Exigir calidad en salud, ¿es un derecho?

El derecho a la salud se define como el acceso a atención médica de buena calidad, dejando en claro que la dignidad del paciente exige que la atención no sea cualquier asistencia, sino una que se expresa “que supere lo común” y pueda ser declarada como excelente. No obstante, como en toda definición siempre quedan espacios para precisar o especificar, por lo que el mismo organismo internacional agrega cualidades de oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención sanitaria para que su calidad sea considerada suficiente.

...aparecen puntos de saturación de la demanda generando listas de espera donde se prioriza según la gravedad de la enfermedad.

Para hablar de calidad en salud, tema del que mucho se habla pero poco se avanza, tenemos necesariamente que aproximarnos a las definiciones que promueven los organismos internacionales como la OMS y otros de raigambre continental, para analizar los que expondremos luego.

El derecho a la salud se define como el acceso a atención médica de buena calidad, dejando en claro que la dignidad del paciente exige que la atención no sea cualquier asistencia, sino una que se expresa “que supere lo común” y pueda ser declarada como excelente.

Como en toda definición siempre quedan espacios para precisar o especificar, por lo que el mismo organismo internacional agrega cualidades de oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención sanitaria para que su calidad sea considerada suficiente.

Sin embargo, las políticas y marcos regulatorios en la práctica cotidiana pueden promover o violar los derechos humanos en particular el derecho a la salud dependiendo de cómo se utilicen y se controlen. Esto pone al descubierto brechas entre la formulación del derecho y el ejercicio pleno del mismo, señalando al sector de la salud como garante efectivo de que esto suceda.

La Ley 26529 advierte que “todo paciente tiene derecho a saber sobre su estado de salud y los posibles tratamientos”, aclarando que puede decidir si quiere recibir o no los tratamientos que prolonguen su vida artificialmente. La variable temporal aplica para esta afirmación pero, sin embargo, poco se dice de la demora en los diagnósticos o los inicios de tratamientos por motivos no atribuibles a los pacientes.

Los sistemas de salud en países del mundo desarrollado, particularmente aquellos denominados beveridgeanos o sistemas sanitarios nacionales como los de Canadá e Inglaterra con su National Health Servi- ce, se financian 80% de impuestos, 16% con aportes de los empleados y empleadores y con aranceles el 4% restante. Tienen la particularidad de que la atención médica es gratuita para todos, y todos se atienden en él sin importar si son la reina, los presidentes, los diputados, los empresarios o las familias empobrecidas. Algunos los consideran modelos de igualdad y solidaridad.

Pero como ningún sistema es perfecto, los recursos de la salud son acotados y teniendo todos tienen el mismo derecho de acceso aparecen puntos de saturación de la demanda generando listas de espera donde se prioriza según la gravedad de la enfermedad. El problema es, por lo tanto, la longitud de las listas de espera según la criticidad y el necesario tope de espera para los pacientes, lo que obliga tanto a los profesionales como a las instituciones a ser eficientes para que la gente espere menos.

Para lograr la tan deseada calidad en los servicios de salud el criterio oportunidad toma relevancia cuando los pacientes o la población necesitada de un diagnóstico deben esperar largas semanas como sucedió durante la pandemia de Covid 19, comprobándose más tarde cuan dañinos fueron los retrasos por falta de atención a tiempo.

Entre tantos ejemplos que podemos citar acerca de las consecuencias nefastas de las esperas prolongadas, está el cáncer en niños que es la primera causa de muerte dentro de este grupo poblacional. En Argentina la tasa de incidencia en menores de 15 años es aproximadamente 130 casos anuales/ millón de niños (INC 2018) encontrándose dentro de los rangos de referencia publicados por la OMS (OMS Cáncer infantil 2016).

Sin embargo, la relación mortalidad/ incidencia (35.3 entre los años 2000 y 2008), es mayor en nuestro país que aquella de países más desarrollados siendo estos resultados negativos explicados por defi- ciencias del sistema de salud y/o a demoras en el diagnóstico.

La pandemia de Covid 19, durante los 2 años más duros caracterizados en nuestro país por una extensa cuarentena, provocó el olvido inducido respecto de cualquier otra dolencia que no fuese el “coronavirus”. La gente se focalizó solo en evitar el contagio y en muchos casos se abandonaron tratamientos oncológicos, los financiadores interrumpieron la entrega de medicación específica de tratamientos crónicos y se desatendieron los controles programados.

Recién en 2022 se pudo tomar dimensión de las consecuencias de la demanda contenida o “reprimida”, produciéndose desbordes y saturación de agendas en todos los centros de atención ambulatoria o con internación. Las listas de espera comenzaron aparecer por la imposibilidad de los profesionales y centros especializados de ofrecer turnos en tiempos adecuados, llegando las demoras a más de 4 semanas para consultas y estudios, según revela un estudio publicado por ADECRA+CEDIM (cámara que agrupa más de 300 clínicas y sanatorios y centros de diagnóstico y tratamiento en todo el país).

Se estimó que el subdiagnóstico de patologías entre 2020 y 2021 fue de un 50% por debajo del promedio de la última década, dejando al descubierto un enorme escenario de pacientes con necesidades de atención urgentes que fueron satisfechas con distinta suerte según las coberturas.

Las empresas de medicina prepaga reconocieron el año pasado, que se tardó mucho en diagnosticar síntomas que pudieran anunciar problemas y también se demoró el volver a los programas de seguimiento a los pacientes con tratamientos iniciados, ratificando las consecuencias del subdiagnóstico.

Cumplido ya un año de la información comentada nos encontramos frente a un debate sobre la calidad de la atención y el derecho a la salud, centrado en las listas de espera de pacientes para acceder a cirugías, estudios de complejidad y controles de tratamientos. Hoy los puntos de saturación ya no son las agendas médicas por falta de turnos de especialidades o quirúrgicos sino por múltiples listas de espera de más de 6 semanas administrada por los financiadores tanto de la seguridad social como de las empresas de medicina prepaga a través de las nuevas autorizaciones y topes de prácticas.

Creemos que como bien señaló Alberto Alves Lima, integrante de la comisión de directores médicos de Adecra+Cedim que la pandemia generó una “deuda epidemiológica”, con un gran número de pacientes esperando ser diagnosticados o atendidos.

Ya promediando 2023 esta deuda sigue incrementándose por la lentitud de las respuestas administrativas gestionadas a “cuenta gotas”, sin un tiempo estimado de normalización, y los reclamos de los pacientes ante la Superintendencia de Servicios de Salud han superado las marcas históricas.

Creemos que financiadores y prestadores deben establecer reglas claras sobre topes y demoras, abandonando los tecnicismo financieros que en nada alivian el sufrimiento porque la gente espera y se pregunta, si la calidad de atención de la salud ¿es un derecho en nuestra Argentina hoy?**************************

*Por Patricia D’Aste *Mag. en Sistemas de Salud y Seguridad Social Presidente de ProSanitas BSC y Vicepresidente de SADAMAsoc. Argentina de Auditoría y Gestión Sanitaria

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