derechos de las mujeres � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

construcción de pedagogías antipatriarcales y que tienda puentes con procesos de memoria histórica que ‘‘contribuy[a]n al compromiso social democrático, foment[e]n los debates sobre la representación del pasado, y permit[a]n abordar de manera pertinente problemas del presente” (ONU, Informe Relator Especial, 9 de julio de 2020).

Una representación de la seguridad humana incluyente de los derechos de las mujeres

Diversas perspectivas feministas han interpelado los enfoques dominantes de la seguridad. En oposición a una visión de la seguridad referida al Estado y al hombre como medida de lo humano, se ha invitado a pensar en una seguridad centrada en los individuos y en las comunidades, que atienda a las experiencias particulares de hombres y mujeres en el ámbito público y privado, así como a los diferentes impactos de la violencia en cada uno (Urritia et al., 2020). De esta forma, se propone a ampliar la comprensión de la seguridad como la ausencia de violencia, ya sea militar, económica o sexual, incluso en relación con el continuum y la permanencia de las violencias que se dan en contra de las mujeres, en un nivel cotidiano y estructural.

Para el caso de América Latina, el enfoque feminista ha ampliado notablemente la panorámica de la seguridad en aspectos tales como el feminicidio, el impacto del narcotráfico, la situación de las defensoras de los derechos humanos, las amenazas al medio ambiente o la trata de personas. En este sentido, se ha conceptualizado ampliamente la violencia contra las mujeres en el marco de los conflictos armados, aunque no tanto su continuidad en sociedades en transición, lo que se

evidencia también en la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad (Urritia et al., 2020). Sin embargo, es primordial comenzar a construir un enfoque que permita garantizar la seguridad de las mujeres más allá de los contextos de conflicto y de posconflicto, es decir, abordar “la inseguridad que sufren las mujeres en contextos de violencia que no son considerados como conflictos armados” (Urritia et al., 2020).

Desde la perspectiva feminista, la reforma al sector de la seguridad que trascienda la institucionalidad debe ser un proceso integral hacia un sistema más democrático, más transparente e inclusivo. Así, se debe asegurar la amplificación de las voces de las mujeres en su discusión y dimensionar sus necesidades diferenciales en materia de seguridad en todos los ámbitos de sus vidas, haciendo visibles sus necesidades y propuestas frente a la violencia en su contra por ser mujeres, incluida de manera particular la violencia sexual (Urritia et al., 2020). En palabras de la alta comisionada para los Derechos Humanos, “es necesario comprender las causas fundamentales relacionadas con el género del comportamiento violento. Propiciar cambios en las normas y actitudes de género puede ayudar a prevenir las violaciones de los derechos humanos y los conflictos en general” (ONU Consejo de Derechos Humanos, 19 de junio de 2020, p. 15).

En particular, en el ámbito mundial y desde una perspectiva feminista, se ha exhortado insistentemente a comprender la necesidad de construir entornos seguros para las mujeres con el foco de atención en la posesión y el uso de armas ligeras por su protagonismo en los casos de violencia en contra de las mujeres.

Las armas pequeñas y las armas ligeras son la categoría de armas que más se utilizan en las violaciones de los derechos humanos en general, y en la violencia de género en particular, advirtiendo que […] para comprender el daño causado por estas armas es importante reconocer que no es necesario que se utilicen para que tengan repercusiones en el disfrute de los derechos humanos. Su presencia en el hogar o en la comunidad, y la amenaza o la amenaza implícita de su uso pueden ser suficientes para que tengan un impacto grave en los derechos humanos”. (ONU Consejo de Derechos Humanos. (19 de junio de 2020, p. 6)

En el ámbito nacional es amplio el debate y las demandas alrededor del planteamiento de una reforma al sector de la seguridad posacuerdo de paz. Los procesos de exigencia de desmilitarización de la vida cotidiana se han adelantado desde la ciudadanía organizada, en particular de las mujeres y las feministas, durante el conflicto armado y, ahora, en un escenario de posacuerdo, tal como se reflejó en el manifiesto reciente en el que se pidió la,

desmilitarización inmediata de las ciudades, los territorios y las vidas de colombianas y colombianos […]. Reforma al sector de la seguridad que garantice el desmonte del Esmad [Escuadrón Móvil Antidisturbios]; la prohibición del uso de armas de letalidad reducida y de armas de fuego en los equipos de policía de patrullaje; la exclusión de la Policía de las Fuerzas Armadas y su cambio de cartera, concretamente al Ministerio del Interior. Reforma de la competencia de la Jurisdicción Penal Militar para que se excluya de dicho fuero a los miembros de la Policía y a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas por violaciones a los derechos humanos,

en particular por las violencias contra las mujeres. (Feministas Proponemos al País, 2021)

Sobre este tema hubo también importantes pronunciamientos de organismos internacionales, como, por ejemplo, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual recomendó al Estado privilegiar el respeto de los derechos humanos (en particular de la vida) en los operativos de seguridad, asegurar el uso de medios no letales en el ejercicio de control del orden público y reforzar procesos de formación, entrenamiento y capacitación de las personas integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado, con énfasis en el enfoque étnico-racial y el enfoque de género. Adicionalmente, la CIDH enfatizó en la relevancia de llevar a cabo la separación de la Policía Nacional y el Esmad del Ministerio de Defensa con el fin de que estas instituciones consoliden y preserven un enfoque ciudadano y de derechos humanos (CIDH, 2021).

De esta manera, proponemos al Estado el impulso de una reforma constitucional que garantice las transformaciones que de tiempo atrás se han propuesto para el sector de la seguridad, en relación con la desmilitarización de la Policía, la regulación del uso de las armas a su cargo y la administración de justicia en casos de violaciones a derechos humanos por parte de la Fuerza Pública. Además, se propone adoptar las medidas que se requieran para impactar sus mandatos de género frente a las mujeres y sentar las bases de la correspondencia de estos cambios en una concepción de seguridad cifrada en las personas para su posterior desarrollo en políticas públicas sectoriales pertinentes.