Contexto Las migraciones son un fenómeno global, que sólo puede entenderse si se considera la integralidad de los factores sociales, económicos, culturales, políticos, históricos, familiares y ambientales, que inciden sobre el mismo. Precisamente esos factores explican la presencia en nuestro país de una significativa población de extranjeros y extranjeras cuyo ingreso no ha sido autorizado por el Estado. Debido a la complejidad y al fuerte impacto del fenómeno, acertadamente el mismo ha sido incluido en la “Estrategia Nacional de Desarrollo” (END), en la que se establece la necesidad de estructurar un modelo de gestión de las migraciones que parta de una visión del desarrollo conforme al interés nacional y que integre además la perspectiva de derechos humanos. En ese contexto estratégico, es importante destacar que los cambios que ha experimentado en las últimas tres décadas nuestro modelo económico, impiden que la inmigración se continúe gerenciando en el marco del modelo de contratación colectiva de trabajadores y trabajadoras extranjeros, ya que el destino de la mayor parte de la “nueva inmigración” que se ha registrado desde 1980, no es la “Gran Plantación” o el Batey, sino que se han diversificado los focos de atracción, orientando el nuevo flujo hacia la agropecuaria, construcción, turismo y otros campos del sector servicios, así como hacia el sector informal de la economía. Por lo demás, hay que tener en cuenta que los y las inmigrantes aportan al desarrollo económico del país. Hoy día, diversos sectores de la economía dependen de esta mano de obra, por lo que sería justo garantizar los derechos adquiridos y promover la regularización migratoria de esta población. Esto debe asegurarse a través de un procedimiento especial, conforme lo establece la Ley General de Migración y en coherencia con las expectativas que tienen los y las dominicanos/as residentes en el extranjero, que demandan de las sociedades receptoras ser beneficiados/as con medidas similares. Tratando de promover la institucionalización en la implementación de la Ley General de Migración y su Reglamento, las organizaciones firmantes, representantes de diversos sectores de la sociedad (trabajadores, religiosos, empresarios, educadores y defensores de los derechos humanos), inspiradas en el principio de soberanía, el interés nacional y conforme a la necesidad de consolidar el Estado Social, Democrático y de Derecho, proclamado en nuestra Constitución, se han reunido para concertar un Compromiso Social y Político por un Nuevo Modelo de Gestión de las Migraciones, con énfasis en los siguientes ejes: i. Superación de Retos Institucionales Mercado Laboral y Derechos Humanos ii. iii. Plan de Regularización de la Población Extranjera
Retos Institucionales La Ley General de Migración No. 285‐04 se promulgó hace más de 8 años y a la fecha, varios mandatos importantes de la misma están pendientes de ejecución, mientras que el Reglamento No. 631‐11, que intenta operativizar la ley, en su aplicación está presionando el flujo migratorio hacia una mayor irregularidad. En este ámbito hemos identificado varias tareas que tienen que ser emprendidas con urgencia: 1. Reducir la discrecionalidad en los procesos de toma de decisiones en la Dirección General de Migración‐DGM‐, en relación a las solicitudes de residencias, permisos de estudiantes, trabajadores y trabajadoras temporeros y demás sub categorías de no residentes. 2. Modernizar los puertos fronterizos para nivelar la dinámica de su funcionamiento con la de los demás puertos del país, en correspondencia con la importancia creciente del intercambio comercial, a fin de reducir a su mínima expresión las actividades ilícitas relacionadas con el contrabando de mercaderías, tráfico de armas, tráfico de drogas y tráfico ilícito de personas. 3. Activar el Consejo Nacional de Migración (CNM) y promover un proceso de reforma de su estructura para que la misma sea más operativa e incluya la participación de empresarios y empresarias, trabajadores, trabajadoras y sociedad civil. 4. Promover que el Ministerio de Interior y Policía (MIYP) asuma de manera plena su rol de coordinador del CNM, así como un mayor liderazgo en el diseño de las políticas migratorias. (arts. 7‐10, ley 285‐04). 5. Poner en funcionamiento el Instituto Nacional de Migración (INM), el cual debe ser estructurado integrando a empresarios, empresarias, trabajadoras, trabajadores y organizaciones de la sociedad civil, conforme lo establece la ley (Art. 11 ley 285‐04). 6. Profesionalizar el perfil de los y las agentes migratorios, a través de la Escuela Nacional de Migración (ENM). 7. Configurar un mecanismo de consulta entre el CNM, los y las empresarios y sindicatos que dé repuestas a las necesidades del mercado laboral del país. (art.49 ley 285‐04). 8. Establecer Oficinas de Coordinación Laboral en los puestos fronterizos para la gestión del movimiento de trabajadoras y trabajadores migratorios, como establece la ley 285‐04. (Art. 52). 9. Fortalecer el Servicio de Asistencia Jurídica del Ministerio de Trabajo y la Unidad de Migración Laboral del mismo. 10. Promover la agilización de los procedimientos a cargo de la Junta Central Electoral relativos a la cedulación de los y las extranjeros residentes.
Mercado Laboral y Derechos Humanos La política migratoria tiene que ser re‐direccionada para que responda a las necesidades del mercado laboral del país y los derechos humanos y laborales de las personas migrantes. Los desafíos en este ámbito son: 1. Simplificar procedimientos, reducir requisitos y costos relativos a las solicitudes y renovación de residencias y permisos de No Residentes, especialmente en relación a trabajadores y trabajadoras temporeros (art. 81, literal d, del Reglamento de la Ley 285‐04). 2. Establecer centros de detención migratoria apropiados, que garanticen el respeto a los derechos de las personas y el Debido Proceso. Estos deben regirse en base a un reglamento de funcionamiento conforme a las mejores prácticas en la materia. 3. Integrar al procedimiento de deportación las garantías individuales del Debido Proceso establecidas por la Constitución, Tratados y Convenios Internacionales. 4. Integrar el enfoque de derechos humanos y laborales en la capacitación de las y los operadores del sistema de aplicación de la política migratoria. 5. Colocar la gestión y el control migratorio en manos de un cuerpo civil especializado en materia migratoria. 6. Diferenciar los procedimientos y condicionalidades que deben regir las contrataciones de trabajadores y trabajadoras extranjeros que ya residen en el país, de aquellas relativas a las contrataciones de los que se encuentran fuera del país, ya que en la práctica la parte contratante generalmente contrata a inmigrantes que ya viven en el país. 7. Implementar el procedimiento de carnetización de los habitantes de las comunidades fronterizas definido en el artículo 81, literal e del reglamento 611‐11. 8. Estandarizar las condiciones laborales de los y las trabajadores/as migrantes, conforme a los parámetros establecidos por el Código de Trabajo y la jurisprudencia laboral* y en común acuerdo con las organizaciones firmantes evaluar los términos relativos a la Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, y los convenios 97 y 143 de la OIT, para de manera consensuada propiciar la viabilidad de su implementación por las autoridades competentes. 9. Implementar estrategias de integración social de las personas migrantes. Y promover el protocolo de la ONU sobre la tolerancia como forma de prevenir manifestaciones de discriminación. 10. Cumplir lo que establece la ley en relación en los actos de violencia cometidos contra la población extranjera, así como en los procesos seguidos a los implicados en operaciones de trata y tráfico ilícito de personas, particularmente de niños y niñas menores. * ver sentencia del 17 de septiembre de 1997, que consagra la igualdad de tratamiento y no discriminación entre trabajadores nacionales y extranjeros
No tomar en cuenta esta realidad presionará aun más al empresariado, puesto que según el reglamento de la ley de migración, el principal mecanismo para cumplir con la misma ‐para las empresas de tamaño mediano y grande‐ es por la vía de las contrataciones de trabajadores y trabajadoras extranjeros en la modalidad de contingentes desde su país de origen, lo cual es sencillamente insostenible en la generalidad de los casos, y seguirá surtiendo como efecto una práctica ingobernabilidad del mercado laboral, así como del sistema migratorio que se pretende organizar y regular.
Plan de Regularización de la Población Extranjera Gran parte de la población extranjera que reside en el país tiene status migratorio irregular, lo que, por un lado, coloca dicha población en un plano de vulnerabilidad y limita las posibilidades de ejercer de forma integral sus derechos, mientras, que por otro lado, implica que el Estado carezca de información esencial para poder desarrollar políticas públicas, tales como las relacionadas al mercado laboral, política tributaria, seguridad ciudadana, servicios públicos, combate a la delincuencia transnacional, etc. Por tanto, se hace necesario avanzar en la implementación del art. 151 de la Ley de Migración que prevé la promulgación de un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y Extranjeras, lo que beneficiará tanto al Estado como a las y los trabajadoras y trabajadores migrantes. Para ello se debe diseñar una nueva propuesta de plan para la Regularización de Extranjeros y Extranjeras, siguiendo una metodología transparente que incorpore la participación de los diversos actores. También es importante que la misma se estructure con la idea de lograr una buena relación costo‐eficiencia, para lo cual sería indispensable establecer procedimientos ágiles y accesibles para los y las aplicantes, garantías de evaluación justa y transparente, garantías de no deportación ‐ mientras dure el proceso‐ y que conforme al orden enunciativo de la Ley, al criterio del tiempo de estadía se le consigne un valor justo, en interacción equilibrada con los demás parámetros establecidos por la ley: vínculos socioeconómicos, familiares y condiciones laborales. Los y las firmantes se comprometen a colaborar en la implementación de una política migratoria que favorezca el bienestar general del país conforme a los parámetros aquí propuestos.