Estudios y Pronunciamientos 2014 - Comisión de Integración y Promoción Profesional by Comisiones ACIEM

Integraci贸n & Promoci贸n Profesional Estudios y Pronunciamientos

REFLEXIONES SOBRE LA EDUCACIร N SUPERIOR EN COLOMBIA

Comisiรณn de Integraciรณn & Promociรณn Profesional

Asociaciรณn Colombiana de Ingenieros ACIEM

Diciembre de 2014

Reflexiones sobre la Educación Superior en Colombia

1. Presentación ACIEM ACIEM es la Asociación Colombiana de Ingenieros, gremio profesional de la Ingeniería en Colombia con 57 años de existencia (1957 – 2014) y Cuerpo Técnico Consultivo del Gobierno Nacional (Ley 51 de 1986). Para cumplir con su misión institucional, la Asociación cuenta con diez (10) Comisiones de Estudio integradas por cerca de 200 profesionales, quienes Ad Honorem aportan sus conocimientos y experiencias en los siguientes sectores estratégicos:          

Ética Aeronáutica y Aeroespacial Electrónica y Telecomunicaciones Energía Integración y Promoción Profesional Infraestructura de Transporte Mantenimiento y Mecánica Promoción y Desarrollo Empresarial Televisión Reglamentos Técnicos de Construcción

El presente documento ACIEM: Reflexiones sobre la Educación Superior en Colombia, es el resultado del trabajo realizado por la Comisión de Integración & Promoción Profesional, conformada por Ingenieros vinculados al sector académico y empresarial del país, quienes han analizado los planteamientos del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU: Propuesta de Política Pública para la Excelencia de la Educación en Superior en Colombia en el Escenario de Paz, aportando una serie de opiniones en este campo.

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2. Introducción “La baja calidad de la educación formal en los niveles primario y secundario incide negativamente sobre la educación superior, sobre la eficiencia y efectividad del sector productivo científico y tecnológico y sobre los elementos civilizadores y el desempeño cultural y cívico de la población. El impacto negativo se observa también en la calidad de la fuerza laboral, así como en la falta de valores de solidaridad, convivencia pacífica, respeto por la vida y equidad”1. Es innegable que al cumplirse 20 años del informe de la Comisión de Sabios de 1996, este planteamiento sigue vigente y no cesan los cuestionamientos acerca de las razones por las cuales Colombia no logra un avance más vertiginoso en el fortalecimiento de su educación, sin desconocer los éxitos alcanzados en cobertura en medio de situaciones complejas (violencia, narcotráfico, guerrilla, corrupción) lo cual permite seguir visualizando al país como uno rico en oportunidades para mejorar este aspecto esencial para el desarrollo de cualquier sociedad: la educación. El Informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) denominado: La Educación Superior en Colombia 2012, realizó una evaluación de las Políticas Nacionales de Educación del país con una serie de análisis que reflejan los logros de la última década y los desafíos para ser un país de Clase Mundial en aspectos de orden económico, social y político destacando que el sistema colombiano de educación superior posee muchos y notables puntos fuertes y que existe la conciencia de que necesita fortalecerla sino que sea mejor y más justa. Quizá vale la pena destacar del informe de la OCDE los retos que tiene el país en materia de educación:     

Lograr una cobertura del 50% en la educación superior Establecer relaciones entre equidad, calidad y pertinencia Mejorar la solidez y el alcance del sistema de aseguramiento de la calidad Forjar vínculos sólidos entre las instituciones y las empresas en todos los niveles de la educación superior Aumentar la inversión en la educación de posgrado, la investigación, la innovación y el desarrollo

Colombia: al filo de la oportunidad. Informe de la Misión de Sabios. Presidencia de la República. Consejería Presidencial para el Desarrollo Institucional – Colciencias. Tercer Mundo Editores. Santafé de Bogotá, D.C., 1996

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3. Factores críticos de la educación en Colombia ACIEM es consciente que los retos planteados por la OCDE solo se lograrán, en la medida en que haya una decisión de País de impulsar una Política Pública para la Educación del país de mediano y largo plazo, que plasme los principios de planeación, coherencia, continuidad, seguimiento y control para eliminar las debilidades y amenazas que el sistema acusa desde hace algunos años. ACIEM, en calidad de Cuerpo Técnico Consultivo del Gobierno Nacional, considera oportuno hacer una primera aproximación a los factores fundamentales que ha identificado como parte de las problemáticas de la educación en Colombia: a) Importancia social de la educación. Aunque Colombia ha logrado importantes avances en materia de educación, reconocidos por la comunidad internacional, se considera que aún hace falta posicionarla dentro de las principales prioridades en los planes del Estado colombiano. Mientras que en países desarrollados (nórdicos y asiáticos) en un hogar puede haber dos profesionales, en algunos casos con estudios al nivel de maestría y doctorado, en Colombia es difícil encontrar este tipo de escenarios por las condiciones propias del país. Un estudio realizado en los Estados Unidos (pruebas STEM) indica que los niños provenientes de familias asiáticas estudiaban más número de horas en sus casas debido al alto valor que sus padres tenían de la educación. Esos mismos padres estaban disponibles para resolver dudas y acompañar a sus hijos en el proceso de aprendizaje. Como resultado, su desempeño académico era superior al de otros grupos étnicos y sociales (comunidades latinas y de color). En ese mismo sentido, los padres estaban dispuestos a promover actividades adicionales como bellas artes, música y literatura de sus hijos, con resultados que muchos pueden corroborar. Colombia no debe tener un modelo exactamente igual, pero sí revisar las políticas de cobertura, acompañamiento, impacto y proyecciones futuras dentro del entorno social y económico que caracteriza al país. b) Responsabilidades frente a la educación. La educación en su significado amplio es responsabilidad de todos los sectores y de todos los actores de la

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sociedad (familias, estructuras educativas del Estado, estudiantes, docentes, empresarios, gremios entre otros). En el medio, a veces se forma una cadena de opinión simple, en la cual los colegios se quejan de la poca o nula participación de las familias y la comunidad en los procesos educativos de los estudiantes (niveles extremos de pobreza, desplazamiento, abandono, violencia intrafamiliar, drogadicción, entre otros factores), dejando, la mayoría de las veces, responsabilidades en los profesores que no necesariamente les compete. A las universidades llegan estudiantes con muy bajos niveles de formación y no son pocos los sectores sociales y empresariales que se quejan que los profesionales que reciben no cuentan con las competencias que necesita la industria. En los últimos años, tal vez, el sector educativo es el que más ha sido diagnosticado y analizado en sus múltiples problemáticas. A nivel de primaria y secundaria se destacan: calidad; cobertura; financiación; infraestructura; formación de docentes; salarios y reconocimiento de los docentes y educación pública vs privada, entre otros aspectos. A nivel superior las principales problemáticas se relacionan con: planta docente de bajo nivel y mal remunerada; la educación como lucro; baja acreditación de programas; sobreoferta de ciertas especialidades; baja inversión en ciencia y tecnología, innovación; falta de un segundo idioma; internacionalización de los programas y ausencia de una real y efectiva relación universidad-empresa, entre otros factores. Existen un sinnúmero de estudios y propuestas de los modelos a seguir para cambiar y mejorar, pero lo cierto es que en las últimas décadas los resultados de mejora en la educación aún no colman las expectativas frente a las recomendaciones de organismos expertos en educación. Se requieren cambios urgentes en las Políticas de Estado, con políticas serias y sostenibles en el tiempo de largo plazo y con una nueva estructura educativa que abarque todos los sectores de la sociedad y que permita resolver las necesidades del país.

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c) Los profesores y el futuro de la sociedad. Los estudios indican que la formación en escuelas normales acoge los peores calificados de las pruebas Saber Pro y que el oficio de maestro no tiene buen reconocimiento a nivel social. El número de maestros de la educación pública es considerable, pero al mismo tiempo insuficiente para atender adecuadamente la población estudiantil de primaria y bachillerato. Un estudio de la Fundación Compartir2 indica que una gran parte del problema de la calidad está en la preparación de los docentes, de la educación primaria y secundaria. Considera igualmente que los profesores deben ser el eje central para el mejoramiento de la calidad de la educación en Colombia, acompañado de otras estrategias relacionadas con el mejoramiento de la infraestructura, la ampliación de la jornada escolar y de las condiciones de vida de los niños y adolescentes en sus hogares y entorno. d) Doble Jornada Educativa. En la mayoría de los países avanzados los estudiantes están en los centros educativos del orden de 7 a 8 horas por día, mientras que los alumnos colombianos que asisten a la jornada media solamente reciben educación durante 5 horas en promedio. La doble jornada es una estrategia orientada a mejorar el índice de alfabetización de la población, con una inversión mínima en cuanto a infraestructura y personal, más no ha sido creada para mejorar la calidad. Esto, y el esquema de promoción automática, son factores que tienen una alta incidencia en cuanto a la calidad de la formación. En el tema de alfabetización, como resultado de estas dos medidas, el país ha sido exitoso pues el gobierno puede mostrar resultados positivos. 4. Reflexiones sobre la Educación Superior en Colombia a) La educación superior como un derecho 2

Tras la Excelencia Docente. Estudio realizado para la Fundación Compartir por los investigadores: Sandra García Jaramillo, Darío Maldonado Carrizosa, Guillermo Perry Rubio, Catherine Rodríguez Orgales, Juan Esteban Saavedra Calvo. Bogotá. D.C., 2014

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En el Artículo 67 de la Constitución Política se señala que: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. En el Capítulo I de la Ley 30 de 1992 se señala: Artículo 2°. La Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado. Es decir, que en la Ley 30 se indica el carácter de servicio público de la educación superior, pero no se hace mención del derecho de la persona a alcanzar este nivel de la educación. Este Artículo 2º de la Ley 30 corresponde exactamente al Artículo 1º del proyecto de ley “por la cual se organiza el Sistema de Educación Superior y se regula la prestación del servicio público de la educación superior”, elaborado por el Ministerio de Educación Nacional y presentado al país por el Presidente de la República, para su conocimiento y discusión, el día 10 de marzo de 2011. Después de tres meses de una amplia discusión del proyecto de ley, antes mencionado por parte de los diferentes sectores del país y, especialmente, de las entidades relacionadas con la educación superior, el Gobierno Nacional modificó la propuesta y elaboró un nuevo proyecto de ley, el cual fue radicado en el Congreso Nacional el 20 de julio de 2011. El Artículo 1º de este nuevo proyecto de ley establecía lo siguiente: “La Educación Superior es un derecho, un bien público basado en el mérito y la vocación, y un servicio público inherente a la finalidad social del Estado”. Como es bien sabido, este último proyecto de ley fue retirado por el Gobierno Nacional poco tiempo después de su radicación en el Congreso, debido a la fuerte oposición que generó en diversos estamentos relacionados con la educación superior. Reflexiones ACIEM Para ACIEM es importante que en las políticas de educación superior quede claro que el acceso a este nivel de la educación es un derecho fundamental de los ciudadanos. Por supuesto, esto implica, no solo una declaración formal, sino la responsabilidad del Estado para hacer efectivo tal derecho, como una forma de promover el desarrollo de la sociedad y del país. Asociación Colombiana de Ingenieros

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Para que exista coherencia en las políticas, la aparición del acceso a la educación superior como derecho fundamental de todos los ciudadanos debe conducir a otras políticas que establezcan las medidas y estrategias que aplicará el Estado para garantizar de manera progresiva el acceso universal de los ciudadanos a este nivel de la educación en condiciones de igualdad, independientemente de su nivel socioeconómico, bajo determinados parámetros como, por ejemplo, el interés y las capacidades intelectuales. Con toda seguridad, la implementación de estrategias para garantizar el derecho de todos los ciudadanos a ingresar a la educación superior implica un aumento considerable del presupuesto nacional para este nivel de la educación. No obstante, también es importante resaltar que el hecho de que la educación superior sea un derecho fundamental no significa que se deba ofrecer de manera gratuita a todos los ciudadanos. Posiblemente, la mejor fórmula será que los ciudadanos hagan aportes para su educación superior de acuerdo con sus condiciones económicas. Por supuesto, también debe ser claro que la educación superior es un servicio público, en el sentido de que el Estado debe proveer la infraestructura, los recursos y la legislación que sean necesarios para hacer efectiva la aplicación de ese derecho fundamental de los ciudadanos, por medio de instituciones públicas o privadas. b) Autonomía, Inspección y Vigilancia de las Instituciones de Educación Superior De acuerdo con la Ley 30 de 1992, artículo 28, la Autonomía Universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia: “Reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”. Para el caso de la autonomía de las Instituciones de Educación Superior (IES) diferentes de las universidades, la autonomía es un poco más restringida, pues se les exige que notifiquen al Ministerio de Educación Nacional la expedición y Asociación Colombiana de Ingenieros

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modificación de estatutos, así como los reglamentos relacionados con la admisión de docentes y estudiantes. De otra parte, los artículos 31, 32 y 33 de la Ley 30 de 1992 se refieren al fomento, la Inspección y la Vigilancia de la Educación Superior. De acuerdo con el Artículo 32, la suprema Inspección y Vigilancia se desarrollará a través de un proceso de evaluación, para velar por:  La calidad de la Educación Superior dentro del respeto a la autonomía universitaria y a las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.  El cumplimiento de sus fines.  La mejor formación moral, intelectual y física de los educandos.  El adecuado cubrimiento de los servicios de Educación Superior.  Que en las instituciones privadas de Educación Superior, constituidas como personas jurídicas de utilidad común, sus rentas se conserven y se apliquen debidamente y que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de sus fundadores. Por consiguiente, quien invierta dineros de propiedad de las entidades aquí señaladas, en actividades diferentes a las propias y exclusivas de cada institución será incurso en Peculado por Extensión.  Que en las instituciones oficiales de Educación Superior se atienda a la naturaleza de servicio público cultural y a la función social que les es inherente, se cumplan las disposiciones legales y estatutarias que las rigen y que sus rentas se conserven y se apliquen debidamente”. Existe descontento de parte de algunos voceros de las IES, quienes consideran que los procesos de inspección y vigilancia ejercidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) atentan contra su autonomía. Además, plantean que la inspección y vigilancia debe ser ejercida por un organismo diferente al MEN, para que este no sea juez y parte de los procesos.

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Reflexiones ACIEM Para ACIEM es claro el derecho de las universidades a gozar de la autonomía consagrada por la Constitución Nacional y condición indispensable para el desarrollo armónico y estable de la educación superior. La autonomía de las IES, sobre todo las de origen oficial, garantiza que estas no se vean afectadas en su funcionamiento por cambios o tendencias políticas de los gobiernos. La autonomía universitaria es el reconocimiento por parte del Estado de que las universidades son instituciones suficientemente maduras para tomar sus propias decisiones en los ámbitos académico, administrativo y financiero, en beneficio de la sociedad y del país. Por otra parte, como en el país existen otras IES que no tienen el carácter de universidades, es necesario establecer el grado de autonomía que deben tener tales IES. Aquí es pertinente recordar que la autonomía casi absoluta que se otorgó a las IES (no solo a las universidades) mediante la Ley 30 de 1992 ocasionó graves problemas de calidad en la educación superior. En los años posteriores a la expedición de la citada ley, entre otros aspectos, se multiplicaron los programas académicos ofrecidos, muchos de ellos sin cumplir con las mínimas condiciones de calidad requeridas debido a la autorización que se dio a todas las IES de “crear, organizar y desarrollar sus programas académicos” sin ningún control por parte del Estado. Después de varios años de este desorden fue necesario crear el Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Conaces), entidad encargada de otorgar el registro calificado (una forma de autorización de apertura) a los nuevos programas académicos, y de hacer su renovación periódica a los programas activos, previo el cumplimiento de determinados requisitos, no solo académicos, sino administrativos y financieros. En este momento, aún no se ha terminado de corregir el caos creado por la autonomía universitaria otorgada mediante la Ley 30 de 1992. Como conclusión de lo anterior, ACIEM considera muy importante la autonomía de las universidades y demás IES como una condición indispensable para su existencia, en beneficio del desarrollo y progreso de la sociedad, pero plantea la necesidad de que esta autonomía siempre sea restringida, de acuerdo con diferentes factores. Es necesario que no se cometan de nuevo los errores que dejó la Ley 30 de 1992 respecto a la Autonomía Universitaria. Asociación Colombiana de Ingenieros

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ACIEM considera que las universidades deben tener una mayor autonomía que el resto de las IES, pero en ningún caso absoluta, dado que las universidades son las instituciones con mayor desarrollo académico y madurez institucional, y requieren de unas condiciones especiales para ser consideradas como tales por el Estado (en las nuevas políticas de educación superior deberían quedar muy claras las condiciones para que una IES fuera reconocida como universidad). Así mismo, es razonable considerar que la acreditación de alta calidad sea un factor para determinar el grado de autonomía de las IES. Así, podría suceder que las universidades acreditadas tuvieran una autonomía mayor que aquellas no acreditadas, y de la misma manera ocurriría con otras IES que no tuvieran la calidad de universidades. De otra parte, ACIEM considera necesario que el Estado ejerza las funciones de Inspección y Vigilancia de las IES, también consagradas por mandato constitucional. Las funciones de Inspección, Control y Vigilancia de las IES no deben reñir con la Autonomía Universitaria, ya que siempre habrá aspectos en los cuales las IES no son autónomas, sino que se deben regir por normas generales del Estado. El manejo de las IES debe ser transparente y el sector de la Educación Superior debe estar dispuesto a rendir cuentas de su actividad ante el Estado y ante la sociedad, y en el caso de posibles incumplimientos o violaciones al orden legal, las IES deberán someterse a las investigaciones correspondientes. Sin duda, el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) tiene razón cuando afirma que “la diversidad de criterios para definir e interpretar el alcance de la autonomía universitaria genera confusión en el sector y en los alcances de la inspección y vigilancia. “Hay ausencia de normatividad y falta de instrumentos jurídicos que impiden ejercer adecuadamente la inspección y vigilancia del sistema de educación superior por parte del Ministerio de Educación Nacional” (CESU, Acuerdo por lo Superior - 2034, principales problemas nodales de la estructura y gobernanza del sistema, página 103). Es necesario dejar claramente establecidos los alcances de la autonomía de las diferentes IES, así como los alcances de la Inspección y Vigilancia del sistema de Asociación Colombiana de Ingenieros

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Educación Superior pues, sin duda, el derecho de las IES y la obligación del Estado tienen que coexistir. ACIEM comparte la apreciación del CESU, en el sentido de que la concentración de funciones en el Ministerio de Educación ha llevado a que sea considerado como juez y parte en la dirección y supervisión de la educación superior (CESU, Acuerdo por lo Superior - 2034, Principales problemas nodales de la estructura y gobernanza del sistema, página 104). El Proyecto de Ley, aprobado por el Congreso de la República el pasado 16 de diciembre, "Por el cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21,22 y 26 del artículo 189 de la Constitución Política, se regula la inspección y vigilancia de la educación superior y se dictan otras disposiciones", es un paso firme y fundamental que ACIEM reconoce al Ministerio de Educación Nacional para transformar favorablemente los esquemas de vigilancia y control y propender por una mejor defensa de los derechos e intereses de los usuarios. Sin embargo, para ACIEM es el momento que se analice toda la institucionalidad de la educación en Colombia y hacer los ajustes que correspondan para darle una mayor fortaleza en los próximos años. La experiencia institucional del sector eléctrico (planeación; regulación y vigilancia y control) es un referente importante de cómo se ha logrado independencia y autonomía para el funcionamiento de la competencia y la protección de los derechos de los usuarios. Para el mejoramiento de la institucionalidad de la educación del país, ACIEM considera que debería tener los siguientes componentes:   

Planeación. Bajo el liderazgo del Ministerio de Educación Nacional (MEN) Regulación. En cabeza de una entidad distinta al MEN Vigilancia y Control. Responsabilidad de la nueva Superintendencia de Educación Superior

Este esquema permitiría un mejor desempeño de las instituciones en su labor de construir políticas públicas que en la práctica promuevan la competencia y aún más importante, la defensa de los derechos de los usuarios.

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Finalmente, ACIEM propone al MEN que se analicen cuidadosamente los beneficios y perjuicios que tuvo la Educación Superior por cuenta de la autonomía brindada a las IES en la Ley 30 de 1992, así como la efectividad que tuvo la aplicación del proceso de inspección y vigilancia por parte del Estado. De este análisis seguramente surgirán conclusiones valiosas para establecer las políticas correspondientes a los temas de Autonomía, Inspección y Vigilancia. c) La Ética y la cultura ciudadana en el sistema de Educación Superior En la Ley 30 de 1992 hay dos artículos que hacen referencia a la formación de los estudiantes de programas de Educación Superior en la cívica y la ética, los cuales se transcriben a continuación: Artículo 128. En todas las instituciones de Educación Superior, estatales u oficiales, privadas y de economía solidaria, serán obligatorios el estudio de la Constitución Política y la instrucción cívica en un curso de por lo menos un semestre. Así mismo, se promoverán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. Artículo 129. La formación ética profesional debe ser elemento fundamental obligatorio de todos los programas de formación en las instituciones de Educación Superior. La exigencia de un curso de un semestre relacionado con la Constitución Política y la instrucción cívica resulta demasiado vaga, pues un curso semestral puede tener cualquier tipo de intensidad horaria, de enfoque y de importancia en las distintas IES y en los diferentes programas académicos. Además, no parece pertinente que en una ley se establezca el número de cursos sobre un determinado tema. Del mismo modo, declarar que la formación ética debe ser un elemento fundamental obligatorio de todos los programas académicos de educación superior realmente no compromete de manera seria a las IES. En la práctica, existe un alto porcentaje de programas académicos de Educación Superior, debidamente aprobados por las instancias correspondientes del Estado, que no ofrecen a sus estudiantes formación ni en la Constitución Política ni en ética. Es decir, que con estos dos artículos el Estado no ha podido garantizar que los egresados de programas de Educación Superior tengan o hayan adquirido la Asociación Colombiana de Ingenieros

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formación ciudadana y ética que requieren la sociedad y el país de parte de sus integrantes y ciudadanos, respectivamente, lo cual, se refleja en la crisis de valores éticos y del comportamiento ciudadano que aqueja al país. ACIEM tiene una gran preocupación ante la presencia cada vez más reiterada de casos de corrupción y faltas a la ética, tanto en entidades públicas como privadas del país, en muchos de los cuales, desafortunadamente, están involucrados profesionales con estudios y títulos de educación universitaria. Así mismo, ACIEM observa un decaimiento general en la conciencia y el cumplimiento de los deberes ciudadanos, reflejado en las conductas reprobables de gran parte de la población, de la cual no quedan excluidas muchas personas que cuentan con estudios superiores.

Reflexiones ACIEM La formación de individuos con principios éticos y ciudadanos sólidos es tarea de todos los niveles de la educación y, por supuesto, de los padres de familia. La formación ética y ciudadana se inicia en la familia y en su entorno educativo, el cual se refuerza en todos los ámbitos sociales a lo largo de la vida. Por lo anterior, no se puede pretender dejar solo en las manos de la Educación Superior la formación ética y ciudadana de los estudiantes que pasen por ella. Sin embargo, sí es tarea del Sistema de Educación Superior reforzar y complementar y, en algunos casos, corregir las competencias éticas y ciudadanas adquiridas por los estudiantes en sus hogares, sus colegios y sus diferentes relaciones interpersonales, en la niñez y la adolescencia (para el caso de los estudiantes que ingresan a programas de pregrado). ACIEM considera que un objetivo fundamental de la Educación Superior debe ser el desarrollo y reforzamiento de la formación ciudadana y ética de los futuros profesionales. Ahora bien, en lugar de establecer la obligatoriedad de cursos (como en la Ley 30 de 1992), dentro de la nueva Política de Educación Superior se deberían establecer cuáles son las competencias ciudadanas y éticas que deben ser desarrolladas y reforzadas en los estudiantes de todos los programas de este nivel de la educación,

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dando a las IES autonomía para implementar las estrategias que consideren más adecuadas. Por supuesto, una de las estrategias que pueden utilizar las IES para el desarrollo de las competencias mencionadas es el ofrecimiento de cursos. Se propone que la determinación de las competencias que deben adquirir o reforzar los estudiantes se haga con la asesoría de expertos en el tema. Además, el MEN podría asesorar y motivar a las IES para que estas ejecuten proyectos tendientes a diseñar, poner en práctica y evaluar diferentes métodos tendientes a desarrollar competencias ciudadanas y éticas en los estudiantes, como alternativas a los cursos formales. ACIEM propone que las IES trabajen, por lo menos, en tres ámbitos para procurar el desarrollo en competencias ciudadanas y éticas de los estudiantes:  En los currículos de los programas académicos, de manera explícita, mediante la aplicación de métodos alternativos y novedosos, así como en otros procesos e interacciones institucionales con los estudiantes (como componente de lo que se denomina el currículo oculto).  Implementación y mantenimiento de una cultura ética y ciudadana en las IES y en todas sus dependencias (facultades, departamentos, programas, entre otros) que abarque no solo a los estudiantes sino a todos los estamentos institucionales (personal administrativo, docentes y estudiantes).  Establecimiento de canales de comunicación y colaboración con entidades externas a las IES para que los estudiantes tengan acceso a experiencias y propuestas relacionadas con el comportamiento ciudadano y ético fuera del ambiente académico. Se puede afirmar que, en nuestros días, la principal deficiencia de nuestros profesionales no está en su formación tecnológica o científica relacionada con sus respectivos campos de acción, sino en la laxitud de los principios ciudadanos y éticos en muchos de ellos.

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El adecuado comportamiento ético y ciudadano de todos los estamentos de las IES debería ser requisito fundamental y objeto de evaluación por parte de los entes evaluadores del MEN (CNA, Conaces, entre otras). Por ejemplo, el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) podría crear un nuevo factor de calidad para evaluar la labor realizada y los objetivos alcanzados por las instituciones y los programas de Educación Superior en relación con el afianzamiento del comportamiento ético y ciudadano de los diferentes estamentos, como parte del proceso de evaluación tendiente a otorgar la acreditación de alta calidad. Debe resaltarse, como algo positivo, que en la prueba Saber Pro ya se ha incluido la evaluación de competencias ciudadanas de los estudiantes próximos a obtener su grado profesional, lo cual significa un paso en la dirección correcta. Para ACIEM, sería conveniente incluir la evaluación de competencias éticas en esta prueba. ACIEM propone efectuar una evaluación de competencias ciudadanas y éticas en la prueba Saber 11 (actualmente se hace una evaluación de competencias sociales y ciudadanas), de tal manera que al efectuar la evaluación de competencias ciudadanas y éticas en la prueba Saber Pro se pudiera obtener conclusiones, generales pero valiosas, sobre la forma como evolucionan estas competencias desde que los estudiantes terminan su educación media hasta que culminan la Educación Superior (en el nivel de pregrado). Así, se puede determinar en qué medida la Educación Superior está reforzando (o no) las competencias ciudadanas y éticas de los estudiantes que ingresan a este nivel de la educación, con el fin de implementar las estrategias que resulten pertinentes. d) La Innovación en la Educación Superior El Estado colombiano ha expedido diversos decretos, normas y leyes relacionados con CTI, estos son entre otros:  La Ley 1286 de 2009 expedida para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación la cual convierte a Colciencias en un Departamento Administrativo y crea el Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI).

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Sin embargo la Ley 1286 no ha sido reglamentada a pesar de haberse expedido hace cinco años.  La modificación de los artículos 360 y 361 de la Constitución Política Nacional referentes al Sistema General de Regalías que otorga un 10% de estas a actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación  El Decreto Ley 393 de 1991 que estableció las formas de asociación para CTI  El Decreto 591 de 1991 por el cual se regulan las modalidades específicas de contratos de fomento de actividades científicas y tecnológicas.  La Ley 1150 de 2007 y el decreto reglamentario 1580 del 2013 que establecen las formas de contratación en CTI  La Ley 6 de 1992 y la Ley 1450 del 2011 las cuales establecieron las deducciones en inversiones en investigaciones y donaciones en Ciencia y Tecnología.  El CONPES 3582 del 2009 que establece la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación  El CONPES 3527 del 2008 que establece la Política Nacional de Competitividad y Productividad. Estas leyes y políticas han permitido la financiación de investigaciones en CTI, la creación de Incubadoras de Empresa, Centros e Institutos de Investigación y de Desarrollo tecnológico, la conformación de Parques Tecnológicos y Clúster en asociaciones con empresas y universidades de carácter público y privado. De otra parte, Existen varias vías para hacer innovación que las organizaciones y las empresas emprenden dependiendo del tipo de innovación a desarrollar, el contexto particular en la que se desenvuelven, de su grado de desarrollo y tamaño y del sector a la que pertenecen, entre otros factores. Las trayectorias más frecuentes son: 1) Las que se inician en base a un conocimiento desarrollado principalmente por la experticia empírica en el quehacer del empresario o por la detección de una oportunidad o un problema identificado en el entorno. Usualmente no Asociación Colombiana de Ingenieros

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requieren de la intervención de las universidades o de los centros de investigación 2) Las generadas por el empuje de nuevo conocimiento que provienen de los centros de investigación o de universidades a través de investigaciones de carácter científico que se vinculan a un proceso de desarrollo de nuevos productos en una empresa que tiene las capacidades y los recursos para incorporarlos a su negocio. A nivel de emprendimiento es lo que se denomina la creación de spin-off. La inmensa mayoría de nuestras empresas (cerca del 90% de ellas son Famipymes) que desarrollan procesos de innovación lo hacen con la trayectoria 1) Las medianas y grandes empresas realizan el proceso de innovación moviéndose en la trayectoria 2) A continuación se presenta una propuesta de desarrollo de la trayectoria 2), que relaciona la ciencia, la tecnología con la innovación. La relación Academia-Estado-Instituciones Empresariales o Sociales AEI en los países desarrollados no se dieron al azar o por las fuerzas del mercado solamente; en muchos de ellos hubo una acción deliberada del Estado, como asunto de política con el fin de promover una relación mutuamente benéfica entre los centros de investigación (usualmente en las universidades) y las Instituciones Empresariales privadas y públicas en muchas ramas de la economía. Esto fue posible porque las universidades tenían fuertes relaciones con empresas y sus empresarios participaban en la vida universitaria. En el caso de América Latina, estos vínculos han sido, en general, débiles y en muchos casos inexistentes. Se requieren propuestas de impacto nacional que permitan avanzar en la necesaria alianza AEI, de tal manera que los avances de la academia en Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad CTIS lleguen a la empresa y que los problemas de estas puedan ser investigados y dar soluciones específicas conjuntas, para un necesario desarrollo armónico del país. Las instituciones las forman las personas interpretando y aplicando reglas de juego preestablecidas y las instituciones así establecidas deben formar seres humanos técnicos, con responsabilidad ética e investigando problemas propios de la realidad colombiana. En este sentido, es pertinente conceptualizar que una institución inclusiva para el desarrollo de ciencia y tecnología, debe tener reglas de juego académicas Asociación Colombiana de Ingenieros

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meritocráticas3 que gobiernen y moldeen la vida académica de la institución y formen ciudadanos con principios éticos y democráticos. Sus principales características serían la pluralidad y la centralización. La pluralidad significa que el poder de la institución estaría repartido en términos políticos y económicos, sin existir un pequeño grupo que controle la institución y su riqueza y que permiten la participación de cualquier persona que cumpla reglas académicas meritocráticas, pudiendo beneficiarse de la cooperación con otras personas. En este contexto por centralización se entienden las políticas académicas que rigen la institución, pero con una ejecución administrativa descentralizada. La infraestructura que se pone a discusión es la creación a nivel nacional de lo que se podrían denominar: “Centros o Institutos de Investigación Interdisciplinaria en CTIS”. Esta propuesta es una alianza AEI como medio para promover proyectos de investigación aplicada, enfocados a atender necesidades reales productivas y sociales4. Es pertinente aclarar que una institución inclusiva como la propuesta de Centros o Institutos de investigación Interdisciplinaria no significa una infraestructura material como edificios, sino la integración de entes mediante la sinergia entre grupos de investigación maduros existentes (generalmente en Universidades y categorizados en la base de datos ScienTi de Colciencias), empresas públicas y privadas y una clara política estatal de largo plazo, alrededor de temáticas definidas como el agua, las fuentes de energía, el conflicto colombiano, la biotecnología, los nuevos materiales, entre otros. Centros o Institutos que de alguna manera ya existen en muchas universidades colombianas, pero que ha sido difícil abrirse espacio dentro de una estructura eminentemente de apoyo a la docencia. No es simplemente fortalecer los procesos de investigación e innovación tecnológica, sino de crear escenarios de generación de oportunidades pertinentes de investigación que a su vez generen nuevas tecnologías, nuevos procesos o nuevos productos. De esta forma, la investigación, en el marco de una política pública de Ciencia, Tecnología e Innovación, fortalecida por la inclusión irrestricta de varios actores, 3

En este contexto la meritocracia académica se entiende como una forma de gobierno basada en el mérito. Las posiciones son logradas con base en el mérito académico y hay una predominancia de valores asociados a la capacidad individual o al espíritu competitivo en educación, ciencia y tecnología 4

Torres, H., “Que rayos sabemos sobre innovación tecnológica”, Ed. Orvisa, Bogotá, Colombia, 2014

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hasta ahora al margen en muchos casos como las empresas, confluirían en nodos en los cuales los recursos de los sectores educación, estado y empresa, se fundirían en iniciativas que impulsarían diferentes modelos de fortalecimiento de la investigación y la transferencia de tecnología. Es pertinente, dentro de este contexto, que el Estado avance en el fortalecimiento de políticas en ciencia y tecnología basada en instituciones inclusivas, pues no basta con la tecnología y la innovación para impulsar el progreso y el desarrollo de un país como Colombia. En este sentido es pertinente que el modelo universitario colombiano, basado en la Reforma Patiño de la Universidad Nacional de hace 50 años, de paso a una estructura en la cual la base fundamental de una universidad colombiana sean los Centros o Institutos de Investigación en Ciencia y Tecnología y las facultades actuales sean beneficiarias de los resultados de investigación de estos institutos. Este modelo no es nuevo en el mundo y es el que ha permitido a países como Alemania lograr grandes avances en ciencia y tecnología. Adicionalmente, estos Centros o Institutos creados como sinergia entre centros o grupos de investigación universitarios y empresas públicas o privadas alrededor de un tema específico, deben integrar a otros grupos de investigación incipientes o con poca experiencia en regiones apartadas del centro del país, de tal manera que la experiencia de los grupos de investigación maduros permitan el fortalecimiento de grupos de investigación que recién comienzan o que aún no han aparecido pero que se requieren en una región del país. Este esquema de fortalecimiento tripartito, AEI, el cual se extendería por toda la nación, dentro del marco de una política pública nacional, abriría los horizontes del uso de diferentes recursos y formas de financiación que potenciarían a los tres actores de esta puesta en escena. En lo referente a la trayectoria 1 de innovación el papel de las universidades, en especial el de los ingenieros, diseñadores, administradores y mercadólogos en alianza interdisciplinaria con las empresas se vuelve fundamental. Las interacciones más dinámicas entre las IES y las empresas se dan a través del mecanismo de transferencia de tecnología y conocimiento. Este mecanismo ha tenido muchos problemas en ser implementados y continua la brecha entre ambos. Los problemas y las necesidades que tienen la mayoría de las empresas Mipymes son básicos y requieren acciones de mejoramiento en la producción, apertura de

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nuevos mercados y repensar el modelo de negocio entre otras necesidades, en un proceso de innovaciones incrementales en varios frentes de la empresa. Reflexiones ACIEM En opinión de ACIEM, los Ingenieros todavía no son incorporados a dichas empresas como agentes de cambio. Habría que ampliar el campo de conocimiento y experticia de los ingenieros para que se ajusten a las demandas de la empresa (sin perder el nivel, la calidad y la pertinencia de su disciplina). Las necesidades de las empresas son específicas a su negocio y se dan contextos regionales particulares. Es por esta razón que la estrategia regionalización es un concepto que todavía está por construirse y en la cual ingenieros pueden aportar de forma importante, desde la creación de infraestructuras necesarias y adecuadas al medio hasta la constitución aglomeraciones o clústers de empresas de base tecnológica apropiadas a dinámicas de la región con una vocación que traspasa los límites locales. Las universidades son respetadas en las regiones por lo que procesos tendientes a dinamizar la confluencia de esfuerzos actores. Representan los núcleos de conocimiento en red y disciplinas como son las ciencias sociales que permiten entendimiento con la comunidad local.

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El papel de la universidad se ha ampliado y enriquecido (sin desconocer la importancia de ser el generador de conocimiento) al introducir e incorporar la innovación en su lenguaje y pensamiento. La universidad está llamada a incorporar el pensamiento innovador en sus estudiantes para entregar a la sociedad ciudadanos que aporten valor desde su lugares de trabajo, ya sea como un empleado visionario como un emprendedor líder en su campo. Sus estructuras curriculares y sus métodos pedagógicos deben ser cambiados introduciendo nuevas formas de hacer y pensar las cosas. Las TIC son una herramienta y una tecnología que apalanca las infinitas posibilidades de cambio. Así mismo las universidades tienen que innovar organizativa y estructuralmente creando nuevas formas de relacionarse (entre profesores-estudiantesadministrativos) y comunicarse con su entorno. Las confluencias de la ciencia y la tecnología han abierto la emergencia de nuevos conocimientos que a su vez dinamizan el cambio y la aparición de nuevos saberes. Asociación Colombiana de Ingenieros

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La universidad debe estar preparada para ofrecer nuevas carreras y sumergirse en nuevos campos del conocimiento. A su vez, hay una mayor presión de la sociedad y de las comunidades en que la universidad aporte sus saberes y experticias para solucionarles sus problemas y aportar a mejorar su bienestar. Esto impulsa a nuevas respuestas y obliga a la universidad a repensarse continuamente. Es decir, la universidad es un enorme “caldero” de innovaciones. e) La inclusión en la educación superior En el año 2012, los profesores Daron Acemoglu y James A. Robinson del Instituto de Tecnología de Massachusetts - MIT y la Universidad de Harvard, respectivamente, publicaron el libro: “Why Nations Fail”, obra ya traducida al español5, que sirve de referencia para analizar el tema de educación superior y plantear una hipótesis sobre la creación y el fortalecimiento de instituciones inclusivas. En su estudio, los profesores Acemoglu y Robinson consideran que la clave para entender las diferencias entre países es la calidad institucional. Argumentan que las naciones exitosas cuentan con instituciones inclusivas, en las cuales se cumplen las condiciones de pluralidad y centralización. La pluralidad significa que el poder de la institución estaría repartido en términos políticos y económicos, sin existir un pequeño grupo que controle la institución y su riqueza y que permiten la participación de cualquier persona que cumpla reglas académicas meritocráticas, pudiendo beneficiarse de la cooperación con otras personas. Por su parte, el CESU ha considerado la educación inclusiva como la “Capacidad de potenciar y valorar la diversidad, promover el respeto a ser diferente y garantizar la participación de la comunidad en una estructura intelectual de los procesos educativos”, planteamiento totalmente deseable, si se mira como estrategia de inclusión social. Sin embargo, tiene todavía un distanciamiento muy grande en relación con la concepción como tal que tienen las “Instituciones Inclusivas” que son las que hacen que los países progresen.

Acemoglu, D., Robinson, J. “Porque fracasan los países” ed. Planeta, Bogotá, 2012

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Como principal característica, las instituciones inclusivas fomentan la participación de las personas en actividades económicas que aprovechan mejor su talento, motivan a las personas a participar del aumento de la productividad. La anterior característica recae aún con más fuerza en instituciones educativas, en donde la “inclusión” debe obligatoriamente verse reflejada en la formación de emprendedores y la creación de nuevas empresas de base tecnológica. Desde ese punto de vista, el sistema nacional de ciencia y tecnología y las políticas asociadas con la innovación no parecen estar dando tales resultados. Al menos por la poca cantidad de empresas de base tecnológica que se crean y consolidan, y la poca sinergia que se observa entre la formación académica, de pregrado y posgrado, con el emprendimiento. Las “instituciones de educación inclusivas” deben motivar a su comunidad, docente y estudiantil, para la participación en el aumento de la productividad y deben permitir que las personas puedan elegir con libertad la profesión que mejor se adapte a su talento. La inclusión en las instituciones de Educación Superior se debe entender, además del reto de combatir las dificultades de acceso, permanencia y graduación, como la necesidad de romper los esquemas y estructuras que evitan que las instituciones de educación en Colombia se relacionen más directamente con el aumento de la productividad, teniendo en cuenta que dicha relación se basa en la motivación de las personas para aportar en el aumento de la productividad. Reflexiones ACIEM En opinión de ACIEM, las instituciones inclusivas, son plurales y participativas, distribuyen el poder ampliamente en la sociedad, promueven la imposición de restricciones al ejercicio del poder para evitar el abuso y la corrupción y practican el control constitucional de los gobernantes. Este tipo de instituciones generan instituciones económicas inclusivas que distribuyen los recursos de manera más equitativa, limitan los monopolios, crean incentivos a la innovación y al cambio tecnológico, promueven la diversificación del aparato productivo, dan lugar a nuevas y más modernas empresas, se crean industrias, fábricas, aumenta el empleo y los salarios, y se elimina la práctica rentista.

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Aunque está comprobado que la tecnología hace posible la acumulación ilimitada de riqueza y con ello la satisfacción de una serie en aumento de deseos humanos 6, países como Colombia parecen no haber entendido bien este postulado y con frecuencia los políticos de profesión y las entidades estatales de planeación lo plantean como discurso sin proyectar un plan basado en sinergias entre la academia, el estado y el llamado sector productivo, en apropiación de recursos y políticas para plasmarlo en realidades. Prueba de ello son los bajos índices de recursos dedicados a investigación en ciencia y tecnología como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Para ACIEM, las políticas específicas centradas en el acceso, permanencia y graduación de la Educación Superior son sin duda pertinentes, urgentes si se quiere, en el marco de instituciones de educación inclusiva, pero para alcanzar la condición de “institución inclusiva” se requiere de dos cualidades, la pluralidad y la centralización. f) Competencias de los Docentes Universitarios Es claro que la universidad debe ser la mayor responsable en la formación de competencias profesionales de sus egresados, pero no es la única responsable. También en alto grado de corresponsabilidad, la tienen su educación previa (antes de ingresar a la universidad), su entorno familiar y la sociedad en general. De igual manera son responsables los empresarios o empleadores que deben ser los promotores en desarrollar capacidades de los recién egresados para aplicar y desarrollar conocimientos en la práctica. Los profesores universitarios son los encargados de generar y aplicar metodologías de aprendizaje que les permitan a los estudiantes apropiarse de las competencias necesarias para desarrollar las habilidades, conocimientos y actitudes requeridas que debe tener un buen profesional, para garantizar su buen desempeño en la sociedad. Los profesores son los responsables de transmitir conocimientos, actitudes y emociones que influyen directamente en el comportamiento de los estudiantes, durante y después de su formación universitaria.

Fukuyama, F. “El fin de la historia y el último hombre”, Ed. Planeta, Barcelona, 1992.

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Entre otras muchas responsabilidades que se le podrían asignar a los profesores universitarios, se podrían mencionar: desarrollar conocimientos prácticos de alto impacto social; motivar el emprendimiento de proyectos; propiciar actitudes positivas; fomentar la responsabilidad, la disciplina y la ética en todo su ejercicio profesional, entre otros aspectos. En un alto porcentaje, se podría decir que el profesional es lo que sus profesores han hecho de él. Aquí surgen, entre otras, varias preguntas: ¿Quién quiere ser profesor?, ¿Cómo y en dónde se deben formar los profesores?, ¿Cómo hacemos para retenerlos? Reflexiones ACIEM A continuación se plantean algunas inquietudes que de una u otra manera tienen impacto sobre el desempeño profesional de los docentes universitarios y la calidad de los egresados, particularmente en el campo de las Ingenierías:  Se da por cierto que todos los profesionales con título de PHD deben ser excelentes docentes. No se debe olvidar que la formación en estos niveles son para investigación. La formación pedagógica y docente no es una prioridad institucional. En general las universidades públicas y una pequeña parte de las privadas, sus docentes tienden a doctorarse motivados más por mejorar su nivel salarial y social que por otros motivos, además de ser una política nacional en la acreditación de las instituciones. La docencia no siempre está dentro de sus prioridades; el mayor interés y tiempo de su actividad gira alrededor de la investigación. No hay que olvidar que la universidad se sostiene en el trípode de la docencia, la extensión y la investigación. Muchos de los mejores docentes solamente ostentan el titulo básico de pregrado.  A corto plazo, la mayoría de los docentes de universidades públicas accederán a graduarse de Doctorado en Ingeniería. ¿Será esta la condición más importante y suficiente para garantizar la excelencia docente y la calidad de los futuros ingenieros en Colombia?  En los últimos diez años ha habido en las universidades públicas más representativas (Nacional, Valle, UIS, Antioquia, entre otras), un cambio generacional de profesores muy alto y los nuevos profesores tienen por delante cerca de 30 años de actividad docente y modificar sus condiciones Asociación Colombiana de Ingenieros

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laborales para acondicionarlas a nuevos esquemas de mayor exigencia de compromiso y calidad es muy difícil, si no hay mejoras salariales u otros tipos de reconocimientos. Las relaciones laborales entre las asociaciones de profesores universitarios (ASPU, APUN, etc.) y los Ministerios de Educación y Hacienda han sido complejas. Adicionalmente los profesores de las universidades y colegios públicos han sido reacios a ser evaluados.  Si se hiciera una encuesta entre los estudiantes de último semestre de las diferentes ingenierías, muy pocos (si no es que ninguno) quisieran ser profesores de tiempo completo. La imagen del profesor universitario en términos generales no es bien valorada y reconocida por la sociedad, sin que se hayan analizado a profundidad las causas de ese bajo reconocimiento. Son pocos los industriales que confían en los servicios que les presta la universidad. ¿Estas condiciones son las más adecuadas para los futuros profesores?, ¿Qué se podría hacer para mejorar esta percepción?  El comportamiento laboral y prestacional de las universidades públicas es muy diferente al de las privadas. No hay equidad en la remuneración salarial ni en la estabilidad laboral en general para todos los profesores, especialmente en las instituciones privadas. En muchas IES contar con siquiera un 10% de profesores de tiempo completo, resulta un privilegio. El gobierno debería legislar al respecto. ¿Qué tan conveniente y manejable sería esta situación? Se debería plantear la creación de un estatuto específico para los docentes de las universidades privadas.  La formación de los Ingenieros tienen un alto componente de asignaturas y profesores de las facultades de ciencias (departamentos de matemáticas, físicos, químicos), humanidades (sociología, filosofía, entre otras), artes y otros. Los profesores de Ingeniería se deberían en capacitarse y tener formación en estas áreas también para discutir con sus pares la formación de los futuros ingenieros.

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 El sector industrial no confía mucho en la calidad profesional de los docentes universitarios y con frecuencia se queja que la universidad no les prepara bien a los Ingenieros que necesitan. Valdría la pena adelantar estudios que soportaran esta aseveración. Sería interesante identificar a que sectores y tipos de empresas son las que no les sirven los profesionales que les entregan las universidades.  Para ejercer la docencia universitaria se debería exigir una formación mínima de capacitación establecida de común acuerdo entre las universidades y el Ministerio de Educación, sujeto a la acreditación respectiva y evaluación periódica. El criterio que actualmente impera en la mayoría de las entidades de educación superior, se basa solamente en la llamada experiencia docente o tiempo de trabajo.  La llamada autonomía universitaria se debería utilizar para generar mecanismos de evaluación y de productividad académica, docencia, extensión y de investigación de los profesores universitarios y de igual manera establecer mecanismos de promoción o sanción a que hubiere lugar. Con los esquemas actuales en las universidades públicas, es muy difícil la implementación de sanciones.  Una manera de incentivar la relación universidad – empresa, es mediante la apertura de servicios hacia la industria que puedan ofrecer los múltiples laboratorios de las distintas facultades de ingeniería, asignando estas tareas a los profesores, asistentes y estudiantes. Es muy común la práctica estudiantil en las empresas. ¿Por qué no se puede implementar, también, y hacer casi obligatorias las pasantías empresariales para profesores?  Se requiere más trabajo para identificar y promover las competencias que deben tener los profesores universitarios y desarrollar los incentivos que hagan atractiva y de alto reconocimiento social y económico esta profesión.

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g) Representación de las Asociaciones Profesionales en los órganos de dirección de la Educación Superior En el Artículo 35 de la Ley 30 de 1992 se señala la forma como se integra el Consejo Nacional de Educación Superior. Los integrantes del CESU son el Ministro de Educación, el Director del Departamento Nacional de Planeación, el Director de Colciencias, el Director del ICFES, representantes de las diferentes modalidades de IES y dos representantes del sector productivo. Es decir, que en el CESU no hay representación de las asociaciones profesionales. De acuerdo con el Artículo 44 de la Ley 30, el CESU y el ICFES contarán con tres comités asesores “que constituirán espacio permanente de reflexión para el estudio y sugerencia de políticas apropiadas que permitan el logro de los objetivos de la Educación Superior y el de los específicos de las instituciones que agrupan”. Estos comités son: a) Comité para estudio y análisis de los temas relativos a las instituciones técnicas profesionales. b) Comité para estudio y análisis de los temas relativos a las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas. c) Comité para estudio y análisis de los temas relativos a las universidades. Cada uno de estos comités está conformado por el rector de una IES oficial, el rector de una IES privada, un representante de las comunidades académicas, el Director del ICFES y dos representantes del sector productivo. Como se puede observar, en estos comités tampoco hay representación de las asociaciones profesionales. En el Artículo 64 de la Ley 30 se establece la conformación del Consejo Superior Universitario de las universidades oficiales. Como en los casos anteriores, la mayor parte de los consejeros son académicos y hay un representante del sector productivo. No hay representación de las asociaciones profesionales. En el artículo 68 se establece la composición del Consejo Académico de las universidades oficiales. En este organismo, todos los integrantes pertenecen a la institución y, por supuesto, no hay representación de las asociaciones profesionales.

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Reflexiones ACIEM Las Asociaciones Profesionales son las entidades encargadas de impulsar y de velar por el desarrollo de las profesiones en el país y por esta razón son, en términos generales, las organizaciones que poseen, procesan y producen la mayor cantidad de información sobre el estado, la evolución y las condiciones de las profesiones, tanto a nivel nacional como internacional. Dentro de sus actividades, las asociaciones realizan seminarios, conferencias, congresos, foros, jornadas, estudios, proyectos y publicaciones que enriquecen el conocimiento sobre el devenir de las profesiones. En este punto vale la pena mencionar que en el sector productivo están presentes solo algunas de la inmensa cantidad de profesiones que se ofrecen en las IES y, por otra parte, los voceros del sector productivo, en general, asumen las posiciones del sector y no las de las profesiones. Es decir, que la representación del sector productivo no sustituye ni cobija la de las asociaciones profesionales. Por lo anterior, es conveniente que en los órganos de dirección y asesoría relacionados con el sistema de educación superior (una de cuyas principales funciones es formar profesionales) haya representación de las asociaciones profesionales, la cual, sin duda, enriquecerá y complementará los aportes y los puntos de vista de los representantes de otros sectores. Con base en estos planteamientos, ACIEM recomienda incluir la representación de las asociaciones profesionales en los diferentes órganos colegiados de la educación superior, así:  Dos representantes de las asociaciones profesionales en el CESU.  Un representante de las asociaciones profesionales en cada uno de los comités asesores del CESU y el ICFES.  Un representante de las asociaciones profesionales en el Consejo Superior Universitario de las universidades y otras IES oficiales. Además, el CESU y el MEN deberían motivar la representación de las asociaciones profesionales en los Consejos Superiores de universidades y otras IES privadas, al

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igual que representaciones de dichas asociaciones en los consejos de facultades, consejos de departamentos y comités curriculares de las IES oficiales y privadas. Así, se propone modificar el objetivo 1 incluido dentro de la Nueva gobernanza de la educación superior en Colombia (CESU, Acuerdo superior - 2034, Estructura y gobernanza del sistema, página 184), de la siguiente manera: Fortalecer la representación de estudiantes, docentes, gremios, empresarios, asociaciones profesionales, gobierno y las regiones dentro del modelo de gobernanza del sistema de educación superior de Colombia.

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