ONG alertan sobre posible escalamiento de restricciones arbitrarias a los derechos y libertades de la sociedad civil y de los defensores de los derechos humanos en Venezuela 02 de octubre de 2019 Las organizaciones que suscriben el presente comunicado queremos denunciar que el pasado 26 de septiembre se conoció de la publicación de un cartel oficial referente a la suspensión de actividades de registro para Organizaciones No Gubernamentales (ONG), asociaciones y fundaciones en las oficinas del Registro Principal del estado Miranda, adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz en Venezuela. El cartel expone claramente que “Queda prohibido registrar actas (Constitutivas, Ordinarias y Extraordinarias) de ONG, Asociaciones y Fundaciones, hasta nuevo aviso”. De igual forma, hace dos meses se supo de la notificación de suspensión de actividades de registro en los estados Bolívar y Zulia por órdenes superiores dictadas desde Caracas, incluyendo la actualización de actas de las organizaciones, y durante el mes de septiembre se confirmó que las mismas órdenes habían sido remitidas a los registros y notarias de los estados Barinas, Cojedes, Guárico, Sucre y Táchira, por lo que la medida tendría un alcance nacional. A raíz de estas órdenes, en algunos de los estados las oficinas de registro han denegado la personalidad jurídica y la actualización de actas a organizaciones de derechos humanos indicando que el motivo es la labor que realizan. Esta medida arbitraria de suspensión indefinida de las actividades registrales en varios estados del país conforma un acto abusivo de los organismos del Estado que viola el derecho humano a la libertad de asociación de las personas y organizaciones en Venezuela, y los derechos de la sociedad civil venezolana a la libre y plena participación en cualquier asunto que sea de interés para los ciudadanos, incluyendo la defensa de los derechos humanos, a través de sus propias organizaciones e iniciativas, con independencia de entidades públicas y privadas, conforme a las normas y estándares internacionales y el derecho interno. La medida se suma a las políticas sistemáticas de restricción, obstaculización y negación arbitraria de derechos contra las ONG y toda asociación autónoma, denunciadas desde el año 2010, que impide obtener una personalidad jurídica y ejercer plenas funciones y actividades, y que busca intimidar y criminalizar el trabajo de la sociedad civil. Estas políticas habían consistido hasta la fecha en: a) Trabas reiterativas y negación de trámites en las oficinas de registro por cuestiones relacionadas con la razón social y fines de las asociaciones, en particular a organizaciones que tengan como áreas de trabajo los derechos humanos, la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia;
Comunicado de la Sociedad Civil sobre Restricciones a la Libre Asociación
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