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Militarización del campo� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Tabla 7. Daños al campesinado relacionados con este factor de persistencia
• Estigmatización • Desconocimiento de su agencia • Estigmatización de sus formas organizativas y de acción colectiva • Desconocimiento, debilitamiento y bloqueo institucional a figuras territoriales campesinas • Ausencia de reconocimiento constitucional • Exclusión política
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Fuente: elaboración propia�
Militarización del campo
La guerra ha tenido lugar en el campo colombiano, de modo que ha afectado la vida de las comunidades campesinas y ha transformado sus dinámicas sociales, culturales, políticas y productivas. La presencia permanente de actores armados regulares e irregulares, la configuración de corredores o teatros de operaciones, las redes de delincuencia organizada que se alimentan de la guerra o se benefician de ella y la dinámica de pugnacidad por el control territorial, dominante en la guerra durante los últimos años, se han convertido en la cotidianidad de las comunidades en diversas regiones del territorio nacional con un elevado saldo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en contra del campesinado.
De acuerdo con Giraldo et al. (2015, p. 16),
los espacios comunitarios fueron transformados, literalmente, en campos de batalla en donde se presentaron recurrentes ataques aéreos y terrestres perpetrados de forma indiscriminada contra la población, además de la ocupación de bienes civiles como escuelas o vías de comunicación y la utilización de la población como escudo, entre otras infracciones al derecho internacional
humanitario que han generado desplazamientos masivos y restricciones a la movilidad. Igualmente, el uso de las minas antipersona como método de control territorial ha ocasionado la muerte y mutilación de múltiples campesinos y también ha imposibilitado circular libremente por el territorio.
La dinámica de la confrontación armada ha privado al campesinado de muchas libertades, como, por ejemplo, la libre circulación que ha sido restringida por prácticas de control de los grupos armados, traducidas en “regulaciones sociales” o empadronamientos, si se trata de la Fuerza Pública. De acuerdo con Lozano (2009, citado en Giraldo et al., 2015), estas limitaciones impiden la continuidad de las costumbres productivas y culturales del campesinado y debilitan el tejido social, lo que representa un quiebre en la transmisión de las tradiciones y saberes, que se refuerza por el proceso de colonización cultural asociado a la presencia de actores armados y del narcotráfico.
La militarización del territorio también refuerza el imaginario del uso de la armas como forma de reconocimiento y poder, en particular en la juventud y la niñez campesina, que se convierte en caldo de cultivo para dinámicas de reclutamiento. Finalmente, la militarización del territorio por parte de la Fuerza Pública como única forma de presencia estatal refuerza también la desconfianza del campesinado en la instituciones y una percepción de abandono por parte del resto de la sociedad colombiana.
Tabla 8. Daños al campesinado relacionados con este factor de persistencia
• Estigmatización del sujeto campesino, sus formas organizativas y de acción colectiva • Vinculación de menores y jóvenes a grupos armados: reclutamiento forzado e institucional • Violaciones sistemáticas de derechos humanos e infracciones al DIH por razón del conflicto armado • Ruptura del tejido familiar y comunitario • Debilitamiento de la vida, cultura y saberes campesinos
Fuente: elaboración propia�
// Propuestas de garantías de no repetición
Atendiendo al propósito de las garantías de no repetición, esto es, la cesación de los factores que dieron origen y explican la persistencia del conflicto, las GNR para el campesinado colombiano se abordan desde un enfoque prospectivo y preventivo. Se retoman en el marco de esta propuesta medidas contenidas en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, propuestas realizadas por comisiones de expertos o informes institucionales sobre la situación del campesinado y el campo colombianos, así como iniciativas promovidas desde la academia, la sociedad civil y el movimiento social campesino.
Se deberá asegurar en el diseño, la puesta en marcha y el seguimiento de las garantías de no repetición la incorporación de los enfoques de género, étnico y diferencial, así como del enfoque territorial definido en el Acuerdo Final de paz. De igual manera, en atención a la heterogeneidad del
campesinado, resultado en gran medida del reconocimiento de su dimensión territorial y de los impactos diferenciados del conflicto armado interno asociados a esta, deberá ser punto de partida la caracterización del campesinado colombiano.
Si se tiene en cuenta que el análisis de las cifras de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado ha mostrado la existencia de una concentración territorial de la victimización de los civiles, la cual, según Gutiérrez (2015), resulta esperanzadora en la medida en que hace posible que un trabajo articulado de la institucionalidad del Estado opere sobre los casos críticos con buenos resultados, es preciso realizar una caracterización base del campesinado que permita identificar sujetos y territorios campesinos que hayan sufrido una victimización concentrada que amerite medidas especiales, con el fin de asegurar la no repetición de lo ocurrido y reparar los daños generados. Según los patrones de persistencia señalados en este texto, se puede colegir que el campesinado víctima de desplazamiento forzado y despojo en los distintos ciclos de violencia que han caracterizado el modelo de acumulación de capital económico y político, obligado a asentarse y reasentarse en los límites de la frontera agropecuaria y en las ciudades, requiere medidas especiales.
Teniendo en cuenta estos énfasis, a continuación se presentan las propuestas para la no repetición de la victimización al campesinado colombiano.
Nivel de reformas o ajustes institucionales
Las medidas para la no repetición que se presentan a continuación se enfocan en la prevención desde la esfera
institucional estatal, con énfasis en ajustar la estructura, el diseño y rol que desempeña el Estado.
1. Reconocimiento constitucional del campesinado como sujeto jurídico, político y cultural diferenciado, y del derecho a la tierra y al territorio campesino
En consideración al rol desempeñado en la historia del país y en atención a la deuda política, económica, social, ambiental y cultural contraída con el campesinado, se sugiere su reconocimiento como sujeto jurídico, político y cultural diferenciado en el nivel constitucional.
El reconocimiento constitucional del campesinado es más que un gesto retórico, ya que puede tener efectos preventivos en cuanto permite expresar un contrato social inclusivo y formular garantías claras y exigibles que le ofrezcan protección, al tiempo que desalienten las agresiones en su contra. Según el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, las constituciones desempeñan una importante función expresiva, puesto que no se limitan a reflejar valores ya compartidos, sino que, además, articulan una visión de los valores a los que aspira una sociedad (ONU AG, 2018b). Esa doble dimensión —normativa y utópica— de las constituciones explica su potencial integrador y preventivo, razón por la cual el reconocimiento constitucional del campesinado no solo contribuiría a crear una sociedad basada en la no discriminación, sino que también asegura la activación de mecanismos de protección expresa a este grupo poblacional. En la medida en que no solo importa la inclusión del campesinado en la Carta Política como resultado de un procedimiento tecnocrático, se requiere un proceso participativo
que reconozca su agencia y lucha por su propio reconocimiento como elemento constitutivo de la conformación histórica de la sociedad colombiana y sus instituciones, al tiempo que se desarrolle una campaña educativa que involucre en el proceso a los demás sectores del país.
El reconocimiento constitucional del campesinado, a su vez, contribuye a elevar a nivel de la Carta Política, mediante desarrollos jurisprudenciales que tienen consecuencias prácticas en la protección de derechos específicos tales como 1) el derecho a la tierra y a la territorialidad; 2) el derecho a la protección del modo de vida campesino; 3) el derecho a contar con políticas diferenciadas y acciones afirmativas, así como a que las políticas que los afecten tengan enfoque diferencial; y 4) el derecho emergente a una participación reforzada en aquellas políticas que los afectan directamente (Güiza et al, 2020, p. 244). En el mismo sentido, contribuye a su protección la ratificación por parte del Estado de la Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales de Naciones Unidas.
Además de su reconocimiento como sujeto jurídico, político y cultural, se propone como garantía de no repetición el reconocimiento constitucional del derecho a la tierra y al territorio campesino. Sin perjuicio de otras formas de territorialidad, los territorios campesinos podrán organizarse como zonas de reserva campesina o zonas de producción campesina de alimentos, según las dinámicas particulares de cada región; además, se deberá concertar con las comunidades campesinas y sus expresiones organizativas formas de regulación comunitaria e institucional que permitan contener y evitar dinámicas de acaparamiento y concentración de la tierra.
2. Reconocimiento y constitución de figuras de territorialidad campesina
Como desarrollo de la consagración constitucional del derecho a la tierra y al territorio campesino, se propone impulsar el reconocimiento y la constitución de formas de gestión y ordenamiento territorial que, a su vez, permitan innovar e implementar figuras de tenencia de la tierra funcionales al ordenamiento productivo, al ordenamiento ambiental y a las características de cada territorio intervenido (DNP, 2015, p. 91).
Las zonas de reserva campesina (ZRC) en cuanto expresión organizada de las luchas campesinas y una forma de gestión territorial que permite salvaguardar la producción alimentaria, contener al latifundio y asegurar el cierre de la frontera agrícola como medida de protección ambiental, serán reconocidas como formas de territorio campesino y se promoverá su constitución para atender la demanda de acceso a tierra del campesinado. Como medida de corto plazo se impulsará la constitución de nuevas ZRC en los casos de solicitudes activas, el fortalecimiento y la financiación de los planes de desarrollo sostenible y la articulación estatal en torno a su implementación. Como medidas de mediano plazo se adoptará un enfoque de política pública integral (FAO y Agencia Nacional de Tierras, 2018) y se constituirá un Sistema Nacional de Zonas de Reserva Campesina que asegure la articulación efectiva de la institucionalidad estatal para el funcionamiento de la figura.
Asimismo, se promoverá la creación de otras formas de gestión y ordenamiento territorial que definan de forma autónoma las comunidades de base y se orienten al fomento de la soberanía alimentaria, al reconocimiento de formas de vida
campesina y a la protección de su territorio, en atención a las particularidades locales y regionales.
Se propone la creación de un sistema de información que permita articular la información de las distintas entidades que integran el sector agropecuario y contar al campesinado colombiano, en tres niveles que se describen a continuación. a. Consolidar la incorporación de la categoría campesina en las estadísticas oficiales evitando circunstancias que generen subregistro y dando continuidad a los avances del campesinado en la lucha por su reconocimiento como sujeto jurídico, político y cultural. En particular, se retoma la propuesta de la comisión académica a cargo de la conceptualización del campesinado, que planteó un horizonte de estrategias de cuantificación en el corto, mediano y largo plazo a partir del uso combinado de instrumentos censales que permitan la identificación, la ubicación y la caracterización del sujeto campesino. En el corto plazo se propuso la creación de un registro único de campesinos como herramienta administrativa que permita obtener microdatos, en el mediano plazo la realización de una encuesta de calidad de vida con un módulo específico sobre campesinos y en el largo el levantamiento de un nuevo censo que incluya la definición del campesinado y sus dimensiones constitutivas14 .
14 La propuesta contenida en el documento Elementos para la conceptualización de lo campesino en Colombia. Documento técnico, desarrolla consideraciones conceptuales, metodológicas y técnicas para la medición de las dimensiones territorial, cultural, organizativa y productiva del campesinado, señalando los instrumentos censales disponibles como punto de partida para avanzar en la construcción de una categoría censal que tenga en cuenta
b. Unificar las metodologías y las fuentes para caracterizar la distribución de la tierra y la propiedad rural. Según el IGAC (2012), el país ha utilizado, fundamentalmente, dos fuentes estadísticas para analizar la tenencia de la tierra y de la propiedad rural: por un lado, se encuentran las estadísticas sectoriales, procesadas en las muestras agrícolas, las encuestas agropecuarias, las encuestas de hogares rurales y los censos agropecuarios; por otro, los estudios que han utilizado la información del catastro nacional. A su vez, se ha utilizado una multiplicidad de metodologías para su análisis condicionadas por el tamaño y la zona de las muestras, la falta de continuidad y el uso de unidades de análisis no del todo compatibles, pues mientras el censo mide la concentración del uso de la tierra, el catastro registra la propiedad rural, lo cual hace los esfuerzos analíticos realizados no sean del todo comparables, aunque hayan logrado delinear el comportamiento de la tenencia de la tierra en distintos momentos de la historia económica y política del país. Un paso fundamental para superar esta dificultad es la creación del Sistema Catastral Multipropósito que permita la formación y el registro de todos los inmuebles rurales del país. c. Unificar registros individuales y colectivos del campesinado víctima del conflicto armado con el fin de proyectar el nivel de victimización en los Estados en transición, estimar el costo de la reparación y planificar la asignación de recursos correspondiente. La caracterización de la victimización de sujetos campesinos con enfoque territorial puede facilitar
las dimensiones objetivas y subjetivas que se proponen en el documento para caracterizar lo campesino.
