6. Fortalecimiento de la economía campesina: presupuesto, institucionalidad agraria y soberanía alimentaria � � � � � � � � � � �

respeto del Estado de derecho y la igualdad de acceso a la justicia (ONU AG, 2018b). De hecho, la promoción de la capacidad local para resolver los conflictos, en particular los mecanismos oficiosos para fomentar el diálogo y la mediación, es reconocida como una medida decisiva para reforzar la resiliencia.

6. Fortalecimiento de la economía campesina: presupuesto, institucionalidad agraria y soberanía alimentaria

Asegurar el acceso a la tierra no es suficiente con miras a superar las condiciones de pobreza rural, por lo que se requiere el impulso de acciones orientadas al aumento de presupuesto para el sector agropecuario, la recuperación de institucionalidad agraria y el reconocimiento de la economía campesina como motor de la autonomía y la soberanía alimentaria del país.

Para avanzar en este sentido es preciso superar la visión asistencialista que predomina en el diseño de las políticas orientadas al apoyo a la producción agropecuaria y la superación de la pobreza rural, a fin de transitar hacia una visión que no solo reconozca al campesinado como actor de su propio desarrollo, sino que, a su vez, asegure su participación en los procesos de planificación, formulación y aprobación de políticas del sector.

Contribuye a este propósito la propuesta de inclusión productiva realizada por la Misión para la Transformación del Campo, entendida como la situación en la que se cumple el objetivo de que los pobladores campesinos, pequeños productores y trabajadores rurales perciban ingresos remunerativos, accedan al sistema de protección social y se integren exitosamente a lo largo de toda la cadena de producción, procesamiento y

comercialización de las apuestas productivas de su territorio (DNP, 2015, tomo 2, p. 92). A fin de avanzar en este sentido es preciso asegurar condiciones de acceso a la educación técnica y tecnológica del campesinado, empleo rural, provisión y acceso a bienes y servicios públicos, así como la garantía de factores de producción indispensables como la tierra, el capital y la tecnología. Asimismo, revisar las condiciones para la generación de economías de escala, el fortalecimiento de la asociatividad y el funcionamiento de los mercados agropecuarios.

Esta propuesta deberá ser releída a la luz de la implementación normativa, institucional y territorial de la Reforma Rural Integral en la materia, en particular atendiendo al reconocimiento de las particularidades territoriales que se expresa en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y en los planes nacionales de la Reforma Rural Integral que deberán cobijar todo el territorio rural, asegurando el presupuesto suficiente que su sostenibilidad financiera requiera en el corto, mediano y largo plazo. La orientación de este esfuerzo apuntará al aumento de la producción de alimentos como base de la soberanía alimentaria del país, en aras de la reducción progresiva de las importaciones de alimentos.

Además de lo señalado, se sugiere la constitución de una comisión intersectorial con participación del campesinado que realice una revisión de los tratados comerciales suscritos a la fecha, así como de las exenciones y estímulos a los sectores minero-energético y agroindustrial, con el fin de identificar sus impactos en la producción alimentaria del país y, en consecuencia, se analice la viabilidad de su renegociación o ajuste. Asimismo, el establecimiento de un programa de estímulo a la producción diversificada de alimentos, con el fin

ampliar progresivamente el número de hectáreas sembradas en agricultura, que según datos de la UPRA (2015) es de seis millones de hectáreas, de acuerdo con la vocación productiva agrícola del país que alcanza los quince millones de hectáreas, a la fecha subutilizadas o mal utilizadas en praderas para el hato ganadero. Finalmente, se sugiere el fortalecimiento de los circuitos de mercado nacionales y un esquema de incentivos y exenciones que estimule la inclusión del campesinado productor en estos.

7. Política de paz, seguridad y justicia para el campesinado

En atención a la persistencia de la violencia en el país, que se evidencia en las disputas entre poderes fácticos y actores armados por el control territorial de amplias regiones, se sugiere que realicen ajustes institucionales y reformas al sector de seguridad que garanticen la no repetición de la estigmatización y de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario de la población campesina que habita estos territorios, como forma de contribuir a cerrar la brecha de impunidad existentes, y que contemplen, al menos, los siguientes puntos. • La revisión de antecedentes del personal vinculado a la

Fuerza Pública, con el fin de verificar su comportamiento a fin de determinar su idoneidad para desempeñar un empleo público o hacerlo en el futuro; en particular, se trata de verificar como medida preventiva que no hayan sido denunciados o se encuentren vinculados a una investigación disciplinaria o judicial sobre violaciones a derechos humanos.

• La revisión de las funciones de la Policía, el Ejército y los servicios de inteligencia de modo que se asegure su distinción en las zonas rurales. En el marco del conflicto armado se normalizó la ambigüedad en las funciones de los diferentes cuerpos que integran las fuerzas de seguridad, en particular en las zonas rurales donde el Ejército Nacional asumió también las funciones de policía. • Creación de mecanismos de supervisión civil sobre el funcionamiento de las fuerzas de seguridad.

Asimismo, es necesario robustecer una política de paz que priorice la búsqueda de salidas negociadas a los conflictos existentes y, a su vez, habilite y acompañe la realización de diálogos territoriales de paz, a partir del reconocimiento de las experiencias exitosas de acuerdos humanitarios o de cese al fuego con actores armados legales e ilegales que ha logrado impulsar la sociedad civil con apoyo de actores eclesiales, no gubernamentales o representantes de Estado local.

Finalmente, es fundamental para cerrar la brecha de impunidad otorgar prioridad a las investigaciones judiciales por violaciones de derechos humanos contra liderazgos e integrantes de comunidades campesinas, con especial atención a los hechos de violencia sexual contra las mujeres rurales. Asimismo, incorporar una línea de trabajo en el marco de las labores de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para la identificación, la búsqueda y la exhumación de personas campesinas desaparecidas y entrega de restos a las familias y fortalecer, así como dar continuidad, al proceso de desminado humanitario en curso.

Nivel de transformaciones culturales

1. Campaña de reconocimiento del campesinado colombiano

Con el propósito de superar los imaginarios instalados por las dinámicas de la guerra y la estrategia sostenida de estigmatización del campesinado como base de su exclusión, se propone el desarrollo de una campaña que permita la reconstrucción y el reconocimiento de las contribuciones del campesinado a la construcción cultural, política, económica, ambiental y social del proyecto de país.

En efecto, es preciso reconocer que ante la ausencia o débil presencia de la institucionalidad en amplias zonas rurales del país, ha sido el campesinado el motor de la construcción de Estado a partir de sus acumulados organizativos, la construcción de formas de gestión y el ordenamiento territorial y de estrategias de regulación social para la vida en comunidad. Contrario a la mirada estigmatizadora que presenta al sujeto campesino al margen de la ley, gran parte de sus luchas han girado en torno a la búsqueda de reconocimiento por parte del Estado y a la exigibilidad de su presencia en la ruralidad, luchas que a su vez han marcado la historia política del país.

Con este objetivo se proponen los siguientes puntos. • La creación de un programa nacional de memorias campesinas que permita reconstruir las contribuciones del campesinado a partir de la recuperación de las trayectorias de los diversos modo de vida campesina, así como sus apuestas políticas y territoriales. • La habilitación o rehabilitación de lugares de memoria del campesinado, la construcción de muestras museográficas y

de monumentos que den cuenta de su presencia en el transcurrir de la vida nacional. • La recuperación y el apoyo en la custodia de archivos documentales y orales que permitan reconstruir las trayectos organizativas, sociales y políticas de las comunidades campesinas. • El desarrollo de programas de formación y sensibilización sobre las trayectorias del campesinado, especialmente dirigidos a pobladores urbanos que permitan alumbrar los vínculos urbano-rurales existentes. • El desarrollo de programas o estrategias de comunicación que permitan la difusión y la promoción de las memorias, las realidades y las propuestas del campesinado. • Establecer un programa especial de recuperación, promoción e intercambio de saberes del campesinado que haga posible la construcción de un inventario nacional que permita su custodia como parte del patrimonio cultural e inmaterial de la Nación.

// A modo de cierre: no repetición de lo que se repite

La propuesta presentada se enfrenta a la pregunta en torno a cómo asegurar el enfoque preventivo de las garantías de no repetición en un contexto de reactivación de un nuevo ciclo de violencia en el país. La respuesta no es sencilla, máxime cuando la implementación de las medidas sugeridas está sujeta, en gran proporción, a la voluntad política de los gobernantes de turno y el riesgo de un diseño institucional bien logrado que no sea implementado es cierto.

Sin lugar a dudas, el Acuerdo Final de Paz para la Construcción de una Paz Estable y Duradera permitió elevar a compromiso de Estado muchas de las reivindicaciones históricas del campesinado colombiano, y su defensa como apuesta programática suma a esas luchas, aun cuando no las agota. En esa medida, como se recoge en este texto, la exigibilidad de lo acordado es parte de la acciones que pueden contribuir a asegurar la no repetición. Asimismo, se identifican insumos valiosos como los informes institucionales sobre la situación

del campo colombiano, los desarrollos sobre conceptualización del campesinado, las agendas programáticas de los movimientos agrarios y las elaboraciones académicas al respecto, que son un punto de partida para la apuesta transformadora orientada a reparar los daños ocasionados por la guerra y garantizar la no repetición de la violencia.

Así las cosas, aún sin respuesta a la pregunta con la que inicia este apartado, este texto cierra con la claridad de que las medidas orientadas a la no repetición formuladas por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición entrarán a reforzar el repertorio de luchas del movimiento campesino colombiano e invita a que, sin dejar de exigir al Estado que asuma la responsabilidad de su implementación, desde la sociedad civil centremos los esfuerzos en reconocer, acompañar y fortalecer las apuestas de paz campesina que han sabido emerger desde los territorios, incluso en las condiciones más intensas del conflicto armado interno.

En esas apuestas campesinas tan diversas como el mismo campesinado está la semilla para la transformación del país, la edificación de un Estado de abajo hacia arriba y la construcción de una democracia realmente incluyente.