El marco legal actual contenido en el acuerdo 109-96, Ley de la Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres, es una ley descontextualizada y obsoleta para la regulación de la complejidad y multicausalidad del Riesgo de Desastres, que tiene severas deficiencias para su
gobernanza y rectoría, que ha quedado rezagada conceptual y metodológicamente, por lo que no
permite realizar las acciones necesarias para la protección de la vida, los bienes y los medios de vida de los guatemaltecos.
Y siendo que Guatemala ocupa el Cuarto lugar a nivel mundial en Riesgo de Desastres y que anualmente se pierde una significativa cantidad de vidas, patrimonio nacional y medios de vida que tienen un sensible impacto en el presupuesto nacional en gasto de asistencia humanitaria y reconstrucción, desviando recursos del desarrollo a las actividades de recuperación, vemos necesario establecer el marco legal de las acciones encaminadas a la efectiva
reducción del riesgo de desastres.