de desempleo.

En esencia, estas diferencias tan importantes entre los trabajadores indefinidos, con una elevada protección, frente a los trabajadores temporales y los jóvenes, que asumen los ajustes, muestra una de las principales características del mercado de trabajo español: la excesiva dualidad. | Joan ROSELL |

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Tabla 1.

PIB (Variación interanual) ESPAÑA ALEMANIA FRANCIA ITALIA REINO UNIDO

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Remuneración Tasa de paro real por (Porcentaje de asalariado la población (Variación activa) interanual) 3,2 11,3

2008

0,9

2009

-3,7

5,6

18,0

2008

1,1

0,5

7,5

2009

-5,1

0,2

7,8

2008

-0,1

-0,1

7,8

2009

-3,7

2,7

9,5

2008

-1,2

0,7

6,7

2009

-5,5

1,8

7,8

2008

-1,0

-1,8

5,6

2009

-4,0

1,4

7,6

Fuente: Comisión Europea. Previsiones Económicas 2013. Anexo estadístico.

Una consecuencia de esta dualidad del mercado laboral se manifestó en la evolución de los salarios que eran negociados por los más protegidos, produciendo que los salarios se mostraron muy rígidos a la baja y reaccionando tardíamente al ajuste laboral. Durante los primeros años de la crisis, España experimentó un aumento de los salarios por encima del IPC, mientras que los países europeos los moderaron, favoreciendo un ajuste vía precios, en lugar de realizar el ajuste vía cantidades como sucedió en España.

Las causas de este ineficiente funcionamiento del mercado de trabajo español obedece a unas instituciones, una legislación y una estructura de negociación colectiva profundamente desfasadas.

Nuestra estructura de los convenios ha dificultado la adaptación de los salarios a la evolución económica. España se ha caracterizado por contar con un nivel intermedio de coordinación en la negociación salarial. Es decir, tiene lugar preferentemente a nivel provincial y sectorial. La mayoría de países realiza la negociación de manera

centralizada (en el ámbito nacional) y algunos pocos, como el Reino Unido, de manera descentralizada (a nivel de empresa). A nivel de empresa, los sindicatos tienen un poder de negociación más ajustado a la realidad, ya que el mercado reduce las exigencias salariales elevadas que tienen un efecto negativo sobre el empleo y los acuerdos salariales se basan en las circunstancias económicas de cada empresa.

Por su parte, la centralización permite que los sindicatos tengan más en cuenta el impacto negativo de un aumento excesivo de los salarios sobre el empleo a nivel macroeconómico.

El nivel intermedio, que es el predominante en España, tiene impactos negativos para el mercado de trabajo y es el menos favorable para el empleo, ya que cada sector o territorio tiende a evitar la asunción de los efectos de la crisis, esperando que el resto de sectores y/o territorios realicen los sacrificios necesarios, en términos de moderación salarial. De esta manera, la negociación intermedia estimula que los incrementos salariales no estén vinculados al desarrollo económico del país ni de las propias empresas.

Además, España es de los pocos países de la Zona Euro que aplicaba a una gran parte de sus trabajadores una cláusula de revisión salarial, la cual incidía en un persistente diferencial entre la inflación y los costes laborales, en relación con nuestros socios europeos, dañando nuestra competitividad.

En definitiva, nuestro país entró en la crisis con un mercado laboral ineficiente que había propiciado grandes pérdidas de competitividad durante la etapa de bonanza y que generó un rápido y brutal incremento del desempleo, cuando aquella se inició.

Por todo ello, se requería una reforma en profundidad de nuestro mercado laboral que limitase los impactos negativos durante las etapas de recesión y que propiciara una asignación eficiente y productiva en los periodos de expansión.

Desde mi punto de vista, la modernización laboral debería haberse realizado pausadamente, con anterioridad y basada en el diálogo social. La experiencia de los países europeos pone de manifiesto el valor añadido de la negociación como factor clave de la competiti| Joan ROSELL |

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vidad. Los acuerdos laborales cimentados en el diálogo social permiten desarrollar políticas sociales equilibradas, concebir acuerdos que reflejen mejor las necesidades, tanto de las empresas como de los trabajadores, frente a las posibles iniciativas legislativas, así como crear una visión compartida y de confianza mutua. Es decir, un compromiso común como un requisito previo imprescindible para modernizar el mercado de trabajo.

Un ejemplo de diálogo social y elemento clave del nuevo marco laboral se asienta en el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para 2012, 2013 y 2014, firmado en enero del 2012, pocas semanas antes de la aprobación de la Reforma Laboral presentada por el Gobierno.

En el mismo, se marcaron directrices para la negociación colectiva con una profunda contención salarial, ligada a conceptos como la productividad o la inflación de la Zona Euro. Igualmente, el AENC incluye propuestas en materia de flexibilidad interna, dirigidas a que los convenios colectivos a nivel sectorial faciliten una mayor flexibilidad en relación con la organización del tiempo de trabajo y con la movilidad funcional.

Este acuerdo se alcanzó gracias a que los sindicatos fueron conscientes de la realidad de la situación, al contrario de lo que había sucedido en años anteriores. Desgraciadamente, el acuerdo llegó tarde, pero llegó.

En lo que a la última reforma laboral se refiere, pese a los reiterados intentos de consensuar posturas en temas de gran importancia como los que afectan a la entrada y salida del mercado laboral, no hubo consenso. Ello dio lugar a la acción del Gobierno a través del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, que entró en vigor el 12 de febrero, y que, tras su tramitación parlamentaria, culminó en la Ley 3/2012, de 6 de julio.

La reforma laboral ha supuesto un paso importante en el proceso de modernización de nuestra legislación laboral, y nos acerca al entorno que compartimos en Europa. Veamos sus cuatro pilares fundamen-

tales: la contratación; la flexibilidad interna; la flexibilidad externa y la negociación colectiva.

En cuanto a la contratación, tiene como principal medida el llamado contrato de “emprendedores”. Tenemos con éste 43 modalidades distintas de contratos aunque en la práctica solo se utilizan menos de media docena. No hay ningún empresario en este país que los conozca todos ni en su enunciado y menos en sus características y son ellos quienes deben utilizarlos. Menos tipos de contratos, de fácil entrada y salida, flexible en cuanto a las necesidades del empresario y con las bonificaciones mínimas necesarias. Esta es la receta simple, clara y concreta del mundo empresarial.

Respecto a flexibilidad interna, la reforma debería haber sido más ambiciosa recogiendo las posibilidades que ofrecía el II AENC que distingue entre la flexibilidad ordinaria y la extraordinaria temporal, ambas en relación con el tiempo de trabajo y la movilidad funcional.

El porcentaje de distribución irregular del 10 por ciento de la jornada anual, por el momento, no se está trasladando en la práctica.

En cuanto a la flexibilidad externa, las indemnizaciones por despidos improcedentes se han reducido a 33 días por año con un límite de 24 meses. Además, en el despido colectivo se ha eliminado la autorización administrativa y se posibilita una vez existan tres trimestres consecutivos por pérdidas en la empresa. Sin embargo, vemos una gran judicialización, lo que demuestra no ha hecho más que empezar y demuestra que la regla no es clara y concreta, sino que da lugar a interpretaciones. Habrá que modificarla para que sea clara. Lo peor de una ley es que pueda interpretarse “sine die”. Es entonces una mala ley, ya que no podemos trasladar los problemas a los jueces con leyes que no concretan.

Desde el mundo empresarial no hemos compartido que se hayan incrementado los costes en los expedientes de regulación de empleo (ERE) de extinción. Muchos siguen sin entender que, para cualquier empresario, despedir es un fracaso, un auténtico drama (al igual que para el trabajador), además de un coste económico. Se despide en la inmensa mayoría de los casos para hacer viable a la empresa. No | Joan ROSELL |

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es un capricho sino todo lo contrario: una necesidad. Si los costes de despido no se ponen a la altura de nuestra competencia europea estamos ante un grave problema, especialmente, en las épocas difíciles de restructuración y todavía más respecto a las posibles inversiones extranjeras que ven, en estos costes, una considerable desventaja competitiva.

En cuarto lugar, mencionaba la negociación colectiva donde se potencia el convenio de empresa y el descuelgue de los convenios.

Aquí es importante conocer de dónde venimos. Tenemos unos 4.500 convenios de empresa y unos 1.500 convenios sectoriales (aunque es en estos últimos donde están el 85 por ciento de los trabajadores regulados por convenio). Existen muchos, la mayoría que funcionan bien, pero ha llegado el momento de simplificarlos, adaptarlos, reducir su articulado y hacerlos mucho más prácticos que teóricos. Hay que dar libertad a la empresa para que busque su futuro como mejor y más le convenga.

La negociación colectiva, encabezada por sindicatos y empresarios, debe acercarse más a las necesidades de las empresas. Para ello, la empresa debe abrirse más, tener menos miedo a la propia negociación colectiva. El no moverse es la primera y gran equivocación.

Hay que seguir apostando, sin ninguna duda, por el diálogo social, por la concertación, aunque en los últimos tiempos tras la reforma parezca que haya cierta imposibilidad. Hay que volver a construir puentes y poner encima de la mesa iniciativas, propuestas, alternativas, todas en clave de futuro.

En definitiva, la Reforma Laboral de 2012 ha sido un avance sustancial en el proceso de modernización de nuestra legislación laboral para aproximarnos a la flexibilidad de los países de nuestro entorno, que ya habían realizado este tipo de reformas. Implica un esfuerzo para mejorar la eficiencia y flexibilidad de nuestro mercado de trabajo que permita acudir a fórmulas alternativas al despido.

No obstante, es necesario seguir mejorando el marco sociolaboral, especialmente en cuatro ámbitos. En primer lugar, hay que estimular la contratación potenciando abiertamente el contrato a tiempo parcial

y considerando el contrato de formación como de inserción, al menos con alcance coyuntural. Además, hay que prestar especial atención a la contratación temporal, dotándola de mayor flexibilidad y liberándola de restricciones.

En segundo lugar, es preciso avanzar en los mecanismos de flexibilidad interna, recogiendo las posibilidades que ofrecía el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva en relación con el tiempo de trabajo, la movilidad funcional y el salario variable.

En tercer lugar, conviene aclarar el marco jurídico de los despidos colectivos para evitar la judicialización y el riesgo de nulidad de los mismos. En cuarto lugar, la negociación colectiva ha de acercarse a las necesidades de las empresas mediante la renovación de sus contenidos.

Con todo ello, podemos decir, que la reforma laboral y el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva están generando sus primeros frutos. En particular, la moderación salarial observada a lo largo del pasado año contribuyó a atenuar la caída de la ocupación y, por tanto, el incremento de la tasa de paro. Según las estimaciones realizadas recientemente, el AENC y la reforma laboral habrían contribuido a flexibilizar el mercado laboral. En concreto, se estima que si no se hubiesen moderado las exigencias salariales en 2012, se habrían perdido 60.000 puestos de trabajo adicionales en el corto plazo y la tasa de paro habría aumentado 0,6 puntos porcentuales más. A medio y largo plazo, la contención salarial de 2012 habrá evitado la destrucción de unos 300.000 empleos y el repunte de la tasa de paro en 1,7 puntos porcentuales.

Por su parte, el informe de evaluación del impacto de la reforma laboral presentado, el 2 de agosto pasado, por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, recoge los resultados del análisis realizado por el Ministerio de Economía y Competitividad. El mismo señala que la reforma laboral habría contribuido a evitar la destrucción de 225.800 empleos en el año anterior a su puesta en marcha.

Igualmente, estima que la economía española será capaz de generar empleo a partir de una tasa de crecimiento del PIB de entre 1% | Joan ROSELL |

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y 1,2%, un nivel significativamente más reducido que antes de la reforma, por encima del 2%.

En conclusión, podemos afirmar que la reciente reforma laboral, que no será la última, ha sentado las bases para un nuevo modelo productivo, dirigido a dar una mayor estabilidad al empleo, de manera que los trabajadores podrán adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar y mejorar sus tareas, a la vez que las empresas tendrán más incentivos para invertir en capital humano.

Las mayores posibilidades e instrumentos de flexibilidad interna permitirán a las empresas retener a una mayor parte de sus trabajadores, evitando una depreciación del capital humano de la economía. Además, los nuevos mecanismos limitarán la destrucción de empresas en las recesiones y mantener vivo un tejido empresarial que será imprescindible para impulsar los procesos de recuperación económica.

Las empresas han de adaptarse a los nuevos tiempos y a las exigencias del siglo xxi, caracterizado por un uso generalizado de las nuevas tecnologías y una transmisión inmediata de la información.

Las empresas y los trabajadores hemos de contar con un nuevo marco laboral que permita adaptar y desarrollar nuestros modelos de negocios a esta nueva realidad.

Resúmen España ha registrado sistemáticamente una tasa de paro por encima de la media de los países europeos en los últimos 35 años, y las empresas españolas han realizado durante años contratos temporales en el convencimiento de que, en caso de crisis, sería la medida de ajuste más rápida y barata. La Reforma Laboral de 2012 ha sido un avance sustancial en el proceso de modernización de nuestra legislación laboral para aproximarnos a la flexibilidad de los países de nuestro entorno, que ya habían realizado este tipo de reformas. Implica un esfuerzo para mejorar la eficiencia y flexibilidad de nuestro mercado de trabajo que permita acudir a fórmulas alternativas al despido.

Résumé L’Espagne a toujours enregistré un taux de chômage supérieur à la moyenne des pays européens au cours des 35 dernières années, et les entreprises espagnoles ont développé pendant des années des contrats temporaires dans la conviction que, en cas de crise, il serait le système plus rapide et beaucoup plus approprié et à moindre coût. La réforme du travail de 2012 a eu des progrès substantiels dans la modernisation des lois du travail pour aborder la flexibilité existant dans des pays voisins, qui avaient déjà ce type des réformes. Il s’agit d’un effort pour améliorer l’efficacité et la flexibilité du marché du travail qui va permettre des alternatives aux formules de licenciement actuelles.

Abstract In the past 35 years, Spain has systematically registered an unemployment rate above the average of the other European countries. Spanish companies have carried out temporary contracts convinced that, in times of crisis, this would be the quickest and cheapest adjustment measure. The Labor Reform of 2012 has been a substantial advance in the modernization of our labor legislation to come closer to the flexibility of our neighboring countries, which had already carried out this type of amendments. It implies the effort to improve efficiency and flexibility in our new working market allowing alternative dismissal formulas.

| Joan ROSELL |

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Iván MARTÉN

Implicaciones económicas del modelo energético actual Doctor en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Senior Partner & Managing Director. Global Leader Energy Practice. The Boston Consulting Group.

49 El siglo xxi se caracterizará por la revolución energética, así como el xix fue testigo de la revolución industrial y el xx de una revolución tecnológica sin precedentes. Los recursos naturales que nos proporciona la energía van a ocupar un papel protagonista en las agendas de políticos y empresarios, en un contexto complejo y en constante evolución. La revolución energética es también la base para la reindustrialización de los países, tal como se ha demostrado en Estados Unidos y se ha puesto de manifiesto en Europa con los serios problemas que está provocando el coste energético.

En primer lugar, la demanda energética mundial va seguir aumentando de forma considerable. Desde hoy a 2035 la demanda mundial de energía crecerá un 36%, y hasta 2050 un 60%. Esto supone, a modo ilustrativo, multiplicar por 40 la demanda energética española en 2012.

En este crecimiento tendrán un peso particularmente importante las economías emergentes, algunas de las cuales como Brasil poseen importantes reservas energéticas, si bien otras como India o China tienen carencias relevantes y seguirán alimentando su crecimiento | Iván MARTÉN |

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con sectores muy intensivos en energía. En conjunto, los países no OCDE serán responsables de más del 90% de este crecimiento, hasta abarcar dos tercios de la demanda energética mundial. La demanda energética de China e India casi se duplicará de hoy a 2035, mientras que en Europa apenas crecerá1.

Este crecimiento depende del incremento esperado de la población mundial, así como del cambio en las condiciones de vida de una gran parte del planeta, con un aumento de la capacidad adquisitiva en países en vías de desarrollo, que conduce a un importante crecimiento del consumo de energía y recursos. Por ejemplo, en China el aumento sin precedentes del parque automovilístico ha supuesto un consumo de petróleo de 2,5 veces su producción nacional, siendo el consumo de 10.221 kbp y la producción de 4.155 kbp.

En segundo lugar, a pesar de todo el esfuerzo en energías renovables, la sociedad actual sigue basando su actividad en los hidrocarburos. Es importante observar que el mix energético muestra gran estabilidad, ya que en 1980 los hidrocarburos representaban el 85% de la energía primaria consumida, en 2010 el 81% y en 2030 se espera que representen el 86%. Dentro de estos, el petróleo ha reducido su peso del 43% en 1980 al 33% en 2010 y se calcula que alcanzará el 27% en 2030, el gas lo ha aumentado, del 17% en 1980 al 21% en 2010 y al 26% en 2030 y, curiosamente, el carbón es el que más está aumentando, pasando del 25% en 1980, al 27% en 2010 y se estima que alcanzará el 33% en 2030. Este continuado crecimiento del carbón se debe a que, en general, las reservas están bien distribuidas en todo el mundo y, desde un punto de vista geopolítico, tienen menos riesgo.

Además los países que más van a crecer tienen abundantes reservas, como el Sudeste Asiático, donde se espera que la capacidad instalada de plantas de generación con carbón se duplicará en los próximos años, pasando de 40 GW en 2011 a 80 GW en 2020. También, el precio del carbón se ha reducido en gran medida, en parte a consecuencia 1. Iván Martén y Philip Whittaker; The New Landscape of Global Energy; diciembre de 2012 (bcgperspectives.com).

del éxito del shale gas en EEUU, lo que ha hecho que algunos países europeos estén usando mucho más carbón en la actualidad.

Por su parte, las energías renovables han sido las que han experimentado un mayor crecimiento en la última década, un 14% anual desde el año 2000, y han llegado a suponer un 13% del mix mundial de energías primarias en 2010. Entre ellas, la hidroeléctrica es la que tiene mayor peso, con un 69% del total de renovables, seguida de la eólica con un 14%, la biomasa con un 10%, la geotérmica con un 6% y la solar con apenas un 1%.

Aunque su crecimiento viene justificado por sus ventajas medioambientales y por reducir la dependencia de combustibles fósiles importados, es imprescindible mejorar sus costes para que compitan en igualdad de condiciones con los combustibles fósiles, cosa que debería suceder en la próxima década, una vez que se haya alcanzado la escala y experiencia suficiente y se hayan desarrollado nuevas tecnologías más eficientes.

Las renovables continuarán creciendo y aumentarán su peso en el mix de forma paulatina a lo largo de los próximos 20 años, si bien estas energías limpias seguirán siendo una fuente de energía complementaria. Esto se deberá fundamentalmente al incremento de consumo de combustibles fósiles de las economías emergentes, como China, en las que la generación con carbón sigue siendo muy relevante incluso a pesar de las implicaciones medioambientales.

En tercer lugar vivimos un contexto donde la dependencia energética cobra gran relevancia, puesto que la OCDE, la UE y los grandes consumidores como China e India son cada vez más dependientes de los países productores.

Las reservas de gas se concentran en cinco países, Rusia, Irán, Qatar, Turkmenistán y, más recientemente EE.UU., gracias al gas no convencional. Por su parte, el 56% de las reservas de petróleo se acumulan en Oriente Medio y países de la antigua Unión Soviética. Se trata de la fuente de energía más difícil de encontrar y en la que más desequilibrios se dan. Europa, por ejemplo, posee únicamente un 1% de las reservas mientras que su demanda supone un 20% del total mundial. | Iván MARTÉN |

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Figura 1. Aproximadamente el 70% de las reservas de gas y el 60% de las de petróleo se encuentran en países de la antigua Unión Soviética y Oriente Medio.

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Los campos petrolíferos que están actualmente en producción están apurando sus reservas y su producción se reduce año a año. Además, cada vez cuesta más descubrir petróleo y los campos que se descubren son cada vez más pequeños. En la década del 2000 se descubrió el equivalente a 115 mil millones de barriles, frente a los casi 400 mil millones que se descubrieron en los años 60, es decir, un 71% menos. Será por tanto imprescindible realizar grandes inversiones en exploración que sirvan para poner en producción una cantidad enorme de nuevos campos con el objetivo de compensar el agotamiento de los campos actuales. Para hacerse una idea de la magnitud de la necesidad, ésta equivaldría a descubrir las reservas de México o Irán cada año.

En cuarto lugar, es inevitable una reflexión sobre la fragilidad del ecosistema energético, ya que los nuevos descubrimientos a menudo están en países cuyo contexto geopolítico no es sencillo, o bien se transportan por áreas de gran inestabilidad. A día de hoy, el 35% de la producción del petróleo de todo el mundo pasa por dos estrechos: Malaca, paso inexcusable del petróleo hacia China y Japón, u Ormuz, entre Irán, Omán y Emiratos Árabes.

Si nos ceñimos a los últimos cinco años tenemos una muestra incuestionable de acontecimientos con un importante impacto sobre la seguridad del suministro energético. En 2009 la crisis del gas entre Rusia y Ucrania afectó en Europa a 18 países que estuvieron sin suministro durante 14 días. En 2010 el accidente en Macondo, en el Golfo de México, puso en jaque a toda la industria energética planteando serias dudas sobre la exploración marina, mermando la confianza de la población, e incrementando, en consecuencia, las limitaciones regulatorias y la concesión de permisos en todo el mundo, y por tanto los costes de exploración. En 2011, la Primavera Árabe acarreó un aumento del precio del petróleo de 25 dólares por barril. En ese mismo año, el accidente de la central nuclear de Fukushima afectó en gran medida al proceso de renacimiento de la energía nuclear, así como al precio del gas, debido a la necesidad de Japón de sustituir generación eléctrica nuclear por gas. Los 12 BCM de demanda adicional de gas que necesitaba Japón eran equivalentes al 25% de la demanda spot de GNL en todo el mundo. Y en 2012 el precio del petróleo volvió a subir tras el embargo europeo al petróleo iraní a raíz de su programa nuclear, y a la respuesta iraní amenazando con bloquear el paso del estrecho de Ormuz con importantes implicaciones en Asia, ya que el 80% del petróleo que por allí pasa va a esa región.

Finalmente, la sostenibilidad medioambiental representa un dilema serio. El último informe del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) publicado el pasado mes de septiembre ofrece datos sobre el calentamiento del planeta, la proliferación de sequías e inundaciones, la reducción del hielo de los casquetes polares, y el aumento del nivel del mar. A día de hoy, la falta de compromisos internacionales a este respecto permite que los países afronten la cuestión medioambiental con bastante flexibilidad y puedan elegir los mecanismos de mitigación de emisiones y los plazos que mejor les encaje.

Sin embargo, es preciso conjugar el progreso económico con el respeto por el medio ambiente, logrando formas de desarrollo que no sacrifiquen el bienestar que la energía aporta a las personas ni la com| Iván MARTÉN |

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petitividad de las empresas que se sirven de ella para la producción de bienes y servicios. Además, es necesario garantizar la seguridad de suministro para que pueda desarrollarse la industria sin incertidumbres con respecto a la disponibilidad y el precio de la energía.

Y todo esto ocurre en un entorno donde los ámbitos temporales para la toma de decisiones son muy dispares. Por un lado, las decisiones que se toman desde los gobiernos nacionales suelen considerar periodos cortos, determinados por los plazos electorales. Frente a este entorno dominado por el corto plazo y, a veces, la inestabilidad, las inversiones en grandes infraestructuras energéticas requieren décadas de desarrollo y cierta continuidad en la regulación, que no siempre se da. Y en el extremo, hay que tener en cuenta el impacto medioambiental que tienen todas las acciones y políticas relativas a la energía, el cual se percibe a lo largo de siglos.

Es evidente que estamos viviendo la articulación de un nuevo panorama energético mundial. Cada región, condicionada por la disponibilidad de recursos naturales, capacidad técnica para extraerlos, regulación de su explotación y políticas medioambientales, está pasando por procesos de transformación importantes que cambiarán sus perspectivas de futuro en cuanto a la independencia energética, el desarrollo de su industria y, en último término, su crecimiento económico2.

Los ejemplos de Alemania y Estados Unidos resultan especialmente esclarecedores. Se trata de dos economías desarrolladas y afectadas por la crisis financiera que han tomado caminos muy diferentes. En el primer caso, la cuestión medioambiental ha adquirido gran relevancia económica y política, y los gobiernos están tratando de sustituir la generación nuclear con tecnologías renovables, que contribuyen a día de hoy a aumentar los costes de la energía para empresas y particulares3. En el caso de EE.UU., la aparición de yacimientos de hidrocar2. Iván Martén y Andrew Mack; The European Power Sector: Only the Nimble Will Thrive; Marzo de 2013 (bcgperspectives.com).

3. Dieter Heuskel, Philipp Gerbert, Stefan Schlotjunker, Patrick Herhold, y Jens Burchardt; Is Germany Pioneering a Global Transformation of the Energy Sector? Toward a New Balance of Power; marzo de 2013 (bcgperspectives.com).

buros no convencionales y su capacidad para explotarlos propician la independencia energética y la bajada del precio de la energía con consecuencias beneficiosas para la economía del país al mismo tiempo que mejora la sostenibilidad medioambiental al sustituir carbón por gas.

Alemania: búsqueda del equilibrio entre la competitividad y el medio ambiente Alemania contaba con un mix energético diversificado: 60% de combustibles fósiles, 27% de energía nuclear y 13% de energías renovables en 2005. Plenamente consciente del problema medioambiental que se plantea a largo plazo, este país europeo se fijó un objetivo de reducción de emisiones del 40% para 2020 y del 80% para 2050, desde 1990.

En su estrategia para reducir emisiones, Alemania contaba con la energía nuclear. Sin embargo, tras el desastre de Fukushima, optó de forma decidida por abandonar la generación nuclear y cerrar 17 plantas para 2022 –8 de las cuales ya están cerradas– que representan 12,8 GW de energía al año, del total de 183 GW instalados por Alemania.

El problema surge a la hora de decidir cómo se va a compensar el cierre de estas plantas. Si se sustituyeran totalmente por carbón, el coste no sería tan alto, pero las emisiones de CO2 aumentarían en 160 millones de toneladas al año que, a modo ilustrativo, representa aproximadamente un 50% de las emisiones totales de España. Si se utilizara el gas para compensar el cierre de las plantas nucleares, aumentaría la dependencia energética, ya bastante alta, de Rusia. Si se reemplaza esta capacidad por energía eólica y solar el coste se dispararía, ya que la energía nuclear se produce a un coste de 55 €/KWh, mientras que una planta eólica produce electricidad a un coste de 70 €/KWh y una solar a un coste de 120 €/KWh. En la práctica, el precio de la energía está aumentando, se ha incrementado la producción mediante carbón, llegando de nuevo a niveles de emisión de CO2 de hace 20 años, época de la reunificación alemana, que estaban en 900 millones de toneladas de CO2, y la situación de las empresas eléctricas alemanas es crítica. | Iván MARTÉN |

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Figura 2. Las principales empresas eléctricas alemanas están afrontando caídas drásticas del precio de sus acciones.

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Alemania lleva varias décadas apostando por las energías renovables, y va a continuar haciéndolo. En los últimos años de mayores dificultades económicas, ha expresado públicamente su intención de continuar con el Energiewende, un programa de transformación energética hacia las energías renovables, que establece ambiciosos objetivos en energías limpias para los próximos años y promueve el aumento de la eficiencia energética en hogares e industrias mediante incentivos financieros.

Alemania tiene el objetivo de aumentar su capacidad instalada de energías renovables de 75 GW a 110 GW de 2012 a 2020, acompañándolo de un importante esfuerzo por aumentar la eficiencia energética de modo que se reduzca o, al menos, se estabilice, la demanda de energía, y del desarrollo de palancas como el almacenamiento de energía, la gestión de la demanda y las redes inteligentes.

Los subsidios que permiten que las energías renovables sean competitivas con las energías fósiles son sumamente costosos, por lo que Alemania, al igual que el resto de Europa, está reduciendo considerablemente el apoyo a los nuevos activos. Las primas a las renovables se revierten en la factura eléctrica de los consumidores alemanes

mediante un complemento llamado EEG-Umlage, que de 2007 a 2014 ha pasado de menos de un céntimo a más de seis céntimos de euro por KWh ya que, aunque se reduzcan las primas por MWh generado, la capacidad renovable continúa creciendo.

En este contexto, el impacto del Energiewende en la factura de la luz de los hogares se ha convertido en un tema clave del programa electoral del país. Aunque el nuevo gobierno no anuncia reducciones del precio, pretende no mantener el mismo ritmo de crecimiento, que mermaría el apoyo general al cambio energético por parte de la población alemana.

Los costes de producción de las energías hidráulica y eólica son actualmente de 7 céntimos de euro por KWh y los de la solar, de entre 16 y 18 céntimos, mientras que los de las energías convencionales están en torno a los 5,5 y 6 céntimos por KWh. Se espera que estos costes converjan, con una reducción de los costes de las renovables y un aumento de los costes de las energías convencionales, hasta los 9 céntimos en 2020. De este modo, la generación renovable sería competitiva en igualdad de condiciones en 2020.

Figura 3. Los costes de las renovables ya están bajando, pero muchas seguirán necesitando subsidios hasta 2020.

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Como ejemplo de la reducción del coste de las tecnologías renovables, los precios de las turbinas eólicas se han reducido un 48%, pasando de 1,8 millones de euros por MW en 1984 a 1 millón de euros por MW en 2010, y los módulos fotovoltaicos costaban en 2011 un 7% de lo que costaban en 1984, con una reducción del coste unitario del 21% cada vez que se duplica la producción.

La energía como palanca de crecimiento en Estados Unidos

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El dilema de la sostenibilidad medioambiental, competitividad e independencia se ha resuelto en EE.UU. gracias a la aparición de reservas de shale gas y shale oil, y a la capacidad técnica del país para explotarlas. Norteamérica está viviendo un verdadero boom de los hidrocarburos no convencionales, que han cambiado de forma drástica el balance energético de la región.

La producción de recursos no convencionales ha aumentado de forma exponencial, hasta multiplicarse por 17 en un periodo de 7 años, desde 1,4 BCM/d en 2005 hasta 24,4 BCM/d en 2012. En la actualidad, ya suponen el 35% del gas nacional en EE.UU., y llegará a ser el 56% en 2035. Asimismo, la generación con gas ha pasado de ser el 18% de toda la electricidad generada en los EE.UU. al 40% en la actualidad.

Los Estados Unidos se están convirtiendo en un país independiente en su consumo de gas. Canadá ya ha reducido sus exportaciones a Estados Unidos en un 22%, y las del resto de países, de menor cuantía, se han reducido en un 79% entre el año 2007 y el 2012.

En este contexto, y siempre en función de la evolución de la regulación y las políticas de exportaciones, Estados Unidos podría llegar a ser en 2020 un país exportador de gas a países con los que no tiene tratado de libre comercio, como los europeos, a través de plantas de licuefacción como Sabine Pass (2,2 bcf/d), Freeport LNG (1,8 bcf/d), Lake Charles Exports (2,0 bcf/d) y Dominion Cove Point (1,7 bcf/d).

Las previsiones de producción y consumo confirman esta perspectiva,

Figura 4. El shale gas ya representa un tercio de la producción de Estados Unidos.

que gana solidez si consideramos que ya se ha aprobado la construcción de 4 terminales de licuefacción y se han propuesto 12 más que están en proceso de aprobación4.

Además, esta revolución energética es beneficiosa desde el punto de vista medioambiental. El cambio de carbón a gas, sobre todo en la generación de electricidad, reduce dos tercios de las emisiones de CO2 de Estados Unidos.

Esta irrupción del shale gas en el panorama energético ha provocado una caída drástica del precio del gas en este país, que ha pasado de los 8,7 $/MBtu en 2005 a los 3,5 $/MBtu en 2013, y parece que se estabilizará en torno a los 4-4,5 $/MBtu. Esto supone un cambio de trayectoria con respecto a las que sigue el gas en Europa y en Asia: el precio del gas NBP en el Reino Unido ha ascendido a 10 $/ MBtu, tras un final de invierno excepcionalmente frío en 2013, y el precio JLNJP en Japón ha llegado a los 15 $/MBtu tras el desastre de Fukushima.

4. Iván Martén y Eric Oudenot; Shale Gas: Ten Levers to Ensure Safe and Effective Development; enero de 2014 (bcgperspectives.com).

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Figura 5. El shale oil está ganando protagonismo en el panorama energético de Estados Unidos.

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El shale oil se está desarrollando de forma más paulatina. Aunque su peso en el mix energético no va a tener la misma relevancia que el gas no convencional de hoy a 2020, se prevé que también reduzca la dependencia de Estados Unidos en el futuro. Sus importaciones de crudo ya se han reducido un 15% mientras que su producción ha aumentado un 28%, con un 13% procedente del shale oil.

El shale oil de Estados Unidos cambiará los flujos de crudo en los próximos años, con consecuencias palpables para las refinerías europeas.

Desde 2006 las importaciones de gasolina se han reducido ya un 90% y las importaciones de diésel se han multiplicado por 2,5. Estados Unidos tiene en la actualidad abundancia de crudos ligeros procedentes del shale oil, con lo que se reducen sustancialmente sus importaciones de gasolinas. Además, resulta más conveniente refinar el crudo allí, puesto que el propio crudo es más barato, así como el gas necesario en el proceso.

Sin duda, este nuevo panorama protagonizado por el gas y el petróleo no convencionales está teniendo un impacto considerable en la economía de los Estados Unidos.

Por un lado, los márgenes de las refinerías han subido de forma sustancial, gracias a la ventaja en precio que aportan el gas natural y

el crudo locales. Sirvan como ejemplo dos refinerías, una de Texas y otra del Golfo de México, cuyos márgenes han crecido alrededor de 20 y 3 dólares por barril respectivamente. Además, todas las industrias intensivas en energía se han visto muy favorecidas, al contar con unos costes energéticos un 60% menores. Entre ellas, destacan las empresas petroquímicas, que han aumentado su eficiencia de tal manera que algunas de ellas están relocalizando sus plantas en Estados Unidos.

Incluso en este entorno la continuidad de las inversiones en renovables sigue vigente, con las lógicas consecuencias en el medio ambiente y en el desarrollo de una industria innovadora: en 2013 han aumentado en un 33% las instalaciones solares y el consumo de energía eólica ha crecido un 21%. Además, el Departamento de Energía de Estados Unidos va a recuperar el 98% de los préstamos otorgados a la instalación de plantas renovables.

En general, esta revolución energética está teniendo un papel importante en la recuperación de la economía de los Estados Unidos tras la crisis, ya que está ayudando a revitalizar la industria del país y propiciando la relocalización de volúmenes de producción que se habían deslocalizado en países como China, cuyos costes ahora han dejado de ser tan atractivos. Esto es así debido a diferentes factores: la ventaja que supone el coste actual de la energía local en EE.UU., el incremento de la productividad y la mayor flexibilidad laboral, la reducción diferencial de costes laborales unitarios de EE.UU. frente a China, que ha pasado del 65% al 39% en los últimos años, y la diferencia en los costes de los terrenos. A modo de ejemplo, el precio de los terrenos en Shanghai y Shenzhen es de 17 $/sqf, mientras que en Tennessee o en Alabama cuestan entre 2 y 7 $/sqf. ***** La energía va a ser un elemento determinante del futuro de la sociedad porque afecta a la economía, al ámbito geopolítico, y al desarrollo industrial de los paises. El futuro de Europa pasa por la industrialización al igual que ha ocurrido en EE.UU. y, de hecho, el objetivo | Iván MARTÉN |

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europeo es que el peso de la industria en el PIB aumente de un 15,2% en la actualidad al 20% en el año 2020. Por todo ello, la energía ha de ser barata y garantizar la seguridad de suministro, y debe contar con una regulación del sector energético estable y equilibrada que asegure que se pueden tomar las decisiones de inversión adecuadas. No podrá haber la anunciada y deseada revolución industrial en Europa si antes no hay una revolución energética.

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Resúmen La demanda energética mundial va seguir aumentando de forma considerable, y a pesar de todo el esfuerzo en energías renovables, la sociedad actual sigue basando su actividad en los hidrocarburos. Cada región, condicionada por la disponibilidad de recursos naturales, capacidad técnica para extraerlos, regulación de su explotación y políticas medioambientales, está pasando por procesos de transformación importantes que cambiarán sus perspectivas de futuro en cuanto a la independencia energética. Esta revolución energética está teniendo un papel importante en la recuperación de la economía de países como los Estados Unidos, ya que está ayudando a revitalizar la industria del país y propiciando la relocalización de volúmenes de producción que se habían deslocalizado en países como China.

Résumé La demande énergétique mondiale va continuer à augmenter de manière significative, et malgré tous les efforts dans les énergies renouvelables, la société actuel continue à baser son activité sur les hydrocarbures. Chaque région, influencée par la disponibilité des ressources naturelles, la capacité technique de les extraire, réglementer leurs politiques d’exploitation et de l’environnement, est l’objet d’importants processus de transformation qui vont changer leurs perspectives d’avenir en termes d’indépendance énergétique. Cette révolution de l’énergie joue un rôle important dans la reprise économique de chaque pays comme des États Unies, parce qu’elle contribue à la revitalisation de l’industrie du pays et d’encourager la relocalisation des volumes de production qui ont été relocalisés dans des pays comme la Chine.

Abstract The world energy demand will continue growing considerably and despite all the efforts of renewable energies, today’s society continues basing its activity on hydrocarbons. Each region, conditioned by its supply of natural resources, technical capacity to extract them and regulation of its exploitation and environmental politics, is going through important transformation processes which will change its perspectives of the future on energy independence. This energy revolution is playing an important role in the recuperation of the economies in countries such as the US, as it is helping revitalize the country’s industry and fostering the relocation of production volumes that had been displaced, such as China.

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III. Retos y oportunidades

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Javier ANDRÉSa y Rafael DOMENECHb

Los Retos de la Economía Española* Javier Andrés: Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Valencia y profesor visitante de la Universidad de Glasgow.

Miembro de honor de la Asociación Española de Economía y Director de la revista Moneda y Crédito. Ha sido profesor visitante en la London School of Economics y gestor del Programa Nacional de Investigación en Socioeconomía del Ministerio de Ciencia y Tecnología. b Rafael Domenech: Economista Jefe de Economías Desarrolladas de BBVA Research. Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Valencia. MSc in Economics por la London School of Economics y Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia. Ha sido Subdirector de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Director del Instituto de Economía Internacional, miembro de la Junta Consultiva de la Universidad de Valencia, consejero de SEPES y de CDTI. a

Introducción La crisis económica ha supuesto para España un cambio más profundo de lo que las cifras macroeconómicas reflejan. De ser un país que parecía lanzado a alcanzar los niveles de bienestar de los que disfrutan nuestros vecinos más avanzados ha pasado a encontrarse señalado por todo el mundo como parte del grupo de los países más problemáticos de la zona Euro. Los esfuerzos del país se centran ahora en tratar de remontar la recesión de estos años y sus nefastas * Los autores agradecen la ayuda del proyecto de investigación ECO2011-29050.

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consecuencias, sobre todo en lo que se refiere a las elevadas tasas de desempleo y su efecto sobre el bienestar de los sectores más desfavorecidos de la sociedad española. Sin embargo para lograrlo no se debe incurrir en los errores del pasado que llevaron a buscar atajos inexistentes y que generaron unos desequilibrios reflejados en un nivel de endeudamiento que está detrás de la endeblez de nuestro modelo de crecimiento. Este modelo era insostenible en condiciones normales y es simplemente imposible de reproducir en la actualidad.

No debe volverse a unas pautas de crecimiento que son, en buena medida, responsables de la situación en que nos encontramos en la actualidad, por lo que hay que definir claramente cuáles son los objetivos que persigue nuestro país, para después identificar las reformas que deben acercarnos a aquellos países que lo han hecho mejor que nosotros en términos de crecimiento, empleo y bienestar social. Para ello, no es necesario inventar nada, sino fijarse en otras sociedades para tratar de emularlas. Por eso es muy importante optar por un objetivo ambicioso que no se limite a aspirar a alcanzar la media de la Unión Europea sino, y éste es uno de los mensajes que consideramos más importantes, sino a converger a largo plazo a los países más avanzados dentro y fuera de ella.

En este capítulo no queremos hablar de las causas y efectos de la crisis, que ya han sido ampliamente analizados por otros autores.1 España debe aspirar no sólo a superar las consecuencias de la actual crisis financiera y a remediar los desequilibrios acumulados antes y durante la misma, sino también a poner su economía en el camino correcto hacia el progreso a largo plazo. Para ayudar a entender la naturaleza del reto que tenemos por delante empezamos proponiendo un sencillo ejercicio de contabilidad del crecimiento que sitúa a la economía española con relación al grupo de países que consideramos referentes en cuanto a niveles de desarrollo y de bienestar. El objetivo es identificar las causas principales de nuestra distancia respecto a 1. De la Dehesa (2011), Suarez (2011), Molinas (2013), Garicano (2014) o Taguas (2014) ofrecen excelentes interpretaciones de las causas y de los efectos de la crisis económica en España.

dicho grupo como un paso previo para analizar los factores estructurales y coyunturales que es preciso corregir, con la finalidad de recuperar primero y acelerar después la senda de convergencia hacia los niveles de desarrollo de estos países.

La estructura de este capítulo es la siguiente. En la segunda sección se analizan la evolución y las causas de la distancia relativa en renta per cápita de España respecto a EE.UU. y a un grupo de economías europeas que consideramos que deben ser nuestros referentes.

Los resultados indican que las causas de la menor renta per cápita se deben, prácticamente a partes iguales, a una menor tasa de empleo y productividad del trabajo. Detrás de nuestro retraso en productividad se encuentra un escaso nivel relativo de capital humano y tecnológico, y una utilización más ineficiente de los distintos factores productivos. Incluso antes de la crisis y a pesar del crecimiento económico de las últimas cuatro décadas, España no ha sido capaz de reducir la distancia relativa en términos de renta per cápita, tasas de empleo, productividad, y capital humano y tecnológico, respecto a EE.UU. y las economías líderes en Europa. En la tercera sección se analizan los factores que están detrás de los menores niveles relativos de empleo, productividad, y capital humano y tecnológico, consecuencia de un inadecuado sistema de incentivos económicos, legales e institucionales, y se apuntan algunas de las principales reformas necesarias para sustituir este marco inadecuado por otro más orientado a un crecimiento equilibrado, más resistente a las crisis periódicas y cuyos frutos puedan ser mejor repartidos entre toda la sociedad. Por último, en la cuarta sección ofrecemos las principales conclusiones de nuestro análisis.

La evolución de la renta per cápita y de sus determinantes En esta sección abordamos la comparación de la renta per cápita en España con dos grupos de referencia que representan a los países más avanzados del mundo: Estados Unidos por una parte y los países | Javier ANDRÉS y Rafael DOMENECH |

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más avanzados de Europa por otra. En este último grupo incluimos a ocho países que representan el 40,1 de la población de la UE y el 47,8% de su PIB: Suecia, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Holanda, Austria y Bélgica.2 En particular, este grupo de países se caracteriza por liderar al conjunto de la UE en una serie de indicadores muy amplios que determinan el nivel de renta per cápita (un 22,4% superior al de la media de la UE), la productividad, el empleo y la igualdad social. Adoptamos un enfoque similar al de algunas investigaciones recientes que han analizado el problema de la medición de la calidad de vida y que concluyen que la renta per cápita constituye una aproximación cuantitativa razonable a la medición del nivel de bienestar general y el bienestar como aproximación para la evaluación de la prosperidad social y el progreso.3 De hecho estas investigaciones sugieren que la renta per cápita y el nivel de satisfacción se encuentran positivamente correlacionados para niveles de renta inferiores a determinados umbrales, que España todavía no ha alcanzado y de los que, en particular, están muy alejados amplios sectores de su población.

Además, a pesar de que la mejora de la felicidad por encima de esos umbrales de renta no está en general asegurada, ello no es incompatible con las aspiraciones individuales de querer seguir aumentando la renta per cápita.

La renta per cápita no es más que el resultado de multiplicar el PIB por persona en edad de trabajar por el porcentaje que representa este amplio grupo de edad en la población total:4 2. En esta comparación se ha medido el PIB en paridad de poder de compra, es decir, tras corregir por el nivel de precios de cada país. La evidencia indica que el nivel de precios crece conforme aumenta la renta per cápita, por lo que esta corrección en paridad de poder de compra aumenta el PIB de los países relativamente más pobres en relación al de los más ricos. Así, el PIB de la UE8 medido en euros a precios de mercado representa el 51,8% de la UE27.

3. Una panorámica de la literatura puede encontrarse, por ejemplo, en los trabajos de Munda (2013) o Stiglitz, Sen y Fitoussi (2009).

L15-65 en donde L es la población t 4. El PIB per cápita puede descomponerse como PIB = PIB Lt Lt15-65 Lt total y L15-64 la que está en edad de trabajar entre los 15 y 64 años.

Renta per cápita

=

PIB por persona en edad de trabajar

x

Participación de la población en edad de trabajar sobre población total

La participación de la población en edad de trabajar (entre los 15 y 64 años) sobre la población total es una de las características de la estructura demográfica de un país que tiene una gran importancia a largo plazo en la consecución del equilibrio entre los recursos (PIB por persona en edad de trabajar) y el gasto que supone el Estado de DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA LOS RETOSeducación, bienestar (principalmente sanidad y pensiones). Como se aprecia en los Gráficos 1 y 2, tanto España como los países más avanzados de la UE acortaron sus diferencias en renta per cápita y por en edad de trabajar Estados Unidos, forma rápi-la diferencia proceso se persona detuvo como consecuencia decon la crisis de los 70 y 80,dey una desde entonces da de y sostenida desde 1950 hasta Este proceso se detuvolacomo ha fluctuado forma cíclica, acercándose en1975. las expansiones y ampliando diferencia en las consecuencia de la crisis de los 70 y 80, y desde entonces la diferenrecesiones. En el caso de España desde principios de los ochenta la distancia ha oscilado cia ha fluctuado de forma cíclica, acercándose en las expansiones y alrededor de un 40 por ciento respecto a EE.UU.

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Gráfico 1: Renta per cápita de España y la UE8 relativa a EE.UU (igual a 100), 1950-2012.

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72 ampliando la diferencia en las recesiones. En el caso de España desde principios de los ochenta la distancia ha oscilado alrededor de un 40 por ciento respecto a EE.UU. -4Una forma alternativa de ilustrar la ausencia de convergencia desde mediados de los años setenta es la que se muestra en el Gráfico 3.

Como se puede observar, el rápido crecimiento de España, sobre todo en los años sesenta, permitió acortar la distancia con EE.UU. En 1970 la renta por persona en edad de trabajar en España era muy similar a la que EE.UU. había alcanzado en 1950 o a la de la UE6 en 1960. Es decir, una diferencia de 20 y 10 años respectivamente. Desde entonces esa distancia temporal se ha mantenido más o menos constante hasta el inicio de la crisis actual. Esto indica que aunque el nivel de vida en España mejoró mucho también lo hizo en EE.UU. de manera que durante casi cuatro décadas el gap temporal se ha mantenido relativamente constante. Una de las secuelas de la crisis actual es que esta distancia ha vuelto a aumentar de modo que para encontrar en

temporal se ha mantenido relativamente constante. Una de las secuelas de la crisis actual es que esta distancia ha vuelto a aumentar de modo que para encontrar en EE.UU. una renta por persona en edad de trabajar como la de España en 2013 hay que ir hacia atrás hasta 1983, es decir, treinta años antes.

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73

EE.UU. una renta por persona en edad de trabajar como la de España en 2013 hay que ir hacia atrás hasta 1983, es decir, treinta años antes.

El PIB por persona en edad de trabajar es a su vez el producto de la tasa de actividad (el número de personas que están dispuestas a trabajar sobre la población potencialmente activa), de la tasa de empleo (la población ocupada sobre la que está dispuesta a trabajar, que a su vez es igual a la unidad menos la tasa de desempleo), del número de horas trabajadas en promedio por la población ocupada (margen intensivo) y del PIB por hora trabajada: -5-

PIB por persona = en edad de trabajar

PIB por hora trabajada

x

Horas trabajadas por empleado

x

1-tasa de desempleo

x

Tasa de actividad

| Javier ANDRÉS y Rafael DOMENECH |

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74

Cada uno de estos componentes vienen determinados por factores muy diversos y han evolucionado también de forma muy diferente en España y en los países que hemos tomado de referencia. En el Gráfico 4 puede observarse que tanto la distancia relativa de España como el de la UE8 con respecto EE.UU. en términos de PIB por hora trabajada se redujo significativamente desde 1960, pero se ha ralentizado significativamente a partir de mediados de los años noventa del siglo xx.

En esos años, la diferencia de España con respecto a EE.UU. volvió a ampliarse hasta casi recuperar la diferencia de principios de los ochenta. No obstante, a partir de 2009 ha disminuido un poco como consecuencia del fuerte ajuste de costes y mejora de la productividad que han tenido que hacer las empresas españolas durante la crisis.

En la medida que la tasa de actividad de España era en 2012 prácticamente idéntica a la de EE.UU. (75 por ciento) y solo 3,5 pp por debajo de UE8, la distancia relativa en PIB por persona en edad de trabajar que no explica la productividad se debe fundamentalmente a las diferencias Len tasas en Edonde España es claramente OSlas RETOS DEde LAempleo, ECONOMÍA SPAÑOLA

LOS RETOS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

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una anomalía internacional: en 2013 la tasa de desempleo se situaba )"# alrededor del 7,5% en EE.UU. y la UE8, mientras alcanzaba el 26 por ("# ciento en España, como muestra el Gráfico 5.

El Cuadro 1 resume los principales resultados de la descompo'"# sición que se ha realizado del diferencial de PIB per cápita.5 Como &"# pude observarse, casi toda la distancia del PIB per cápita de España respecto a EE.UU. se explica por la menor tasa de empleo y la menor %"# #9=/3>3# productividad por hora trabajada. La importancia relativa de la tasa de #;9(# $"# empleo es incluso mayor en el caso de la distancia respecto a la UE8, ya que la menor productividad por hora se ve compensada en buena !"# medida por el*)&"# mayor horas por+"*"# trabajador. *)&%# número *)'"# *)'%#de *)("# *)(%# anuales *))"# *))%#medias +"""# +""%# El Cuadro 1 también muestra que la distancia en la renta per cápita de Gráfico 4: PIB por hora trabajada en España y la UE8 relativo la UE8 frente a EE.UU. se debe al menor de horas anuales por a EE.UU (igual a 100), número 1960-2012.

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Gráfico5:5.

Población en edad de trabajar sobre la población total (%), Gráfico Población en edad de trabajar sobre la población total (%), 1950-2012 1950-2012.

El PIB por persona en edad de trabajar es a su vez el producto de la tasa de actividad (el 5. La descomposición del Cuadro 1 utiliza la aproximación logarítmica a la desviación

número de personas quepaíses. están dispuestas a trabajar sobre la población potencialmente activa), relativa entre de la tasa de empleo (la población ocupada sobre la que está dispuesta a trabajar, que a su vez es igual a la unidad menos la tasa de desempleo), del número de horas trabajadas enDOMENECH promedio | | Javier ANDRÉS y Rafael por la población ocupada (margen intensivo) y del PIB por hora trabajada:

Tabla 1. Desviación relativa entre países de los componentes del PIB per cápita Población PIB per en edad de cápita trabajar España vs -52.5% EE.UU. España vs -25.9% UE8 UE8 vs -26.6% EE.UU.

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Tasa de Tasa de Horas por actividad empleo ocupado

PIB por hora trabajada

1.1%

0.2%

-22.4%

-7.1%

-24.3%

2.7%

-4.2%

-22.8%

10.0%

-11.7%

-1.6%

4.4%

0.4%

-17.1%

-12.6%

trabajador y, en menor medida, a una menor productividad relativa por hora trabajada.

Estos resultados indican que la distancia con respecto a Estados Unidos en términos de bienestar (o al menos de su indicador más cercano, la renta per cápita) se explica fundamentalmente y a partes iguales por nuestra bajísima tasa de empleo y por una acusada diferencia en productividad por hora. Se puede decir por tanto que en España utilizamos poco y mal nuestro factor trabajo. Poco porque hay muchos menos trabajadores empleados y porque nuestra jornada laboral media es también inferior a la de aquel país. Y mal porque producimos mucho menos por hora trabajada. La comparación con los países más avanzados de Europa arroja alguna luz adicional sobre estas diferencias. En este caso también el mal uso del factor trabajo y la baja productividad por hora explican a partes iguales nuestra distancia relativa. Sin embargo, la distancia en el porcentaje de horas trabajadas sobre el potencial es menor (“sólo” un 12,8 por ciento), debido a que compensamos nuestro elevado desempleo con una jornada laboral más larga, fenómeno que se ha agudizado como consecuencia de la crisis financiera. Mientras que una jornada laboral muy larga en Estados Unidos no impide alcanzar una elevada productividad (lo que da lugar a un empleo y una remuneración también elevados), el hecho de que en una economía como la nuestra, con un déficit de productividad

horaria tan acusado, se trabajen más horas por ocupado que en el resto de la UE es un síntoma adicional del mal funcionamiento de nuestro mercado laboral. Por el lado de la oferta, los trabajadores aceptan trabajar jornadas más largas para compensar una remuneración por hora muy baja en línea con su productividad. Por otra parte el inadecuado marco contractual de nuestro mercado laboral ha dificultado hasta ahora el uso del contrato a tiempo parcial o reducciones de jornada para flexibilizar el uso del factor trabajo en el marco de la empresa.

En consecuencia, los dos principales retos de la economía española para mejorar su renta per cápita son la necesidad de aumentar su tasa de empleo, reduciendo la tasa de desempleo hasta niveles similares a los de la UE8 y EE.UU., así como potenciar la productividad por hora trabajada. Pero estas dos variables dependen a su vez de un amplio conjunto de factores y políticas que, en muchas ocasiones, interactúan entre sí y que combinan determinantes de carácter estructural junto a otros asociados al ciclo económico, consecuencia de la profundidad de la recesión actual.

Durante décadas, la Teoría del Crecimiento Económico ha ido identificando mediante estudios teóricos y empíricos cuáles son los determinantes de la productividad. Entre éstos están el capital privado productivo, las infraestructuras, el capital tecnológico, el capital humano y un conjunto muy amplio de determinantes adicionales como, por ejemplo, las instituciones, regulaciones y eficiencia de las administraciones públicas y muchas otras más.6 En el Gráfico 6 presentamos evidencia sobre la posición relativa de España con respecto a los países de referencia en cuanto al capital privado productivo por hora trabajada, las infraestructuras, los años de escolarización de la población adulta (que aproximan el nivel de capital humano) y la inversión en investigación y desarrollo (I+D) en porcentaje del PIB (que aproxima el capital tecnológico). Esta comparación permite 6. El lector interesado puede encontrar en los libros de Acemoglu (2009) o Barro y Salai-Martin (2003) dos excelentes y extensas recopilaciones de las principales teorías de crecimiento, desde los modelos clásicos hasta los de crecimiento endógeno.

| Javier ANDRÉS y Rafael DOMENECH |

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diferencias en las tasas de empleo, en donde España es claramente una anomalía internacional: en 2013 la tasa de desempleo se situaba alrededor del 7,5% en EE.UU. y la UE8, mientras alcanzaba el 26 por ciento en España, como muestra el Gráfico 5.

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Gráfico 5: 6. Tasa Tasadededesempleo desempleo España, EE.UU. la UE8, 1960-2013.

Gráfico en en España, EE.UU. y lay UE8, 1960-2013.

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detectar los principales factores que están detrás de nuestro diferencial negativo de productividad. Mientras que España no presenta aparentemente una desventaja significativa en términos de capital privado productivo y capital público por hora trabajada, si lo hace en términos de capital humano y tecnológico.

-7En el Cuadro 2 se cuantifican las desviaciones relativas de los principales determinantes de la productividad del trabajo. El primero de ellos es el stock de capital productivo por hora trabajada. La desviación de España respecto a EE.UU. y la UE oscila entre el 3 y 4 por ciento, por lo que las diferencias en las intensidades relativas con las que se utiliza el capital físico son similares. Aunque esta similitud implica que las diferencias de productividad por hora entre España y los países de referencia no tiene como causa fundamental la escasez de capital utilizado efectivamente en la producción, de ello no debe inferirse que España no tenga una insuficiencia de capital en términos absolutos por dos razones. La primera es que la intensidad de capital productivo por trabajador es similar a la de los países más desarrollados pero, dado que nuestra tasa de empleo es sustancialmente menor

Tabla 2. Desviación relativa entre países de los componentes del la productividad España vs EE.UU. España vs UE8 UE8 vs EE.UU.

PIB / H

Kp / H

h

GERD

LRD / Ld

PTF

-24.3%

-3.0%

-35.9%

-71.2%

-32.8%

-9.5%

-11.7%

-4.1%

-25.5%

-66.3%

-34.8%

-2.9%

-12.6%

-1.1%

-10.4%

4.8%

2.0%

-6.7%

que las de EE.UU. y la UE8 España, necesitaría algo más de un 20% de capital productivo adicional para mantener la intensidad relativa del capital si las diferencias en las tasas de desempleo con EE.UU. y la UE desaparecieran por completo. La segunda es que, debido a la forma en la que se estima, el stock actual todavía incluye muchos bienes de capital que ya no se utilizan pero que no han sido dados de baja, como por ejemplo buena parte de la maquinaria o plantas de producción del sector de la construcción que han dejado se utilizarse o incluso se han vendido a otros países, pero que todavía sigue contabilizándose en el stock de capital.7 En otras palabras, España tiene que hace un esfuerzo de inversión productiva que debe acompañar al de crecimiento del empleo y al de la reasignación sectorial de la actividad para no deteriorar más nuestra productividad.

Pero hay otras dimensiones en las que el retraso es todavía más importante. El capital humano no solo afecta a la renta per cápita a través de una mayor productividad del trabajo, sino que también lo 7. El stock de capital se estima utilizando el método del inventario permanente. A partir de un stock de capital inicial, se van sumando las inversiones realizadas cada año y se resta la depreciación, que se calcula utilizando unas tasas que dependen de la vida o duración media de los bienes de capital. Estas tasas de depreciación son buenas aproximaciones de la obsolescencia técnica pero no de la económica, sobre todo cuando se producen rápidas e intensas caídas de actividad sectorial. Una posible corrección parcial a este problema es corregir por la utilización de la capacidad productiva instalada. El problema es que, en el mejor de los casos, este indicador corrige el problema de las empresas que siguen operando pero no el de las que ya han desaparecido.

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hace a través de mayores tasas de actividad y de empleo, una relación capital productivo por hora trabajada más elevada o un mayor nivel de capital tecnológico. Aquí las diferencias oscilan entre el 25 y 36 por ciento.8 Además estas diferencias son muy persistentes en el tiempo, tal y como muestra el Gráfico 6, por la propia dinámica de la distribución de la población. Incluso aunque las generaciones más jóvenes accedieran al mercado de trabajo con el nivel educativo de EE.UU. o de la UE8 serían necesarias décadas de esfuerzo para corregir la distancia relativa que nos separa en términos del capital humano.

Algo parecido puede decirse respecto al gasto en I+D como porcentaje del PIB. Aquí el diferencial negativo de España se sitúa alrededor del 70% con EE.UU. y la UE8. Estas diferencias disminuyen aproximadamente a la mitad cuando la distancia tecnológica se mide en términos de investigadores sobre la población ocupada, lo que indica que la inversión en I+D por investigador es significativamente menor en España que en otros países. Por último, la productividad total de los factores (es decir, la parte de la productividad por hora que no podemos explicar con el capital físico productivo y capital humano, y que mide también la eficiencia con la que se usan estos factores productivos) es también inferior en España que en Estados Unidos (10 por ciento) y en la UE8 (3%).

Esta evidencia apunta a tres determinantes fundamentales de nuestro retraso relativo en renta per cápita: las diferencias en las tasas de empleo, el capital humano y el capital tecnológico, con brechas que oscilan aproximadamente alrededor del 20 por ciento respecto EE.UU. y la UE8. Adicionalmente, para eliminar las diferencias existentes en términos de PIB por persona en edad de trabajar, España necesitaría aumentar su stock de capital productivo en un 20 por ciento adicional para mantener la relación capital por trabajador, si las diferencias en las tasas de desempleo con EE.UU. y la UE desaparecieran por completo.

8. La variable de capital humano mide los años de escolarización de la población en edad de trabajar (véase de la Fuente y Doménech, 2012), sin corregir por diferencias en calidad de los sistemas educativos, al no disponer de datos para todo el periodo muestral representado en el Gráfico 6.

Pero estas diferencias no pueden circunscribirse a unos pocos indicadores agregados. Nuestro déficit de productividad no afecta únicamente a la renta per cápita, sino que lastra a todo un amplio conjunto de variables que determinan el bienestar de los individuos: salarios, prestaciones sociales, pensiones y un largo etcétera. Es imposible mejorar nuestra posición relativa en cualquiera de estos ámbitos si no actuamos sobre las causas últimas de nuestro atraso. Un atraso que se ha acentuado con la recesión actual, pero que tiene mucho de secular y que no ha disminuido de forma significativa desde los años setenta del siglo.

Mientras que el esfuerzo “cuantitativo” ha sido importante y España ha alcanzado un nivel de capital productivo y de infraestructuras y capital público por trabajador similar al de los países más avanzados, hemos descuidado tres aspectos centrales cuya influencia es más difícil de precisar, pero en los que apenas nos hemos acercado a los países más avanzados en las últimas décadas. En primer lugar tenemos un mercado de trabajo que funciona sustancialmente peor que el de la mayoría de los países. No sólo porque genera menos puestos de trabajo que aquellos, sino porque los destruye con una facilidad pasmosa en las recesiones. En segundo lugar tenemos una población potencialmente activa menos formada y, por lo tanto, con menor capacidad para generar un nivel de producción por hora trabajada acorde con el de los países líderes. Y en tercer lugar las empresas españolas dedican un esfuerzo muy inferior al observado en otros países a actividades de innovación y desarrollo entre otras razones porque su tamaño no es en general el adecuado para acometer este tipo de inversión. Estas deficiencias no tienen una explicación sencilla ni única. Por el contrario, son el resultado de un sistema de incentivos legales e institucionales inadecuados que ha impulsado a nuestra economía en la dirección incorrecta. En la próxima sección discutimos las principales reformas necesarias para sustituir este marco inadecuado por otro más orientado a un crecimiento equilibrado, más resistente a las crisis periódicas y cuyos frutos puedan ser mejor repartidos entre toda la sociedad. | Javier ANDRÉS y Rafael DOMENECH |

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Los retos a largo plazo de la economía española

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La reciente crisis ha puesto al descubierto las debilidades de un modelo de crecimiento que si bien nos permitió acercarnos a los niveles de renta per cápita de otros países más avanzados, lo hizo a costa de generar unos desequilibrios insostenibles que terminaron enfrentando a España a una encrucijada histórica crítica. Ahora no sólo nos jugamos consolidar la recuperación a corto y medio plazo sino, sobre todo, la modernización de la estructura económica y social con la que tratar de conseguir tasas de crecimiento suficientemente elevadas, como para alcanzar en un plazo razonable de tiempo tasas de desempleo y niveles de productividad similares a los de los países europeos más avanzados.

La sociedad española debe tener clara la importancia del reto al que se enfrenta, los objetivos a conseguir a largo plazo y las prioridades para lograrlos. En un mundo cada vez más globalizado, la mayor parte de la población mundial se encuentra ahora en economías emergentes en las que la renta per cápita está aumentando de manera sostenida, viendo como sus clases medias crecen cada año en decenas de millones de personas y aprovechando, como nunca antes, la oportunidad para acortar las distancias respecto a los países desarrollados o incluso para superar a aquellos que no entiendan bien los retos y cambios que se están produciendo. Las principales economías emergentes han ido mejorando sus instituciones, el capital humano de su población adulta y el capital tecnológico de sus empresas. Algunas como de Corea del Sur, han superado ya a España en niveles de renta per cápita y las tendencias que muestran en ambos países la renta por persona en edad de trabajar y sus determinantes hace prever que España difícilmente volverá a superar a Corea en un futuro cercano.

Aunque los retos a los que nos enfrentamos son formidables, hay al menos dos razones para pensar que España puede abordarlos con garantías de éxito. La primera razón para un cierto optimismo es que España debe transitar por un camino que ya han recorrido otros países que se han enfrentado a situaciones similares y cuyas experiencias

contienen lecciones particularmente relevantes sobre cuáles han sido las claves del éxito en términos del crecimiento económico y creación de empleo. España no necesita inventar ningún modelo nuevo, sino corregir lo que no funciona y eliminar ineficiencias utilizando como guía experiencias de éxito en otros países.

La segunda razón es que nuestro punto de partida es muy dual, de manera que la economía española cuenta también con ventajas comparativas no desdeñables con respecto a otros países. Ventajas que bien aprovechadas deben ser las palancas sobre las que basar el crecimiento en el futuro. Este carácter dual afecta al mercado de trabajo, al de bienes y servicios, a los sectores, a las empresas, a su internacionalización, a las regiones y su situación económica, al sector privado, al público, y así prácticamente a cada una de las dimensiones de la economía española.

Por ejemplo, como se ha visto anteriormente, España muestra una menor productividad media del trabajo que las economías más avanzadas de referencia, lo que se debe en parte al elevado porcentaje del empleo en pequeñas y medianas empresas que necesitan concentrase y ganar tamaño para hacerse más productivas. Pero al mismo tiempo cuenta con un importante número de grandes empresas que han sabido mantener o incluso incrementar sus cuotas de exportación. Empresas que son tan productivas como sus equivalentes en EE.UU., Alemania, Francia o Reino Unido. Que son intensivas en capital humano y tecnológico, y que dan empleo con una tasa de temporalidad más reducida que el resto de la economía (9,3 por ciento frente al 23,3% en 2010). El resultado es un sector exportador que sobresale claramente por encima de la media mundial, con una amplia diversificación geográfica, progresivamente orientado hacia mercados emergentes de rápido crecimiento, y con una elevada diversificación productiva, en bienes y servicios con una mayor complejidad y capacidad de extender la exportación a otro tipo productos.

Otro ejemplo es la calidad de nuestro sistema regulatorio. España ocupa posiciones francamente mejorables en las clasificaciones del Doing Business del Banco Mundial, o del Global Competitiveness | Javier ANDRÉS y Rafael DOMENECH |

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Report del World Economic Forum. Aunque queda mucho por hacer, también se observa que poco a poco las mejoras en las regulaciones de los mercados de productos, servicios, capital y trabajo van siendo sustanciales. Así lo refleja la evolución de los índices que publica la OCDE relativos a los mercados de productos y a las barreras a la inversión extranjera directa.

Del mismo modo, aunque el capital humano medio de la población española en edad de trabajar es inferior al de las principales economías avanzadas (9,4 años de formación reglada frente a 11,8 en 2010), algo más de 6 millones y medio de adultos mayores de 25 años tienen algún tipo de enseñanza universitaria. Aunque la necesidad de mejoras en los resultados educativos es manifiesta, en 2010 el esfuerzo medio en términos de la renta per cápita que representa el gasto en educación por estudiante desde la enseñanza primaria a la universitaria era similar en España al de la UE8. Algo parecido ocurre con las actividades de I+D+i. España apenas dedica 1,39% de su PIB a estas actividades frente al 2,01% de media en la Unión Europea, pero el esfuerzo del sector público y el de las empresas de mayor tamaño es comparable al de otros países, sobre todo cuando se añade la innovación en procesos y productos. El problema de nuevo es que el porcentaje de empresas pequeñas y medianas que no innovan es superior al de otras economías avanzadas.

En cuanto al funcionamiento de las administraciones públicas, la dualidad se manifiesta en la coexistencia de ámbitos en los que la racionalización y mejora de eficiencia en la prestación de servicios públicos, o la lucha contra la evasión fiscal son absolutamente indispensables, junto a otros servicios cuya calidad está a la altura de países con mayor renta per cápita (como en el caso de la sanidad o infraestructuras). O en los avances que se han ido produciendo en las reglas fiscales y de estabilidad presupuestaria con las que garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio y largo plazo. España, que ya supo llevar a cabo los esfuerzos necesarios para acceder al la Unión Monetaria Europea en su primera fase, ha sido uno de los primeros países en adoptar una reforma constitucional y una Ley de

Estabilidad Presupuestaria con objetivos totalmente alineados con los del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la UE. Con ello se ha situado entre los países Emejor DE LA ECONOMÍA SPAÑOLAclasificados en el ÍndiLOS RETOS ce de Reglas Fiscales que elabora la Comisión Europea. Además de introducir una mayor transparencia proporcionando una información funcionamiento de nuestro mercado laboral. Por el lado de la oferta, los trabajadores aceptan muy relevante sobre su situación financiera de la Seguridad Social, la trabajar jornadas más largas para compensar una remuneración por hora muy baja en línea con reciente ley sobre el Factor de Sostenibilidad y la Revalorización de su productividad. Por otra parte el inadecuado marco contractual de nuestro mercado laboral las pensiones públicas refuerza el sistema de pensiones español lo que ha dificultado hasta ahora el uso del contrato a tiempo parcial o reducciones de jornada para asegura susdelsostenibilidad flexibilizar el uso factor trabajo en el ante marcola depresión la empresa.de las tensiones demográficas En y condiciones consecuencia, loseconómicas dos principalescambiantes. retos de la economía española para mejorar su renta per cápita son la necesidad de aumentar su tasaterritorialmente de empleo, reduciendo la tasa de Esta dualidad se manifiesta también como muesdesempleo hasta niveles similares a losde deeste la UE8 y EE.UU., asíregión como potenciar tra el Gráfico 7. Cada punto gráfico es una europeala y productividad por hora trabajada. Pero estas dos variables dependen a su vez de un amplio cada columna un país. La posición de cada región está determinada conjunto de factores y políticas que, en muchas ocasiones, interactúan entre sí y que combinan por las 73 variables con las que se obtiene el índice de competitividad determinantes de carácter estructural junto a otros asociados al ciclo económico, consecuencia de la profundidad de la recesión actual.

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Gráfico 6: Evolución de los determinantes del PIB por hora trabajada en España y la UE8 relativo Gráfico 7. Evolución de los determinantes del PIB por hora trabajada a EE.UU (igual a 100), 1960-2012.

en España y la UE8 relativo a EE.UU. (igual a 100), 1960-2012.

| Javier ANDRÉS y Rafael DOMENECH |

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regional elaborado por la Comisión Europea.9 Estas variables reflejan indicadores cuantitativos agrupados en grandes áreas: instituciones, estabilidad macroeconómica, infraestructuras, sanidad, calidad de la educación primaria y secundaria, educación superior, formación y aprendizaje, eficiencia del mercado de trabajo, tamaño de mercado, preparación tecnológica, sofisticación productiva e innovación. Este gráfico ilustra muy bien el doble reto que tiene España: el de la convergencia respecto a los países europeos más competitivos y el de la convergencia interna de las regiones españolas con menor capacidad competitiva hacia aquellas como Madrid, País Vasco o Navarra. Si estas regiones han tenido la capacidad de situarse a niveles similares a los de las regiones medias de Austria, Alemania o Suecia, el resto también puede hacerlo.

Por supuesto, hay que ser realistas y entender que en el mejor de los casos este será un proceso lento, que puede llevar muchos años, sobre todo en indicadores como los de capital humano, que dependen en mayor medida de la inercia demográfica. Estamos hablando de retos muy similares a los que se enfrentó España cuando accedió en 1985 a la entonces Comunidad Económica Europea. Aunque la transformación de nuestra economía desde entonces ha sido espectacular, no lo es menos que otros países han avanzado mucho, de manera que todavía quedan muchos ámbitos en los que mejorar para reducir distancias con las economías que deben ser nuestros referentes. Si cabe, el desafío es ahora mayor que hace 30 años dado el proceso imparable de globalización que está transformando el mundo y porque además debemos acometerlos desde una posición de fragilidad consecuencia del importante endeudamiento que arrastra nuestra economía y que puede lastrar el crecimiento en los próximos años. La globalización proporciona enormes beneficios y oportunidades y hasta ahora España ha disfrutado de muchas de las ventajas que conlleva ya que, por ejemplo, hemos sido importadores netos de capital desde otros países.

9. Los detalles del Índice de Competitividad regional elaborado por la Comisión Europea pueden encontrarse en el documento de trabajo de Annoni y Dijkstra (2013).

Pero es también un factor de riesgo si no se entienden bien las transformaciones que se están produciendo en el mundo y si España no es capaz de dar las respuestas adecuadas a este proceso manteniendo la ventaja comparativa donde ya la tiene, y recuperando terreno en donde la ha perdido.

Para abordar con garantías de éxito esta encrucijada histórica a la que se enfrenta la sociedad española en el terreno económico, debe darse una respuesta adecuada a los diez retos que se describen a continuación.

La reducción de la tasa de desempleo Sin duda, el reto más urgente a corto y medio plazo es la reducción lo más rápida posible de una tasa de desempleo inaceptablemente alta y que es una auténtica anomalía en Europa. Hay que hacer todos los cambios que sean necesarios para que el desempleo disminuya a niveles incluso por debajo del existente en 2007, antes del inicio de la crisis, alcanzando tasas como las que actualmente se observan en EE.UU. o la UE8. Y también para que el empleo sea estable y de la mayor calidad posible, reduciendo para ello la tasa de temporalidad al menos a la mitad.

Con las tendencias actuales, el crecimiento real será suficiente para crear empleo neto a lo largo de 2014 y en 2015. Pero la cuestión relevante no es tanto cuál será esa tasa de creación de empleo este año o el siguiente. La destrucción de empleo ha sido masiva y posiblemente costará una década alcanzar los niveles de empleo de 2007. En el Gráfico 8 se compara la evolución del empleo desde 2007 con la de la UE8, y EE.UU. en la crisis actual y en la Gran Depresión de los años 30. En la UE8 la destrucción de empleo apenas supuso un 1 por ciento y su nivel de 2008 se recuperó en menos de tres años. Aunque la caída del PIB fue muy superior, el mercado de trabajo respondió de manera muy flexible ajustando horas y salarios en lugar de empleo. Además, la crisis de deuda soberana a penas tuvo efecto en el empleo de estos países.

En EE.UU. la destrucción de empleo alcanzó el 5 por ciento al cabo de 3 años de iniciada la crisis, pero las previsiones apuntan | Javier ANDRÉS y Rafael DOMENECH |

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LOS RETOS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

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Gráfico 8. Índice de competitividad regional en las regiones de la UE Gráfico 7: Índice de competitividad regional en las regiones de la UE 2013.

2013. Fuente: Annoni Dijkstra (2013).

Fuente: Annoni yyDijkstra (2013).

a que Por a losupuesto, largo de años después deeliniciada la casos crisis, hay2014, que sersiete realistas y entender que en mejor de los esteelserá un empleolento, volverá a losllevar niveles de 2007.

En relación a la UE8, el ajuste proceso que puede muchos años, sobre todo en indicadores como los de capital en EE.UU. descansó más medida en el margen extensivo (empleo) que ende retos humano, que dependen en mayor de la inercia demográfica.

Estamos hablando muy similares a (horas). los que se enfrentó España cuando accedió en a la entonces Comunidad el intensivo En el Gráfico 8 también se1985 muestra la evoluEconómica Europea. durante Aunque lala transformación de nuestra economía Aquella desde entonces ción del empleo Gran Depresión en EE.UU. crisisha sido espectacular, no lo es menos de quecasi otros han ciento avanzado mucho, de manera que todavía supuso la destrucción unpaíses 18 por del empleo.

Tuvieron quedan muchos ámbitos en los que mejorar para reducir distancias con las economías que que pasar 11 años para que EE.UU. recuperara el nivel de empleo deben ser nuestros referentes. Si cabe, el desafío es ahora mayor que hace 30 años dado el de 1929. proceso imparable de globalización que está transformando el mundo y porque además En el caso de España, la situación y las previsiones son incluso peodebemos acometerlos desde una posición de fragilidad consecuencia del importante res que las de EE.UU. durante la Gran Depresión. La destrucción del endeudamiento que arrastra nuestra economía y que puede lastrar el crecimiento en los empleo ha sido similar a nivel agregado pero con algunos elementos próximos años. La globalización proporciona enormes beneficios y oportunidades y hasta ahora aun más preocupantes. Por una parte, destrucción de empleo se ha España ha disfrutado de muchas de las ventajas que conlleva ya que, por ejemplo, hemos sido producido durante un periodo de tiempo más prolongado, en el transcurso de 6 años. Además, la destrucción de empleo privado ha sido incluso superior, alcanzado el 23%, es decir, casi uno de cada cuatro -16-

empleos. Para hacernos una idea de la magnitud del problema basta calcular cuanto tiempo tardaríamos en recuperar el empleo de 2007 en el supuesto de que durante los próximos diez años el PIB de España creciera de media un 2,5%, con un crecimiento del empleo del 1,9% y de la productividad del 0,6%, (igual al observado en el ciclo económico de 1991 a 2007). En estas condiciones necesitaríamos todavía 11 años para recuperar el nivel de empleo de 2007, es decir, 18 años más tarde de iniciada la crisis. Pero es que además esta escenario no está garantizado ya que en estos momentos ninguna institución internacional (como el FMI o la Comisión Europea) tiene una previsión de crecimiento potencial del PIB cercana al 2,5%, sino más bien al 1,5%, en cuyo caso la recuperación del nivel de empleo de 2007 se demoraría aun más tiempo del previsto en el Gráfico 8. Es preciso por ello adoptar reformas que nos aseguren un crecimiento potencial como mínimo del 2,5%, pero además hay que hacer este crecimiento especialmente intensivo en creación de puestos de trabajo para no dejar definitivamente descolgada de la actividad productiva a una proporción importante de nuestros desempleados actuales.

España necesita combinar simultáneamente distintas medidas que deben complementarse entre sí para generar un círculo virtuoso en el mercado de trabajo:10 • Acelerar la creación de empleo mediante la flexibilidad salarial necesaria para ajustar los salarios reales a la productividad y facilitar la reasignación sectorial de factores productivos, junto con otras medidas que mejoren la eficiencia del mercado de trabajo.

Entre ellas, incentivar la contratación indefinida mejorando el sistema de indemnizaciones, más y mejores políticas activas de empleo, y un mejor diseño de las políticas pasivas.

10. Cardoso et al (2013) evalúan la importancia de los distintos factores estructurales que explican el aumento de la tasa de desempleo durante la crisis. Andrés y Doménech (2013) analizan en qué medida la flexibilidad de los salarios para ajustarse a la productividad puede reducir el desempleo y cómo esta flexibilidad debe completarse con otras medidas que mejoren la eficiencia con la que funciona el mercado de trabajo.

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• Llevar a cabo reformas que aumenten el crecimiento de la productividad para generar empleo, aumentar los salarios reales y reducir la desigualdad salarial.

• Llevar a cabo reformas que aumenten la competencia para reducir los márgenes de precios: cuanto más flexibles sean los precios más rápida será la creación de empleo. Además de nuevas medidas, especialmente las necesarias para favorecer la contratación indefinida frente a la temporal y las que favorezcan la formación y reciclaje de los trabajadores con menos capital humano, hay que asegurar que todos los mecanismos de la última reforma laboral funcionan eficazmente para que la adecuación de los salarios a la productividad de acelere la salida de la crisis, con aumentos del PIB, del empleo y de las rentas salariales, reduciendo los principales desequilibrios macroeconómicos. Obviamente, estos efectos de la flexibilidad salarial serán mayores cuanto más expansiva sea la política monetaria del BCE y menor la fragmentación financiera en Europa.

90 La reforma de las AA.PP.: estructura fiscal, eficiencia y equilibrio presupuestario (capítulo) La reforma de las AA.PP. a medio y largo plazo debe tener como objetivos asegurar el equilibrio presupuestario, financiar un estado del bienestar que asegure al máximo la igualdad de oportunidades ex ante así como la protección frente a circunstancias negativas sobrevenidas a los ciudadanos, reducir la evasión fiscal y mejorar la eficiencia y la equidad del sistema impositivo y de gasto para hacer de ellos un motor de la transformación productiva que necesitamos. El diagnóstico realizado en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) es muy exhaustivo. Su éxito va a depender de la ambición en el alcance y efectividad con la que se lleven a cabo los cambios propuestos, siendo conscientes de que la puesta en práctica de algunas de estas medidas va a llevar mucho tiempo.

La reforma fiscal debe satisfacer tres objetivos. El primero es convertir nuestro sistema impositivo en uno más sencillo, neutral y trans-

parente, que facilite la toma de decisiones económicas desde el punto de vista de los incentivos fiscales. Segundo, la estructura fiscal debe incentivar el crecimiento económico, la creación de empleo, el ahorro y la entrada de capital extranjero, incluido el tecnológico y humano.

Tercero, la reducción y simplificación de los tipos impositivos debe hacerse al mismo tiempo que se aumentan las bases impositivas. Así se mejora la capacidad recaudatoria y se asegura a largo plazo la financiación equilibrada de un gasto público suficiente para financiar el Estado de bienestar. Aunque algunos impuestos deben garantizar la progresividad del sistema, la redistribución debe descansar fundamentalmente en las políticas de gasto, que son mucho más efectivas para promover la igualdad de oportunidades, como es el caso de la educación, y para asegurar a los ciudadanos frente a determinadas incertidumbres en ámbitos como la salud, el desempleo o la vejez.

Condicionado a los objetivos anteriores, la reforma fiscal debería priorizar cuatro cambios. Primero, la reducción de cotizaciones sociales compensada con un aumento de la imposición indirecta con la que obtener los resultados de una devaluación fiscal.11 Segundo, la reducción de tramos y tipos medios y marginales del IRPF, compensada con la eliminación de reducciones, deducciones y exenciones del impuesto. Tercero, acercar al 20% el tipo impositivo del Impuesto de Sociedades mediante la eliminación gradual de la mayor parte de deducciones, especialmente de los gastos financieros de la financiación ajena, que dan lugar a un sesgo hacia el endeudamiento. Por último, aumentar la recaudación con aquellos impuestos menos distorsionadores (por ejemplo, tasas o impuestos sobre la propiedad de la vivienda) o los que tratan de corregir externalidades negativas (por ejemplo, la imposición medioambiental).

La mejora de la eficiencia de las AA.PP. y de las políticas de gastos, junto con una reforma fiscal que favorezca el crecimiento económico 11. Boscá, Doménech y Ferri (2014) analizan detalladamente los resultados potenciales de una devaluación fiscal (sustitución de cotizaciones sociales por impuestos indirectos) en España.

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y la creación de empleo debe ser la estrategia sobre la que descanse la consolidación fiscal a medio y largo plazo. ¿Por qué es importante garantizar la estabilidad presupuestaria a largo plazo? El sentido común indica que si el déficit y el endeudamiento públicos tuvieran efectos positivos a corto plazo y no afectaran negativamente al crecimiento a largo lo óptimo sería utilizar indefinidamente políticas fiscales expansivas. Pero no existen menús gratis tampoco para las autoridades fiscales: los estímulos fiscales para aumentar la actividad económica en el presente tienen el coste de un menor crecimiento mañana. Cada sociedad tiene un límite fiscal en función de sus características productivas e institucionales, más allá del cual los mercados perciben unos riesgos que encarecen sustancialmente su financiación.

Aunque las políticas de estímulo fiscal pueden ser un instrumento útil para la estabilización de la actividad económica a corto plazo, una deuda pública y un déficit presupuestario elevados perjudican el crecimiento económico y el empleo a largo plazo. Como hemos podido comprobar en España durante estos años, cuanto más cerca nos encontremos de dicho límite más difícil resulta recurrir a estímulos fiscales adicionales cuando más se necesita.

La evidencia empírica nos muestra que la deuda y los déficits públicos persistentes están asociados a tipos de interés reales más elevados que perjudican la inversión privada y el crecimiento. Por ejemplo, en las economías desarrolladas por cada punto de aumento del déficit presupuestario estructural sobre el PIB la tasa de ahorro privado compensa solo cuatro décimas mientras que la tasa de inversión privada disminuye otras cuatro.12 Adicionalmente, dado un nivel de gasto público sobre PIB, son necesarios impuestos más elevados para estabilizar un mayor nivel de deuda pública, con los consiguientes efectos distorsionadores y negativos sobre la inversión y el empleo.

Por ejemplo, en el caso de la economía española una reducción de la deuda pública del 95 al 35 por ciento del PIB permitiría que el nivel de 12. Doménech y García (2013) presentan una abundante evidencia empírica sobre los efectos a largo plazo del déficit y de la deuda pública sobre el ahorro e inversión privados, el PIB y el empleo.

producción fuera un cinco por ciento mayor y que se crearan algo más de medio millón de empleos. Estos efectos son similares en EE.UU. y en otros países de nuestro entorno.

Pero la consolidación presupuestaria no puede lograrse de cualquier manera. En el caso de la economía española la mejor manera de alcanzar el equilibrio presupuestario es reducir la tasa de desempleo de una forma sustancial y permanente. El Gráfico 9 permite ilustrar como funcionaría esta estrategia. En el eje horizontal se representa la tasa de desempleo y en el eje vertical el saldo presupuestario de las AA.PP. como porcentaje del PIB.13 La correlación entre ambas variables es claramente negativa como resultado de los efectos del ciclo económico sobre ambas variables. En las expansiones el desempleo disminuye y el saldo presupuestario aumenta, es decir, disminuye el déficit público o incluso pasa a una situación de superávit, mientras que en las recesiones ocurre lo contrario. Así, por cada punto de disminución de la tasa de paro el saldo presupuestario aumenta en 0,62 puntos porcentuales del PIB. Las dos rectas verticales representan las estimación de la tasa de paro estructural en 2006 y 2013. Esas tasas de paro estructural aproximan las que se hubieran observado esos años en una situación cíclica neutral, es decir, si la economía española no hubiera estado ni en expansión ni en recesión. Por ejemplo, en 2013 la tasa de paro fue del 26,4%, de los cuales unos 18 puntos serían estructurales. A partir de la estimación de la tasa de paro estructural puede calcularse el saldo presupuestario estructural. Para ello, en el Gráfico 9 basta con proyectar el déficit de cada año sobre la recta vertical de su tasa de paro estructural. Así, del déficit de las AA.PP. de 7% en 2013, algo menos de 2 puntos porcentuales eran estructurales y unos 5 puntos cíclicos.

La estrategia de consolidación fiscal debe descansar en la reducción del déficit estructural hasta el equilibrio presupuestario, mediante 13. Andrés y Doménech (2013) utilizan el gráfico del saldo presupuestario frente a la tasa de desempleo para analizar la sensibilidad de la estimación del déficit público estructural a la incertidumbre sobre la estimación de la tasa de desempleo estructural. La Comisión Europea estima para 2013 una tasa de desempleo estructural mucho más elevada que nosotros, por lo que su estimación del déficit estructural es también mayor.

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LOS RETOS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

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algunos elementos aun más preocupantes. Por una parte, destrucción de empleo se ha

un crecimiento potencial como mínimo del 2,5%, pero además hay que hacer este crecimiento

especialmente intensivo en creación de puestos de trabajo para no dejar definitivamente

Demografía y sostenibilidad del Estado de bienestar a largo plazo El periodo de expansión anterior a la crisis económica estuvo caracterizado entre otros factores por un notable crecimiento de la población española debido a los flujos migratorios procedentes del exterior que revertió completamente la tendencia demográfica observada anteriormente.

Uno de los beneficios para la economía española del aumento de la población durante esos años de elevada inmigración, fue que las administraciones públicas contaron con recursos adicionales para financiar el Estado de bienestar, particularmente en sanidad y pensiones.

La crisis ha supuesto un brusco cambio en las perspectivas demográficas de España. Todas las proyecciones de población a largo plazo se han revisado a la baja, de manera que las previsiones apuntan a un progresivo envejecimiento de la población. Este cambio provocará que la tasa de dependencia (definida como las personas mayores de 65 años sobre la población en edad de trabajar) vaya aumentando progresivamente. El aumento de las tasas de dependencia supone un reto muy importante en el sostenimiento del Estado de bienestar, cuya carga financiera es proporcionalmente mayor en el segmento de población de mayor edad, debido al gasto en pensiones y sanidad. Por ejemplo, las previsiones actuales apuntan a que el número de pensionistas aumentará de 9 a 15 millones entre 2013 y 2050. Para mantener la generosidad actual del sistema pensiones, sin que ello suponga una carga redistributiva mayor de la población en edad de trabajar a la población jubilada, se necesitaría que el empleo aumentara de los 16,5 millones de trabajadores de 2013 hasta los 27 millones en 2050. En su defecto, el gasto en pensiones aumentará progresivamente a medida que lo haga la tasa de dependencia (lo que supondrá una distribución de renta del resto de la sociedad a los pensionistas) y, al mismo tiempo, la generosidad del sistema (medida como la pensión media sobre el salario medio ) irá disminuyendo.

En el Gráfico 10 se observa la relación existente entre el gasto en pensiones como porcentaje del PIB y la tasa de dependencia. Si segui| Javier ANDRÉS y Rafael DOMENECH |

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mos la pauta de otros países desarrollados, el aumento de la tasa de dependencia en España provocará un aumento del gasto en pensiones en relación al PIB salvo que otros factores lo contrarresten o retrasen en el tiempo.14 El aumento de la tasa de empleo y la productividad (es decir, el crecimiento del PIB) pueden retrasar unas décadas esa tendencia. A muy largo plazo, el mayor empleo y la mayor productividad también acabarán por generar un mayor gasto en pensiones.

Un mayor número de trabajadores manteniendo con mayores salarios a los pensionistas de las próximas décadas también terminarán convirtiéndose en un mayor número de jubilados con mayores pensioRETOS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA LOS nes en un futuro más lejano.

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1980-2013.

14. En el trabajo de Doménech (2014) se analiza con descansar detalle la descomposición del gasto del déficit La estrategia de consolidación fiscal debe en la reducción en pensiones sobre el PIB en distintos componentes que dependen de características sociodemográficas (como la tasa de dependencia), económicas (como la tasa de empleo) sistema de pensiones.

También se compara situación que disminuyany de lala propia tasa generosidad de paro del estructural.

Sin reducciones de laesta tasade de paro, la España con la de otras economías europeas.

estructural hasta el equilibrio presupuestario, mediante políticas presupuestarias y reformas

consolidación fiscal será mucho más costosa ya que exigirá como mínimo reducciones del gasto

público equivalentes al 2% del PIB con el impacto que ello puede tener sobre el componente cíclico del desempleo. Por el contrario, las reformas estructurales, entre las que se encuentra la

mantener la pirámide demográfica constante a lo largo del tiempo y un sistema de pensiones sostenible en el que la edad de jubilación (o, alternativamente, el cálculo de la pensión inicial) compense el aumento de la esperanza de vida.

El reto de sostenibilidad del sistema sanitario es parecido al del sistema de pensiones, aunque con algunas complejidades adicionales. El retraso en la edad de jubilación puede ayudar a sostener presupuestariamente el sistema de pensiones. Con la sanidad esto no tiene por qué ser necesariamente así: a medida que las personas se hacen mayores no pueden retrasar el gasto que requiere mantener su salud. Ciertamente el progreso técnico y mejores cuidados sanitarios en edades más tempranas pueden retrasar o reducir la incidencia de ciertas enfermedades asociadas a la edad. Pero también eleva la esperanza de vida y, con ello, el gasto en sanidad en las edades mas tardías. Afortunadamente, el progreso técnico dará lugar en el futuro a nuevas soluciones a problemas de salud que hoy no tienen solución.

Si este progreso técnico y el gasto asociado crecen a una tasa mayor que la del PIB (como ha venido ocurriendo en las últimas décadas), la sostenibilidad del gasto sanitario puede terminar suponiendo un reto incluso superior al del sistema de pensiones. El reto del sistema sanitario público en España, que hoy funciona razonablemente bien en comparación con el de otros países de nuestro entorno, es el de mejorar la eficiencia en su gestión y en la provisión de servicios para evitar que las ventajas de unas coberturas cada vez más amplias puedan ponerse en peligro por dificultades de sostenibilidad financiera.

Dinámica empresarial: creación de empresas y economía de escala Las empresas grandes alcanzan niveles de productividad más elevados porque aprovechan sus economías de escala, contratan trabajadores con más capital humano y menor temporalidad, invierten más en I+D+i, están sometidas a una mayor competencia internacional y se financian en mejores condiciones que las empresas pequeñas. La evidencia internacional indica que la productividad media de los países | Javier ANDRÉS y Rafael DOMENECH |

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de la OCDE está correlacionada con el tamaño de las empresas: cuanto menor es el porcentaje del empleo en empresas pequeñas o microempresas, mayor es la productividad, tal y como muestra el Gráfico 11.

Esta evidencia también apunta a que la productividad media de las empresas españolas de más de 250 empleados es similar a la de sus homólogas en Alemania, EE.UU. o Reino Unido, pero unas tres veces superior al de las empresas pequeñas. Por lo tanto, una parte considerable de la menor productividad del trabajo en España se explica por un efecto composición: el porcentaje de la producción y del empleo de las pequeñas empresas es mucho mayor en España que en otras economías avanzadas. El cuarto reto de la economía española es facilitar la creación de empresas y, sobre todo, que las existentes puedan ganar tamaño para conseguir ser más productivas y competitivas, y alcanzar la escala necesaria para su internacionalización.

Para aumentar el tamaño Ede la empresa española es RETOS DEyLAelECONOMÍA SPAÑOLA LOSnúmero urgente eliminar múltiples barreras legales, financieras y fiscales. Las 98

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de dependencia, OCDE, 2010.

El reto de sostenibilidad del sistema sanitario es parecido al del sistema de pensiones, aunque con algunas complejidades adicionales. El retraso en la edad de jubilación puede ayudar a sostener presupuestariamente el sistema de pensiones. Con la sanidad esto no tiene

causas específicas del predominio de la pequeña empresa en nuestro país son sin duda múltiples. Por citar solo algunas de ellas podemos destacar las regulaciones y cargas administrativas que desincentivan la mayor escala de las empresas, un tamaño de mercado limitado por la baja densidad de población, la inexistencia de mercados de capitales específicos para este sector, un insuficiente desarrollo del sector de servicios a las empresas, el capital humano de muchos emprendedores, inadecuado para gestionar empresas de mayor tamaño, y la voluntad de evitar la pérdida de control de la sociedad que acompaña en muchos casos al crecimiento empresarial. Tampoco la regulación de las relaciones laborales ha favorecido el crecimiento de las empresas más eficientes de un sector, debido al predomino de la negociación colectiva de ámbito provincial, que dificultaba la competencia entre las empresas.

El aumento del tamaño medio de la empresa debe llevarse a cabo simultáneamente a la reducción del nivel de endeudamiento de muchas de ellas. Una de las secuelas de la crisis ha sido precisamente el que los niveles de deuda de muchas empresas sea excesivo en comparación con los ingresos que son capaces de obtener tras la fuerte caída de actividad que han experimentado, lo que condiciona la capacidad de acumulación de capital y la reasignación de factores productivos entre sectores. Afortunadamente, los niveles de endeudamiento son bastante heterogéneos entre sectores y entre empresas de un mismo sector y muchas de ellas disponen de recursos propios suficientes con los que afrontar su inversión durante los próximos años.

Para que el proceso de inversión y acumulación de capital productivo no sea un restricción al crecimiento son necesarias cuatro condiciones. La primera es incentivar el ahorro privado, de manera que las empresas y autónomos dispongan de recursos propios con los que apalancar sus decisiones de inversión. Con la infravaloración del riesgo asociada a la burbuja financiera anterior a la crisis esas inversiones se financiaban casi exclusivamente con deuda y con un escaso porcentaje de recursos propios. Tras la crisis se ha vuelto a una situación más normal en la que en los inversores también tienen que | Javier ANDRÉS y Rafael DOMENECH |

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arriesgar su propio capital. En segundo lugar, el desapalancamiento de la economía española tendrá un menor efecto negativo si al mismo tiempo entra inversión extranjera directa para participar de una parte o de todo el capital de las empresas en las que invierten. Además la inversión directa es un determinante clave de la integración financiera ya que sirve para amortiguar los efectos negativos y los shocks negativos de carácter nacional. El objetivo es que una parte de la recuperación de la inversión se haga con recursos procedentes del exterior. Pero esto no es suficiente, es preciso que estos fondos se destine a aumentar nuestra capacidad de producir bienes comerciables, ya que la entrada de capitales da lugar también a obligaciones financieras con el exterior que sólo podrán abordarse aumentando las exportaciones netas.

La tercera condición es la reducción de las tensiones financieras y de la fragmentación existente en la eurozona. Estas tensiones afectan negativamente las decisiones de inversión por dos vías. Por una parte a través de la mayor incertidumbre, que incentiva que muchas empresas pospongan o paralicen sus proyectos de inversión. Por otra porque, los tipos de interés más elevados (mayores primas de riesgo) reducen la demanda de crédito. El avance hacia la unión bancaria en la UEM, con el Mecanismo Europeo de Resolución de Crisis Bancarias y la Supervisión del BCE, es una condición necesaria para romper con el bucle entre el riesgo soberano y bancario, reduciendo así la fragmentación financiera existente. Y la cuarta condición es que debe asegurarse que la reestructuración en marcha del sistema financiero facilite el proceso de desapalancamiento (reducción del stock de crédito al ritmo que impongan los vencimientos) sin restricciones de cantidad a la financiación de proyectos empresariales solventes (nuevas operaciones).

Aunque la reestructuración todavía no está concluida por completo, se ha avanzado mucho, tanto a la hora de asegurar la solvencia y el ahorro de millones de ahorradores, como en el saneamiento de las entidades. La privatización de las entidades nacionalizadas debe hacerse analizando cuál es el momento idóneo en términos de costes y beneficios.

Internacionalización de la economía española y globalización Una de las mejores noticias durante la crisis ha venido del crecimiento de nuestras exportaciones y de la corrección del desequilibrio de nuestra balanza por cuenta corriente: de un déficit del 10% del PIB a un superávit a finales de 2013. Para que este superávit aumente y sea lo más recurrente posible es necesario mejorar la competitividad en los mercados internacionales, aprovechar el crecimiento de la demanda exterior impulsando todas aquellas políticas que aumentan la apertura externa (más exportaciones por parte de más empresas), y mejorar la competencia de las empresas españolas en los mercados domésticos de bienes y servicios comercializables (sustitución de importaciones). La existencia de este superávit durante un periodo prolongando de tiempo permitiría ir reduciendo progresivamente la deuda exterior de la economía española.

España cuenta con la ventaja de tener un sector exportador muy diversificado tanto en la variedad de los productos como en el número de países a los que exporta. Utilizando la metodología desarrollada Ricardo Hausmann y sus coautores, el Gráfico 12 muestra la participación promedio de los distintos sectores de bienes en las exportaciones españolas durante el período 1999-2011 de acuerdo a sus niveles de complejidad y conectividad mundiales.15 El grado de complejidad de un sector se considera mayor cuanto menor es el número de países capaces de exportar los bienes que produce dicho sector y mayor es la diversidad los países que son capaces de hacerlo. La proximidad o conectividad es una medida de la distancia media de cada sector a cada uno de los distintos tipos de productos exportados a nivel mundial. Cuanto mayor es la conectividad mayor es la capacidad de un sector de extender la exportación de bienes a otros sectores en los que se puede utilizar el conocimiento ya acumulado en ese sector.

Por lo tanto, los países con mayor ventaja internacional en términos 15. La evidencia del Gráfico 12 se basa en el análisis realizado por Correa y Doménech (2012) sobre la internacionalización de la empresa española. Hausmann et al (2011) describen detalladamente cómo se mide la complejidad y conectividad de las exportaciones.

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Gráfico 12. Productividad medio la empresa, OCDE. Gráfico 11: Productividadyytamaño tamaño medio de de la empresa, OCDE.

102 de diversificación productiva son aquellos con un mayor peso de sus exportaciones en sectores más complejos con menos a la El aumento del tamaño medio de la empresa debe (compitiendo llevarse a cabo simultáneamente países) y dede mayor conectividad (con de mayor crecerdeen reducción del nivel endeudamiento de muchas ellas. potencial Una de las de secuelas la la crisis ha exportacióneldeque bienes similares). sido precisamente los niveles de deuda de muchas empresas sea excesivo en El Gráfico 12 muestra medias ponderadas de complejidad y que comparación con los ingresos que sonlas capaces de obtener tras la fuerte caída de actividad conectividadlodequeEspaña y della mundo.

La posición de España en y la han experimentado, condiciona la capacidad de acumulación de capital ambosdeindicadores es mejor entre que lasectores. media mundial: la complejidad reasignación factores productivos Afortunadamente, los niveles de media de exportaciones españolas (1,32) másempresas que duplica la de sector endeudamiento sonlas bastante heterogéneos entre sectores y entre de un mismo las de exportaciones (0,57),suficientes mientrasconque y muchas ellas disponen mundiales de recursos propios los su queconectividad afrontar su inversión sectorial media durante los próximos años.(0,2) supera en más de un 10 por ciento a la media mundial Para que (0,18). el proceso de inversión y acumulación de capital productivo no sea un resumen, son la capacidad de España para competir restricciónEn al crecimiento necesarias cuatro condiciones.

La primerainternacionales incentivar el ahorro mente a largo plazo dependerá de la eficiencia ende la recursos reasignación loslos que privado, de manera que las empresas y autónomos dispongan propiosdecon recursos productivos de losCon sectores menos dinámicos competitivos apalancar sus decisiones de inversión. la infravaloración del riesgo yasociada a la la burbuja hacia aquellos con mayor potencial crecimiento, mayor valorcon añafinanciera anterior a la crisis esas inversiones se de financiaban casi exclusivamente deuda y y porcentaje en mejores de Tras competir por más con undido escaso de condiciones recursos propios. la crisisinternacionalmente se ha vuelto a una situación relación calidad/precio. normalsu enmejor la que en los inversores también tienen que arriesgar su propio capital. En segundo

Reformas en los mercados de bienes y servicios La mejora de la productividad y de las tasas de empleo requiere también reformas sectoriales que aumenten la competencia y la eficiencia, contribuyendo a abaratar los bienes y servicios que son consumos intermedios de otros sectores o de consumo final. Es bien conocido que un aumento de la competencia en los mercados de bienes y servicios aumenta la demanda de trabajo de las empresas para cualquier nivel de salarios, disminuyendo así el desempleo.16 Además del mercado de trabajo, entre los factores externos a la empresa que afectan a la competencia y eficiencia con la que funcionan los mercados de bienes y servicios sin duda el sector público tiene una importancia fundamental. Las vías a través de las cuales las administraciones públicas afectan a al funcionamiento de los mercados de productos son básicamente las siguientes: 1. Costes y cargas administrativas. Además de las distintas cargas impositivas, las empresas tienen que hacer frente a diferentes cargas administrativas que suponen un coste económico y/o un retraso temporal. Estos costes afectan a la creación de empresas, a su puesta en marcha, a la obtención de licencias, a su gestión diaria tanto en situaciones normales como en las de estrés financieros (concurso de acreedores) y al cierre de empresas. En la medida que muchos de estos costes dependen del tamaño de las empresas, en muchas ocasiones son una de las causas que explican el menor tamaño medio de las empresas españolas en relación a las de otras economías avanzadas.

2. Regulaciones que limitan la competencia entre empresas. Las regulaciones y restricciones que impone el sector público en los mercados de bienes y servicios pueden alterar las condiciones de competencia en los mercados dotando de ciertas rentas de mono16. El análisis de los efectos de la competencia en los mercados de bienes y servicios sobre la demanda de trabajo de las empresas y el desempleo puede encontrase en los trabajos de Layard, Nickell y Jackman (2005) y Blanchard y Giavazzi (2003).

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polio a algunas empresas que operan en ellos. Un ejemplo típico, que la reciente Ley de Unidad de Mercado trata de resolver, es la capacidad de las administraciones regionales o locales para impedir o dificultar la entrada de nuevos competidores, otorgando una ventaja a las empresas que ya están operando en esos mercados.

3. Regulaciones ineficientes. Las regulaciones o el control administrativo de la gestión de algunos sectores pueden, si no están bien diseñadas, dar lugar a ineficiencias en su funcionamiento, que repercuten negativamente sobre otros sectores y, en última instancia, sobre los consumidores finales. Un ejemplo reciente lo tenemos en la inadecuada supervisión, control y regulación de las cajas de ahorros españolas que permitió un endeudamiento excesivo de empresas y particulares y una mala gestión de riesgos. La consecuencia de todo ello ha sido una costosa reestructuración bancaria para el contribuyente y para determinados ahorradores privados, así como restricciones de oferta y aumento de las tensiones financieras para el sector financiero y, por extensión, para el conjunto de la economía. Otro ejemplo ha sido el de las subvenciones a las energías renovables y regulaciones en las tarifas eléctricas que han generado un enorme déficit tarifario. Este déficit se ha ido acumulando con el paso de los años hasta generar una deuda que a finales de 2013 suponía aproximadamente el 2,5 por ciento del PIB, con una difícil distribución de su coste entre las empresas eléctricas, contribuyentes y consumidores. En la medida que estos últimos ya están soportando un coste importante de este déficit de tarifa, una regulación inadecuada del sector eléctrico ha terminado dando lugar al encarecimiento de los costes de producción de muchas empresas, a una importante desventaja competitiva frente a competidores internacionales y, en última instancia, a una pérdida de bienestar.

Calidad institucional Desde las primeras contribuciones de los economistas clásicos, el análisis económico ha prestado una atención especial a la importancia

de las instituciones en el progreso económico y el bienestar social.

La protección de los derechos de propiedad y de los rentas obtenidas con la inversión en capital físico, tecnológico y humano, el Estado de derecho, la lucha contra la corrupción, la imparcialidad y eficiencia del poder judicial, la libertad económica y la facilidades para crear empresas y competir con regulaciones eficientes y la igualdad de oportunidades vienen determinados por la calidad de las instituciones políticas y económicas.

Daron Acemoglu y James Robinson ha suscitado de nuevo el interés sobre la importancia de las instituciones en el análisis de los determinantes del progreso económico. Estos autores distinguen entre instituciones inclusivas y extractivas. Las instituciones inclusivas son aquellas que han sido diseñadas y funcionan para crear riqueza, y que incentivan la inversión y acumulación de todo tipo de capital, físico, humano o tecnológico. Las instituciones extractivas son aquellas que están diseñadas y/o funcionan para distribuir riqueza de manera desigual entre los agentes económico y que desincentivan inversiones eficientes. Esta tipología de las instituciones resulta atractiva para explicar algunas de las fuerzas subyacentes del crecimiento económico de España desde mediados de los noventa hasta 2007. Aunque las causas de los desequilibrios acumulados durante ese periodo son numerosas y complejas, la crisis ha puesto al descubierto numerosos casos que indican un incorrecto funcionamiento de las instituciones, que permitieron que la confluencia de intereses de una parte del sector empresarial, público y financiero pudieran hacer un uso ineficiente de recursos privados y públicos con la finalidad de redistribuir masivamente riqueza de manera desigual.

Basado en la información que proporciona el Banco Mundial, en el Gráfico 13 se muestra la evolución desde 1996 hasta 2012 de un indicador que mide la calidad de las instituciones públicas como el promedio de los cinco indicadores siguientes: 1. Participación ciudadana y rendición de cuentas: la percepción de la medida en que los ciudadanos son capaces de participar | Javier ANDRÉS y Rafael DOMENECH |

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en la elección de su gobierno, así como la libertad de expresión, la libertad de asociación y medios de comunicación libres con los que ejercer el control de las instituciones públicas.

Efectividad de las AA.PP.: percepción de la calidad de los servicios públicos, la calidad de la administración pública y el grado de independencia de las presiones políticas, la calidad de la formulación y ejecución de políticas, y la credibilidad del compromiso de los gobiernos con esas políticas.

Calidad regulatoria: percepción de la capacidad de las AA.PP. para formular y aplicar políticas y reglamentaciones acertadas que permitan y promuevan el desarrollo del sector privado.

Estado de derecho: percepción del grado de cumplimiento de las reglas de la sociedad y, en particular, la calidad de la ejecución de contratos, derechos de propiedad, seguridad pública y justicia.

Control de la corrupción: percepción de que el poder público se ejerce en beneficio privado, incluyendo tanto la corrupción a pequeña y a gran escala, así como la “captura” del Estado por minorías que persiguen satisfacer sus intereses privados.

Aunque en la muestra de más de 200 países del Banco Mundial España se encuentra entre el 20 por ciento con mejores instituciones, el Gráfico 13 indica que la distancia con la UE8 y con EE.UU. es relativamente importante y que incluso se ha ampliado en los últimos 10 años. Sin duda, uno de los efectos negativos de la crisis ha sido el deterioro de la percepción de la sociedad española en la capacidad de gestión de los problemas económicos a los que se enfrenta el país.

Cuando se compara con los países europeos se observa que España se encuentra en una posición intermedia entre los países con mejores y peores instituciones. Por lo tanto, con un amplio margen de mejora.

En definitiva, España necesita mejorar el funcionamiento, eficacia e independencia de sus instituciones públicas con la finalidad de incentivar la inversión y la acumulación de capital físico, tecnológico y humano.

LOS RETOS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

servicios comercializables (sustitución de importaciones). La existencia de este superávit durante un periodo prolongando de tiempo permitiría ir reduciendo progresivamente la deuda exterior de la economía española.

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Conectividad promedio

Gráfico 13. Complejidad y conectividad de las exportaciones españolas

Gráfico 12: Complejidad y conectividad de las exportaciones españolas por sectores y participación en las exportaciones domésticas, bienes, 1999-2011. por sectoressectorial y participación sectorial en las exportaciones domésticas,

1999-2011.

España cuenta con la ventaja de tener un sector exportador muy diversificado tanto en la variedad de los productos como en el número de países a los que exporta. Utilizando la metodología desarrollada Ricardo Hausmann y sus coautores, el Gráfico 12 muestra la

Capital tecnológico

participación promedio de los distintos sectores de bienes en las exportaciones españolas durante el período 1999-2011 de acuerdo a sus niveles de complejidad y conectividad

Como se vio en la sección anterior, la distancia existente en la inversión encapaces I+D+idecon respecto a EE.UU. y la UE muyy importannúmero de países exportar los bienes que produce dichoessector mayor es la te, independientemente seLamida comoo conectividad porcentajees del PIB o diversidad los países que son capacesde de que hacerlo. proximidad una medida de del la distancia media de cada sector a cada uno de los distintos tipos de productos exportados a empleo dedicado a estas actividades. Una parte de esta brecha se nivel mundial.

Cuanto mayor es latamaño conectividad es la capacidad unEspaña, sector de extender explica por el reducido de mayor la empresa mediadeen ya que la exportación de bienes a otros sectores en los que se puede utilizar el conocimiento ya la mayor parte de la inversión en I+D+i la realizan las grandes empresas. Dado que las empresas pequeñas y medianas apenas tienen escala suficiente para realizar inversiones en capital tecnológico, es necesaria la creación plataformas especializadas en proporcionar transferencia de conocimientos, tecnología e innovaciones de producto y procesos -28a las PYMES. La posibilidad de que estas empresas puedan contratar estos servicios tecnológicos a institutos de gran tamaño especializamundiales.15 El grado de complejidad de un sector se considera mayor cuanto menor es el

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dos en proporcionar transferencia de conocimientos, tecnología e innovaciones resulta crucial. La experiencia alemana del Fraunhofer constituye un excelente ejemplo de colaboración público- privada en el terreno de la innovación, por el cual las empresas alemanas de cualquier tamaño establecen regularmente proyectos con este organismo y sus institutos cuando se enfrentan a retos tecnológicos.17 Otros países también se han beneficiado a través de infraestructuras similares (ITRI en Taiwán, ETRI en Corea del Sur, o TNO en Holanda), que intentan cerrar la distancia entre los centros de investigación, que desarrollan innovaciones, soluciones tecnológicas o nuevos productos, y las empresas que adquieren una ventaja comparativa con ellos, sobre todo a nivel internacional.

Redistribución y desigualdad

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En las dos décadas anteriores a la crisis económica se observó una tendencia gradual en la mayor parte de países a una redistribución más desigual de la renta. Las causas principales de esa mayor desigualdad hay que buscarlas en al interacción entre la globalización y el progreso técnico que ha beneficiado más a aquellos individuos con mayor capital humano y mejor preparación con la que afrontar el reto de la globalización.18 Esta tendencia no ha sido incompatible con una mejora del nivel de vida de los segmentos más desfavorecidos de la población en las economías emergentes. La globalización ha coincidido con una disminución sin precedentes de la pobreza mundial.

Pero al mismo tiempo que esto ocurría, el crecimiento económico no afectaba por igual a toda la sociedad. El crecimiento ha sido mayor en 17. Comín, Trumbull y Yang (2011) analizan con detalle la experiencia del Fraunhofer y sus efectos en la transferencia de I+D al sistema productivo alemán.

18. Castelló y Doménech (2012) ofrecen una abundante evidencia empírica sobre la evolución de la desigualdad en capital humano y renta, y del gap salarial entre trabajadores en función de su nivel de capital humano. Esta evidencia es consistente con una interacción entre globalización, progreso técnico sesgado a la cualificación y los rendimientos crecientes del capital humano.

los percentiles de la población con mayor renta per cápita de manera que la desigualdad aumentaba.

En los años de crecimiento ese aumento de la desigualdad recibió una escasa atención social en España y en otros países, en buena medida porque sus efectos sobre las desigualdades en consumo se vieron mitigadas por el fácil acceso al crédito. Los beneficios de un crecimiento generalizado sobre la base de la globalización financiera hacían que importara poco si daban lugar a desigualdades o, lo que es aun más importante, estaba sustentado en la acumulación de desequilibrios que terminarían por hacer insostenible ese modelo.

La crisis ha hecho que de golpe las sociedades hayan descubierto que un largo periodo de crecimiento no equilibrado ocultaba artificialmente los efectos en la distribución de la renta de la globalización comercial y del progreso técnico. Con la crisis la causa principal de la desigualdad es el desempleo, que incide en mayor medida entre aquellos individuos con menor capital, humano, productividad y, por lo tanto, salarios.

Como se ha comentado anteriormente, la reducción de la tasa de desempleo requiere, entre otras medidas, la suficiente flexibilidad para adecuar los salarios a la productividad. En el caso de aquellos trabajadores que se encuentran actualmente desempleados, un nuevo empleo supone una mejora de sus ingresos que no obstante serán muy probablemente inferiores a las que tenían con anterioridad a la crisis. En cualquier caso, cuanto más rápidamente se reduzca la tasa de desempleo menor será el aumento de la desigualdad.

Para reducir la desigualdad y, al mismo tiempo, asegurar un mayor crecimiento hay que mejorar la redistribución ex–ante, con medidas eficaces que aseguren la igualdad de oportunidades, y diseñar con mucho cuidado las medidas de redistribución ex-post para evitar aquellas que generen desincentivos al esfuerzo. En un trabajo reciente, Danielle Checchi, Vito Peraginey y Laura Serlenga mostraban que antes de la crisis España se caracterizaba por un elevado nivel de desigualdad de oportunidades ex–ante y una elevada redistribución ex– post, con la que corregir sus efectos negativos sobre la distribución de | Javier ANDRÉS y Rafael DOMENECH |

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la renta. En la mayoría de países de la UE la igualdad de oportunidades era mayor, tal y como se muestra en el Gráfico 14. Los resultados de estos autores indican que la igualdad de oportunidades se correlaciona positivamente con el gasto público en educación, mientras que la redistribución ex-post se asocia positivamente a una mayor presión sindical y a la redistribución impositiva.

En definitiva, los efectos de la crisis y las tendencias subyacentes de la globalización y el progreso técnico de las últimas décadas presionará la desigualdad al alza, lo que exige tomar medidas que neutralicen al menos parcialmente sus efectos. Afrontar este reto DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA LOS RETOS es crucial para que los beneficios del crecimiento económico, del empleo y, en general, del bienestar se distribuyan de una manera justa y equitativa entre toda la sociedad y para favorecer un creci5. Control de la corrupción: percepción de que el poder público se ejerce en beneficio miento inclusivo que contribuya a afianzar la legitimación social de privado, incluyendo tanto la corrupción a pequeña y a gran escala, así como la la economía de mercado. "captura" del Estado por minorías que persiguen satisfacer sus intereses privados.

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14.de Evolución de la calidadeninstitucional en España, EE.UU. Gráfico 13:Gráfico Evolución la calidad institucional España, EE.UU. y la UE8.

Fuente: elaboración propiaFuente: a partir elaboración de World Government Indicators, BancoGovernment Mundial. y la UE8. propia a partir de World Indicators, Banco Mundial.

Aunque en la muestra de más de 200 países del Banco Mundial España se encuentra entre el 20 por ciento con mejores instituciones, el Gráfico 13 indica que la distancia con la UE8

Capital humano La mejora del capital humano en todos sus ámbitos es el reto que consideramos más importante a largo plazo. En los apartados anteriores hemos visto que existen muchos determinantes de la productividad del trabajo y de la renta por persona en edad de trabajar. Pero la variable que en última instancia permite explicar la mayor parte de las diferencias que se observan a largo plazo es el capital humano.

Una fuerza de trabajo con un elevado nivel educativo permite que las empresas dispongan de trabajadores más productivos, lo que a su vez genera efectos indirectos a través de mayores incentivos para que las empresas inviertan el capital físico y tecnológico, en un entorno macroeconómico e institucional que promueve la eficiencia con la que funcionan los mercados. El capital humano es, por lo tanto, el determinante más importante de la renta per cápita, la productividad y el crecimiento económico. En el Gráfico 15 se observa la estrecha correlación existente entre los años de escolarización de la población adulta y el PIB por persona en edad de trabajar en 22 países de la OCDE. Es sorprendente que esta variable , sea capaz de explicar por si sola un 77 por ciento de la varianza entre los niveles de PIB por persona en edad de trabajar entre países con culturas e historia tan diferentes, y bajo los efectos de otro tipo de determinantes sociales, económicos e institucionales también muy distintos. Todas esas otras diferencias entre estos países, en principio tan acusadas, sólo sirven para explicar el 23 por ciento restante de la varianza en el PIB por persona en edad de trabajar.

La abundante y rica evidencia empírica existente muestra que el capital humano no sólo afecta directamente a la renta per cápita y la productividad del trabajo sino también indirectamente, a través de otras variables con las que interactúa a través de mecanismos más o menos complejos. En muchas ocasiones el capital humano actúa como determinantes de estas variables, que a su vez afectan a los incentivos para mejorar el capital humano futuro. Por ejemplo, el capital humano guarda una estrecha correlación con la tasa de des| Javier ANDRÉS y Rafael DOMENECH |

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Desigualdad ex-ante Gráfico 14: Desigualdad ex ante y redistribución post, UE. Fuente: propia a partir de Gráfico 15. Desigualdad ex ante yexredistribución ex elaboración post, UE. Fuente: Checchi, Peragine y Serlenga (2010).

elaboración propia a partir de Checchi, Peragine y Serlenga (2010).

empleo, menor cuanto mayor es el capital humano de los individuos.

De igual manera, la tasa de actividad en el mercado, la inversión en La mejora del capital humano en todos sus ámbitos es el reto que consideramos más importante capital físico productivo y en capital tecnológico aumentan también a largo plazo. En los apartados anteriores hemos visto que existen muchos determinantes de la con el capital humano. La evidencia también indica que el capital productividad del trabajo y de la renta por persona en edad de trabajar. Pero la variable que en humano se encuentra negativamente correlacionado con los costes última instancia permite explicar la mayor parte de las diferencias que se observan a largo plazo de las regulaciones y con los indicadores de inestabilidad económica, es el capital humano. Una fuerza de trabajo con un elevado nivel educativo permite que las variables todas ellas que afectan negativamente a la eficiencia con empresas dispongan de trabajadores más productivos, lo que a su vez genera efectos indirectos la que operan las empresas. Incluso la propia calidad institucional a través de mayores para que las empresas el capital físico y tecnológico, en tiene una incentivos estrecha correlación con esteinviertan indicador.

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Desigualdad ex-ante GráficoGráfico 14: Desigualdad ex ante y redistribución ex post, UE. Fuente: elaboración 16. Años de escolarización adulta y PIB por persona enpropia edad adepartir de Checchi, Peragine y Serlenga (2010).

trabajar, OCDE, 2010. Fuente: De la Fuente y Doménech (2012).

la formación individual es también el mejor instrumento de ascenso en la escala social y de protección contra los efectos más negativos La mejora del capital humano en todos sus ámbitos es el reto que consideramos más importante de las fluctuaciones cíclicas de la economía. Dado que su efecto se a largo plazo. En los apartados anteriores hemos visto que existen muchos determinantes de la transmite fácilmente de padres a hijos supone también un mecanisproductividad del trabajo y de la renta por persona en edad de trabajar. Pero la variable que en mo fundamental para mejorar de forma sostenida la distribución última instancia permite explicar la mayor parte de las diferencias que se observan a largo plazo de la renta. es el capital humano. Una fuerza de trabajo con un elevado nivel educativo permite que las La economía española puede y debe eliminar la distancia que le empresas dispongan de trabajadores más productivos, lo que a su vez genera efectos indirectos separa de los países con mayor cantidad y calidad de capital humano a través de mayores para que las empresas inviertanen el las capital físico décadas y tecnológico, en per cápita.incentivos A pesar de los esfuerzos realizados últimas un entorno macroeconómico e institucional que promueve eficiencia la que funcionan los esta distancia es todavía considerable, tal y la como se hacon mostrado en mercados.laEl capital humano por lo tanto, el determinante importante dede lala renta per segunda sección.es,Dado que los años medios demás escolarización cápita, lapoblación productividad y elcambian crecimiento Endebido el Gráfico se observa la estrecha adulta muyeconómico. lentamente a la15 elevada inercia correlación entre los llevará años de bastantes escolarización de converger la poblaciónaadulta y el PIBedupor persona deexistente la demografía, años los niveles

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cativos de los países líderes, incluso aumentando significativamente las tasas de escolarización en enseñanza secundaria y terciaria de la población en edad de estudiar. Para conseguir este objetivo es necesario realizar un esfuerzo muy importante para reducir la elevada tasa de fracaso escolar que muestra España en relación a las economías de su entorno.

El aumento de la cantidad de educación debe ir acompañado también de un aumento de su calidad, para lo cual es necesario destinar mayores recursos económicos con los que incrementar el gasto por estudiante allí donde los aumentos de eficiencia no sean posibles. Aun más importante, es necesario mejorar la gestión y la organización de los centros educativos, así como la formación y los incentivos del profesorado, en un mundo expuesto a constantes cambios sociales y tecnológicos. El compromiso con la mejora de la cantidad y calidad de la educación no debe limitarse a los años previos a la incorporación al mercado de trabajo. Debe también continuar en la transición al mercado de trabajo de muchas profesiones (formación profesional dual) y continuar posteriormente en la formación continua en las empresas (on-the- job training), aspecto este muy relacionado con el reto de reducir la temporalidad del mercado de trabajo.

Un gran pacto educativo entre los principales partidos políticos que gobiernan en las distintas administraciones públicas con competencias educativas permitiría avanzar decisivamente en todos estos frentes, creando un entorno favorable en el que mejorar significativamente el sistema educativo y la formación. Pero sobre todo, para que a largo plazo todos estos esfuerzos den sus frutos es imprescindible que la propia sociedad esté convencida de que su futuro pasa por mejorar la calidad y cantidad del capital humano, de manera que transmita a los jóvenes el valor de la educación, les convenza de los beneficios que pueden conseguir con su esfuerzo y con el desarrollo de su talento, y les incentive para que continúen formándose al terminar su educación obligatoria y en sus carreras profesionales.

Conclusiones España se juega no solo su recuperación económica sino también cuál va ser su posición relativa frente al resto del mundo en las próximas décadas, en términos económicos, políticos y sociales, dependiendo de cómo se gestionen los enormes retos a los que se enfrenta actualmente.

Las consecuencias de la crisis han sido enormes en términos de destrucción de empleo y pérdida de renta per cápita. Unas secuelas que van perdurar mucho tiempo, posiblemente más de una década, y que condicionarán la evolución económica posterior dependiendo de cómo se gestione la recuperación en marcha. Además de los avances necesarios y urgentes que deben producirse en la eurozona para mejorar las condiciones de financiación a las que se enfrenta España, la recuperación llegará antes cuanto más rápida, flexible y eficaz sea la reasignación de los factores productivos hacia aquellos sectores y empresas con mayor potencial de crecimiento y capacidad de competir internacionalmente. La economía española tiene masa crítica suficiente en muchos ámbitos como para crecer, crear empleo y competir internacionalmente.

Pero la crisis también es una oportunidad para ir más allá de la propia recuperación, si se aprovecha bien. No solo se trata de reparar los estragos causados por seis años de recesión sino de sentar las bases para que España empiece a converger hacia las sociedades que deben servirnos como referentes. Incluso antes de la crisis y a pesar del crecimiento económico de las últimas cuatro décadas, España no ha sido capaz de reducir la distancia relativa en términos de renta per cápita, tasas de empleo, productividad, y capital humano y tecnológico, respecto a EE.UU. y las economías líderes en Europea. Y el camino para ello son las reformas estructurales, la mejora del capital humano y tecnológico, y de las instituciones económicas. Es necesario eliminar las barreras que suponen un lastre al crecimiento y que impiden un funcionamiento más eficiente de los mercados, particularmente el de trabajo. Es preciso reducir muchas de las dualidades existentes, | Javier ANDRÉS y Rafael DOMENECH |

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que terminan también generando desigualdades entre individuos y regiones. Hay que incentivar que las empresas aumenten su tamaño, se incorporen los mercados internacionales y que puedan competir en aquellos segmentos de mayor valor añadido. Es imprescindible que las administraciones públicas funcionen eficientemente y que sean sostenibles presupuestariamente, y que las instituciones sean verdaderamente independientes y eficaces con la finalidad de incentivar la inversión y la acumulación de capital físico, tecnológico y humano.

Si somos capaces de abordar con éxito los retos que se han analizado en este trabajo podemos aspirar a que la encrucijada ante la que nos encontramos sea una oportunidad no solo de salir cuanto antes de la crisis sino, sobre todo, de sentar las bases de un crecimiento a largo plazo más equilibrado, sólido e inclusivo, para que los beneficios de un mayor bienestar económico lleguen a toda la sociedad.

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Resúmen

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España presenta una clara desventaja significativa en términos de capital humano y tecnológico. Incluso aunque las generaciones más jóvenes accedieran al mercado de trabajo con el nivel educativo de EE.UU. o de la UE8 serían necesarias décadas de esfuerzo para corregir la distancia relativa que nos separa en términos del capital humano. España necesita medidas que deben complementarse entre sí para generar un círculo virtuoso en el mercado de trabajo: creación de empleo mediante la flexibilidad salarial necesaria para ajustar los salarios reales a la productividad y facilitar la reasignación sectorial de factores y reformas que aumenten el crecimiento de la productividad y la competencia para reducir los márgenes de precios productivos.

Résumé L’Espagne a un inconvénient majeur clair en termes de capital humain et technologique. Même si les jeunes générations entrent sur le marché de travail avec le niveau d’éducation des États-Unis ou de l’Europe des huit ils seraient nécessaires des efforts pendant des décennies pour corriger la distance relative entre eux et nous en termes de capital humain. L’Espagne exige des mesures qui devraient se compléter mutuellement pour créer un cercle vertueux dans le marché du travail: la création d’emplois grâce à la flexibilité nécessaire des salaires pour ajuster les salaires réels et la productivité et faciliter la réaffectation sectorielle des facteurs et des réformes pour stimuler la croissance de la productivité et de la concurrence pour réduire les prix des marges de production.

Abstract Spain presents a clear and important disadvantage in terms of human and technological capital. Even if the younger generations entered into a labor market with the same education level as the US or the EU8, decades of effort would be needed to correct the relative distance that separates us in terms of human capital. Spain needs measures that complement each other in order to generate a virtuous circle in the labor market: creation of employment thru the salary flexibility needed to adjust real wages to productivity, enabling the sector reassignment of factors and reforms that increase growth in productivity, and the competence to reduce margins of productive prices.

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| Javier ANDRĂ&#x2030;S y Rafael DOMENECH |

Alfredo DAGNINO

La reforma del sistema bancario Letrado del Consejo de Estado. Director del Servicio de Estudios del Instituto Choiseul.

El contexto de la crisis: sobre sus causas y sus consecuencias en el orden financiero

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La crisis internacional que viene afectando, en mayor o menor medida, a los países desarrollados desde el año 2007 tiene un origen financiero. En concreto, tiene su primer episodio en los Estados Unidos, en el mercado de las hipotecas de baja calidad, comúnmente denominadas hipotecas “subprime”, y también en las prácticas poco ortodoxas de algunos bancos de inversión, cuyos efectos rápidamente se extendieron por todo el sistema financiero internacional a raíz de la quiebra de Lehman Brothers. En ello influyó de manera decisiva la opacidad de los denominados “activos tóxicos”, esto es, productos estructurados procedentes de la titulización de diferentes clases de activos, entre ellas las hipotecas “subprime”, que provocó que la crisis de confianza inicial tornara en una auténtica crisis de liquidez, haciendo desaparecer en la práctica el mercado interbancario y obligando a la intervención pública de los bancos centrales y los gobiernos de las principales naciones afectadas, que se vieron obligados, los primeros, a proveer a la falta de liquidez en el mercado interbancario, y los segundos inyectando capital en el balance de las entidades financieras nacionales. | Alfredo DAGNINO |

De las causas y las consecuencias Visto con la perspectiva de estos años, puede afirmarse que se trata de una crisis cuya profundidad, duración y carácter global pocos vislumbraron en sus primeros momentos, y que abundando en sus causas cabría señalar que ha obedecido a la confluencia de diversos factores, entre los que podemos destacar, los siguientes:

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1. El aumento de la interrelación entre los sistemas financieros nacionales a nivel global.

2. El desarrollo de un tipo de innovación financiera y de la banca “en la sombra” cuyas implicaciones para la estabilidad financiera no siempre fueron bien comprendidas por instituciones, reguladores y supervisores.

3. El aumento del endeudamiento público, privado y en algunas economías externo, hasta niveles sin precedentes.

4. La mala praxis de algunas instituciones financieras y la insuficiente transparencia, que generó desconfianza y condujo a una parálisis del conjunto del sistema.

5. Las crisis bancarias sufridas en algunas naciones, ligadas a la existencia de burbujas, al exceso de apalancamiento y a la excesiva concentración de riesgos.

6. La construcción de una unión monetaria en Europa con claras deficiencias institucionales ligadas a la falta de una unión bancaria, una unión fiscal y un prestamista de última instancia.

7. La inexistencia de mecanismos efectivos de resolución de crisis bancarias, especialmente en el seno de la Unión Europea, y los rescates públicos de las instituciones financieras.

Como consecuencia de tales circunstancias, en octubre de 2008 los mercados financieros desembocaron en una situación de colapso. Los bancos desconfiaban entre sí de su propia solvencia y se cerraban unos a otros las líneas de crédito, lo que provocó que la confianza hacia la banca, piedra angular del sistema financiero, quedara severamente dañada.

Por lo demás, no cabe desconocer que la inestabilidad del sistema financiero mundial ha puesto de manifiesto en los últimos años ciertas deficiencias en los mecanismos de regulación y de supervisión financiera.

Existe consenso internacional sobre el hecho de que la legislación vigente hasta el año 2008 no logró evitar que la calidad y cantidad del capital de las entidades financieras resultase insuficiente para absorber las pérdidas originadas en un contexto de fuertes turbulencias. Y tampoco mitigó el comportamiento tan intensamente pro-cíclico de las entidades, que incrementaron excesivamente el crédito en fases de expansión y lo redujeron sustancialmente en recesión, agravando inicialmente la inestabilidad financiera y empeorando, en segunda instancia, los efectos y duración de la crisis económica que aun padecemos.

El caso de España Esta crisis ha afectado de manera significativa al sistema financiero español, no tanto por la incidencia de los denominados activos “tóxicos”, sino por causa del estallido de la burbuja inmobiliaria y la práctica desaparición del mercado de financiación interbancario, lo que ha obligado, como luego se verá, a afrontar un proceso de saneamiento y a una profunda transformación.

Y es que en el caso de nuestra Nación, desde sus comienzos, la crisis comportó un drástico endurecimiento del acceso a la financiación de mercado y a la liquidez, a lo que se fue uniendo, a medida que la crisis se prolongaba en el tiempo, un deterioro de activos, especialmente de aquellos relacionados con la exposición al sector de promoción inmobiliaria. La concurrencia e interacción de estos dos elementos, endurecimiento del acceso a la financiación y deterioro de activos, produjo a lo largo de 2008 una restricción generalizada en las condiciones de concesión de crédito, con especial incidencia en las pequeñas y mediana empresas y en los consumidores.

Casi dos años después del inicio de la crisis internacional, la capacidad de resistencia del sector bancario español, tradicionalmente sujeto a una regulación y supervisión basadas en una aplicación prudente y | Alfredo DAGNINO |

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rigurosa de los estándares internacionales, ha sido notable, en particular en relación a la de los países de nuestro entorno. Las entidades que podrían considerarse como más determinantes para la salud del sistema por su tamaño, mantienen una sólida posición que les puede permitir, con un grado de certeza razonable, seguir afrontando la crisis sin necesidad de apoyo público. Este punto es esencial, porque sitúa al sector bancario español en una posición muy favorable respecto a los de las grandes economías avanzadas. Entre las entidades de tamaño mediano o pequeño también se encuentran entidades que mantienen una sólida posición, no obstante, había algunas que llegaron a ver comprometida su viabilidad, debido a la interacción de la persistencia de problemas de liquidez y financiación con el deterioro relativo de sus activos, aumento notable de la morosidad y disminución de su negocio, consecuencia tanto de la duración, intensidad y extensión de la crisis, como de la fuerte caída de la actividad económica provocada por la misma.

En este contexto, la tarea de reforma del sistema financiero se proponía lograr avances en dos grandes objetivos. Por una parte, que el sistema financiero no sólo no fuera una rémora para el crecimiento, sino un apoyo para la recuperación económica, en ciernes. Y por otra, la construcción de un sistema financiero más sólido, solvente y seguro.

Sería difícil repasar los diversos cambios que atraviesa el sistema financiero, los afrontados y los que están en marcha, de ahí que las presentes consideraciones se centren en tres cuestiones primordialmente, a saber: el análisis del nuevo marco regulatorio del sistema financiero; los términos en que se ha producido la reestructuración del sistema financiero español; y, en fin, el proceso decantado en el seno de la Unión Europea hacia la consecución del objetivo de la unión bancaria en el que actualmente está inmersa.

El nuevo marco regulatorio del sistema financiero Ante la constatación de la situación creada y dada la enorme interconexión de los mercados financieros internacionales, la primera reac-

ción para la reforma de la regulación financiera surgió desde los principales foros internacionales. De este modo, tras el impulso político de los líderes mundiales reunidos en Washington en noviembre de 2008 en torno al Grupo de los Veinte (comúnmente conocido como G-20), el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria acordó en diciembre de 2010 el «Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios» (conocido como Acuerdos de Basilea III), que tratando de evitar futuras crisis y mejorar la cooperación internacional, vino a reforzar significativamente las exigencias, cuantitativas y cualitativas, de capital de los bancos.

El G-20 pudo de manifiesto la importancia de una respuesta global y coordinada a la que se fueron sumándose respuestas de orden regional y también nacional, siendo tres los objetivos de la reforma del marco regulatorio, a saber: (i) la reducción de la probabilidad de crisis bancarias y las pérdidas derivadas de las mismas; (ii) el aumento de la protección dispensada a los clientes; (iii) el apoyo al crecimiento económico de manera sostenida.

• En cuanto a la pretensión de reducir la probabilidad de las crisis bancarias y las consiguientes pérdidas que dichas crisis acarrean, se han impulsado medidas que persiguen: (i) fortalecer los balances de las entidades, exigiéndoles más capital, adecuada gestión de liquidez y mejor gestión del riesgo, lo que se recoge en el acuerdo conocido como Acuerdos de Basilea III; (ii) mejorar la supervisión financiera, adoptando medidas que permitan dotarla de instrumentos de control y tutela de orden preventivo; y (iii) establecer mecanismos de resolución de crisis bancarias que impidan los efectos contaminantes hacia todo el sistema financiero y que no hagan recaer sobre la comunidad y los contribuyentes el coste de la deficiente gestión de las entidades o de las malas prácticas de sus administradores o gestores.

• En lo tocante a la protección del cliente, se han desarrollado medidas dirigidas a aumentar la transparencia en la comercialización de productos, y evitar prácticas de comercialización de | Alfredo DAGNINO |

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productos y servicios que resulten engañosas o abusivas para los consumidores y usuarios de servicios bancarios.

• Finalmente, la reforma del marco regulatorio financiero tiene como objetivo conseguir que el apoyo del sector a la economía general y al crecimiento económico sea sostenido, reduciendo los efectos pro-cíclicos inherentes al sistema financiero.

Las reformas emprendidas por la Unión Europea Los ejes centrales de Acuerdos de Basilea III se trasformaron a finales de junio de este año 2013 en regulación armonizada de la Unión Europea, mediante dos normas comunitarias:

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• El Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012.

• La Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de servicios inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE. Estas normas europeas tienen, a su vez, un cometido y dimensión que sobrepasan la mera adopción de los Acuerdos de Basilea III, pues avanzan sustancialmente en la creación de una normativa bancaria única en materia de solvencia. Este ejercicio de armonización resulta imprescindible de cara a la constitución de la Unión Bancaria, que se apoyará firmemente en esta normativa financiera común, para la constitución de los mecanismos únicos de supervisión y resolución de entidades de créditos de la zona euro.

El Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2014 y la Directiva 2013/36/

UE, de 26 de junio de 2013, habían de estar incorporados al Derecho interno para esa misma fecha. La adaptación de los ordenamientos nacionales a las nuevas normas europeas exigía en nuestro caso una puesta al día y refundición del conjunto de textos normativos que, de manera dispersa, contenían las normas de ordenación y disciplina bancarias hasta entonces vigentes. En consecuencia, la adaptación de nuestro ordenamiento interno al nuevo conjunto normativo había de articularse, en aras de la seguridad jurídica y en garantía de la mayor eficacia de la norma, en un doble proyecto normativo. De un lado, un texto de nueva planta que refundiese y ajustase convenientemente toda la normativa nacional en materia de solvencia de entidades de crédito. Y de otro, una norma que, con carácter urgente, adaptase nuestro ordenamiento antes del 1 de enero de 2014 a los cambios normativos cuya incorporación era más apremiante, a efectos de dotar a los supervisores y a las entidades financieras de las garantías legales necesarias para que operen de acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, y realizar las adaptaciones sustantivas de la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 2013.

Además de las iniciativas internacionales y de la Unión Europea, las distintas naciones se han planteado iniciativas regulatorias de gran trascendencia que tratan de reducir el riesgo sistémico de las entidades financieras y que responden a lo que se denominan reformas estructurales.

La reestructuración del sistema bancario español Si se centran las presentes consideraciones en la ordenación de nuestro propio sistema bancario, debe comenzarse señalando que el sistema financiero español es uno de los que ha experimentado un saneamiento y una transformación más profunda durante los últimos años.

Después de un período de elevado crecimiento de la economía española, se fueron acumulando una serie de desequilibrios macroeconómicos y financieros cuyo ajuste se vio acentuado por la crisis | Alfredo DAGNINO |

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financiera internacional. En particular, el sistema financiero registró un crecimiento sin precedentes en un contexto de una fuerte expansión del crédito, crecimiento que sin embargo fue desigual en el contexto de las diversas entidades financieras. Por una parte, dicho periodo de expansión coincidió con un proceso de consolidación e internacionalización del sector bancario, mientas que otras entidades, las Cajas de Ahorro, mostraron un fuerte crecimiento dentro y fuera de sus mercados de origen, muy ligado a la expansión del sector inmobiliario. De este modo, la situación de partida para afrontar el impacto de la crisis era muy diferente según la institución financiera. Por otra parte, la crisis financiera en España ha estado más ligada al crédito, y no tanto a los activos financieros tóxicos como había ocurrido con la mayor parte de los sistemas financieros afectados.

En este contexto de desequilibrio, a partir del año 2009 y hasta la fecha, se han venido impulsando determinadas medidas en orden a la reestructuración del sistema bancario español, cuyos hitos más significativos se exponen seguidamente.

Creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria El primer hito en el proceso de reforma del sistema financiero fue el establecimiento del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros (FAAF) para conceder apoyo a la liquidez de las entidades de crédito y el fortalecimiento de los procedimientos de intervención, disciplina y solución de entidades a través del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, por el que se creaba el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con la intención de incentivar los procesos de integración entre entidades.

En circunstancias normales, los Fondos de Garantía de Depósitos de Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito, junto al Banco de España, tienen a su disposición herramientas suficientes para afrontar crisis individuales de un determinado número de entidades. Estas herramientas se refieren a las contempladas en el Real

Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, en el que se establece que los Fondos de Garantía de Depósitos tienen por objeto no solo garantizar los depósitos en dinero y en valores constituidos en las entidades de crédito, sino que también pueden realizar actuaciones encaminadas a reforzar la solvencia y el funcionamiento de entidades de crédito que se encuentren en una situación de dificultad.

Sin embargo, la situación creada con motivo de la crisis financiera no podía calificarse de normal y aunque era previsible que las entidades susceptibles de entrar en dificultades no tuvieran, individualmente por su tamaño, carácter sistémico, la consideración conjunta de sus problemas de viabilidad se consideró que sí podría llegar a generar un potencial riesgo sistémico que justificara tener previstos instrumentos adicionales y la utilización de recursos públicos, en caso de que se diesen las circunstancias que hicieran necesaria su utilización.

Se hacía por tanto necesario implantar una estrategia que favoreciese la solución de los problemas mediante una reestructuración ordenada del sistema bancario español, con el objetivo de mantener la confianza en el sistema financiero nacional y de incrementar su fortaleza y solvencia de manera que las entidades que subsistieran gozaran de la solidez necesaria y pudieran proveer el crédito con normalidad. El cumplimiento de estos objetivos exigirá en muchos casos adecuar la capacidad instalada y las estructuras de costes de las entidades a un entorno en el que la demanda de servicios financieros será más moderada. En este contexto, cabía incluir también el apoyo a procesos de integración entre entidades que, sin encontrarse en una situación de dificultad, pretendían asegurar su viabilidad futura mejorando, mediante tales procesos, su eficiencia a medio plazo.

La estrategia debía adaptarse a las circunstancias españolas y a los principios establecidos en la proposición no de ley aprobada el 17 de marzo de 2009 por el Congreso de los Diputados. Según estos principios, la reestructuración debía llevarse a cabo conservando en lo posible los mecanismos tradicionales de tratamiento de crisis, especialmente, los Fondos de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito, | Alfredo DAGNINO |

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que tan buenos resultados habían reportado en el pasado. Asimismo, debía realizarse agotando en primer lugar las soluciones privadas, minimizando el coste para el contribuyente cuando fuera necesario utilizar fondos públicos, evitando recapitalizaciones generalizadas tendentes a mantener entidades no viables, y favoreciendo la asunción de responsabilidad por parte de los accionistas y gestores, la transparencia del proceso así como la protección de los depositantes. Estos principios eran plenamente coherentes con los Principios Comunes de gestión de crisis acordados en junio de 2008 por los Ministros de Finanzas, bancos centrales y autoridades de supervisión de la Unión Europea. Del mismo modo, el proceso establecido era proporcionado y temporal, cumpliendo los principios recogidos en la Comunicación de la Comisión Europea de 5 de diciembre de 2008, especialmente desde la óptica de evitar distorsiones en la competencia.

Así, en virtud del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito se establecieron una serie de medidas para poder llevar a cabo la estrategia necesaria en materia de reestructuración bancaria mediante el establecimiento de un proceso predeterminado que se dirige a incrementar la fortaleza y solvencia del sistema bancario español.

El modelo de reestructuración bancaria propuesto se articulaba en torno a los tres Fondos de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito y a la utilización de una nueva institución creada al efecto, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) Con relación a los procesos de reestructuración cabía distinguir tres fases: (i) la búsqueda de una solución privada por parte de la propia entidad de crédito, (ii) la adopción de medidas para afrontar debilidades que puedan afectar a la viabilidad de las entidades de crédito con participación de los Fondos de Garantía de Depósitos en entidades de crédito y (iii) los procesos de reestructuración con intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

En concreto, el creado Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria asume dos funciones: la gestión de los procesos de rees-

tructuración de entidades de crédito y el reforzamiento de los recursos propios en determinados procesos de integración. Dicho Fondo tiene el mismo régimen jurídico aplicable a los Fondos de Garantía de Depósitos. En cuanto al sistema de financiación se preveía una dotación de 9.000 millones de euros, de los que 2.250 serían aportados por los Fondos de Garantía de Depósito y 6.750 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Las nuevas medidas de política monetaria anunciadas por el Banco Central Europeo (BCE), el 7 de mayo de 2009, consistentes en la provisión de liquidez a un año y la compra de títulos hipotecarios en el mercado, deben coadyuvar a superar las circunstancias extraordinarias de restricción en el acceso a la financiación de las entidades de crédito que justificaron la puesta en marcha, mediante el Real Decreto-ley 6/2008, de 10 de octubre, del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros. Las operaciones realizadas hasta la fecha por este Fondo habían permitido el acceso a financiación a medio plazo por parte de las entidades de crédito que operaban en España. Sin embargo, las nuevas medidas anunciadas por el BCE debieran aliviar estas restricciones. Por tanto, para minimizar el impacto del nuevo Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria sobre los Presupuestos Generales del Estado, se preveía que el nuevo Fondo se dotase con el crédito que nutre el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros. Además, el nuevo Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria podrá captar financiación ajena en los mercados de valores y de crédito con garantía del Estado, por importe que no supere en tres veces su dotación. No obstante, el Ministerio de Economía y Hacienda podría autorizar que se sobrepasase dicho límite con posterioridad al 1 de enero de 2010, sin que, en ningún caso, la financiación ajena del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria pudiera suponer más de 10 veces su dotación.

Por lo que se refiere a su gobierno, el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria se rige y administra por una Comisión Rectora compuesta por 8 miembros, 5 propuestos por el Banco de España (uno de ellos es el Subgobernador que la preside), y 3 corresponden a cada uno de los Fondos de Garantía de Depósitos. Todos ellos son | Alfredo DAGNINO |

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nombrados por el Ministro de Economía y Hacienda (hoy Ministro de Economía), con un mandato de 4 años renovable y con unas causas de cese iguales que las de los miembros de los Fondos de Garantía de Depósitos. Adicionalmente se ha previsto la asistencia a las sesiones de la Comisión Rectora, con voz pero sin voto, de un representante de la Intervención General de la Administración del Estado designado por la Ministra de Economía y Hacienda a propuesta del Interventor General. Su presencia se justifica por la financiación pública del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. La Comisión Rectora elevará a la Ministra de Economía y Hacienda un informe cuatrimestral sobre la gestión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Por lo que se refiere al control parlamentario, con periodicidad trimestral, el Secretario de Estado de Economía, comparecerá ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, con el fin de informar sobre la evolución agregada del crédito, la situación del sector bancario y la evolución de las actividades del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Además, el Presidente de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, comparecerá, en las condiciones que determine la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados y en el plazo de los 30 días siguientes a la realización de cada operación por parte de dicho Fondo, para informar sobre la misma.

El mismo Decreto-Ley aborda los procesos de reestructuración de entidades de crédito. La primera fase del proceso de reestructuración supone la búsqueda, por parte de una entidad de crédito, de una solución privada que le reporte un reforzamiento de su solvencia por lo que es una fase no reglada o no predeterminada normativamente. En ausencia de esta solución, se pondría en marcha el proceso de reestructuración predeterminado y ordenado, que abarca las dos últimas fases que son las que se contemplan en el Capítulo II. La segunda fase supone la adopción de medidas para afrontar debilidades que pudieran afectar a la viabilidad de las entidades de crédito con la actuación de los Fondos de Garantía de Depósitos sectoriales. Es, por tanto, una solución igualmente privada pero ordenada

y reglada. El supuesto de hecho de esta segunda fase es que existan debilidades en la situación económico-financiera de una entidad que pudieran poner en riesgo la viabilidad y determinaran la conveniencia de acometer un proceso de reestructuración. En estos casos, ya sea a iniciativa de la entidad o de oficio por el Banco de España, debe presentarse un plan de actuación para superar la situación. El plan tiene que ser aprobado por el Banco de España, que podrá modificarlo en lo que sea necesario. El Plan puede contemplar tres actuaciones: reforzar el patrimonio y la solvencia de la entidad, su fusión o absorción o el traspaso total o parcial del negocio o unidades del mismo.

Las medidas que pueden adoptarse son las medidas preventivas y de saneamiento a cargo del Fondo de Garantía de Depósitos sectorial que prevé el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, si bien el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria podría otorgar financiación, en condiciones de mercado, a los Fondos de Garantía de Depósitos para que estos puedan acometer las funciones de apoyo financiero a los planes de actuación. Si persistiera la situación de debilidad y se produjeran una serie de supuestos tasados se entraría en la tercera fase, esto es, en la fase de intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

En este caso se produce la sustitución de administradores de la entidad por parte del Banco de España que designará administrador al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria que debe elaborar un informe de situación y someter a la aprobación del Banco de España un plan de reestructuración. Desde la designación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria como administrador y, en tanto se elaborara el plan de reestructuración, dicho Fondo podría, temporalmente, suministrar los apoyos financieros que se precisaran de acuerdo con el principio de la utilización más eficiente de los recursos públicos.

El plan de reestructuración tiene por objeto bien la fusión de la entidad o bien el traspaso total o parcial del negocio mediante la cesión global o parcial de activos y pasivos mediante procedimientos que | Alfredo DAGNINO |

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aseguren la competencia, como, entre otros el sistema de subasta. El plan puede contemplar medidas de apoyo financiero (concesión de garantías, préstamos, suscripción o adquisición de valores representativos de recursos propios, etc.) y medidas de gestión (organización y procedimiento y control interno de la entidad).

También consideraría dos elementos fundamentales:

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• En primer lugar, en el caso de las Cajas de Ahorro, si el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria adquiriera cuotas participativas adquiriría un derecho de representación en la Asamblea General de la Caja igual al porcentaje que las cuotas representen sobre el patrimonio neto de la Caja. Es decir, se dotaría de derechos políticos a las cuotas participativas suscritas por el Fondo.

Este derecho de representación se conceptúa como un derecho excepcional que solo puede mantenerse mientras que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria mantenga la titularidad de estos valores y, en ningún caso, es transmisible a posteriores adquirentes de las cuotas. Se trata, en definitiva, de posibilitar en este caso el uso de una herramienta tradicional de reestructuración como es la adquisición de acciones en entidades bancarias.

• En segundo lugar, la aprobación por el Banco de España de un plan de reestructuración determinará que las concretas operaciones de fusión de entidades de crédito, ya sea por absorción o mediante la creación de una nueva entidad de crédito, o de escisión o cesión global o parcial de activos y pasivos que se contengan en el mismo, así como las eventuales adquisiciones de participaciones significativas que resulten de su ejecución y las modificaciones estatutarias que, en su caso, se produzcan como consecuencia de dichas operaciones no requieran ninguna autorización administrativa ulterior en el ámbito de la ordenación del crédito y la banca, salvo aquellas exigidas por la legislación en materia de defensa de la competencia. Ahora bien, con carácter previo a aprobar el plan correspondiente, el Banco de España debe solicitar, preceptivamente, informe del órgano competen-

te de la Comunidad Autónoma correspondiente (en el caso de cajas de ahorros) o de la Ministra de Economía y Hacienda (en el caso de bancos) o del que correspondiera de ellos en función del ámbito de actuación si se tratara de una cooperativa de crédito.

Además de la función relativa a los procesos de reestructuración de entidades de crédito, este real decreto-ley prevé también la posibilidad de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria apoye procesos de integración entre entidades de crédito dirigidos a mejorar su eficiencia a medio plazo. La capitalización transitoria de entidades de crédito que, sin encontrarse en una situación que exija llevar a cabo un proceso de reestructuración como los descritos anteriormente, inicien un proceso de integración se hace necesaria en un contexto como el actual, caracterizado por la considerable dificultad de obtener recursos propios en los mercados mayoristas lo que puede obstaculizar la acometida de operaciones que podrían suponer un avance en la racionalización de la estructura productiva bancaria y en el grado de eficiencia de la misma lo que contribuiría, en definitiva, a incrementar la fortaleza y solvencia del sistema en su conjunto. Tales procesos pueden incluir, entre otros los denominados «sistemas institucionales de protección» cuyos objetivos resulten asimilables a los generados en un proceso de fusión en lo relativo a la forma de operar, la determinación y ejecución de las políticas y estrategias de las entidades participantes y el establecimiento y ejercicio de sus controles internos y de gestión de riesgos.

Con este fin, se prevé que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria pueda adquirir los concretos títulos, a que se refiere este real decreto-ley, emitidos por las entidades de crédito residentes en España inmersas en el proceso de integración. Las entidades en cuestión elaborarían, entonces, un plan de integración que prevea procesos de integración que comporten, entre otros elementos, una mejora de su eficiencia, la racionalización de su administración y gerencia, así como un redimensionamiento de su capacidad productiva, y todo ello de cara a mejorar sus perspectivas futuras. Este plan deberá ser | Alfredo DAGNINO |

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aprobado por el Banco de España, bajo el principio de la utilización más eficiente de los recursos públicos.

Los títulos que pudieran ser adquiridos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria son participaciones preferentes convertibles en acciones, en cuotas participativas o en aportaciones al capital social. La emisión de tales títulos se considera excepcional y deberá llevarse a efecto en unas condiciones tales que tengan en cuenta, en todo caso, el plazo y riesgo de la operación, la necesidad de evitar el riesgo de una distorsión competitiva, así como el aseguramiento de que tal adquisición facilita e incentiva la ejecución y cumplimiento del plan de integración. Los términos y condiciones de la retribución de estas participaciones preferentes tendrán en cuenta, en todo caso, los principios que se establezcan por la Comisión Europea. Además, los emisores deben comprometerse a recomprarlos tan pronto como puedan en los términos comprometidos en el plan de integración. Transcurridos cinco años desde el desembolso sin que las participaciones preferentes hayan sido recompradas por la entidad, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria podría solicitar su conversión en acciones, en cuotas participativas o en aportaciones sociales del emisor. No obstante lo anterior, el acuerdo de emisión deberá contemplar, asimismo, la convertibilidad de las participaciones preferentes a instancias del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria si, antes del transcurso del plazo de cinco años, el Banco de España considerara improbable la recompra en ese plazo. La conversión supondría que, en el caso de las cuotas participativas, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria adquiriría ese derecho excepcional de representación en la Asamblea General de la caja de ahorros.

La desinversión por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria de los títulos suscritos se realizará mediante su recompra por la entidad emisora o su enajenación a terceros. Cuando la desinversión de dichos títulos o de los resultantes de su conversión se realice mediante su enajenación a terceros, esta deberá realizarse a través de procedimientos que aseguren la competencia y dentro de un plazo no superior a los cinco años a contar desde la fecha de cumplimiento del

plan de integración, plazo que no será de aplicación en el caso de que a la entidad le sea de aplicación el apartado 8 de este artículo.

Además, se prevén intensos mecanismos de seguimiento y control de la ejecución de los planes de integración.

Reforma del régimen de las Cajas de Ahorro Posteriormente, se reformó el régimen jurídico de las cajas de ahorros mediante el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros, a raíz de la cual se pretendía alcanzar una mayor profesionalización de las Cajas de Ahorros y, sobre todo, propiciando su conversión en bancos comerciales con el objetivo de dotarlas de capacidad para poder acceder al mercado de capitales.

En general, las cajas de ahorros, así como el resto del sistema bancario español, enfrentaron los primeros momentos de la crisis financiera, iniciada en agosto de 2007, sin grandes dificultades, gracias a haber practicado un modelo de banca tradicional y minorista y a la labor supervisora del Banco de España, y a una buena posición en términos de rentabilidad y eficiencia, volumen de provisiones y niveles de capital.

No obstante, la persistencia de la crisis financiera junto a la consiguiente grave crisis económica supuso para el sistema bancario español un entorno intensamente adverso que se ha traducido en menores niveles de actividad, recortes de márgenes, dificultades para obtener financiación en los mercados mayoristas y aumento de la morosidad, con especial incidencia en los préstamos concedidos a los sectores inmobiliario y construcción en los que el sistema bancario español tiene una exposición relevante.

Las entidades españolas reaccionaron a este entorno de dificultad conteniendo los costes operativos, intensificando la captación de depósitos e intentando reforzar los recursos propios de máxima calidad. No obstante, por lo que a las cajas de ahorros se refiere, la crisis ha puesto de manifiesto, por una parte, un exceso de capacidad y, | Alfredo DAGNINO |

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por otra, la necesidad de una mayor flexibilidad para captar recursos básicos de capital y para ajustar sus estructuras operativas.

En este contexto, las cajas de ahorros emprendieron un proceso de restructuración que afectó a tres cuartas partes del sector y que derivó en una sustancial reducción del número de entidades en el sector en beneficio de la eficiencia del mismo y su solidez para el futuro. Una buena parte de estos procesos contó con apoyo financiero del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y se materializaron a través de la creación de Sistemas Institucionales de Protección (SIP).

Al margen de este proceso de reestructuración, las entidades de crédito españolas debían estar preparadas para afrontar los retos que se avecinaban con la reforma del sistema financiero internacional que requeriría más y mejor capital de las instituciones financieras. Las entidades de crédito españolas podían necesitar en el futuro acudir a los mercados privados de capital para reforzar sus niveles de capital.

Para ello, se hizo precisa llevar a cabo con urgencia una reforma del marco jurídico de las cajas de ahorros, de modo que se les facilitasen diferentes alternativas de organización institucional, todas ellas con acceso a los mercados en las mejores condiciones posibles, y tratando de impulsar, especialmente, su capacidad para atraer capital exterior.

En definitiva, resultaba imprescindible reformar el modelo de Cajas para garantizar su permanencia y las considerables ventajas que aportaba a nuestro sistema financiero. Se trataba de introducir las modificaciones imprescindibles para fortalecer a las Cajas de Ahorros, al conjunto del sector financiero español y al conjunto de la economía productiva facilitando el flujo de crédito. Con ese objetivo se optaba por fortalecer el sector financiero español a través de dos líneas básicas: la capitalización de las Cajas, facilitando su acceso a recursos de máxima categoría en iguales condiciones que otras entidades de crédito; y la profesionalización de sus órganos de gobierno.

Tal reforma se acometió por virtud del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros, que reforzó, en primer término, las posibilidades de captación de recursos de las Cajas de Ahorros espa-

ñolas. Las cuotas participativas tal y como fueron reguladas en 2002 habían mostrado muchas limitaciones como instrumento atractivo para los inversores, dada su escasa liquidez y la imposibilidad de atribuirles derechos políticos. Tras la reforma, a los actuales derechos económicos de los cuotapartícipes se les podrán añadir derechos políticos de manera directamente proporcional al porcentaje que las cuotas supongan sobre el patrimonio.

En segundo lugar, el Real Decreto-Ley lleva a cabo una reforma de los aspectos del gobierno de las cajas más directamente relacionados con su actividad en orden a impulsar la profesionalización de los órganos de gobierno en línea con las demás entidades de crédito.

Adicionalmente, el Real Decreto-Ley afronta los ajustes necesarios en la regulación de las cajas para fortalecer a los sistemas institucionales de protección como instrumentos de la máxima eficiencia y con el fin de que puedan acceder a la financiación más fácilmente, de la misma manera que viene ocurriendo con tales sistemas en algunos países de nuestro entorno europeo. Por otro lado, la reforma introduce nuevas alternativas que permiten fortalecer las cajas. La primera de ellas permite el ejercicio de toda la actividad financiera de la caja mediante un banco controlado por la caja al tener al menos el 50% de su capital. Una segunda opción permite la transformación de la caja en una fundación de carácter especial conservando la obra social y el traspaso de todo su negocio financiero a un banco.

Medidas de reforzamiento del sistema financiero Más adelante, y en virtud del Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, se adoptaron medidas en orden al fortalecimiento del nivel de solvencia de todas las entidades de crédito, incrementando los requerimientos de capital mínimos tanto en términos de cantidad como de calidad de los mismos.

Las tensiones a las que se enfrentado el sistema financiero internacional desde el comienzo de la crisis han dificultado el cumplimiento | Alfredo DAGNINO |

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de su función esencial como canalizador del crédito a la economía. El incremento del coste y la disponibilidad de financiación ha afectado seriamente al desarrollo del conjunto de la economía real, limitando las posibilidades de crecimiento económico. Las dificultades del sistema financiero para cumplir esa función principal de canalización del ahorro a las necesidades de gasto de los agentes económicos han alcanzado tanto a los presupuestos familiares, como, muy especialmente, a la financiación de las pequeñas y medianas empresas, auténtico elemento nuclear de nuestro tejido empresarial.

En este contexto, el conjunto de las entidades de crédito se ha enfrentado, además de a severas restricciones al acceso a la financiación, a un deterioro relativo de sus activos, especialmente de aquellos relacionados con el sector inmobiliario, a un aumento notable de los préstamos calificados como dudosos y, finalmente, a la disminución de su negocio, como consecuencia tanto de la duración, intensidad y extensión de la crisis, como de la fuerte caída de la actividad económica provocada por la misma.

Ello puso de manifiesto la necesidad de garantizar por parte de los poderes públicos las bases para la existencia de un sistema financiero competitivo y sólido que facilite la intermediación entre los poseedores de recursos financieros y quienes tienen necesidades de inversión. Un sistema financiero bien estructurado constituye la principal garantía de que la economía productiva de un país puede disponer de la financiación que requiere para desarrollarse al máximo de su capacidad, generando riqueza y creación de empleo. Puede concluirse que todo este proceso se encuentra basado en la confianza, en la integridad de las instituciones y el buen funcionamiento de los mercados.

Esta importancia del sistema financiero justifica el carácter prioritario e ineludible de la intervención del Estado para asegurar su correcto funcionamiento desde dos perspectivas. De un lado, mediante la adopción de medidas destinadas, si no a evitar, al menos sí a limitar las consecuencias de crisis futuras del sistema financiero en el conjunto de la economía: el refuerzo de la arquitectura financiera internacional; el fortalecimiento de la supervisión; y la adopción de nuevas y mucho

más exigentes normas de capital para las entidades financieras son ejemplos de ello. De otro lado, destacan las medidas de apoyo al sector financiero, que los Estados individual o conjuntamente han ido adoptando para recuperar la confianza y mitigar las presiones de liquidez.

En primer lugar, se ampliaron las coberturas de los sistemas de garantía correspondientes. Por otra parte, ante la contracción y casi desaparición de los mercados de financiación mayorista, algunos Estados, en paralelo al Banco Central Europeo, articularon mecanismos de fomento de liquidez. En tercer lugar, para hacer frente al deterioro de los recursos propios de los bancos se llevaron a cabo inyecciones de capital público en entidades, con distintos grados de dificultades. Finalmente, con el fin de aclarar el valor de los activos dañados de los bancos y facilitar la reestructuración de las entidades, algunos Estados aprobaron ayudas para sanear sus balances y se realizaron pruebas de resistencia a un conjunto amplio de entidades financieras.

El Gobierno de España completó las medidas adoptadas desde el comienzo de la crisis mediante el Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, que responde a un doble objetivo: de un lado, reforzar el nivel de solvencia de todas las entidades de crédito, mediante el establecimiento de un nivel elevado de exigencia con relación al capital de máxima calidad, con objeto de disipar cualquier duda sobre su solvencia; y acelerar la fase final de los procesos de reestructuración de las entidades, a través del marco indispensable creado por el Real Decreto-ley 11/2010.

Estos objetivos garantizarán la función del sector financiero de canalizar el crédito a la economía y que en el caso de las cajas de ahorros se compagina con el objetivo indispensable del mantenimiento de su obra social.

Las medidas contempladas en dicho Decreto Ley se articulan en dos grandes bloques el reforzamiento del capital de las entidades y la adaptación del FROB como instrumento público para facilitar la nueva capitalización exigida.

En cuanto al reforzamiento de la solvencia, se establece una aplicación adelantada y exigente de los nuevos estándares internacionales de | Alfredo DAGNINO |

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capital, Basilea III. Así, se procede al establecimiento inmediato de un mínimo de capital principal, con relación a los activos ponderados por riesgo, siguiendo básicamente la definición que Basilea III establece cumplir en 2013. Este nivel mínimo de la ratio de capital principal se sitúa en el 8%, siendo del 10% para aquellas entidades que no hayan colocado títulos representativos de su capital a terceros por al menos un 20%, y, que además, presenten una ratio de financiación mayorista superior al 20%. Se trata así, de que las entidades se doten un capital, de la máxima calidad, suficiente para garantizar una elevada solidez, siendo la exigencia más alta para aquellas entidades que tienen menor agilidad para captar capital básico en caso necesario. Adicionalmente, el Banco de España podrá requerir a una entidad individual un nivel superior de capital principal en función de los resultados de ejercicios de resistencia que puedan hacerse para el conjunto del sistema.

Los elementos que integran el capital principal son, en línea con lo establecido en Basilea III para 2013: el capital, las reservas, las primas de emisión, los ajustes positivos por valoración, los intereses minoritarios; y, adicionalmente, los instrumentos suscritos por el FROB y, transitoriamente, los instrumentos obligatoriamente convertibles en acciones antes de 2014 y que cumplan ciertos requisitos que garanticen una alta capacidad de absorción de pérdidas. Estos elementos serán minorados por los resultados negativos y pérdidas, los ajustes negativos por valoración y los activos inmateriales.

Estos nuevos requerimientos entraron en vigor el 10 de marzo de 2011. Además, ante la evidencia de que habrá algunas entidades con dificultad para alcanzar este nuevo requisito de manera inminente, la norma ha diseñado una estrategia progresiva de cumplimiento.

Aquellas entidades que a 10 de marzo no alcancen el nivel requerido de capital principal tendrán 15 días hábiles para comunicar al Banco de España la estrategia y calendario con que garantizan el cumplimiento de los nuevos requisitos del 8% o 10%, de capital principal, según corresponda, antes del 30 de septiembre de 2011.

Esta estrategia, que podrá contemplar la captación de recursos de terceros y la salida a bolsa de las entidades, deberá ser aprobada por

el Banco de España quien podrá, asimismo, exigir modificaciones o medidas adicionales.

No obstante, dado que podrían suscitarse algunas cuestiones que podrían retrasar el cumplimiento, relacionadas con las operaciones o trámites que pudieran que tener que llevar a cabo las entidades, y que en algunos casos pudieran ser numerosos, el Banco de España podrá autorizar un aplazamiento de hasta un máximo de 3 meses sobre la fecha anterior y, con carácter excepcional, en casos de salidas a bolsa, y siempre y cuando se hayan cumplido un conjunto de hitos que generen certeza sobre la decisión y la cuantía de la emisión, podrá prorrogar la ejecución hasta el primer trimestre de 2012.

Una vez completado el período transitorio y cuando las entidades hayan alcanzado las nuevas exigencias de capital principal, y siguiendo la estructura conceptual de Basilea III, que establece un colchón de capital de conservación, el incumplimiento coyuntural de hasta un 20% de la ratio de capital principal exigido, determinará la imposición por parte del Banco de España de restricciones que podrán afectar al reparto de dividendos, la dotación a la obra benéfico social, la retribución de las participaciones preferentes, las retribuciones variables de administradores y directivos y la recompra de acciones.

Previendo la posibilidad de que no todas las entidades puedan captar capital en los mercados de capital básico el segundo bloque del presente real decreto Ley modifica el régimen jurídico del FROB con objeto de que la proporción de apoyos se realice mediante la adquisición temporal de acciones ordinarias, en condiciones de mercado, de aquellas entidades que no cumplan con los niveles de recursos propios exigidos y que así lo soliciten, ya sea de forma inmediata o una vez que acudiendo al mercado no hayan captado todos los recursos necesarios.

Esta medida, que lógicamente puede implicar la entrada del sector público en el capital social de entidades de crédito, se ha diseñado dentro de un marco de estricto cumplimiento de la normativa aplicable de la Unión Europea y de máxima protección de los recursos públicos. Así, en primer lugar, El precio de adquisición de las acciones o aportaciones al capital social se fijará conforme al valor económico | Alfredo DAGNINO |

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de la entidad, que será determinado por uno o varios expertos independientes a designar por el FROB, a través de un procedimiento que desarrollará el FROB, basado en las metodologías comúnmente aceptadas y atendiendo al valor de mercado.

En cuanto a la desinversión, conviene subrayar que la presencia del FROB en el capital de las entidades es temporal, siendo el plazo máximo de tenencia de cinco años. La enajenación se llevará a cabo por procedimientos que aseguren la competencia. No obstante, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria podrá, en el momento de adquisición de los títulos, establecer los términos en que, en el plazo máximo de un año desde la fecha de suscripción o adquisición, revendería dichos títulos a las entidades emisoras de los mismos o a terceros inversores propuestos por la entidad beneficiaria de su actuación. Este plazo máximo podrá ser de dos años, en cuyo caso se podrá exigir a las entidades solicitantes compromisos adicionales a los previstos dentro de su plan de recapitalización. Las condiciones de dicha reventa deberán asegurar un uso eficiente de los recursos públicos y llevarse a cabo en condiciones de mercado, cumpliendo en todo caso con la normativa española y de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas de Estado.

La vocación temporal del apoyo del FROB en la aportación de capital básico determina que la inversión se realice mediante la adquisición de acciones ordinarias, con objeto en que llegado el momento el FROB pueda deshacerse fácilmente y en condiciones de mercado de las mismas. Este requerimiento determina a su vez que la entidad beneficiaria del apoyo sea un banco. Es por ello por lo que se establece que si la entidad de crédito que solicita el apoyo financiero es una caja de ahorros, ésta tendrá un plazo de tres meses para el traspaso de la totalidad de su actividad financiera bien a un banco a través del cual pasen a ejercer indirectamente su actividad financiera manteniendo su figura jurídica de caja o transformándose en fundación, bien al banco que actúe como entidad central del sistema institucional de protección del que en su caso formen parte.

Además, la adquisición de títulos por parte del FROB estaba condicionada a la elaboración por la entidad de un Plan de Recapitalización

en el que, además de presentar un plan de negocio, deberá asumir ciertos compromisos relacionados, por ejemplo, con la reducción de sus costes estructurales, la mejora de su gobierno corporativo o la evolución de su actividad de crédito. La adquisición de títulos por parte del FROB determinará, a su vez, su incorporación al Consejo de Administración de la entidad emisora de los títulos en proporción estricta al porcentaje de participación de la entidad. La norma también contempla la posibilidad de adquisiciones por el FROB de participaciones preferentes convertibles en aportaciones al capital social de las cooperativas de crédito, en un régimen que reproducía el previsto hasta la entrada en vigor del presente real decreto-ley. Por último, cabe destacar que el real decreto-ley también contemplaba una serie de medidas de carácter fiscal dirigidas a asegurar la neutralidad en los procesos de reestructuración del sistema financiero.

Nuevas medidas de saneamiento del sistema financiero 145 Un nuevo hito del proceso de reestructuración bancaria fue la adopción por el Gobierno de la Nación de medidas conducentes al fortalecimiento del sector financiero por la vía de acometer el necesario saneamiento de los balances de las entidades de crédito, afectados negativamente por el deterioro de sus activos vinculados al sector inmobiliario.

En efecto, advertido el impacto que el deterioro de los activos vinculados al sector inmobiliario tenían sobre la solidez de nuestro sistema financiero, se aprobó el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, con el fin de adoptar medidas urgentes conducentes a lograr el saneamiento de los balances de las entidades de crédito, afectados negativamente por dicho deterioro.

Y es que los efectos de la crisis inmobiliaria sobre los balances de las entidades habían generado una espiral de incertidumbre sobre el conjunto del sector que no podía prolongarse más. Resultaba, por ello, imperativo e ineludible en el contexto económico descrito, intervenir al objeto de eliminar las incertidumbres sobre nuestra | Alfredo DAGNINO |

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estabilidad financiera y contribuir a reforzar la confianza en nuestro sistema financiero, consiguiendo que se originen dinámicas positivas que generen crédito y faciliten el acceso a la financiación por parte de nuestras empresas y familias.

Se consideró que disponer de unos balances saneados constituía un requisito básico para que las entidades financieras pudieran cumplir con su función esencial de canalizar el ahorro hacia proyectos de inversión eficientes que fomenten la actividad, el crecimiento y el empleo. A tal fin, y en virtud del citado Real Decreto-ley, se adoptaron medidas que permitieran a las entidades financieras empezar el ejercicio 2013 con sus cuentas saneadas, lo cual mejoraría la confianza, credibilidad y fortaleza del sistema. Asimismo, se facilitaría un mejor acceso de las entidades a los mercados de capitales, que contribuirá a la fluidez del crédito a la economía real.

Se trataba, esencialmente, de articular nuevos requerimientos de provisiones y capital adicionales, orientados en exclusiva a la cobertura del deterioro en los balances bancarios ocasionado por los activos vinculados a la actividad inmobiliaria. De este modo, había de lograrse una mejora del tratamiento prudencial del riesgo de crédito que aún pudiera estar lastrando los balances del sector financiero español, al tiempo que se tratan de disipar las incertidumbres que vienen dificultando su normalización y la recuperación de su función canalizadora del ahorro a la economía real.

El eje central del saneamiento de los balances se articulaba a través de un nuevo esquema de cobertura para todas las financiaciones y activos adjudicados o recibidos en pago de deuda relacionados con sector inmobiliario. Este nuevo régimen se establece en tanto subsistan las incertidumbres extraordinarias que, por falta de mercados suficientemente profundos en volumen e importancia de transacciones, existen sobre la valoración de activos relacionados con suelo para promoción inmobiliaria en España y con las construcciones o promociones inmobiliarias en España de todo tipo de activos, tanto en curso como terminadas. Estos nuevos requerimientos responden a la situación efectiva a día de hoy de los activos inmobiliarios de las

entidades de crédito, concebidos de modo realista para obtener una estimación razonable del deterioro para el conjunto de las carteras de estos activos, que se deben reconocer de acuerdo con el marco contable aplicable en España. Se impone, asimismo, un nuevo requerimiento de capital suplementario de la máxima calidad (capital principal), sobre la misma base de cobertura de activos dudosos o subéstandar o adjudicados en pago derivados de la financiación de suelo para promoción inmobiliaria.

Se dispuso que el ajuste de las entidades a estas nuevas exigencias habría de ejecutarse durante este mismo año 2012, de modo que, antes del 31 de marzo, habrán de presentar al Banco de España su estrategia de ajuste para dar debido cumplimiento al ejercicio de saneamiento. De este modo, los efectos positivos sobre la confianza, transparencia y sostenibilidad de nuestro Por su parte, se verificaron algunos ajustes en el Real Decretoley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, para facilitar el papel del FROB ante el nuevo contexto regulatorio. En lo que concierne al artículo 9 del Real Decreto-ley 9/2009, relativo a los instrumentos para el reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, este real decreto-ley viene a realizar ciertos ajustes o actualizaciones necesarias. Se restringe el cauce de apoyo financiero del FROB a la adquisición de acciones, salvo para los procesos competitivos de desinversión, que podrán ir acompañados de otro tipo de herramientas de ayuda. Asimismo, se reduce el plazo de desinversión de cinco a tres años. Por último, se procede a la supresión de la posibilidad que tenía el FROB de desinvertir, en el plazo de uno o dos años, los títulos adquiridos a las entidades emisoras de los mismos o a terceros inversores propuestos por la entidad beneficiaria de su actuación. En relación con el artículo 10 del Real Decreto-ley 9/2009, la principal modificación que se introduce es la ampliación de los instrumentos que puede adquirir el FROB para incluir los convertibles en acciones, lo que supera el marco anterior circunscrito a las participaciones preferentes. | Alfredo DAGNINO |

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Se contempló igualmente la modificación del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros. Por un lado, se pretende la simplificación de la estructura organizativa y los requisitos operativos de las Cajas de Ahorros que ejercen su actividad de forma indirecta. Así, los órganos de gobierno se reducen a la Asamblea General y al Consejo de Administración, siendo potestativa la Comisión de Control. Del mismo modo, se señala que el número de miembros de los órganos de gobierno así como la periodicidad de sus sesiones serán determinados por los estatutos de la Caja de Ahorros atendiendo a la dimensión económica y a la actividad de la entidad, con el fin de que se produzca un ajuste y redimensionamiento de la estructura organizativa de las Cajas de Ahorros a una nueva realidad, en la que se han desprendido de toda la actividad financiera que desarrollaban. Por otro lado, se establece un límite a la disposición de los excedentes que obtengan las Cajas de Ahorros de modo que, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de recursos propios, las cajas de ahorros de ejercicio indirecto no podrán destinar más del 10 % de sus excedentes de libre disposición a gastos diferentes de los correspondientes a la obra social. Y ello sin perjuicio de que pueda autorizarse el destino de porcentajes superiores necesarios para atender a gastos esenciales de funcionamiento de las entidades. También se introducen disposiciones para simplificar el funcionamiento, periodicidad y forma de convocatoria de las Asambleas Generales.

Continuando con la línea de simplificación del funcionamiento de las Cajas de Ahorros de ejercicio indirecto, se les exoneró expresamente del cumplimiento de las obligaciones referidas a servicios de atención al cliente, que, en todo caso, deberán ser cumplidas por la entidad de crédito a través de la cual ejerzan su actividad. El Banco de España podrá adaptar o eximir igualmente del cumplimiento de los requerimientos organizativos en materia de control interno, auditoría y gestión de riesgos recogidos en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, y su normativa de desarrollo.

Por otro lado, se introduce una referencia al supuesto en que las Cajas reduzcan su participación de modo que no alcance el 25 % de los derechos de voto, supuesto en el cual también deberán renunciar a la autorización para actuar como entidad de crédito, aunque mantuvieran una posición de control. En estos supuestos de pérdida de control o reducción de la participación por debajo del límite señalado, las Cajas de Ahorros perderán su condición de entidades de crédito y se transformarán en una fundación especial. Se establecen determinadas especificidades para las fundaciones de carácter especial de ámbito estatal.

Finalmente, se regula el régimen aplicable a las retribuciones de los administradores y directivos de entidades de crédito que hayan precisado o necesiten en el futuro apoyo financiero del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Dicho régimen parte de una distinción entre las entidades participadas mayoritariamente por el Fondo y aquellas que, de otro modo, han sido asistidas por él, imponiendo unas reglas más estrictas en el caso de las primeras. Las reglas contenidas en este título no hacen sino continuar la senda marcada por las recomendaciones del Financial Stability Board (FSB) y de la Comisión Europea, la Directiva 2010/76/UE, de 24 de noviembre de 2010 y las normas que han incorporado al derecho español esta última. Asimismo, el régimen establecido ha tomado en consideración el contenido del Informe sobre Remuneraciones emitido el pasado 27 de enero por el Banco de España en respuesta a la solicitud del Ministro de Economía y Competitividad.

Aprobación por la Unión Europea del Programa de Asistencia Financiera a España para proveer a la recapitalización del sector financiero No obstante las medidas adoptadas, la falta de confianza en la solvencia de algunas entidades en un entorno de agravamiento de la crisis del euro que llevó a que, en la primavera del 2012, el Gobierno de España solicitara un programa de asistencia financiera a la Unión Europea, | Alfredo DAGNINO |

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a resultas de lo cual se aprobó otorgar al Estado español una línea de crédito de 100.000 millones de euros, para proveer a la recapitalización del sistema financiero. Por lo demás, la financiación procurada por la Unión llevaba asociada la aprobación del llamado “Memorándum de Entendimiento” (MoU) que establecía las bases para promover la transformación del sistema financiero en diversos órdenes.

Entre las principales medidas que impulsaba el MoU se encontraban las siguientes: a) el aumento de la transparencia; b) la realización de auditorías externas y un test de estrés; c) el desarrollo de mecanismos que permitieran la asunción de pérdidas por parte de los acreedores de las entidades; la segregación de activos tóxicos a una sociedad de gestión de activos; el aumento de las competencias y de los poderes del Banco de España en materia de supervisión y resolución; una nueva reforma de la ley de cajas; o el desarrollo de canales alternativos de financiación no bancaria.

Los bancos españoles se sometieron a un proceso de auditoría externa rigurosos y exigente que permitió clasificar a dichas entidades en cuatro categorías: a) en primer lugar, las entidades que no presentaban necesidades de capital, ni siquiera en un escenario económico muy severo; b) en segundo término, las entidades que, aun teniendo necesidades de capital, podían cubrirlas de manera privada y sin recurso a las ayudas públicas; c) por otro lado, las entidades que necesitaban de ayudas públicas, pero en una proporción no significativa respecto a su capital; y d) en fin, las entidades que sí que necesitaban de la intervención pública y cuya participación mayoritaria pasó a manos del Estado.

Los dos últimos grupos de entidades, se vieron obligados a suscribir los correspondientes planes de reestructuración que les obligaron a sanear su balance y a entrarse en sus mercados y negocios propios.

El proceso de reestructuración descrito ha tenido como consecuencia un cambio notable de la faz del sistema bancario español. En primer lugar, con la desaparición casi íntegra de las cajas de ahorro, que se han visto reducidas de las 46 existentes antes de la crisis a 2, y de representar más de la mitad del activo en 2007 al 0,2 % actual. Así,

las antiguas cajas de ahorro se han fusionado y transformado en bancos comerciales, lo que redunda en una mayor transparencia y en una mejor disciplina de mercado del sistema financiero en su conjunto. Y sus obras sociales se han transformado en fundaciones.

Por otro lado, se ha ido decantando un proceso de ajuste del tamaño y dimensiones del sector, adaptándose a las nuevas condiciones del mercado, y se ha realizado al propio tiempo un notable refuerzo de los balances, con un fuerte aumento de las provisiones y un notable incremento de las cifras de capital. Lo cual ha determinado que el sistema bancario español haya ganado en solvencia y transparencia y con una estructura más ajustada, que le permite estar preparado para afrontar los retos y desafíos del futuro, incluido escenarios económicos adversos, y los cambios derivados de los avances en el seno de la Unión Europea.

Saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero

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En la misma línea marcada por el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de tratar de disipar las incertidumbres que venían dificultando la normalización del sector financiero español y la recuperación de su función canalizadora del ahorro a la economía real, el Real Decretoley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero estableció los requerimientos de cobertura adicionales a los establecidos en aquél, por el deterioro de las financiaciones vinculadas a la actividad inmobiliaria clasificadas como en situación normal. Estos nuevos requerimientos se establecieron, de modo análogo a lo anterior, por una sola vez, de manera diferenciada en función de las diversas clases de financiaciones.

Por otro lado, se establecieron las disposiciones precisas para asegurar el cumplimiento de los nuevos requerimientos en coherencia con los plazos establecidos en el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, para lo cual las entidades de crédito habrían de presentar al Banco de España, no más tarde del 11 de junio de aquel año, un plan | Alfredo DAGNINO |

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en el que detallasen las medidas que tenían previsto adoptar para dicho cumplimiento.

Asimismo, en coherencia con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, se estableció un mecanismo de flexibilización del plazo de cumplimiento de los nuevos requerimientos de provisiones para aquellas entidades que vayan a acometer procesos de integración, que dispondrían de un plazo de doce meses a partir de la autorización del respectivo proceso. Con el fin de evitar ineficiencias en la presentación de los proyectos de procesos de integración, en virtud de los que pudieran surgir por los nuevos requerimientos establecidos en el Real Decreto-ley de referencia, se prorrogó hasta el 30 de junio siguiente el plazo de presentación de dichos proyectos previsto en el Real Decreto-ley antes citado.

En el supuesto de que las entidades de crédito, para cumplir con los nuevos requerimientos de cobertura del riesgo inmobiliario, deteriorasen su solvencia de modo tal que su capital principal o sus recursos propios resultaran deficitarios, se les obligaba a prever en su plan de cumplimiento las medidas alternativas que garantizasen lo previsto en este Real Decreto-ley. En particular, si así lo consideraba el Banco de España a la vista de la situación económica-financiera de las entidades, estas vendrían obligadas a solicitar apoyo financiero público a través de la intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, institución que podría inyectar recursos en las entidades a través de la adquisición bien de capital ordinario, o bien de otros instrumentos convertibles en capital.

Con el fin de aislar y dar salida en el mercado a los activos cuya integración en el balance de las entidades estaba lastrando la recuperación del crédito, se preveía la constitución de sociedades de capital a las que las entidades de crédito deberían aportar todos los inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas relacionadas con el suelo para la promoción inmobiliaria y con las construcciones o promociones inmobiliarias. Para ello era preciso garantizar que su valoración resultara ajustada a la realidad del mercado así como la profesionalización de la gestión de las sociedades citadas.

Nuevas medidas de reestructuración y resolución de entidades de crédito Con posterioridad a la aprobación del programa de asistencia financiera a España para la recapitalización del sector financiero, se aprobó por el Gobierno de España el Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito (tramitado posteriormente como proyecto de ley y dando lugar a la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito), con el cual se pretendió dar adecuado cumplimiento de algunas medidas que el Memorando de Entendimiento preveía para fechas posteriores. Y ello por diversas razones: (i) Por una parte, la inclusión de estas medidas facilitaba la configuración de un sistema normativo homogéneo y coherente, considerándose inapropiado, por cuestiones sistemáticas, que su regulación se hiciera en instrumentos separados; (ii) Por otro lado, su entrada en vigor siguiendo los procedimientos legislativos ordinarios en los plazos previstos, era igualmente de difícil ejecución, por lo que parecía recomendable incluirlas en un único real decreto-ley en vez de aprobar varios con carácter sucesivo; (iii) Y, en fin, aunque las medidas no fueran exigibles hasta fechas posteriores, la inclusión en dicho Real Decreto-ley permitió a los destinatarios comenzar a preparar su aplicación.

En particular el mencionado Real Decreto-ley arbitra seis concretas medidas: • Un nuevo marco reforzado de gestión de situaciones de crisis de entidades de crédito que permitirá su reestructuración eficaz y la resolución ordenada en caso necesario.

• Una nueva regulación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que delimita sus competencias y refuerza significativamente las herramientas de intervención en todas las fases de gestión de crisis.

• El refuerzo de la protección a los inversores minoristas.

• Un marco jurídico para la constitución de una Sociedad de Gestión de Activos (SGA). | Alfredo DAGNINO |

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• Un sistema de reparto del coste derivado de la intervención de entidades entre el sector público y los acreedores privados (es lo que se denomina en terminología anglosajona “burden sharing”, en línea con lo exigido por el propio Memorando de Entendimiento).

• Finalmente, se regulan otros aspectos como el refuerzo de los requerimientos de capital que deben tener las entidades, nuevos límites a la remuneración de directivos de entidades con ayudas y el traspaso de competencias al Banco de España.

Un nuevo marco de gestión de crisis

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En primer lugar, el Real Decreto-ley establece un régimen jurídico completo para el tratamiento de situaciones de entidades con problemas, que supone una anticipación en el ordenamiento jurídico patrio de los aspectos recogidos en el borrador de la futura Directiva Europea de Resolución de Crisis. Se hace, a este respecto, una triple distinción basada en la gravedad de la situación de la entidad de crédito, contemplando medidas de actuación temprana (para dificultades leves), de reestructuración (debilidades transitorias que pueden resolverse mediante la inyección de fondos públicos) y de resolución (para entidades inviables).

En cualquier caso, los procesos de reestructuración y resolución ordenada de las entidades de crédito deberán respetar una serie de objetivos y principios tales como evitar efectos perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero, asegurar la utilización más eficiente de los recursos públicos, o garantizar que los accionistas y los acreedores subordinados sean los primeros en asumir pérdidas teniendo en cuenta el orden de prelación establecido.

Las denominadas “medidas de actuación temprana” se aplican cuando las dificultades que atraviesa una entidad son de carácter leve, es decir, cuando una entidad de crédito incumpla o resulte razonablemente previsible que no pueda cumplir con los requerimientos de solvencia, pero se encuentre en disposición de retornar al cumpli-

miento por sus propios medios. Estas medidas se integran dentro de la fase de supervisión más ordinaria de una entidad y son dirigidas por el Banco de España. Se trata de asegurar que la entidad recobre su estabilidad y cumpla sus requerimientos regulatorios, evitando la necesidad de inyectarle fondos públicos o haciéndolo únicamente de forma excepcional y transitoria (a devolver en un máximo de 2 años).

Los casos de reestructuración están previstos para los supuestos en los que la entidad requiera para garantizar su viabilidad el apoyo financiero público, existiendo elementos objetivos que hacen razonablemente previsible que dicho apoyo será reembolsado o recuperado en los plazos previstos para cada instrumento.

También se aplicará la reestructuración cuando, aunque no se den los elementos objetivos anteriores, la alternativa a la reestructuración, la resolución ordenada, produciría efectos gravemente perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. Los instrumentos a emplear en esta fase para devolver a la viabilidad a la entidad, incluyen la asistencia financiera (mediante otorgamiento de garantías, préstamos o aportaciones al capital social), el traspaso de los activos deteriorados a una sociedad de gestión de activos o cualquier medida de intervención temprana.

La resolución tendrá lugar cuando una entidad de crédito sea inviable o es previsible que vaya a serlo en un futuro próximo, y por razones de interés público y estabilidad financiera resulte necesario evitar su liquidación concursal ordinaria. En los supuestos de resolución se procederá a la venta del negocio, la trasmisión de los activos o pasivos a un “banco puente” o la trasmisión de activos o pasivos a una entidad de gestión de activos, instrumentos que podrán recibir apoyo financiero público para garantizar su eficacia.

Una nueva regulación del FROB El otro gran bloque del Real Decreto-ley es el que refuerza las competencias del FROB que se configura, junto con el Banco de España, como la institución pública encargada de la reestructuración y resolu| Alfredo DAGNINO |

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ción de entidades de crédito. A estos efectos, el Real Decreto-ley describe con detalle el régimen jurídico y financiero del FROB, sus órganos de gobierno y estructura, sus funciones y competencias y su régimen de responsabilidad y dación de cuentas. Tendrá una dotación de los Presupuestos del Estado y podrá financiarse con terceros con un límite que para 2012 se fija en 120.000 millones de euros. Tendrá una comisión rectora formada por representantes del Ministerio de Economía y Competitividad, de Hacienda y Administraciones Públicas y Banco de España y contará con un director general con plenas funciones ejecutivas.

Por otro lado, se clarifica la relación entre el FROB y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Éste se limitará a funciones de garantía de depósitos y, en su caso, podrá apoyar los procesos de resolución ordenada hasta el límite del importe cubierto en depósitos garantizados con el fin de proteger a los depositantes cubiertos. Desaparecen, por tanto, sus capacidades de imponer medidas de saneamiento y reestructuración de entidades.

156 El reparto de los costes de la reestructuración: gestión de instrumentos híbridos La norma aborda dicho reparto estableciendo el mecanismo por el que los titulares de instrumentos híbridos de capital (participaciones preferentes y deuda subordinada) podrán ser obligados a asumir parte de las pérdidas de una entidad en restructuración o resolución. Se trata con ello de reducir lo máximo posible el coste para el contribuyente de la reestructuración, tal como estipula la normativa europea de ayudas de Estado.

De acuerdo con esta regulación, el FROB podrá imponer un ejercicio de canje determinado, si considera que la primera fase de absorción de pérdidas por parte de los acreedores, que es propuesta por la entidad y de aceptación voluntaria, ha sido insuficiente.

Estas operaciones podrán consistir en ofertas de canje por instrumentos de capital de la entidad de crédito; recompra mediante abono directo en efectivo o condicionado a la suscripción de instrumentos de capital o cualquier otro producto bancario; reducción del valor nominal

de la deuda; y amortización anticipada a valor distinto del nominal.

Estas acciones deberán tener en cuenta el valor de mercado, aplicando un descuento sobre el nominal acorde con la normativa europea.

Un nuevo marco para la Sociedad de Gestión de Activos También se prevé la posibilidad de constituir una sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, que se encargue de la gestión de aquellos activos problemáticos que deban serle transferidos por las entidades de crédito. A tal fin, se prevé igualmente la posibilidad de que el FROB ordene a la entidad de crédito correspondiente el traspaso de los activos problemáticos a una sociedad de gestión de activos.

La sociedad de gestión de activos se constituye como un instrumento que permite la concentración de aquellos activos considerados como problemáticos, facilitando su gestión, así como sacar del balance determinados activos problemáticos de las entidades que reciban apoyos públicos, facilitando el saneamiento y la viabilidad de estas entidades.

Se otorga al FROB la capacidad de obligar a las sociedades que reciban apoyo público a transferir a la SGA los activos dañados que se estimen oportunos. Esta los gestionará hasta su ulterior enajenación, por lo que tendrá una vocación temporal, perdiendo su razón de ser una vez se hayan enajenado los activos adquiridos.

En el Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto se dota la cobertura legal mínima imprescindible para poder desarrollar reglamentariamente lo necesario para que la SGA estuviera operativa antes de diciembre de 2013, lo que se hizo en virtud del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos.

Nuevos mecanismos de protección a los inversores minoristas Se articulan nuevas medidas para mejorar la protección a los inversores minoristas y de mejora de la transparencia en la comercialización | Alfredo DAGNINO |

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de instrumentos financieros no cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos y comercializados a clientes minoristas (especialmente participaciones preferentes). Se trata de evitar que se reproduzcan prácticas irregulares ocurridas durante los últimos años, que han llevado a que se ofrezca este tipo de productos a personas no idóneas.

En cuanto a las preferentes y otros productos igualmente complejos, se desincentiva su comercialización introduciendo un tramo para inversores profesionales mínimo del 50% e inversión mínima de 100.000 euros en el caso de las no cotizadas y de 25.000 euros en las cotizadas.

Además, se intensifican los poderes de control que tiene la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la comercialización de productos de inversión, especialmente en relación con los productos complejos, llegándose a exigir que los clientes minoristas escriban de puño y letra que han sido advertidos de que el producto no les resulta conveniente si este ha sido el resultado del test de conveniencia.

Por otro lado, en cuanto a la colocación de pagarés entre minoristas, se habilita a la CNMV para incluir advertencias a los clientes sobre las diferencias de este tipo de instrumentos (que pueden ser confundidos con depósitos tradicionales) y los depósitos. Además, se elimina la contribución adicional al FGD por depósitos con alta remuneración, para incentivar a las entidades a que vuelvan a colocar depósitos en lugar de pagarés.

Otras cuestiones Otro aspecto de relevancia contenido en este Real Decreto-ley era la modificación de los requerimientos de capital principal que deben cumplir las entidades y grupos consolidables que establece el Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero.

Concretamente, los requisitos actuales del 8% y 10 % (8% con carácter general, y 10% para las entidades con difícil acceso a los mercados de capitales y para las que predomine la financiación mayorista),

se transformarán en un único requisito del 9% que deberán cumplir todas las entidades a partir del 1 de enero de 2013. No sólo se modifica el nivel de exigencia de capital principal, sino también su definición para adaptarla a la empleada por la Autoridad Bancaria Europea en su reciente ejercicio de recapitalización. Esta modificación no supone de facto una alteración significativa de los requerimientos ya exigidos a las entidades.

El Real Decreto-ley contribuye además a realizar una clara separación entre las funciones atribuidas al Banco de España y al Ministerio de Economía y Competitividad en materia de autorización y sanción de las entidades de crédito. Se encomiendan al Banco de España aquellas funciones sobre la materia que antes correspondían al Ministerio de Economía y Competitividad. El Banco de España será competente en la autorización de entidades bancarias y en la imposición de sanciones de carácter muy grave.

Por último, se establece un nuevo tope rebajado a la retribución fija por todos los conceptos de presidentes ejecutivos, consejeros delegados y directivos de las entidades que, sin hallarse mayoritariamente participadas por el FROB, reciban apoyo financiero. Ese límite máximo pasa de los 600.000 euros actuales a 500.000 euros.

Medidas urgentes para la adaptación de la legislación interna española al derecho de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras Finalmente, el Gobierno aprobó más recientemente el Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras, cuyo objeto es verificar la incorporación al ordenamiento jurídico interno español de las sustantivas novedades derivadas de la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de servicios inversión, por la que se modifi| Alfredo DAGNINO |

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ca la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE , y del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012, para fortalecer a entidades financieras y empresas de servicios de inversión y mejorar las normas de gobierno corporativo de ambas.

Las principales reformas introducidas por el Real Decreto-ley 14/2013 son las siguientes: Medidas relativas a los recursos propios de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión

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a) Por lo que se refiere a las medidas relativas a las entidades de crédito, las principales modificaciones sobre el régimen de recursos propios son las siguientes: • El Banco de España ve ampliada su capacidad supervisora y evaluadora de riesgos y, además, se le encomienda la elaboración de guías técnicas, dirigidas a las entidades y grupos supervisados, indicando las metodologías que considera adecuadas. Estas guías serán elaboradas cuando el Banco de España lo estime conveniente y se referirán a una serie de materias tales como la evaluación de los riesgos a los que las entidades estén expuestas, las prácticas remunerativas y la instrumentación de mecanismos de reestructuración o resolución de entidades de crédito, entre otras.

• Se establecen nuevas medidas relativas a los recursos propios de entidades de crédito que el Banco de España podrá adoptar en función de la situación en que se encuentre la entidad o el grupo al que esta pertenezca. Entre las medidas que el Banco de España podrá adoptar y que no figuraban en la redacción antigua de la Ley 13/1985 están, entre otras, la posibilidad de exigir a las entidades y sus grupos que presenten un plan para

restablecer el cumplimiento de los requisitos de supervisión, la posibilidad de exigir a las entidades de crédito y sus grupos que apliquen una política específica de provisiones, solicitar el abandono de actividades que planteen riesgos excesivos para la solidez de la entidad o imponer obligaciones adicionales de información.

• Se incorpora un listado de supuestos en los que será obligatorio el mantenimiento de recursos propios en cantidad superior a la establecida, y fija la potestad del Banco de España de evaluar si es preciso exigir esos recursos propios adicionales además de los requisitos de recursos propios para cubrir riesgos a los que esté o pueda estar expuesta una entidad, atendiendo a una serie de criterios.

• Se prevé que, sin perjuicio del régimen fiscal establecido en Ley 13/1985, las participaciones preferentes que cumplan con las condiciones fijadas en el Reglamento n.º 575/2013 se considerarán capital de nivel 1 adicional a los efectos previstos en él.

• Por último, transitoriamente se mantiene que el Banco de España podrá impedir o restringir, en determinadas circunstancias, cualquier distribución de los elementos de capital de nivel 1 que hubieran sido computables para cumplir con los requisitos mínimos de capital establecidos en el Real Decretoley 2/2011 cuando dichas distribuciones, a lo largo del año 2014, superen en términos absolutos el exceso de capital principal respecto al mínimo legalmente exigido a 31 de diciembre de 2013 y, además, pongan en riesgo el cumplimiento de los requisitos de capital adicional mencionados.

Con esta medida se pretenden compatibilizar las obligaciones en materia de requerimientos de capital previstas en el Reglamento n.º 575/2013 con las impuestas a nuestras entidades mediante el MoU suscrito en el marco del programa de recapitalización del sector financiero y garantizar y evitar reducciones poco prudentes de recursos propios derivadas de la mera aprobación de la nueva normativa de solvencia. | Alfredo DAGNINO |

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b) En lo tocante a las medidas relativas a las empresas de servicios de inversión, se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y se adapta conforme a lo estipulado en el Reglamento n.º 575/2013 y a la Directiva 2013/36/UE. Las principales modificaciones son las siguientes: • Serán obligaciones de las empresas de servicios de inversión las que se deriven del Reglamento n.º 575/2013. En este sentido se señala que los cálculos para verificar el cumplimiento por las empresas de inversión sobre los requisitos prudenciales se harán semestralmente, y que la comunicación de los resultados y los elementos de cálculo que las empresas de servicios de inversión utilicen se comunicarán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la forma y contenido que esta última determine.

• Autoriza a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a exigir a las empresas de servicios de inversión y sus grupos que presenten un plan para restablecer el cumplimiento de los requisitos de supervisión establecidos en la ley y en el Reglamento n.º 575/2013, y para que fijen un plazo para su ejecución; o que introduzcan en el plan las mejoras necesarias en cuanto a su alcance y aplicación. Asimismo, restringe la distribución de dividendos o intereses a accionistas, socios o titulares de instrumentos de capital de nivel 1 adicional, siempre y cuando la prohibición no constituya un supuesto de incumplimiento por la entidad de sus obligaciones de pago.

Además, impone obligaciones adicionales de información, incluida aquella sobre la situación de capital y liquidez.

Con relación a los recursos propios de las empresas de servicios de inversión, el Real Decreto-ley14/2013 hace un listado de supuestos en los que será obligatorio el mantenimiento de dichos recursos propios en cantidad superior a la establecida, y fija la potestad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de evaluar si es preciso exigir esos recursos propios adicionales además de los requisitos de recursos propios

para cubrir riesgos a los que esté o pueda estar expuesta una entidad, atendiendo a una serie de criterios fijados en el propio Real Decreto-ley.

Límites a las retribuciones variables En segundo lugar, se introducen algunas novedades en materia de limitación de la retribución variable que afectan tanto a las entidades de crédito como a las entidades de servicios de inversión.

Establece una serie de ratios conforme a los cuales las empresas de servicios de inversión habrán de fijar los componentes variables de la remuneración. En este sentido, se modifica la Ley del Mercado de Valores para limitar la remuneración variable a un máximo del cien por cien respecto de la remuneración fija, salvo autorización de la junta de accionistas u órgano equivalente, en cuyo caso se podrá alcanzar el doscientos por ciento.

Asimismo, se aclara que las limitaciones a las que hace referencia se aplican a la categoría de empleados cuyas actividades profesionales incidan de manera significativa en el perfil de riesgo de la entidad, tales como los directivos, los empleados que asuman riesgos, los que ejerzan funciones de control o aquellos con una remuneración que lo incluya en el baremos de remuneración de los anteriores.

Finalmente, se obliga a las empresas de servicios de inversión a presentar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuanta información esta les requiera para comprobar el cumplimiento de esta obligación y, particularmente, un listado con las categorías de empleados cuya actividad profesional incida de manera significativa en su perfil de riesgo.

El mismo criterio se emplea respecto de las entidades de crédito.

Identificador de entidad jurídica Por otro lado, el Real Decreto-ley 14/2013 regula por primera vez la figura del identificador de entidad jurídica, prevista por el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de | Alfredo DAGNINO |

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julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones. Este instrumento identificará a los intervinientes en un contrato de derivados a efectos de su inscripción en los registros de operaciones.

Mediante las previsiones contenidas en el Real Decreto-ley 14/2013 se atribuye al Registro Mercantil las funciones de gestión y emisión de este código identificador, estableciendo que los aspectos técnicos y organizativos podrán ser desarrollados reglamentariamente. Los aranceles los fijará el Ministerio de Justicia.

Incremento de las competencias del Banco de España

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En otro orden de consideraciones, el Real Decreto-ley 14/2013 modifica la ley 13/1994, de Autonomía del Banco de España para ampliar sus competencias, al señalar que el Banco de España elaborará guías técnicas y contestará consultas vinculantes de los interesados sobre el ejercicio de sus competencias ejecutivas en materia de supervisión e inspección de entidades, dotándola de instrumentos para una adecuada interpretación y aplicación de la normativa de supervisión, contestará consultas de los interesados sobre el ejercicio de sus competencias ejecutivas en materia de supervisión e inspección de entidades.

Asimismo, se modifica la citada Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, con el fin de corregir la actual situación patrimonial del Fondo de Resolución Ordenada Bancaria (FROB) que ha surgido por las pérdidas derivadas de su singular naturaleza como autoridad de reestructuración y resolución, garantizándose de esta forma, en último término, el cumplimiento de las funciones que la norma le atribuye. Las especiales competencias que el FROB tiene atribuidas como autoridad de resolución, y su impacto directo en la satisfacción del interés público, demandan de una actuación inminente para solventar su situación patrimonial disipando cualquier duda sobre su solvencia. A tal efecto, se habilita la posibilidad de incrementar los recursos propios del Fondo mediante la capitalización de créditos, préstamos o cualquier otra

operación de endeudamiento en las que la Administración General del Estado figure como acreedora. Asimismo, se flexibiliza la gestión de su operativa de caja.

Modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito También modificó el tantas veces citado Real Decreto-ley 14/2013 la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, en los siguientes aspectos: • Se establece que se podrán incrementar los fondos propios del FROB a través de operaciones de endeudamiento en las que la Administración General del Estado figure como acreedora, además de permitir que el FROB capte financiación emitiendo valores de renta fija, de la recepción de préstamos, solicitar la apertura de créditos y realizar cualesquiera otras operaciones de endeudamiento. El RDL 14/2013 supone, también, la flexibilización de la operativa de caja del FROB. • Se clarifica que el régimen establecido en la letra h) apartado 4 del artículo 36 a los créditos cedidos a la SAREB también será de aplicación a quienes adquieran esos créditos de la SAREB salvo que concurran previamente en el adquiriente alguna de las causas de subordinación dispuestas en la Ley Concursal.

• Se da vigencia definitiva a los mecanismos de absorción de las pérdidas derivadas de la reestructuración o resolución de entidades de crédito por parte de sus accionistas y acreedores subordinados.

El proceso hacia la Unión Bancaria Europea El cumplimiento de los objetivos de reestructuración del sistema bancario español resulta hoy aún más prioritarios si cabe habida cuenta del nuevo escenario diseñado en la Unión Europea por el desarrollo | Alfredo DAGNINO |

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de la Unión Bancaria y, en especial, ante la necesidad de no generar, la más mínima incertidumbre legal sobre un sector como el bancario que ha recuperado desde hace algunos meses la senda de la estabilidad y la confianza.

Como se señaló al comienzo, uno de los factores significativos que ha contribuido a la expansión de la crisis y que ha influido en su honda repercusión han sido las deficiencias en la creación de la Unión Económica y Monetaria, en especial los efectos derivados de la pretensión de construir una unión monetaria en Europa con claras deficiencias institucionales ligadas a la falta de una unión bancaria, una unión fiscal y un prestamista de última instancia. En otros términos, la crisis financiera ha puesto claramente de manifiesto los problemas derivados de tener una política monetaria común y mantener sistemas bancarios y políticas fiscales nacionales y diversas.

En este sentido, la crisis que afectó a la Unión Monetaria y que alcanzó su punto culminante en el año 2012 sirvió para tomar conciencia de las insuficiencias de las bases de dicha Unión e introducir dos avances institucionales que pusieron de manifiesto una voluntad inequívoca de solventar sus deficiencias. De una parte, la configuración del Banco central Europeo como un prestamista de última instancia a través de los programas de adquisición de deuda. Y de otra, el avance en el proceso de construcción de una Unión Bancaria Europea, del que constituye una pieza clave la creación del Mecanismo Único de Supervisión, por tratarse de un paso decisivo en el proceso de integración financiera de Europa llamado a garantizar la sostenibilidad del euro y del sistema financiero europeo, y del que, a su vez, derivará la competencia en materia de supervisión al Banco Central Europeo.

Conclusiones Como ha quedado señalado, el entorno en el que operan las entidades financieras ha cambiado y está cambiando radicalmente. Esto supone importantes retos de adaptación y de gestión para las entidades

En este contexto, dicha tarea de adaptación exige lograr avances en dos grandes objetivos. De una parte, la construcción de un sistema financiero más sólido, solvente y seguro. Y de otra, que el sistema financiero sea un apoyo para la recuperación económica.

En nuestro caso, puede afirmarse que el sistema financiero español es uno de los que ha experimentado un saneamiento y una transformación más profunda durante los últimos años, y es por consiguiente, de los que están mejor preparados para afrontar los retos y desafíos del futuro. Y además debe ser uno de los principales beneficiados en el proceso hacia la Unión Bancaria Europea. Un sistema más transparente, más armonizado, con un marco regulatorio claro y estable y, gradualmente, más armonizado que apoye el desarrollo económico en Europa.

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Resúmen La crisis internacional que viene afectando, en mayor o menor medida, a los países desarrollados desde el año 2007 tiene un origen financiero. En concreto, tiene su primer episodio en los Estados Unidos, en el mercado de las hipotecas “subprime”. En el caso español, las causas han sido el estallido de la burbuja inmobiliaria y la práctica desaparición del mercado de financiación interbancario, lo que ha obligado a afrontar un proceso de saneamiento y transformación del sistema bancario, que propició el establecimiento del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros (FAAF) para conceder apoyo a la liquidez de las entidades de crédito, y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con la intención de incentivar los procesos de integración entre entidades. | Alfredo DAGNINO |

Résumé La crise internationale affectant, plus ou moins, les pays développés depuis 2007 a une source financière. Plus précisément, elle a son premier épisode aux Etats-Unis, dans le marché des prêts hypothécaires «subprime». Dans le cas espagnol, les causes ont été l’éclatement de la bulle immobilière et la quasi disparition du financement interbancaire, qui a demandé un processus de guérison et de transformation du système bancaire, qui a conduit à la création du Fond pour l’Acquisition d’Actifs Financiers (FAAF) pour appuyer la liquidité des établissements de crédit et le Fonds pour la Restructuration Ordonnée Bancaire (FROB) avec l’intention d’encourager les processus d’intégration entre les différentes entités.

Abstract

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The international crisis affecting, to a greater or lesser extent, developed countries since 2007 has a financial source. Specifically, it has its first episode in the United States, within the market of “subprime” mortgages. In the Spanish case, the causes have been the bursting of the houasing bubble and the virtual disappearance of the interbanking funding, which has encountered a process of healing and transformation of the banking system, which led to the establishment of the Fund for the Acquisition Financial Assets (FAFA) to support the liquidity of credit institutions and the Fund for Orderly Bank Restructuring (FROB) with the intention of encouraging the integration processes between entities.

Domingo SAN FELIPE

Comercio intraeuropeo.

El caso franco-español Presidente de TOTAL España y Presidente de la Cámara FrancoEspañola de Comercio.

Al analizar el Comercio Intraeuropeo a la luz del modelo de la Economía Social de Mercado, desde la perspectiva de la Cámara Franco-española de Comercio e Industria, La Chambre, daremos particular atención al Comercio entre Francia y España, su evolución y los retos que ambos países afrontan buscando siempre su máximo desarrollo en beneficio mutuo.

Antes de nada me gustaría fijar las bases de esta reflexión, que son tres: • España forma parte fundamental de la Unión Europea, pertenece al grupo de Estados que comparten el euro como moneda única y su marco legislativo y normativo, tanto a nivel social como económico, es común al resto de los países que componen la Unión, compartiendo todos y cada uno, el conjunto de directivas comunitarias así como toda la normativa, legal y técnica que supone el acerbo comunitario. De hecho la legislación nacional debe inspirarse y encajar en las grandes líneas directivas establecidas a nivel europeo.

• Este marco común de relaciones intracomunitarias está exclusivamente reservado a los países miembros, con los matices | Domingo SAN FELIPE |

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que pueden suponer el pertenecer o no al grupo de los países que usan como moneda común el euro, o bien de aquellos que estando dentro de la Unión han mantenido sus monedas nacionales.

• Las relaciones comerciales y económicas con el resto de los países están fijadas y encuadradas en los grandes tratados supranacionales o aquellos negociados y firmados con estados, siendo la Unión Europea una de las partes de dichos tratados y obligando o beneficiando por igual al conjunto de sus socios.

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No olvidemos que un aspecto básico en la construcción europea y prácticamente desde sus orígenes, ha sido y es la Economía Social de Mercado cuyo fin y objetivo es lograr un crecimiento sostenible y armónico de la economía en su conjunto, a nivel comunitario, estatal y empresarial buscando que dicho crecimiento fuera compatible y palanca de un desarrollo social, con el más estricto respeto a los derechos de cada uno de los stakeholders y dentro del marco jurídico y de convivencia que todos los que pertenecemos a la U.E. nos hemos dado.

Dicho esto, tampoco podemos olvidar que el mantenimiento de la posición privilegiada que Europa tiene, exige saber adaptarse a las circunstancias y poner los remedios necesarios para que nuestro atractivo comercial y nuestra competitividad no se pierda. Al tiempo que formamos un bloque suficientemente sólido que nos permite hacer frente a los desafíos que plantean, en su crecimiento y para su crecimiento, todo el conjunto de países con economías emergentes, que están cambiando de modo radical los equilibrios económicos y comerciales establecidos y aparentemente muy estables hasta hace algo más de una década.

El hecho de que China haya desplazado a EEUU como primera potencia comercial es la demostración de que ya nada es como era y de que no lo volverá a ser.

El comercio equilibrado es riqueza y progreso, es animar a hacer las cosas cada vez mejor y a tener lo mejor de cada lugar, es promover

la actividad productiva, el transporte, la comunicación y se basa en un esfuerzo de investigación e innovación para que la oferta tenga cada vez más atractivo, en diseño, precio, calidad, servicio, etc. Perfecto, pero ¿Cómo hacerlo en estos momentos? No hay otro modo que intentar que nuestras relaciones con estos nuevos gigantes no sean en situación de inferioridad, evitando desequilibrios en tamaño y sin la fuerza necesaria para poder demandar todo aquello que exigimos a nivel nacional y comunitario, en calidad, en seguridad, en servicio, etc.

Por todo ello, debemos prestar la máxima atención no solo al comercio extracomunitario, pero al menos tanto, si no más, al comercio intracomunitario porque este es la base de nuestra experiencia, el que nos da el efecto talla, el que nos ayuda a conseguir masa crítica, a ser cada vez más competitivos, a defendernos mejor, a tener mejores condiciones de ataque.

Veamos algunos datos y cifras: La UE-27 representa alrededor de la sexta parte del comercio mundial de bienes. A su vez, éste triplica el valor del comercio de servicios que no cruzan tan fácilmente las fronteras.

Situándonos a nivel intra-europeo, las expediciones de bienes representaban en 2011, –últimos datos a los que he tenido acceso– con unos 2.804 millardos de euros, prácticamente el doble que las expediciones de la UE-27 hacia países terceros.

La importancia del comercio intra-europeo de bienes se refleja en el hecho que, en cada uno de los Estados miembros, con la excepción del Reino Unido, éste sea más importante que el comercio extra-europeo. La parte relativa de estos flujos, intra o extra europeos, varía de un país a otro según relaciones de vecindad o por razones históricas. Así, Luxemburgo, seguido de la República Checa son los países con más intercambios intra-europeos, situándose al extremo opuesto Grecia y Reino Unido.

En 2011, la progresión de las expediciones intra-europeas fue de un 10%, inferior al alza de las exportaciones extra-europeas. Los países con mayor progresión de intercambios europeos (tanto de recep| Domingo SAN FELIPE |

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ción como de expedición) han sido los de más reciente incorporación a la UE, principalmente los países bálticos.

Si miramos más cerca el caso Francia-España, en 2012, el 59% de las exportaciones francesas han ido a países de la Unión Europea (de las que un 12% se destinan a España) y un 58% de las importaciones francesas provinieron de países de la Unión europea (de las que un 10% proviene de España).

Este mismo año, un 12% de las importaciones españolas procedían de Francia y un 18% de sus exportaciones fueron a Francia.

En el caso más específico de Francia-España, por primera vez en 2012 el saldo comercial de intercambio de bienes ha pasado a ser positivo a favor de España en 1.600 millones de euros (importó por valor de unos 29.150 millones de euros y exportó unos 30.750 millones de euros), cuando llegó a ser negativo en unos 8.700 millones de euros en el 2006. Si bien las cifras 2013 no se conocen aún, la situación no tendría que haber cambiado radicalmente manteniéndose un saldo positivo a favor de España.

En cuanto a intercambios de servicios, la balanza es igualmente deficitaria para Francia, principalmente en razón del turismo, de hecho en 2013, con 60,7 millones de turistas, España se consolida como tercer destino turístico mundial detrás de Francia y de Estados Unidos y desbancando a China. Los turistas franceses representaron por su parte el tercer grupo más importante con más de 9,5 millones de turistas (+6,9%). Los turistas españoles escogieron su propio país como primer destino turístico y en cuanto a viajes al exterior, Francia como segundo destino tras Estados Unidos. Aquí también la vecindad influye.

Si la importación de productos procedentes de Francia se reduce, la causa principal de ello ha sido la débil demanda interna española.

En el otro sentido las importaciones francesas de España han recuperado un pulso de antes de la crisis lo que contribuye a incrementar el excedente español.

Aunque los datos muestran un deterioro por parte del lado francés, cabe destacar la estabilidad de la cuota de mercado francesa en

España en torno a un 10,5% desde 2010. Así, España tiene un superávit con Francia en el sector de la automoción desde 2007 que sigue siendo importante en 2013. Otro sector en el que España aventaja a su vecino del norte es el agroalimentario, pero eso remonta ya a 1999, contrario sensu, Francia tiene superávit con España en, entre otros, el apartado de hidrocarburos o el de bienes de equipo.

La disminución de la demanda española no ha sido para todos los sectores por igual, así afecta más a la industria automovilística, a los bienes de equipo y los productos metalúrgicos. A la inversa, la demanda española crece en cuanto a productos farmacéuticos, productos energéticos y productos agroalimentarios.

Francia sigue siendo primer socio comercial de España: es su primer cliente y, a expensas de conocer las cifras definitivas de 2013, su primer proveedor (+/- ex-aequo con Alemania). España por su parte era en 2012, cuarto cliente de Francia y su sexto proveedor.

Lo que España importa de Francia: Máquinas y aparatos mecánicos (11%), Vehículos automóviles (9%), aerospacial (9%), aparatos y material eléctrico (8%), productos farmacéuticos (6%), combustibles y aceites minerales: (5%)…

Lo que España exporta a Francia: Combustibles y aceites minerales (16%), máquinas y aparatos mecánicos (11%), vehículos automóviles (9%), aparatos y material eléctrico (8%), aerospacial (4%), productos farmacéuticos (4%), materia plástica (4%)…

El impacto de la crisis en las relaciones entre nuestros dos países no se puede obviar, pero cabe destacar, como lo hemos podido comprobar, que siguen siendo excelentes.

Incluso, se puede esperar que ambos salgan fortalecidos de esta situación.

Pero no todo es exportación, numerosas son las empresas de uno de los dos países implantadas en el otro.

A nivel de Inversión Directa Extranjera (IDE) y de empleo el impacto no es baladí y refleja más un compromiso a largo plazo que podría intensificarse ahora que los datos macroeconómicos dejan filtrar tenues rayos de sol… Y más en el caso de España cuya com| Domingo SAN FELIPE |

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petitividad ha progresado fuertemente (por ejemplo, un 7,4% a nivel de sus costes en 2012) y que ofrece oportunidades de inversión con descuentos importantes con respecto al inicio de la crisis.

En este sentido, la pertenencia de ambos países al euro ha sido fundamental al obligar un mayor rigor económico no siendo ya posible efectuar devaluaciones de la moneda, lo que obliga a tener que hacer “devaluaciones internas”, vía reducción de costes y de mejora de la productividad; sólo en situaciones de crisis los distintos estamentos, empresa, trabajadores, etc. son capaces de ponerse de acuerdo y de realizar esfuerzo y sacrificios que son la semilla de un crecimiento futuro, sacrificios que suponen retrocesos en algunas mejoras o conquistas sociales que, en la medida de lo posible, deberían ser provisionales o, como los corazones de la magnífica pieza teatral de Jardiel Poncela, con freno y marcha atrás.

En el caso de Francia, se estima entre 1.500 y 1.800 las filiales con participación francesa implantadas en España dando empleo a cerca de 350.000 personas. El censo efectivo que establece la Cámara Franco-Española identifica unas 1.100 empresas.

Es verdad que hemos notado, con un desfase de unos dos años desde que los datos macroeconómicos certificaran una crisis en España, una disminución muy sensible del interés por parte de las empresas que habitualmente se dirigían a nosotros a la hora de expandirse de forma u otra en el mercado español. Quizás el hecho de que nuestra clientela esté compuesta habitualmente de Pymes, muy sensibles a las noticias, a cual peor, vertidas por los medios de comunicación estos últimos años, sobre la economía en su conjunto y, específicamente, sobre el mercado español, ha contribuido a ello. Asimismo, notamos de forma paralela un incremento de la demanda de Pymes españolas a su vez deseosas de expandirse en el mercado galo, a menudo motivadas por el hecho de querer compensar en el exterior la disminución de sus operaciones en el mercado español.

A la inversa, serían unas 500 las empresas con participación española presentes en Francia, con una tendencia de crecimiento positivo, y que dan empleo directo a unas 45.000 personas.

Con todo ello, la Inversión directa de Francia en España fue de 2.600 millones de euros en 2012. Sin embargo, sabiendo que una única inversión importante puede hacer variar sensiblemente esta cifra, interesa ver el stock consolidado. En este caso, Francia sería tercer inversor en España, tras Estados Unidos y Reino Unido (exceptuando Luxemburgo y Países Bajos) con un 10,5% del stock global. Por su parte, España sería el sexto inversor en Francia, exceptuando igualmente Luxemburgo y Países Bajos, con un 3,4% del stock global de IDE en Francia.

Estos datos se pueden mejorar y esta es la labor de los dispositivos públicos y privados existentes en ambos países, que trabajan de forma concertada.

Al ser ahora muy limitados los recursos tan propios de las empresas como públicos (por reducción de subvenciones en el seno de la UE) es preciso que los empresarios agudicen el ingenio y tengan en cuenta que querer vender en otro mercado puede suponer una inversión con rentabilidad a medio plazo. Por ello, hay que integrar esta aproximación en una estrategia a mas largo plazo: diseñar y si fuera preciso, adaptar el producto al mercado, liberar recursos para llevar a cabo tareas de aproximación al otro mercado y hacer un seguimiento del mismo (misiones comerciales, visita o participación en ferias, etc.). En todo caso, no dudar en contar con el asesoramiento por parte de conocedores del mercado e intercambiar experiencias con otras empresas que ya hayan dado el paso.

Las oportunidades de inversión y de negocio que ofrecen ambos países para empresas del otro son cada vez más numerosas. Diríamos como premisa que existen en cualquier sector, siempre y cuando se tenga un producto/servicio de calidad.

Los numerosos proyectos de interconexión en curso, ferroviaria, eléctrica y marítima, que tienden a unir mas nuestro dos países (y a España, mas allá de Francia, con el resto de Europa), permitirán sin lugar a dudas una mejor circulación de bienes y de servicios, una intensificación de los flujos entre ambos lados y, de esta forma, un incremento aún mayor del valor de los intercambios. Más allá de cuál de los dos países registre un déficit o un excedente de cara a otro, | Domingo SAN FELIPE |

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contribuirán de forma absoluta a generar riqueza en ambos lados. Al final se trata que los intercambios entre ambos países progresen de forma global y si actualmente se sitúan en torno a 60.000 millones de euros al año, que alcancen de nuevo pronto el record histórico de casi 70.000 millones en 2007 y lo superen con creces, ¿Por qué no un objetivo de 100.000 millones en 2017?

Francia y España por su vecindad siempre han mantenido una estrecha e intensa relación no exenta de pasión, como suele ser el caso entre buenos vecinos. De hecho, según el lado de los Pirineos en que nos situemos esta visión se distorsiona, no es simétrica del todo y, a menudo, corrobora el hecho de que la memoria puede ser selectiva…

Si miramos el presente, sin dejar de mirar al pasado, el balance es globalmente muy positivo prevaleciendo el enriquecimiento mutuo; la relación entre ambos lados de los Pirineos pasa por un muy buen momento y encara un futuro que se antoja mejor si cabe.

Este análisis centrado en 2 países sirve de ejemplo para el resto.

No pensemos en universos cerrados, todo lo contrario, y aprovechemos algo tan importante y valioso como la pertenencia a la UE para reforzarnos entre nosotros y prepararnos para una competición cada vez más dura.

La Chambre La Cámara Franco-Española de comercio e Industria –La Chambre– presente en Madrid, desde hace 120 años, con delegación en Valencia y oficina en Bilbao es una institución privada cuya misión consiste en favorecer los contactos entre las empresas españolas y francesas contribuyendo así al desarrollo de relaciones económicas entre los dos países. La Chambre es el mejor aliado a la hora de descubrir e implantarse en Francia y España. A través de su Club de Negocios La Chambre permite la creación de vínculos entre las empresas gracias a las cerca de 70 actividades anuales que organiza.

Además ofrece y facilita un contacto privilegiado con otras instituciones y organismos públicos y privados en el seno de su centro de

negocios, ofreciendo un servicio personalizado de apoyo a las empresas a lo largo de sus distintas etapas de implantación y desarrollo. Asegura asimismo una inversión mínima y una alta rentabilidad (apoyo logístico, ayuda y asesoramiento en la creación de estructuras jurídicas, servicio de domiciliación telefónico, jurídica y postal, alquiler de despachos y salas de reunión, recuperación del IVA y servicio de empleo).

La Chambre acoge en su seno a unos 500 asociados, empresas españolas y francesas de todos los sectores y tamaños.

Resúmen Un aspecto básico en la construcción europea es la Economía Social de Mercado, cuyo fin y objetivo es lograr un crecimiento sostenible y armónico de la economía en su conjunto, a nivel comunitario, estatal y empresarial buscando que dicho crecimiento fuera compatible con un desarrollo social. Desde esta premisa, las relaciones comerciales entre España y Francia son inmejorables, prevaleciendo el enriquecimiento mutuo; la relación entre ambos lados de los Pirineos pasa por un muy buen momento y encara un futuro que se antoja mejor. Las oportunidades de inversión y de negocio que ofrecen ambos países para empresas del otro son cada vez más numerosas, y existen en cualquier sector, siempre y cuando se tenga un producto/servicio de calidad.

Résumé Une question clé dans l’intégration européenne est l’économie sociale de marché, dont le but et l’objectif est de parvenir une croissance durable et équilibrée de l’économie dans son ensemble, à la communauté, l’état et au niveau de l’entreprise en recherchant que la croissance économique soie compatible avec le développement social. Dès cette prémisse, les relations commerciales entre l’Espagne et la France sont imbattables, d’enrichissement mutuel; la relation entre les deux côtés des Pyrénées passe un très bon moment et fais face à un avenir qui semble encore meilleur. Les opportunités d’investissement pour les entreprises des deux pays sont de plus en plus nombreux, et existent dans tous les secteurs, tant que la qualité des produits / services soie suffisante. | Domingo SAN FELIPE |

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Abstract A key issue in European integration is the social market economy, whose aim and objective is to achieve a sustainable and balanced growth of the economy as a whole, at the community level, the state and corporate level seeking out that such a growth meets social development. From this premise, trade relations between Spain and France are unbeatable, prevailing mutual enrichment; the relationship between both sides of the Pyrenees enjoys a very good time and face a future that seems best. Investment and business opportunities and business offered to companies of both countries are becoming numerous, and exist in any sector, as long as a product / service offers enough quality.

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Noël PONS

Corrupción, modo de empleo1 Antiguo inspector de Hacienda y consejero en el Servicio Central de Prevención de la Corrupción, auditor interno certificado, miembro del Instituto Francés de Auditoría y Control Interno, administrador del capítulo francés de la Asociación de Investigadores del Fraude y consultor. Noël Pons es un experto en la lucha contra el fraude, blanqueo y corrupción. Sus últimas obras publicadas son: La finance pousse au crime (Collectif, Choiseul, 2011); La corruption des élites (Odile Jacob, abril 2012); a2 92 connection - Les hauts de seine laboratoire de la corruption con J.-P. Philippe (Nouveau Monde, abril 2013).

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La corrupción constituye en sí misma, una paradoja, es un fenómeno antiguo. En el museo de la corrupción del Cairo se encontraría uno de los primeros escritos en papiro informando de la condena impuesta por el faraón a un intendente corrupto. La corrupción ha sido tratada durante mucho tiempo de diversas maneras y utilizada con fines políticos, es un útil de guerra política en el que el corrupto debe temer más a los cercanos que a los oponentes. Si el entorno político está muy presente en este asunto, el dinero del Estado es un blanco recurrente. Los dirigentes privados se comportan de una manera similar, aunque el rechazo a su comportamiento no es tan fuerte porque no se trata de dinero público. Sin embargo, desde 2005 un artículo del Código Penal castiga la corrupción privada.

La definición de la corrupción, elaborada por la Academia Francesa, en la edición del año 1935, es la siguiente: “Alteración de la subs1. Publicado en la Revista Geoéconomie. Institut Choiseul; 3.er Trimestre de 2013.

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tancia de una cosa y la putrefacción que de ello resulte. Se dice figuradamente en todas las alteraciones en las costumbres, en el lenguaje, el gusto. También se dice de los medios que se emplean para desviar a alguien del cumplimiento de su deber, o para obligarle a hacer algo contra el honor, o contra su conciencia.” La corrupción es ante todo un comportamiento humano del que es conveniente exponer las prácticas, esto es lo que se hará en este artículo; se tratará desde distintas perspectivas: moral, ética, penal, económica entre otras. También se trata de un fenómeno antiguo cuyo campo de análisis económico es reciente. Percibida en primer lugar como algo concerniente a la moral y por lo tanto de ética individual, se convirtió a continuación en un tema internacional, la corrupción favorecía los negocios. Posteriormente, el efecto inhibidor de la corrupción sobre el desarrollo se volvió evidente, y de esto surgieron una multitud de reglamentaciones nacionales e internacionales destinadas a limitar sus consecuencias.

La corrupción es algo que suscita, ciertamente, el análisis teórico, pero constituye sobre todo, para el que realmente quiera comprender su funcionamiento, un laboratorio de las manipulaciones necesarias para su realización y de las malversaciones encontradas tanto río arriba, como río abajo, en la comisión del delito. La corrupción, como el fraude y el blanqueo de dinero son reveladoras ante todo de problemáticas y de comportamientos humanos.

A día de hoy el escándalo Cohuzac ha desencadenado un tsunami ético y ha llevado el fraude y la corrupción al rango de preocupación esencial cuando estaban cuidadosamente guardadas y aparte de los grandes asuntos. Esto ha creado una toma de conciencia espontánea o forzada, que demuestra que la corrupción, tomada en su más amplio sentido, constituye el mayor de los escándalos. Hasta entonces, el riesgo de corrupción era tratado con tal discreción que los que estaban implicados en esta lucha parecían hablar en el desierto.

No es la primera vez que los escándalos hacen avanzar los textos jurídicos, el marco legislativo de los ataques a la honradez en el derecho penal francés se ha producido normalmente a continuación de sucesivos escándalos. Es necesario esperar a que de un mal salga

un bien, pues este hecho es posible que haya podido hacer subir de lo más profundo de la ética individual un resto de moral y de espíritu crítico que hasta entonces estaba oculto por las consecuencias de la globalización, el individualismo y el conjunto de los pensadores económicos. Este escándalo, además ha sobrepasado largamente las fronteras de Francia, pues también se le deba a la gran publicidad hecha a los trabajos que tratan sobre la opacidad fiscal realizados por las instancias europeas que parecen llevar a Luxemburgo y Austria a un marco aceptable.

La cuantificación de la corrupción es uno de los objetivos más difíciles que existen, se trata de fondos en los que tanto el origen en el corruptor, como el destino en el corrupto están cuidadosamente camuflados y que a menudo están acompañados de flujos de procedencias diversas que convierten en aleatoria cualquier búsqueda. La corrupción es en primer lugar una manera de facilitar las operaciones económicas, los chinos la llaman por otra parte “la grasa olorosa”.

Las dificultades de identificación son múltiples. Consecuentemente, ¿cómo identificar en un montaje criminal los ingresos en metálico que provienen del dinero de la droga, del chantaje, de la corrupción y de las actividades legales? ¿Sobre qué base intentar una evaluación en un país en el cual la economía está enteramente tratada en dinero en metálico y especie y en la que no existe ningún control? ¿Cómo poner orden dentro de los flujos en tránsito en los paraísos fiscales? Si a veces es relativamente fácil identificar los fondos de un solo individuo, ¿cómo se obtiene un análisis global si por definición no se conocen a los corruptos? ¿Cómo se distingue en una caja negra lo que pertenece del fraude fiscal y lo que se destina a la corrupción?

Aunque sí se han dado cifras, es necesario sin embargo manipularlas con precaución:

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• Las actividades de la mafia se han valorado en 2 billones de dólares pero no se incluyen los ingresos que tienen que ver con negocios tratados de manera oficial y son numerosos. | Nöel PONS |

• El montante del blanqueo (según evaluación efectuada en 2009) es de 1,6 billones de dólares, pero refiriéndose al conjunto de las transacciones relacionadas con la corrupción.

• En 2.002, la ONU evaluó la corrupción anual en 1 billón de dólares, es decir el 3% de los intercambios mundiales.

• La Comisión Europea por su parte evalúa el coste de la corrupción en Europa en 120.000 millones de euros lo que corresponde al 1% de su PIB, lo cual es enorme.

Las cifras varían, pueden divergen en función del método de evaluación utilizado, no son seguras pues corruptos y corruptores no son todos conocidos. La identificación es, normalmente, la excepción. Por el contrario, la repulsión moral que se siente contra este comportamiento es muy real.

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La pequeña y mediana corrupción Las jarras de vino de los países en desarrollo La corrupción se estudia en primer lugar en lo que podemos llamar pequeña corrupción. Muy visible e incontrolada, es una mala experiencia para el visitante extranjero pues se entra en contacto con ella por ejemplo en el aeropuerto, con ocasión de una barrera ilegal de un eje de comunicación, en los servicios financieros, aduana, con los magistrados o la policía, en hospitales o incluso en escuelas.

Es incontrolable en los países poco estructurados en los que la criminalidad es alta. Es una situación de corrupción que se manifiesta en forma de regalos de bienes y servicios, productos de consumo gratuitos o vuelos baratos. Este fenómeno se conoce desde hace mucho tiempo, en Francia, Philippe Le Bel que había creado una de las más notables organizaciones corruptas llamada la “granja general”, prohíbe en el edicto de 1302 el envío de todo regalo a los magistrados bajo el título de jarras de vino (también se dice propinas) si exceden lo que es posible comer o beber en un solo día.

Este tipo de corrupción tiene, evidentemente, un gran papel en la percepción de la imagen de estos países que están siempre colocados en la parte más baja en las clasificaciones de Transparency International2.

Esto se explica en parte, sin que suponga una justificación, en un contexto de pobreza general. Está calificada como “corrupción de supervivencia” o incluso “corrupción de vientre” y se manifiesta en el corrupto como una forma de ayuda, unas migajas para hacer avanzar un dosier, escapar de una obligación legítima o sentirse protegido, y en el corruptor por la entrega de pequeñas cantidades que se multiplican, o de regalos. Su carácter acumulativo le permite alcanzar una cantidad considerable. Los corruptos, en general, crean ellos mismos la necesidad de obtener estas “migajas” ralentizando voluntariamente el tratamiento de los dosieres. Este sistema se conoce popularmente como el sistema de “la pila de los dosieres”.

Cuando se produce el pago, el dosier se traslada a la parte de arriba.

Este comportamiento se justifica en una variada argumentación.

La explicación más corrientemente usada es la de la práctica cultural de aceptación de donaciones y del favoritismo con motivo de una actividad administrativa normal en un funcionario. Esta situación, que no es admisible, está muy presente, fuertemente implantada y es difícil de eliminar. En la práctica la noción del interés general está prácticamente ausente de las preocupaciones administrativas. Finalmente, en los países pobres, o en algunos países del Este y de Asia, en la administración, la magistratura o la policía y el ejército son considerados a menudo como un medio de supervivencia o de enriquecimiento individual contribuyendo por otra parte a financiar a un partido político. En contrapartida, el partido protege a sus afiliados de eventuales persecuciones y facilita su carrera. No es extraño que algunos paguen el derecho a los exámenes de ingreso en la policía, el ejército, aduanas o hacienda. Este tipo de ventajas a veces está orga-

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2. ONG que llama a hacer de la lucha contra la corrupción y la ética pública una gran causa nacional.

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nizado de manera muy jerarquizada, es a menudo el caso de infracciones reales o supuestas a las normas de tráfico, o de nuevo cuando los controles ilegales bloquean la circulación en grandes ejes.

La excusa sacada de la escasez de la remuneración es también utilizada, ¿cómo es posible pensar que se pueda vivir correctamente teniendo familia con 300 dólares?3. Lo más honrados ejercen varios oficios, los más despreocupados pueden limitarse solo a acompañar, los criminales y los demás esperan sus “prebendas” detrás de su mostrador en la oficina. Es necesario, sin embargo, tener presente que las cantidades que obtienen los corruptos son a veces considerables.

Estos comportamientos son facilitados en gran manera por una gran carencia de estructura jerárquica, a menudo ausente o que se ocupan de otras tareas mejor remuneradas. Los agentes están liberados de cualquier control jerárquico. Se trata de una corrupción de “pequeños agentes” tolerada por la población que no puede más que sufrirla. Ello empobrece a los débiles y disminuye los recursos públicos.

Esta corrupción está presente en todos los servicios y en todas las administraciones desde las finanzas a la magistratura. Está particularmente presente en el sector sanitario. Se facilita por el analfabetismo, el desconocimiento de los procedimientos por la población, pero también por la ausencia o falta de respeto a las reglas por el corrupto. La impunidad facilita el desarrollo de estos comportamientos que se pueden identificar por las constantes colas, pérdidas y retrasos considerables en el tratamiento de los dosieres. Este tipo de situaciones impulsa al administrado a aceptar el tener que pagar para que su asunto sea colocado en la parte alta de los dosieres.

Este tipo de corrupción es muy perjudicial para el ciudadano, porque limita el acceso a los servicios públicos y constituye un impuesto suplementario que penaliza a los pobres. El resultado de esta situación es una constante inseguridad jurídica y una gran reticencia a la inversión en estos países. También hay que constatar que, en la ma3. El salario de los empleados subalternos es muy inferior al que se paga a los funcionarios.

yor parte de estos países existe legislación penal anticorrupción pero que no se aplica por la ausencia de voluntad y por la falta de técnicos.

Es una legislación fuera de lugar, a la que, incluso si se aplicara, le faltarían las bases materiales tales como un catastro actualizado entre otras, para poder perseguir por ejemplo el enriquecimiento ilícito y, sobre todo, la voluntad de sancionar.

A pesar de ser evidente es una corrupción difícil de valorar porque a menudo se trata de cifras muy pequeñas. Sin embargo, cifras considerables sí pueden ser pagadas en los circuitos médicos o militares.

La corrupción en países considerados como más estructurados En los países en los que los controles disuasorios o internos están más estructurados y deberían, por tanto, funcionar mejor, la corrupción a niveles bajos y medios también existe. Se manifiesta, sin embargo, de manera más discreta, más sectorial y a menudo organizada en redes. De este modo pueden subsistir localmente bolsas o sectores económicos en los que la corrupción sería endémica.

La corrupción se desarrolla en la cultura del secreto e implica un fuerte espíritu de solidaridad o de cuerpo que rechaza a los que se oponen o a los que no tuvieran que participar en estas operaciones.

A menudo se produce en situaciones que ponen en contacto a los funcionarios con los delincuentes locales que pagan de este modo la tranquilidad que necesitan para ejercer sus actividades sin riesgos.

Esta corrupción se dirige con frecuencia a los sectores sociales que solo de manera excepcional serán capaces de denunciarla (secuestro sistemático y reventa de los productos que sobrepasan la carga permitida en los vehículos que se dirigen al Magreb, extorsión a los taxis cuya rotación rápida hacia los grandes aeropuertos es una necesidad y no pueden permitirse ningún retraso, propuestas de modificar una sanción o un reembolso contra un pago en dinero negro, vínculos con traficantes, etc…) Estas situaciones se suelen deber frecuentemente a la ausencia o ligereza del control ejercido por la jerarquía que de manera constante deja a los agentes el trato con poblaciones

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de riesgo. La dificultad de ejercer un control profundo de los costes y resultados de la producción administrativa pueden crear el riesgo de corrupción, el agente puede entonces perseguir sus propios objetivos en detrimento de los objetivos administrativos. Además, los costes de control y de la detección son elevados, la voluntad política puede faltar a la hora de aplicar la ley.

Las redes de corrupción son corrupciones que se persiguen durante largos periodos de tiempo. Los corruptos son perseguidos cuando no toman las precauciones necesarias, o se encuentran implicados en numerosas operaciones ilegales. En caso de impunidad la corrupción se multiplica; el respeto de la función y el orgullo de pertenecer a un servicio desaparecen. El servicio no es considerado más que como un medio para obtener prebendas.

Los funcionarios corruptos pueden encontrarse también metidos en otras muchas operaciones de importancia criminal tales como los fraudes del IVA, la creación de kits utilizados en los fraudes documentales, las concesiones publicitarias o las transferencias de efectivo ligadas a la corrupción.

Este tipo de corrupción se traduce principalmente en la extorsión a una población bien determinada, por concusión, por las actividades ilegales, a veces por el abuso de autoridad, la recogida de informaciones útiles para los delincuentes es también un elemento esencial de esta actividad.

La pequeña corrupción es la forma más visible y la más fácil de detectar. De manera regular los funcionarios corruptos son perseguidos y condenados, creando de este modo un escándalo que sería la prueba de que se está tratando el problema.

La corrupción profesionalizada La gran corrupción Se trata de una corrupción de enriquecimiento de las élites y/o de sus intermediarios. Las élites corruptas entran en una dinámica

de acumulación de riqueza preocupándose poco de los medios utilizados. Este comportamiento afecta tanto a las élites públicas como a las privadas. A menudo son cómplices. En suma, es el conjunto de la clase dirigente el que está afectado. Es posible distinguir entre estos dos tipos de corrupción, la corrupción clásica y la corrupción suave tolerante con las connivencias y los conflictos de interés escapando en parte al código penal.

El desarrollo de la gran corrupción se facilita por la información asimétrica, el poder discrecional y la búsqueda de una situación de ventaja. En la atracción del dinero reside, sin embargo, la mayor motivación. Las partes en causa encuentran un interés compartido en esta situación y están confortadas en su comportamiento por el hecho de que las víctimas no sospechan inmediatamente el acto criminal.

Además, los montajes son complicados y solo los entienden realmente más que un número limitado de técnicos sagaces. El intercambio es secreto, a la vez durante su ejecución y durante su materialización (montajes alrededor de sociedades pantalla, paraísos fiscales y hombres de paja). Corruptos y corruptores son también confortados en su comportamiento por su relativa impunidad, las pruebas judiciales pocas veces son identificadas.

Esta corrupción latente es bastante discreta, los montajes están a menudo acompañadas de intrigas controladas que se mezclan, volviendo incomprensible el conjunto y haciendo perder el hilo de indicios y pruebas. Aunque estén presentes los indicios, las pruebas son muy difíciles de establecer, tanto más cuanto sistemáticamente se instalan cortafuegos como medidas de protección. Para hacer esto, se utiliza ampliamente un primer nivel de corrupción: los funcionarios protegen las actividades ilegales y sabotean las investigaciones.

La malversación que se deriva de ellos grava los presupuestos del Estado y le priva de considerables recursos. La carencia ética, el deseo de enriquecerse lo más deprisa posible, la posibilidad de conseguirlo estableciendo alianzas de connivencia, el sentimiento de pertenecer a una casta de intocables, pero también el hecho de que el Estado sea considerado como una fuente de beneficio perso-

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nal y no como el garante del interés general, contribuyen en gran medida a esta deriva.

Esta situación es, salvando las distancias, más grave que lo que representa el dinero defraudado al que afecta, puesto que es el ejemplo dado lo más importante. Esta imagen constituye un blanco para los comportamientos desviados del conjunto de la población. El desarrollo de conflictos de interés constituye una muy mala señal. La escasez de controles ejercidos sobre los actores políticos y administrativos así como sobre los agentes delegados del poder que cambian en actores discrecionales sin ser responsables del ejercicio de estos poderes, aumentan en gran medida este riesgo.

La corrupción política

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La corrupción afecta al mundo político en su sentido más amplio, es una variante de la gran corrupción. La escasez de controles sobre los actores políticos y administrativos, las carencias de la represión en lo que concierne al monopolio conferido a algunos actores de la vida política, económica, administrativa y social “dan una señal de tranquilidad”. La corrupción se desarrolla fuertemente en las democracias antiguas cuando baja la militancia: Los “empresarios políticos aparecen”4 aunque acompañados por una profesionalización del cuerpo. Los partidos se construyen dando “carreras, cargos sin apenas trabajo, favores”5, y cuanto menor es la militancia mayor es el costo de la deuda y más necesaria es la financiación ilegal.

Los políticos pueden también ser débiles o ignorantes6, entonces son los lobbies los que se desenvuelven alrededor de los ministerios y las agencias7, los asesores pagados dan un barniz técnico que es 4. J. Cartier-Bresson, Économie politique de la corruption y de la gouvernance. L’Harmattan.

Paris, 2008. p. 87.

5. Ibid. El clientelismo local se convierte en la implantación local.

6. Ibid.

7. En el campo de la salud, por ejemplo, el objetivo son los Ministerios, la Comisión Europea y las Agencias.

necesario para la validación de operaciones dudosas que terminan a menudo por ser escándalos. ¡Una vez más se olvida el interés general!

Tampoco podemos omitir la posibilidad del paso de funcionarios y reguladores al sector privado y viceversa, los pagos directos en paraísos fiscales. Una de las situaciones más criticables que existen es la de los políticos que ejercen la profesión de abogado “no defensor” y que utilizan su agenda de contactos para financiar futuras campañas o para enriquecerse personalmente.

Las privatizaciones han sido uno de los periodos más fastuosos de la corrupción en el mundo político, el ejemplo más notable puede encontrarse en la privatización de las estructuras de los países del Este después de la caída del muro de Berlín. Sin embargo existen otras oportunidades: cuando se autorizan nuevas operaciones económicas o cuando se conceden derechos de extracción de materias primas.

Una de las especificidades de la financiación política es el retorno en forma de comisiones, presente en cualquier momento en los grandes mercados internacionales. Efectivamente, con ocasión del pago de comisiones cuya legitimidad puede ser admitida en el objetivo de obtener un nuevo mercado, el móntate de esta se incrementa y la diferencia se redirige hacia cuentas opacas en paraísos fiscales. La crisis económica actual multiplica los escándalos ya que muchos responsables de empresas tanto públicas como privadas han utilizado sin avergonzarse las oportunidades de la globalización y los paraísos fiscales y ahora tienen serias dificultades para mantener ocultas estas cuentas.

En resumen, una especie de oligarquía se ha instalado sin contrapoder real lo que facilita el desarrollo de comportamientos corruptos contra los cuales las medidas de prevención clásicas no producen ningún efecto.

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Los mercados públicos: soporte transversal de la corrupción En todos los campos, en todos los lugares, la transmisión de los mercados públicos constituye un soporte privilegiado del desarrollo de la corrupción. Los mercados se utilizan con el objetivo de desviar | Nöel PONS |

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fondos desde hace lustros, todos los montajes están “engrasados”, organizados hasta el mínimo detalle con el fin de ir esquilmando las cajas públicas sin riesgo.

Los montajes se estructuran anteriormente a la transmisión del mercado, cuando su preparación, en el momento de la evaluación las ofertas y en el otorgamiento al beneficiario, durante la posterior ejecución o trucando los contenciosos. Se materializan en sobrefacturación, prestaciones pagadas pero no realizadas que permiten disponer de fondos suficientes para financiar el pago de la corrupción.

Algunos montajes ponen en evidencia pesados conflictos de interés, cuando el dirigente que al mismo tiempo es maestro de obra ha creado una sociedad para obtener el mercado y posee acciones de las sociedades elegidas. Lo mismo ocurre cuando los parientes de las autoridades de que depende la autorización son los favorecidos.

El informe Duchenay de Canada describe un esquema interesante de lo que se llama la “corrupción de los ingenieros” y que hace aparecer una ligación muy fuerte entre la industria, la financiación oculta de los partidos y la corrupción de los funcionarios sobre un fondo de intrusión criminal Según este informe, el 70% del dinero facturado de más desaparece en campañas electorales, el resto se reparte entre los gestores. En lo que incumbe, además de constatar el reconocimiento del montaje, un comportamiento sociológico impulsa al ingeniero a situarse al mismo nivel que el corruptor y no le supone ningún problema moral la recepción de fondos ocultos; forma parte del sistema. Si hubiera que tomar una sola medida de protección del dinero público, pienso que un control profundo de los mercados sería una buena manera de protegerlos.

La corrupción privada La corrupción del sector privado La corrupción en el sector privado existe de manera intrínseca.

Además, las empresas están implicadas naturalmente en los monta-

jes de corrupción pública en tanto que corruptores de los agentes públicos.

Los montajes de corrupción son legión en la gestión empresarial, los más conocidos son los que afectan a las compras y a los proveedores. El riesgo está, de hecho, presente desde que una persona dispone de la posibilidad de contratar con otros y sin control, los fondos de la sociedad que le está pagando. Afecta tanto a compras, ventas, sector financiero, recortes y actividades externalizadas como a la gestión directiva, menos conocida pero también remuneradora.

En el sector privado en el transcurso de la ejecución de los mercados “podridos” utiliza normalmente un montaje clásico: las facturas falsas y los encargos ficticios que generan cargas no previstas. De este modo, con el aumento de cargas puede tratarse de disminuir los productos, lo que permite al cliente o al proveedor liberar fácilmente los fondos que serán transferidos a los corruptos. El montaje puede también afectar a la venta de información privilegiada pudiendo producir enormes perjuicios a las empresas.

Otra forma de corrupción que se identifica a menudo es la que trata de delitos más especializados, personas que poseen información privilegiada de naturaleza monetaria y que usan sus datos para vender o comprar acciones u obligaciones que generan unas plusvalías totalmente ilegales.

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La corrupción criminal Vivimos actualmente en un mundo pre-criminalizado, en el que el medio más utilizado y más eficaz de las mafias para asentar su poder es la corrupción. Esta corrupción mafiosa afecta al conjunto de los servicios administrativos y a todos los niveles de la sociedad, pues necesita tanto la información, por pequeña que sea, como la protección política. Está presente y útil en la mayor parte de las grandes estafas, así como en el tráfico de drogas o en el enterramiento de residuos industriales y dispone de fondos ilegales con los que no sabe qué hacer. | Nöel PONS |

La mafia, además de sus actividades criminales, se introduce en la casi totalidad de los sectores más rentables de la economía tanto como inversor como suministrador.

Tradicionalmente esta última se estructura en tres niveles: • El primero está compuesto por una entidad informal destinada a analizar las oportunidades de negocio, a decidir la organización de las redes, a controlar estos negocios y a identificar a las personas de alto nivel que se puedan corromper y sean susceptibles de ser abordadas para facilitar sus negros propósitos.

• El segundo nivel está compuesto por las estructuras de ejecución e intendencia que utilizan todos los medios locales posibles desarrollando la corrupción y el chantaje.

• El tercer nivel es el de la ejecución, en el cual se encuentran los corruptos primarios.

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El blanqueo: consecuencia ineludible de la corrupción Las hábiles manipulaciones contables permiten llenar las cajas negras y las cuentas camufladas de los corruptos; después es necesario administrarlos e instalar a tal fin una protección jurídica adecuada, favorecer su remuneración financiera8 y hacer cómoda su utilización personal. Esto es lo que se llama blanqueo. En esta operación se mezclan los fondos que provienen de la corrupción, los del fraude fiscal y los de actividades criminales, siendo montado el conjunto al milímetro por avispados consejeros.

Los paraísos fiscales9 constituyen el imprescindible soporte de este camuflaje. Además de los viejos paraísos históricos, Gran Bretaña 8. Rentas de rendimientos excepcionales ya que no tienen impuestos y se benefician de las mejores estrategias.

9. Un paraíso fiscal es un país suficientemente pequeño y corrupto en el que se puede comprar a la clase política para dar la estabilidad necesaria a la protección de las fortunas. Tienen que estar suficientemente cerca de Estados desarrollados para que los desplazamientos sean fáciles y los intercambios rápidos.

tiene un papel esencial en el campo del blanqueo criminal. La aparición de los paraísos fiscales del Caribe, en 1931 está fechado el traspaso de los fondos de la mafia donde los bancos suizos con los cuales Meyer Lansky10 había organizado y multiplicado préstamos sindicados, hacia las Bahamas, una colonia británica. La corona británica ha facilitado su desarrollo y conserva un grado de control importante en muchos islotes pero sin aparecer nunca jurídicamente. Esto ha permitido la industrialización de esta actividad cuya persecución es más profesional y técnica.

El blanqueo se desarrolla también a través de estructuras locales que facilitan las entregas o salidas de efectivo. El affaire de Bettencourt ha aportado las pruebas. Por otra parte existen en nuestro suelo bases de cambio y de recepción de dinero en metálico en comercios comunitarios facilitando de manera totalmente ilegal la entrega (entrada o salida) de Cash Criminal. Los montantes recuperados localmente procedentes de actividades criminales –tráfico de droga– son remitidos a franceses que tienen cuentas en Suiza para su uso hexagonal. El banquero ha debitado antes la cantidad que concierne desde su cuenta, en beneficio de la del intermediario que le ha procurado dicha cantidad. Así, se evita el quebradero de cabeza del paso de la frontera. Los vínculos entre las élites y el crimen organizado son por tanto patentes.

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Conclusión Los tipos de manipulación más corrientes, utilizados en los montajes de la corrupción, han sido descritos en este artículo. Sin embargo, en una economía salpicada de códigos deontológicos, compromisos éticos, comportamientos “cívicos” y de gobernanza, los fraudes 10. Meyer Lansky era un criminal afamado que organizó el blanqueo de fondos de tres mafias americanas. Apodado por los medios de comunicación Master Mind of the Mob (“el cerebro de la mafia”) fue durante muchos años el tesorero del Sindicato nacional del crimen, de donde viene su otro apodo: The Ganglang Finance Chairman.

| Nöel PONS |

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organizados nutren a la mafia, que se beneficia de la crisis e infiltra la economía. Los coladeros en la legislación, las condenas leves y la ausencia de persecución constituyen por tanto incitaciones a la corrupción. La corrupción se ha convertido en el código cultural de una civilización que parece no tener otro proyecto más que la búsqueda del enriquecimiento con el dinero fácil.

Profundas alteraciones han cambiado radicalmente el mandato político y económico mundial desmantelando los efectos esperados de la producción jurídica. La globalización de un mundo multipolar, la creación de nuevas jerarquías económicas y la criminalización de las economías que se han desarrollado en un marco “neo-mafioso”; la consanguinidad de las élites que se apoyan en una violación profesionalizada y sistemática del derecho (derecho del trabajo, fiscal, mercados públicos y privados) han ampliado la diseminación de la corrupción.

Los efectos de la mundialización han favorecido sistemáticamente unas “primas al timador” en detrimento de la gente honrada. La profesionalización de las actividades que acompañan –blanqueo– a los fraudes fiscales, las malversaciones criminales y de la corrupción se han llevado a un nivel de tecnicidad y compromiso del sector financiero que no tiene comparación. El saqueo sistemático de los estados y gente honrada está enormemente facilitado. En resumen, esta profesionalización que se apoya en las laxas legislaciones de los paraísos fiscales, paso ineludible del camuflaje, marca una etapa distinta en el desarrollo de documentaciones falsas, sociedades pantalla y hombres de paja. La corrupción aparece, es evidente, como íntimamente ligada al fraude y a actividades criminales confirmando el adagio latino: Fraus omnia corrumpit (“El fraude corrompe todo”). Estos son los mismos montajes, destinados a corruptos, defraudadores o criminales, que son vendidos por los mismos abogados, en los mismos paraísos fiscales; estos últimos aseguran la colocación de los fondos corrompidos en los mismos bancos… Se ha creado así un ¡acompañamiento de estafadores!

Estas actividades normalmente toleradas hasta el momento se han vuelto ahora insoportables; un escándalo podría, aunque fuera aparentemente anodino y con la situación de crisis, hacer estallas las reglas.

Resúmen Este artículo presenta el cuadro general de los montajes y tipologías de corrupción recurrente: la pequeña y la corrupción de tipo medio que se materializan en un intercambio directo entre corruptor y corrompido; la gran corrupción o la corrupción de los ricos y de las élites que señala una situación de renta vitalicia; la corrupción denominada de los ingenieros y del sector privado, y en fin, la corrupción criminal y el blanqueo. La importancia que se da a las manifestaciones materiales de la corrupción se debe al hecho según el cual cada montaje es, en primer lugar, causado por una decisión personal, que no puede desarrollarse sin la presencia de artificios jurídicos y contables. Es preciso pues, saber reconocer las situaciones que son susceptibles e presentar riesgos de corrupción antes de embarcarse en cualquier otro tipo de análisis.

Résumé Cet article présente le cadre général des montages et des typologies corruptrices récurrentes : la petite et la moyenne corruption qui se matérialisent dans un échange direct entre corrupteur et corrompu; la grande corruption ou la corruption des riches ou des élites qui relève d’une situation de rente; la corruption dite des ingénieurs et du secteur privé, et enfin la corruption criminelle et le blanchiment. L’importance donnée aux manifestations matérielles de la corruption est due au fait que chaque montage est en premier lieu causé par une décision personnelle et qu’elle ne peut se développer sans la présence d’artifices comptables ou juridiques. Il faut donc savoir reconnaître les situations qui sont susceptibles de présenter des risques de corruption avant de s’engager dans toute autre analyse.

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Abstract This paper presents the general framework of fixtures and corrupt recurring types: the small and medium corruption materialize in a direct exchange between corrupter and corrupted, it is agreed to call the grand corruption or rich bribery or elites who reports to a situation annuity, said corruption engineers and the private sector and finally criminal corruption and money laundering. The importance given to physical manifestations of corruption is due to the fact that each installation is primarily caused by a personal decision and that it can not develop without the presence of legal or accounting tricks.

It is therefore necessary to recognize situations that are likely to present risks of corruption before being engaged in any other analysis. | Nöel PONS |

Henri LACHMANN

¿Cómo Frenar la Desindustrialización?* Expresidente de Schneider Electric.

No se logra la política social sin economía potente (es la economía la que deberá financiar lo social), no se logra economía potente sin industria fuerte y no se logra industria fuerte sin inversión en investigación y desarrollo y sin naves industriales en el territorio.

Propongo que una economía fuerte no puede fundarse en lo inmaterial y menos aún en lo virtual. La economía necesita igualmente una utilidad social.

Lamentablemente, hoy día notamos una desindustrialización de Francia: la industria (excluyendo los servicios) representa únicamente 16% del PIB contra 22% en 1998, 30% en Alemania y 22% en la zona Euro. Habiendo perdido en torno a 2 millones de puestos de trabajo en la industria manufacturera en 30 años. La industria francesa se encuentra hoy día en una de sus épocas más sombrías. Este fenómeno se conjuga actualmente con la pérdida de competitividad de la economía francesa y por tanto la pérdida de participación en el mercado tanto en la zona Euro como en el resto del mundo. Repensar la industria francesa para frenar la desindustrialización es, por lo tanto, vital para el relanzamiento global de la economía.

* Artículo publicado en la revista Geoéconomie, Institut Choiseul, Primer Trimestre 2014.

| Henri LACHMANN |

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La desindustrialización en Francia

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Incluso si la crisis de 2008 fue un acelerador de esta tendencia, la desindustrialización había empezado a tomar forma en los años ochenta, particularmente en la industria manufacturera que, de los 2 millones de empleos perdidos a partir de 1980, en torno al 96% son de este sector, y a partir de 2009, se han perdido 121.946 empleos en ese mismo lugar.

Este movimiento ha contribuido fuertemente al aumento del desempleo, pero también al debilitamiento del potencial de innovación (85% del esfuerzo de I+D pertenece a la industria), igual que al aumento del déficit de la deuda pública de Francia.

Este elevado declive industrial también tiene efectos adversos en el equilibrio social y económico de Francia: pérdida de empleos industriales, menor contribución de la industria en términos de valor añadido al PIB y aumento de las importaciones. Las importaciones de productos manufacturados experimentaron un crecimiento muy fuerte en particular frente a la disminución de la producción industrial agravando igualmente la balanza de comercio exterior de productos industriales.

Esta tendencia del comercio de Francia dominado por las importaciones también ha contribuido a la destrucción de puestos de trabajo.

En paralelo, y después de más de diez años, la competitividad de la industria francesa no ha dejado de reducirse. En el periodo entre el año 2000 y 2011, el porcentaje del mercado (exportaciones) de Francia hacia la zona Euro a disminuido un 3,4% (ha pasado de 12,7% a 9,3%), mientras Alemania ha obtenido el 22,4% en 2011 con una progresión durante el mismo periodo en torno al uno por ciento.

La industria se encuentra por tanto en el centro de todos los problemas económicos y sociales de nuestro país a inicios del siglo xxi.

El fenómeno de desindustrialización que vivimos actualmente no es, sin embargo, inevitable y aún puede verse mejorado si se logra un acuerdo en cuanto a sus causas y cómo desarrollar herramientas para contribuir a su recuperación. Pero hay urgencia. Numerosos actores deben actuar con celeridad en este sentido si no se quiere ver desmo-

ronarse nuestro rango, nuestra competitividad, nuestra economía y nuestro tejido socioeconómico.

Los factores de la desindustrialización Varios elementos del entorno más allá del alcance de Francia, pueden ser considerados para explicar en parte el fenómeno de la desindustrialización. Por un lado, ha aumentado la potencia de los países emergentes tales como la China, Brasil y Rusia, con bajos costes de producción y cuya gama de productos fabricados han degradado severamente la posición de Francia en el mercado internacional.

Existe también la presencia de dificultades legales a nivel comunitario y a nivel del mercado local que con frecuencia entran en contradicción con las políticas de industrialización interiores que son, a su vez, contrarias a los intereses estratégicos comunitarios.

Por su parte, las deslocalizaciones de competitividad también han contribuido a la reducción de la industria (y a la ruptura de las filiales industriales), a la destrucción de puestos de trabajo industriales y al agravamiento del déficit presupuestario.

Las dificultades nacionales en términos de costes de producción y exigencias reglamentarias (impuestos, salarios, endurecimiento del marco regulatorio, etc.) que incitan a las empresas locales a buscar centros de producción en el extranjero con mayor flexibilidad o con un ambiente económico, social y reglamentario más favorable.

Pero estos elementos objetivos y conocidos por todos no explican por sí solos la reducción de la industria francesa.

Según mi punto de vista derivado esencialmente de mi experiencia, el fenómeno de desindustrialización en Francia se debe a nueve factores principales: Los franceses no aman su industria Los franceses aman y aprecian los buenos productos pero no aman a quienes los diseñan y fabrican. No comprenden su utili| Henri LACHMANN |

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dad o su necesidad. No ven su evolución: la industria ha dejado de ser sinónimo de trabajo doloroso o de contaminación de cualquier tipo. Ya no está Zola. Hoy en día en la mayor parte de empresas industriales la mayoría de los profesionales son actualmente puestos administrativos.

Un derecho laboral muy poco flexible

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La rigidez del derecho laboral y el anacronismo en el diálogo social constituyen un freno a la reindustrialización en nuestro territorio y aceleran la implantación de establecimientos industriales en el exterior de Francia. Le pertenece a las empresas, sostenidas por los poderes públicos el deber de establecer un nuevo diálogo social con los interlocutores sociales, pero también con las otras partes interesadas. La flexibilidad no es sinónimo de precariedad y rigidez no es sinónimo de seguridad. Es al fomentar la pedagogía del hecho que progresaremos si se establece un nuevo contrato social, más moderno y más adaptado a la realidad de nuestro mundo. Más aún, en Francia hacemos demasiado incapié en los contratos temporales para dotar de una flexibilidad que no brinda el derecho al trabajo. Este abuso, que es una respuesta táctica a un problema estructural, no favorece el enlace social entre el salario y el emprendimiento industrial.

La falta de colaboración Ningún país ha construido muros tan fijos como Francia: muros entre el sector público y el sector privado, muro entre París y el resto del territorio nacional, muro entre las grandes empresas (exactamente las empresas del CAC 40 que son las de mayor éxito en Francia), muros entre el mundo de la universidad, la investigación, el mundo de la educación y el mundo empresarial. No sabemos o no queremos trabajar conjuntamente. Hay un verdadero déficit de colectivos y de colaboraciones activas y concretas entre todos los actores.

Un sistema educativo que está fallando Nuestro sistema educativo está fallando. El mundo envidia la formación de nuestras élites, que son nuestros grandes colegios, pero olvidamos que cada año en una generación de 800.000, 150.000 jóvenes salen del sistema educativo sin calificaciones ni diploma. La industria no puede construirse ni desarrollarse sin apoyarse en hombres y mujeres calificados. Son ellos y ellas quienes constituyen el recurso estratégico más grande de una empresa. No son las finanzas. La formación alternativa debe ser una nueva prioridad en nuestro sistema educativo, para nuestras empresas. Tenemos en torno a 400.000 aprendices mientras Alemania tiene 1,5 millones. En Francia ser aprendiz es la vía al fracaso, mientras debería de ser una verdadera vía de formación hacia un profesional cualificado. Somos la linterna roja de Europa en materia de desempleo de jóvenes, no recordamos suficientemente la importancia de estar cualificado, hablamos y pensamos siempre en términos de diplomas y no en términos de formar profesionales cualificados. Formamos pocos ingenieros y lamentablemente una gran parte de ellos, una vez que han obtenido su diploma, no ejercen la ingeniería. Se dedican a temas financieros, elaboran modelos financieros y algoritmos.

La financiarización de la economía El aumento de las finanzas en el mercado nacional y en las empresas particulares constituye un perjuicio para la industria y para la economía real al servicio de todos y de la sociedad. También han sido las finanzas y la especulación financiera los causantes de la crisis económica, no ha sido la economía real la causante de la crisis financiera. Este fenómeno ha desarrollado una relación en el tiempo que no tiene nada que ver con el tiempo real de las empresas, e incluso con el tiempo de la vida misma: trasladamos los ordenadores Euronext de París a Londres para ganar unos pocos nanosegundos en las transacciones. Lo virtual supera lo real económico: hay 38 veces más transacciones en materias primas que el consumo de esas mismas materias primas, de cien | Henri LACHMANN |

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transacciones financieras, doce son transacciones económicas reales.

Estas transacciones, en su propio mérito, no sirven ni a la economía ni a la sociedad. El mundo financiero tiene una capacidad de influir y de lobbying muy fuerte en el mundo público y los media. ¿Cuántos funcionarios e inspectores de finanzas son gerentes de bancos o de compañías de seguros? Las instituciones financieras no invierten lo suficiente, especulan. La financiación de la economía y, por tanto, de la industria, particularmente mediante el crédito, debe volver a ser su principal razón de existencia.

La economía Francesa versus el Mittlestand Alemán

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Dicha financiarización de la economía y de las empresas, así como la mala utilización de las nuevas tecnologías de la información que son formidables, ha conseguido que hayamos desarrollado malas relaciones con el tiempo. Todo cuenta en plazos cortos: la reflexión, la acción, la medición del desempeño. Y como la medida induce los comportamientos, los dirigentes y sus colaboradores privilegian excesivamente el corto plazo y en exceso, exclusivamente, el desempeño financiero en detrimento del desempeño económico, social y del medio ambiente.

El Mittelstand alemán, gran fuerza de la economía alemana, se concibe de forma distinta: los objetivos de una PYME alemana son a largo plazo. Se invierte mucho en investigación y desarrollo, los criterios de desempeño son económicos y en el futuro la convertirá en una empresa más fuerte y más sana que antes. En Francia las PYME, con demasiada frecuencia, no tienen tiempo de convertirse en empresas de tamaño medio. Su propietario/gerente a menudo la vende a un gran grupo o a inversores financieros. Se frena igualmente la dinámica propia de la PYME guiada por un emprendedor.

Las empresas alemanas cazan en manadas Las empresas alemanas han sido capaces de crear y desarrollar un ecosistema de crecimiento en donde todas, grandes y pequeñas

empresas, se enriquecen las unas a las otras. Sus relaciones son a largo plazo y son de naturaleza paternal. Nuestras grandes empresas francesas donde el número y el desempeño son muy superiores en proporción a nuestro poder económico, no han querido o no han sabido desarrollar este tipo de relaciones con nuestras PYME. Las PYME son subcontratistas, rara vez son proveedores y menos aún socios.

La empresa grande da órdenes. El precio puntual es un criterio de competitividad demasiado exclusivo: la competitividad debería incluir también el tiempo y expresarse en términos de calidad, de servicios y de desempeño de producto. Esta ausencia de colaboración entre las grandes empresas y las empresas independientes menos grandes ha contribuido a la desindustrialización de nuestro país.

Los recursos no explotados Nuestras empresas (grandes y menos grandes) dedican recursos insuficientes (tiempo y dinero) a la investigación, al desarrollo y a la innovación. Ellas colaboran de manera insuficiente entre ellas y con las universidades y los centros de investigación. Por tanto, es debido a nuestros productos y a su resultado que nuestros clientes confían en nosotros. Las encuestas de competitividad constituyen una oportunidad para trabajar juntos y restaurar en un lugar prioritario a la investigación y el desarrollo: sin innovación no habrá emprendimiento.

Necesitamos innovar y cambiar el motor del desarrollo de la industria.

El cambio es permanente y sólo tenemos la posibilidad de elegir entre el cambio, y nuestra iniciativa, y el cambio que se nos impone. La innovación, la investigación y el desarrollo deben convertirse en nuestra estrategia a largo plazo y debemos dedicarles mayores recursos.

El desarrollo de una política industrial Finalmente, a nivel de los estados y de la Unión Europea, tenemos necesidad de una verdadera política industrial. Nos faltan políticas públicas fuertes para apoyar y sostener la competitividad y el desa| Henri LACHMANN |

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rrollo de nuestra industria. El crédito tributario a la investigación y el apoyo a las agrupaciones son buenos ejemplos. Grandes líneas de financiación son también, en parte, un paso en esta dirección. Las políticas son de muchas naturalezas. Afectan a numerosas esferas.

Citaré dos: • Una nueva política que sostenga la investigación y el desarrollo.

Los Estados y la Unión Europea deben contribuir a su financiación. Deben fomentarse la colaboración de todos los actores y de todas las partes interesadas: laboratorios, universidades, institutos de investigación, empresas grandes y menos grandes; • Una nueva política de la competencia; actualmente bajo pretexto de proteger al consumidor, a menudo resulta ser un estorbo o un obstáculo para el fortalecimiento y desarrollo de nuestra industria y nuestras empresas.

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Conclusión La desindustrialización de Francia no es una fatalidad. El desarrollo de nuestra industria o un nuevo impulso a su desarrollo deben ser una prioridad y tenemos los recursos para hacerlo. Amemos a nuestra industria. Tomemos la iniciativa de un nuevo diálogo social. Bajemos los muros entre los diferentes sectores y células de nuestra sociedad.

Formemos jóvenes mejor capacitados y cualificados. Denunciemos y reduzcamos la excesiva financiarización de nuestra economía y de nuestras empresas. Dejemos de favorecer el corto plazo. Desarrollemos y pongamos en práctica estrategias a largo plazo. Trabajemos más y mejor juntos, y construyamos un ecosistema de crecimiento (público, privado, universidades, grandes empresas y PYME). Dediquemos más recursos a la innovación y al cambio; en fin, desarrollemos políticas públicas, nacionales y europeas, ambiciosas al servicio de una gran y poderosa industria francesa y europea. Alemania ha sabido actuar en beneficio de su industria. Sin utilizarla de modelo, podemos inspirarnos en ella. Alemania es fuerte gracias a su Mittelstand, que

es querida y respetada por la sociedad alemana. Tiene una visión y estrategia a largo plazo. Está enfocada en la excelencia de sus productos y de sus servicios. Dedica muchos recursos a la investigación y al desarrollo. Forma parte del ecosistema creciente del Deutchland GMBH. Finalmente, ha sabido crear (notablemente mediante la formación alternativa) y luego conservar aún durante la crisis económica reciente, su enlace social, indispensable para la salud y el desarrollo de sus empresas: durante la crisis, los costes del ajuste en términos de la variable de ventas no han sido efectivos sino los costes de mano de obra. Alemania también ha sabido hacer de su industria la fuerza de su economía y asegurar su lugar en el mundo. Inspirémonos en los fundamentos que han construido ese éxito. Finalmente, en un país donde los costes salariales son elevados y las prestaciones sociales son generosas (es necesario estar asegurado), es necesario concebir, desarrollar y producir productos de gama alta.

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Resúmen Una economía potente es la base de la política social, y no se logra una economía potente sin una industria fuerte, con inversión en la investigación y el desarrollo local. El declive industrial aumenta el desempleo, debilita el potencial de innovación y aumenta el desequilibrio económico y social. Las claves de la desindustrialización de los países son la falta de apoyo de la sociedad a la industria y falta de colaboración entre sectores, un sistema educativo que no prepara adecuadamente a los estudiantes para las necesidades del mercado laboral y un aumento de las finanzas en perjuicio de la industria, entre otras. | Henri LACHMANN |

Résumé Une économie forte est le fondement de la politique sociale, et une économie forte ne se fait pas sans une industrie forte, avec de l’investissement dans la recherche et le développement local. Le déclin industriel augmente le chômage, affaiblit le potentiel d’innovation et augmente le déséquilibre économique et social. Les clés de la désindustrialisation des pays ce sont la manque du soutien de la société à l’industrie et la manque de collaboration entre les différentes secteurs, un système d’éducation qui ne prépare pas adéquatement aux étudiants pour les besoins du marché du travail et l’augmentation des finances au détriment l’industrie, entre autres.

Abstract

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A potent economy is the base of social politics, and it is not achieved without a strong industry with investments in research and local development. The industrial fall increases unemployment, debilitates the potential for innovation and increases the social economic imbalance. The keys to the deindustrialization of countries are the lack of support by the society to the industry and the lack of collaboration among sectors; an education system that does not adequately prepare its students for the needs of the labor market and an increase in finances that harm the industry, among others.

Oscar Álvarez

El perfil de la diplomacia económica en España Vicepresidente del Instituto Choiseul España. Doctor en Ciencias Económicas y Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración.

Dirigió la División de Inteligencia Económica de Invest-In-Spain. Ha sido Vicepresidente de la Asociación Española para la Promoción de la Inteligencia Competitiva (ASEPIC).

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El componente económico en la evolución de la diplomacia Tradicionalmente, la diplomacia centraba su foco de interés en la cooperación política internacional, en la seguridad y en el mantenimiento de la paz. En las últimas décadas, la influencia de unas relaciones económicas y comerciales cada vez más trascendentales, modifica ese enfoque y hace que la economía se convierta en uno de los elementos centrales de la nueva diplomacia de los Estados. Surge así la Diplomacia Económica como la defensa de los intereses económicos de los países en el exterior.

La globalización ha aumentado la importancia de la interdependencia económica entre los países. La Diplomacia Económica ha evolucionado a partir de la diplomacia comercial.

Con una cada vez más amplia globalización económica y las complejidades asociadas, la Diplomacia Económica se ha convertido en una parte intrínseca y determinante del proceso de formular

| Oscar ÁLVAREZ |

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y ejecutar la política exterior de un país. Un resultado importante de la evolución de diplomacia comercial tradicional a Diplomacia Económica es que el sector privado y la sociedad civil están ahora más involucrados en la toma de decisiones que influyen en la definición de la política comercial y la posición negociadora de un país. Mientras que la participación del sector privado se debe a la necesidad de seguir siendo competitivos en los mercados relevantes, la participación de la sociedad civil resulta de la necesidad imperiosa de obtener puntos de vista de actores afectados por la Diplomacia Económica, y por lo tanto ambos compromisos resultan en la identificación de un interés nacional más amplio.

La Diplomacia Económica tiene que ver con la anticipación y la influencia en los resultados de los futuros regímenes de política económica de otros países. Esto requiere la necesidad de una mejor comprensión del funcionamiento de las fuerzas del mercado en diferentes países en el entorno económico global y las dinámicas dominantes.

Evidentemente, la diplomacia hoy sigue contando con objetivos, digamos, tradicionales de la política exterior como son la cooperación al desarrollo y la seguridad, es decir, el mantenimiento de la paz en el mundo. Todos estos objetivos siguen siendo muy relevantes, pero la dimensión económica, las relaciones económicas internacionales, tienen en la actualidad un papel cada vez más preponderante en la conformación de la política exterior de los países.

Sin embargo, la liberalización de los mercados, la privatización de empresas públicas y el impulso al comercio internacional han impulsado la creación de corporaciones multinacionales cuyo volumen de negocio supera, en ocasiones, el PIB de las economías de los países. En la actualidad, las empresas son un actor imprescindible de las Relaciones Internacionales y así lo reconocen los Estados al crear instrumentos de participación público-privada de promoción económica internacional. Todo ello ha venido siendo calificado como la diplomacia de las empresas o “diplomacia corporativa”.

Esta nueva realidad hace que la Diplomacia Económica, entendida como la defensa y promoción de los intereses económicos del país,

sea vital para impulsar el crecimiento económico mediante la internacionalización de las empresas y la atracción de inversión extranjera, convirtiéndose en un elemento central de la diplomacia del siglo xxi.

Naturaleza de la Diplomacia Económica en España La Diplomacia Económica es una herramienta fundamental para conseguir la internacionalización empresarial que la economía y la sociedad española necesitan.

A lo largo de la última década los distintos Gobiernos de España han realizado importantes avances en la adaptación de la acción diplomática española a la nueva realidad de las Relaciones Económicas Internacionales. La promoción y la defensa de los intereses económicos de España han ido ganando importancia en la definición e implementación de su política exterior.

Y en ello seguimos el ejemplo de otras economías avanzadas, como los EE.UU, Japón, Reino Unido, Francia o Alemania, líderes de la “diplomacia del producto”, que han establecido hace tiempo el apoyo a sus empresas como objetivo central de su política exterior.

Entre los factores que han impulsado el desarrollo en los últimos años de la Diplomacia Económica en nuestro país cabe señalar, en primer lugar, el tradicional déficit de nuestra balanza por cuenta corriente y la escasa diversificación geográfica de las exportaciones españolas, muy focalizada en la UE, en detrimento de otras áreas geográficas que lideran hoy el crecimiento de la economía mundial. Articular y desarrollar estrategias que fortalezcan los lazos comerciales de las empresas españolas con las economías emergentes es uno de los principales objetivos de la Diplomacia Económica española.

Y, en segundo lugar, la dependencia energética de la economía española, ya que cerca del 75% de la energía anual consumida en España es importada.

La Constitución Española, en su artículo 149.3.1, reconoce la exclusiva competencia del Estado en las Relaciones Exteriores. | Oscar ÁLVAREZ |

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En este sentido, un primer elemento a tener en cuenta es que la acción exterior ya no es monopolizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, y en consecuencia, tampoco la Diplomacia Económica.

Las acciones que llevan a cabo Ministerios como el de Economía, Industria, Fomento, Agricultura, etc. también definen las relaciones económicas internacionales del país y, por extensión, su Diplomacia Económica. El reto que tiene el Ministerio de Exteriores es garantizar la coherencia en la acción internacional del resto de Ministerios del Gobierno del que forma parte.

El Gobierno central es quien ostenta la interlocución con los Organismos Internacionales, siendo el responsable último del cumplimiento de los acuerdos internacionales. Sin embargo, las administraciones subestatales (Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) participan cada día más en las relaciones internacionales gracias a la transferencia de poder institucional realizada por el Estado, limitando las competencias que históricamente monopolizaba el Gobierno central debiendo crearse, como de hecho se hace en el caso español, espacios de interlocución y negociación entre Estado y los Entes territoriales para el alineamiento de las posiciones y estrategias.

Incluso, cada vez es más común ver cómo los Jefes de Estado lideran acciones de Diplomacia Económica. En el caso español es habitual ver cómo Su Majestad el Rey de España, y el propio Presidente del Gobierno realizan acciones de Diplomacia Económica.

Por su parte, la Marca España constituye un elemento competitivo clave para la economía y las empresas españolas, y así se ha entendido tanto desde el ámbito público cómo desde el privado. El Real Decreto 998/2012, de 28 de junio, creó la figura del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, cargo que en la actualidad ocupa Carlos Espinosa de los Monteros, quien depende funcionalmente del presidente del Gobierno, a través del Consejo de Política Exterior, y orgánicamente del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

El Objetivo Marca España 2020 es afianzar una imagen de España como potencia económica y política entre los primeros países del mundo. Se trata de poner de relieve las innumerables fortalezas de

España en los ámbitos de la cultura, el patrimonio, la lengua, la ciencia, la tecnología, el turismo, la moda, la gastronomía, la solidaridad…

Por su parte, la colaboración público privada en la Diplomacia Económica española tiene como uno de sus principales instrumentos las denominadas Fundaciones Consejo. Estas Instituciones son lideradas por las principales empresas, contando con el respaldo del Ministerio de Asuntos Exteriores (que ocupa, en el organigrama de cada una de ellas, la Secretaría General).

En la actualidad existen 8 Fundaciones Consejo: “España-Estados Unidos” (la decana de todas ellas, constituida en 1997); “EspañaJapón” (2001); “España-China” (2003); “España-Rusia” (2007); “España-México” (2009); “España-India” (2009); “España-Australia” (2010) y “España-Brasil” (2012).

Diplomacia Económica y recuperación La crisis que empezamos a dejar atrás ha deteriorado de manera sensible nuestra Marca, nuestra Marca País. Sin embargo, cuando viajamos por el mundo vemos que en multitud de ocasiones muchas de las tiendas, los servicios, las infraestructuras… que utilizamos son o están realizadas por empresas españolas.

Actualmente, más del 60% de la facturación de las empresas del IBEX 35 se genera en el exterior y en algunos casos se acerca al 100%.

El papel pues del sector exterior como palanca del crecimiento de la economía española es incuestionable: la contribución del sector exterior al crecimiento del PIB alcanzó en 2011 los 2,3 puntos, 2,5% del PIB en 2012 y del 1,8% del PIB en 2013.

Y aquí es donde hay que destacar la importancia de la Diplomacia Económica y de contar y dar a conocer una imagen de país fuerte al conjunto de la comunidad internacional, eso sí, siempre basada en realidades.

El intenso proceso de internacionalización llevado a cabo por las empresas españolas en las últimas décadas está impulsando también a las pequeñas y medianas empresas a reforzar su presencia en el exte| Oscar ÁLVAREZ |

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rior, implantándose en países emergentes o con un elevado potencial de crecimiento.

Así, en la actualidad, se contabilizan como exportadoras cerca de 123.000 compañías españolas; de ellas, 37.000 lo hicieron regularmente. Según el Servicio de Estudios del BBVA, la productividad es un 30 por ciento mayor y el ratio de empleo temporal un 46 por ciento menor en las empresas exportadoras que en las no exportadoras.

En este extraordinario proceso, las empresas españolas trabajan por posicionarse en la excelencia internacional, ocupando puestos de liderazgo en sectores clave, en algunos casos con un elevado componente tecnológico, como las energías renovables, la gestión de las infraestructuras, el control del tráfico aéreo, la alta velocidad ferroviaria, la biotecnología, técnicas medioambientales, tecnología naval, sistemas aéreos y espaciales, sector de la tecnologías de la información y telecomunicación, sector financiero, automoción... así como en otros tradicionales como el sector de la moda, el sector editorial... Baste decir que un tercio del control aéreo del mundo se realiza con sistemas desarrollados e implantados por una empresa española, que el tren de alta velocidad La Meca-Medina, la ampliación del Canal de Panamá (a pesar de todo lo ocurrido), que el aeropuerto con más tráfico del mundo es gestionado por una empresa española, que la mayor empresa concesionaria de infraestructuras de transporte también es española, que el mayor grupo de distribución de moda a nivel mundial es español y muchos más casos de éxito en una gran variedad de sectores.

En este escenario, adquiere todo su significado el concepto de Diplomacia Económica, es decir, la oportunidad de poner en todo su valor las buenas relaciones políticas en el exterior para promover el crecimiento económico en España, para que nuestras empresas creen empleo y afiancen su competitividad internacional.

Y en esta labor, embajadores y cónsules, coordinados con los consejeros económicos y comerciales, tienen un papel fundamental, dado el conocimiento de los países en los que están acreditados, de sus dirigentes y líderes económicos, así como de su tejido empresarial.

La mejor defensa contra la crisis es la diversificación geográfica, y en esto la red exterior del Estado puede y debe prestar un gran apoyo a la empresa privada. Y aquí es donde el desarrollo de la Diplomacia Económica y la Marca España cobra todo su sentido y se hace imprescindible para lograr la salida de la crisis.

Conclusiones En el contexto global en que vivimos, la influencia de los países está condicionada por su poder económico, y este viene determinado en gran parte por la competitividad internacional de sus empresas, por lo que lograr la competitividad de éstas se convierte en objetivo compartido de todos los agentes económicos. De ello se deriva la importancia de una marca país fuerte y el papel de la Diplomacia Económica para transmitirla.

La Diplomacia Económica debe actuar de nexo entre la capacidad económica y comercial del país y los rendimientos que se puedan obtener por otros activos reconocidos, como la cultura y patrimonio, el turismo, los deportes, el idioma…

En definitiva, se trata de potenciar la marca España en el mundo, la imagen moderna de nuestro país, avanzada tecnológicamente y con muchas de sus principales empresas situadas internacionalmente en lo más alto de sus exigentes sectores respectivos. La Diplomacia Económica sitúa la red exterior del Estado al servicio de las empresas españolas en su proceso de salida al exterior o consolidación de su presencia internacional.

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Resúmen Tradicionalmente, la diplomacia centraba su foco de interés en la cooperación política internacional, en la seguridad y en el mantenimiento de la paz. En las últimas décadas, la influencia de unas relaciones económicas y comerciales cada vez más trascendentales, modifica ese enfoque y hace que la economía se convierta en uno de los elementos centrales de la nueva diplomacia de los Estados. Surge así la Diplomacia Económica como la defensa de los intereses económicos de los países en el exterior. En la actualidad, las empresas son un actor imprescindible de las Relaciones Internacionales y así lo reconocen los Estados al crear instrumentos de participación público privado de promoción económica internacional.

Résumé

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Traditionnellement, la diplomatie centrait son attention sur la coopération politique internationale, la sécurité et le maintien de la paix. Au cours des dernières décennies, l’influence des relations économiques et commerciales de plus en plus importantes, a modifié cette approche et a fait que l’économie devienne l’un des éléments centraux de la nouvelle diplomatie des Etats. Émerge ainsi la Diplomatie Économique comme la défense des intérêts économiques des pays à l’étranger. Aujourd’hui, les entreprises sont un acteur clé dans les relations internationales, comme les États y reconnaître le moment qu’ils créent des outils de partenariats public et privés pour la promotion économique international.

Abstract Traditionally, diplomacy mainly focused its interests on international political cooperation, security and peace. In the last decades, the influence of economic and commercial relations, more and more transcendental, modify this center of attention and turn economy into one of the more central elements of the governments’ new diplomacy. Thus arising the Economic Diplomacy as defense of the economic interests in external countries. Companies today are essential actors in International Relations and are recognized this way by the Governments, especially when creating instruments of public private participation of international economic promotion.

IV. El modelo de EconomĂ­a Social de Mercado

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Nils GOLDSCHMIDT

El futuro de la Economía Social de Mercado en un mundo globalizado* Catedrático, Universidad de Siegen Centro para la Educación Económica.

Pertenece al Grupo de Trabajo sobre cuestiones sociales y políticas de la Comisión para la Sociedad y Asuntos Sociales de la Conferencia Episcopal Alemana . Es miembro del Consejo de Administración, Área Internacional de Investigaciones sobre la doctrina social católica, en la Pontificia Universidad Lateranense, Roma. Tutor académico del programa de doctorado “economía social de mercado” de la Fundación Konrad Adenauer. Investigador Asociado del Hamburg Institute of International Economics, Turingia.

E

l orden económico en Europa está fuera de control. Esta situación parece tan obvia que no son precisas más pruebas de ello.

Tampoco existen discrepancias acerca de la necesidad de un gran número de medidas individuales bien estudiadas para suavizar al menos en cierta medida las fracturas y los desajustes económicos que nos acompañarán aún durante muchos años. En este artículo no se tratará de deliberar sobre algunas medidas concretas. Mi propósito es más de naturaleza general: estoy convencido de que en el ámbito de la economía a largo plazo sólo podrá haber cierta normalización si reflexionamos sobre los cimientos normativos de las economías de

* El artículo se basa en Goldschmidt (2011), Goldschmidt (2010), Goldschmidt (2009), Goldschmidt et al. (2009) y Cremer, Goldschmidt y Hofer (2013: Cap. 3).

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mercado. O dicho de otra forma: para la capacidad futura de la economía de mercado en Europa, para su aceptación en los diferentes estados europeos y por parte de un público más amplio, será de importancia vital que se determine y transmita una redefinición de los fundamentos éticos de la economía de mercado bajo las condiciones de una economía moderna y globalizada. Para ello recurriré al modelo de la Economía Social de Mercado, tal y como se desarrolló y puso en práctica en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. En mi opinión, al recurrir también en la actualidad a las reflexiones que se hicieron en tiempos de la Economía Social de Mercado originaria se pueden dar importantes impulsos al debate sobre los fundamentos normativos del mercado y de la competencia en Europa.

A este objeto voy a proceder siguiendo los pasos siguientes. En primer lugar, se tratará de identificar nuevamente los fundamentos normativos y sociales de la Economía Social de Mercado en su perspectiva histórica. En una segunda fase, dichas reflexiones deben ser transferidas a una teoría moderna del orden. Concretaré dichas reflexiones después para plantear en un tercer paso cómo se determinaría la importancia que se atribuye en la actual Economía Social de Mercado a la política social. Para terminar añadiré algunas reflexiones sobre el papel de la política de ordenación en la estructura actual de las Ciencias Económicas.

Los fundamentos sociales de la Economía Social de Mercado Existen –esta es mi valoración– un triple propósito social de la Economía Social de Mercado: En primer lugar es fundamental, y en ello se circunscribe el objetivo manifiesto de la Economía Social de Mercado, que las ventajas económicas de mercado y competencia queden unidas a las exigencias de una compensación social. Es la reivindicación fundamental de esta idea mostrar vías de solución de “cómo los objetivos divergentes de la seguridad social y de la libertad económica pueden al-

canzar una nueva modalidad de compensación” (Müller-Armack 1952/1976: 236) –y es esta cuestión la que hasta el momento actual siempre ha vuelto a plantearse ante el trasfondo del debate sobre la relación entre estado social y economía de mercado–.

En segundo lugar, el atributo “social” indica una exigencia social de la Economía Social de Mercado. Los primeros intelectuales que sentaron las bases espirituales de este programa, buscaban algo más que sólo un orden económico y social eficiente, apuntaban más en la dirección de una estructuración exhaustiva de la sociedad (societas). La idea de la Economía Social de Mercado aspira a un orden de la comunidad en el que, en principio, todos tienen las mismas oportunidades al margen de las limitaciones de clase. En este sentido, el “Bienestar para todos” de Ludwig Erhard (Erhard 1957/2000) no se debe entender como mero consumismo, sino que detrás hay un proyecto de política de reparto de la riqueza que debe ofrecer para cualquiera la posibilidad de ser partícipe de los logros económicos y sociales de la Modernidad. En este sentido, a través de su idea de la “Fórmula Irénica” (concepto derivado del término griego de είρήνηpaz), Alfred Müller-Armack exige también programáticamente la reconciliación entre eficiencia económica y voluntad social, lo que debe basarse al mismo tiempo en la reconciliación de ideas diferentes dentro de la sociedad.

En tercer lugar, la preocupación social de la Economía Social de Mercado también se puede entender como una preocupación genuinamente ética o normativa. Mercado y competencia constituyen un medio y no un objetivo de la estructuración social. El objetivo social es un orden humanamente digno que sirva para que la vida del individuo sea un éxito. En términos clásicos, esta preocupación queda definida en el preámbulo del anuario “Ordo”, fundado por Franz Böhm y Walter Eucken: “Nuestra exigencia se limita a la creación de un orden económico y social en el que queden garantizados en la misma medida tanto el rendimiento económico como las condiciones dignas de la existencia humana. Dado que se puede conseguir que la competencia sirva a este objetivo, el cual incluso podría ser | Nils GOLDSCHMIDT |

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inalcanzable sin esta competencia, nosotros exigimos dicha competencia. La competencia es el medio, no el objetivo.” (Ordo 1 1948: XI) No obstante, la preocupación específicamente ética de la Economía Social de Mercado debe entenderse en el sentido de la tradición cristiana. Para el primer pensador de la Economía Social de Mercado la creación de una “civitas humana” no era pensable sin una orientación hacia las raíces religiosas de la cultura de Occidente: “La economía de mercado no es todo. Tiene que estar inserta en un contexto global superior.” (Röpke 1958/1979: 146). A este respecto, Alfred Müller-Armack habla de lo “metaeconómico” como requisito indispensable para el éxito de la política económica (Müller-Armack 1969/1996: 300).

Aparte de numerosas citas que se pueden encontrar en las diferentes disertaciones de los representantes de los inicios de la Economía Social de Mercado, el significado del fundamento religioso y ético queda claramente descrito en el compromiso –especialmente de Walter Eucken, Constantin von Dietze, Adolf Lampe y Franz Böhm– de los llamados Círculos de Friburgo1, tres círculos de la resistencia formados por catedráticos universitarios y sacerdotes para combatir el régimen nacionalsocialista, un compromiso que sirve de ejemplo para el propósito fundamental de la posterior Economía Social de Mercado (para un resumen véase: Goldschmidt 2005). En mi opinión, escasean la conciencia y la memoria del hecho de que, tras la Segunda Guerra Mundial, en Alemania la Economía Social de Mercado no surgió de la nada ni constituía ninguna contribución de los estadounidenses, sino que en una medida nada desdeñable se debía al coraje y la acción de la resistencia.

Volvamos a la definición de la Economía Social de Mercado. En sus inicios se podrá detectar la siguiente interacción entre cristianismo y Economía Social de Mercado: el pensamiento cristiano sienta la base ética de este orden económico, y la Economía Social de Mercado permite la existencia de un espacio de libertad para el desarrollo de la 1. Freiburger Kreise.

vida cristiana. Por supuesto, más tarde los elementos cristianos pasan a un segundo plano cuando se trata de la puesta en práctica concreta de la Economía Social de Mercado, tanto en el plano científico como ante la opinión pública. Pero incluso con independencia de los ideales cristianos, la Economía Social de Mercado se fundamenta en un núcleo que puede ser definido metafísica y normativamente.

Es, precisamente, ese entendimiento de la Economía Social de Mercado sobre una base ética y cristiana el que, por una parte, puede ilustrar con más claridad la elevada exigencia social y de “aptitud para la vida” de este orden económico y social, pero que, por otra parte, pone a los intérpretes actuales ante el reto de tener que redefinir el contenido normativo de esta idea en un mundo plural.

Para poder avanzar en este punto, en un segundo paso quiero intentar unir las reflexiones hechas hasta ahora mediante un recurso metódico a la teoría del orden.

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Normatividad y Teoría del Orden Es bien sabido que en la historia de la teoría económica la idea conceptual de la Escuela de Friburgo se denomina ordoliberalismo.

Precisamente, al delimitarla también respecto de otras formas del liberalismo –especialmente el liberalismo de tipo anglosajón–, los ordoliberales defienden la prioridad del orden frente a la libertad.

En concreto, Walter Eucken, economista de la Escuela de Friburgo, sometía su teoría a la exigencia de que debía corresponderse con el orden de la naturaleza o la naturaleza del orden. El programa de esta ciencia de economía nacional, que no pretende ser más que una mecánica de los flujos de mercancías, para Eucken debe referirse a la verdad misma, cuya comprensión interna fundamenta al mismo tiempo una forma de aproximación fenomenológica a la realidad.

Garante para este planteamiento es para él el fenomenólogo Edmund Husserl –sin que aquí sea posible explicarlo con más detalle (véase: Gander/Goldschmidt/Dathe 2009)–, con el que también le unían lazos de amistad. En este sentido escribe Eucken en su obra fundamen| Nils GOLDSCHMIDT |

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tal de 1940, titulada “Los Fundamentos de la Economía Nacional”2, con una cita literal sacada del primer tomo de Edmund Husserls titulado “Investigaciones Lógicas”3: “La Ciencia quiere ser el medio para conquistar el reino de la verdad para nuestro conocimiento, y ello con el mayor alcance posible, pero el reino de la verdad no es un caos sin orden, en él reina la unidad de la legalidad.” (Eucken 1940/1989: 230). De acuerdo con ello, el orden social pretendido es un orden que existe gracias a la percepción del “Reino de la Verdad”; la libertad sólo se puede desarrollar en el marco de dicho orden. Un alumno de Eucken, Leonhard Miksch, escribe en 1949: “El reino de la ley sólo es posible entre hombres libres, y la libertad sólo es posible dentro del marco de un estado de derecho” (citado según Goldschmidt/Wohlgemuth 2008: 166).

En la sociedad y la economía, la necesidad de un ordenamiento jurídico como requisito para la libertad individual se manifiesta para los ordoliberales y los demás pensadores iniciales de la Economía Social de Mercado en forma de la idea de un orden marco (las “reglas de juego” para la sociedad). La meta es una política económica regida por principios que coincidan con las ideas de un orden competitivo ideal. Es bien sabido que en sus obras sobre economía Euken elaboró los llamados principios constituyentes y reguladores que –cuando se institucionalizan y se garantizan de forma adecuada por ley– pueden garantizar una competencia justa y capaz de funcionar (Eucken 1952/2004). La vigencia actual de estos principios resulta ser cautivadora cuando en el debate actual sobre la crisis de la deuda pública pensamos simplemente en el significado de los principios que priman en la política monetaria, en la constancia de la política económica y en la responsabilidad.

No obstante: a diferencia con los padres fundadores, los intérpretes actuales de la Economía Social de Mercado se ven ante una situación que es diferente en al menos tres aspectos: 1.º En una sociedad plural 2. “Die Grundlagen der Nationalökonomie”.

3. “Logische Untersuchungen”.

y ampliamente secularizada, el orden económico y social ya no puede basarse en fundamentos metafísicos (religiosos) –al menos no de forma explícita y partiendo del supuesto de un consenso social–. 2.º A la vista de las interrelaciones funcionales sistémicas de la sociedad, hoy se ve claramente que basta con remitir a la virtud ética individual como fundamento del orden social, lo que era el argumento de los defensores clásicos de la Economía Social de Mercado. 3.º Si después de 1945 se trataba de suavizar ante todo la dramática situación material de amplias partes de la población mediante una política económica y social coordinada y de establecer dicha política mediante el establecimiento de un determinado orden marco precisamente ante la necesidad de que el estado social garantice la máxima seguridad frente a las amenazas existenciales materiales. Hoy en día, la tarea consiste en redefinir constantemente el “núcleo social” de la Economía Social de Mercado en el sentido de un desarrollo continuo de la idea, teniendo en cuenta los cambios sociales y globales, así como el hecho de que los estados nacionales se encuentran ante cajas vacías.

Sobre el primer punto: En su discurso sobre las ventajas de este modelo, los teóricos actuales de la Economía Social de Mercado no hacen referencia a los fundamentos metafísicos (religiosos), sino al interés propio bien entendido de los ciudadanos –muy en la línea de la teoría contractualista moderna–. Junto a las obras de John Rawls, aquí los puntos de referencia más importantes son, especialmente, los puntos de partida de la teoría económica contenidos en “Public Choice” y “Constitutional Economics”. En este sentido resulta que siguiendo al premio Nobel de Economía James Buchanan, el economista y sociólogo de Friburgo Viktor Vanberg desarrolló el programa de investigación sobre una economía moderna de ordenación, que él ve al mismo tiempo en la línea tradicional de la Escuela de Friburgo del Ordoliberalismo (véase el resumen en: Vanberg 2009). De acuerdo con ello, el orden económico y social no se puede fundamentar ni sobre una base metafísica (religiosa) ni sólo de acuerdo con sus efectos positivos sobre la eficiencia económica y el bienestar global de la sociedad, sino se legitima so| Nils GOLDSCHMIDT |

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bre todo por el hecho de que la estructura institucional del orden social correspondiente, es decir, el orden marco o las reglas de la sociedad, está en el interés de todos los individuos afectados por las normas reguladoras y que no sirve sólo a las ventajas de algunos pocos o de grupos determinados. En este caso, se considera como un “hito” del orden social ventajoso el criterio de la aptitud para su aprobación: sólo cuando las reglas de la política económica y social sirven al interés de los afectados y cuando éstos pueden manifestar su conformidad básica con las mismas, dichas reglas resultan legítimas desde el punto de vista de la economía moderna de ordenación y tendrán buenas posibilidades de ser realizadas en una democracia.

Sobre el segundo punto: ya a mediados de los años de 1950 el mismo Ludwig Erhard tuvo que comprobar que se desoían sus llamamientos a la virtud de la moderación (“Llamamientos de mantenerse moderados”) –porque no quería que se pusiera en riesgo el bienestar alcanzado–. Pero no fue debido a una pérdida generalizada de virtud de la sociedad que la población no siguiera el llamamiento moral bienintencionado de Erhard; más bien fue la consecuencia sistémica de la buena marcha de la economía de mercado. Los sistemas de economía de mercado siguen una lógica independiente, concretamente la del principio de la obtención de ganancias. Formar y seguir formando parte del mercado significa para el individuo la sumisión a esta lógica: el empresario que genera pérdidas de forma constante se verá obligado a solicitar el concurso de acreedores –con independencia de su virtuosidad personal–. Ante un trasfondo de comprensión sistémica de la economía y de su lógica propia en el anonimato de una sociedad no basada en relaciones personales, las expectativas normativas puestas en un orden económico y social no podrán ser garantizadas por el buen comportamiento de algunos, sino sólo mediante un anclaje jurídico de los correspondientes preceptos normativos. Análogamente a la idea del ordoliberalismo, que parte del principio de que un orden competitivo capaz de funcionar, sólo podrá ser

garantizado mediante el establecimiento de las correspondientes “reglas del juego”, también es aplicable a los fundamentos éticos de la Economía Social de Mercado en el sentido de que éstos deben tener entrada en el orden marco. (Homann/Blome-Drees 1992: 35). Entonces, la “moral” de la sociedad ya no se manifiesta en la virtud del individuo, sino en estructuras normativas basadas en el derecho que siguen el criterio de la justicia. Es, precisamente, el mérito de la realización práctica de la Economía Social de Mercado que muchas de las reivindicaciones para una vida de éxito no estén sometidas a la discrecionalidad de algunos, sino que queden garantizadas por ley y que sean una parte reivindicable por vía judicial del orden marco establecido por la política. El mejor ejemplo para ello son los sistemas de seguridad social de la República Federal de Alemania. En este sentido se puede hablar de un principio de cautela ética: a la vista de los requisitos y obligaciones sistémicos, que el mercado demanda de la actuación diaria del individuo, el comportamiento virtuoso personal no podrá servir como fundamento de la sociedad ni puede ser considerado la base de una sociedad bien ordenada. Obviamente, el individuo se vería sencillamente abrumado (y, además, su actuación no tendría expectativas de éxito) si se le exigiere que posicionara el “ser bueno” en contraposición a la lógica del mercado. En este punto rige a la perfección el viejo principio del “ultra posse nemo obligatur” –nadie está obligado a rendir más de lo que puede–. Las reivindicaciones de la justicia, que se dirigen a una sociedad civilizada, tienen que responder a una voluntad política y deben tener entrada en el ordenamiento jurídico. Sólo entonces existirá la posibilidad de que se satisfagan los intereses de cada individuo basados en a ley.

Sobre el tercer punto: Aunque el criterio de la aptitud para la aprobación siente una nueva base de legitimación para la idea conceptual de la Economía Social de Mercado, a la vez que se puedan contraponer al sistema de economía de mercado determinadas atribuciones normativas con un fundamento funcional mediante la idea de una “ética del orden marco”, aún queda pendiente | Nils GOLDSCHMIDT |

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aclarar de qué forma se pueda llenar de contenido la reivindicación normativa frente a una Economía Social de Mercado. A este respecto, la idea conceptual de la inclusión podría suministrar un importante complemento para una Economía Social de Mercado moderna.

Inclusión como objetivo de una política social moderna en la Economía Social de Mercado

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De la lógica propia del sistema de la Economía Social de Mercado deriva la necesidad de que el sistema del mercado sólo tenga en cuenta los intereses individuales en la medida en que sirvan a la lógica del sistema (“obtención de ganancias”). Además, la experiencia demuestra que una parte importante de los miembros de la sociedad se cae del sistema del mercado. Al recurrir al principio de la aprobación expresado más arriba, y si continuamos la idea planteada por Viktor Vanberg, resulta plausible que los miembros de una sociedad llegarían a un entendimiento (es decir, que resultaría “apto para la aprobación”) de conceder, en principio, a todos sus miembros los mismos derechos, pero, en principio, también las mismas oportunidades: Para cada uno de los miembros de la sociedad deberían estar abiertas las vías para poder aportar efectivamente sus aptitudes –siempre en el marco de sus respectivas capacidades–. Una sociedad que debe ser pensada y entendida desde el punto de vista del individuo, debería ser medida en su capacidad de conseguir brindar a todos sus miembros la oportunidad de ser miembros plenos de la sociedad y de poder llevar una vida acorde con las normas generales de dicha sociedad. A parte de la liberación de la emergencia existencial y la posibilidad de formarse y de autodeterminarse, ello significa también ofrecer a los hombres la posibilidad de realizar sus aptitudes individuales.

Alexander Rüstow debatió estas reflexiones bajo el término de la “política vital”. Se trata de analizar las estructuras sociales siguiendo el criterio de si son capaces de permitir al hombre una vida digna.

Rüstow escribe: “Será vital aquello que fomenta la “vita humana”, lo que fomenta la vida humana, una vida digna. Nuestra opinión neoliberal es que la política vital, esta política que se refiere al margen del mercado [se refiere al orden de la economía] adquiere un significado destacado, mientras que el mercado sólo constituye un medio para conseguir un fin” (Rüstow 1961: 68). En el debate más reciente, la idea conceptual de las oportunidades de realización planteada por Amartya Sen (2000) ha sido una aportación esencial a la cuestión de las condiciones de la participación e integración social, incluso en el marco de la ciencia económica, para volverle a dar una importancia central en el debate.

Estas reflexiones sobre una política vital –o dicho en términos más modernos: de la inclusión– también es imprescindible para el éxito de la vida humana, entre otras porque el hombre forma su sentido de la vida dentro de la sociedad, donde lo revive constantemente. Donde no se dan estas condiciones se plantea la cuestión básica de si es posible llevar una vida de éxito, autodeterminada, y al mismo tiempo habría que poner en duda si una sociedad de estas características aún se puede calificar acertadamente como justa. Porque la exclusión permanente de personas, que básicamente tienen la misma dignidad y los mismos derechos para ser partícipes de los logros de la sociedad, contradice en lo fundamental el deseo de una sociedad ilustrada compuesta por individuos con los mismos derechos.

Seguramente, será el mérito de la investigación actual de la felicidad económica basada en numerosos estudios empíricos que la perspectiva de las oportunidades individuales de vida y la satisfacción individual con la vida también haya sido devuelta al centro de los debates económicos y de haber sido formulada igualmente como pregunta por la justicia social –muy en el sentido de la política vital–.

Pero por mucho que la búsqueda de los factores de la felicidad se presente de esta forma, tampoco consigue la investigación sobre la felicidad mostrar una perspectiva satisfactoria en lo socio-filosófico y sociológico que sirva como justificación de los procesos sociales y de las recomendaciones políticas. A este respecto, en muchos aspectos | Nils GOLDSCHMIDT |

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resulta mucho más productivo recurrir a los primeros pensadores de la Economía Social de Mercado (véase: Goldschmidt 2011a).

Para el futuro (y la aceptación) de la política de orden en una Economía Social de Mercado regirá, en general, que el objetivo de la estructuración social debe ser limitar la importancia de las diferencias estructurales, sociales e individuales existentes, siempre que éstas dificulten la participación social y no puedan ser modificadas directamente mediante el esfuerzo propio (Goldschmidt y Lenger 2011). La política social moderna significa aspirar a incluir a las personas en la sociedad.

Esto no significa que se trata de conseguir más estado social, sino se trata de conseguir un estado social mejor y con objetivos más claros. Cuando la inclusión social se puede alcanzar mediante la (re-) integración en el mercado, el objetivo también debería ser este. Ser parte del mercado significa generar ingresos propios, consumir conforme a los deseos propios y poder realizar los propios planes de vida.

Por supuesto, la participación en el mercado puede ser muy variada.

La admisión y la integración exitosa de una persona discapacitada en un taller para personas discapacitadas exige otros procesos que la colocación de un académico en un puesto directivo. Pero en todos los casos será decisivo que la integración en el mundo laboral posibilite la inclusión social. El sociólogo francés Robert Castel lo formula de esta forma tan acertada: “Me parece que se debe seguir defendiendo el valor del trabajo, porque aún no hemos encontrado ninguna alternativa concluyente que pueda garantizar de la misma manera la independencia económica y el reconocimiento social del individuo en la sociedad moderna… No se trata de defender su valor incondicional, sino la importancia decisiva de las condiciones que permiten que se convierta en la base de la identidad individual mediante los medios económicos adquiridos gracias a él.” (Castel 2011: 96) Esto significa que la inclusión en el mercado laboral constituye una tarea sociopolítica integral y no referida exclusivamente a acciones concretas de política de mercado laboral. Por lo tanto, tiene que ser la reivindicación del sistema educativo superar al máximo posible la relación entre el origen social y el éxito de la educación. Por ejemplo,

el trabajo de pedagogía social en escuelas infantiles, las ayudas a la educación o el trabajo social en escuelas en la fase de transición entre escuela y profesión pueden crear así las condiciones para que los necesitados de apoyo puedan desenvolverse más adelante con éxito y autonomía en el mercado laboral. El fomento de las condiciones individuales para la participación en el mercado (competencia social, formación, cualificación profesional) son al mismo tiempo buenas condiciones previas para una participación en los sistemas sociales que van más allá del mercado, como por ejemplo la participación política y la participación en logros culturales. En este sentido, la capacitación de grupos de personas desfavorecidos es lo que hace posible la configuración y la realización de la actuación bajo responsabilidad propia.

Es evidente que en este punto reside el reto central de la política económica y social en Europa. Con una tasa de desempleo juvenil de más del 50 por ciento en España y Grecia en diciembre de 2013, una tasa que en la media comunitaria también se sitúa aún en aproximadamente un veinticinco por ciento, demuestra con toda la crudeza cuál es ya la magnitud del fracaso del objetivo de la inclusión en muchos estados europeos. Esta falta de integración de las nuevas generaciones en el mercado laboral –en correspondencia con la argumentación reseñada anteriormente– no sólo tiene por consecuencia graves desajustes económicos, sino también pone en riesgo la cohesión social en estas sociedades en su conjunto. Al mismo tiempo, no se debería esperar demasiado de una política social europea coordinada para la solución de estos problemas. Se trata de situaciones de condiciones sociales específicas y muy diferentes que son la causa del proceso (ausente) de la inclusión; de la misma forma son precisas soluciones concretas por parte del estado nacional. La política europea podrá acompañar los esfuerzos correspondientes, pero no podrá aportar ninguna solución unificada.

Para resumir estas reflexiones: Una sociedad justa –y una Economía Social de Mercado como había sido ideada en su planteamiento conceptual básico– también se deberá poder medir en el futuro en función de si ha logrado ofrecer a todos los miembros de la sociedad las oportunidades para desarrollar su vida con éxito. Para una gran | Nils GOLDSCHMIDT |

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parte de los miembros de la sociedad este objetivo se alcanzará con sólo conseguir que puedan obtener ingresos en el mercado que les permiten llevar una vida que se corresponda con sus expectativas.

Pero ello no es aplicable a todos: No serán pocos los que precisan de un apoyo social para poder alcanzar este objetivo de llevar una vida autodeterminada, por ejemplo mediante la formación, la cualificación, etc. Por otra parte, algunos precisarán de ayuda permanente, dado que debido a sus limitaciones físicas, psíquicas o sociales no estarán en condiciones de hacer realidad su deseo de poder llevar su vida de forma exclusivamente autodeterminada.

La política de orden y la ciencia económica moderna

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A pesar del potencial que tienen la teoría y la política de ordenación para la estructuración de las sociedades modernas en toda Europa –según se ha esbozado anteriormente–, esta línea de pensamiento apenas tiene importancia en las facultades de ciencias económicas.

Aunque en el plan de estudios de las ciencias económicas la economía institucional (institutional economics), que con generosidad se podría considerar el equivalente internacional del ordoliberalismo, está ganando terreno, no obstante en la mayoría de las universidades parece seguir prevaleciendo la idea de que en el mejor de los casos una orientación centrada en la sociedad como también una orientación de la argumentación normativa centrada en las ciencias económicas llevaría a una existencia marginal. Este artículo no puede tener por objetivo analizar en detalle las razones para ello, pero, al final, al menos algunos aspectos serán mencionados al menos de forma resumida, tomando como ejemplo a Alemania, que de forma similar puede servir también para otros estados.

Sin duda, un punto importante será que tras la Segunda Guerra Mundial el ordoliberalismo perdió rápidamente en importancia como programa de investigación especialmente ante el hecho de su descubrimiento tardío, pero luego también debido a la rápida pre-

dominancia de las enseñanzas de Keynes en Alemania. En su publicación presentada por el historiador de economía Jan-Otmar Hesse titulada “La Economía como Ciencia. Las Ciencias Económicas en los inicios de la República Federal de Alemania”4, el autor analizó estos hechos de forma detallada (Hesse 2010). Además con el rápido desarrollo de la economía tras la Segunda Guerra Mundial, la materia continuó con una diferenciación cada vez más pronunciada entre sus contenidos, de modo que las diferentes especialidades se alejaron cada vez más unas de otras. En los años de 1950 comenzó, además, en las facultades alemanas el avance triunfal de unas ciencias económicas con orientación matemática, mientras que éstas se convirtieron cada vez más centros de investigación y enseñanza. En este punto queda fuera de toda duda que con la elegancia formal de sus métodos la economía de ordenación ya no podía ni puede seguir el ritmo de una teoría altamente especializada, centrada en la ilustración modélica de aspectos parciales del proceso económico.

Sin embargo, el desplazamiento de la economía de ordenación de las ciencias económicas tuvo la consecuencia de que con él también se tiraran por la borda las ventajas de la economía de ordenación, que son al menos tres: 1.ª Un claro compromiso y la capacidad metódica para enfrentarse a cuestiones normativas y sociales –como he tratado de describir en este artículo. 2.ª La conciencia de la independencia de los órdenes y una orientación genuinamente interdisciplinar. 3.ª La capacitación para el asesoramiento en política económica. Posiblemente, los políticos también apreciarán los análisis teóricos a fondo y los modelos económicos, aunque –con vistas a su círculo de destinatarios y votantes– siempre tendrán que encontrar también un lenguaje claro e inteligible para poder conseguir entre la población y la opinión pública la aceptación de sus medidas de política económica.

Por lo tanto, la política económica siempre debe ser transmisible socialmente para poder encontrar la aceptación social. Ante este trasfondo sólo puede parecer lógico que durante su formación los econo4. “Wirtschaft als Wissenschaft. Die Volkswirtschaftslehre in der frühen Bundesrepublik”.

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mistas venideros deberían aprender sistemáticamente esta capacidad –la de la transmisión verbal y argumentativa de reflexiones relevantes para la política económica en el contexto social– con ayuda de la política de ordenación. La formación en política de ordenación no es, por tanto, sólo un complemento metodológico dentro del abanico de las asignaturas de las ciencias económicas, sino también una contribución al “dominio lingüístico” y la capacidad de articulación de los economistas en materia de la política económica.

La aceptación y el futuro de la Economía Social de Mercado dependerá en buena parte de si consigue transmitir de forma creíble que la Economía Social de Mercado no es sólo un modelo económico convincente, sino que también es un modelo social convincente.

Pero esto significa también que se defienda el modelo económico de la Economía Social de Mercado y la teoría moderna de la política de ordenación con autoconfianza. O dicho de otra forma: La Economía Social de Mercado como orden marco aporta estabilidad a la sociedad, pero al mismo tiempo es preciso defender en teoría y práctica una postura íntegra de este modelo económico.

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Resúmen Los fundamentos de una economía social de mercado son tres: las ventajas económicas de mercado y competencia deben estar unidas a las exigencias de una compensación social, se debe aspirar a un orden de la comunidad en el que todos tienen las mismas oportunidades al margen de las limitaciones de clase, y por último, se debe entender como una preocupación genuinamente ética o normativa, donde mercado y competencia constituyen un medio y no un objetivo de la estructuración social. La aceptación y el futuro de la Economía Social de Mercado dependerá en buena parte de si consigue transmitir de forma creíble que la Economía Social de Mercado no es sólo un modelo económico convincente, sino que también es un modelo social viable.

Résumé Les fondements d’une économie sociale de marché sont trois: les avantages économiques de marché et de la concurrence devraient être liés aux exigences d’une compensation sociale qui devrait aspirer à une ordonnance de la communauté dans laquelle tout le monde peut réussir les mêmes opportunités en dehors de la contraintes de classe, et enfin, il doit être entendu comme une préoccupation véritablement éthique où le marché ou la concurrence sont un moyen et non un objectif de structuration sociale. L’acceptation et l’avenir de l’économie sociale de marché dépendra en grande partie si on arrive à transmettre d’une façon crédible que l’économie sociale de marché n’est pas seulement un modèle économique convaincant, mais aussi un modèle social viable. | Nils GOLDSCHMIDT |

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Abstract The foundations of a social market economy are three: the economic benefits of market and competition should be linked to the demands of a social compensation; it should aspire to an order of the community in which everyone has the same opportunities apart from class constraints, and finally, it should be understood as a genuinely ethical concern or regulation where market and competition constitute a means and not an objective of social structuring. The acceptance and the future of the social market economy will depend largely on whether it can be credibly communicated that the social market economy is not only a compelling economic model, but is also a viable social model.

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Santiago GARCÍA

Desarrollando un modelo de economía social de mercado en España Catedrático en Política Económica de la Empresa Universidad de Alcalá.

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Acotaciones previas Orientaciones del debate actual La configuración del Orden Económico-social constituye en una Sociedad moderna la clave del propio Orden de Sociedad. La configuración de una Sociedad descansa, en una parte muy significativa, en la forma en la cual se define el ordenamiento, la organización de la vida económica-social. Por ello, es importante replantearse previamente al debate sobre una “Economía Social de Mercado” cuál es el momento actual tanto en el pensamiento económico como en la manera de actuar en el contexto tanto de la praxis económica como de la empresarial.

Phelps,1 Premio Nobel, señalaba en una breve pero magnífica contribución al análisis de la situación de Europa en el año 2012, que la situación actual está caracterizada por dos formas totalmente distin1. Phelps, E. (2012), “Germany is right…”, ob. cit.

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tas de plantearse los problemas, por dos mundos diferentes en la interpretación de esta relación entre Economía y Sociedad: por un lado, están aquellos que lo que pretenden es impulsar y desarrollar dentro del contexto de las corrientes dominantes del pensamiento económico un corporativismo Keynesiano, por otra parte, están aquellos que tratan de aproximarse para resolver los problemas de las personas y de la Sociedad a una “economía de mercado” que “funcione bien”.

Esta es la realidad, en los términos de Phelps, es una guerra entre dos formas de ver el papel de la economía en la Sociedad. En el mismo año 2012, en un amplio debate celebrado en Frankfurt2 al que asistieron Profesores y teóricos de ambas partes del Atlántico, así como los principales responsables económicos de las grandes Instituciones empresariales y financieras, se planteó el problema de que la Ciencia económica no da respuesta, no tiene capacidad de responder a los problemas que están planteados, principalmente como consecuencia de esta larga y compleja crisis financiera y económica. Así R. Johnson señalaba como característica fundamental que “en el futuro precisamos de economistas que se ocupen más de los problemas reales y que éstos se analicen en el contexto de la Sociedad”3.

A lo que se añade un segundo aspecto, que es viejo compañero de la Ciencia económica, del debate económico, que se refiere fundamentalmente a la dimensión ética, moral de la economía: “un economista tiene también que fundamentar moralmente lo que hace”4. El pasado 19 de Enero de 2014 otro Premio Nobel Stiglitz5 publicaba en la prensa española un texto en el que señalaba, entre otros aspectos, que “la economía ha honrado los últimos cinco años su mote de “Ciencia Lúgubre”. En 2014 seguirá”. Esto es, el problema que se plantea es que no hay respuesta a los problemas que se han originado desde el punto de vista del conocimiento Científico y de la construcción dominante de la economía.

2.

3.

4.

5.

Storbeck, O. (2012), “Ökonomie…”, ob. cit. , p.22.

Storbeck, O. (2012), “Ökonomie…”, ob. cit., p.22.

Storbeck, O. (2012), “Ökonomie…”, ob. cit., p.22.

Stiglitz, J. E. (2014), “Malestar avanzado…”, ob. cit., p.3.

Es curioso observar que también el 9 de Enero de este año 2014 un periódico semanal, de gran nivel, como el Die Zeit destaca ampliamente el debate ético de la economía señalando: “las leyes, el personal, la opinión pública: todos demandan un comportamiento decente de la economía. Los Directivos descubren de repente la ética y, al propio tiempo, se descubren así mismos”6. ¿Qué es lo que sucede con la economía? ¿Por qué no da respuestas a la realidad de las personas, de la Sociedad?. Una primera respuesta la recoge perfectamente en sus planteamientos ya Ludwig Erhard, el impulsor de una economía de mercado socialmente responsable en el contexto político y económico y señala la misma idea anteriormente planteada: “la política económica fue siempre parte de la política societaria. La economía social de mercado la concebía bajo la asunción de valores y convencimientos compartidos, bajo una determinada interpretación de la persona (Leitbild)”7.

Esto es, un Orden económico es una columna básica de la Sociedad, del desarrollo de las personas y de sus Instituciones. Y es por lo que Köhler, expresidente de la República Federal, señala de manera muy incisiva que precisamente “la crisis confirma el valor de la economía social de mercado. Es algo más que una ordenación económica. Es un orden de valores. Une libertad y responsabilidad para la facilidad de todos.8 Lo que significa que “economía y política tienen objetivos detrás de los cuales hay valores.”9, quiere decir, las personas tienen “sistemas de valores”, los cuales reflejan los elementos que implican sus relaciones sociales y también su Cultura, su manera de percepción de los procesos económicos, con lo que posicionan su “función de preferencia” en torno a la cual adoptan decisiones y se adaptan los comportamientos.

Resumiendo, podemos decir que son cuatro aspectos los que están diferenciando dos formas de entender la economía como señala Phelps: 6.

7.

8.

9.

Finger, E., Jungbluth, R. y Ruckert, S., “Die Moralapostel”, ob. cit., p.19.

Jeske, J. (2013), “Erinnert Euch…”, ob. cit., p.12.

Köhler, H. (2009), “Discurso…”, ob. cit. , p. 3.

Willgerodt , H. en Watrin, Ch. (2012), “Hans Willgerodt…”, ob. cit., p.240.

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• La economía se realiza por las personas para la solución de los problemas de las personas. La economía tiene una clara dimensión societaria y solamente desde la Sociedad puede entenderse la economía y podrá darse respuesta a los problemas, “resolviendo las tensiones entre economía, política y Sociedad.”10 • La dimensión societaria de la economía se ocupa de la “persona real”, no del “homo economicus”. Esta es, la gran diferencia entre las dos formas de enfocar la economía. La economía “sin el hombre”, la “economía lúgubre”, o la “economía con el hombre”, la “economía de la vida”11. Según el camino que se elija se definirá un Orden de Sociedad, lo que implicará libertades y responsabilidades de muy distintas dimensiones que son conscientemente asumidas.

• “Los valores son propiedades inherentes de la existencia humana”. y la “existencia de una jerarquía de valores no puede ser negada en el análisis científico”12, ni tampoco en la vida real en la cual nos movemos y no se puede asumir el reduccionismo abstracto en el cuál se está planteando el análisis económico.

• No hay economía sin ética ni ética sin economía, lo que afecta tanto a las relaciones sociales como a la configuración y al desarrollo de las Instituciones y de las propias personas.13

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La economía tiene que orientarse a los problemas constitutivos de la Sociedad, de las personas y de su desarrollo. Hay que emplazar a la persona como punto de referencia básico, tácito tanto del pensamiento económico como de la realidad económica, social y empresarial.

Economía y Sociedad Para poder entender el desarrollo de una “economía social de mercado”, tanto en su diseño teórico como también en su realidad eco10.

11.

12.

13.

Jeske, J. (2013), “Erinnert Euch…”, ob. cit., p.12.

García Echevarría, S. (2008), “Wo bleibt der Mensch…”, ob. cit. , pp.23 ss.

Müller Armack, A. (1977), “Die zentrale Frage…”, ob. cit., p.23.

Utz, A. F. (1998), “Ética Económica”, ob. cit., pp.27 ss.

nómica podemos proceder por dos vías: por el desarrollo de su trayectoria doctrinal, o bien por la vía de los principales conceptos en los cuáles descansa una “economía social de mercado”, una economía de mercado societariamente responsable, o dicho en los términos de Phelps una “economía de mercado, que funcione bien”.

Vamos a elegir aquí esta segunda vía de tal manera que permita orientar cuál es el planteamiento de un orden económico-societario.

El primer criterio con el cual pueden diferenciarse estas dos grandes corrientes, la neoclásica, dominante en el pensamiento económico y en la configuración Institucional de la economía y la orientada a una economía de mercado en la que “el pilar más importante de la economía social de mercado es la libertad”, libertad, entendida en los términos siguientes: “Libertad en la economía que se garantiza por los mercados a los que todo ciudadano y todo empresario tiene libre acceso.

El mercado debe tener capacidad de funcionamiento. La competencia evita el que surja y se ejerza poder económico. Mercado y libertad son partes integrantes de la garantía de libertad de la ley fundamental”14.

Las dos corrientes mencionadas pueden diferenciarse por el hecho de que una corriente Neoclásica, corriente dominante del pensamiento actual en el desarrollo de la economía, es la economía “sin el hombre”, es la economía del “homo economicus” Hobberiano. Una economía donde la persona es como individuo, un individuo aislado, sin vínculos en relaciones sociales, sin historia y sin otros elementos determinantes de sus comportamiento más que aquellos que vienen definidos por la maximización en el uso que realiza de los recursos escasos de que dispone para poder resolver sus necesidades.

En una economía de mercado, en una “economía social de mercado”, se trata de la “persona real”, de un Leitbild real de la persona en el contexto de una Sociedad con unas relaciones sociales, con una Cultura y con todos aquellos otros elementos que determinan su “sistema de valores” y sus propias “funciones de preferencias”. Se busca como objetivo básico, tal como señala Keitel, expresidente de la Fe14. Albach, H. (2013), “Economía Social…”, ob. cit., p.1.

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deración Empresarial Alemana: “yo me declaro a favor de la afirmación de que la finalidad de la economía no está en la misma economía, sino en su contribución humana y societaria. Por eso el mercado es un instrumento regulador no un fin en sí mismo”15. Pero si analizamos el objetivo de la economía en el contexto de la ética económica, y tomando a Utz como referencia, tenemos así mismo que “el objetivo de la economía es satisfacer las necesidades individuales y colectivas de todos los miembros de una Sociedad para lograr el desarrollo humano, esto es, el bien común”16 Lo que corresponde a una definición de la “persona real” y, por lo tanto, el contexto al que debe orientarse la economía, lo que debe ser “economía de la vida”. Ello nos lleva al concepto de economía sobre el que descansa la realidad en el uso de los recursos escasos para cubrir las necesidades de las personas. Y ello en el marco de la relación entre ética y economía que viene definida de manera muy clara por los dos objetivos finales: en primer lugar, por el hecho de que la economía se oriente al desarrollo integral de las personas, así mismo de las Instituciones en las cuáles la persona realiza su actividad y configura también la forma de cubrir sus necesidades y las del prójimo. En segundo lugar, por el hecho de que la economía se orienta al uso de los recursos escasos y, por lo tanto, tiene que lograrse con una gran eficiencia: productividad, en el uso de esos recursos para cubrir las necesidades de las personas. Estos dos principios básicos ético-económicos son los que cumplen con los objetivos de la economía.

El concepto de economía, en estos términos, implica dos aspectos básicos como puede verse en la figura 1.

La realidad económica se construye con dos columnas vertebrales.

Por una parte, en el lado izquierdo de la figura 1, tenemos lo que son los recursos y sus capacidades, quiere decir, la disposición que tiene la persona, o la empresa, o el País, o un conjunto de Países de recursos escasos e implica el análisis económico sobre cómo se relacio-

15. Keitel, H. P. (2009), “El futuro de la Economia…”, ob. cit., p.4.

16. Utz, A. F. (1998), “Ética Económica…”, ob. cit., p.24.

Gráfico 1.

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nan esos recursos escasos en su dimensión permanente económica, que antes se ha mencionado. Si se analiza esta perspectiva tenemos la dimensión “económica pura”, en la cual hablamos de “racionalidad económica” (Eucken).

Pero la realidad económica constituye una realidad de la Sociedad en la cual hay un Orden Social, hay unas relaciones sociales, hay una manera de establecer un “sistema de valores” que fijan las funciones y los comportamientos. Ese “orden social” conlleva la emisión de normas que rigen en los procesos de decisión en los que las personas disponen de los recursos escasos que existen. Consecuentemente, ambos elementos, economía y sociedad, conjuntamente llevan a una racionalidad integral. Si solo analizamos la columna izquierda tenemos la “economía pura”, “la economía sin el hombre”, que trata de maximizar como individuo aislado. Si tomamos la columna de la derecha tenemos que esa Sociedad dispone de unos “sistemas de | Santiago GARCÍA |

valores” y unas “funciones de preferencias” que generan una forma de comportamiento económico. La interrelación entre el orden económico y el orden de sociedad son las dos partes integradoras plenamente de la realidad económico-social.

La persona en la economía

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Es lo que constituye, sin duda, la clave fundamental, puesto que el Leitbild, la imagen, la representación que tengamos de la “persona real” es la que va a definir concretamente los planteamientos económicos, tanto en el pensamiento doctrinal como en la realidad práctica.

En la figura 2 se puede apreciar que toda “persona real” dispone de unos “potenciales” que ha adquirido en el contexto societario, que puede y debe desarrollarlos de manera eficiente, es su propia vida, y con ellos trata de cubrir sus necesidades vitales y Culturales y contribuir al “bien común”. Esta dimensión de la antropología social en el concepto de personas significa la referencia económica básica. Cuáles son esos “potenciales” y el desarrollo de esos potenciales de los que disponen las personas son el elemento básico a la hora de poder disponer de capacidades para utilizar recursos escasos.

Pero esta es una parte, la persona y sus potenciales, la otra parte la constituye que toda persona para poder cubrir sus necesidades necesita de la “cooperación” del otro. Esto es, el problema básico de la economía, es cómo conseguimos que las personas “cooperen” de manera que esa “cooperación” permita a todas y a cada una de las personas cubrir sus necesidades y sus problemas de forma que garanticen su desarrollo personal y el de sus Instituciones. Aquí es donde comienza el ámbito de la economía. Es el hecho de la “coordinación económica”: “el punto de partida es el de coordinar la necesaria actuación económica”17. Este es el punto de referencia en el que la economía dispone de distintas formas de establecer organizativamente estos “procesos de 17. “Staatliche Interventionen…”, (1978), ob. cit., p. 6.

Gráfico 2.

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coordinación”, de manera que los potenciales de las personas puedan contribuir a generar productos y servicios, prestaciones, que resuelvan los problemas de las personas. Según como se organice este planteamiento, tanto teórico como práctico, se tendrá una u otra respuesta en cuanto al desarrollo de la persona y de sus Instituciones, tanto en el cubrimiento de las necesidades, pero principalmente, como en la necesidad básica de la libertad, creativa e innovadora, que garantice su futuro.

Existen múltiples formas de coordinar y hemos elegido aquí las dos básicas: por un lado, en la parte de la izquierda de la figura 2, tenemos la dimensión contractualista, dominante en la Sociedad actual, donde se establece la relación entre los individuos de manera que a través de esos “contratos” se fijan las condiciones en las que se produce esa “cooperación”. Esto es, generan unos “costes de coordinación” los cuales van a definir la forma que tiene esa organización para cu| Santiago GARCÍA |

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brir las necesidades de las personas en un ordenamiento económico basado en la Institución del mercado interpretado en el contexto en el cual se plantea la ciencia económica una interpretación contractualista de la persona. El problema de lo bueno o lo malo, la ética individual, lo que ha afectado a la actual crisis financiero-económica.

La otra forma de coordinar es la mencionada de que detrás de la economía y de la política existen “sistemas de valores”, el problema que se plantea es la forma en la que esos “sistemas de valores” son compartidos y, por lo tanto, la manera en que se comparten esos valores y conocimientos, esos “potenciales” disponibles mediante una “cooperación” que permita el desarrollo Institucional. Se trata de coordinar en base a los valores con los que comparten sus potenciales las personas para resolver tanto los problemas propios como los del prójimo, entrando en cuestión el problema de la ética comunitaria, la Responsabilidad Social Corporativa que es la ética anteriormente mencionada. En el contexto actual se incrementa la demanda de una mayor decencia en los procesos Institucionales y personales. Pero debe considerarse que difícilmente puede lograrse “una ética individual si no hay una ética Institucional dentro de la cual el individuo actúa”18: “La persona es un ser social, esto es, por un lado, depende de la ayuda del prójimo para cubrir mejor sus necesidades, pero, por otro lado, tiene, al mismo tiempo, la obligación de coordinar la satisfacción de sus necesidades con las otras personas, así como contribuir a cubrir las necesidades del conjunto”19.

En este contexto es en el que se construye un “Orden EconómicoSocietario”: “la economía no opera fuera de cualquier orden, sino dentro de un “ordenamiento económico”20, esta es la manera en la cual las personas se organizan por una u otra vía. Ahí está el problema planteado al principio por Phelps. La vía por la que se da la mejor respuesta de una “economía social de mercado” como punto de refe-

18. Finger, E., Jungbluth, R. y Ruckert, S. (2014), “Die Moralapostel”, ob. cit., p.19.

19. Utz, A. F. (1998), “Ética Económica”, ob. cit., p.24.

20 Keitel, H.P. (2009), “El futuro…”, ob. cit., p.4

rencia en el que aquí vamos a centrarnos. Este pensamiento de un “orden económico-societario” se caracteriza por los trabajos de la Escuela de Freiburgo de Eucken y Franz Böhm entre otros dentro de este Círculo de Freiburgo”. Para Müller-Armack “Ordnung”, “Ordenes es un concepto heurístico en el que se plantean las diferentes y contradictorias fuerzas en parte e intereses de una Sociedad con el fin de buscar un balance estabilizador”21

Economía social de mercado como orden económico-societario Características de una Economía Social de Mercado Ludwig Erhard fue, como se ha señalado, el político impulsor que lleva a cabo el proceso de implementación de una Economía Social de Mercado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Desde la dimensión societaria de la economía, desde la perspectiva en la cual se genera la Economía Social de Mercado señala Erhard que “la economía social de mercado es indispensable, ya que es la única respuesta posible y realizable a la pregunta de cómo puede ordenarse la vida económica en una Sociedad industrial desarrollada” y, sobre todo, buscando esa respuesta necesaria a las “…tensiones en la relación entre Economía, Estado y Política”22. Esa relación entre las libertades societarias y la libertad económica constituye, sin duda, el anclaje significativo de una economía de mercado que fortalece un Estado democrático y que mutuamente se precisan.

Lo que más destaca la Economía Social de Mercado desde el más alto nivel de coordinación es, como se acaba de mencionar, su visión de que la coordinación económica en los distintos planos en los que se mueve el desarrollo de una Sociedad, la dimensión societaria de la economía, constituye una de las claves fundamentales de la aporta21. Müller-Armack, A. (1976), “Wirtschaftsordnung…”, ob. cit., p. 22.

22. Erhardt, L. (2013), “Die Gefährdung…”, ob. cit., p.12.

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ción de este “orden económico”: Dar una respuesta a la “coordinación económica” con los “menores costes” de “coordinación” teniendo en cuenta todas las dimensiones que inciden en la vida real, en el “hombre real” desde la política a la economía a través de la actuación del Estado. La persona es la clave a la cual se orienta la “Economía Social de Mercado” y, por lo tanto, los “procesos de coordinación” en cada una de las Instituciones deben compartir un “sistema de valores” que reflejen ese “Leitbild”, esa representación humana real de la persona a la que hay que contribuir a resolver los problemas que tiene a través de sus propios potenciales y su cooperación con los demás y merced a su aportación al “bien común”.

Tietmeyer ofrece una magnífica definición de estas características, Presidente que fue del Banco Emisor, al plantear de manera muy clara que la “Economía Social de Mercado no es primariamente un concepto de distribución de rentas. Es, en primera línea, un concepto de ordenación para una economía de mercado que es capaz de funcionar a la larga, que se basa en la libertad individual, en la competencia y en la responsabilidad propia”.23 Con lo que se perfila de manera implícita cuál es la dimensión que se busca con la introducción de una Economía Social de Mercado que va más allá de los procesos económicos y trata de resolver los problemas de coordinación con la Política y con el Estado.

Una definición correcta, de manera sistemática de estas características, la facilita el creador del concepto de “Economía Social de Mercado” Müller-Armack24 que recoge en seis puntos fundamentales que determinan esta dimensión societaria de la economía y que son el referente tanto de la acción política como de la acción económica: • La Economía Social de Mercado descansa en el desarrollo del mercado como Institución de coordinación de la actividad económica.

23. Tietmeyer, H. (2008), ”La economía social de mercado...”, ob. cit., p.4.

24. Müller-Armack, A. (1976), “Wirtschaftsordnung…”, ob. cit., p.

• Ésta, además de generar, en base al funcionamiento de los mecanismos del mercado, productos y servicios para cubrir las necesidades de las personas aporta también progreso social al incidir en el desarrollo de las personas en base a sus potenciales bajo el Principio de Competencia.

• Un Estado democrático fuerte constituye una de las condiciones básicas para el funcionamiento de este orden económico, tanto por lo que afecta al mercado evitando concentraciones de poder como a la propia Política Económica Estatal.

• Como garante de las exigencias sociales de una economía de mercado no es solo el mercado, con sus productos y servicios los que cubre la dimensión social, sino que el Estado también tiene que coordinar para realizar una Política Social, esto es, la actividad correspondiente al Principio de Subsidiaridad, que está integrada en este orden económico-societario de la “Economía Social de Mercado”.

249 Pero ello con un Principio básico: el propio Estado, a través del Principio de Subsidiaridad, debe actuar de manera que sea “conforme al mercado”. Esto es, que no distorsione el funcionamiento del mercado con sus regulaciones, lo cual llevaría a una mayor eficiencia propia de la Política Social y, consecuentemente, también a una mayor eficiencia que contribuiría a que la economía de mercado promueva un uso eficiente de los recursos escasos. Los recursos necesarios que se utilizan para realizar el Principio de Subsidiaridad provienen del superávit de la propia actividad del mercado.

Si éste no es eficiente y no es “conforme al mercado” la manera en la cual interfiere el Estado en su funcionamiento, habrá menos recursos para poder cubrir ese “Principio de Subsidiaridad” que tendrá dificultades, tal como lo demuestra la situación actual, en la que los Estados tienen que endeudarse para poder dar prestaciones, lo cual ha llevado a un concepto equívoco de “economía de bienestar” como si ésta fuese el estado final de un proceso de desarrollo de la persona, cuando no es más que una condición necesaria para continuar en | Santiago GARCÍA |

una contribución eficiente de las personas para resolver los problemas de éstas en esa Sociedad.

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• Además de asegurar la competencia, el Estado debe también actuar en el plano de las Políticas Societarias, de las Políticas de Sociedad. La “Economía Social de Mercado” no puede perder su carácter de economía de mercado que es la condición básica para que pueda lograrse el crecimiento, a través de la innovación y la responsabilidad de los individuos, de los empresarios con el fin de cubrir las necesidades que se precisen en esas Políticas de Sociedad.

• En una economía de mercado que se actúa mediante la libertad de actuación que asegura a todos los grupos la propiedad privada, el Estado de Derecho y un permanente crecimiento económico. Hoy y en el futuro. Para fomentar la realización de estas tareas es preciso que tanto desde el ámbito privado como desde el Estado se debe contribuir de forma eficiente orientando las actuaciones al desarrollo, en libertad, creativa e innovadora, de las personas y de sus Instituciones. Se trata de garantizar la libertad personal en una sociedad más humana y más eficiente como consecuencia de la solución a los problemas de cada una de las personas y de su desarrollo dinámico con mejor adaptación a las políticas de cambio asumidas en el propio “sistema de valores”.

Su dimensión societaria como orden económico Como anteriormente se ha señalado, la característica fundamental de una “Economía Social de Mercado” como orden económico societario, es precisamente esa dimensión societaria. De la configuración de este ordenamiento económico va a depender el Orden de Sociedad, ya que los “sistemas de valores” de la misma podrán coordinarse eficientemente con la configuración de la vida social. Walter Eucken refleja de forma concreta esta dimensión societaria al señalar que “el

problema consiste en el desarrollo de un orden de la economía y de la Sociedad con capacidad de funcionamiento humano”25 El problema básico se encuentra en el proceso de coordinación de la economía y de la Sociedad en torno a un “sistema de valores” que sienta las bases para las “funciones de preferencia económicas” orientadas a dar respuesta a las necesidades de las personas y a su desarrollo, así como el de las instituciones de coordinación de la actividad económico-social involucradas en esa Sociedad. Es por eso que “la clave fundamental se encuentra en la “libertad del hombre”.26 Lo que le va a permitir el “libre desarrollo de las fuerzas personales en el proceso económico, libre configuración de las formas económicas de manera que los propios “mecanismos” de la actuación de una economía de mercado le quita al hombre una parte importante de su trabajo de coordinación”27.

Esta interrelación entre Orden Económico y Orden de Sociedad trata, al propio tiempo, de resolver la búsqueda de “soluciones a un problema concreto del día a día: salvar la escasez económica”. De la solución de este problema depende la solución de muchos otros problemas”.28 En esta breve referencia de Walter Eucken como representante clave en la Fundamentación de la Escuela de Freiburgo, se advierte la dimensión implícita de que toda actividad económica tiene que estar orientada, como anteriormente se ha señalado, al objetivo de cubrir las necesidades de esas personas, de lograr el desarrollo integral de las mismas y de sus Instituciones de coordinación en las cuales se realiza esa cooperación facilitando sus potenciales y el desarrollo de los mismos. Ésta es la gran contribución de una Economía Social de Mercado y, como bien señala Erhard: “me parece necesario acentuar que la 25.

26.

27.

28.

Eucken, W. (1955), “Grundsätze.”, ob. cit., p.369.

Eucken, W. (1955), “Grundsätze.”, ob. cit., p.369.

Eucken, W. (1955), “Grundsätze.”, ob. cit., p.270.

Eucken, W. (1955), “Grundsätze.”, ob. cit., p.270.

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política económica debe orientarse siempre a los valores de la Sociedad, a las ideas en las que descansa ese orden”29. Con lo que se trata de solucionar, al más alto nivel de una Sociedad, el problema más complejo de coordinación económica y social y, por lo tanto, de las personas que están en la Sociedad, ya que en ella tienen los problemas que buscan soluciones. Y esas personas tienen que contribuir al proceso económico de coordinación con sus “potenciales” para generar bienes, productos y soluciones a los problemas de esa Sociedad.

Lo que trata de establecer este orden de Economía Social de Mercado es la conjunción entre ambos ámbitos en torno a un sistema de valores concerniente a la “persona real” que plantea en su contexto Cultural y real sus necesidades y su disposición a cooperar con los demás para poder resolver conjuntamente los problemas. Esta es, a mi manera de entender, la gran aportación. Y esto se aprecia precisamente cuando dentro de la propia dimensión económica nos acercamos al mundo de una de las Instituciones más significativas de la misma: la empresa y el empresario.

Toda actividad económica, como toda actividad empresarial tiene que estar orientada a los objetivos finales de la economía que antes se han mencionado, objetivos finales que se encuentran en las personas, en su desarrollo y, por lo tanto, se encuentran en la Sociedad y no en la economía propiamente dicha, lo que constituye el planteamiento neoclásico mencionado. La economía tiene que contribuir a la Sociedad y a las personas implicadas en las mismas.

Es por lo que Maucher, expresidente de Nestlé, ha señalado con gran acierto en referencia al mundo empresarial: “tenemos que ser conscientes, como empresarios de que la economía de mercado no está ahí para el empresario, sino el empresario para la economía de mercado”30. Y esto se puede aplicar a todos los demás elementos concernientes al desarrollo del “ordenamiento económico”, desde la aplicación de 29. Erhard, L. (2013) “Die Gefährdung…”, ob. cit., p.12.

30. Maucher, H. (1996), “El arte de dirigir…”, ob. cit., p.28.

los diseños laborales a los diseños fiscales, a los diseños organizativos y a todo aquello que involucra ese ordenamiento económico con el fin de dinamizar la economía de mercado, que es la “economía de la vida”, que contribuye a resolver los problemas de la Sociedad. Es por lo que, al propio tiempo, señala “nosotros (los empresarios) necesitamos de una aceptación societaria de nuestro sistema. Sin principios éticos, sin responsabilidad social-una ética responsable- no se puede ver el éxito a largo plazo, ni tampoco se logra una política empresarial con éxito a largo plazo”31. En un sistema abierto de Sociedad, la referencia básica son los objetivos finales a los cuales hay que contribuir para que esos objetivos finales, que son el desarrollo integral de las personas y de sus instituciones, les permitan cubrir sus necesidades y, por lo tanto, dar una respuesta eficiente a la utilización de los recursos escasos para ese proceso societario. Esta es la dimensión societaria de la economía.

Pero incluso, insistiendo también desde una perspectiva norteamericana, se señala que cuando una empresa quiere tener éxito, tiene que situarse en el contexto de su entorno: “aquellos empresarios que tienen éxito en el desarrollo de unas relaciones interesantes con el mundo externo piensan de manera muy diferente: se autodefinen ellas mismas por lo que ellas contribuyen. Esta interpretación no significa que cambien su objetivo, sino que hay que ser explícito en cuanto a realizar el propósito de beneficiar a la Sociedad”32.

Lo cual acentúa el hecho de que en un sistema de economía de mercado el mercado es un instrumento muy importante, pero no es el objetivo final de la economía, sino que la economía tiene su objetivo final en la persona implicada en una Sociedad, con un “sistema de valores” que trata de reflejar, por una parte, la libertad de la persona y por la otra la responsabilidad de la misma, configurando el Orden Económico que hace posible sustentar y mantener ese orden de Sociedad.

31. Maucher , H. (1996), “El arte de dirigir…”, ob. cit., p.28.

32. Browne, J. Y Nutall, R. (2013), “Beyond Corporate Social...”, ob. cit., p.3.

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Clave de su conceptualización económico-societaria Una “Economía Social de Mercado” conceptualiza la integración entre el ordenamiento económico y el ordenamiento societario conforme a los siguientes aspectos básicos:

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• El hecho de la disposición por parte de las personas de la libertad y de la responsabilidad correspondiente al desarrollo de sus potenciales, lo mismo que de su contribución, cooperación en el contexto de búsqueda de respuesta para cubrir las necesidades propias y ajenas mediante su contribución al “bien común”.

• Todo el funcionamiento de la organización económica descansa en una economía de mercado que exige un espacio garantizado por el Estado, esto es, el marco de referencia dentro del cual las personas pueden actuar con libertad y con responsabilidad propia en el contexto de los procesos de coordinación económica.

• El criterio fundamental lo constituye la competencia, esto es, el desarrollo de los procesos económicos en lo que las personas impulsen con sus “competencias” los procesos de cooperación, con lo cual se facilita la coordinación económica que va a incidir en el propio desarrollo de las personas y de sus Instituciones por la vía de la innovación técnica, económica y social. Y ello con el fin de que puedan reducir los “costes de coordinación económica” para cubrir con nuevos procesos, de manera más eficiente, el uso de los recursos escasos para cubrir las necesidades de las personas. Competitividad en este sentido va más allá de lo que es el “sistema de precios”, ya que tiene que ver con lo que afecta fundamentalmente al impulso necesario para el desarrollo de los potenciales de las personas, el desarrollo de las propias personas y de sus instituciones, en este contexto, en particular, el desarrollo del empresario Schumpeteriano.33 33. Schumpeter, J. (2006), “Theorie der…”, ob. cit., p.174.

Y esto precisa del soporte del Estado que tiene que garantizar los procesos de competitividad para que se configure una competitividad “ordenada”. Una de las consideraciones básicas de este Orden Económico-social es el hecho de que no se trata de una competitividad salvaje, sino se trata de una “competitividad ordenada” en la cual los espacios son conocidos, existe transparencia y son accesibles de manera que se produzcan los procesos de descubrimiento de “lo nuevo” para solucionar los problemas de la Sociedad.

• El desarrollo del Principio de Subsidiaridad, como fundamento de la Política Social y el desarrollo de una Política Económica de la actividad del Estado que sea “conforme al Mercado”, lo que define bien el Presidente del Bundesbank Weidemann al señalar que “el documento básico del ordoliberalismo es la competencia, pero ya no es la competencia desbocada de los clásicos, sino una competencia protegida. Una competencia ordenada”, y en estos términos se habla de una economía social de mercado: “estas ideas los han asumido los representantes de la economía social de mercado y las han modificado. Vieron la necesidad de una Política Económica del Estado que va más allá del mero hecho de fijar un marco de actuación. Pero esta Política Económica Estatal debe ser “conforme al mercado”, y debe asumir el Principio de Subsidiaridad. Lo que el mercado puede regular lo debe regular el mercado”.34 • Hay además en la Economía Social de Mercado otro aspecto relevante, que en estos momentos no se le está concediendo el peso que le corresponde: es la vinculación entre la política monetaria y la competencia. A ese respeto fue Eucken quien planteó de manera muy precisa que “todos los esfuerzos de un orden de competencia son inútiles en la medida en que no esté asegurada una cierta estabilidad del dinero.

34. Weidemann, J. (2013), “Krisenmanagement...”, ob. cit., p.3.

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La política monetaria posee para la política de competencia un lugar privilegiado para el mantenimiento de este orden de competencia”35.

Exigencias que plantea la economía social de mercado ¿Estado versus mercado?

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Este dilema es frecuente en todos los debates económicos. Los unos consideran que el mercado es el que falla. Los otros que el Estado y su intervencionismo, sus regulaciones hace imposible el funcionamiento del mercado.36 Pero en su conjunto el resultado es dramático, ya que la asignación de los recursos en estos planteamientos económicos no cubren las necesidades de las personas para su desarrollo y la incertidumbre es clave en el proceso que se ha acentuado con la crisis financiera y económica.

La Economía Social de Mercado trata de salvar este dilema en su diseño conceptual donde se encuentra prácticamente su contribución: • Por un lado, trata de dar respuesta a las exigencias básicas de la economía, esto es, a los procesos de coordinación económica con el fin de lograr que los recursos escasos sean eficientemente orientados a la solución de los problemas, de las necesidades de las personas conforme a sus objetivos finales.

• Por otro lado, la orientación de los objetivos instrumentales están involucrados en el desarrollo de las personas por la vía de compartir “sistemas de valores” que lleven a una reducción de los costes de coordinación y de esta manera se sitúe, en primer lugar, el objetivo básico de la economía para el desarrollo de las personas, esto es, la “economía para la vida”.

35. Eucken, W. (1955), „Grundsätze..“, ob. cit., p.369 ss.

36. Bundesministerium für Wirtschaft (1978), “Staatliche…”, ob. cit., pp.2 y 3.

Tal como señala Keitel, expresidente de la Federación Alemana de Empresarios, “nos encontramos en medio de un debate sistémico. Se trata de la relación entre Mercado y Estado”. Se intensificará el debate sobre la futura orientación de la economía y la Sociedad”37 El problema corresponde al que se ha señalado al comienzo de esta exposición que es la interpretación de Phelps: “una guerra en torno a una concepción de la Sociedad”38, de su “sistema de valores” y del papel de la libertad y de la responsabilidad como pieza sustantiva en el diseño entre el Estado y el Mercado”. Para Keitel “El Estado debe establecer las condiciones marco que evitan el abuso y mantengan la competencia. En la competencia se encuentra también una dimensión social. Evita posiciones dominantes del mercado, reduce los beneficios, premia la dedicación empresarial y el espíritu innovador y ofrece oportunidades”39.

Por lo tanto, en una “Economía Social de Mercado” la cooperación debe establecerse entre el Mercado y el Estado siendo la función básica del Estado la de establecer ese espacio en el que tiene lugar la “economía de mercado” garantizando las libertades de acceso a todos los partícipes y buscando las soluciones más adecuadas para el uso de los recursos escasos al objeto de solucionar los problemas, las necesidades de las personas. El Estado debe ser garante y no interviniente en los procesos del mercado. De tal manera que todo aquello que pueda resolverse vía mercado debe ser resuelto por la coordinación del mercado. Sin embargo, el Estado además de este marco de referencia en el cual debe asumir también el papel de la competencia como criterio básico tiene su propio rol dentro de una Sociedad y es de doble naturaleza: por un lado, el ejercicio del Principio de Subsidiaridad para cubrir las necesidades de las personas que no disponen de potenciales o de su desarrollo adecuado para poder lograr cubrir sus necesidades y, por otra parte, el hecho de la Política Económica

37. Keitel, H. P. (2009), “Declaración a favor…”, ob. cit., p.1.

38. Phelps, E. (2012), “Germany is right…”, ob. cit.

39. Keitel, H. P. (2009), “El futuro de la…”, ob. cit., p.4

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Estatal para la realización de aquellas tareas que compiten a una Comunidad y no tienen una solución por la vía del mercado. Sin embargo, hay muchas funciones que hay que recuperar para el mercado, ya que el Estado lo que no puede hacer es actuar en su Política Económica Estatal con reglas que no sean “conformes al funcionamiento del mercado”. Esto se está viendo todos los días en las decisiones erróneas de Política Económica Estatal en muchas infraestructuras y en otros ámbitos. Al propio tiempo que el Estado en base al Principio de Subsidiaridad debe corregir aquellos impactos negativos de orden social que pudieran originarse.

Es por lo que Erhard señala que el papel del Estado: “debe por tanto insistirse siempre que la tarea primordial del Estado es crear un marco ordenador dentro del cual los ciudadanos pueden moverse libremente, lo que exige a su vez la actuación de la política económica en la que tienen que estar seguras las personas de todos los niveles de que no van a estar sometidas a permanentes “cambios imprevisibles”40. Creo que este papel de cooperación Estado-Mercado es el aspecto dominante de una coordinación económica en la que los mecanismos de mercado dan una respuesta eficiente y que, consecuentemente, las libertades se realizan dentro de ese plano por lo que el Estado debe garantizar su funcionamiento, sin su intervención en los procesos, salvo determinadas circunstancias. El criterio básico es la competitividad, como veremos a continuación, de forma que pueda darse una respuesta, por una parte, a la razón económica en las decisiones en las cuales está implicado el Estado o el Mercado, pero, por otra parte, las decisiones de orden políticosocial donde se busca una respuesta a determinados problemas de la Sociedad. Es por lo que el Expresidente Köhler señalaba que “se necesita un Estado fuerte que imponga reglas al mercado y vele por su ejecución. La Economía de Mercado vive de la competencia y de la limitación del poder económico”41.

40. Erhard, L. (2013), “Die Gefährdung…”, ob. cit., p.31.

41. Köhler, H. (2007), “El empresario en…”, ob. cit., p.3.

Pero la Economía de Mercado vive también de la responsabilidad, del compromiso personal por la propia acción, “necesita transparencia y fidelidad al derecho, las personas deben confiar en todo esto y el problema de la responsabilidad, en su categoría moral, es uno de los elementos determinantes de esta relación en el ordenamiento económico de una economía social de mercado”42.

Implicación de un orden de competencia El eje fundamental de una Economía de Mercado es, sin duda, el funcionamiento de la competencia, competencia entendida más allá del “sistema de precios”. El desarrollo integral de una persona implica dos aspectos dentro del marco del desarrollo de la competencia.

• En primer lugar, radica en la disposición de potenciales, del desarrollo de los mismos de manera permanente que constituye la vida de las personas y es su valor en el contexto social.

• Radica también en su propia dimensión social, de la persona, de su capacidad de cooperación con sus potenciales y su desarrollo para cooperar con los demás al objeto de lograr satisfacer sus necesidades y, por otra parte, contribuir a cubrir las necesidades de los demás, al “bien común”.

Estas “competencias” implican un “sistema de valores”, un compartir valores que vinculan, como anteriormente se ha señalado, la relación societaria con la economía y descansa en la dimensión social de la persona.

El “sistema de precios”, como uno de los instrumentos de la competencia simplifica, sin duda, enormemente la mecánica de los procesos de coordinación a través del mercado, siempre y cuando este “sistema de precios” sean correctos, esto es, sin interferencias. Hay otros instrumentos en la economía de mercado que facilitan un eficiente desarrollo.

42. Ockenfels, W. (2008), “Los valores morales son…”, ob. cit., p. 3.

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Y aquí es donde radica la importancia de la competencia y el papel fundamental del Estado que debe contribuir a que esa competencia no sea un proceso espontáneo, sino que existan normas de comportamiento en las cuales todos los partícipes en los procesos de coordinación económica cooperen en el desarrollo de esa competencia.

Una economía de mercado vive de la competencia y no habrá nunca empresarios Schumpeterianos, empresarios que innoven, si no hay competencia. Y es cuando entonces se tendrán dificultades tanto para el desarrollo del crecimiento económico como para el desarrollo del empleo. La existencia de los mercados depende de la contribución de los empresarios a la competencia, estos son los que dan vida al mercado y no las regulaciones estatales o sus intervenciones, ya que no existen empresarios si no hay competencia y, por lo tanto, no existe mercado, si no se implican las personas en el desarrollo de sus potenciales, dentro del ámbito de su libertad, de sus capacidades y su desarrollo, lo mismo que el de las Instituciones en las cuales actúan.

Por ejemplo, las empresas con sus diseños organizativos, pues no habrá economía de mercado si no hay otros elementos que puedan sustituir al Principio de la Competencia.

Es por lo que Ockenfelds plantea el problema señalando que “…si no hay bastantes emprendedores que respondan suficientemente conscientes de que hay que rendir y moralmente dignos de confianza, la economía de mercado degenera en una economía autoritaria, dirigida por el Estado en la que los empresarios mutan a funcionario”.43 El aspecto fundamental en el ordenamiento de la competencia es el hecho de la interpretación que afecta a la eficiencia económica, siendo, sin embargo, la competencia uno de los elementos que contienen una significativa dimensión social, que es la que implica el compromiso e inclusión de la persona en el desarrollo de sus potenciales con el fin de innovar y generar “lo nuevo”. Es cuando, la economía, la persona tienen “vida” y es en esta relación cuando debe plantearse como dice Eucken que “…el objeto del orden de competencia es resolver las 43. Ockenfelds, W. (2008), “Los valores morales…”, ob. cit. p.3.

cuestiones sociales en el espíritu de la libertad y con ello poner a salvo sobre todo la libertad”.44 Es por lo que el propio Eucken señalaba ya en su día, lo que se pueden confirmar también hoy que “todavía faltan en todos los países empresarios y responsables empresariales que comprendan lo que es el orden de competencia: no solo el orden de lo económico, sino también la condición para un orden de Sociedad…”45.

Libertad y responsabilidad: claves empresariales Una Economía Social de Mercado descansa fundamentalmente en los mecanismos del mercado, en su dimensión económico-instrumental, lo mismo que la actividad del Estado descansan en los mecanismos del Estado, su burocracia en todo lo que concierne al Principio de Subsidiaridad y en la Política Económica Estatal. Gauck, actual Presidente de Alemania señala de forma certera que debe ser “un orden que no someta al individuo a la tutela del Estado ni a un mercado en el que los fuertes pueden ser tan grandes que ellos mismos impongan las reglas”46. Lo cual solamente funciona si se dispone de un “sistema de valores” en esa Sociedad que permite aglutinar las personas en torno a una “función de preferencia” en “lo económico” como consecuencia de compartir esos valores. Su orientación al desarrollo integral de las personas, para la cual se exige libertad para su desarrollo y su cooperación, y también, al propio tiempo, la exigencia de responsabilidad, son los dos puntales claves.

Solo a través de impulsar la competencia se implica el desarrollo empresarial que busca “lo nuevo”, la “innovación”, lo cual asegura el crecimiento y, al mismo tiempo, el empleo implicándose con ello en el desarrollo dinámico de una economía de mercado. De la competencia y de la dinámica del mercado depende, sin duda, la propia

44. Eucken, W. (1955), “Grundsätze.”, ob. cit., p.379.

45. Eucken, W. (1955), “Grundsätze.”, ob. cit., p.371.

46. Weidemann, J. (2014), “Von Zahnärten und…”, ob. cit., p.3.

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existencia del empresario. Sin ellos el empresario no tiene soporte que le permita impulsar y se convertirá, como dice Ockenfelds, en funcionario.

Erhard señaló que “el empresario se puede desarrollar con un papel realmente relevante en la Sociedad y el Estado cuando sea consciente de su vinculación con el conjunto de la Sociedad…”47, con lo cual se puede considerar también que corresponde a la afirmación muy posterior del exPresidente Maucher al señalar de manera muy clara que “nosotros los empresarios necesitamos de una aceptación societaria de nuestro sistema. Sin principios éticos, sin responsabilidad social no se puede ver el éxito a largo plazo…”48.

Este compromiso con la Sociedad, con las gentes, es el hecho fundamental actual en todos los diseños empresariales y donde se debe encontrar su orientación a los objetivos finales que se encuentran en la Sociedad y desde los cuales se tienen que diseñar sus objetivos instrumentales que orientan la asignación de recursos escasos dentro de la propia empresa y de la propia Institución orientándola al desarrollo de las personas dentro de un modelo stakeholders. Los errores que ha implicado tanto el modelo shareholder como el modelo correspondiente de las stockoptions, así como la “teoría de la agencia” son causas determinantes muy significativas de los años 90 y el desarrollo de la actual crisis financiera y económica. El empresario lo que debe buscar es la inclusión y no la exclusión de las personas y el desarrollo de sus potenciales para poder ser más competitivo y, al mismo tiempo, poder dinamizar el mercado a través de la innovación contribuyendo a la solución de los problemas de la Sociedad, con lo que conseguirá sus logros, sus beneficios.

Quizás la referencia más significativa es la del Expresidente Köhler al señalar de una manera muy certera que “dirigir una empresa no termina en la puerta de la fábrica…” casi todos saben cuánto deben su éxito a las condiciones marco de la Sociedad. Sin estabilidad política y

47. Jeske, J. (2013), “Erinnert euch…”, ob. cit., p.31.

48. Maucher, H. (1996), “El arte de dirigir…”, ob. cit., p.25.

jurídica, sin infraestructuras públicas, sin paz social, sin confianza en el futuro y sin el sentido de lo “común” le falta a la empresa la base de su éxito”49.

Procesos de cambio y transformación económico-social Bases fundamentales del proceso de cambio Una de las características fundamentales de todo ordenamiento económico-societario es su capacidad para que los procesos de cambio y transformación puedan realizarse bajo los criterios de la flexibilidad necesaria para adaptar personas e Instituciones, lo que concierne a la reducción de los tiempos de los procesos de cambio y también en lo que afecta a los problemas de costes de coordinación de estos cambios, tanto a niveles del impacto en el desarrollo de las personas como en el de las Instituciones. Toda realidad societaria y económica implica procesos de cambio, transformación permanentemente, es por lo que se habla que todo proceso de dirección, de management de una compañía, es un management del cambio, es decir, dirigir de forma que ese cambio se vaya realizando de manera eficiente y no se produzcan “rupturas” en los procesos de cambio que luego llevan a situaciones altamente críticas con enormes “costes de coordinación”, tanto para las personas como para las propias Instituciones en su desarrollo y en su contribución a la Sociedad.

La “Economía Social de Mercado” se define por la disposición de los espacios de libertad necesarios tanto para las personas como para las Instituciones, con el fin de adaptarse de forma flexible a los procesos de cambio. Debe innovarse socialmente de manera que la propia empresa o el propio individuo asuma la responsabilidad, por una parte, de su disposición al cambio y, por otra parte, el que ese ordenamiento económico y social facilite esa transición.

49. Köhler, H. (2007), “El empresario…”, ob. cit., p.3.

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De forma que permita a las personas buscar su desarrollo personal de manera directa a través del mercado, o bien a través de la ayuda correspondiente que debe realizarse subsidiariamente por parte del Estado en el proceso de cambio.

Los procesos de cambio y de transformación se han convertido en un hecho diario y, por lo tanto, a través de la globalización implica básicamente cambios tecnológicos, económico-sociales y, muy en particular, en los propios “sistemas de valores” predominantes a partir de los años 90. Aquí son clave los procesos de innovación social más allá de la norma positiva.

En estas décadas se está produciendo un cambio de modelo empresarial del Neoclasicismo centrado en el shareholdervalue y también en los stockoptions que han modificado durante década y media totalmente el proceso de adaptación de las instituciones, en particular, de las empresas a un modelo stakeholder.50 Pero también de los comportamientos humanos de manera que son una de las causas fundamentales de la crisis financiera y económica como se ha señalado.

La “economía social de mercado”, como orden económico-societario, está basado en Principios y Reglas económicas y sociales que permiten asumir los procesos de cambio de forma flexible, tal como se ha demostrado en el caso de Alemania en el año 2007/2008. Pero estos procesos de cambio tienen que orientarse al desarrollo de la persona y de las Instituciones, de tal manera que los esfuerzos necesarios tanto de personas como de Instituciones deban consistir en una mejor utilización y desarrollo de los potenciales disponibles, el desarrollo de nuevos potenciales y de la generación de “lo nuevo” en el ordenamiento de esa Sociedad: innovación técnica, económica y social. Para lo que se precisa de empresarios Schumpeterianos.

Hay dos dimensiones en la economía que estamos confundiendo permanentemente: por un lado, lo que constituye el análisis económico, significativo en su avance cuantitativo, en el que se trata de relacionar el comportamiento de variables económicas y sociales entre sí y, por lo 50. Davis, I. (2005), “The biggest contract”, ob. cit.

tanto, conocer causas y efectos en aspectos parciales dentro del conjunto económico. Pero, por otro lado, existe el análisis normativo cualitativo, el análisis de la dimensión societaria de la economía, en la que se pregunta el para qué de la economía y el para qué de sus logros de tal manera que se tengan muy en claro cuáles son los objetivos finales que se persiguen. Cómo se ha señalado ya anteriormente, es el desarrollo integral de las personas y el de las Instituciones lo que permite los procesos de coordinación entre los potenciales de personas e Instituciones y su adaptación. Lo que significa la necesidad de un espacio en el que se centren los Principios básicos de la Economía, orientados a los objetivos finales que se han mencionado y los criterios para la coordinación entre personas e Instituciones con el fin de lograr las metas finales mediante el desarrollo de reglas conformes a la situación real.

La fuerza del management de cambio y transformación, tanto personal como institucional, es lograr que los procesos de innovación permitan, al mismo tiempo, generar “lo nuevo”, con lo cual crece el valor de la persona, y se hace atractivo el proceso de cambio que significa, sin duda, esfuerzo, recursos e incertidumbre, pero que, al mismo tiempo, ofrece una visión compensadora de los logros que se pueden esperar.

Los Principios básicos en los que descansa una Economía Social de Mercado son los mencionados anteriormente sobre las exigencias de la libertad para que las personas puedan implicarse en el propio proceso de adaptación en base al desarrollo de su persona, de sus potenciales. Lo mismo puede señalarse para los ámbitos en los que se coordinan dentro de las Instituciones y entre las Instituciones. Se trata de coordinar los potenciales disponibles y su cambio de tal manera que estos criterios de mercado constituyen una primera base. Pero no puede hablarse solamente de mercado, si, al mismo tiempo, no se plantea el soporte del Principio de Subsidiaridad, esto es, el proceso en el cual suceden los cambios que afectan a personas y a Instituciones, que precisen de un esfuerzo complementario que debe prestarse, cuando tengan sentido económico y social, en la medida que contribuya al desarrollo de las personas y de las Instituciones. | Santiago GARCÍA |

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Lo que no se puede aplicar es el Principio de Subsidiaridad, una Política Social que no lleve al desarrollo de las personas, sino, como en muchos de los casos ocasione el “achatarramiento” de las mismas o de las propias Instituciones por pérdida de la dimensión social de la persona. Esta dinámica es la que da “vida” a la economía y, por lo tanto, no es el establecerse en una “economía del bienestar”, sino que ese bienestar debe ser un proceso de transición hacia una aportación más eficiente, tanto para el propio desarrollo de la persona como del “bien común”, de la Institución. Pero el Mercado y su complemento el Principio de Subsidiaridad se rigen básicamente bajo el Principio de la competencia, esto es, va más allá de los “sistemas de precios”, se centra en el desarrollo de las competencias de personas e Instituciones.

El artífice básico de los procesos de cambio es la persona y las Instituciones en las cuáles se coordinan esos potenciales y, consecuentemente, la persona tiene que ver la perspectiva, el logro que cubra el objetivo de su desarrollo y de su contribución a la comunidad en lo cual aumenta su valor e imprime una mayor dinámica innovadora.

Junto al Principio de Competitividad, que afecta también al papel del Estado en su papel de coordinador en una parte sustantiva, y que hace uso de los recursos escasos, tanto en el ámbito de la propia Política Económica Estatal como en su Política Societaria, actuación que debe estar y debe actuar en la medida de lo posible “conforme al mercado” y no interferir en el mismo obstaculizando los procesos de desarrollo y de cambio y, en particular, no contribuyendo a garantizar el desarrollo de las personas. El Estado debe cuidar el problema de no reducir los espacios de libertad a las personas en la actividad de coordinación económica, como tampoco debe realizar una Política Social que no lleve al desarrollo de las personas. Y en particular el agente realizador lo es el empresario Schumpeteriano.

Este espacio de adaptación es el que ofrece una Economía Social de Mercado bajo los Principios y las Reglas dentro de las cuales tiene lugar la aceptación de los objetivos Instrumentales mencionados de la economía y las reglas para los procesos de coordinación de la actividad económica y societaria buscando soluciones en la contribución

del Mercado y del Estado a las necesidades de las personas. El Estado debe ceder todos aquellos procesos de coordinación que puedan resolver eficientemente en el mercado para que sean realizados por el mismo. El Estado no debe olvidar que es el garante de las libertades, no de su reducción y de contribuir a resolver los problemas sociopolíticos que se plantean.

La dimensión Institucional y su transformación Los “procesos de coordinación” se realizan dentro de las Instituciones, por un lado, y entre las propias Instituciones, por el otro, siendo estas del ámbito instrumental del Mercado y del Estado. De la cooperación entre las distintas Instituciones en el marco de un “ordenamiento económico societario” compartido, con Principios y Reglas conocidas, consolidadas, con espacios adecuados para la adaptación flexible de los procesos de cambio, genera una economía para la Sociedad, para las personas y para la solución de sus problemas que garanticen su desarrollo y su contribución al “bien común”.

Y aquí juega un papel decisivo la forma en la que se configuran las Instituciones, en primer lugar. Las Instituciones, por ejemplo, las empresas, pero otras muchas Instituciones que configuran tanto los mercados, así como la propia acción del Estado en los procesos económicos y societarios, tienen que ser dirigidas y organizadas de forma que su management responda tanto en su dimensión corporativa como en los procesos de management y de organización.

En particular afecta a su Política de Personal, esto es, una política que debe estar menos orientada a la norma positiva, reguladora, dentro de un amplio “bosque regulador”, que delimita y cierra los espacios disponibles de personas e Instituciones y hay que orientarla más al desarrollo de las personas, a asegurar la confianza de las personas en su propio futuro que como consecuencias del cambio desarrolla nuevas“competencias” en su desarrollo personal, de tal manera que logre la persona los objetivos finales que persigue en su más diversa naturaleza. | Santiago GARCÍA |

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En este ámbito de la coordinación interna de las Instituciones de los procesos económicos y sociales se generan altos “costes de coordinación económica”, con un nivel muy bajo de búsqueda de “lo nuevo”, la innovación social y la innovación técnica y la innovación económica, lo que hacen imposible incrementar el valor de las personas en el contexto de esa Institución en la cual se dispone de sus potenciales.

La falta de una orientación del management y de sus organizaciones al desarrollo integral de las personas dispara enormemente los costes de coordinación dentro de cada una de esas Instituciones, por lo tanto, generan una ineficiente utilización de los recursos escasos de que disponen. Lo que genera una situación en la que se hace difícil el desarrollo de las personas y su aseguramiento en el futuro más allá de las “normas positivas”. Es algo que debe impulsar un ordenamiento de una “Economía Social de Mercado” a través del desarrollo de la competitividad, del desarrollo de las “competencias” que hagan posible la configuración de un orden económico y de Sociedad que permita impulsar ese desarrollo de las personas y de los procesos de coordinación modificando el proceso de disposición de las personas dentro de las propias organizaciones, tanto en el Mercado como en el Estado. Este es el capítulo pendiente en el desarrollo económicosocial, pieza fundamental para asegurar el crecimiento económico y, consecuentemente, su competitividad y empleo.

La otra dimensión es la que corresponde a las relaciones interinstitucionales, esto, es dentro del Mercado y del Estado y entre el Mercado y el Estado en su vertiente tanto de la Política Económica como de su Política Social respondiendo al “Principio de Subsidiaridad”. A lo que deben añadirse las Políticas Societarias.

El principal elemento que lo define son los elevados costes de coordinación cuando ésta coordinación para disponer de los potenciales disponibles en las personas y en las Instituciones se realiza en base a “normas positivas” mediante un reduccionismo de la diversidad, una singularidad inexistente, mientras juegan un papel importante las interferencias permanentes del Estado en los espacios de libertad.

Los “bosques regulatorios” hacen difícil generar espacios para poder

asumir la diversidad de las circunstancias de las personas y las distintas orientaciones de su propio desarrollo que busca cada una de esas personas y de sus Instituciones.

Por otra parte, incide de manera muy significativa en estas relaciones interinstitucionales el propio concepto de la Institución empresarial mencionada. En los años noventa se ha producido una de las peores contribuciones que se ha realizado tanto en el pensamiento económico como en la realidad práctica con el impulso dado al concepto de shareholdervalue, esto es, en el clasicismo de las maximizaciones reduciendo de manera radical los procesos de coordinación a unos mal entendidos “sistemas de precios”, inadecuados para una eficiente coordinación económica al introducir elementos correspondientes a otras dimensiones que son más bien fortuitas o de “casino”.

Este concepto de shareholder en la orientación de la dimensión corporativa y del management, así como organizativa de las Instituciones en el mercado, ha implicado también al propio Estado. A lo que se añade el tema de las Stockoptions y las consiguientes modificaciones legales que se han realizado en diversos países con todas las consecuencias que ha implicado en la realización de una economía “sin la persona”51. No se busca el desarrollo de la persona, sino que se ha cometido el error básico de realizar una configuración “sin la persona”, con lo cual los costes de coordinación se han disparado.

Una “Economía Social de Mercado”, un orden económico-social, descansa en un modelo stakeholder dentro del mercado y afecta al problema de la relación económica y societaria entre el Mercado y el Estado, cuyas actuaciones deben ser “conformes al mercado” a los efectos de su coordinación dentro del mercado, dentro del Estado y entre ambos. El “sistema de valores” debe asumir una orientación compartida para el desarrollo integral de las personas y de las Instituciones a través de una eficiente disposición en la asignación de recursos escasos. Y ello reduciendo radicalmente “los costes de coordinación” con el fin de disponer de aquellos potenciales disponibles 51. García Echevarría, S.. (2008), “Wo bleibt...”, ob. cit., p.23.

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en las personas e Instituciones privadas y públicas como pieza fundamental en su articulación.

En las circunstancias actuales significa que deben recuperarse muchos procesos de coordinación económica que están fuera del mercado para resolverlos por el mercado y resolver de manera más eficiente la coordinación entre la acción del Estado y la del Mercado. En el sentido ya reflejado de Erhard en una Economía Social de Mercado se trata de la existencia detrás de los objetivos societarios y económicos de un “sistema de valores” y ese sistema de valores debe ser compartido, siendo el objeto de la actividad económica el desarrollo de las personas y de sus potenciales, así como el de sus Instituciones.

Esta coordinación de los potenciales puede hacer costoso el segundo criterio básico de que los recursos disponibles, las capacidades disponibles, sean utilizadas eficientemente para poder contribuir al desarrollo de las personas.

En el marco de una economía para la Sociedad, de una economía para las personas, en su dinámica innovadora de cada una de sus Instituciones, la libertad y la responsabilidad son la clave de la dimensión societaria de la economía y de sus Instituciones. De ahí los problemas creados por una errónea interpretación económica que se ha transmitido a las Instituciones a través del propio concepto del Neoclasicismo maximizador en la manera de entender la economía a un nivel de abstracción centrado en las “cosas” y no orientado a las “personas” y a su desarrollo.

Clave de la Economía Social de Mercado: la estructura y desarrollo de las empresas medianas y pequeñas Nunca existirá una economía de mercado y menos una Economía Social de Mercado si no se desarrollan competitivamente las empresas medianas y pequeñas. Ellas son el soporte de una economía de mercado, en el sentido de Maucher, ellas son las que dan vida a esa economía de mercado y son las que verdaderamente contribuyen a la dinámica basada en la competitividad, pieza fundamental en la pro-

pia existencia de estas empresas medianas y pequeñas, y consecuentemente de sus empresarios.

Ockenfelds destaca de manera muy significativa que “una economía de mercado como una economía social de mercado, vive del presupuesto de que existen ciudadanos dedicados a la economía conscientes de sí mismos, que están dispuestos a desarrollar iniciativas, a aplicar conocimientos y capital, y desafiar los riesgos”.52 Esta referencia a la vida de una economía de mercado es la que se refiere la propia evidencia empírica que se demuestra en los países centroeuropeos de manera muy clara: son éstos, los empresarios schumpeterianos, los de las empresas medianas y pequeñas, la mayoría de ellas empresas familiares, que se encuentran en una gran dinámica de liderazgo global tanto en el ámbito no solo nacional sino mundial.

La Economía Social de Mercado es el orden económico-societario el que imprime, garantiza, el surgimiento empresarial bajo el criterio de la competencia en la búsqueda de “lo nuevo”, un empresario schumpeteriano que a través de la innovación trata de resolver los problemas de coordinación internos, de la búsqueda de la cooperación de las personas internamente y de la coordinación externa, de la cooperación con las personas externas clientes, proveedores, Estado y Sociedad, los stakeholders. Se trata de dar prestaciones que resuelvan el desarrollo de las personas interna y externamente. Resuelve sus problemas de coordinación interna y externa bajo una total orientación a las personas y a su desarrollo, tanto en las personas que pertenecen al conjunto de la empresa como a los stakeholders que hacen posible la existencia de estas empresas.53 Estas empresas medianas y pequeñas existen merced a esa cadena concatenada hoy a nivel internacional que hace posible el que la coordinación económica entre empresas y entre personas se produzca con “costes de coordinación” reducidos. Una Economía Social de Mercado 52. Ockenfelds, W. (2008), “Los valores morales..”, p.3.

53. Véase el estudio realizado sobre el Mittelstand en García Echevarría, S. (2013), “El desarrollo del Mittelstand”, ob. cit.

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constituye la base de las empresas medianas y pequeñas que incitan a la disposición competitiva de los espacios disponibles.

El Presidente de la Asociación de Empresarios Medianos Adenauer señala que “los Principios fundamentales de las empresas familiares: libertad, propiedad, competencia y responsabilidad solamente pueden lograrse en una Economía de Mercado y el Estado debe garantizar estos principios, ya que el Mercado solo no puede ordenar todo”.54 Lo cual quiere decir que dentro de una Economía Social de Mercado el papel del Estado es de garante de que las empresas medianas y pequeñas tengan un espacio disponible que no sea sorprendido por intervenciones, o por “bosques regulatorios”, que hagan imposible el proceso y el crecimiento de una economía. Si no se dispone de una Economía Social de Mercado estos empresarios schumpeterianos, innovadores, no le darán vida al mercado y, por lo tanto, una economía de mercado se muta en un intervencionismo estatal, que es lo que está sucediendo.

Estas empresas medianas y pequeñas han resuelto de manera excelente los procesos de coordinación interna, esto es, “las formas de configurar tanto su dimensión corporativa como el management y la organización”, o la inclusión de las personas en los procesos sociales de la empresa, de forma que impactan en su propio desarrollo del personal. De ahí los bajísimos niveles de absentismo, de rotación de personal, de conflictos sociales, que constituyen uno de los elementos vitales en la reducción de los “costes de coordinación”, ya que las personas ven el futuro con mayor seguridad, mayor consistencia de la Política Económica porque las empresas son capaces, con las personas, de adaptarse a los procesos de cambio como consecuencia de la globalización, de la tecnología, de la economía y del propio “sistema de valores” configurando empresas y personas arraigadas de manera significativa en esas comunidades55 merced al Principio de Competitividad.

54. Adenauer, P. (2010), “El Principio…”, ob. cit., p.2.

55. García Echevarría, S. (2013), “El desarrollo del Mittelstand…”, ob. cit.

Estas empresas medianas y pequeñas han resuelto de manera eficiente los procesos de coordinación externos, con los clientes, con la cadena de proveedores, con la Sociedad y con el Estado integrando en esa orientación a las personas en el propio desarrollo Institucional. La relación entre el cliente y el personal de una empresa es cinco veces superior a la relación que existe en la empresa grande, pero lo mismo sucede en las relaciones con los proveedores, ya que de esa cadena va a depender el éxito de miles de empresas que son las que van a dar vida al Principio de competitividad.

Pero no existirán empresas medianas y pequeñas, no existirán empresarios schumpeterianos, si no hay competencia y esa competencia es la que genera la necesidad de nuevas tecnologías, de ahí su fuerte inversión en investigación e innovación y, al mismo tiempo, de la eficiencia en el manejo de estos recursos innovadores solucionando los problemas de los clientes, de los proveedores, y de la propia Sociedad. Desarrollan estas empresas además una enorme capacidad de “arraigo” que estabiliza el Orden de Sociedad y se adaptan rápidamente a los procesos de cambio, involucrándose seriamente en el desarrollo de la persona, por ejemplo, en la formación Universitaria o en otras manifestaciones en las cuales la persona ve su futuro con confianza y percibe como asequibles los procesos que necesitan desarrollar para tener una respuesta a sus propias necesidades y a sus objetivos personales.

Un CEO en una compañía de estas tiene 20 años de CEO y allí no se habla de plazos cortos, se habla de plazos generacionales, con una estructura de capital consolidada y con una integración real del cliente y del personal, lo que hace que se genere tal confianza que consolida la base de la competencia, ya que reduce los costes de coordinación.

Estas empresas dan empleo en Países como Alemania al 60% de la población y forman al 80% de los aprendices que han desarrollado una gran capacidad tecnológica y unos “costes de coordinación bajos”.

La clave de una Economía Social de Mercado, de una economía de mercado societariamente responsable es precisamente ese impulso | Santiago GARCÍA |

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que da el empresario Schumpeteriano, el empresario de las empresas medianas y pequeñas, empresas familiares con una dinámica fuertemente arraigada en la Sociedad y con una gran contribución a la Sociedad, lo que hace que se generen expectativas y se desarrollen las personas logrando su integración, eliminando la exclusión de las personas.

Propuestas y consecuencias para la sociedad española

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1. La crisis financiero-económica ha impactado de forma muy acentuada en la Sociedad española posicionando a los aspectos económicos entre sus preocupaciones más relevantes. Lo económico se ha situado en un plano de preocupaciones que revela que le falta la dimensión societaria que realmente tiene la economía. En particular la crisis bancaria y financiera, con sus graves consecuencias en las personas, ha generado una profunda preocupación por el futuro de las personas. A veces parece como si solo “lo financiero” fuese la causa y la clave de los problemas de la economía. Pero está aún pendiente la realización de esa transición societaria en lo que se refiere a la economía y a la Cultura Económica de este País.

2. Cuando se contemplan el medio siglo transcurrido desde comienzos de los años sesenta en búsqueda de una nueva respuesta a “lo económico” en esta Sociedad, a través de la “planificación administrativa”, se afianza el papel del Estado en los años sesenta, de la capacidad que asume como planificador de “lo económico” lo que refleja la otra alternativa a la de generar una mayor libertad económica en una economía de mercado.

Todo este proceso lleva al caos de la crisis económica dos décadas después. No se generó una Cultura económica que descansase en la libertad y en la responsabilidad de la persona. Curiosamente la situación en el año 2012 señalada Phelps sobre

las dos formas de concebir la vida, la economía: “Detrás de las diferencias técnicas, sin embargo, se encuentra la división entre aquellos que quieren seguir con el corporativismo y el Keynesianismo y aquellos otros que quieren aproximarse a una “economía de mercado con un buen funcionamiento”56. Es la situación actual. La apertura iniciada a mediados de los Ochenta con la referencia integradora en la “Comunidad Europea” no surte efectos hasta la segunda mitad de los años noventa. No se realizan los procesos de aprendizaje generando una Cultura económica orientada a la libertad y a la responsabilidad. Al contrario, la primera década de este siglo ha sido harto destructiva desde la perspectiva económica. Nunca ha existido un “Orden económico-societario” capaz de ordenar la dimensión societaria de la economía en este País.

3. El desarrollo económico ha sido realizado sin una clara determinación de un Orden económico-societario que facilite una apertura hacia mercados competitivos. Falta en esta Sociedad una Cultura de la competencia, en particular, más allá del mecanismo de los “sistemas de precios”, esto es, vincular el ser competitivo con el desarrollo de los potenciales de las personas y de la forma de coordinarlos en las diferentes Instituciones.

Una Cultura económica exige una clara percepción de los objetivos finales que se persiguen: el uso eficiente de los recursos escasos disponibles tanto para las personas como para el desarrollo de sus capacidades con el fin de contribuir al desarrollo de las mismas. Es como un desorden en la interpretación no solo de lo “económico”, sino también de “lo social”, lo que acarrea dificultades en la interpretación por parte de las personas tanto en “lo económico” como en el papel de las personas en los procesos económicos y las consecuencias para la Sociedad.

4. La economía no es un mero juego de suma cero, uno gana y otro pierde, no es maximizar lo posible para resolver los problemas 56. Phelps, E. (2012), “Germany is right…”, ob. cit.,.

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individuales, ni es un “casino” sino que la economía funciona cuando todos “ganan”, cuando las personas somos conscientes que solo podemos cubrir nuestras necesidades en cooperación con los demás. La economía no funciona en situación de conflicto, sino en un contexto de cooperación con los demás. De la forma en que se realice la cooperación entre las personas en una Institución, o de cómo se coopere entre las Instituciones, se logrará disponer de los potenciales de las personas y de las Instituciones de forma que se generen productos y servicios que permitan cubrir las necesidades que faciliten el desarrollo integral de las personas merced al uso eficiente de sus potenciales, de los recursos escasos y de las capacidades disponibles.

Lo que implica asumir que solamente cuando se logre que las personas desarrollen sus potenciales para cubrir sus necesidades y contribuyan a cubrir las necesidades del otro (bien común) se generará un “orden económico y societario” que de respuesta, por un lado, a las exigencias de eficiencia económica y, por el otro lado, dé respuestas a un Equilibrio Social que permita reducir los “costes de coordinación” y generar la confianza necesaria en las personas y en las Instituciones para contribuir con sus potenciales a desarrollar las personas y, en consecuencia, a cubrir sus metas.

5. Si la Sociedad busca libertad para que toda persona tenga la posibilidad de desarrollar sus potenciales conforme a su “sistema de valores” y esté en disposición de cooperar con los demás para generar productos y servicios, y contribuya a configurar instituciones eficientes, es cuando se conseguirá reducir “los costes de coordinación”, lo que impone la asunción de responsabilidad como factor moral en la Sociedad. Una economía para la Sociedad basada en el desarrollo de la libertad de las personas se realiza en un Orden de una “Economía Social de Mercado” como respuesta a la dimensión societaria de la Economía: lograr el desarrollo integral de las personas con un uso eficiente de potenciales y recursos escasos.

6. Este orden económico-societario exige una clara disposición a cooperar generando bajos “costes de coordinación” como consecuencia de la confianza en el propio desarrollo, en el desarrollo de los demás. Lo que exige: • Una economía de mercado eficiente para la realización de los procesos de coordinación económica, espacio que el Estado debe garantizar para asegurar la certidumbre y consistencia a largo y medio plazo de los comportamientos de los mercados y del propio Estado • El Estado debe ser garante del espacio de libertades señalando y vigilando el marco de referencia que debe asegurar y no intervenir.

• El “bosque regulatorio” español no garantiza este espacio, como condición primaria.

• Pero el mercado no funciona solo. El Estado debe asegurar la existencia de la competencia en los Mercados para garantizar su funcionamiento. Este es el otro aspecto, ya que una Cultura económico-competitiva no se crea por orden natural.

Debe ser garante el Estado y aquí se han minado los procesos de una Cultura de la Competencia que garantice un orden estable. De este orden de competencia dependerá tanto la existencia de una economía de mercado como del surgimiento de una Clase Media empresarial capaz de competir a través de la innovación, crecer y crear empleo. Sin competencia no se desarrollan empresarios Schumpeterianos ni surge una economía de mercado. Aquí se encuentra el eslabón clave en España.

• La economía de mercado precisa del Principio de Subsidiaridad para cubrir las necesidades de las personas que no disponen de potenciales para cubrir sus necesidades. El Estado debe asumir una Política Social que contribuya al Equilibrio Social bajo criterios de eficiencia económica y social. España es uno de los Países cuyo 50% del PIB lo realiza el Estado, | Santiago GARCÍA |

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magnitud que dificultará siempre el desarrollo eficiente de una economía de mercado capaz de generar los superávits necesarios para cubrir las necesidades de la Política Social.

Esta es una cuestión clave de una Economía Social de Mercado que debe reordenarse en España para alcanzar las metas del desarrollo de las personas utilizando eficientemente los procesos de coordinación. Este es un camino importante y que debe acometerse.

• La actividad del Estado en las actuaciones específicas de Política Económica Estatal debe estar sometida a la “conformidad con el mercado”, de forma que los recursos y las capacidades disponibles deben ser eficientemente utilizados orientándolos al desarrollo de las personas, pero no debe ser generador de capacidades y servicios que impliquen una deficiente utilización de los recursos y de sus capacidades generando capacidades innecesarias y que no se utilizan. Esta es una losa de “costes fijos”.

Hay muchos ámbitos de esta actividad coordinadora que debieran realizarse a través del mercado, con los mecanismos del mercado, más allá del “sistema de precios” para descargar al Estado de estas funciones y fortalecer su papel en el funcionamiento tanto de una Economía Social de Mercado, como del Principio de Subsidiaridad “conforme al mercado”, sin interferencia e intervenciones que disparen los costes de coordinación.

7. No habrá crecimiento si no hay empresarios Schumpeterianos innovadores, en la búsqueda de “lo nuevo”, que permita la adaptación de la economía para que se pueda asegurar el desarrollo de las personas como consecuencia del uso eficiente de los recursos y de las capacidades escasas. La competencia no es solo la fuente de la existencia de los mercados eficientes, sino la condición sine qua non para el surgimiento de empresarios, en particular, para el fortalecimiento de las empresas

medianas y pequeñas clave del crecimiento español y de la creación de empleo. Son los empresarios los que generan los procesos de descubrimiento de productos y servicios competitivos en un mundo globalizado. No es el Estado, ni ningún ente planificador. Esta es la gran barrera del desarrollo de la economía española que garantice a largo plazo los procesos sostenibles e innovadores que den seguridad a las personas para que puedan desarrollarse a través de sus “competencias” y de su contribución más allá de sus propias necesidades al “bien común”, a la generación de las Instituciones que facilitan la coordinación económica.

8. España precisa clarificar la garantía de una “economía de mercado” que “funcione bien”, una Economía Social de Mercado, de una clarificación de las funciones del Estado garantizando seria y de forma consistente el espacio de libertades y asegurando eficientemente el Principio de Subsidiaridad que garantice el “equilibrio social” en base a un orden de competencias que imprima una nueva Cultura económica en este País.

Sin esta transformación Societaria, difícilmente se logrará salir de la falta de expectativas en el desarrollo de las personas.

Tanto el Mercado como el Estado deben cooperar para asegurar el uso eficiente de los recursos escasos, así como en la configuración de ese Orden de Sociedad que dé respuesta a las necesidades en productos y servicios, siempre orientados y calculados económica y societariamente para el desarrollo de las personas. Sin este compromiso responsable difícilmente podrá este País coordinar con eficiencia y menos desarrollar los potenciales de los que dispone, de los que disponen las personas.

De la inclusión de las personas en los procesos económicos depende la aportación subsidiaria que solo puede y debe cubrirse con el éxito económico, lo que solo se logra a través del mercado y la competencia, en base al desarrollo de las competencias de las personas. | Santiago GARCÍA |

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9. El Equilibrio Social es la aportación de un Orden de “Economía Social de Mercado” para el que queda todavía un largo recorrido en este País. Pero sin los Principios y Reglas de este Orden Económico-Societario para la coordinación económica se plantearán serias deficiencias.

Es un cambio en el “sistema de valores”, son otras formas de facilitar y entender la libertad, así como la asunción de responsabilidad, implica otras formas institucionales y comportamientos éticos y morales, pues no se trata de disponer de “cosas”, se trata de “implicar a las personas” en su propio desarrollo y en la contribución al desarrollo de los demás. O se va por este camino de liberar espacios para las personas, objetivo final de la economía, o no se dispondrá de un Orden Societario justo y estable a medio y largo plazo que haga sostenible no solo un Orden económico, sino el propio Orden Societario.

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Resúmen El desarrollo de una “economía social de mercado procede de dos vías: por el desarrollo de su trayectoria doctrinal, o bien por la vía de los principales conceptos en los cuáles descansa una “economía social de mercado”, una economía de mercado societariamente responsable. Una “economía social de mercado” trata de la “persona real” en el contexto de una sociedad con unas relaciones sociales, con una cultura y con todos aquellos otros elementos que determinan su “sistema de valores” y sus propias “funciones de preferencias”. La economía no es un mero juego de suma cero, uno gana y otro pierde, no es maximizar lo posible para resolver los problemas individuales y el Estado debe ser garante del espacio de libertades señalando y vigilando el marco de referencia que debe asegurar y no intervenir.

Résumé Le développement d’une économie sociale de marché procède de deux voies différentes: par le développement de son trajectoire doctrinal ou bien par le chemin des principaux concepts sur lesquels repose une «économie sociale de marché», une économie de marché collectivement responsable. Une “économie sociale de marché» parle de la «personne réelle» dans le contexte d’une société avec des relations sociales, avec une culture et avec tous les autres éléments qui déterminent son “système de valeurs” et ses “fonctions de préférence”. L’économie n’est pas seulement un jeu à somme nulle, où il y un qui gagne et l’autre perd, il n’est pas de maximiser les efforts pour résoudre les problèmes individuels et l’État doit garantir l’espace des libertés pour signaler et de faire la veille du cadre de référence qui doit assurer et de ne pas intervenir. | Santiago GARCÍA |

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Abstract The development of a “social market economy” proceeds from two paths: by the development of its doctrinal history, or by the principal concepts in which lies a “social market economy”, a socially responsible market economy. A “social market economy” means the “real person” in the context of a society with social relations, with a culture and with all those other elements that determine its “system of values” and its own “functions or preferences”. The economy is not a mere game of zero-sum, you win some, you lose some, it is not maximizing whatever possible to resolve individual problems, and the Government must be the guarantor of liberty spaces, pointing and watching out for the frame of reference that it must assure and not interfere.

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V. Visi贸n de futuro

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José Manuel GARCÍA-MARGALLO

Una visión de Europa desde la recuperación de España Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación.

E

n el ecuador de la legislatura que otorgó la responsabilidad de gobierno al equipo del que formo parte, traduzco mis reflexiones en el contexto de esta publicación de coyuntura, en la que son factores comunes una visión de Europa y las relaciones económicas de España con los principales miembros de la Unión.

Es un hecho bien conocido, que los problemas específicos de la economía española, incrementados por otras dificultades procedentes del exterior, crearon una situación especialmente complicada. Previsibles en 2008, críticos en 2011 y en régimen de vigilancia intensiva durante 2012.

Sin embargo, a partir de la segunda mitad de 2013 comenzó a observarse una clara mejoría en algunos indicadores y ello, nos permitió contemplar, con un cierto optimismo, la capacidad de la economía española para superar la crisis. La propia Europa vivió momentos críticos en el que algunos testimonios de su propia identidad se pusieron en riesgo.

Los primeros meses de 2014 configuran un nuevo escenario en el que las principales expectativas se están cumpliendo. Se aprecia ya crecimiento del PIB y los principales desequilibrios de la economía | José Manuel GARCÍA-MARGALLO |

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española se están corrigiendo. La confianza en España y su valoración en Europa han llegado a describirse como ejemplo de actuación.

Es cierto que todavía nos queda un largo camino por recorrer, pero también lo es que los indicadores son indiscutiblemente mejores que los que sustentaban el análisis al iniciar la gestión del nuevo Gobierno y en algún caso reflejan mejoras no alcanzadas en los años previos a la crisis: • La economía española ha salido de la recesión. El PIB refleja tasas de variación positivas desde el tercer trimestre de 2013.

• El problema de las tasas de paro, que contiene matices estructurales, está empezando a remitir.

En ambos casos reflejan el impacto de causas diversas en su origen:

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• Un sector inmobiliario en caída libre, tras el estallido de la burbuja especulativa, que arrastró a la construcción.

• Un sector financiero con graves problemas, en gran parte como consecuencia de lo anterior.

• Un elevado endeudamiento del sector privado (familias y empresas) que se situaba en el 230% del PIB. Un déficit público y una deuda pública creciente.

• Un PIB con tasas de variación negativas y una alta cifra de paro.

Para hacer frente a estos problemas, el Gobierno puso en marcha desde 2012 un ambicioso programa de reformas, focalizado en tres frentes: • Consolidación fiscal.

• Reformas estructurales para mejorar la competitividad de nuestra economía.

• Saneamiento del Sistema Financiero.

A principios de 2013 comienzan a percibirse signos positivos en parámetros significativos de nuestra posición económica:

• • • •

Mejora de la productividad y de la competitividad.

Reducción del endeudamiento del sector privado.

Corrección del déficit presupuestario.

Y, sobre todo, una importante mejora de nuestras cuentas con el exterior.

El sector financiero, una de nuestras principales preocupaciones, estaba culminando satisfactoriamente su proceso de saneamiento.

Durante el primer trimestre de 2014 la mejoría en todos los indicadores se hace evidente: • El endeudamiento de familias y empresas continua su proceso de reducción, situándose por debajo del 200% del PIB. • El déficit presupuestario estructural se ha reducido en más de tres puntos, y ello en un contexto de caída del PIB. • Se ha recuperado toda la competitividad perdida desde 1999.

• El sector exterior ha experimentado una extraordinaria mejoría, más destacada en el contexto de la evolución del resto de países de la Unión Europea: – En los diez primeros meses del año, las exportaciones han crecido un 6,2%, alcanzando un nuevo record histórico.

– Las importaciones se han contraído un 2% que, según estudios de analistas privados, son fruto de un efecto sustitución como consecuencia de la mejora de competitividad de nuestras empresas. Ello hace que la mejora del saldo comercial pueda considerarse estructural y duradera.

– Fruto del comportamiento de exportaciones e importaciones, la balanza corriente arroja superávit por primera vez desde la década de los 80.

• Y, gracias a todo ello, la economía española presenta una mayor capacidad de financiación ante el exterior, lo que nos está permitiendo reducir nuestra deuda externa. | José Manuel GARCÍA-MARGALLO |

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• En el tercer trimestre de 2013 el PIB experimenta, por primera vez en seis trimestres, tasas de variación positivas, con lo cual España sale técnicamente de la recesión y el crecimiento se acelera en el cuarto trimestre hasta el 0,3%. Con ello, en 2014 se producirá la ansiada vuelta al crecimiento en términos anuales.

• Comienzan los reconocimientos de las instituciones económicas internacionales, y el FMI anuncia que la tasa de crecimiento del PIB español se multiplica por tres en 2014 frente a las previsiones anteriores y se estima en 0,6%, aun por debajo de las previsiones de numerosas entidades de análisis.

• Los datos del mercado laboral muestran una reducción del numero de desempleados, por primera vez desde 2006, abriendo una senda de crecimiento del empleo y reducción paralela de la enorme tasa del 26% para el paro que nos significa negativamente en Europa.

290 Y lo que es más importante de todo ello: la confianza en España ha vuelto a los mercados, como refleja la evolución de la prima de riesgo, que en 2011 llegó a supera los 630 puntos, y se ha estabilizado desde finales de 2013 por debajo de los 200 puntos, es decir en los niveles previos a la crisis. Las nuevas emisiones de deuda del Tesoro registran niveles de demanda desconocidos y los tipos de interés, en las colocaciones en 2014, son los mas bajos de nuestra historia reciente.

Ello supone un alivio adicional para la corrección del déficit presupuestario con ahorros derivados del servicio de la deuda que superan los 8.000M€ en 2013.

Somos conscientes de que aun queda mucho camino por recorrer.

Los desequilibrios en materia de deuda privada y deuda pública siguen siendo elevados, al igual que los niveles de paro.

Por ello, el Gobierno ha dejado claro que no va a decaer en sus esfuerzos por continuar con las reformas. A lo largo de los próximos meses y hasta el final de la Legislatura, se completarán las reformas en curso y se afrontaran otras nuevas.

La economía española está experimentando un cambio de modelo que no es meramente declarativo. Se trata de migrar de uno basado en buena parte en la construcción y el endeudamiento, a otro concebido desde la competitividad, en el que el sector exterior será el motor del crecimiento.

En este cambio no es menos importante el proceso que estamos viviendo en la UE, que pretende resolver los desequilibrios y problemas de la zona Euro.

Hace un año la Unión Europea estaba inmersa en una profunda crisis financiera. Aunque lo peor ya ha pasado, la Unión Europea afronta un reto sin precedentes. La crisis presenta también una dimensión política.

En muchas zonas de Europa pierde fuerza el sentimiento de solidaridad y adhesión a la idea europea, con el auge consiguiente del nacionalismo y el populismo. Aunque la UE ha avanzado de forma significativa en la mejora de la situación económica, existe entre los ciudadanos la idea de que la UE no está gestionando la crisis de forma satisfactoria y que es preciso hacer más. Hemos de actuar para restablecer la confianza en nuestro proyecto conjunto.

Para abordar estos desafíos, es necesario acordar una estrategia para el futuro de Europa, en la que hemos de contemplar tres grandes ejes de trabajo: • fortalecimiento de la UEM (Unión Bancaria, Unión Fiscal y Marco Económico Integrado), • mayor capacidad de actuación interna y exterior, y • el fortalecimiento de la eficacia de las Instituciones de la UE e incremento de la legitimidad democrática.

En este sentido, hay que destacar que se están dando pasos importantes en el ámbito de la Unión Bancaria (definición del Mecanismo de Supervisión y del de Resolución de Crisis), de la Unión Fiscal (supervisión de los Presupuestos Nacionales) y de la delimitación de los acuerdos contractuales para el crecimiento del empleo y los mecanismos de solidaridad asociados. | José Manuel GARCÍA-MARGALLO |

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No obstante, las nuevas instituciones europeas que surjan de las elecciones del próximo mes de mayo tienen ante sí el reto de consolidar esa nueva Unión Europa que recupere la confianza en el proyecto conjunto.

En este sentido, me permito trasladar el contenido de la “Declaración de Mallorca”, fruto del acuerdo de los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la Unión Monetaria, en la que se destacan (cita literal):

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1. Europa se enfrenta a dos grandes desafios: • La Unión Europea debe superar una crisis económica y financiera en varios de sus estados miembros. Aunque los esfuerzos desarrollados para resolver la crisis de deuda soberana comienzan a producir sus frutos, debemos proseguir en nuestra acción para consolidar el crecimiento duradero y el empleo. La crisis ha tenido consecuencias sociales y políticas que han supuesto un crecimiento del paro juvenil, que alcanza en la actualidad niveles inaceptables, así como un aumento del euro escepticismo y de la polarización política. Existe un riesgo cierto de que los ciudadanos pierdan de vista el valor de la integración europea.

• Paralelamente, hemos de conseguir que Europa reafirme su presencia, tanto política como económica, en el marco internacional. Solo desde una visión conjunta podremos establecer las bases del crecimiento y del empleo duradero. Y desde ese enfoque conjunto se escuchará mejor nuestro mensaje, en un mundo que es cada vez más competitivo.

2. Actuar con determinación en una Europa más fuerte y unida: • Hemos de hacer todo lo posible para lograr el crecimiento y el empleo, especialmente el de los jóvenes. Hemos de redoblar los esfuerzos para alcanzar balances presupuestarios saneados, emprender reformas estructurales en los Estados miembros y poner en marcha todas las medidas que permitan dinamizar

el empleo y contribuir a la financiación de la economía real, en particular las de las PYME. • Es fundamental la estabilidad del euro a largo plazo. Para lograrlo, hemos de avanzar en el perfeccionamiento de la Unión económica y monetaria para incentivar la competitividad y el respeto pleno del mercado único. Habrán de adoptarse nuevas medidas en favor de la integración y de la solidaridad. Rechazamos la idea de una Europa “a la carta”.

• La UE ha de asumir un protagonismo en la defensa eficaz de sus intereses en un mundo globalizado. Europa solo podrá jugar un papel relevante en el mundo si logra, en continua progresividad, expresarse con una sola voz.

3. Necesitamos instituciones eficientes, procesos eficaces de decisión y legitimidad democrática: • Para poner en marcha las reformas necesarias, necesitamos instituciones más eficientes (Parlamento, Consejo, Comisión), junto con un proceso de toma de decisiones más eficaz, concentrándonos en los asuntos en los que el enfoque europeo, coherente con los principios de subsidiariedad, sea necesario.

La Comisión Europea, que ha sido siempre el motor de la UE, debe configurar la piedra angular de la Unión.

• Todas las reformas deben venir acompañadas por una mayor participación, una legitimidad democrática reforzada y por una creciente responsabilidad. El Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales deben participar plenamente en la toma de decisión, cada uno en sus niveles respectivos. Los Estados miembros han de enviar a su vez, un claro mensaje de soporte para los valores y principios fundamentales del proyecto europeo.

4. El momento es decisivo y ha llegado la hora de abordar estos desafíos: • Las próximas elecciones al Parlamento Europeo constituyen una etapa decisiva para el porvenir de Europa. Tras las eleccio| José Manuel GARCÍA-MARGALLO |

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nes habremos de afrontar desafíos, que ya contemplamos hoy, con mayor determinación, con un Parlamento Europeo cuya capacidad de actuación tendrá una amplia legitimidad; con un futuro presidente a la cabeza de una nueva Comisión; con un futuro presidente del Consejo Europeo y un futuro Alto Representante de la Unión Europea para los asuntos exteriores y la política de seguridad.

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Lanzamos esta llamada a los ciudadanos de Europa para que participen en las elecciones europeas de 2014. Aportad vuestro grano de arena para convertir estas elecciones en un paso favorable para una reforma sólida y una agenda para el empleo.

Mas allá de la propia declaración, no debemos ignorar una perspectiva global, en la que adquiere relevancia trascendental el proceso de negociaciones del futuro Tratado Transatlántico sobre Comercio e Inversiones (TTIP) que abrirá un nuevo escenario de liberalización en las relaciones económicas entre Europa y los Estados Unidos. Algunos datos de la relación actual son relevantes: • El comercio bilateral entre la UE y los EE.UU. supera los 500.000M€ anuales.

• EE.UU. es el primer socio comercial de la UE. • La inversión directa total acumulada por EE.UU. en la UE supera 1,2 billones de euros, y es semejante a la que, recíprocamente, han realizado los europeos en aquel país.

Las economías conjuntas representan el 50% del producto bruto mundial; el 25% de las exportaciones y el 31% de las importaciones.

Ambas economías reciben el 57% de la inversión directa global y promueven el 71% de la inversión directa en el resto del mundo.

No existe precedente histórico sobre el proceso de convergencia que implica a ambos bloques y que se verá recogido en el ambicioso tratado sobre comercio e inversiones, del que los países de la UE obtendrán una capacidad renovada para competir y en el que España

contribuye en apoyo decidido de las negociaciones. No es una tarea fácil, pero el camino es muy prometedor.

Europa se enfrenta a una etapa decisiva para su significación en un mundo globalizado. El liderazgo se desagrega hoy en diversas capacidades para lograr presencia e influencia. Los valores que influyeron en su superioridad, con naciones singulares mas importantes que la propia Europa, ya no son dominantes en el mundo. La nueva Europa, que elimina campos de batalla en sus territorios, ha de enfrentarse unida a una competencia global haciendo sostenible el bienestar logrado.

El reto es indelegable y su único poder trascendente será contribuir a la convergencia del mundo con los signos identitarios de Occidente.

Si ese es el atractivo que guía a la humanidad, Europa verá reflejados sus valores primarios, aunque no haya impulsado por sí misma, sino a través de sus herederos culturales, los referentes aspiracionales de la población mundial.

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Resúmen Los problemas específicos de la economía española, incrementados por otras dificultades procedentes del exterior, crearon una situación especialmente complicada entre 2008 y 2012. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de 2013 comenzó a observarse una clara mejoría en algunos indicadores y ello, permitió la capacidad de la economía española para superar la crisis. La crisis revela problemas preexistentes en España: un sector inmobiliario en caída libre, un sector financiero con graves problemas, un elevado endeudamiento del sector privado, un PIB con tasas de variación negativas y una alta cifra de paro. | José Manuel GARCÍA-MARGALLO |

Résumé Les problèmes spécifiques de l’économie espagnole, augmentés à cause d’autres difficultés de l’étranger, ont créé une situation particulièrement difficile entre 2008 et 2012. Cependant, à partir du deuxième semestre de 2013 il a commencé à se voir une nette amélioration de certains indicateurs, ce qui a permis la capacité de l’économie espagnole à surmonter la crise. La crise a révélé des problèmes qui existaient déjà en Espagne: une industrie de l’immobilier en chute libre, un secteur financier avec des graves problèmes, l’endettement élevé du secteur privé, un PIB avec des taux de croissance négatifs et une taux de chômage élevé.

Abstract

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The specific problems of the Spanish economy, increased by other external difficulties, created a specially complicated situation between 2008 and 2012.

However, in mid 2013 a clear improvement began in some indicators and this allowed the Spanish economy the capacity to overcome the crisis. The crisis reveals problems that preexisted in Spain: a real estate sector in free fall, a financial sector with significant problems, a very elevated debt in the private sector, a GDP (Gross Domestic Product) with negative variation rates and a very high unemployment rate.

N.º 11 • Septiembre-Octubre 2014 Impresión y encuadernación: Diseño y Control Gráfico S. L. U. Depósito Legal: M-28.311-2009

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