El riesgo de desaprovechar las buenas oportunidades

EL 2022 SERÁ CLAVE PARA UN SECTOR TELCO EN EL QUE ATERRIZARÁN MILES DE MILLONES DE EUROS EN SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LOS FONDOS EUROPEOS. SIN EMBARGO, EXISTE EL RIESGO DE QUE EL IMPACTO EN LA INDUSTRIA SEA MÍNIMO SI NO SE APLICAN CORRECTAMENTE.

Como podréis leer en un extenso reportaje publicado en páginas posteriores, el Gobierno ha puesto en marcha -gracias a los Fondos de Recuperación Europeos- numerosas medidas que prometen regar a las empresas nacionales con enormes subvenciones para terminar de impulsar la conectividad en España, digitalizar nuestras empresas o alcanzar el 100% de cobertura nacional en cuanto a redes de alta velocidad. Sin embargo, este “empacho informativo” de buenas noticias no debe cegarnos, ya que la adecuada organización y distribución de estos recursos será igual de necesaria que su llegada para que realmente supongan un crecimiento de nuestro tejido empresarial. En primer lugar, hay que reconocer al Gobierno que los ERTES han resultado ser una medida muy efectiva para amortiguar la caída de la economía provocada por la pandemia. Al César lo que es del César. Sin embargo ahora entramos en una etapa diferente, ya no se trata de establecer medidas paliativas ante el desastre, sino de diseñar y ejecutar un plan de acción que asegure estabilidad y, posteriormente, un crecimiento sostenible de la industria. Para ello, resulta imprescindible asimilar que la mayoría de empresas de este país, especialmente las pymes que han conseguido mantenerse a flote, se encuentran todavía en una situación muy delicada en lo relativo a sus cuentas. Muchas de las convocatorias que presenta el Gobierno para este 2022 exigen a las empresas ciertas inversiones de riesgo –como lo son casi siempre en el mundo empresarial- para acceder a la subvención. Convendría primero tomar medidas para asegurar esa flotabilidad de las empresas durante un tiempo, calibrar que efectivamente han ganado el músculo mínimo necesario para competir en el mercado y, solo entonces, pedirles que realicen inversiones para reactivar la economía. También hemos detectado que en las ayudas existe una cierta generalidad a la hora de definir a las empresas que resultarán concesionarias de las mismas, prestando las bases en ocasiones poca atención a su estructura o dimensión. Antes de empezar a repartir dinero y subvenciones por doquier, conviene analizar el impacto que tendrán esas inversiones en relación al potencial de cada entidad. Como obviamente no repercuten del mismo modo 10.000 euros para una pyme de 7 o 8 trabajadores que para un gran operador con cientos de empleados en plantilla, llevar a cabo ese estudio concienzudamente y distribuir las rentas en consecuencia, resultará imprescindible para que las reglas del partido sean justas para todos. Por último, dos apreciaciones con respecto a las acciones diseñadas para potenciar la digitalización de las pymes en España. Por un lado, el tan cacareado Kit Digital que ahora llegará a los operadores locales tras la alianza entre AOTEC y Konibit, presenta una dotación que, consideramos, no resultará suficiente para cubrir su objetivo. Esta medida plantea un bono de 2.000€ para pymes de entre 0 y 3 empleados, 6.000€ para aquellas que cuenten con entre 3 y 10 empleados y 12.000 para aquellas con entre 10 y 50 en nómina. ¿Resultan realmente eficaces estas cifras para impulsar un proyecto de digitalización en las pymes españolas, teniendo en cuenta la situación tan delicada que arrastran tras dos años de pandemia? Y, por otra parte, ¿no supondrán alguno de estos “proyectos” la excusa perfecta para automatizar cientos de puestos de trabajo ocupados actualmente por profesionales, provocando como consecuencia una grave destrucción de empleo?