Compilado de las Agendas de Igualdad by CNII

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS NACIONALES PARA LA IGUALDAD 2013 – 2017

Compilación de las agendas para la igualdad de género, pueblos y nacionalidades, intergeneracional, de discapacidades y movilidad humana.

Pabel Muñoz López Secretario Nacional Secretaría Nacional de Planificación Beatriz Tola Bermeo Presidenta del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia Ministra de Inclusión Económica y Social Ricardo Patiño Aroca Ministro Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana María Landázuri Viceministra de Movilidad Humana Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana Javier Torres Correa Vicepresidente del Directorio Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) Yina Quintana Zurita Presidenta de la Comisión de Transición para la definición de la institucionalidad pública que garantice la igualdad entre hombres y mujeres José Chimbo Chimbo Secretario Nacional Ejecutivo Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) Fabián Navarrete Salazar Secretario Ejecutivo del Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa Ecuatoriana y Zonas Subtropicales de la Región Litoral (CODEPMOC) Álvaro Sáenz Andrade Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia en transición hacia el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNNA-CNII) Diagramación: El Telégrafo Impreso en: Editogran S.A ISBN: 978 9942 07 629 8 Quito, 2014

CONTENIDO PRESENTACIÓN 9 MARCO DE PLANIFICACIÓN

AGENDA NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO ECUADOR 2013-2017

INTRODUCCIÓN

EJES, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS

AGENDA NACIONAL PARA LA IGUALDAD EN DISCAPACIDADES 2013 – 2017

INTRODUCCIÓN

EJES, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS

AGENDA NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE NACIONALIDADES Y PUEBLOS (ANINP) 2013 – 2017

INTRODUCCIÓN

EJES, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS

AGENDA NACIONAL DE IGUALDAD PARA LA MOVILIDAD HUMANA (ANIMHU) 2013 – 2017

¿Qué es, por qué y para qué se elabora la ANIMHU?

¿Cómo se elaboró la ANIMHU?

EJES, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS

AGENDA NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL 2013 - 2017

INTRODUCCIÓN 93 EJES, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS

PRESENTACIÓN En Ecuador se están transformando las relaciones de poder y la estructura del Estado para ponerlo al servicio de las mayorías, para garantizar los derechos de las personas, para eliminar las brechas sociales y territoriales y la desigualdad. El sentido de este proceso es el buen vivir de todas las personas, la protección integral de los grupos de atención prioritaria, en especial a las niñas y niños; avanzar en la equidad entre los géneros y entre generaciones. Asimismo el reconocimiento de la diferencia en la igualdad para la garantía de derechos de las nacionalidades y pueblos, la integración de las personas con discapacidad, y corregir las inequidades que marginan y excluyen a las personas en situación de movilidad humana. La Constitución de 2008 establece que el Estado ecuatoriano deberá generar todas las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos con la prioridad de acción hacia los grupos que requieren consideraciones especiales a causa de la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición migratoria,

generacional, de género, de discapacidad o de pertenencia a un pueblo y/o nacionalidad. Para ello determina la creación de los consejos nacionales para la igualdad, organismos de la Función Ejecutiva responsables de la formulación, transversalización y observancia de las políticas públicas dirigidas a asegurar la vigencia y el ejercicio de los derechos constitucionales y los instrumentos internacionales de derechos humanos. El documento Políticas y lineamientos nacionales para la igualdad 2013 – 2017 recoge una compilación de las propuestas de políticas públicas que han sido analizadas y elaboradas por los Consejos de Igualdad y la Secretaría de Planificación, con la participación de ciudadanas y ciudadanos, de comunidades, nacionalidades y pueblos. El propósito de este trabajo es facilitar a la institucionalidad pública un instrumento para enfrentar la multicausalidad de la discriminación en todas sus aristas. Enfrentar los problemas contemporáneos supone eliminar las desigualdades que producen dominación entre las personas,

socavando los cimientos de la injusticia y la inequidad. Implica crear las condiciones y las oportunidades para el ejercicio activo de los derechos, la emancipación y la autorrealización de los seres humanos. Por ello esta publicación sobre las políticas públicas para la igualdad se

proyecta a la economía, la cultura, el desarrollo social, a las relaciones de poder y a la política. Aspiramos a que toda la institucionalidad del Estado se apropie de este documento y lo utilicen en el proceso de toma de decisiones para orientar su acción gubernamental.

MARCO DE PLANIFICACIÓN1 La acción de los consejos para la igualdad se adscribe al artículo 10 de la Constitución del Ecuador, que establece que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Las personas, comunidades, nacionalidades, pueblos y nacionalidades son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Carta Magna y en los instrumentos internacionales. Los derechos se podrán ejercer, promover y 1 Referencias conceptuales proporcionadas por SENPLADES para todas las agendas nacionales para la igualdad.

Fuente: Senplades, 2013

exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes, que garantizarán su cumplimiento. El Plan Nacional para el Buen Vivir 20132017 contiene los objetivos nacionales y su cumplimiento es obligatorio para las entidades del Estado. Entre las finalidades del Plan se encuentra la búsqueda de la garantía de derechos establecidos en la Constitución del Ecuador. En el apartado de enfoques de igualdad, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas

Públicas establece que, para el ejercicio de la planificación y la política pública, se crearán espacios de coordinación con el fin de incorporar los enfoques de género, étnico-culturales, intergeneracionales, de discapacidad y movilidad humana. En la definición de las acciones públicas se incorporarán dichos enfoques. En cumplimiento de esta norma, las propuestas de políticas formuladas por los consejos nacionales para la igualdad se serán discutidas y consensuadas en los Consejos Sectoriales de Política para su inclusión y posterior implementación por parte de los

ministerios y demás organismos ejecutores. En el marco normativo mencionado los consejos para la igualdad elaboraron las agendas nacionales en las que se establecen ejes, políticas y lineamientos orientados a avanzar de forma progresiva en la garantía de derechos reconocidos en la Constitución del Ecuador. Para que este propósito se materialice es esencial la coordinación y articulación entre las entidades sectoriales y los diferentes niveles de gobierno, así como también contar con la participación de sujetos de derechos, de las familias y la sociedad.

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INTRODUCCIÓN Las desigualdades de género constituyen una de las bases estructurales del sistema socioeconómico ecuatoriano. Durante siglos, tanto bajo el régimen colonial como en la posterior república, ha prevalecido una estructura de poder y una cultura que, tanto a nivel público como privado, ha colocado a las mujeres en una situación de inferioridad en todos los ámbitos de su desempeño, les ha negado o limitado derechos y libertades básicas, ha buscado imponer pautas de convivencia patriarcales, basadas en la autoridad masculina, reconociendo como válidas ciertas formas de vida y estructura familiar y estigmatizando y hasta castigando otras. De esta manera se han institucionalizado normas y códigos culturales que se han entretejido para imponer un modelo social y de relacionamiento de dominación que somete y anula las diversas formas de convivencia que existen en la realidad así como los múltiples aportes de las mujeres, que han desbordado siempre esos modelos y límites. La subordinación de las mujeres no sólo ha tenido y tiene aún significado social, cultural y político, sino económico, pues los fenómenos de división sexual de trabajo, discriminación y segregación laboral, desvalorización o invisibilidad de las variadas actividades económicas realizadas por mujeres, configuran

un verdadero soporte material tanto para la reproducción de la vida y de la fuerza de trabajo, como para el funcionamiento de la economía de mercado, la obtención de ganancias y la acumulación que le son inherentes. De ahí que la plena superación de estas desigualdades resulte indisociable de una transformación del sistema como un todo. La visión integral sobre el cambio de la condición de las mujeres y las relaciones de género ha sido desarrollada en el ámbito político nacional e internacional. Pensar en otro orden social y económico, no sólo en cambios puntuales o sectoriales, ha sido una línea de larga data en el movimiento y en el ideario feminista. Sin embargo, dentro de los límites impuestos por realidades políticas dadas, las estrategias han apuntado a logros progresivos, a avances paulatinos en el reconocimiento de derechos y en las trasformaciones institucionales y culturales, hasta que, hacia finales del siglo anterior, se habían ya acumulado las fuerzas necesarias como para plantear agendas más integrales y consensos internacionales al respecto. En esta trayectoria de cambios, las fuerzas, ideas y acciones progresistas se han ubicado tanto del lado del Estado como de la sociedad organizada, apuntando a desmantelar dispositivos institucionales y patrones socioculturales que sostienen estas desigualdades.

En nuestra historia reciente es posible observar ciertas iniciativas del Estado que promueven cambios, que se adelantan a la sociedad, junto a otras que, por el contrario, se orientan a afianzar un esquema de poder de género. En medio de tal complejidad, en las últimas décadas se ha producido una convergencia entre agenda pública y agenda de los movimientos con miras a generar institucionalidad, mecanismos y políticas públicas que permitan avanzar en la igualdad para las mujeres y de género. En los últimos veinte años, el Ecuador ha obtenido mejoras significativas en el estatus político y social de las mujeres, así como también la ha otorgado derechos a la comunidad LGBTI, logros que –sin embargoson insuficientes frente a las grandes brechas de desigualdad y discriminación a causa del género, la orientación sexual, la etnia, la clase, la edad, la situación de movilidad humana, la discapacidad y el territorio. Desigualdades y discriminaciones que aún persisten en nuestra sociedad, la mayoría de las cuales fueron profundizadas en gran medida, por la instalación de valores y pautas propios del patriarcado del modelo neoliberal. La Constitución de la República, reconoce y garantiza a todas las personas el derecho a la igualdad formal, igualdad material y

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la no discriminación (art 66, numeral 4), sin perjuicio en razón de sexo, género u orientación sexual (art. 11 numeral 2). Es decir, tanto mujeres como hombres, así como personas pertenecientes a la diversidad sexual y de género del país, gozarán de los mismos derechos y oportunidades en el marco de un Estado intercultural y laico para alcanzar el buen vivir. Cabe señalar que la Constitución recoge las propuestas históricas de igualdad y su aprobación vía referéndum ha significado un acuerdo social que cambia el panorama o el marco general de las políticas en nuestro país generando corresponsabilidades de los actores de la sociedad y el estado. De esta manera la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género2, como institucionalidad responsable de la igualdad de género en el país, de manera conjunta con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, establecen como prioridad la construcción de la Agenda Nacional para la Igualdad de Género 2013-2017, instaurándose como un instrumento técnico-político para enfrentar la multicausalidad de la discriminación en razón de género, superar las brechas de inequidad y desigualdad que afectan a las mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, 2 creada mediante Decreto Ejecutivo No 1733, publicado en el Registro Oficial 601 el 29 de mayo del año 2009

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transexuales e intersexuales (LGBTI) pertenecientes a la diversidad sexual de género del país - así como combatir la misoginia, la homofobia y toda forma de discriminación basada en el género, prácticas arraigadas tanto en el espacio público como en el privado. La agenda fue construida con la participación de más de 800 mujeres diversas, a través de tres consultas previas; siete encuentros de diálogo político con alcance zonal; dos nacionales, con enfoque intercultural; uno, efectuado en la Sierra Centro; otro, desarrollado en Galápagos por sus condiciones particulares; En un segundo momento se realizaron tres talleres con grupos específicos de mujeres. De igual manera se incluyó lo recogido en los Diálogos para el Buen Vivir referentes al eje de igualdad de género. Sus valiosos aportes en torno a sus cosmovisiones, formas de vida y buen vivir se consignan en este documento que rescata un abanico de similitudes y/o especificidades de las propuestas, engarzadas en temáticas que fueron discutidas ampliamente en mesas de trabajo. Los ejes de trabajo se debatieron en torno a: • • • • • •

Producción, empleo y trabajo Economía del cuidado Salud, erradicación de la violencia Educación, recreación, saberes y TIC Participación política y paridad Ambiente y recursos naturales

Contiene un marco referencial que incluye la conceptualización que para este documento, se hace sobre el Buen y Vivir y la Igualdad de Género; la normativa relevante con la que cuenta el país; el direccionamiento estratégico, así como el anclaje en la planificación nacional. En un segundo capítulo están los ejes de abordaje para la igualdad de género. En un tercer capítulo el diagnóstico en el que se visualizan las brechas de inequidad y desigualdad de las mujeres y personas LGBTI, así como una aproximación a las causas que las estructuran; los avances de la política pública en la temática; y, como punto central se han desarrollado ejes de acción para la articulación de las

EJES, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EJE 1: la reproducción y sostenibilidad de la vida Política: disminuir la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que realizan las mujeres, efectivizando la corresponsabilidad entre el sector público y privado, la sociedad, la familia y la comunidad. Lineamientos: a. Implementar el Sistema de Cuidados con talento

Nacional humano

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especializado, para cada etapa del ciclo de vida y para las personas con discapacidad; con sensibilidad intercultural, de género y movilidad humana; adaptada a la realidad geográfica y con flexibilidad de horarios. b. Incentivar la gestión comunitaria que promueva la democratización de las responsabilidades de cuidado entre hombres y mujeres, la familia y la comunidad, en centros de cuidado infantil, lavanderías y comedores de carácter comunitario, entre otros. c. Implementar mecanismos que permitan la regulación y complementariedad en la prestación de bienes y servicios de cuidado del sector público, privado, la familia y la comunidad, hacia la integralidad del Sistema Nacional de Cuidados. d. Implementar mecanismos, que permitan el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que realizan las mujeres en condición de pobreza y pobreza extrema, vinculadas a las transferencias monetarias, subsidios y demás beneficios que el Estado provee. e. Implementar estrategias de corresponsabilidad entre hombres y mujeres para las condicionalidades de transferencias mo-

netarias, subsidios y demás beneficios que provee el Estado, orientadas a fortalecer lazos comunitarios que disminuyan la carga de trabajo que tienen las mujeres. f. Ampliar y mejorar la cobertura de seguridad social y sus modalidades de prestación de servicios, de manera progresiva, para garantizar la salud y jubilación de las mujeres, que realizan trabajo doméstico y de cuidado no remunerados. g. Incorporar en la contabilidad nacional, la Cuenta Satélite del uso del tiempo como mecanismo de reconocimiento, valoración social y económica del trabajo doméstico y de cuidado humano no remunerados que realizan las mujeres. h. Impulsar programas extra curriculares, educativos, deportivos y artísticos para la niñez y adolescencia, que concilie el tiempo entre su jornada post educativa y el tiempo laboral de madres, padres o tutores. i.

Implementar mecanismos que permitan el ejercicio del derecho al trabajo para las personas que tienen responsabilidad de cuidado de terceros, como la flexibilización de horarios, teletrabajo, centros de desarrollo infantil y de cuidado especial, entre otros.

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Promover y regular formas de convivencia que incorporen la corresponsabilidad de hombres en el trabajo doméstico y de cuidados, facilitando la distribución del tiempo entre el trabajo y la vida familiar.

EJE 2: una vida libre de violencia Política: garantizar a las mujeres y personas LGBTI una vida libre de violencia Lineamientos: a. Incrementar la cobertura del sistema de protección de víctimas de violencia para efectivizar su presencia en todo el territorio nacional, en base a las condiciones demográficas y territoriales locales. b. Implementar la especialización del talento humano para la adecuada atención de las personas víctimas de violencia de género, tomando en cuenta las particularidades de niñas, niños, adolescentes, personas LGBTI, adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos y nacionalidades, tanto del sector rural como urbano. c. Garantizar el acceso inmediato a los sistemas de protección de víctimas en casos de violencia de género, a través

de personal especializado y sensible para la recepción de denuncias, así como la agilización de los procesos. d. Precautelar que los casos de delitos sexuales y, contra la vida, sean protegidos por la justicia ordinaria y se excluyan del tratamiento de la justicia indígena. e. Fortalecer la ampliación y cobertura de las Unidades de Violencia contra la Mujer y la Familia, bajo los principios de especialidad, celeridad, eficiencia, eficacia, la gratuidad y la confidencialidad de los procesos judiciales evitando la revictimización. f. Fortalecer la generación de registros administrativos, estadísticas e investigaciones sobre violencia de género, que alimenten el Subsistema Integral de Información de Vulneración de Derechos. g. Fortalecer y potencializar los roles de las mujeres mediadoras en la justicia indígena y comunitaria, a través de procesos de acreditación, capacitación y financiamiento. h. Establecer un mecanismo de registro para el delito de femicidio, que permita un reporte cuantitativo de este tipo de delito.

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Fortalecer mecanismos de investigación, atención, protección, rescate, sanción y restitución de derechos de las personas víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, con énfasis en los casos que constituyen abuso sexual de menores, mujeres y personas LGBTI. Facilitar la sensibilización de la colectividad, frente a los nuevos tipos penales relacionados con violencia de género tipificados en el –COIP- tales como: femicidio, violación, trata y tráfico de personas, como producto de relaciones de género discriminatorias, que atentan contra la vida de las mujeres a través de campañas comunicacionales y educativas.

k. Ampliar y mejorar la investigación, sanción y restitución de derechos en los casos de vulneración, malos tratos y atentados contra la vida y la integridad física y sexual de personas LGBTI. l. Implementar medidas para prevenir, sancionar y erradicar el acoso y violencia política, en contra de las mujeres electas o designadas como autoridades. m. Ampliar los mecanismos para el asilo, refugio y/o protección de las mujeres y personas LGBTI en situación de movilidad

humana forzada, perseguidas o vulneradas en sus derechos, por su condición de género. n. Vigilar en los centros de rehabilitación social, el respeto de los derechos humanos de las personas LGBTI, privadas de libertad. o. Efectivizar el control, la regulación y sanción de los medios de comunicación y las TIC, sobre la difusión de contenidos y mensajes machistas, sexistas, misóginos, o que promuevan la violencia de género. EJE 3: educación y conocimiento Política: fortalecer y consolidar la transformación integral del sistema educativo y de producción de conocimientos, para superar patrones de género discriminatorios y crear condiciones, contenidos y prácticas de igualdad plena, convivencia armónica y recíproca entre todas las personas. Lineamientos: a. Desarrollar y fortalecer programas de alfabetización para mujeres, adultas mayores, con énfasis en comunidades, pueblos y nacionalidades, con pertinencia cultural, orientados a recuperar sus conocimientos y saberes deslegitimados.

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b. Enfrentar y desestimular las causas de deserción y abandono del sistema educativo por parte de las mujeres y personas LGBTI, como el acoso, la violencia, el embarazo adolescente. c. Incorporar en las mallas curriculares y metodologías pedagógicas del sistema educativo, contenidos que promuevan relaciones de igualdad y complementariedad entre hombres y mujeres, así como el respeto a la diversidad para transformar patrones culturales androcéntricos y patriarcales. d. Generar mecanismos de regulación, control y sanción del acoso, violencia sexual o cualquier tipo de vulneración de derechos en el ámbito educativo incluyendo la educación superior, tanto en establecimientos educativos públicos, como privados. e. Facilitar la incorporación del enfoque de derechos, la perspectiva de género y derechos sexuales y reproductivos, en los procesos de formación y capacitación de las y los docentes del sistema educativo nacional. f. Fortalecer y garantizar la paridad y alternancia en los cargos directivos

del sistema educativo a nivel nacional, mediante acciones afirmativas a favor de las mujeres, con pertinencia cultural y haciendo énfasis en la educación superior. g. Promover y facilitar la profesionalización de mujeres y personas LGBTI en todas las ramas orientadas al cambio de la matriz productiva, con énfasis en las ramas no tradicionales. h. Incorporar mecanismos de acción afirmativa en los procesos de innovación científica, académica y tecnológica del país, para aprovechar los talentos de mujeres y personas LGBTI. i.

Eliminar los contenidos curriculares de la educación superior, que fomentan criterios de patologización y psiquiatrización de las personas LGBTI.

Incorporar en los procesos de evaluación y acreditación del personal docente del sistema educativo, mecanismos que permitan identificar prejuicios, conductas o prácticas que se traduzcan en discriminación, o vulneración de derechos.

k. Promover la educación de las mujeres con discapacidad, orientada a fortalecer su autonomía a través de servicios inclusivos

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en el sistema educativo ordinario y, especializados extraordinarios. l. Generar metodologías y procesos de formación, capacitación continua, aprendizaje e intercambio de saberes, para las personas que realizan actividades de cuidado humano dentro del sistema educativo.

c. Generar incentivos para el uso de anticoncepción y contracepción para los hombres, como vasectomía gratuita. d. Crear servicios de prevención y atención adecuada y sensible a nivel nacional, especializada en riesgo de muerte materna, embarazo adolescente, abortos en curso, garantizando la salud integral y la autonomía de las mujeres.

EJE 4: salud Política: promover la salud integral de las mujeres y personas LGBTI, así como el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Lineamientos: a. Promover y difundir procesos de capacitación, campañas de sensibilización y material informativo, para difundir temas de salud sexual y salud reproductiva, planificación familiar y nutrición corresponsable, con énfasis en adolescentes. b. Considerar el principio de igualdad y no discriminación y el laicismo del Estado, como elemento calificador de la calidad, evaluación y acreditación de servicios de atención del sector de la salud pública.

e. Ampliar la cobertura y atención de programas nutricionales a niños y niñas menores de 5 años, madres embarazadas (con atención especial de las madres adolescentes), y en período de lactancia, y adultos mayores, que incluya el consumo de productos agro ecológicos y ancestrales, como nutrientes complementarios. f. Fortalecer la implementación de la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar a. ENIPLA, en todo el territorio nacional, para la prevención del embarazo adolescente, garantizar el acceso a la anticoncepción de emergencia, e incorporar medicina natural y ancestral en sus intervenciones. g. Promover la corresponsabilidad masculina en la salud sexual y reproductiva,

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fomentando la transformación de patrones culturales y el uso de métodos de anticoncepción, con énfasis en adolescentes. h. Institucionalizar la aplicación de guías y protocolos de planificación familiar, post evento obstétrico, conforme a la norma técnica, para evitar nuevos embarazos no deseados y riesgo de muerte por abortos en curso. i.

Promover y fortalecer la incorporación de la salud intercultural en el sistema nacional de salud pública, con énfasis en los servicios maternos infantiles, salud sexual y salud reproductiva, en todo el territorio nacional. Fortalecer y mejorar la incorporación, acreditación y regulación salarial de parteras, hierbateras, curanderas y sanadoras ancestrales, en el Sistema Nacional de Salud Pública.

k. Implementar la modalidad itinerante de atención a la salud en zonas de difícil acceso, con énfasis en mujeres en período de gestación, lactancia, con discapacidad, enfermedades recurrentes en las mujeres rurales y ligadas a la senectud.

l. Ampliar y fortalecer la cobertura de salud en las salas de primera acogida para víctimas de violencia de género, con atención permanente, considerando las necesidades de grupos vulnerables, con sensibilidad intercultural y adaptada a las condiciones demográficas y territoriales de todo el país. m. Instalar unidades de salud sexual y salud reproductiva, especializadas en las particularidades, necesidades y demandas de las personas LGBTI, en todo el territorio nacional. n. Fortalecer el levantamiento de registros administrativos, para tomar en cuenta la violencia de género contra las mujeres y personas LGBTI, como condición de salud. o. Mejorar la generación y calidad de la información relativa a enfermedades, accidentes, muertes y riesgos en la salud de las mujeres y personas LGBTI, para innovar constante y progresivamente la prestación de servicios y bienes de salud pública. p. Fortalecer y adecuar la normativa de regulación de clínicas de rehabilitación de adicciones, incluyendo la sanción de responsables y el cierre definitivo de las

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clínicas, en casos que constituyan violación o vulneración de derechos, con el fin de garantizar el respeto y atención adecuada de pacientes, y la erradicación de prácticas patologizantes o psiquiatrizantes de las personas LGBTI. q. Implementar mecanismos de regulación y estandarización de los procedimientos médicos que se realiza a la población transgénero y transexual, especialmente los procesos de cambio de sexo y transformación estética del género, para garantizar su seguridad y salud integral. r. Promover y facilitar la especialización de los servicios de salud, para prevenir y atender a mujeres, gays y personas transfemeninas, que ejercen trabajo sexual, con sensibilidad intercultural y de género y sin discriminación alguna.

autonomía y la mejora de las condiciones de las mujeres y personas LGBTI con discapacidad. Tomando en cuenta el tipo y grado de discapacidad. EJE 5: deporte y recreación Política: promover actividades deportivas, recreativas y de ocio para mujeres y personas LGBTI, orientadas a mejorar la calidad de vida y a reducir la pobreza del tiempo. Lineamientos: a. Fomentar el cambio de patrones discriminatorios, que limitan la participación de mujeres y personas LGBTI, en actividades recreativas y deportivas en todas las etapas de vida.

s. Fortalecer y mejorar la prevención y atención de los servicios públicos de salud sexual y salud reproductiva, para atender y prevenir las Infecciones de Transmisión Sexual-ITS, VIH/SIDA en las mujeres y personas LGBTI.

b. Democratizar el acceso, uso y cobertura de los servicios de descanso, recreación, deporte y actividad física, tanto públicos como privados, bajo los principios de igualdad y no discriminación en todo el territorio nacional, para garantizar el acceso y permanencia de mujeres y personas LGBTI.

t. Fortalecer y mejorar la cobertura de los servicios de salud para personas con discapacidad, impulsando y facilitando la

c. Fortalecer e implementar mecanismos de incorporación y reconocimiento del valor deportivo, tanto competitivo como

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recreativo de las mujeres y personas LGBTI, así como ampliar la concepción del deporte, más allá de la competitividad, hacia la construcción de la salud y el disfrute. d. Promover la investigación, recuperación y difusión de juegos ancestrales y tradicionales, que promuevan las identidades nacionales diversas y la relación recíproca, complementaria y de cooperación entre hombres y mujeres. e. Generar mecanismos de regulación y control de eventos deportivos y recreacionales, públicos y privados, que atenten contra los derechos de las mujeres y personas LGBTI. f. Promover políticas de conciliación entre las prácticas deportivas profesionales y las actividades de cuidado, particularmente para las mujeres que realizan deporte convencional y adaptado. EJE 6: cultura, comunicación y arte Política: fortalecer las diversas identidades nacionales y auspiciar una cultura de paz mediante la transformación de la cultura, la comunicación y arte, con énfasis en la erradicación del machismo, el sexismo,

la misoginia, el racismo, la xenofobia y homofobia.

Lineamientos: a. Fomentar y difundir producciones artísticas y simbólicas que promuevan la igualdad y la no discriminación para todas las personas, en los medios de comunicación privados, públicos y comunitarios, para promover la transformación de patrones socioculturales que reproducen estereotipos de género, violencia basada en género y la división sexual del trabajo. b. Generar mecanismos efectivos de sanción a medios de comunicación, eventos culturales y artísticos que reproducen mensajes y contenidos que fomentan la discriminación, subordinación, sexualización, o que atentan contra la dignidad y seguridad de las mujeres y personas LGBTI. c. Auspiciar y facilitar la producción cultural, comunicacional y artística que fomente el principio de igualdad y no discriminación para todas las personas. d. Generar sanciones específicas mediante el reconocimiento del bullying como tipo específico de acoso y violación de

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derechos, con énfasis en las mujeres y personas LGBTI. e. Crear mecanismos normativos y de regulación que aseguren horarios adecuados en la difusión de programas, mensajes y contenidos que reproduzcan roles y comportamientos de género estereotipados, violencia en cualquiera de sus formas y sexo, que disminuya, especialmente, el acceso a público infantil y adolescente. f. Crear mecanismos educativos y de diálogo para discutir de manera responsable, el contenido y significado de los medios de comunicación, como una forma de transformar los patrones culturales y tender al respeto del pensamiento diverso y libre de discriminaciones. EJE 7: producción y empleo Política: potenciar y efectivizar la actoría de las mujeres y personas LGBTI, en el desarrollo económico-productivo del país, creando condiciones para superar el subempleo, desempleo y explotación laboral.

mujeres trabajadoras, en especial para las jefas de hogar en situación de pobreza y extrema pobreza. b. Efectivizar la ampliación de la oferta laboral así como su flexibilización para las mujeres vinculadas al cuidado de terceros, mujeres jefas de hogar, en situación de pobreza y extrema pobreza. c. Promover la igualdad de oportunidades para las mujeres productoras rurales y urbanas, a través de programas de capacitación, fortalecimiento de liderazgo y su autonomía, incentivos tributarios, crediticios, financieros, comerciales y tecnológicos, para contribuir al desarrollo endógeno. d. Incorporar en el sistema de economía popular y solidaria, los conocimientos, prácticas y saberes de las mujeres que realizan trabajo doméstico, de cuidado humano, conservación de recursos y servicios ecosistémicos; así como, su conocimiento en medicina ancestral, artesanías y gastronomía locales para ampliar la oferta laboral y productiva del país.

Lineamientos: a. Efectivizar el aseguramiento y la protección social obligatoria para las

e. Introducir criterios de igualdad y no discriminación en los procesos de compra pública con acciones afirmativas a favor

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de las mujeres productoras de pequeña y mediana escala, para mejorar sus condiciones de inserción en el mercado local. f. Eliminar barreras de acceso y permanencia en el mercado laboral para las personas LGBTI, mediante marcos normativos incluyentes y acciones afirmativas que garanticen su derecho a un trabajo digno y sin discriminación. g. Efectivizar la aplicación de la normativa para garantizar a las mujeres y personas LGBTI, condiciones libres de todo tipo de violencia en el ámbito laboral, público o privado, remunerado o no remunerado. h. Fortalecer y mejorar los mecanismos de control y regulación para garantizar sueldos y salarios justos para todas las mujeres trabajadoras, así como la aplicación de todos los beneficios laborales en relación de dependencia, para conseguir el cierre de brechas entre hombres y mujeres. i.

Recuperar y replicar experiencias exitosas de producción y de carácter asociativo, que han logrado la inserción en el mercado internacional, de alternativas de producción y empleo innovadoras para las mujeres.

Incorporar la producción artística nacional con sensibilidad intercultural y de género, como una actividad laboral con todos los beneficios de la ley.

k. Asegurar el acceso y disfrute de los medios de producción como: tierra, agua, crédito, financiamiento, de manera especial para mujeres y personas LGBTI, promoviendo y respetando la asociatividad y complementariedad local y regional. l. Promover, fortalecer y mejorar el acceso de las mujeres rurales a los medios de producción y comercialización, dando especial consideración a las prácticas agroecológicas, a las tecnologías ancestrales sustentables y las que generan y conservan servicios ecosistémicos. m. Garantizar la incorporación de las mujeres al mercado laboral y productivo acorde con las necesidades de la matriz productiva para rescatar su conocimiento y prácticas comunitarias, como medio de garantizar la soberanía y seguridad alimentaria. EJE 8: ambiente Política: propiciar la participación plena de las mujeres y su empoderamiento en los espacios de gestión ambiental, manejo de recursos

naturales y hábitat, que contribuya al equilibrio entre la naturaleza y la sociedad, como elemento indispensable de condiciones ambientales adecuadas para la preservación de la vida. Lineamientos: a. Incorporar los conocimientos, prácticas y saberes sustentables de las mujeres rurales relacionadas con la conservación y aprovechamiento del ambiente, sus recursos y servicios en los procesos de planificación de la matriz productiva, los sectores estratégicos, la soberanía alimentaria y la economía social y solidaria. b. Reconocer y valorar social y económicamente, el rol de las mujeres en la preservación de la biodiversidad y los recursos naturales, a través de mecanismos compensatorios (tributos, subsidios), e implementar servicios y bienes de orden comunitario y asociativo. c. Incrementar y fortalecer la participación de las mujeres rurales, en el manejo de las unidades de producción agropecuaria, que mejore los rendimientos productivos, redes de comercialización, con el uso de tecnologías limpias para garantizar la soberanía alimentaria.

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d. Impulsar la participación paritaria de las mujeres en actividades productivas de los sectores de fitofármacos, cosméticos naturales y productos orgánicos, aprovechando los recursos biodiversos con manejo sostenible, a través del desarrollo de investigación, ciencia y tecnología vinculado al mercado externo. e. Asegurar la participación paritaria de las mujeres rurales en la gestión y administración de las juntas de agua potable y riego; así como, en la protección de fuentes de agua pura sin contaminación. f. Mejorar las condiciones del trabajo de reciclaje, recolección y procesamiento de desechos que realizan las mujeres urbanas y rurales, a través de medidas de seguridad ocupacional, articulados a procesos de comercialización, producción y encadenamientos productivos sostenibles. g. Impulsar acciones afirmativas para prevenir, reducir y remediar los impactos ocasionados por los daños ambientales de los sectores energéticos, mineros y agroindustriales; así como, los ocasionados por el cambio climático, que afecten la calidad de vida de las mujeres, especialmente del área rural.

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h. Incorporar acciones afirmativas en los programas de vivienda y titularización de tierras y propiedades por parte del Estado, a favor de las mujeres jefas de hogar, pertenecientes a los pueblos y nacionalidades y personas LGBTI, que se encuentren en condiciones de pobreza y extrema pobreza. i.

Efectivizar el cumplimiento de la normativa ambiental, que asegure a las mujeres espacios laborales saludables, libres de contaminación y riesgos por catástrofes naturales, manipulación de productos tóxicos, manejo de maquinarias, contaminación de aire, agua y suelo, entre otros. Generar mecanismos efectivos de planificación, ordenamiento territorial y planificación de sectores estratégicos, tomando en cuenta la legítima interlocución con el tejido social, especialmente de mujeres organizadas, para la toma de decisiones que impliquen modificación de las condiciones de los ecosistemas y recursos naturales.

EJE 9: poder y toma de decisiones Política: garantizar la igualdad de acceso y la plena participación, de las mujeres y las

personas LGBTI, en las estructuras de poder y en sus procesos de toma de decisiones, promoviendo el libre ejercicio de sus derechos políticos. Lineamientos: a. Fomentar y promover la participación de las mujeres y las personas LGBTI en la transformación del Estado, a partir de espacios de participación ciudadana e interlocución legítima. b. Promover y facilitar la incorporación de la perspectiva de género en la formación y capacitación del talento humano, tanto de autoridades como de funcionarias/os de gobierno. c. Efectivizar la transversalización de la igualdad de género en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación, tanto de la política sectorial como de planificación y ordenamiento territorial de los GAD, a través de las instancias de igualdad y de derechos a nivel nacional y local. d. Establecer mecanismos para el pleno ejercicio de derechos civiles y de identificación de las personas LGBTI, tanto en los documentos legales, como en las estadísticas nacionales.

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e. Implementar mecanismos efectivos para el cumplimiento de las normas de paridad de género, al interior de partidos y movimientos políticos, gremios y asociaciones mixtas, en la conformación de directivas, cargos y órganos diversos, antes y después de su inscripción y registro. f. Desarrollar normativa expresa, que garantice el principio de aplicación de la alternancia y secuencialidad en las candidaturas a cargos en binomio en la asignación de escaños y del sistema de votación (abierto/cerrado). g. Efectivizar la definición de circunscripciones territoriales ancestrales y las propiedades comunitarias, a través de la participación de las mujeres de los pueblos y nacionalidades involucradas. h. Promover y facilitar la efectivización de la ley e institucionalidad de las instancias de igualdad (consejos y comisiones de transición) tanto nacional como local, (consejos cantonales y sectoriales de

derechos) para garantizar la igualdad y no discriminación en razón de género. i.

Promover el fortalecimiento del tejido social, mediante la eliminación de barreras legales (patrimonio mínimo y tributación), que limitan la conformación de organizaciones de mujeres y personas LGBTI.

Implementar mecanismos efectivos para imposibilitar la participación en elecciones, a personas que tengan acusaciones o sanciones por casos de violencia, en especial de género y pensión alimenticia, para todas las funciones del Estado y niveles de gobierno.

k. Fortalecer y facilitar la articulación con las instancias públicas de igualdad, tanto de carácter nacional como local (Consejos de Protección de Derechos) para garantizar la transversalización de la igualdad de género, en los procesos de formulación de la política nacional, sectorial, intersectorial, planes de ordenamiento territorial.

Agenda Nacional para La Igualdad

en Discapacidades 2013-2017

Constitución de la República del Ecuador, "Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social…”

Consejo Nacional de la Igualdad de Discapacidades

Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades 2013 – 2017

INTRODUCCIÓN Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad (OMS y BM, 2011): Se estima que más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad; o sea, alrededor del 15% de la población mundial (según estimaciones de la población mundial del año 2010). Esta cifra es superior a las estimaciones previas de la Organización Mundial de la Salud, correspondientes a los años 1970, que eran de aproximadamente un 10%. Según la Encuesta Mundial de Salud, cerca de 785 millones de personas (15,6%), de 15 años y más viven con una discapacidad, mientras que el proyecto Carga Mundial de Morbilidad, estima una cifra próxima a los 975 millones (19.4%). La Encuesta Mundial de Salud señala que, del total estimado de personas con discapacidad 110 millones (2,2%), tienen dificultades muy significativas de funcionamiento, mientras que la Carga Mundial de Morbilidad cifra en 190 millones (3,8%), las personas con “discapacidad grave” (el equivalente a la discapacidad asociada a afecciones como la tetraplejía, depresión grave o ceguera). Solo la Carga Mundial de Morbilidad mide las discapacidades infantiles (de 0-14

años), con una estimación de 95 millones de niños (5,1%), 13 millones de los cuales (0,7%) tienen “discapacidad grave”. El número de personas con discapacidad está creciendo. Esto debido al envejecimiento de la población3 y al incremento global de los problemas crónicos de salud asociados a discapacidad, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos mentales. Se estima que las enfermedades crónicas representan el 66,5% de todos los años vividos con discapacidad en los países con ingresos bajos y medianos4. Las características de la discapacidad en un país concreto están influidas por las tendencias en los problemas de salud y en los factores ambientales y de otra índole, como los accidentes de tráfico, las catástrofes naturales, los conflictos, los hábitos alimentarios y el abuso de sustancias. (...) La discapacidad afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables, los resultados de la Encuesta Mundial de Salud indican que la prevalencia de la discapacidad es mayor en los países de ingresos bajos que en los países de 3 Las personas adultas mayores tienen riesgo de sufrir alguna forma de discapacidad. 4 The global burden of disease: 2004 update. Geneva, World Health Organization, 2008.

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ingresos más elevados. Las personas en el quintil más pobre, las mujeres y los ancianos [personas adultas mayores] también presentan una mayor prevalencia de la discapacidad.5

Existen varios estudios de prevalencia de discapacidad en el Ecuador, producto de diferentes investigaciones desde 1981. A la fecha, se han efectuado tres estudios estadísticos muestrales:

Las personas con pocos ingresos, sin trabajo o con poca formación académica tienen mayor riesgo de discapacidad. Los datos de las encuestas a base de indicadores múltiples, en países seleccionados ponen de manifiesto que los niños de las familias más pobres y los que pertenecen a grupos étnicos minoritarios, presentan un riesgo significativamente mayor de discapacidad que los demás niños6. (OMS y BM, 2011: 7, 8 y 9).

a. “Los impedidos en el Ecuador”, diagnóstico realizado por el INNFA7 (1981), determina el 12.8% de población con discapacidad; b. El estudio “Situación actual de las personas con discapacidad en el Ecuador”, desarrollado por el CONADIS y la Universidad Central (1996), señala que el 13.2% de la población presenta algún tipo de discapacidad; y, c. “Ecuador: la discapacidad en cifras”, estudio efectuado por el CONADIS y el INEC (realizado en 2004 y publicado en 2005), establece el 12.14% de población con discapacidad.

Un gran inconveniente ha sido definir con precisión lo que se entiende por “persona con discapacidad”, puesto que varía considerablemente de acuerdo a la metodología de investigación aplicada en cada país y las modificaciones a través del tiempo, por lo cual la información no ha tenido la exactitud deseable. 5 World Health Survey. Geneva, World Health Organization, 2002–2004 (http://www.who.int/healthinfo/survey/ en/, accessed 9 December 2009). 6 United Nations Children’s Fund, University of Wisconsin. Monitoring child disability in developing countries: results from the multiple indicator cluster surveys. New York, United Nations Children’s Fund, 2008.

Ecuador: La Discapacidad en Cifras (2005), se basa en parámetros metodológicos internacionales como el Clasificador Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF), que permite definir la tipología, grado y porcentaje de discapacidad, en el contexto sanitario y social del entorno. 7 Instituto Nacional del Niño y la Familia, actualmente denominado Instituto de la Niñez y la Familia (INFA).

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En el VI Censo de Población y V de Vivienda (INEC, 2001), se incluyó la variable de discapacidad, los resultados señalan una tasa de discapacidad de 4.7%. En el VII Censo de Población y VI de Vivienda (INEC, 2010), el 5.6% de la población afirmó tener algún tipo de discapacidad. Entre ambas datas, el incremento es de un punto porcentual. En 2010, el estudio bio-psico-social denominado Misión Solidaria Manuela Espejo, implementado por la Vicepresidencia de la República, determinó que 294.803 personas con discapacidad se encuentran en situación crítica; esto es, en condiciones de discapacidad grave y muy grave. Se utilizó una metodología aplicada en Cuba y Venezuela para registrar un conjunto de variables de tipo socioeconómico-sanitario y un análisis médico de la discapacidad. Para efectos de la Agenda para la Igualdad en Discapacidades, hemos optado por los resultados de la investigación Ecuador: la discapacidad en cifras (CONADIS, INEC, BM, BID), aplicada en 2004 a través del Sistema Integrado de la Encuesta de Hogares (SIEH), por cuanto arroja datos de variables importantes como: edad, género, condición económica, salud, educación, trabajo, protección social, servicios de atención de salud, autonomía,

participación y uso del tiempo libre, información y actitudes ante la discapacidad; con desglose a nivel nacional, regional y provincial. Elementos referenciales importantes para los fines de planificación. Asimismo, se considera la información proporcionada por el INEC sobre los resultados del Censo 2010. Cuando se habla de discapacidad, la atención inmediatamente se centra en las barreras que la sociedad suele identificar con mayor facilidad: arquitectónicas, físicas y de comunicación; sin embargo, aún resta enfrentar las barreras actitudinales que son las más determinantes y afectan a las personas con discapacidad, en especial a mujeres, niñas y niños, y personas adultas mayores, en quienes la múltiple vulnerabilidad se traduce en mayor invisibilidad. El abordaje y estudio de la discapacidad tiene sus especificidades pero hay una inmensa gama que se despliega desde las características que puede tener la tipología (física, sensorial, intelectual, psico-social, entre otras). El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad, como parte de la diversidad de la condición humana, nos convoca a la tarea actual de construir una sociedad justa e inclusiva, con “equidad en la diferencia” (CLAI/EDAN, 2008).

En un esfuerzo por la igualdad, el Gobierno Nacional viene trabajando en una propuesta de modelo de desarrollo inclusivo que busca dejar atrás los programas meramente asistencialistas para posicionar a cada ciudadana y ciudadano como sujeto de derechos, de cuyo ejercicio el Estado es garante. El desarrollo social inclusivo, se fundamenta en el diseño e implementación de acciones y políticas públicas para todos los ecuatorianos, respaldado en la igualdad de oportunidades y derechos de las personas, independientemente de su estatus social, género, edad, condición física y mental, etnia, religión, etc. El acceso a los servicios y bienes, a la educación, a la salud, al trabajo, a la recreación, al deporte, a la plena participación como ciudadano, al ejercicio de sus derechos sin restricción o condicionamiento alguno, deben brindar las mismas condiciones en todo lo que sea posible, en donde se atienden todos los demás. (Vicepresidencia y CONADIS, 2007)8. En sí, este modelo de desarrollo social inclusivo está basado en el nuevo paradigma de inclusión y los derechos humanos, que reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derechos, que poseen los mismos derechos 8 Desarrollo Social Inclusivo, 2007 Vicepresidencia-CONADIS.

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económicos, sociales y culturales que disfruta la población en general; y, fomenta su participación activa en las actividades de la sociedad e incidencia política. A luz de este modelo y con el afán de contribuir al desarrollo integral e inclusión plena de las personas con discapacidad y sus familias, en la vida social, política y productiva del país, con absoluto respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales, se elaboró la Agenda Nacional de la Igualdad en Discapacidades 2013–2017 (ANID); instrumento que propone orientaciones para la política pública a corto y mediano plazo, desde la contribución de instituciones públicas y privadas, así como organizaciones de la sociedad civil. La coordinación fue responsabilidad del CONADIS y se contó con el acompañamiento de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). Para la construcción de la ANID se tomó en consideración la Constitución de la República y el Plan Nacional para el Buen Vivir, por ser instrumentos que orientan el reconocimiento, promoción y garantía de los derechos como finalidad primordial del nuevo modelo de Estado de derechos y justicia; así como los mandatos de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2006), y la

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Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad (OEA, 1999), por su carácter vinculante. La ANID está estructurada por cuatro títulos centrales: antecedentes históricos, marco referencial, diagnóstico y alcance. Constituye un referente para entidades de los sectores público y privado, en pro del diseño e implementación de las políticas públicas con enfoque para la igualdad desde la perspectiva de discapacidades.

EJES, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS

d. Construir y fortalecer una percepción positiva, digna y respetuosa, de las personas con discapacidad. e. Establecer procesos graduales y dinámicos para garantizar la sostenibilidad de la inclusión. EJE 2: participación Política: Fomentar el ejercicio de los derechos sociales, civiles y políticos, y de las libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Lineamientos:

EJE 1: sensibilización Política: promover el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, el respeto a su dignidad y su debida valoración. Lineamientos: a. Fomentar el uso de un lenguaje adecuado, correcto y respetuoso. b. Difundir ampliamente instrumentos que promueven los derechos de las personas con discapacidad. c. Diseñar un modelo de gestión institucional con un Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH).

a. Garantizar la participación efectiva de las personas con discapacidad, en procesos políticos, de acuerdo con sus requerimientos de apoyo. b. Promover la presencia, la participación social y el liderazgo de las personas con discapacidad. c. Propiciar la incidencia de las personas con discapacidad, y sus familias, en la toma de decisiones sobre políticas públicas. d. Impulsar el asociacionismo de personas con discapacidad, y sus familias. e. Respetar la privacidad de las personas con discapacidad y garantizar su derecho a formar una familia.

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EJES 3: prevención Política: Garantizar acciones de prevención de discapacidades, así como su diagnóstico y atención temprana. Lineamientos: a. Prevenir discapacidades producidas por enfermedades y otros factores de riesgo. b. Fomentar una cultura de prevención en la sociedad ecuatoriana. c. Prevenir discapacidades congénitas. d. Prevenir discapacidades a causa de accidentes de tránsito. e. Prevenir riesgos y accidentes laborales que pudieran devenir en discapacidad. f. Disminuir todo tipo de violencia dado que es una de las causas de discapacidad. g. Disminuir el número de casos de discapacidades generados por negligencia médica. EJE 4: salud Política: Garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio de su derecho a la salud. Lineamientos: a. Integrar el enfoque en discapacidades en el Sistema Nacional de Salud.

b. Ampliar la cobertura de atención de los servicios de salud mental. c. Impulsar investigaciones en pro de una atención integral de salud. d. Garantizar la seguridad y protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo. e. Implementar protección y defensa para la persona afectada directamente y para su familia, cuando por negligencia médica se ha generado una discapacidad o se ha complejizado gravemente una situación de discapacidad. EJE 5: educación Política: Garantizar a las personas con discapacidad una educación inclusiva y especializada de calidad y con calidez, así como oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Lineamientos: a. Implementar medidas que aseguren a las personas con discapacidad el acceso a servicios educativos, en igualdad de condiciones que las demás. b. Asegurar una educación inclusiva y especializada, de calidad y con calidez para personas con discapacidad. c. Promover la participación del estudiantado con discapacidad y sus familias, en

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acciones y actividades tanto curriculares como extracurriculares. Viabilizar la continuidad de estudios y el aprendizaje a lo largo de la vida de la persona con discapacidad. Articular los procesos educativos y orientación profesional con las competencias necesarias para la inclusión socio-laboral de la persona con discapacidad. Compensar las brechas de inequidad que en el campo educativo han afectado a las personas con discapacidad. Incrementar el número de profesionales orientados y/o especializados en educación inclusiva y especial.

EJE 6: trabajo Lineamientos: a. Ampliar la probabilidad de inserción o reinserción laboral de personas con discapacidad con bajos niveles de educación formal. b. Incrementar oportunidades de empleo y mejorar los ingresos de las personas con discapacidad. c. Asegurar condiciones que garanticen el desempeño laboral de las personas con discapacidad mediante la equiparación de oportunidades.

d. Incrementar posibilidades de autoempleo, microemprendimiento y trabajo protegido para personas con discapacidad y sus familias. e. Fortalecer la institucionalidad de los organismos públicos y privados, comprometidos con trabajo y empleo para personas con discapacidad. EJE 7: accesibilidad Política: Asegurar el acceso de las personas con discapacidad al medio físico, al transporte, a la comunicación, a la información, a los bienes y servicios básicos. Lineamientos: a. Garantizar a las personas con discapacidad condiciones de seguridad, autonomía y usabilidad mediante la aplicación de los Principios de Diseño Universal. b. Eliminar las barreras físicas que impiden el acceso y uso de espacios públicos. c. Asegurar que las personas con discapacidad accedan a la información y comunicación, en igualdad de condiciones que las demás y en consideración de las condiciones específicas de cada tipología. d. Garantizar la seguridad y autonomía de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás, en el uso de servicios de transporte.

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e. Impulsar el acceso a una vivienda digna y accesible para personas con discapacidad. f. Garantizar que las personas con discapacidad tengan beneficios de costos en los servicios públicos y privados, servicios básicos, servicios de transporte y espectáculos.

EJE 9: protección y seguridad social

EJE 8: turismo, cultura, arte, deporte y recreación

a. Salvaguardar la protección y seguridad social de las personas con discapacidad. b. Fomentar alternativas de atención para personas con discapacidad en condición de indigencia y abandono. c. Implementar un sistema de información unificado de beneficiarios de los programas sociales. d. Impulsar la coordinación entre los diferentes institutos de seguridad social (IESS, ISSPOL, ISSFA) con respecto a prestaciones por discapacidad. e. Establecer mecanismos de compensación y apoyo a proveedoras y proveedores de cuidado, para mejorar las condiciones de vida de la persona con discapacidad y su familia, entendida ésta como sistema.

Política: Garantizar a las personas con discapacidad el acceso y disfrute del turismo, de la cultura, del arte, del deporte y de la recreación. Lineamientos: a. Promover la participación activa de las personas con discapacidad en actividades culturales, artísticas, deportivas, turísticas y recreativas. b. Fomentar la formación y profesionalización de las personas con discapacidad en actividades culturales, deportivas y artísticas c. Promover la práctica del deporte adaptado de competencia. d. Fomentar la formación profesional especializada en turismo, cultura, deporte y recreación para personas con discapacidad.

Política: Garantizar a las personas con discapacidad el acceso a la protección y seguridad social. Lineamientos:

EJE 10: legislación y justicia Política: Garantizar a las personas con discapacidad el acceso efectivo a la justicia, sin discriminación y en igualdad de condiciones que las demás personas.

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Lineamientos: Garantizar el cumplimiento, exigibilidad y defensa de derechos de las personas con discapacidad. Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia, con las acciones afirmativas pertinentes. EJE 11: vida libre de violencia Política: prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra personas con discapacidad, sus familiares y cuidadores

d. Incrementar el profesionalismo con actitudes positivas, y garantizar la salud mental de familiares, cuidadoras y cuidadores de las personas con discapacidad, tanto en el hogar como en los centros de apoyo. e. Salvaguardar la integridad de las personas con discapacidad, evitando sean utilizadas para mendicidad, trabajos lucrativos para terceros, realización de tareas mal remuneradas y la negación al acceso de beneficios externos y el mal uso de los mismos. f. Garantizar la credibilidad de las personas con discapacidad en todo ámbito, incluye el momento de realizar alguna denuncia sobre maltrato y/o abuso hacia la persona con discapacidad.

Lineamientos: EJE 12: política pública y rendición de cuentas a. Erradicar todo tipo discriminación, indigencia, abandono y subvaloración hacia las personas con discapacidad, en todos los ámbitos: físico, psicológico, sexual, moral, intelectual, emocional, credibilidad y toma de decisiones. b. Garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en protección a las personas con discapacidad. c. Fomentar y fortalecer la autovaloración, autoestima, proyección, emprendimiento empresarial y comercial, así como la autopercepción positiva de las personas con discapacidad.

Política: promover, garantizar y desarrollar la institucionalidad, la rendición de cuentas y políticas públicas con equidad para personas con discapacidad. Lineamientos: a. Incorporar el enfoque en discapacidades en la normativa, planificación y gestión de las instituciones del sector público. b. Incorporar el enfoque en discapacidades en el diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas.

c. Elaborar y aplicar metodologías y herramientas orientadas a incorporar la perspectiva de discapacidades en planes, programas, proyectos y presupuesto. d. Promover la rendición de cuentas sobre políticas para la igualdad con enfoque de discapacidad.

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e. Lograr la interacción entre los diferentes ejes de política pública para personas con discapacidad y las entidades a las que se refiere.

Agenda Nacional para la Igualdad de Nacionalidades y Pueblos (ANINP)

2013 - 2017

Agenda Nacional para la Igualdad de Nacionalidades y Pueblos (ANINP) 2013 – 2017

INTRODUCCIÓN Las nacionalidades indígenas y pueblos afroecuatoriano y montubio en el Ecuador, representan el 21% de la población total del país. Dichas poblaciones históricamente, han sido las más explotadas, discriminadas y excluidas, derivadas de viejas prácticas coloniales de clasificación social en función del color de la piel, la lengua, la cosmovisión, las creencias religiosas, las costumbres y formas de organización. Prácticas que desde el poder de los conquistadores, impuso como creencia de que aquello originado en Europa está llamado a constituirse en el referente único y central de organización de la vida social, política, económica, religiosa, cultural. Una perspectiva que hizo de la diferencia, fuente de jerarquización, explotación y dominio de una pequeña élite blanco-europea por sobre pueblos enteros. La República del Ecuador nació bajo esas premisas monoculturales y etnocentristas, que consideraron que la unidad nacional debe implicar homogeneidad cultural y uniformidad de lenguas y costumbres. El resultado, un país fragmentado, excluyente, racista, xenófobo, altamente desigual, donde la mayoría mestiza es pobre y la casi totalidad montubia, afroecuatoriana e indígena excluida e indigente. Donde solo

una pequeña élite blanco-mestiza política y económica, que subraya además sus orígenes europeos, ha gozado de todos los privilegios concentrando para sí, la mayor parte de la riqueza nacional. Frente a ese panorama histórico, Ecuador vive un proceso de transformación que incluye la demanda aún pendiente y en construcción, de refundar el Estado: de superar la matriz etnocéntrica y monocultural, para dar paso a una nueva matriz intercultural y plurinacional. En ese marco, la presente Agenda Nacional para la Igualdad de Nacionalidades y Pueblos (ANINP), es parte del esfuerzo de distinto tipo de actores de la sociedad ecuatoriana. Recoge y se inspira en las propuestas y demandas planteadas en las últimas tres décadas por las organizaciones de nacionalidades indígenas, organizaciones del pueblo afroecuatoriano y organizaciones del pueblo montubio. A través de la participación activa de los equipos técnicos de los Consejos de Desarrollo en transición a Consejos para la Igualdad: Corporación de Desarrollo para el Pueblo Afroecuatoriano (CODAE), Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CODENPE) y Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa Ecuatoriana y Zonas Subtropicales

de la Región Litoral (CODEPMOC) y con el apoyo técnico de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), ha identificado y diagnosticado las principales problemáticas existentes en distintos ámbitos: tierra y territorios, economías locales, acceso y distribución de créditos y asistencia técnica, servicios básicos como agua y vivienda, empleo, seguridad social, así como la situación de educación y salud. Hay que resaltar además que en el proceso de elaboración de la ANINP, también participaron líderes y lideresas, dirigentes y representantes de las organizaciones sociales de los pueblos afroecuatoriano, montubio y de las nacionalidades y pueblos indígenas de la Amazonía, Sierra y Costa. Aquello no impide reconocer que la tarea de un Estado plurinacional es un proceso permanente y de largo plazo, que deberá incluir siempre a todos y a todas, sin distinción de ideología política ni color de piel. A ello se agregan análisis de la situación en materia de gobernanza territorial, participación y vigencia de distintos derechos políticos al autogobierno, la autodeterminación y la participación. El balance es aún negativo. Hay amplias brechas sociales y económicas que aún persisten y que deben ser superadas con voluntad

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política y acuerdos mínimos. A nivel político el desafío es complejo, porque remite a un nuevo paradigma de una democracia más radical, deliberativa, incluyente y directa que supere las premisas del viejo modelo delegativo y contractual liberal. La presente Agenda busca facilitar las herramientas metodológicas para la planificación y la incorporación de las temáticas de igualdad e inclusión, en perspectiva intercultural, en los procesos de planificación institucional, así como la incorporación de la temática plurinacional e intercultural, en las Agendas Sectoriales e Intersectoriales de los ministerios coordinadores y ejecutores del Estado. La ANINP, contiene cinco capítulos principales: en la primera parte están Presentación e Introducción, donde se explica la razón, los objetivos y la estructura de la ANINP. Así el Capítulo I, se refiere al Marco Referencial, en el que se aborda el marco conceptual, marco jurídico y el anclaje de la Agenda, al Plan Nacional de Desarrollo. En el segundo Capítulo, se identifica o temas que serán desarrollados a través del Diagnóstico. En el Tercer Capítulo se aborda el diagnóstico por ejes y se plantea las políticas y lineamientos por cada eje. El diagnóstico tiene un enfoque muticriterio que abarca la dimensión de la discriminación, el racismo y la exclusión.

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Muestra una panorámica del estado de situación de los derechos reconocidos en la Constitución: tierras y territorios, derechos colectivos, administración y acceso a la justicia, derechos del buen vivir, derechos económicos, derechos de participación, comunicación e información y la plurinacionalidad e interculturalidad. El Capítulo Cuarto, se refiere específicamente a los ejes de las políticas públicas y los lineamientos de la Agenda, y finalmente, el capítulo cinco, se esboza algunos criterios para implementar una metodología funcional a la transversalización, observancia, monitoreo y evaluación de la presente Agenda. El diagnóstico de la situación actual toma en cuenta algunos aspectos básicos que se argumenta a través de fuentes oficiales actualizadas, aspectos como: a) Datos básicos demográficos relativos a la auto identificación por los propios pueblos y nacionalidades; b) Dimensión del problema de la discriminación, racismo y exclusión; c) Situación de la tierra y territorios; d) Economías locales, dinámicas agrarias; e) Brechas en: educación, salud, vivienda, comunicación e información; identidad, lengua y memorias; f) participación, consulta previa, libre e informada; g) autonomía, autogobierno e institucionalidad y h) administración de justicia.

EJES, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EJE 1: tierras y territorios Política: Promover la protección de la naturaleza, tierras y territorios ancestrales para garantizar el cuidado del medioambiente, el autosustento y la identidad cultural de las nacionalidades y pueblos, evitando contaminaciones innecesarias y desperdicio de sus productos. Lineamientos: a. Impulsar y fortalecer los programas de reconocimiento, saneamiento, recuperación, redistribución y legalización de tierras y territorios ancestrales; la resolución de conflictos en casos pendientes de traslapes o sobreposición con otras unidades territoriales, como el caso de áreas protegidas, mineras o petroleras. b. Fomentar y respetar los derechos a la gestión y administración comunitaria y sostenible del agua, tierras y territorios, acorde a las cosmovisiones, prácticas culturales e históricas de las comunas, comunidades, nacionalidades y pueblos.

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c. Promover el establecimiento de normativas para la protección, respeto y reconocimiento del patrimonio biocultural, como conocimientos colectivos y ancestrales, frente a la biopiratería y hurto de patentes de investigadores de empresas farmacéuticas y de alimentos, en los territorios de nacionalidades y pueblos. d. Establecer alianzas de corresponsabilidad entre el Estado y las comunidades, pueblos y nacionalidades, para el cuidado y conservación del agua de las cuencas hidrográficas, humedales, vertientes, fuentes en los páramos andinos y manglares de la Costa y Amazonía. e. Generar e implementar programas de capacitación y tratamiento de los desechos sólidos y aguas servidas en las zonas de asentamientos de las nacionalidades y pueblos. f. Impulsar programas de capacitación participativos dirigidos a los servidores públicos del Estado, sobre los derechos de la naturaleza, para la disminución del uso y manejo de productos agroquímicos que afecten el medioambiente. g. Respetar y fortalecer el ordenamiento territorial, los sistemas de producción y

cuidados del medioambiente, desde la cultura, cosmovisión y especificidades de las nacionalidades y pueblos, en la Amazonía, Costa y páramos de la Sierra, evitando la sobre explotación del suelo, para la mayor protección y conservación de la naturaleza y sus ecosistemas. h. Impulsar programas de reforestación con plantas nativas para la protección de las cuencas hidrográficas, vertientes de agua, conservación y recuperación de tierras degradadas de los territorios de nacionalidades y pueblos i.

Fomentar la producción forestal y agrícola con semillas nativas; y, la recuperación de las que están en riesgo de extinción, en las comunidades, nacionalidades y pueblos, para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria del país.

Política: promover la investigación de los saberes y conocimientos ancestrales, en el área de la biodiversidad, ecosistemas, tierras, agua y formas de cuidado de la naturaleza, para su recuperación, reconocimiento y práctica. a. Generar normativas de protección en la investigación y uso de los conocimientos y saberes ancestrales, para garantizar la propiedad intelectual y el patrimonio

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biocultural colectivo de las comunidades y territorios de las nacionalidades y pueblos. Implementar unidades especializadas de investigación en las instituciones públicas y en las áreas pertinentes, para fortalecer los saberes y conocimientos ancestrales y complementar con las investigaciones científicas, para la solución de problemas ambientales, económicos, sociales y culturales de las nacionalidades y pueblos. b. Promover espacios de sistematización participativa e intercambio de conocimientos y experiencias entre nacionalidades y pueblos sobre prácticas propias de manejo comunitario y conservación de ecosistemas (bosques, manglares, recursos marinos, lagos o lagunas, humedales, páramos, etc.). c. Impulsar proyectos de investigación de los saberes ancestrales en la biodiversidad agrícola, forestal, pecuaria y marítima, para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria y proteger el patrimonio nacional tangible e intangible de las nacionalidades y pueblos.

convivencia, autogobierno, organización social y de justicia, para garantizar el ejercicio de los derechos colectivos, la paz y la gobernabilidad entre las diversas culturas del país. Lineamientos: a. Generar mecanismos técnicos, políticos y jurídicos para que los derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos no sean violentados en sus sistemas de vida y medioambiente, por los proyectos, petroleros, mineros y madereros que se implementen. b. Implementar medidas cautelares y políticas públicas de protección y respeto a los Pueblos no Contactados, para mantener y preservar la biodiversidad forestal y faunística, como patrimonio tangible e intangible del país.

EJE 2: derechos colectivos

c. Promover y fortalecer el cumplimiento de la consulta previa, libre e informada y la consulta prelegislativa, sobre programas, proyectos y leyes nacionales que afecten a los pueblos y nacionalidades, para la garantía y protección de los derechos colectivos, conforme la Constitución y Convenios Internacionales.

Política: Promover el respeto y reconocimiento de las nacionalidades y pueblos, sus formas de

d. Implementar programas de capacitación a los funcionarios/as públicos, en la

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prestación de servicios con pertinencia cultural; facilitadores/as en diálogo/s de participación social intercultural, para que faciliten con eficiencia y eficacia los procesos de consulta previa, libre e informada y consulta prelegislativa, evitando los conflictos sociales. e. Impulsar el apoyo técnico y presupuestario en el diseño y elaboración de los Planes de Vida desde la cosmovisión cultural, como instrumentos de planificación y desarrollo de las nacionalidades y pueblos, para la inclusión con pertinencia cultural en la planificación desconcentrada y territorial de las instituciones públicas del Estado Central y de los GAD. f. Generar e innovar normativas para la asignación presupuestaria, utilizando la distribución y redistribución de las regalías obtenidas del petróleo y minería, para la elaboración de los planes de vida, que garanticen un desarrollo con identidad de las nacionalidades y pueblos. Política: promover el respeto y reconocimiento de las culturas e identidades diversas, en las instituciones públicas del Estado Central y los GAD, para disminuir estereotipos negativos sobre las nacionalidades y pueblos.

Lineamientos: a. Implementar programas de sensibilización y capacitación sobre valores y derechos de la identidad cultural, derechos colectivos, la plurinacionalidad e interculturalidad, para la construcción del Sukak Kawsay con equidad y armonía. b. Promover y fomentar la investigación sobre juegos y deportes ancestrales, para la recuperación y práctica saludable de personas de todas las edades, como medios y formas de recreación personal y colectiva en el área rural y urbana. c. Implementar espacios de diálogo intercultural con encuentros, foros y ferias de intercambio de saberes en educación, salud, medicina, nutrición, arquitectura y vivienda, técnicas de conservación de los ecosistemas, turismo y riego. d. Impulsar programas artísticos- culturales e interculturales en los espacios públicos y privados, en coordinación con los GAD, para promover y fortalecer la producción literaria, danza, teatro y arte de las nacionalidades y pueblos. e. Implementar

formularios,

fichas

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elementos informativos y de difusión en las lenguas de los pueblos y nacionalidades. Fortalecer al instituto de lenguas ancestrales para la recuperación y fortalecimientos de los idiomas y la producción de diccionarios, materiales educativos y documentos sobre conocimientos y ciencias ancestrales de las nacionalidades y pueblos. Crear comités de veedurías interculturales en los GAD, para prevenir la impunidad en temas de violencia, discriminación y racismo hacia las nacionalidades y pueblos. Política: promover la auto identificación de las nacionalidades y pueblos, valorando y afirmando las identidades diversas como patrimonio cultural tangible e intangible del Ecuador.

para disminuir la discriminación y violencia cultural contra las nacionalidades y pueblos. c. Fortalecer la identidad de nacionalidades y pueblos y la identidad nacional, rescatando las fiestas ancestrales como el Inti Raymi e incorporando en el calendario del feriado nacional, para levantar el autoestima y la cohesión social de la pluriculturalidad diversa del país. d. Continuar con los programas de auto identificación étnica, fortaleciendo la información y el levantamiento estadístico, para generar políticas públicas que respondan a la realidad de pueblos y nacionalidades. EJE 3. Administración y acceso a la justicia

Lineamientos: a. Impulsar la creación de centros interculturales (museos, teatro) en los lugares históricos y turísticos, vinculando al turismo comunitario, para promover la difusión de los valores culturales y la auto identificación de las personas de nacionalidades y pueblos. b. Realizar campañas y spots publicitarios en radio y TV, contra el racismo y sexismo,

Política: promover y fortalecer el reconocimiento y respeto a la justicia indígena, la coordinación y cooperación con la justicia ordinaria, para la solución de conflictos en los territorios de nacionalidades y pueblos. Lineamientos: a. Impulsar el marco jurídico, que permita la aplicación de la justicia indígena articulada al sistema judicial ordinario.

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b. Implementar un registro de acceso a la justicia ordinaria por auto identificación étnica y calidad de servicios, para disponer datos en la orientación de políticas públicas.

g. Respetar los sistemas de rehabilitación social desde la cosmovisión de la justicia indígena y la cooperación y coordinación con la justicia ordinaria para solución de conflictos de Nacionalidades y pueblos.

c. Respetar las sentencias ejecutoriadas por la justicia indígena en sus respectivas jurisdicciones, evitando así los conflictos de confrontación y ambigüedad entre las dos instancias.

h. Realizar campañas de información sobre los sistemas de justicia indígena por los medios de comunicación privada, pública y comunitarias, en las respectivas lenguas ancestrales.

d. Impulsar la Ley de Igualdad y no Discriminación como mecanismos de avance contra la discriminación y violencia racial y otras formas conexas.

Política: implementar mecanismos de protección, en el acceso a la justicia ordinaria, para una atención con calidad, calidez y sin discriminación a las personas de nacionalidades y pueblos.

e. Impulsar programas de capacitación y fortalecimiento a los gobiernos comunitarios en derechos colectivos y sistemas de justicia indígena, para la armonía y gobernanza plurinacional e intercultural. f. Capacitar al personal operador de justicia ordinaria en todo el país sobre pluralismo jurídico y derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos, para una mejor aplicación y coordinación con la justicia indígena y cambio de patrones de comportamiento.

Lineamientos: a. Implementar en las fiscalías y juzgados del país, mediadores interculturales, que apoyen en la interlocución de los procesos, para evitar discriminación y maltrato a las personas, especialmente mujeres de nacionalidades y pueblos. b. Fortalecer las Fiscalías de Asuntos Indígenas mediante la capacitación a los / as servidores/as en temas de estrategias investigativas, pluralismo jurídico y

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derechos colectivos, para un servicio eficiente e imparcial en la resolución de conflictos en territorios de nacionalidades y pueblos. c. Promover la igualdad y protección de los derechos de la mujer y la familia en la justicia ordinaria y justicia indígena de las nacionalidades y pueblos d. Impulsar la participación de mediadores culturales y traductores en lenguas ancestrales en los procesos judiciales, que faciliten el acceso a la justicia ordinaria y dialogo sin discriminación entre los actores procesales.

g. Impulsar programas de capacitación a las autoridades de las comunidades, nacionalidades y pueblos, sobre la discriminación y maltrato a la mujer, niños/as y adolescentes en todas sus formas, para facilitar las decisiones en las sanciones desde su cosmovisión cultural y justicia indígena. h. Apoyar la Implementación de casas de acogida y acceso a la justicia para mujeres víctima de maltrato que se encuentren en la necesidad de salir de sus hogares como medida de sobrevivencia en las comunidades de nacionalidades y pueblos. EJE 4: los derechos del buen vivir

e. Difundir y fortalecer los servicios de la Defensoría del Pueblo para la denuncia de casos de maltratos y racismo, utilizando los medios de comunicación público, privado y las Radios Comunitarias, a nivel local, regional y nacional. f. Descentralizar y difundir los servicios de los jueces de familia, mujer, niños y adolescentes para las denuncias y protección de las mujeres que sufren violencia de género (físico, psicológico, sexual y patrimonial), la trata y tráfico de niñas/os de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

Política: fortalecer y garantizar la educación intercultural bilingüe a nivel de país, en educación inicial, básica y bachillerato con pertinencia cultural, para garantizar la permanencia y desarrollo de las culturas de nacionalidades y pueblos como patrimonio de la identidad nacional. Lineamientos: a. Asegurar la inclusión en la malla curricular y pensum de estudios del sistema de Educación Intercultural Bilingüe a nivel de país, en temas de desigualdad y racismo

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por condición étnico y cultural, cuidado del medioambiente , valores de solidaridad, reciprocidad y honestidad, para la sensibilización y cambio de patrones culturales de la sociedad nacional. b. Implementar centros de formación y desarrollo infantil en las comunidades de nacionalidades y pueblos con personal docente mixto, que tenga experiencia, utilice pedagogía culturalmente adecuada y hable el idioma pertinente. c. Implementar en el currículo de enseñanza inicial, básica y media de todo el sistema educativo del país, la enseñanza obligatoria como segunda lengua el kichwa y shuar. d. Implementar un programa de capacitación y formación al personal docente del sistema SEIB, que hable el idioma ancestral, en temas de conocimientos ancestrales y universales, para construir la interculturalidad y garantizar la calidad de la educación en todos los niveles, preparando bachilleres idóneos para las universidades. e. Fortalecer la elaboración y producción de materiales didácticos y textos en los idiomas ancestrales respectivos, incluyendo materiales para personas

con discapacidad visual, para facilitar la enseñanza-aprendizaje y preservar los idiomas e identidades culturales. f. Implementar programas de becas para niñas y niños en situación de pobreza de nacionalidades y pueblos, que permita el acceso y permanencia en todos los niveles de educación. g. Impulsar y fomentar la aprobación de una lengua ancestral como requisito para la graduación de bachillerato en todos los colegios del país, para el cumplimiento de la Ley de Educación Intercultural. h. Crear escuelas y colegios culturalmente adecuados en el marco del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en sectores y barrios urbanos de alta concentración y migración de nacionalidades y pueblos, para preservar y fortalecer las identidades culturales. i.

Adecuar programas de educación básica y media para personas con discapacidad de las nacionalidades y pueblos, vinculados a los sistemas convencionales y de los sistemas de educación intercultural bilingüe (SEIB).

Fomentar el respeto a la indumentaria de las niñas/ños y adolescentes de

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nacionalidades y pueblos, en las escuelas y colegios urbanos y rurales, evitando la utilización obligatoria de uniformes convencionales, para impedir la pérdida de identidades culturales. k. Implementar programas de alfabetización en lenguas ancestrales a través de radio y TV y otras estrategias, para nacionalidades y pueblos, especialmente para las mujeres indígenas de la Amazonía y Costa. l. Implementar programas de capacitación y educación en ciudadanía intercultural y aprendizaje de idiomas ancestrales, desde un enfoque de derechos y la eliminación de toda forma de racismo, discriminación y violencia. m. Dotar de sistemas de movilización para las niñas/os de los niveles inicial, básico y bachillerato que viven en lugares distantes, hacia las unidades de educación intercultural bilingüe. Política: fortalecer el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB) con calidad, en la formación de niñas/niños, adolescentes idóneos, para el acceso a la educación superior con identidad.

Lineamientos: a. Impulsar programas de investigación en saberes ancestrales y pedagogía de enseñanza-aprendizaje en las unidades del SEIB, para fortalecer y recuperar los conocimientos ligados a la educación y la cultura de nacionalidades y pueblos. b. Crear postgrados que vinculen temáticas de medicina ancestral y alternativa en las Universidades del país, para la intercultulturalidad y atención de las enfermedades epidemiológicas acordes a la cultura, cosmovisión, mayor confianza y efectividad en la sanación. c. Fortalecer el modelo intercultural en las universidades Yachay y Amazónica para que desarrollen conocimientos y ciencias alternativas adecuadas al paradigma del sumak Kawsay y los derechos de la naturaleza. d. Fortalecer el sistema y ampliar la cobertura de becas para garantizar el acceso democrático de jóvenes de nacionalidades y pueblos, en especializaciones de postgrado que permita el cierre de brechas sociales, económicas y culturales.

Política: fortalecer y ampliar la cobertura de la gestión y práctica de salud intercultural en las Unidades de Salud Pública, con énfasis en los distritos y circuitos de mayor población indígena, afro ecuatoriana y montubia, para mejorar el acceso de dichas poblaciones. Lineamientos: a. Implementar y fortalecer los centros de atención de salud integral e intercultural en las Unidades de Salud Pública con personal médico formado y capacitado en temáticas interculturales. b. Capacitación y formación de médicos/as de la medicina convencional en el manejo y comunicación en lenguas ancestrales, para una atención con calidad y calidez sin discriminación en las unidades de salud pública. c. Promover la coordinación y complementariedad entre la medicina ancestral - alternativa y la medicina convencional, para disminuir la morbimortalidad materno-infantil de las nacionalidades y pueblos, especialmente en los lugares de difícil acceso. d. Implementar campañas de planificación familiar, educación sexual, derechos

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sexuales y reproductivos, desde la cosmovisión de las nacionalidades y pueblos utilizando sus idiomas ancestrales, a través de los medios de comunicación pertinentes. e. Fortalecer la presencia, acreditación y legitimidad de las/los parteras/ros en las unidades de salud pública, para los servicios de atención prenatal y parto vertical, para mujeres de nacionalidades y pueblos. f. Adecuar y adaptar con pertinencia cultural los programas del ENIPLA para la prevención del embarazo adolecente y la prevención de enfermedades de transmisión sexual como el VIH/SIDA y la educación sobre derechos sexuales y reproductivos para nacionalidades y pueblos, con énfasis en los territorios de extracción minera y petrolera. g. Incorporar mediadores culturales dentro del sistema de Salud Pública, para garantizar la prevención, curación y rehabilitación de los pacientes pertenecientes a nacionalidades y pueblos. h. Promover la ingesta de productos alimenticios endémicos y ancestrales nutritivos dentro de la dieta de los pacientes, en las unidades de salud pública

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Impulsar un programa de investigación en los sistemas de salud y medicina ancestral, para potenciar, recuperar, equipara y complementar los conocimientos con la medicina convencional, para la prevención y curación de las enfermedades de nacionalidades y pueblos y de toda la población ecuatoriana.

Implementar mecanismos de prevención y atención para personas alcohólicas y sus familias y realizar campañas de información y educación en los medios de comunicación, sobre el alcoholismo, sus efectos y consecuencias.

Política: Fomentar la producción y el consumo de productos ancestrales de alto contenido nutritivo, para disminuir el problema de la desnutrición maternoinfantil de las familias, comunidades, pueblos y nacionalidades. Lineamientos: a. Promover la producción y consumo de alimentos endémicos y ancestrales nutritivos que fortalezcan la soberanía alimentaria y eleven la nutrición de niños/as y madres embarazadas de las nacionalidades y pueblos.

b. Fortalecer los programas de compra de alimentos locales y ancestrales nutritivos, ricos en vitaminas y minerales para los Centros de Desarrollo Infantil, educación inicial y básica de los sistemas de Educación Intercultural, en el área rural y urbana, para mejorar la alimentación y desarrollo de las niñas/os menores de cinco años y en edad escolar. c. Incorporar en los refrigerios de los bares escolares la alimentación saludable basada en alimentos endémicos y ancestrales nutritivos. Política: fomentar las construcciones de viviendas dignas, adaptadas a las culturas y aspectos geográficos de nacionalidades y pueblos. Lineamientos: a. Implementar modelos de construcción de viviendas, acorde a las culturas y condiciones geográficas de los territorios de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. b. Investigar y recuperar modelos de vivienda digna, acorde a las culturas y cosmovisiones propias de cada pueblo y nacionalidad.

c. Implementar infraestructura básica, agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades y territorios de las Nacionalidades y Pueblos, tomando en cuenta las brechas existentes en el área rural. d. Ampliar la cobertura del bono de vivienda para las nacionalidades y pueblos en el marco de las acciones afirmativas y el derecho del Buen Vivir. EJE 5: los derechos económicos Política: promover la recuperación y desarrollo de la biodiversidad agrícola ancestral en la producción, garantizando la soberanía alimentaria y provisión segura de alimentos, para disminuir la desnutrición de niñas/os y madres gestantes de las nacionalidades y pueblos.

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nalidades y pueblos, para fortalecer la soberanía y seguridad alimentaria del país. c. Fortalecer e implementar proyectos de infraestructura de riego en la costa y sierra con nuevos canales de riego, pozos profundos, albarradas, geomembranas, etc. para asegurar la producción agrícola y pecuaria de las comunidades, pueblos y nacionalidades. d. Implementar programas de capacitación a los empleados de las instituciones públicas del ramo, en sistemas de producción y comercialización comunitarias y asociativas con semillas ancestrales, para un efectivo apoyo y asistencia técnica con pertinencia cultural, en las iniciativas y emprendimientos productivos, de las comunidades, nacionalidades y pueblos.

Lineamientos: a. Implementar programas nacionales de producción agroecológica con la recuperación de semillas ancestrales y cultivos asociados, que garanticen una producción diversificada, para disminuir los riesgos productivos y asegurar el auto sustento de las familias de nacionalidades y pueblos. b. Impulsar estudios de investigación sobre biodiversidad agrícola ancestral de Nacio-

e. Generar normativas para la patentación y protección de la propiedad intelectual y el patrimonio biocultural de los conocimientos y productos ancestrales, para la comercialización con identidad cultural de los respectivos productos. Política: promover y fomentar la asociatividad en la producción y comercialización en el marco de la economía popular y solidaria, desde la conceptualización y visión propia, para

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fortalecer la economía de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Lineamientos:

familias, comunidades y asociaciones de productores para la producción agrícola y pecuaria de nacionalidades y pueblos que no disponen de tierras.

a. Fortalecer la diversificación en la producción agrícola, pecuaria y piscícola con tecnologías apropiadas y emprendimientos de otras actividades y servicios, para garantizar la autosuficiencia del consumo familiar y orientar el excedente, hacia mercados especiales en los sectores urbanos.

e. Promover y fomentar los distintos sistemas económicos comunitarios y asociativos de producción, que garanticen la auto subsistencia y nutrición de las niñas/os y adultos mayores, en las comunidades y territorios de nacionalidades y pueblos, en el marco de la economía popular y solidaria.

b. Impulsar la investigación de la producción y productividad agroecológica asociativa de pequeños productores, para la comercialización a precio justo en los mercados locales y nacionales, que permita disminuir la pobreza de las nacionalidades y pueblos.

f. Crear programas de economía mixta y comunitaria en la producción agroecológica, industria agroalimentaria y artesanal, incorporando valor agregado y patentes de identificación cultural, con apoyo técnico y económico de las instituciones del ramo, para estimular la creación de fuentes de empleo para las comunidades, pueblos y nacionalidades.

c. Impulsar programas de asociatividad de tierras de minifundios para la producción orientada al mercado nacional e internacional de productos ancestrales, especialmente del área Andina, para disminuir la pobreza de las nacionalidades y pueblos. d. Constituir un Fondo presupuestario para apoyar la compra de tierras de las

g. Estimular y fortalecer los emprendimientos turísticos comunitarios que vinculen la producción de productos ancestrales y locales, la identidad cultural y sus formas de vida, la artesanía, culinaria, lugares históricos y turísticos, como medios para la creación de fuentes de empleo e ingresos.

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h. Impulsar plantas procesadoras de producción de desechos y residuos orgánicos provenientes de actividades productivas y mercados locales, para la sostenibilidad de la producción agrícola de comunidades, pueblos y nacionalidades. i.

Fortalecer las Cajas y Banco Comunales y cooperativas de ahorro y crédito, como medios de apoyo solidario de crédito, para la implementación de la producción asociativa, facilitando flexibilidad y menores tasas de interés.

Implementar normas jurídicas que garantice la eliminación de aranceles e impuestos a la conformación de las organizaciones sociales, pequeñas empresas, asociaciones, cajas comunitarias e iniciativas productivas de las Comunas, comunidades, pueblos y Nacionalidades.

Política: fomentar redes de comercialización convencionales y alternativos con precios justos para los productos obtenidos por cuenta propia de pequeños productores, compensando un salario digno, para el auto sustento familiar de nacionalidades y pueblos.

a nivel urbano y rural, de productos orgánicos de los pequeños productores asociados, que incentiven el cuidado del medioambiente y la recuperación de los suelos, especialmente en el área Andina. b. Diseñar modelos de comercialización alternativos para los productores y consumidores desempleados y trabajadores por cuenta propia, facilitando el abastecimiento y evitando la desnutrición de las niñas/os y adultos mayores de las familias y comunidades de nacionalidades y pueblos. c. Promover la agroindustria comunitaria y vinculación con las cadenas productivas de la mediana y gran industria, para garantizar espacios de comercialización sostenibles, a precios justos que beneficie a empresas comunitarias de nacionalidades y pueblos. d. Fortalecer los programas de compras públicas del INCOP y los programas de alimentación escolar, que aseguren el acceso de los productos de pequeños productores asociados, para estimular el empleo y trabajo con ingresos dignos.

Lineamientos: a. Promover una red de mercados y ferias de comercio justo, libre de intermediarios

e. Promover y reconocer institucionalmente los sistemas de trabajo comunitario, para fortalecer las

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f. Mingas, la solidaridad y reciprocidad en el sistema económico y social del Buen Vivir. g. Fortalecer las acciones afirmativas para que las y los jóvenes de nacionalidades y pueblos tengan acceso a espacios laborales en las cinco funciones del Estado. h. Promover y ampliar la cobertura del Seguro Social Campesino, garantizando la salud y demás beneficios sociales a los trabajadores/as por cuenta propia de las diferentes actividades económicas, para proteger la salud y la dignidad humana de las nacionalidades y pueblos. EJE 6: los derechos de comunicación e información

participación,

Política: fortalecer el derecho a una comunicación libre en los idiomas ancestrales, para potenciar el desarrollo cultural y la construcción de la plurinacionalidad. Lineamientos: a. Promover e incentivar, a través de los medios de comunicación para que las niñas/os y jóvenes de las nacionalidades y pueblos se comuniquen en sus propios idiomas ancestrales, evitando la pérdida de identidad y desaparición de sus culturas.

b. Fortalecer los programas de noticias en kichwa y shuar en los medios de comunicación pública y privada (radio y TV), para valorar y motivar la interculturalidad con la sociedad nacional. c. Promover y fomentar programas de recreación educativos en los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, dirigido a niños/as y adolescentes en idiomas ancestrales y castellano, sobre temas de igualdad, racismo, discriminación y cultura, para fortalecer la comunicación en lenguas ancestrales y construir la interculturalidad. d. Implementar en las instituciones públicas señaléticas por lo menos en shuar y kichwa, para la familiarización con los idiomas ancestrales y la valoración de los mismos. e. Facilitar el aprendizaje de los empleados de las instituciones públicas para que conozcan por lo menos el kichwa y shuar, para la prestación de servicios con eficiencia y eficacia en las oficinas y en la ejecución de actividades en los territorios de las nacionalidades y pueblos. f. Promover que las expresiones culturales de teatro, danza, pintura, literatura, canto, se

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realicen en forma bilingüe para fortalecer el idioma de las nacionalidades y pueblos. g. Fomentar y fortalecer que la comunicación oral y escrita con el Estado y sus instituciones en la realización de la Consulta Previa, Libre e Informada se la realice en sus propias lenguas ancestrales, a fin de construir el diálogo intercultural y el Estado Plurinacional. h. Fortalecer y apoyar el funcionamiento y sostenibilidad de las radios comunitarias y crear medios televisivos para nacionalidades y pueblos en base a los criterios de democratización de la comunicación y redistribución equitativa del espectro radioeléctricos, para fomentar la alfabetización, programas educativos infantiles, culturales, de salud e históricos en lenguas ancestrales. i.

Fortalecer el sistema de educación intercultural bilingüe para la recuperación y práctica de los idiomas ancestrales y evitar la pérdida de las identidades culturales de niños/as y adolescentes de nacionalidades y pueblos.

j. Implementar mecanismos para regular y controlar que las producciones audiovisuales y mensajes difundidos

a todo nivel, reproduzcan o refuercen prejuicios y estereotipos raciales que injurien, ultrajen, humillen, perjudiquen o atenten la dignidad y derechos de los afro ecuatorianos/as, indígenas y montubios. Política: promover la participación democrática de nacionalidades y pueblos en las acciones de planificación, ejecución y evaluación que realice el gobierno y las instituciones públicas, para garantizar la transparencia y la gobernabilidad entre Estado y sociedad. Lineamientos: a. Fortalecer la participación de las nacionalidades y pueblos en acciones y actividades que las instituciones públicas del Estado Central y los GAD realicen para la prestación de servicios, a fin de sustentar su corresponsabilidad e institucionalidad participativa. b. Promover la participación democrática, oportuna y de buena fe de las comunidades y organizaciones de nacionalidades y pueblos para la realización de la Consulta Previa, Libre e Informada en los territorios que afecten con los megaproyectos de desarrollo nacional.

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c. Organizar comités de veeduría ciudadana intercultural y democrática para la observancia, corresponsabilidad y transparencia de las acciones realizadas por los gobiernos centrales y locales.

c. Impulsar y motivar en campañas de concienciación y sensibilización con la población, sobre las ventajas de las Circunscripciones Territoriales, para el fortalecimiento de la identidad nacional.

EJE 7: la plurinacionalidad y la interculturalidad

d. Promover el cambio y adaptación de las instituciones públicas conjuntamente con el cambio de matriz productiva, para la construcción del Estado Plurinacional en el marco del Sumak Kawsay.

Política: promover e impulsar la conformación de las Circunscripciones Territoriales que potencien e integren el desarrollo de las culturas ancestrales y el desarrollo del país. Lineamientos: a. Crear mecanismos concretos para efectivizar la conformación de las Circunscripciones Territoriales, que potencien e integren el desarrollo de las culturas ancestrales de nacionalidades y pueblos, como gobiernos autónomos descentralizados con identidad plurinacional. b. Implementar programas de capacitación a los servidores públicos sobre temas de descolonización, democracia participativa, soberanía, plurinacionalidad e interculturalidad, para la construcción del Estado Plurinacional en el marco del Buen Vivir.

Política: promover el diálogo intercultural entre el Estado y las nacionalidades y pueblos, para establecer la corresponsabilidad y armonía en el Buen Vivir del país. Lineamientos: a. Implementar espacios de diálogo intercultural entre funcionarios de las instituciones públicas y las organizaciones de nacionalidades y pueblos, a través de foros, paneles y seminarios, en temas coyunturales y el conocimiento del Plan Nacional del Buen Vivir, que permita mantener actives intereses de orientación y corresponsabilidad, para la construcción del Buen Vivir y el Estado Plurinacional. b. Implementar mecanismos de diálogo con los GAD, para la solución de problemas y

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conflictos de límites territoriales, acceso y utilización del agua, con las comunidades, nacionalidades y pueblos. c. Implementar en los medios de comunicación públicos y comunitarios, espacios de diálogo intercultural entre líderes de las nacionalidades y pueblos y funcionarios del gobierno, en el abordaje de temas

coyunturales, para el análisis y orientación de soluciones en caso de conflictos. d. Promover la incorporación de personal de pueblos y nacionalidades dentro de la planta profesional o de trabajadores dentro del sistema público central y GAD, mediante el otorgamiento de puntaje adicional en los sistemas meritocráticos.

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Agenda Nacional de Igualdad para la Movilidad Humana (ANIMHU) 2013 – 2017

¿Qué es, por qué y para qué se elabora la ANIMHU? El movimiento de las personas a través de las fronteras ha sido preocupación de los Estadosnación a lo largo de la historia. De hecho incluso se puede leer y entender la propia conformación de los Estados en relación a la presencia de un ‘otro extranjero’. Si las identidades se construyen por alteridad, los Estados-nación las han construido en relación no solo a los otros Estados-nación sino además, a través de la noción de ciudadanía, en relación a las personas de otras nacionalidades que habitan en dicho territorio. Y es en función de esta concepción que se han ido construyendo también las políticas nacionales para dar respuesta, generalmente de control y restricción, a los flujos de movilidad humana. A la par de las prioridades en las políticas globales en la materia, que han radicalizado su enfoque securitista en la última década, el gobierno de la Revolución Ciudadana ha promovido, no sin tensiones, políticas con enfoque de derechos, orientadas por la Constitución de la República del 2008 y el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017. Las orientaciones de ambos instrumentos son claras al respecto del abordaje que las entidades estatales deben asumir al ejecutar

acciones para hacer efectivos los derechos de las personas en situación de movilidad humana, y para modificar las condiciones que impiden el ejercicio de derechos o que directamente los vulneran. Es a partir de estas orientaciones que se esbozan las relaciones dialécticas entre igualdad y derechos, en la medida en que es a través de la realización plena de los derechos para todas las personas que se enfrenta la discriminación y se reduce la inequidad; y, es a partir de promover la igualdad y la no discriminación, que se garantiza derechos, libertades, oportunidades y potencialidades para todos y todas. La Constitución (Art. 156) y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Art. 14) establecen la conformación de los Consejos Nacionales para la Igualdad, como los órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos constitucionales y los consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, de los grupos humanos y poblaciones que estructuralmente han sido excluidos o puestos en situación de desventaja en nuestro país. Y es mediante las Agendas Nacionales para la Igualdad, que se transversaliza las políticas públicas, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, que apuntan a la inclusión plena de dichos grupos en igualdad de condiciones.

Adicionalmente, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Art. 598) determina la creación de los Consejos Cantonales para la Protección de los Derechos establecidos en la Constitución e instrumentos internacionales, en cada gobierno autónomo descentralizado metropolitano y municipal. Estas instancias tendrán como atribuciones: la formulación, trasversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales de protección de derechos, articulada a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad. En este contexto, la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) han desarrollado la Agenda Nacional de Igualdad para la Movilidad Humana (ANIMHU), instrumento de planificación que establece directrices para la formulación de políticas públicas intersectoriales y sectoriales en torno a la realidad de la movilidad humana en el Ecuador, que apuntan a corregir las inequidades que marginan y excluyen a las personas emigrantes, inmigrantes, refugiadas, desplazadas y en tránsito migratorio, a quienes han retornado y a las víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

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¿Cómo se elaboró la ANIMHU? El proceso de elaboración de políticas públicas debe garantizar la plena participación de los actores que se ven afectados directa o indirectamente por el hecho social que se busca modificar; por ello se procuró que la construcción de la ANIMHU contara con la participación de personas en situación de movilidad humana, y de actores – referentes clave sobre el tema en el Estado y en sociedad civil. Así, se realizaron talleres para la recopilación de insumos e identificación de ejes de acción sobre aspectos considerados fundamentales en torno al acceso y ejercicio de derechos de las personas en movilidad; participaron en ellos representantes de los gobiernos locales (alcaldías y juntas parroquiales), asociaciones de familiares de migrantes, inmigrantes y refugiados, organismos de Iglesia, ONG vinculadas al tema de la movilidad y/o derechos humanos, y delegados de organismos internacionales e intergubernamentales. Los contenidos elaborados en estos espacios participativos se complementaron con entrevistas a representantes de las carteras de Estado que tienen facultades y competencias sobre las distintas realidades que comporta la movilidad humana. Se recopiló información

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sobre el abordaje de las políticas, programas y proyectos en marcha, las medidas que quedan por tomar en ciertos ámbitos de la movilidad humana, y los mecanismos para profundizar y/o mejorar la política existente, o en su defecto, implementarla. Además de la participación, un elemento clave en la elaboración de la ANIMHU fue contar con revisiones del marco normativo nacional e internacional sobre las diversas realidades de la movilidad humana, y de bibliografía especializada y estudios referenciales respecto del tema. Fundamentalmente fue necesario, ubicar la elaboración de las directrices de la ANIMHU en el marco del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, como herramienta básica de planificación y construcción de política pública en nuestro país. Por último, y partiendo de la premisa de que la política pública debe configurarse como un conjunto de acciones orientadas a modificar una problemática determinada, es importante mencionar las dificultades metodológicas que ha implicado estructurar un diagnóstico de la realidad de la movilidad humana en el Ecuador, a la cual respondan las directrices de esta Agenda. En primer lugar, dado al carácter complejo, multicausal y pluridimensional de la movilidad humana en nuestro país, resulta complicado

determinar un perfil socio – demográfico de los distintos grupos poblacionales que viven en estos contextos. Esto responde principalmente a la dinámica misma de la movilidad en el Ecuador, que se caracteriza por darse, en la gran mayoría de casos, de forma forzada y como única alternativa al margen de las políticas que establecen controles y requisitos para la entrada y permanencia regular y/o documentada de la persona inmigrante, en tránsito o en situación de refugio en el país. La emigración de ecuatorianas y ecuatorianos está también marcada por esta tendencia a salir de sus lugares de origen y cruzar las fronteras recurriendo a vías no oficiales, debido a la restricción y criminalización que han impuesto tradicionalmente las políticas migratorias de Estados Unidos y los países de la Unión Europea, principales destinos de los flujos emigratorios del Ecuador. Esto implica no solamente la extrema dificultad de contar con mecanismos para registrar en cifras la presencia de estos grupos poblacionales en nuestro territorio, y de ecuatorianos y ecuatorianas en otros países; sino que, además, la situación de indocumentación de las personas en movilidad humana implica entrar en una dinámica de vulnerabilidad y persecución que conlleva serias vulneraciones de sus derechos, y en muchos casos, el peligro de ser víctimas de las

redes transnacionales de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Pero en buena medida los problemas con la información cuantitativa sobre movilidad humana se deben también a que no existe una metodología estandarizada oficial para levantar estadísticas sobre emigración (y retorno), inmigración, tránsito, refugio y desplazamiento interno en el país, pues las carteras de Estado que ejercen competencias sobre estos temas manejan distintos abordajes sobre las dinámicas y procesos de la movilidad. En estricto sentido, entonces, no se trata de una ausencia de datos, sino de diversidad de enfoques y fuentes, y de dispersión de esfuerzos en el levantamiento de la información9. 9 Una revisión de las fuentes estatales disponibles sobre estadísticas de movilidad humana en el país y sus principales limitantes se encuentra en OIM (2012) Perfil Migratorio del Ecuador 2011, OIM-UE: Quito. Las principales entidades estatales que producen información estadística sobre las diversas aristas de la movilidad humana en el país son el Ministerio de Relaciones Laborales (compila datos sobre trabajadores inmigrantes en situación regular en el país); el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración (que maneja la información oficial sobre las visas de no inmigrantes, entre las que figuran las solicitudes de asilo y refugio, y las visas de inmigrante); y el Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de Migración (que construye estadísticas sobre entradas y salidas de ecuatorianos y personas de otras nacionalidades a través de los puestos migratorios oficiales, deportaciones y exclusiones de personas extranjeras, deportaciones y exclusiones de ecuatorianos desde otros países y detenciones de extranjeros). Es importante mencionar que sobre la

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Los factores mencionados dan cuenta de la urgente necesidad de construir una metodología oficial estandarizada, que articule los esfuerzos de compilación de cifras entre las distintas entidades estatales que se ocupan del tema, para levantar y sistematizar información cuantitativa y cualitativa sobre las y los ecuatorianos en el exterior, de aquellos que han retornado, y de las personas de otras nacionalidades en nuestro país, así como sobre los procesos de movilidad de estos grupos. Considerando que la movilidad humana es un hecho social cambiante y complejo, la información respectiva será siempre una aproximación a la realidad, sin embargo es imperativo que ésta sea reflejada en toda su diversidad y que tenga un rostro humano. Es responsabilidad de esta Agenda, entonces, plantear como una de sus políticas la construcción, sistematización y gestión de la información sobre movilidad humana, situación de personas ecuatorianas en tránsito hacia otros países, no existen fuentes de levantamiento de información estatales, y dado el carácter de la información que se levanta sobre las personas de otras nacionalidades en el país, la entidad que podría dar cuenta de las personas extranjeras en tránsito por el Ecuador, sería la Dirección Nacional de Migración, a través de los saldos migratorios. Sin embargo estimar qué grupos poblaciones están presentes en el Ecuador en su tránsito hacia otros países, es complicado por ausencia de otras variables, aunque podrían cruzarse los saldos migratorios con las fechas de entrada y salida.

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con enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad, de cara a identificar las distintas variables e inequidades estructurales que colocan a las personas emigrantes (incluyendo a quienes han retornado), inmigrantes, refugiadas, en tránsito y desplazadas en condición de vulnerabilidad.

EJES, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EJE 1: protección integral y restitución de derechos Política: prevenir, controlar y sancionar las prácticas racistas, xenófobas y violentas cometidas contra personas en situación de movilidad humana en el país, asegurando la reparación integral de los derechos de las personas víctimas de dichos actos, e impulsar su prevención en el exterior. Lineamientos: a. Impulsar estudios, investigaciones e informes técnico-políticos sobre actos de discriminación, racismo, xenofobia y violencia cometidos contra personas extranjeras en nuestro país, y contra ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior, en colaboración con academia y sociedad civil, en el Ecuador y en otros países.

b. Apoyar a las organizaciones de personas en situación de movilidad humana, en la realización de veedurías y vigilancia sobre la gestión de autoridades públicas (administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control), así como de las entidades privadas, que operen en el país, sobre las prácticas, actos y omisiones que se consideren discriminatorios, y en la presentación de los informes respectivos a las entidades de la Función de Participación Ciudadana y Control Social y Defensoría del Pueblo. c. Crear un programa especializado en la reparación integral a víctimas de violaciones de derechos humanos, articulado al Sistema de Protección Integral de grupos de atención prioritaria de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, con especial atención a las personas en situación de movilidad humana, que garantice la restitución efectiva de sus proyectos de vida. d. Crear y fortalecer un sistema de protección administrativo y de acceso a la justicia que permita a las personas en movilidad humana denunciar violaciones al ejercicio de sus derechos a fin de que las instituciones ejecutoras de la política

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pública investiguen, sancionen y reparen oportunamente dichas violaciones. e. Garantizar que las entidades públicas cuenten con mecanismos internos que identifiquen (sea por denuncia o de oficio) casos de violaciones de derechos e inicien con la investigación, sanción administrativa y reparación integral a las víctimas. f. Diseñar protocolos de atención que institucionalicen la prestación de servicios y el acceso a programas y servicios que implementan las entidades públicas ecuatorianas, dentro del país como en el exterior, sin discriminación por la nacionalidad y/o la condición migratoria. g. Fomentar procesos formativos de mediano y largo plazo a servidores y servidoras públicos en el país y en el exterior, que prestan servicios a personas inmigrantes, emigrantes, retornadas, personas con necesidad de protección internacional (PNPI), desplazadas internas, y víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, en temas de discriminación y la xenofobia, y los derechos y garantías de estos grupos, las distintas realidades de la movilidad humana y las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado ecuatoriano en estas materia

h. Acompañar los procesos de denuncia y restitución de derechos vulnerados vinculados a prácticas discriminatorias de las que hayan sido víctimas las y los ecuatorianos en los países de tránsito y destino de la emigración, articulados al Sistema Supranacional de Protección de Derechos Política: adecuar la normativa nacional, regional y de los gobiernos autónomos descentralizados para garantizar los derechos de la población en situación de movilidad humana, y fortalecer los mecanismos e institucionalidad idóneos para la regularización de las personas inmigrantes en ecuador. Lineamientos: a. Reformar y generar la normativa nacional, zonal y de los gobiernos autónomos descentralizados con el fin de eliminar todas las formas de discriminación basadas en el origen nacional y la condición migratoria y que garanticen el ejercicio de derechos humanos de la población en situación de movilidad humana; con prioridad en los ámbitos laboral, seguridad social, identidad, salud, vivienda y educación. b. Promover la formulación y aprobación de la nueva Legislación para la Movilidad

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Humana, armonizada con la Constitución e instrumentos internacionales que regulen las realidades de movilidad humana con perspectivas de igualdad, y que se construyan participativamente con la intervención de las entidades estatales y actores vinculados a las temáticas. c. Incorporar en la nueva Legislación para la Movilidad Humana, una visión del asilo, refugio y apatridia acorde con la Constitución y a las obligaciones internacionales asumidas por el estado, además de procedimientos de asilo, refugio y apátrida eficientes. d. Garantizar la inclusión de formas de prevención de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, así como la protección y restitución de sus derechos en la Legislación de Movilidad Humana. e. Reformar el sistema ordinario de regularización de personas inmigrantes que garantice el acceso sin discriminación por la nacionalidad u ocupación y que atienda primordialmente los principios de unidad familiar, interés superior del niño y equidad de género. f. Incorporar al proceso ordinario de regularización un sistema de visas

especiales que brinden protección a personas inmigrantes en Ecuador con vulnerabilidades específicas, atendiendo prioritariamente a víctimas de trata, niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados, víctimas de delitos de odio, y personas con enfermedades catastróficas o capacidades especiales. g. Implementar campañas de difusión e información de los procesos de regularización ordinarios y extraordinarios para personas inmigrantes, en consideración de los contextos geográficos, culturales, idiomáticos y socio económicos de la población. h. Fortalecer las capacidades institucionales de la autoridad migratoria encargada de la regularización ordinaria y extraordinaria, a fin de superar las dificultades en su acceso por cuestiones geográficas, sea a través de la apertura de nuevas oficinas y/o de brigadas móviles en los lugares que se requiera. i.

Establecer mecanismos para verificar el cumplimiento de los principios de celeridad y eficiencia para los procedimientos de regularización migratoria.

Fortalecer los espacios multilaterales de discusión de la política migratoria para construir y suscribir acuerdos

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migratorios bilaterales y multilaterales de regularización del estatus migratorio de personas migrantes ecuatorianas, y de personas inmigrantes en el Ecuador. Política: fortalecer y articular la capacidad institucional instalada del estado, en el territorio nacional y en el exterior, para la atención y protección efectiva de las personas en situación de movilidad humana, y el ejercicio de sus derechos. Lineamientos: a. Velar por los derechos de las y los ecuatorianos en el exterior a través de las misiones diplomáticas, articulando acciones con entidades de protección de derechos en el Ecuador y en los países de tránsito y destino de la migración ecuatoriana, especialmente cuando se trate de casos de ecuatorianos y ecuatorianas sometidos a procedimientos de retorno forzado, internamientos u otros motivos de privación de su libertad, y poniendo especial énfasis en niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de sus padres, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. b. Garantizar que las entidades estatales con competencia para la protección

de ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior, velen por la integridad de los niños, niñas y adolescentes y adultos mayores dependientes que han quedado en situación de vulnerabilidad porque sus progenitores han retornado de manera forzada (deportaciones, exclusiones u otras formas legales) al Ecuador. c. Garantizar que los procesos de reunificación familiar de personas ecuatorianas se den sobre la base de información adecuada y oportuna y velar por el cumplimiento de los principios del interés superior del niño y de la unidad familiar, dentro del ámbito de competencia del Estado ecuatoriano. d. Innovar el carácter del servicio público para las y los ecuatorianos en el exterior, y para quienes deseen retornar al Ecuador, en atención a sus realidades y condiciones de vulnerabilidad, para garantizar una atención digna, oportuna y adecuada. e. Fortalecer los mecanismos de gobierno electrónico que posibiliten, entre otros, el acceso a las y los ecuatorianos en el exterior a su información personal, a los servicios migratorios y consulares, con énfasis en derechos a la participación y a la seguridad social.

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f. Fortalecer el enfoque de la Diplomacia Ciudadana como un mecanismo para consolidar los vínculos con las y los ecuatorianos en el exterior y contribuir a la protección de sus derechos. g. Garantizar el acompañamiento a personas ecuatorianas que han retornado y a sus familias, en sus procesos de re integración social, cultural y económica en sus espacios familiares y comunitarios, incorporando mecanismos de atención integral en todas las instituciones. h. Fortalecer la coordinación inter institucional entre gobiernos autónomos descentralizados, destacamentos de la fuerza pública (Policía Nacional y Fuerzas Armadas), centros de atención en salud, centros educativos y casas de acogida, en las fronteras del territorio, para implementar programas de protección, atención emergente y asistencia humanitaria, identificación de población desplazada de manera forzada (incluyendo la accesibilidad y remisión de casos al proceso de solicitud de refugio), y la detección de sus necesidades de atención, en especial de pueblos indígenas binacionales, que garanticen sus derechos individuales y colectivos.

Formar adecuadamente al personal militar y civil que participe en misiones de paz y en programas de ayuda humanitaria en materias de derechos humanos, protección internacional y de protección a personas desplazadas de manera forzada, de tal forma que la participación de personal ecuatoriano se ajuste plenamente a los estándares internacionales.

Evitar toda forma de control migratorio que sea criminalizante, fortaleciendo las capacidades de la autoridad encargada del registro migratorio, especialmente frente a su necesidad urgente de recibir protección internacional.

k. Promover el reconocimiento de casos de apatridia, su registro; el acceso a información pertinente, regularización, e instar a la soluciones concretas en estos casos. l. Promover la integración local, como una de las soluciones duraderas para las personas con necesidad de protección internacional mediante su participación y acceso a procesos de desarrollo de las comunidades de acogida (proyectos comunitarios de infraestructura, principalmente en las áreas de salud y educación, organización comunitaria, y proyectos productivos y de generación de ingresos).

m. Asegurar que los eventuales procesos de repatriación/ retorno de personas en situación de movilidad humana observen los principios de seguridad y dignidad, mediante la facilitación de información adecuada a la persona para que decida sobre su retorno y la acción coordinada entre las entidades públicas responsables, organizaciones de sociedad civil y organismos intergubernamentales para promover, facilitar y coordinar la repatriación voluntaria. n. Impulsar la implementación de los Consejos Cantonales de Protección de Derechos en los GAD como instancias de formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales de protección de derechos, articuladas a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad. Política: efectivizar el derecho al debido proceso en el acceso, registro y reconocimiento en el procedimiento de determinación de la condición de refugiado, y racionalizar el uso de esta figura de ayuda humanitaria. Lineamientos: a. Garantizar el acceso al procedimiento para solicitar refugio en el Ecuador, en

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apego a la Constitución y las normas del Estado Ecuatoriano establecidas para el efecto, con los principios de independencia, imparcialidad, idoneidad, no discriminación y garantía de los derechos humanos, y en concordancia con el principio de no devolución. b. Asegurar que el Estado ecuatoriano mantenga el registro de personas que fueron reconocidas como refugiadas en el Ecuador, bajo condiciones de seguridad y confidencialidad. c. Implementar un programa adecuado de información (veraz, transparente y de fácil comprensión) y difusión del procedimiento para solicitar la condición de refugiado, con énfasis en espacios públicos, entidades estatales, el sistema educativo y el de salud. d. Diseñar protocolos de atención como parte del procedimiento de solicitud de refugio, para todos los grupos de personas con necesidad de protección internacional con necesidades específicas, con énfasis en personas analfabetas, con discapacidad, mujeres víctimas de violencia basada en género, niños, niñas y adolescentes no acompañados, separados y víctimas de violencia, personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales

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(LGBTI), víctimas del delito de trata de personas y sobrevivientes de tortura. e. Garantizar los principios de interés superior del niño y de unidad familiar en el procedimiento para solicitar la condición de refugiado, tomando en cuenta los diversos tipos de familia garantizados en la Constitución. f. Garantizar el registro de niños y niñas nacidos en Ecuador, hijos de madre y/o padre no nacionales, con énfasis en personas con necesidad de protección internacional. Política: promover la denuncia de derechos violentados, el acceso a la justicia, el ejercicio de tutela efectiva y debido proceso a personas en situación de movilidad humana. Lineamientos: a. Fortalecer los mecanismos internos que permitan al Estado ecuatoriano coordinar oportuna y ágilmente los casos judiciales de personas ecuatorianas con las autoridades competentes de otros países, impulsando la cooperación judicial bilateral o regional, con especial prioridad en los casos judiciales de niños, niñas y adolescentes, mujeres víctimas de

violencia basada en género, víctimas de los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. b. Facilitar el acceso a la información y defensoría pública, para la prevención, control y sanción frente a actos de discriminación y violación de derechos de personas en situación de movilidad humana. c. Fortalecer el proceso de extradición, con especial atención a prevenir que extraditen a personas con doble nacionalidad, con atención a los acuerdos bilaterales y multilaterales relacionados a la privación de la libertad. d. Asegurar el derecho de petición de las personas emigrantes e inmigrantes tanto en la justicia ordinaria como en la justicia constitucional, sin discriminación por el origen nacional o la condición migratoria. e. Incluir programas específicos de capacitación de mediano y largo plazo sobre la temática de inmigración y refugio en la formación de jueces, fiscales, defensores públicos, facultades de derecho públicas y privadas, miembros de la fuerza pública, y en general para todos los operadores de justicia.

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f. Prevenir y sancionar casos de abusos y maltratos cometidos por la fuerza pública, garantizando un debido proceso de sanción a los responsables y la reparación integral a las personas en movilidad humana. g. Fortalecer el sistema de protección judicial para mujeres emigrantes y en necesidad de protección internacional y que son víctimas de violencia basada en género, con énfasis en agresiones sexuales y feminicidios, y otras vulneraciones de derechos. h. Aplicar las convenciones y protocolos internacionales para personas en necesidad de protección internacional y personas inmigrantes en situación irregular que hayan sido víctimas de trata (aun cuando no se haya iniciado un proceso penal por su caso), de tortura o violencia sexual. i.

Establecer mecanismos flexibles que faciliten la denuncia de casos de trata de personas y tráfico de migrantes que garanticen la protección de los denunciantes.

Establecer un mecanismo de protección a niños, niñas o adolescentes no acompañados o separados de sus padres, mediante la activación del sistema

nacional descentralizado de protección, para restablecer la unidad familiar con sus padres o tutores. k. Facilitar que las personas sometidas al procedimiento de deportación y que invoquen la condición de refugio puedan formalizar su solicitud ante autoridad competente. Política: sistematizar y levantar información cualitativa y cuantitativa sobre las diversas realidades de las personas en situación de movilidad humana en el ecuador, y sobre ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior, respetando el derecho a la confidencialidad de los datos de carácter personal, que permita consolidar la planificación de la temática. Lineamientos: a. Crear un Sistema Nacional de Información sobre Movilidad Humana que levante, recopile y actualice de manera permanente información socio demográfica y georeferenciada, sobre las realidades y derechos de la población inmigrante, emigrante, retornada, personas en necesidad de protección internacional (PNPI), desplazados internos y de los diversos tipos de familia que se conforman en estos contextos, así como sobre las

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víctimas de trata de personas y tráfico de migrantes y la incidencia de estos delitos a nivel nacional.

Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), u otros medios, para garantizar su accesibilidad.

b. Fortalecer el Subsistema Integral de Información sobre Violencia y Discriminación del SNI, mediante la implementación del registro sobre actos y omisiones de discriminación, racismo, xenofobia y violencia cometidos contra personas en situación de movilidad humana, que incluyan indicadores de género, etnicidad, y etarios en las entidades públicas que brindan atención a esta población, en el país y en el exterior.

e. Fomentar las iniciativas de investigación y estudios sobre las diferentes dinámicas de la movilidad humana, estableciendo mecanismos de cooperación con academia y sociedad civil, ecuatoriana y de otros países.

c. Articular la información de los diferentes planes, programas, proyectos y servicios implementados para atención a las personas en situación de movilidad humana para que sean sistematizados y remitidos al Sistema Nacional de Información sobre Movilidad Humana. d. Articular el Sistema Nacional de Información sobre Movilidad Humana (emigración, inmigración, retorno, refugio, tránsito, apátrida) a los mecanismos y herramientas de levantamiento permanente de información sociodemográfica y económica que existen en el Ecuador (censos y encuestas) y al

EJE 2: derechos del Buen Vivir Política: promover el ejercicio del derecho a la educación tanto en los países de destino de las personas emigrantes ecuatorianas como a su retorno, y para todas las personas inmigrantes que viven en el ecuador, ampliando las modalidades educativas y adaptando las condiciones de acceso conforme las realidades de la movilidad humana. Lineamientos: a. Implementar, fortalecer los programas públicos de educación y ampliar sus modalidades para personas ecuatorianas que viven en el exterior de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, mediante las nuevas tecnologías de comunicación e información

b. Impulsar la firma de acuerdos bilaterales con los países de destino de la emigración o multilaterales con los espacios de integración regional del que forma parte el Ecuador, tendientes a establecer mecanismos adecuados y efectivos para el ejercicio del derecho a la educación, con especial atención en la universalización de la educación, el reconocimiento y validación de los estudios y la permanencia en el sistema educativo c. Asegurar que la condición migratoria no constituya impedimento u obstáculo para el acceso y permanencia de niños, niñas y adolescentes extranjeros en el sistema nacional de educación ecuatoriano, de conformidad con el principio de universalidad y la Ley de Educación Intercultural. d. Impulsar y fortalecer los mecanismos idóneos previstos en la Ley de Educación Intercultural para el reconocimiento y validación de estudios de niños, niñas y adolescentes extranjeros que viven en el Ecuador, y de niños, niñas y adolescentes ecuatorianos que han retornado del exterior, con especial atención al sistema de ubicación cuando las y los estudiantes no poseen documentación de su país de origen o donde ejercieron sus estudios, y de quienes se encuentran en situación irregular.

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e. Promover y facilitar el acceso y permanencia de hijos e hijas de personas ecuatorianas que han retornado, a los sistemas de educación general básica, bachillerato y educación superior. f. Posibilitar que las personas en movilidad humana puedan continuar o concluir sus estudios, en los niveles de educación general básica, bachillerato y educación superior, y prever el acceso para quienes no cuentan con documentación suficiente para homologar sus estudios. g. Impulsar y fortalecer el acceso a la educación superior de personas en movilidad humana, que incluya además el acceso a beneficios y becas del SENESCYT y del IECE, prioritariamente para personas emigrantes ecuatorianas y progresivamente para personas inmigrantes en el Ecuador. h. Incluir en los procesos de capacitación a docentes y directivos de los centros educativos, en la malla curricular nacional y en la construcción e implementación de Códigos de Convivencia, la temática de la movilidad humana, sus potencialidades, impactos y consecuencias como un modo de sensibilización en los espacios educativos, promoviendo el derechos a la libre movilidad humana y censurando los estereotipos.

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Garantizar que el sistema nacional de educación (básica, media y superior) reconozca los documentos de identificación de extranjeros de conformidad con el principio de igualdad y no discriminación por la condición migratoria.

EJE: salud Política: propiciar el ejercicio efectivo del derecho a la salud para población en situación de movilidad, con especial énfasis en el área rural y zonas de frontera. Lineamientos: a. Promover convenios con los principales países de destino para garantizar la atención en salud de población emigrante ecuatoriana, considerando la reciprocidad entre los Estados y atendiendo prioritariamente a la universalidad y el enfoque de derechos. b. Brindar atención y servicios médicos en caso de enfermedad para población inmigrante y PNPI a nivel nacional sin discriminación por la nacionalidad ni la condición migratoria, con prioridad en personas con VIH, enfermedades catastróficas e incurables, personas con discapacidad, mujeres embarazadas,

niños, niñas y adolescentes, población LGBTI, poniendo especial atención al ejercicio de derechos sexuales, reproductivos y a la salud mental. c. Crear campañas que promuevan la salud pública, estilos de vida sanos y un medio ambiente saludable que incluya como sujetos a las personas en situación de movilidad humana, es decir acciones en Ecuador y en el exterior que materialicen esta política. d. Impulsar la firma de acuerdos bilaterales con los países de destino de la emigración o multilaterales con los espacios de integración regional del que forma parte el Ecuador, tendientes a establecer mecanismos adecuados y efectivos para el ejercicio del derecho a la salud. e. Promover la generación de políticas regionales de atención en salud a personas con discapacidad – capacidades especiales y en situación de movilidad humana. EJE: trabajo digno Política: promover el ejercicio del derecho al trabajo digno de las y los ecuatorianos en el exterior y facilitar su acceso para las personas en situación de movilidad humana

en el ecuador, sin discriminación por condición migratoria, combatiendo la explotación y precarización laboral.

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con el fin de fortalecer las capacidades tanto individuales como asociativas, y mejorar su situación económica y social y la de sus familias.

Lineamientos: a. Promover la suscripción de convenios bilaterales de regularización y reconocimiento de trabajadores migrantes, para posibilitar el ejercicio del derecho al trabajo de las y los ecuatorianos en el exterior. b. Promover sistemas bilaterales o multilaterales de prevención, control y sanción de explotación laboral, con énfasis en la priorización de personas víctimas de trata con fines de explotación laboral. c. Implementar y fortalecer programas integrales de reinserción económica de las y los ecuatorianos a su retorno, que garanticen, entre otros aspectos, generación de empleo digno (por cuenta propia o bajo relación de dependencia), el acceso al sistema financiero y crediticio y a inversiones productivas; y acciones afirmativas en aspectos tributarios, poniendo especial atención en mujeres, (especialmente mujeres jefas de hogar), adultos mayores y personas que desarrollan actividades no calificadas o de bajo nivel de instrucción o capacitación,

d. Fortalecer el Servicio Público de Empleo, en la vinculación entre la capacitación y experiencia laboral de las personas en condición de movilidad humana, adquiridas en el exterior, con la oferta de trabajo a través de la inclusión en la bolsa de empleo en el país y el reconocimiento formal de las competencias adquiridas. e. Fortalecer el sistema de inspección laboral con el fin de vigilar el cumplimiento de los derechos laborales de las personas retornadas e inmigrantes, estableciendo mecanismos adecuados de denuncia, investigación y sanción para casos de precarización, abuso y maltrato. f. Garantizar que la autoridad laboral y la autoridad migratoria, mantengan el sistema de regularización laboral nacional junto con los empleadores públicos y privados, para contar con contratación y seguridad social para todas las personas en movilidad humana. g. Fortalecer los procesos de capacitación técnica y formación profesional para per-

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sonas en situación de movilidad humana, así como el reconocimiento y homologación de los conocimientos adquiridos tanto en el país como en el exterior. h. Profundizar la articulación de la demanda de trabajo de personas en movilidad humana a las iniciativas y formas de organización de la economía popular y solidaria. i.

Facilitar el acceso y registro de personas inmigrantes y refugiados a los sistemas tributarios (nacional y de GAD) para el cumplimiento de obligaciones tributarias.

Fortalecer las capacidades de fomento productivo, comercialización, exportación e iniciativas de negocios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para generar arraigo tanto de la población en edad de trabajar como de la población retornada.

EJE: seguridad social Política: promover el acceso a la seguridad social (en relación de dependencia y voluntaria) de las y los ecuatorianos en el exterior y de las personas en situación de movilidad humana en el ecuador, sin discriminación por condición migratoria, propendiendo a la universalidad.

Lineamientos: a. Asegurar el cumplimiento de los convenios bilaterales y multilaterales sobre seguridad social suscritos por el Ecuador, y promover la suscripción de nuevos convenios, en función de homologar y validar las aportaciones, beneficios y servicios de la seguridad social en los países de destino de la emigración ecuatoriana. b. Garantizar que el Sistema Nacional de Seguridad Social reconozca todas las condiciones migratorias de conformidad con el principio de igualdad y no discriminación por la condición migratoria, y permita su acceso a todos los servicios a sus afiliados y aportantes. c. Exigir la afiliación voluntaria de personas emigrantes ecuatorianas y de las personas inmigrantes, no laboran en relación de dependencia al sistema nacional de seguridad social EJE: hábitat y vivienda Política: facilitar el acceso a vivienda digna para las personas en situación de movilidad humana en condición de vulnerabilidad, con equidad territorial.

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Lineamientos: a. Incluir en la normativa sobre inquilinato de bienes inmuebles en predios rurales y urbanos, en todos los niveles de gobierno, directrices que establezcan acciones de prevención, control y sanción frente a la discriminación o abuso por origen nacional o condición migratoria en el acceso a vivienda digna.

de vivienda retornados.

para

los

ecuatorianos

e. Garantizar el reconocimiento de los derechos de propiedad y asegurar que los bienes de los arrendatarios sean respetados, frente a la vulneración de la legitimidad de sus bienes inmuebles en casos de disputas presentadas por arrendadores extranjeros. EJE: convivencia intercultural

b. Fortalecer los mecanismos de acceso a la vivienda digna, sobre todo de crédito y condiciones de acceso, para personas en situación de movilidad humana. c. Construir mecanismos que garanticen el acceso a vivienda para las diferentes formas de familia, que supere las barreras de lugar de residencia de uno de los miembros para contar con una propiedad y vivienda para el núcleo familiar o la familia ampliada. d. Motivar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados a planificar, deliberar y actuar en función de las realidades migratorias de sus territorios, para construir políticas de hábitat incluyentes para los extranjeros y principalmente de retención positiva de sus ciudadanos, así como contar con planes para la adquisición

Política: fomentar prácticas de convivencia intercultural a través del reconocimiento y valoración de las diversidades que confluyen en los procesos de movilidad humana. Lineamientos: a. Generar y difundir información sobre los diversos aportes, principalmente en aspectos humanos, sociales, culturales y económicos, que las personas en situación de movilidad humana hacen al Ecuador, y las personas migrantes ecuatorianas a los países de destino. b. Reconocer el aporte de las personas en movilidad humana a las sociedades que los acogen, su contribución económica y su influencia social para crear espacios de paz y solidaridad.

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c. Fomentar que los medios de comunicación públicos y privados eviten el uso de estereotipos respecto a personas en movilidad humana, promoviendo la convivencia intercultural y pacífica.

EJE: corresponsabilidad Internacional

d. Promover la convivencia intercultural y la integración de personas en situación de movilidad humana en la comunidad, en los espacios públicos, laborales, educativos y deportivos.

Lineamientos:

e. Fortalecer los mecanismos orientados a conservar y valorar las identidades de nacionalidades y pueblos para personas en condición de movilidad humana. f. Generar ordenanzas en los distintos niveles de los GAD que promuevan la integración de la población en movilidad humana en las diferentes localidades, e impulsen el fortalecimiento y apertura de espacios públicos permanentes de intercambio entre los diversos grupos en movilidad humana y la población ecuatoriana, que promuevan la interculturalidad, el reconocimiento mutuo y la valorización de todas las expresiones colectivas e identidades socioculturales. g. Apoyar las manifestaciones culturales diversas de los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior.

Política: fomentar una política migratoria regional conjunta que sustente la implementación de la ciudadanía sudamericana.

a. Posicionar el principio de la ciudadanía universal y el derecho a migrar en las declaraciones y demás documentos generados por los espacios intergubernamentales de integración regional. b. Ubicar como prioridad en la agenda de inserción estratégica en el mundo y de integración latinoamericana la negociación de acuerdos recíprocos de regularización, incorporando la concreción de la ciudadanía sudamericana como elemento estratégico c. Incorporar en la legislación interna derechos y principios contenidos tanto en Convenios, Declaraciones y otros instrumentos a nivel regional en lo referente a la libre circulación de personas nacionales de Sudamérica, con particular atención a personas en condición de vulnerabilidad. d. Modernizar el procedimiento de visado para residentes de la Comunidad Andina y

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MERCOSUR, de manera que se promueva se regularización y se facilite su movilidad en la región. Política: impulsar mecanismos efectivos y coordinados de protección de derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana, en los espacios multilaterales y bilaterales que mantiene el ecuador. Lineamientos: a. Promover la elaboración de protocolos bilaterales y multilaterales de atención para las personas ecuatorianas en tránsito y en destino y para las personas de otras nacionalidades en tránsito por el Ecuador, considerando las perspectivas de género, generacional, discapacidad y etnia. b. Promover la suscripción y fortalecer la implementación de instrumentos internacionales (bilaterales y multilaterales) suscritos por el Ecuador, en materia de protección de derechos de personas migrantes y otros aspectos sobre movilidad humana. c. Generar, apoyar y/o profundizar iniciativas regionales y globales en materia de protección a personas en movilidad, para establecer políticas y programas

de protección efectiva y el diseño de soluciones duraderas d. Fomentar la suscripción de acuerdos bilaterales con el Estado colombiano que establezcan la corresponsabilidad para implementar soluciones duraderas para los desplazados, comprometiendo el respaldo político y el aporte técnico y financiero en la implementación de programas de protección, en línea con los tres pilares establecidos en el Plan de Acción de México: las Fronteras y Ciudades Solidarias y el reasentamiento solidario. e. Fortalecer y propiciar en el marco de la solidaridad internacional y responsabilidad compartida, espacios de diálogo regionales, políticas para la protección de personas apátridas y refugiadas, y promueva el reasentamiento solidario de refugiados en la región. f. Impulsar la cooperación sur- sur en el marco de programas como el reasentamiento solidario en América Latina, el impulso de las Fronteras y Ciudades Solidarias, el fortalecimiento de las comisiones de elegibilidad de refugiados en la región, el fortalecimiento del monitoreo de fronteras para la identificación de alertas tempranas de desplazamientos internos y transfronterizos.

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Política: prevenir y sancionar toda práctica relacionada a la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, y garantizar la restitución y la reparación integral de los derechos de las personas víctimas de estos delitos.

movilidad humana, que incluyan procesos de recuperación del proyecto de vida de la persona y que contemplen las necesidades y realidades específicas de niños, niñas, adolescentes, mujeres, refugiados y personas con discapacidad.

Lineamientos: a. Promover la elaboración de protocolos y otras formas de coordinación interinstitucional a nivel regional o internacional que permitan mejorar la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos de la trata de personas y el tráfico de migrantes, así como la protección, restitución y reparación integral de las víctimas.

d. Implementar campañas de sensibilización sobre los delitos de la trata de personas y el tráfico de migrantes, poniendo especial énfasis en las prácticas socioculturales que naturalizan las distintas formas de explotación del ser humano. e. Reformar el Sistema Nacional de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado, de manera que se evite la revictimización de las personas.

b. Desarrollar programas de prevención para grupos de personas en movilidad humana, con énfasis en personas vulnerables a los diversos tipos de explotación que persigue la trata de personas, especialmente niños, niñas, adolescentes, mujeres y refugiados, y que contemplen la desnaturalización en la sociedad de las diversas prácticas de explotación.

f. Fortalecer de manera integral los órganos estatales especializados en el control, investigación y sanción de los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes, haciendo énfasis en la capacitación permanente sobre las realidades y derechos de las personas en movilidad humana.

c. Fortalecer y/o crear programas estatales de atención y protección integral a las víctimas de trata de personas y tráfico de migrantes, con énfasis en personas en

g. Fomentar la corresponsabilidad interestatal para el fortalecimiento, y acceso a mecanismos institucionales estandarizados de levantamiento de datos y construcción

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de indicadores sobre los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes, que documenten de manera permanente los casos cometidos contra personas en situación de movilidad humana, y que alimenten el Sistema Nacional de Información sobre Movilidad Humana. h. Promover la armonización a nivel regional de las normas penales que sancionan los delitos de tráfico de migrantes y trata de personas para su efectivo juzgamiento y sanción. EJE participación: Política: Promover la participación efectiva de las personas en situación de movilidad humana en el Ecuador, y de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, en los procesos y decisiones que afectan el desarrollo del país. Lineamientos: a. Impulsar procesos de formación y difusión sobre los derechos y deberes que tienen las personas en situación de movilidad humana que se encuentran en el Ecuador,

y de las personas ecuatorianas que se encuentran en otros países, en función de lo establecido en la Constitución. b. Fortalecer los espacios e instancias de interlocución entre la sociedad y el Estado, y promover la organización colectiva y autónoma de personas en situación de movilidad humana, especialmente dinamizar los Consejos Ciudadanos de Participación en el exterior. c. Informar y capacitar a la ciudadanía, en especial a las organizaciones de personas en situación de movilidad humana, en el país y en el exterior, sobre los mecanismos de participación electoral y control social que existen para realizar veedurías a la administración y gestión pública, implementando el uso de las tecnologías de información y comunicación. d. Promover la participación de las personas en situación de movilidad humana en el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las políticas públicas que emana de la Agenda Nacional para la Igualdad de la Movilidad Humana.

CNNA - CNII

Consejo Nacional de la Ni単ez y Adolescencia Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional

Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional 2013-2017

Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional 2013 - 2017

INTRODUCCIÓN El 23 de marzo de 2007 el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA) presidido por el Ministerio de Inclusión Económica Social (MIES) e integrado por los ministerios de Educación (MINEDUC), Salud Pública (MSP), Relaciones Laborales (MRL), la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y los miembros de la sociedad civil presentaron la Agenda Social de la Niñez y Adolescencia 2007-2010. Posteriormente se elabora con las Agendas para la Igualdad 2012-013 de la: Niñez y la Adolescencia, para la Juventud y para Adultos Mayores, las dos últimas fueron elaboradas por el MIES. La Constitución de 2008 establece que el Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, factores que aseguren los derechos con la prioridad de acción sobre los grupos que requieren consideración especial a causa de la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición migratoria, étnica, etaria, de género o de discapacidad. Para ello contempla la creación de los consejos nacionales para la igualdad en calidad de organismos de la Función Ejecutiva encargados de asegurar la vigencia y el ejercicio de los derechos constitucionales y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

La cláusula transitoria sexta de la Constitución señala que el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia deberá transformarse en Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y se encargará de formular, transversalizar y observar el cumplimiento de las políticas públicas de la igualdad intergeneracional para la protección integral de los derechos de los grupos etarios, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional contribuirá a la eliminación de las desigualdades sociales, culturales y económicas entre las distintas generaciones, la defensa y exigibilidad de los derechos a lo largo del ciclo de vida. La Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional 2013-2017 está basada en los principios rectores de corresponsabilidad, igualdad y participación establecidos en la Constitución y en los lineamientos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. Es un instrumento técnico que propone políticas y lineamientos para la formulación de política pública en todos los niveles de gobierno. Las propuestas contenidas en este documento deben serán un referente para el diseño de planes, programas y proyectos que garanticen el cumplimiento de derechos, la reducción de brechas sociales y la transformación de patrones culturales discriminatorios a lo largo del ciclo de vida.

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La articulación de las temáticas de igualdad y su transversalización afianzan mecanismos de planificación sectorial e intersectorial para alcanzar la igualdad en el ámbito territorial, promueven la concertación y participación para avanzar en la descentralización, desconcentración y transparencia, como establece la Constitución en su artículo 27510. Para la formulación de esta agenda, se levantó una línea base de los planes, programas y proyectos de los ministerios y secretarías de Estado dirigidos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. En conjunto Con la Dirección de Políticas Públicas de SENPLADES 10 SENPLADES–PROMODE/GIZ, Guía Metodológica para la Elaboración de las Agendas Nacionales de la Igualdad, 2013.

se elaboró una primera versión que fue puesta en consideración de los consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes. Además, se realizaron seis talleres regionales con grupos de adolescentes, jóvenes y adultos mayores para recoger sus aportes. Con estas herramientas se elaboraron varias versiones que fueron sometidas a revisión por parte de los funcionarios del CNNA y del MIES11, quienes contribuyeron con ideas y criterios para robustecer el documento al igual que las siguientes personas e instituciones: 11 La agenda fue entregada al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia en transición a Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional en su reunión oficial del 10 de septiembre de 2013.

Participantes en la construcción y consulta de la agenda Ministerios

Participantes Andrea Nina, Subsecretaria Pedro Ponce, Asesor Tamara Merizalde, Asesora

Ministerio de Económica Social

Inclusión

José Egas, Subsecretario de Protección Gabriela Montalvo Armas, Asesora de la Subsecretaría de Atención Intergeneracional Diego Peña, Asesor Juan Pablo Zúñiga, Director de Juventud Wilson Flores, Director de Adultos Mayores

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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Nadia Ruiz, Viceministra Paola Solís, Asesora

Ministerio de Educación

Freddy Peñafiel, Subsecretario Zaida Victoria Betancourt, Subsecretaria Nacional de Prevención, Promoción de la Salud e Igualdad

Ministerio de Salud Pública

Ministerio Coordinador Desarrollo Social

Alejandra Gómez, Gerente de la Estrategia de Primera Infancia MCDS Jesús Sanz, Asesor Javier Muñoz, Técnico de Planificación

Asociación de Municipalidades de Ecuador Ministerio de Relaciones Laborales

Martha Landívar, Asesora. Daniel Cárdenas, Coordinador PETI MRL María Laura Delgado, Asesora.

Ministerio de Desarrollo Urbano Vivienda

Javier Alvarado, Asesor Acompañamiento Social.

Ministerio del Interior

Elsa Martínez Espinosa, Técnica Especialista en Género Ministerio del Interior.

Ministerio del Deporte

Victoria Solís, Asesora

Miembros del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia en transición a Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.

José Oswaldo Bravo Villagómez Sheyla Mariana Massay Reyes Segundo José Quilumbaquin Ushiña Pablo Humberto Guapi Guapi

Agendas Nacionales para la Igualdad

La Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional está dividida en cuatro partes: la primera describe el marco conceptual de la agenda en relación con lo intergeneracional y el ciclo de vida. La segunda parte corresponde al diagnóstico de la situación de desigualdad de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. La tercera contiene las políticas de la igualdad intergeneracional y los lineamientos realizados sobre la base del diagnóstico. La cuarta parte plantea la forma de realizar el seguimiento y evaluación de la agenda.

b. Fomentar programas y campañas dirigidas a familias y comunidades sobre el conocimiento de usos y alternativas enfocados en la vida y la alimentación saludables para cada etapa del ciclo de vida y en las relaciones intergeneracionales.

EJES, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS

d. Promover y fortalecer programas permanentes para ampliar la cobertura de dotación de agua segura para una sana nutrición de toda la población.

EJE: vida saludable Política: promover prácticas de vida saludable en niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultas/os y adultas/os mayores, con énfasis en la población del sector rural.

c. Fortalecer programas interinstitucionales que fomenten prácticas de vida y alimentación saludable y la prevención y atención de la desnutrición, sobrepeso y desórdenes alimenticios, con pertinencia cultural, territorial y demográfica.

Lineamientos:

e. Fortalecer programas interinstitucionales para promover la inmunización de enfermedades epidemiológicas y prevención de discapacidades en niñas y niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

a. Fortalecer y crear programas de atención prenatal y cuidados a la madre y al niño, destinados a las familias, comunidades, instancias educativas, organizaciones comunitarias con especial atención en adolescentes y jóvenes embarazadas.

f. Promover la investigación y generación de conocimientos en salud integral con énfasis en salud sexual y reproductiva considerando los requerimientos de cada género y edad, con pertinencia cultural

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g. Fortalecer programas interinstitucionales para consolidar la corresponsabilidad de la familia sobre los temas de salud sexual y reproductiva.

protocolos de atención especializados para niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultos mayores, con pertinencia cultural, priorizando al sector rural.

h. Promover programas interinstitucionales para consolidar la corresponsabilidad familiar en el cuidado y protección de los adultos mayores.

Lineamientos:

Fortalecer programas interinstitucionales para consolidar la corresponsabilidad familiar en el cuidado y protección de niñas, niños y adolescentes.

Fortalecer servicios de información sobre el uso y acceso a métodos anticonceptivos, de acuerdo con los requerimientos específicos de cada edad, con énfasis en la población de adolescentes y jóvenes.

k. Fortalecer programas interinstitucionales para la prevención y atención en salud mental, consumo de drogas, alcohol y cigarrillos, con énfasis en la población de adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas privadas de la libertad. Política: asegurar el acceso a servicios integrales de salud bajo parámetros de calidad, calidez y equidad para todo el ciclo de vida, con

a. Mejorar y consolidar la infraestructura de los servicios de salud públicos y privados bajo criterios de calidad y accesibilidad en relación a los requerimientos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores con énfasis en las personas con discapacidad y con pertinencia territorial y demográfica. b. Dotar de equipo médicos especializados para los servicios de salud en función de los requerimientos etarios en el ciclo de vida. c. Contar con espacios especializados para la rehabilitación física con énfasis en la población de niños, niñas y adultos mayores, con pertinencia territorial y demográfica. d. Contar con espacios especializados para la rehabilitación física con énfasis en la población de niños, niñas y adultos mayores, con pertinencia territorial y demográfica.

Agendas Nacionales para la Igualdad

e. Crear incentivos para la formación de especialistas por cada grupo etario del ciclo de vida (fisioterapistas, psicólogos, nutricionistas, deportólogos. f. Incentivar y fortalecer la producción farmacéutica nacional para garantizar la disponibilidad y acceso oportuno a medicamentos de calidad en función de los requerimientos del ciclo de vida, con énfasis en la población adulta mayor. g. Crear, articular y consolidar un sistema único de registro e información sobre salud. h. Fortalecer la ejecución de programas de prevención y atención de VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual (ITS), respetando la diversidad cultural. i.

Crear y fortalecer los servicios especializados de neonatología con pertinencia cultural, priorizando la atención para la población indígena y afro ecuatoriana.

Fortalecer la implementación y control de los programas de bares saludables en los centros educativos.

k. Fortalecer y sostener las acciones y programas que promueven la lactancia ma-

terna y los vínculos emocionales primarios, con énfasis en madres adolescentes. l. Fortalecer los servicios de salud para la atención integral a personas afectadas por emergencias o desastres provocados por fenómenos naturales y antrópicos. EJE: educación Política: promover el acceso a la educación integral y a la producción de conocimiento de calidad, a lo largo de toda la vida, tomando en cuenta las características particulares de cada generación y su relación intergeneracional, de género y las condiciones culturales propias y sus relaciones interculturales. Lineamientos: a. Ampliar la cobertura en todo el territorio nacional, con pertinencia demográfica, de los programas de desarrollo integral infantil y educación inicial de calidad, incluyente y culturalmente pertinente, con énfasis en la zona rural. b. Ampliar la cobertura en todo el territorio nacional, con pertinencia demográfica, de los programas de desarrollo integral del adulto mayor infantil y educación

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de calidad, incluyente y culturalmente pertinente, con énfasis en la zona rural. c. Crear programas integrales de formación en cultura de paz, formación ciudadana y transmisión de valores y de la cultura dirigidos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes aprovechando los conocimientos y experiencias de los adultos mayores d. Ampliar la cobertura de bachillerato en todas sus modalidades con pertinencia cultural, territorial y demográfica con prioridad en el sector rural. e. Impulsar la creación de programas de alfabetización y capacitación funcional de los adultos mayores con énfasis en la población del sector rural. f. Impulsar la asistencia y permanencia para personas con escolaridad inconclusa o rezago, con énfasis en la población indígena, afroecuatoriana y mujeres.

de desarrollo infantil, educación inicial, establecimientos educativos y espacios para el adulto mayor. i.

Fortalecer los programas de alimentación escolar saludable, dotación de uniformes y textos escolares y ampliarlos a los otros niveles de educación, con énfasis en el bachillerato.

Articular las acciones del Ministerio de Educación con los GAD para reforzar programas dirigidos a la población indígena, particularmente mujeres y niños/as, tomando en cuenta flexibilidad de tiempo y la futura inserción laboral.

k. Promover y vincular a la población de jóvenes en el desarrollo de la investigación e innovación en el sector privado como en el público. l. Incorporar los enfoques de gestión del riesgo en el currículum escolar.

g. Fortalecer los programas de becas para todos los niveles educativos con énfasis en el bachillerato y en la población del sector rural.

m. Fortalecer los programas de reinserción escolar para adolescentes y jóvenes privados de libertad

h. Dotar de infraestructura necesaria, segura, incluyente y con agua a las unidades

Política: impulsar la permanencia y culminación de los estudios de todas las

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personas en todas las edades, niveles educativos, bajo parámetros de calidad, pertinencia territorial, interculturalidad e intergeneracionalidad.

f. Fortalecer y ampliar los programas de capacitación a docentes de acuerdo con los requerimientos y capacidades de los diferentes grupos generacionales, con énfasis en adultos mayores.

Lineamientos: a. Impulsar las modalidades flexibles para la culminación de educación básica y bachillerato, en condiciones adecuadas para la población a lo largo del ciclo de vida. b. Ampliar y crear la oferta de conocimientos técnicos en el bachillerato que sea útil para la vida laboral de los y las adolescentes. c. Generar propuestas pedagógicas lúdicas con pertinencia cultural para niños, niñas y adolescentes. d. Fortalecer a través de asistencia técnica y control, la atención en educación especial y la inclusión en el sistema regular de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad. e. Fomentar el equipamiento, acceso, capacitación y uso de las tecnologías de información y comunicación en el sistema educativo nacional, priorizando el sector rural.

g. Asegurar la dotación de materiales que eliminen contenidos sexistas o discriminatorios de cualquier condición y que fomenten una cultura de paz. h. Fomentar la creación de modalidades educativas que concilien el trabajo con los estudios para madres en etapa escolar y adolescentes en extrema pobreza. i.

Promover acciones dirigidas a madres jóvenes con el propósito de: continuar con los estudios, asistencia en planificación familiar y apoyo con el cuidado y desarrollo infantil.

Fortalecer y crear residencias para estudiantes universitarios sin límite de edad priorizando a los estudiantes de la población rural.

Política: consolidar a los espacios educativos como lugares de encuentro e inclusión intergeneracional, intercultural y entre géneros, bajo principios de solidaridad, respeto, justicia y equidad para el reconocimiento y valoración de la persona y la comunidad.

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Lineamientos: a. Fortalecer y ampliar los mecanismos de participación de los estudiantes en la toma de decisiones al interior de los espacios educativos. b. Promover la implementación de planes de seguridad y gestión de riesgos para disminuir vulnerabilidades y fortalecer capacidades para responder a fenómenos naturales y antrópicos c. Fomentar el respeto de las expresiones de las diferentes identidades al interior de los espacios educativos. d. Facilitar el uso y acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación, con énfasis en el adulto mayor. e. Crear una estrategia interinstitucional para prevenir, detectar y atender todas las formas de acoso al interior de las instituciones educativas (bullying, cyberbullying, acoso sexual). f. Crear y fortalecer la capacidad de intervención de las consejerías estudiantiles. g. Crear los mecanismos para fortalecer las escuelas de convivencia familiar.

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h. Fomentar la elaboración de los códigos de convivencia de manera participativa integrando a toda la comunidad educativa. i.

Promover educación a la familia de las niñas indígenas para incidir en patrones culturales que limitan la educación femenina.

EJE: protección Política: garantizar la prevención, protección, atención, servicios y restitución integral de derechos a los niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultas/os mayores que se encuentran en contextos o condiciones de vulnerabilidad a través de la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad, la comunidad y la familia. Lineamientos: a. Fortalecer la institucionalidad, los servicios integrales de atención y establecer protocolos y rutas de atención interinstitucional, para la prevención y restitución de derechos con pertinencia generacional, cultural y territorial. b. Establecer estándares en servicios para la restitución de derechos que garanticen la confidencialidad, la no revictimización, estigmatización y discriminación a niños, niñas y adolescentes, jóvenes, adultos mayores.

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c. Fortalecer las estrategias de comunicación y difusión de derechos entre toda la población para prevenir la vulneración de derechos d. Fortalecer el programa de erradicación de toda forma de trabajo infantil de manera coordinada y articulada intersectorialmente con la participación de instituciones públicas y empresas privadas. e. Crear una estrategia que permita la adecuada utilización del tiempo personal y de recreación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores en las actividades domésticas y de cuidados, con énfasis en las niñas en el sector rural. f. Implementar mecanismos de prevención, control y sanción de delitos informáticos contra niños, niñas y adolescentes. g. Fortalecer y crear programas de atención especializada (con modalidad de permanencia o cuidado diario) para adultos mayores que incluyan servicios de rehabilitación, salud, nutrición, recreación, ocupación del tiempo libre, actividades que fomenten el intercambio intergeneracional y educación con énfasis en el sector rural. h. Fomentar la corresponsabilidad familiar en atención y cuidado infantil, y del adulto mayor.

Promover prácticas de buen trato para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores en los ámbitos familiar y comunitario

Fortalecer los mecanismos de exigibilidad para la eliminación de la violencia doméstica.

k. Fomentar programas y campañas de derechos, responsabilidades y disfrute familiar, visibilizando los diversos roles generacionales. l. Establecer mecanismos de control que apoyen la restitución de derechos y sanción a quienes incurran en prácticas de violencia contra niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. m. Fortalecer el trabajo interinstitucional de prevención, atención, sanción y lucha contra la mendicidad, trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y la restitución de derechos. n. Promover la sensibilización, capacitación y profesionalización del talento humano de los servicios públicos y privados para mejorar la atención y abordaje en casos de vulneración de derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores.

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o. Generar mecanismos de sensibilización, regulación y control sobre el tipo de información, recreación que reciben las niñas, niños, adolescentes y adultos mayores para evitar la reproducción de prácticas discriminatorias. p. Fortalecer los programas de atención prioritaria a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores que se encuentren en situación de pobreza, crisis económica o social severa, doble vulnerabilidad, afectados por desastres, conflictos armados, y otro tipo de emergencias. q. Fortalecer los programas de prevención, atención, reinserción a los adolescentes infractores con personal capacitado, maquinarias e insumos, programas educativos y de salud e infraestructura en un marco de atención integral. r. Promover la transversalización del enfoque de gestión de riesgos en las fases de prevención, respuesta y recuperación para la prestación de servicios públicos y privados a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. s. Fortalecer los proyectos de seguridad ciudadana y comunitaria con la

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participación de toda la población y las entidades públicas relacionadas. EJE: participación Política: Impulsar y fortalecer el pleno ejercicio del derecho a la participación y la representación pública de toda la población en igualdad de condiciones. Lineamientos: a. Impulsar la creación y el funcionamiento de espacios de asociatividad y consulta de niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adultos mayores para participar en los procesos de toma de decisión. b. Crear mecanismos para el fomento de una cultura de libre expresión ciudadana permitiendo el acceso a información de niñas, niños, y adolescentes, jóvenes y adultos mayores. c. Fomentar la realización de actividades físicas, deportivas, culturales destinadas a familias, actividades que permitan la construcción de la ciudadanía y la cultura de paz. d. Fortalecer el aporte del adulto mayor en las actividades, aprendizaje, relacionamiento y generación de capacidades de la familia.

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e. Crear mecanismos para incorporar en todos los niveles de gobierno las opiniones, aportes y demandas de la ciudadanía en general y de las organizaciones de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. f. Fomentar que los medios de comunicación comunitarios, públicos y privados tengan espacios dirigidos a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores que permitan su participación y la difusión de su pensamiento. g. Fortalecer y crear los consejos consultivos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores en todo el país.

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en relación a las propuestas y ejecución de las políticas públicas. b. Crear estrategias comunicacionales y de sensibilización educativa corresponsables para que la comunidad educativa enseñe a las niñas y niños a tener prácticas para el cuidado del medio ambiente y de una cultura de paz. c. Fortalecer los programas de participación estudiantil que se amplíen a temas de cuidado del medio ambiente, estilos de vida saludables y promover una cultura de paz.

h. Crear los mecanismos para la participación de las y los jóvenes en espacios de poder público como actores estratégicos de desarrollo del país con énfasis en el sector rural.

d. Crear y fortalecer programas de voluntariado para jóvenes que acompañen los procesos de cuidado de niños, niñas y adultos mayores, en situación de acogimiento institucional y abandono en centros gerontológicos.

Política: promover la corresponsabilidad de niñas y niños, adolescentes, jóvenes, adultas/ os y adultas/os mayores en la construcción de ciudadanía y la consecución del Buen Vivir.

e. Crear mecanismos para recoger y difundir los conocimientos simbólicos y prácticos de adultos mayores como parte de la construcción de la identidad intercultural ecuatoriana.

Lineamientos:

Política: promover el uso satisfactorio del tiempo libre y autónomo, individual y colectivamente, para todas las personas en todas las etapas del ciclo de vida, con libertad, disfrute y realización.

a. Promover mecanismos de diálogo y retroalimentación con niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores

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Lineamientos: a. Fortalecer programas culturales, artísticos, deportivos, de actividad física y recreación para el uso adecuado del tiempo libre destinados a familias, instituciones educativas, comunidades, organizaciones comunitarias, personas privadas de la libertad, con pertinencia territorial y demográfica. EJE: vivienda y hábitat Política: facilitar el acceso a una vivienda digna y segura para toda la población. Lineamientos: a. Fomentar programas de vivienda digna dirigidas a la familia, con calidad, seguridad e infraestructura adecuada e inclusiva, considerando las necesidades territoriales, en base a incentivos, créditos y subsidios económicos para jóvenes y adultos mayores

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transporte público adecuado e inclusivo y espacios que promuevan el desarrollo de cada generación y la integración entre generaciones considerando las características culturales y territoriales. Lineamientos: a. Dotar de infraestructura apropiada e incluyente a los espacios públicos recreativos, seguros para desarrollar actividades que permitan la integración entre las diferentes generaciones y el adecuado uso del tiempo libre. b. Crear mecanismos para que los gobiernos autónomos descentralizados informen y capaciten a la población sobre la responsabilidad en el cuidado y conservación del medio ambiente. c. Promover y conservar la creación de parques, bosques y espacios verdes seguros, con servicios sanitarios incluyentes.

b. Crear los mecanismos para que los gobiernos autónomos descentralizados doten de todos los servicios básicos a los programas de vivienda existentes y en construcción.

d. Fomentar un sistema de transporte público seguro, digno y adaptado a los requerimientos del ciclo de vida que respete la convivencia, con énfasis en el transporte escolar.

Política: asegurar un ambiente saludable, igualitario y seguro, con servicios básicos,

e. Dotar de espacios públicos adecuados, incluyentes y de calidad, que sirvan

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a los servicios de transporte público (aeropuertos, terminales, paradas de buses, puertos). f. Incentivar campañas de sensibilización sobre los derechos de las personas en los sistemas de transporte público priorizando a niños, niñas y adultos mayores. g. Fortalecer los mecanismos de vigilancia a los servicios de transporte con énfasis en el transporte escolar.

b. Fortalecer y ampliar la capacitación técnica y formación para que los jóvenes ingresen al sector laboral en el sector rural con énfasis en las mujeres indígenas y afro descendientes. c. Fomentar y crear programas de vinculación con las formas de organización productiva de economía popular y solidaria, con énfasis en madres y padres de familia jóvenes, jefas de hogar en situación de pobreza y jefatura mono parental.

EJE: trabajo Política: garantizar a todas las personas, especialmente a los jóvenes y a los adultos mayores el acceso al trabajo estable y digno, con énfasis en el sector rural; así como las mejores condiciones legales y de desarrollo personal a los y las adolescentes a partir de 15 años, que excepcionalmente se encuentren trabajando Lineamientos: a. Crear incentivos en el sector público como en el privado, que permitan la inserción de jóvenes con discapacidad a la población económicamente activa, en condiciones de no discriminación con énfasis en el sector rural, en la población indígena y afro descendiente.

d. Fortalecer y ampliar programas de pasantías y prácticas laborales para estudiantes universitarios en instituciones públicas o privadas. e. Impulsar servicios financieros adaptados para jóvenes y adultos mayores, acorde a sus condiciones socio-económicas, cuyos emprendimientos generen mayores encadenamientos productivos y garanticen su sostenibilidad f. Mejorar la dotación en infraestructura de telecomunicación e información que facilite la vinculación de las y los jóvenes a la esfera laboral y productiva, promoviendo el teletrabajo.

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g. Crear mecanismos de inserción y reinserción de jóvenes y adultos mayores migrantes retornados, validando sus conocimientos y experiencia laboral en las áreas priorizadas para el desarrollo del país. h. Fortalecer el fomento productivo de los GAD mediante la implementación de proyectos locales, acorde a las capacidades productivas de los territorios y que a su vez contribuyan al arraigo de la población joven informando suficientemente sobre sus opciones laborales. i.

Fortalecer programas de empleo inicial para estudiantes de educación superior, con acciones afirmativas para jóvenes de pueblos y nacionalidades.

Regular los institutos tecnológicos con énfasis en jóvenes de áreas rurales, para responder a necesidades y demandas del territorio

k. Fortalecer los programas de capacitación y reinserción laboral para los adolescentes y jóvenes privados de la libertad y consumidores de drogas. Política: fomentar las relaciones intergeneracionales dentro de los espacios de trabajo, bajo condiciones de respeto, solidaridad, dignidad y justicia

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Lineamientos: a. Impulsar que las direcciones de talento humano de las instituciones públicas y privadas, cuenten con planes de inducción que tomen en cuenta el intercambio de conocimientos y experiencias laborales entre las diferentes generaciones. b. Fomentar remuneraciones justas de acuerdo con el trabajo y responsabilidades laborales, sin discriminación por edad, género o situación de discapacidad c. Crear mecanismos para la valoración, difusión e incorporación de los conocimientos y experiencias de los jóvenes y adultos mayores en los espacios de trabajo, en el sector público como en el privado d. Fomentar el respeto de las expresiones de las diferentes identidades culturales en los espacios de trabajo. e. Fortalecer los mecanismos de seguimiento, control y sanción a las prácticas de abuso de poder, acoso y demás formas de violencia laboral, así como la protección y restitución de derechos a las víctimas.