Introducción

La Ley 1448 de 2011, columna vertebral de la política pública de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia, establece como una de sus medidas de reparación y para la efectiva acción del Estado con la implantación del modelo de justicia transicional, la restitución de tierras despojadas o abandonadas por la violencia, con la cual se busca restituir material y jurídicamente los derechos sobre la tierra o el territorio de las víctimas que fueron despojadas de sus predios o se vieron obligadas a abandonarlos forzosamente por causa del conflicto armado interno.

Dadas las dificultades que aún persisten para la satisfacción de los derechos de las víctimas restituidas, y que la expedición de la Ley 2078 de 2021 prorrogó por 10 años la vigencia de la Ley 1448 de 2011, se hace necesario realizar un balance sobre los avances y dificultades existentes en la política de restitución de tierras. Por ello, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (CSPPDF) realizó un análisis sobre algunos de los puntos que aún se consideran álgidos para lograr el cumplimiento de la restitución a las víctimas despojadas u obligadas a abandonar sus predios por causa del conflicto armado interno.

El propósito de este capítulo es identificar los principales retos, a partir de una evaluación sobre los avances y las falencias de la política de restitución de tierras y territorios y la observancia del goce efectivo de los derechos (GED) de las víctimas, cuyo incumplimiento dio origen al estado de cosas inconstitucional (ECI); retos que son aún mayores cuando se toma en consideración la persistencia de acciones armadas en el territorio. Asimismo, se incluye una propuesta de política que responda a los desafíos que enfrenta actualmente la restitución de tierras y territorios en el marco de la Ley 1448 de 2011 y el Acuerso Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (AF), para ser presentada a la honorable Corte Constitucional y a los candidatos a la Presidencia que participaran en las elecciones de mayo de 2022. Estas reflexiones no intentan poner punto final de discusión; por

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el contrario, plantean interrogantes abiertos que incentiven un pensamiento amplio y constructivo sobre la política de restitución de tierras.

En particular, el informe destaca los principales desafíos que aún enfrenta esta política, a más de 10 años de promulgación de la Ley 1448 de 2011, pues señala que si bien ha habido avances en el proceso de restitución de tierras, estos aún distan de convertirse en una verdadera reparación con vocación transformadora. Entre las dificultades se destacan: la imposibilidad del Estado para microfocalizar aquellas zonas denominadas de “alta complejidad” en términos de seguridad; los rezagos que persisten en la atención de solicitudes en la etapa administrativa y, en mayor medida, en la etapa judicial, y lo más grave, la falta de atención o dilación por parte de las entidades del Estado en el cumplimiento de las órdenes proferidas por los jueces y magistrados de restitución de tierras, lo que ha hecho imposible en un gran número de casos el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Asimismo, se encontró que el impacto de la política de restitución de tierras, en relación con las estimaciones realizadas previamente en cuanto a la magnitud del despojo y abandono de tierras, no ha sido el esperado.

Por tanto, es claro que la política de restitución de tierras requiere un impulso en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, con miras a profundizar la credibilidad tanto en el Estado colombiano como en el AF. Para ello, es necesario adoptar algunas medidas que van desde el compromiso de las entidades en el establecimiento de metas y de presupuestos diferenciados que coadyuven al cumplimiento de la política, el fortalecimiento de la capacidad institucional de los jueces y magistrados de restitución de tierras, e incluso medidas que implican algunas reformas y regulaciones legislativas.

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