Aspectos sindicales y colegiales del ejercicio profesional (Análisis Profesional)

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“Aspectos sindicales y colegiales del ejercicio profesional: colegiación y formación”


Análisis Profesional

Francisco Casado.

Serafín Romero.

Pedro Boj.

Miembro del Gabinete Secretario General de la Catedrático de Física de Técnico de la Organización Médica la Universidad de Federación de Servicios Colegial. Alicante. Públicos de UGT.

Luís Suárez.

Presidente del Colegio Oficial de Geólogos y presidente de la Comisión de Formación de Unión Profesional.

Yolanda Palomo.

Máximo González.

Pilar Carot.

Secretaria federal de la Presidente del Consejo Técnica de la Secretaría Administración General General de enfermería Confederal de de Estado de UGT. y tesorero de Unión Formación de UGT. Profesional.


“Aspectos sindicales y colegiales del Ejercicio Profesional: colegiación y formación” Como respuesta a la necesidad de alcanzar unas buenas condiciones sociolaborales para desarrollar una buena práctica profesional, el 22 de julio de 2009 Cándido Méndez, Secretario General de UGT y Carlos Carnicer, Presidente de Unión Profesional, firmaron un convenio a través del cual se comprometieron, tanto la organización sindical como la colegial, a impulsar la formación continua y promover el empleo de calidad entre los profesionales, así como erradicar las formas de contratación que amparan situaciones irregulares.

Existe un espacio de interés común entre los sindicatos y los colegios profesionales y ese espacio es el que corresponde a los trabajadores que son los profesionales cualificados. UGT como defensor de los derechos socio-laborales de los trabajadores y Unión Profesional como garante de la buena práctica profesional, la independencia y la responsabilidad de los actos profesionales, se reúnen en la jornada "Aspectos sindicales y colegiales del ejercicio Profesional: colegiación y formación" para poner sobre la mesa aquellos asunto que en el entorno del profesional, tanto público como privado, deben ser tenidos en cuenta. La celebración de la jornada es consecuencia de un Convenio firmado en el mes de julio de 2009 por Cándido Méndez, Secretario General de UGT y Carlos Carnicer, Presidente de Unión Profesional, apostando por la defensa de unas condiciones estables de trabajo para una buena práctica profesional así como la promoción de la formación continua y el empleo de calidad. El 17 de octubre de 2011, en la Escuela Julian Besteiro, un grupo de profesionales de ambas organizaciones pusieron sobre la mesa los principales aspectos que afectan a los profesionales con el fin de favorecer el encuentro de sinergias, salvaguardar las independencia y el cumplimiento de la deontología profesional, que también ha de ser respetada por el empleador, sea público o privado, así como la importancia de potenciar la formación continua. Abrió la jornada José Javier Cubillo, secretario confederal de Organización de UGT, para poner en común aquello que desde ambos sectores puede ser compartido. Tanto Unión Profesional, como representante de los colegios profesionales de España, como la Unión General de Trabajadores, como sindicato reivindicativo de los derechos de los profesionales que propone soluciones, comparten un espacio de colaboración común. "Nosotros debemos aprender de la Unión Profesional aquellos problemas que como profesionales tienen y creo que la Unión Profesional puede aprender bastante de las preocupaciones que los profesionales tienen en el ámbito de lo sindical", resaltó Cubillo.

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LA PROBLEMÁTICA QUE AFECTA A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Francisco Casado Galán del Gabinete Técnico de la Federación de Servicios Públicos de UGT junto con Yolanda Palomo, Secretaria federal de la Administración General de Estado de UGT, trataron de contrarrestar el desprestigio que desde diferentes esferas y medios de comunicación se viene realizando hacia los profesionales de la Administración Pública. Para ello, Casado se apoyó en datos oficiales proporcionados por la Agencia de Calidad de los Servicios Públicos. Abordaron también la problemática de los empleados públicos en su ejercicio profesional en las Administraciones públicas alcanzando así nuevas vías de mejora y de cambio. "Hay una campaña en contra de los empleado públicos que atenta directamente con nuestra profesionalidad", explicó Francisco Casado. Sin embargo apuntó que paradójicamente, a la campaña sistemática contra los profesionales de la Administración, un reciente estudio de la Agencia de Calidad de los Servicios Públicos, mostraba todo lo contrario. Acometió aspectos como la confianza de los ciudadanos hacia los profesionales de la Administración Pública, la profesionalidad y la gestión de quejas y sugerencias. Según los datos del Informe elaborado por el Observatorio de la calidad de servicios de la Agencia de Calidad y Evaluación (AEVAL) sobre la Administración Pública a juicio de los ciudadanos, en términos de confianza, a pesar de los estereotipos negativos que operan en relación con los funcionarios, en general, el 55% de los encuestados afirma tener mucha o bastante confianza en ellos. En la pirámide de confianza ocupan la cúspide los bomberos, médicos, profesores, trabajadores sociales y las fuerzas armadas mientras que en la base, entre los profesionales de la Administración Pública que generan menor confianza, encontramos a diplomáticos, jueces e inspectores de hacienda. En cuanto a la profesionalidad de los empleados públicos, más de un 80% de los ciudadanos se han sentido muy o

bastante satisfechos con la profesionalidad y el trato que les han dispensado en 2010. Yolanda Palomo abordó también el aspecto de la profesionalidad de los empleados públicos refiriéndose a otra vertiente. La profesionalidad quedaba probada, explicó, al formar parte de la estructura de la Administración tras pasar "rigurosos métodos de entrada que ofrecen presunción de profesionalidad y de conocimiento de una materia para prestar el mejor servicio público y atender el interés general". En tercer asunto que expuso Casado afectaba a la gestión de quejas y sugerencias. En este sentido, sólo el 15% de ciudadanos declaran haber presentado una queja o reclamación por alguna actuación de la Administración Pública (Administración del Estado, Administración Autonómica o Administración Local). De éstos, un 8% tienen conexión con aspectos profesionales. Yolanda complementa la intervención de Francisco Casado en relación a la fijeza del empleado público. Quiso ceñirse al concepto con el que algunas personas "mal informadas o equivocadas" asocian la fijeza del empleado público con un privilegio. "Es importante poner en valor temas que están siendo denostados injustamente y a mi juicio, interesadamente, por los ataques neoliberales que vienen de Europa y están inundando el mundo y poniendo patas arriba el Estado de bienestar y con ello a los servicios públicos desempeñados por los profesionales públicos". Yolanda explicó que en alguna ocasión se había acusado a las organizaciones sindicales de defender la fijeza del empleo público por considerarla un privilegio. Un "privilegio" al que, supuestamente, no se tiene derecho por la situación que está sufriendo gran parte de la ciudadanía que se encuentra sin trabajo, convirtiéndose esta idea en una clara manifestación de la devaluación de lo público. Ante aquel planteamiento, Yolanda se muestra contundente: "es una acusación irresponsable e incorrecta" y añade, "la fijeza en el empleo no es un privilegio, es una 2


garantía de prestación de los servicios públicos que responde a un modelo de empleo público establecido en toda la Europa continental después de haber visto la ineficiencia de otros modelos donde no se garantizaba la profesionalidad y la libertad del empleado público a través de la fijeza". Apuntó además que el día que carecieran de fijeza los empleados públicos y dependieran de una decisión particular del gestor, "habríamos acabado con los servicios públicos, ya que los intereses del empleado público en lugar de ser los generales, pasarían a ser particulares". Francisco Casado Galán dio paso a un segundo bloque centrado en la problemática de los empleados públicos en materia de su ejercicio profesional, destacando entre otros: 1. El marco jurídico en el que trabajan los empleados de la Administración Pública: "Es incompleto, espeso, poco claro y heterogéneo". En primer lugar, distinguió la convivencia de tres tipos de relaciones jurídicas de los profesionales; los funcionarios, los laborales y los estatutarios faltando sintonía entre las normas, "tres relaciones jurídicas diferentes para un mismo fin, que es servir a la ciudadanía en el desarrollo de los servicios públicos". Apuntó que desde el gabinete de la federación de servicios públicos habían desarrollado una teoría llamada el empleo público perplejo que explicó con un ejemplo; "Para que un empleado público de la administración local conozca sobre la normativa aplicable a una excedencia en materia de derechos y obligaciones que le competen, tiene que consultar 6 normas diferentes de manera complementaria, no excluyente". Es decir, salvo excepciones, no se ha desarrollado la legislación básica por las Comunidades Autónomas en determinados sectores, como debería haber sido, generando controversias que posteriormente tienen que resolver los tribunales de justicia al entrar en conflicto el estatuto marco con el estatuto básico. 2. El derecho a la carrera profesional del empleado público fue la segunda materia a tratar, la cual, salvo excepciones, carece de desarrollo generando algo que podríamos enmarcar, según Casado, en una idea similar a la competencia desleal. "La carrera profesional tiene un perfil muy sesgado porque sirve para cobrar más pero no para formarse más". 3. En lo que se refiere al derecho a la movilidad interadministrativa, salvo excepciones como es el caso del ámbito sanitario o docente, por ejemplo, "es más fácil que un funcionario de Hacienda se vaya a trabajar a un organismo de la Unión Europea que vaya al ayuntamiento de Madrid, convirtiéndose también en una rémora para los empleados públicos", explicó. 4. Yolanda, apuntó la irregular situación de la temporalidad: "en el campo de los organismos públicos de investigación donde se sitúan a los investigadores que son quienes van a incorporar valor en i+D, i+D+i o en generación de conocimiento, hay un 40% de temporalidad".

5. Enmarcaron también el asunto que afecta a la privatización y externalización. Existen funcionarios y empleados externos contratados que están realizando actividades iguales o similares, pero en este caso, los segundos no han pasado los tamices correspondientes de acceso, selección, etc. "Se genera una especie de dumping profesional en las Administraciones Públicas". Yolanda aborda la externalidad, ilustrándonos con un ejemplo: "La Intervención General de la Administración del Estado durante 5 años consecutivos, subcontrata a consultoras externas el control de las subvenciones que vienen de Europa alegando insuficiencia de medios. Por otro lado, nos dicen que sobran funcionarios". Explica que este caso fue llevado a los tribunales por UGT y, lamentablemente, no les dieron la razón. La conclusión a la que llegamos tras la exposición de Yolanda, es que la Administración Pública subcontrata teniendo en cuenta que hay plantilla de funcionarios que pueden realizar ese trabajo, con lo que se incorpora un motivo de frustración para los empleados públicos.

“El problema es que no se ha hecho un diagnóstico sobre la eficiencia” 6. El último asunto del listado tratado por Francisco Casado es en referencia a la dejación de la Administración Pública en materias donde debiera ser pionera, como son la igualdad, la responsabilidad social, las nuevas tecnologías, la conciliación o las incompatibilidades. "Llegados a este punto yo me planteo dónde está el papel activo de la Administración". Tras el bloque de asuntos definidos como "problemáticos" para los empleados de la Administración Pública, Yolanda trata de explicar el origen de la situación. "No se ha hecho un diagnostico", apunta. Resalta que el debate está abierto en el ámbito de la profesionalidad de los empleados públicos o los recortes salariales pero se han olvidado de lo más importante; "poner sobre la mesa el modelo de empleo público que tenemos". Considera Yolanda imprescindible entrar a valorar a través de un diagnóstico adecuado la eficiencia de la Administración(a qué se destinan los gastos, que modelo de empleo público es el adecuado, etc.) Finaliza la intevención Francisco Casado haciendo mención al reconocimiento del trabajo y la profesionalidad del empleado público. "El Defensor del Pueblo, entre cuyas competencias se encuentra velar por el correcto funcionamiento de las administraciones públicas y los servicios públicos, presenta un informe monográfico a las Cortes todos los años en el que se refiere a la profesionalidad de los empleados públicos de esta manera: con todas las deficiencias que deben ser puestas de manifiesto y, por supuesto, objeto de corrección, labor que asume al estudiar el comportamiento de los funcionarios hacia los ciudadanos, cierto es que la mayoría de las personas que prestan su trabajo en las administraciones públicas, demuestran cada día, un firme compromiso con el interés general, meta última de la organización administrativa" 3


LA DEONTOLOGÍA PROFESIONAL COMO GARANTÍA DE LOS CIUDADANOS Serafín Romero, Secretario General de la Organización Médica Colegial y quien trabaja en exclusiva para el sistema sanitario público y Máximo González, Presidente del Consejo General de enfermería y tesorero de Unión Profesional, como representantes del sector colegial, en la mesa redonda, ponen de manifiesto en su intervención la co-regulación de las profesiones entre las Administraciones Públicas y los colegios profesionales, la importancia de la deontología profesional, la colegiación universal. También la independencia del profesional y la profesión anteponiendo el interés general del paciente, cliente o usuario a cualquier otra conveniencia. Serafín, contextualiza la situación que ostentan los colegios profesionales desde un punto de vista legal haciendo una primera diferenciación, en cuanto a la posición que ocupan en el articulado constitucional: "Mientras los artículos que hacen referencia al asociacionismo y sindicalismo están contenidos en la Sección I de la Constitución: De los Derechos Fundamentales y de las Libertades Públicas, los colegios profesionales ocupan un lugar en el artículo 36 de la CE, concretamente la sección II que lleva por título De los Derechos y Deberes de los ciudadanos. Por tanto, no se puede perder de vista la idea de deber en la que queda enmarcada el Colegio Profesional. "¿Cuál debe ser nuestro papel en la sociedad? La protección de los derechos de las personas." Máximo González plantea una pregunta previa antes de entrar a analizar junto con su compañero los asuntos que afectan a los profesionales del ámbito colegial. "¿Cuál debe ser nuestro papel en la sociedad? La protección de los derechos de las personas.", respondió contundente. La potestad que corresponde a los Colegios Profesionales, en palabras de Serafín, son el registro de profesionales, el aspecto ético y deontológico de la profesión y por último, el desarrollo profesional continuo, la formación o la búsqueda de la excelencia, aspectos que son tratados a lo largo de su intervención tras una previa aclaración de algunos conceptos que vienen al caso.

En relación al sujeto, es decir, el profesional, "diremos que es aquel titulado comprometido con los principios éticos y deontológicos y los valores de la profesión cuya conducta se ciñe a dichos valores". Tras esta breve panorámica que repercute sobre el colegio, el profesional y la profesión, ambos continúan con el desglose de los siguientes asuntos: ¿Quién regula las profesiones? En el "tira y afloja" que existe en materia de quién se encarga de la regulación de las profesiones (gobierno, administraciones y profesionales), el planteamiento es erróneo, explica Serafín. "La pregunta no es quien regula a quién sino cómo somos capaces de co-regularnos". El motivo de la co-regulación no es otro que la necesidad de control y mantenimiento de un sistema de gobernanza y garantía pública permanente contra las posibles desviaciones en el ejercicio profesional y de gobierno. Máximo apunta al respecto, "no veo hoy razón de ser de los colegios profesionales si no es para salvaguardar el interés de la persona a través de la regulación o corregulación para garantizar al ciudadano que ese profesional va a cumplir con una serie de requisitos". Colegiación universal vs. Colegiación obligatoria Máximo enmarca la obligatoriedad o no de la colegiación y expone que lo que establece la ley ómnibus es qué profesiones deberán tener colegiación obligatoria o no y en ese sentido, tendrán colegiación obligatoria aquellas que protegen intereses públicos, más concretamente, las que se encargan de la protección de la salud, la integridad física o la seguridad jurídica de las personas físicas. "El debate posterior se plantea sobre si todos los profesionales han de estar sujetos a las mismas disciplinas, si los empleados públicos han de estar sujetos a la misma disciplina o si por el contrario la tiene que poner el empleador (público o privado)", comenta Máximo. Serafín por su parte entiende que los profesionales tienen una clara e irrenunciable justificación ética y social que se asienta en comportamientos y procedimientos de regulación estrictamente democráticos. “La colegiación no es un beneficio solo para los profesionales, sino para los ciudadanos. Si no se involucra a todos los ejercientes no hay control”, explica Serafín.

"Recientemente hemos definido un concepto de profesión desde el ámbito sanitario, aplicable a todas las profesiones", explica Serafín; "La profesión debe contemplar un conjunto de garantías, producción, uso y transmisión del conocimiento científico, la mejora permanente para prestar el mejor servicio posible, la aplicación del conocimiento de forma ética y competente y que la práctica profesional se oriente hacia las necesidades de (salud) bienestar de todas las personas y de la comunidad".

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¿Porqué un código deontológico de las profesiones? plantea el Secretario General de la Organización Médica Colegial. En primer lugar así lo contempla la ley de colegios profesionales y los estatutos del colegio, pero lo más importante es que las profesiones, por encima de todo, tengan un compromiso social corporativo, "pues la primera lealtad del profesional es la que debe a su paciente y ha de anteponerse a cualquier otra conveniencia". La ética no dice cuándo algo esta bien o mal, sino que marca el comportamiento más adecuado, por eso es importante la deontología.

LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO

Máximo, expone un ejemplo de la actividad que desarrollan en el colegio que preside. Se trata de una nueva iniciativa: "nuestra apuesta, y ya lo estamos haciendo en la redacción de los nuevos estatutos y del código deontológico, es que el 50% de los representantes de la profesión sean de fuera para evitar la endogamia. Tienen que venir otros profesionales del mundo de la universidad, la judicatura, de los pacientes y estar incorporados de pleno derecho dentro de nuestras organizaciones profesionales". Para concluir su intervención, Máximo busca semejanzas entre los principios éticos y deontológicos que rigen para el profesional sanitario tanto público como privado; "El estatuto marco del personal de los servicios públicos de la Administración de salud establece que un profesional tiene que ejercer la profesión con lealtad, con observancia de los principios técnicos, científicos, éticos y deontológicos. No se excluye al empleado público que tenga que desarrollar su labor profesional dentro de un marco deontológico y profesional, porque tiene que dar ejemplo".

La última parte de la jornada, dedicada a la formación del profesional y el desarrollo profesional continuo contó con Pedro Boj, Catedrático de Física de la Universidad de Alicante, Pilar Carot, Técnica de la Secretaría Confederal de Formación de UGT y Luís Suárez, Presidente del Colegio Oficial de Geólogos y presidente de la Comisión de Formación de Unión Profesional, como ponentes. Fueron abordadas las siguientes materias: 1. El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 2. La Directiva 2005/36/EC relativa al Reconocimiento de Cualificaciones (en proceso de revisión actualmente). 3. El Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). 4. El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). 5. El Desarrollo Profesional Continuo (que recoge la formación reglada, no reglada, la experiencia y la práctica profesional). También se otorgó especial relevancia al reconocimiento y la acreditación de las competencias y cualificaciones tanto a nivel nacional como internacional.

"No se excluye al empleado público que tenga que desarrollar su labor profesional dentro de un marco deontológico y profesional, porque tiene que dar ejemplo"

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Pedro Boj y Pilar Carot, con gran dominio de la materia, fueron los encargados de trasladar el contenido del Espacio Europeo de Educación Superior, la Directiva sobre Reconocimiento de Cualificaciones, el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior y el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como la motivación que suscitó cada uno de los proyectos. Luís Suárez identificó la idea de formación continua como elemento imprescindible de la competitividad del profesional. Pedro Boj, ha sido miembro del comité que ha estado elaborando el Marco Español de Cualificaciones para la Enseñanza Superior (MECES). "El Espacio Europeo de Enseñanza Superior en territorio español ha finalizado con la publicación del decreto 1027/2011 por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES)".

1999. España firmó la Declaración de Bolonia, sentando las bases de la construcción del EEES basado en el principio de calidad, movilidad, diversidad y competitividad. Se trata de adoptar un sistema de títulos comparables y fácilmente reconocibles. Se hace una primera mención de la puesta en marcha del sistema de créditos ECTS cuyos fines son permitir la movilidad de los estudiantes por el territorio europeo y establecer un marco de aprendizaje permanente.

2001. En Praga se vuelve a hablar del aprendizaje continuo como elemento esencial del EEES.

2003. En Berlín se estableció por primera vez el marco de cualificaciones. En el comunicado de Ministro de educación se hablo de que para desarrollar el EEES, era necesario elaborar un marco de cualificaciones que fuera comparable y compatible para todos los sistemas de educación superior. Estas cualificaciones tenían que venir descritas en términos de trabajo, de nivel de aprendizaje, de competencias y de perfil e instaba a todos los gobiernos a que se hicieran los marcos nacionales, una vez determinado el marco de cualificaciones para Europa.

"Con el término cualificación hay que tener mucho cuidado, se refiere a titulo o diploma, no se refiere a las competencias" En lo que se refiere al marco español en Bergen en 2005, los Ministros europeos de Educación Superior se comprometieron a elaborar los marcos de cualificaciones nacionales compatibles con el marco general antes del 2010. España puso en marcha el proceso en 2007. En el 2009 se creó el comité competente y, tres años después, el 3 de agosto de 2011 fue publicado. Este marco español de cualificaciones es aplicable únicamente a la enseñanza superior, pero esta en fase de elaborar uno más amplio que incluye también la enseñanza secundaria, previsto para 2012. "Ese marco general de cualificaciones incluiría toda la enseñanza desde la secundaria, formación profesional y superior", afirma Pedro. "Es un instrumento que tiene que ser reconocido internacionalmente y su finalidad es facilitar la movilidad de las personas dentro del espacio europeo y del mercado laboral", concreta el Catedrático de la Universidad de Alicante. En cuanto al MECES, concluye Pedro, posee 4 niveles que deben permitir situar a las personas según el nivel de aprendizaje que tenga adquirido y certificado. La definición de los 4 niveles permite conocer cuáles son los resultados de aprendizaje basado en la formación reglada o no, la experiencia y la práctica profesional que le permite adquirir una determinada cualificación. "Ese marco general de cualificaciones incluiría toda la enseñanza desde la secundaria, formación profesional y superior" Por otro lado, Pilar Carot, Técnica de la Secretaría Confederal de Formación de UGT abundó en el Reconocimiento de la Competencia Profesional así como en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

2005. Fueron definidos los tres ciclos del EEES. Cada nivel con la función de preparar al estudiante para el mercado laboral y establecer sus competencias.

Hemos adoptado en España este sistema de 3 ciclos: 1) De grado con 240 créditos ECTS. 2) De master con entre 60 y 120 créditos ECTS. 3) De doctorado al que no se puso ninguna dedicación de trabajo. “En todas las titulaciones de grado hay 60 créditos de formación básica común a todas las cualificaciones de la misma rama de conocimiento, de manera que un estudiante puede hacer el trasvase y pasar de un grado a otro sin tener que repetir esa formación básica”, explicó Pedro. Quiso igualmente realizar una matización conceptual: "Con el término cualificación hay que tener mucho cuidado, se refiere a titulo o diploma, no se refiere a las competencias".

En primer lugar, el Reconocimiento de la Competencia profesional es una estructura operativa cuyos procedimientos tienen la finalidad de evaluar la competencia profesional de la población activa, adquirida a través de la experiencia laboral y otros aprendizajes no formales e informales. Verifica, evalúa y certifica, además, que la competencia profesional adquirida por cualquier vía, alcanza el nivel establecido en los Títulos de Formación Profesional. Este Dispositivo permite, de un modo personalizado y flexible, que las personas puedan capitalizar sus aprendizajes previos para favorecer el incremento de su competencia y estimular su progresión profesional. "El sistema de reconocimiento de la experiencia profesional es una pieza fundamental para todos aquellos profesionales que no tienen un papel que reconozcan las competencias profesionales que efectivamente poseen", apunta Pilar. 6


"El sistema de reconocimiento de la experiencia profesional es una pieza fundamental para todos aquellos profesionales que no tienen un papel que reconozcan las competencias profesionales que efectivamente poseen"

En cuanto al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, se trata de un instrumento que ordena las cualificaciones profesionales en función de las competencias apropiadas para el ejercicio profesional. Este instrumento comprende las cualificaciones profesionales más significativas del sistema productivo español, organizadas en familias profesionales y niveles. Constituye la base para elaborar la oferta formativa de los títulos y los certificados de profesionalidad. Las cualificaciones profesionales que integran el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales se ordenan por niveles de cualificación y por familias profesionales. Las 26 familias profesionales en las que se estructura el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales atienden a criterios de afinidad de la competencia profesional. Los 5 niveles de cualificación profesional establecidos atienden a la competencia profesional requerida por las actividades productivas con arreglo a criterios de conocimientos, iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad, entre otros, de la actividad a desarrollar.

Luis Suárez, por otro lado, nos hizo partícipes de la importancia de la formación continua de los profesionales, pues "estamos en la sociedad del conocimiento cuya piedra angular va a ser la formación como instrumento fundamental de la igualdad de oportunidades". Repasó el panorama universitario en España destacando que actualmente existen cincuenta universidades públicas y veintiocho privadas, un total de setenta y ocho universidades de las cuales, según el "Academia Ranking of World Universities" de las 500 mejores universidades en el año 2010, la primera universidad española aparece en el rango que va de las 200 a 300, la Universidad Autónoma de Madrid. A lo largo del ranking, sólo figurarán 7 universidades más. "Hay que apostar por la cultura del esfuerzo, instaurar la competitividad en la formación y la igualdad de oportunidades", aseguró durante la jornada. Añadió la importancia de pasar de la pregunta ¿tú que eres a tú que sabes hacer? "Hay que apostar por la cultura del esfuerzo, instaurar la competitividad en la formación y la igualdad de oportunidades" Máximo González, Presidente del Consejo General de enfermería, quiso también apuntar en cuanto a la formación, que los profesionales deben estar perfectamente capacitados en todo momento y por ese motivo establece la ley, que realizaran una formación continuada y acreditaran regularmente su competencia profesional. Considera que un profesional no puede continuar sin estar reciclándose permanentemente con carácter obligatorio. "Hemos de asegurar la competencia profesional continuada a lo largo de la vida y la reacreditación permanente. Para nosotros es un derecho del paciente y un deber del profesional", apuntó. "Hemos de asegurar la competencia profesional continuada a lo largo de la vida y la reacreditación permanente. Para nosotros es un derecho del paciente y un deber del profesional" Destacó, Luis Suárez la laboriosa actividad desarrollada por Unión Profesional en el ámbito de la Directiva de Cualificaciones y la respuesta al Libro Verde.

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Y es que Unión Profesional elaboró su propuesta en base a tres aspectos estratégicos en beneficio de la mejora de la Directiva: 1. El desarrollo profesional continuo, que no está regulado actualmente. 2. La deontología y la ética profesional 3. El sistema de información y comunicación.

Entre las conclusiones propuestas por Luis Suárez, destacaron: - Impulsar el desarrollo profesional continuo a través de la diferenciación entre el título académico y el título profesional, con másteres de acceso a las profesiones reguladas, análogos a los de abogacia y procuradoría.

La definición que aporta Unión Profesional sobre el Desarrollo Profesional Continuo responde al proceso por el que un individuo que ejerce una profesión, mantiene, mejora y amplía su grado de competencia, conocimientos y habilidades a lo largo de la vida. El DPC es un concepto que integra tanto el progreso personal como los medios que facilitan la adaptación a los cambios científico – técnicos. El DPC incluye las habilidades, aptitudes, capacidades y competencias autónomamente adquiridas por un profesional durante el desempeño de su actividad y que amplían, desarrollan y perfeccionan su crecimiento profesional mejorando su eficiencia, productividad y relación interpersonal y con el entorno. "Los sindicatos y los colegios profesionales debemos impulsar una reforma y mejora de la Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones", reconoció Luís.

- Impulsar criterios de competitividad en la universidad española para mejorar la formación permanente mediante relaciones estables entre los de sindicatos, empresarios y colegios profesionales. - El aprovechamiento de la formación online. Es un campo a explorar por los colegios profesionales y sindicatos. - Los colegios profesionales deben impulsar los títulos europeos y nacionales como instrumento de certificación de la capacidad profesional basada en el desarrollo profesional continuo y la experiencia profesional.

"En definitiva, debemos hacer un esfuerzo en la signatura pendiente de la formación".

Los empleados públicos o privados merecen que sus derechos socio-laborales sean defendidos, al mismo tiempo son profesionales cualificados que actúan bajo su ciencia y conciencia...

"Sostenemos un modelo profesional basado en independencia del criterio profesional, responsabilidad y control del ejercicio profesional por una entidad independiente (como son los colegios profesionales) a través de la colegiación y la supervisión de los trabajos técnicos de los profesionales “ Gonzalo Múzquiz.

Secretario Técnico de Unión Profesional.

"Nosotros somos partidarios de salvaguardar, en cualquier caso, la individualidad, el criterio, la ética y la capacidad de libre actuación por parte de los profesionales sobre los que muchas veces las empresas ejercen una presión indebida que pone en conflicto el correcto desarrollo de su ejercicio profesional”. Miguel Ángel Zamarrón.

Coordinador general de la Unión de Técnicos y Cuadros de UGT

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