Proyecto
Componente/ Actividad
Convite por la Salud Monitoreo del Acceso a la Salud y envejecimiento poblacional en Venezuela: Una mirada panorámica actual. ENPOVEN: Envejecimiento Poblacional en Venezuela.
Directora del proyecto Coordinador de Contenido Titulo del Documento Edición Investigación Diagramación y diseño
Francelia Ruíz Luis Francisco Cabezas “El envejecimiento poblacional en Venezuela. Panorama actual”
Derechos de las personas mayores: Balance y consideraciones sobre su derecho a la salud, la educación y la recreación
Francelia Ruiz
Marialejandra Barrientos Herrera Yanireth Fernández
Catherine Guevara
Camilo Escobar Estrada
Este informe es parte del proyecto “ENPOVEN: Envejecimiento Poblacional en Venezuela, una mirada a la panorámica actual”. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Convite, A.C. .
Para citar y referenciar este informe Barrientos Herrera, Marialejandra (2022). PROYECTO ENPOVEN: “El envejecimiento poblacional en Venezuela. Panorama actual”. Derechos de las personas mayores: Balance y consideraciones sobre su derecho a la salud, la educación y la recreación. Convite, A.C., Caracas, Venezuela. «© Convite, A.C., [2022]. Reservados todos los derechos».
ENPOVEN: El envejecimiento poblacional en Venezuela
1. SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES
PANORAMA GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES EN VENEZUELA
2. DERECHO A LA SALUD FÍSICA Y MENTAL
CONDICIONES DE SALUD DE LAS PERSONAS MAYORES
PRINCIPALES CAUSAS DE DISCAPACIDAD ENTRE LAS PERSONAS MAYORES
PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTES ENTRE LAS PERSONAS MAYORES
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD
3. DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA
ALFABETIZACIÓN Y NIVEL EDUCATIVO DE LAS PERSONAS MAYORES
DESIGUALDAD EN EL ACCESO ACTUAL A LA EDUCACIÓN FORMAL: LA OTRA CARA DEL
PROBLEMA
ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS PERSONAS MAYORES Y BRECHA DIGITAL
4. LA RECREACIÓN Y SUS IMPLICACIONES EN LA CALIDAD DE VIDA
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
REFERENCIAS
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ENPOVEN: El envejecimiento poblacional en Venezuela
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A nivel mundial la proporción y el número de personas de 60 años y más ha aumentado de manera significativa con respecto a la población total. De acuerdo con estimaciones de Naciones Unidas, a nivel mundial la población de más de 60 años pasará de 900 millones a más de 1.400 millones entre 2015 y 2030. Lo que supone que, en tan solo 15 años, este grupo de edad aumente en un 64%, pasando de representar 12,3% de la población a 16,4%; será así el grupo de edad que más crecerá en este periodo (CEPAL/CELADE, 2022).
Este cambio que experimenta el mundo en su composición demográfica y el proceso de envejecimiento poblacional que lo acompaña es considerado una de las tendencias sociales más significativas del siglo XXI y, por lo tanto, es uno de los mayores desafíos que enfrentan todas las sociedades.
En Venezuela, de acuerdo con estimaciones de la CEPAL/CELADE, para el año 2022 el número de personas de 60 años y más asciende a 3.599.938, con un mayor peso de las mujeres dentro de este grupo (56%) que el de los hombres (44%). Es decir, las personas mayores actualmente constituyen el 12% de la población venezolana. Esta proporción continuará la tendencia de aumento y para el año 2050 se estima que las personas de 60 años y más representará el 20% de la población venezolana (alrededor de 7 millones de personas). Así, el peso de la población mayor de 60 años en Venezuela también seguirá creciendo, no sólo en número absolutos sino también como porcentaje del total de la población.
Sin embargo, este proceso de envejecimiento, tanto en el país como en la región latinoamericana, ha tenido lugar con dos características que plantean importantes retos. En primer lugar, ha presentado un ritmo más rápido que el registrado en los países desarrollados; y, en segundo lugar, se da en medio de un contexto caracterizados por la persistente desigualdad, un débil desarrollo institucional, sistemas de protección social de baja cobertura y calidad y una institución familiar muy exigida en materia de seguridad y protección (Huenchuan, 2009, pág. 20).
Además de estas características comunes en la región, el país presenta otras particularidades propias del contexto de Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) que atraviesa fundamentalmente desde el año 2015 y que ha tenido como consecuencia un empobrecimiento generalizado de la población, el deterioro de las condiciones de vida y un marcado aumento de las desigualdades sociales, económicas y territoriales, todo esto ha tenido un impacto diferenciado y desproporcionado en las personas mayores. A esta emergencia, se le suman los efectos de la crisis causada por la pandemia por COVID-19, la cual ha implicado importantes retrocesos a nivel mundial en áreas como la salud, la educación, el empleo y ha incidido en el aumento de la pobreza y las desigualdades. Esta crisis también trajo como consecuencia el aumento de la discriminación por edad, siendo las personas mayores uno de los grupos más afectados, con tasas de mortalidad más altas que las del resto de la población, aumento del aislamiento social y barreras de acceso a los servicios médicos asistenciales. Así, en el país se ha tejido un entramado de situaciones complejas que afectan directamente la garantía y ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas mayores.
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UNFPA & HelpAge International (2012). Envejecimiento en el Siglo XXI: Una Celebración y un Desafío. Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y HelpAge International. Disponible en: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Ageing%20Report%20 Executive%20Summary%20SPANISH%20Final_0.pdf.
Este contexto hace imperativo realizar un balance y trazar perspectivas sobre la situación de los derechos de este grupo en Venezuela . Para ello, se escogieron tres áreas que se encuentran interrelacionadas asociadas con los derechos de las personas mayores: la salud, la educación y la recreación. Esta revisión permitirá aproximarnos al estatus de estos derechos en el país y a poner sobre la mesa temas asociados a las personas mayores que no son frecuentemente abordados (como la educación o la recreación en este grupo), pero que resultan esferas de importancia para desarrollar una perspectiva integral de los derechos de este grupo poblacional.
En la primera parte del informe se presenta un panorama general sobre las personas mayores como sujetos de derechos y su estatus en Venezuela. Seguidamente se aborda el derecho a la salud física y mental, partiendo de una evaluación general sobre el estatus de este derecho en el marco legal del país; y a partir de los datos disponibles se caracterizan las condiciones de salud de las personas de 60 años y más incluyendo las principales causas de discapacidad y de mortalidad de este segmento poblacional, entendiendo que son insumos necesarios para guiar las acciones en materia de atención a la salud; por último, se aborda el tema de acceso a los servicios de salud.
En cuanto al derecho a la educación y a la cultura se presentan los datos disponibles sobre la alfabetización y nivel educativo de las personas mayores, haciendo énfasis en la importancia que tiene concebir el aprendizaje como un proceso que debe tener lugar a lo largo del ciclo de vida. En este punto se incluye el tema de la alfabetización tecnológica de las personas mayores y las brechas de exclusión y discriminación que enfrentan en materia digital. Por último, se aborda brevemente el derecho a la recreación y la importancia de esta para el envejecimiento activo y saludable entendiendo la contribución de esta para el bienestar de las personas mayores.
Se llevó a cabo una investigación descriptiva bajo un diseño bibliográfico-documental en la que se acudió a distintas fuentes de información primaria, documental y hemerográfica. Dadas las limitaciones en el acceso a información pública actualizada y la poca disponibilidad de datos sobre este grupo poblacional, se recurrirá a fuentes alternativas de información. Una de las fuentes más relevante la constituye la encuesta de Condiciones de Vida de las personas mayores, realizada por Convite AC (2022), así como los datos más recientes que recogen organismos internacionales, como la OMS y la UNESCO.
Para la revisión y análisis de los datos se trató en todo momento incluir la perspectiva de género en tanto los datos lo permitieron, este análisis hizo posible evidenciar algunas diferencias en cuanto a la situación en materia de salud y educación de mujeres y hombres mayores. Es importante tener presente que otros niveles de análisis, al abordar el tema de las personas mayores, son necesarios como por grupos de edad (entendiendo que las personas mayores no son un grupo homogéneo) y tomando en cuenta las diferencias territoriales y el enfoque interseccional. Esto permitiría visibilizar las distintas desigualdades que imperan en el país y evidenciar cómo estas se han profundizado en los últimos años.
2 Se entenderá por persona mayor toda aquella de 60 años y más, tanto mujeres como hombres, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores. Se usa de manera variante el término personas mayores y personas de edad para referirnos a las personas de 60 años y más.
Este trabajo busca contribuir en la caracterización de la situación de las personas mayores como insumo pertinente para aportar al desarrollo de políticas públicas orientadas a la atención de las personas mayores desde una perspectiva de envejecimiento digno. Entendiendo que en el país es urgente construir una agenda que ponga en el centro la garantía de los derechos y el respeto a la dignidad de las personas mayores como únicas vías posibles para hacer realidad el postulado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS) de “no dejar a nadie atrás”
El tema de los derechos humanos de las personas mayores y el reconocimiento de este grupo poblacional como sujetos de derechos han tomado fuerza a nivel mundial desde inicios de la década de 1980. Si bien, las personas mayores han sido, desde la declaración de los Derechos Humanos, titulares de derechos por el simple hecho de ser personas, fue con la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobada en la Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (1982), que las personas mayores se erigen como el sujeto político identificable en la vejez , es decir, se comienzan a pensar como grupo con una identidad política común basada en la pertenencia a determinado grupo etario y se reafirma la aplicación plena y sin menoscabo de los derechos fundamentales e inalienables consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos a las personas mayores . Así, se reconoce “la complejidad y rapidez del fenómeno del envejecimiento de la población mundial y la necesidad de que existiera una base y un marco de referencia comunes para la protección y promoción de los derechos de las personas de edad” (ONU, 1991).
A esta declaración le siguieron una serie de instrumentos declarativos y no vinculantes de carácter internacional y regional en materia de envejecimiento y derechos de las personas mayores que han ayudado al surgimiento y consolidación del actual paradigma de derechos humanos en las políticas orientadas a las personas mayores. Entre ellos, vale destacar el establecimiento de los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, aprobados en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1991. En ellos, se reconoció la necesidad de desarrollar políticas dirigidas a las personas mayores que respondan a la diversidad inherente a este grupo y se establecieron cinco principios que deben guiar las acciones de los gobiernos en materia de personas de edad: independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad. Estos principios van de la mano con los derechos desarrollados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976), sin embargo, no están redactados como derechos (Huenchuan y Rodríguez-Piñero, 2010).
El principio de independencia establece que las personas mayores deberán tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestimenta y atención en salud adecuados, así como la oportunidad de tener un trabajo remunerado si así lo desean y acceso a educación y formación. Por otro lado, la participación hace referencia a que las personas mayores deben ser incluidas en la formulación y aplicación de las políticas que afectan directamente su bienestar, involucrarse en actividades en su comunidad en las que pueda compartir sus conocimientos e intereses y tener la posibilidad de formar movimientos o asociaciones de personas de edad avanzada.
En cuanto a los cuidados, establece que las personas mayores deben disfrutar preferentemente de los cuidados y la protección de la familia y la comunidad, pero también deben tener acceso a atención institucional de calidad con respeto a su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, en un entorno humano y seguro, y a servicios de salud que les permita mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar desde un enfoque preventivo. El principio de autorrealización proclama que las personas mayores deben tener oportunidades para desarrollar plenamente su potencial por medio del acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos
3 Roqué, Mónica y Fassio, Adriana (comp.) (2015). Políticas Públicas sobre envejecimiento en los países del Cono Sur. FLACSO: Chile.
4 En instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se reconoce los derechos de las personas de edad. Sin embargo, el cambio de paradigma implicó que se empezara a hablar como una categoría de grupo diferenciada, tal como había pasado con los derechos de los niños, las mujeres o los pueblos indígenas.
1. Sobre los derechos humanos de las personas mayores.
de sus respectivas comunidades. Por último, el principio de dignidad establece que las personas mayores deben vivir con dignidad y seguridad, libres de explotaciones y de malos tratos físicos o mentales, libres de discriminación de algún tipo y ser valoradas independientemente de su contribución económica.
Entre otros instrumentos rescatables que dan cuenta de la centralidad que ha tomado a nivel internacional el tema de la vejez, se destacan: la Proclamación sobre el Envejecimiento (1992); la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002); y el informe de Seguimiento del Año Internacional de las Personas de Edad: Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, entre otros. A ellos se le añade los instrumentos regionales tales como la Estrategia Regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003); la Declaración de Brasilia (2007); la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe (2012); y la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (la cual no ha sido suscrita por Venezuela).
Pese a que hasta la fecha no se ha aprobado una declaración universal de los derechos de las personas mayores en el seno de Naciones Unidas, este recorrido da cuenta del interés que se ha tenido desde estos espacios por el tema y ha permitido que los derechos de las personas mayores estén ocupando un lugar central en el debate internacional y que se empiece a reconocer el papel activo que deben tener en una sociedad cohesionada desde el punto de vista de la edad. Además, ha hecho posible que se reconozca de manera explícita las desventajas que han tenido y tienen las personas mayores para poder ejercer sus derechos en condiciones de igualdad debido a la construcción cultural de nuestras sociedades que tienden a asociar la vejez con la fragilidad, pobreza, deterioro, incapacidad de aprendizaje, improductividad, entre otros estereotipos y prejuicios hacia la vejez que se evidencian en formas concretas de discriminación y edadismo.
Por ello, el reconocimiento a nivel internacional de las personas mayores como sujetos de derechos ha permitido poner en el centro su autonomía y dignidad, teniendo en cuenta que:
La edad de la vejez nunca puede ni debe ser causa o excusa para restringir o limitar la autonomía, o para atropellar o socavar la dignidad de las personas mayores. En este sentido, es indispensable ofrecer a las actuales y futuras generaciones de personas mayores la oportunidad de una buena vejez. Que la edad no sea una limitación para que sigan disfrutando de sus derechos ni un obstáculo insalvable para que continúen ejerciendo sus libertades. (Huenchuan, 2018, pág. 17)
5 Asamblea General de las Naciones Unidas (1991). Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad. Resolución 46/91.
ENPOVEN: El envejecimiento poblacional en Venezuela
En Venezuela las personas mayores emergen como uno de los grupos cuyos derechos han sido postergados e invisibilizados desde el Estado, con un desarrollo legal e institucional que no ha ido a la par de los debates que se han dado a nivel internacional en la materia y demostrando poco interés en la agenda internacional de los derechos humanos de este grupo. Por ejemplo, a la fecha Venezuela es uno de los países de la región que no ha suscrito la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada en el año 2015 en el marco de la Organización de Estados Americano (OEA).
A nivel nacional, el país cuenta con un articulado en el que se reconocen los derechos de las personas mayores. En primer lugar, el artículo 80 (capítulo V: de los derechos sociales y de las familias) de la Constitución de la República Bolivariana (CRBV) expresa que:
El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello.
El artículo 86 de la CRBV también contiene el derecho de todas las personas a la seguridad social en caso de vejez y se expresa que la ausencia de la capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. Así, en la CRBV, el Estado venezolano reconoce a las personas mayores como un grupo diferenciado que necesita especial protección, a este reconocimiento constitucional, se le suman otras leyes como: Ley del Seguro Social (1991, reformada 2012), Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (2002, reformada 2012); Ley de Servicios Sociales (2005); y la recientemente sancionada Ley para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores (2021). En su articulado esta ley consagra la responsabilidad del Estado de proteger y garantizar los derechos de las personas mayores, para ello establece una serie de derechos entre los que destacan: el derecho de las personas mayores a la participación, la igualdad y no discriminación, derecho al trabajo y a desempeñar una labor remunerada, a desarrollar proyectos socioeconómicos, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a la educación, la cultura y la recreación, al envejecimiento digno y activo.
No obstante, el desarrollo de este marco legal no se ha traducido en medidas concretas que permitan la realización de los derechos de este grupo, con una marcada ausencia de políticas públicas integrales que garanticen la dignidad, autonomía y calidad de vida en la vejez. El reconocimiento formal de la igualdad de derechos debe ir acompañado de un contexto favorable que les facilite a las personas mayores el ejercicio de sus derechos, lo cual en el país se ha hecho cada vez más cuesta arriba debido al retroceso general que ha experimentado en la garantía de los derechos humanos de la población, lo que afecta de manera diferenciada
a aquellos grupos que acumulan mayores vulnerabilidades, como es el caso de las personas mayores. Es preciso aclarar que estas vulnerabilidades no se fundamentan solamente en la edad, sino en los precarios sistemas de protección establecidos, lo que implica llegar a los 60 años con las desigualdades acumuladas durante todo el ciclo de vida y sin los recursos necesarios para hacerles frente (Huenchuan, 2009; 2018).
Hoy día la realidad demográfica venezolana está marcada por el aumento de la proporción de personas mayores y el avance del proceso de envejecimiento poblacional, que se ha visto acelerado por el contexto de crisis social, económica e institucional propio de la EHC que enfrenta el país, con fenómenos como la migración, en su mayoría de población adulta en edad productiva, el aumento de la mortalidad (especialmente la infantil) y la baja fecundidad, que han traído como consecuencia cambios en la estructura demográfica de la población (como una base más estrecha en nuestra pirámide poblacional) que han favorecido esta dinámica de envejecimiento (Di Brienza, 2021).
Este contexto de crisis también ha traído como consecuencia un empobrecimiento generalizado de la población y el deterioro de sus condiciones de vida, lo que en el caso de las personas mayores ha sido más marcado, especialmente por la disminución de la capacidad adquisitiva de la pensión, principal fuente de ingresos de muchas personas mayores. Esto ha llevado a que muchas dependan de ayudas familiares, donaciones, empleos informales o de la asistencia humanitaria. Tal como señal Ponce (2021):
En el área económica, la pérdida de valor real de las pensiones otorgadas por el sistema de seguridad público, en el cual se inscribe la gran mayoría de las personas mayores del país, ha generado mayores impactos en términos del aumento de la pobreza monetaria en el tiempo. Los aumentos de cobertura, aun cuando son considerables en el período analizado [2015-2020], en modo alguno han podido compensar el deterioro de las remuneraciones otorgadas. (pág. 32).
Actualmente, el valor de la pensión en el país es de 130 bolívares, un monto que fue establecido en el mes de marzo de este año. Para ese momento la pensión equivalía a 30 dólares, de acuerdo con la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV). Para finales de agosto de este mismo año el monto de la pensión se mantiene, pero su capacidad de compra se ha visto reducida en estos 5 meses en casi un 50%, y pasó a equivaler poco más de 16 dólares (a tasa del BCV). Este monto resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de alimentación, transporte, medicina, cuidados y recreación de las personas que la reciben. Sólo en materia de alimentación, con base en los datos recogidos por el Observatorio Venezolano de Finanzas, la pensión resulta insuficiente para cubrir una canasta de alimentación de “supervivencia”, es decir compuesta por rubros básicos, la cual tendría un valor para el mes de agosto de 20,58 dólares. Además, esta no garantiza una alimentación adecuada y menos cubre las necesidades nutricionales que requiere una persona mayor. Este mismo observatorio calcula que el costo de la canasta alimentaria familiar se ubicó en 392 dólares para el mes de julio, un monto inalcanzable para un alto porcentaje de las personas mayores .
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Este contexto hace propicio exigir la garantía de los derechos de las personas mayores en un país en el que históricamente esta población ha sido dejada a un lado desde las políticas públicas (Aponte y Maingon, 2020).
6 Véase en: OVF-Observatorio Venezolano de Finanzas (2022, agosto 4). Canasta alimentaria familiar alcanza un récord de USD $392 en el mes de julio. Disponible en: https://observatoriodefinanzas.com/canasta-alimentaria-familiar-alcanza-un-record-deusd-392-en-el-mes-de-julio/
ENPOVEN: El envejecimiento poblacional en Venezuela
Ello se debe dar en el marco de ajustes y transformaciones institucionales que permitan incorporar en agenda a las personas mayores y concebir sus derechos desde una perspectiva integral y adecuada al marco internacional de discusión sobre los derechos de este grupo, que parte de la construcción de sistemas de protección social sólidos e incluye la promoción de prácticas para un envejecimiento activo y saludable, la inclusión de las personas mayores como una fuerza activa de la sociedad, que debe ser parte de sus avances así como el reconocimiento del derecho a participar y tomar decisiones sobre sí mismas.
Pensar y trabajar desde hoy por los derechos de las personas mayores contribuye al desarrollo de una sociedad cohesionada desde el punto de vista de la edad y permite transformar la manera en la que se concibe el envejecimiento y la vejez, despojarla de estereotipos negativos y hacerle frente a la discriminación por edad, que en muchos casos se ha naturalizado. Es imperativo que en un país cuyo proceso de envejecimiento se está desarrollando a un ritmo acelerado, se prioricen acciones, en todos los niveles a favor de las personas mayores, que aborden temas básicos como la garantía del derecho a una vida digna y a la salud, pero que transcienda a otros temas relacionados con sus derechos a una vida sin discriminación como el derecho a la educación, a la recreación y su plena inclusión en el desarrollo y avances de la sociedad.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la salud se concibe como el “estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 2015, pág. 251). Hablar entonces de la salud como derecho de las personas mayores implica que puedan disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental que les permita vivir dignamente. Desde esta perspectiva, el derecho a la salud incluye tomar en cuenta el papel que juegan los determinantes sociales de la salud, es decir las condiciones en las que una persona nace, crece, trabaja, vive y envejece, y demás factores que inciden en sus condiciones de vida , como la alimentación y la nutrición, la vivienda, la educación, el acceso a agua potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano. Al ser estas condiciones deficientes a lo largo de la vida, se acrecientan las inequidades y desigualdades en materia de salud a las que se enfrentan las personas y contribuyen al deterioro acelerado del estado de salud en edades avanzadas.
Por otro lado, el derecho a la salud también implica asegurar el acceso a servicios en salud con una atención en salud oportuna y apropiada. Para ello los Estados deben garantizar cuatro elementos interrelacionados: la disponibilidad (referida a la cantidad suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de salud de acuerdo con el tamaño y las necesidades de la población); accesibilidad (se refiere a la accesibilidad física, económica y acceso a la información que tienen las personas, está asociada a la no discriminación); aceptabilidad (que sea respetuoso con la cultura de las personas y sensibles a los requisitos de género y al ciclo de vida); y calidad (deben garantizar un alta calidad en la prestación del servicio desde el punto de vista científico y humano, con personal médico capacitado, medicamentos y equipos hospitalarios en buen estado, con agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas) (ONU, 2000).
7 OPS-Organización Panamericana de la Salud (2022). Determinantes sociales de la salud. Disponible en: https://www.paho.org/ es/temas/determinantes-sociales-salud
Para que estas condiciones se den, los países deben desarrollar un marco legal, políticas y acciones encaminadas a promover y garantizar el derecho de las personas mayores a la salud y al disfrute del más alto nivel de vida. Este marco de acciones es particularmente importante en un contexto de cambio demográfico caracterizado por el aumento en el número y proporción de las personas mayores que viene acompañado de cambios en las demandas en materia de salud.
En Venezuela, el derecho a la salud forma parte de los derechos sociales y económicos reconocidos en la constitución nacional, específicamente el artículo 83 establece que la salud es un derecho social fundamental para todas las personas en todas las edades y es obligación del Estado garantizar este derecho como parte del derecho a la vida (RBV, 1999). Este artículo constituye el marco general que sustenta la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud a toda la población.
Por su parte, en la Ley de Servicios Sociales, la cual “define y regula el Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas” (RBV, 2005, artículo 1), se destacan cuatro artículos relacionados directamente con la garantía del derecho a la salud de las personas mayores: el artículo 24, el cual establece la atención integral a la salud mediante programas de promoción, prevención, restitución, habilitación y rehabilitación; artículo 47, sobre la cultura de la salud, enfocado en la promoción de estilos de vida saludables para la prevención de enfermedades; el artículo 50, referido a la atención médica especializada, con énfasis en oftalmología, odontología, dotación de prótesis, lentes e intervenciones quirúrgicas; y el artículo 51 asociado a la existencia de un inventario de fármacos que permita garantizar su suministro especialmente para las personas con enfermedades crónicas, degenerativas u otras patologías frecuentes en las personas mayores.
De igual forma, la recientemente aprobada Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores (RBV, 2021), se alinea con lo establecido en la constitución e incluye como eje transversal un enfoque de envejecimiento “saludable, activo, digno y feliz” con el que se destacan los potenciales aportes de las personas mayores a la familia, la comunidad y la sociedad en general. Los artículos que desarrollan el derecho a la salud en esta ley son: el artículo 17, en el cual se establece el derecho que tienen todas las personas mayores a la protección en materia de salud así como a la atención médica integral universal, siendo su principal garante el Estado; el artículo 18 aborda el tema de los derechos de las personas mayores en los servicios de salud, como el derecho a recibir información clara sobre su estado de salud y a tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo; y el artículo 28, hace referencia a los tratamientos médicos especiales y se establece la obligación del Estado de garantizar el acceso a medicamentos, servicios de rehabilitación, ayudas técnicas, de seguridad social y asistencial.
Pese a la existencia de este articulado, en el país no se han concretado intervenciones en materia de políticas públicas que pongan en el centro la garantía del derecho a la salud de las personas mayores. Por un lado, no se han desarrollado intervenciones concretas en planes, programas o proyecto que aborden este derecho desde una perspectiva integral, con énfasis en la prevención y promoción de la salud, que tomen en cuenta la necesidad de potenciar las capacidades de las personas mayores y garantizar los cuidados a largo plazo y en las que sean concebidas como participantes activos en el proceso de planificación de la atención y el autocuidado. Por el otro, el sistema de salud existente, el cual suma numerosas carencias, tampoco ha sido eficiente a la hora de responder a las necesidades en materia de salud de las personas mayores, quienes han enfrentado de manera
desigual y con mayores vulnerabilidades el contexto de crisis que se ha dado en el país y de la que no escapa la atención sanitaria y los servicios de salud.
Para el año 2021, en el índice Global de Seguridad Sanitaria (GHS Index por sus siglas en inglés), el cual mide de manera comparada la preparación de los países para prevenir y enfrentar amenazas sanitarias, Venezuela obtuvo un puntaje de 20.9 (en una escala que va de 0 a 100) con un desempeño peor al obtenido en el año 2019. Este resultado ubica al país en el puesto 186 de los 195 países evaluados e implica que se encuentra entre los 10 países del mundo peores preparados para afrontar una emergencia sanitaria. De acuerdo a este índice, el país tiene baja capacidad para actuar en la prevención de enfermedades, dificultades para la detección y producción de información epidemiológica, poca preparación para la respuesta rápida a emergencias, capacidades mermadas en los sistemas de salud y poca disponibilidad de personal sanitario, poco compromiso en el cumplimiento de las normas internacionales en materia de salud, inadecuada infraestructura hospitalaria, un cúmulo de vulnerabilidades en materia de salud pública y un marcado entorno de riesgo político, económico y de seguridad (Bell y Nuzzo, 2021).
Este contexto tiene impactos diferenciados en las personas mayores y puede tener llegar a afectar su autonomía e independencia, tomando en cuenta que el proceso de envejecimiento implica una merma progresiva de las capacidades físicas y mentales de las personas lo que, acompañado de la aparición de enfermedades degenerativas, exige una atención médica adecuada a las necesidades. Por ello, un grupo expertos internacionales de las Naciones Unidas, expresaron su preocupación sobre el detrimento del derecho a la salud de las personas mayores en Venezuela, con especial énfasis en las variables contextuales que han incidido en un deterioro marcado de sus condiciones de salud como la falta de acceso a medicamentos en un contexto de escasez y altos costos, la alimentación deficiente ante la imposibilidad de cubrir las tres comidas al día con los requerimientos nutricionales adecuados para la edad, el acceso irregular a servicios básicos como el agua y la electricidad y una inadecuada atención en salud, lo que afecta especialmente a aquellas personas mayores de más bajos recursos y la poca disponibilidad de personal sanitario formado en el área de gerontología. Dentro de las recomendaciones del grupo de expertos de naciones unidas destaca la necesidad de implementar de manera urgente una política sanitaria que tenga como objetivo preservar la salud de las personas mayores, con una visión integradora que incluya la prevención, la rehabilitación y la asistencia a los enfermos terminales (OHCHR, 2018).
Esta política a favor de la salud de las personas mayores debe estar alineadas con la Década del Envejecimiento Saludable (2020-2030), una iniciativa aprobada por la OMS y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas que busca establecer un marco de acciones para promover la colaboración concertada, catalizadora y sostenida de los gobiernos, la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector privado para mejorar las vidas de las personas mayores, sus familias y las comunidades en las que viven. Esta década tiene como horizonte temporal el año 2030, en consonancia con la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, por lo que implica un periodo de acción conjunta a favor de las “necesidades presentes y futuras de las personas mayores para estar preparados y cubrirlas” (OMS, 2020).
En este sentido, el envejecimiento saludable es entendido como “un proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. La capacidad funcional consiste en tener los atributos que permiten a todas las personas ser y hacer lo que para ellas es importante” (OMS, 2019, pág. 1). Es importante destacar que el envejecimiento saludable va acompañado de una visión de ciclo de vida, entendiendo que el envejecimiento es un
proceso que se da a lo largo de la vida y que la posibilidad de disfrutar de un óptimo estado de salud y bienestar va a depender en gran medida de las desigualdades estructurales que afectan de manera diferenciada a todas las personas a lo largo del ciclo de vida y que se exacerban en la vejez. Estas influyen en el acceso desigual a recursos y oportunidades de distinto tipo (empleo, salud, alimentación, educación) para personas mayores en función de su género, etnia, situación socioeconómica y socio-territorial.
Uno de los cambios más relevantes y que ha tenido un impacto directo en la población es el aumento de la esperanza de vida. Esta ha sido producto, entre otros factores, de los cambios que se dieron en los patrones de mortalidad desde la década de 1940 (Di Brienza y Correa, 2017). En promedio, hoy en día una persona venezolana vive 20 años más que en 1950 (CEPAL/CELADE, 2022). Este aumento en la sobrevivencia incide directamente en el incremento de la proporción de personas mayores de 60 años en el total de población y favorece el paso hacia una sociedad envejecida.
Las estimaciones de CEPAL/CELADE (2022) indican que el país pasó de una esperanza de vida promedio al nacer de 51,1 años (53,5 en las mujeres; 49 hombres) en 1950 a 71,1 años en 2022 (75,70 años para las mujeres y 66,90 para los hombres) . Sin embargo, no basta con vivir más años, es necesario que estos años ganados de vida vayan de la mano de una buena salud, la cual está determinada en gran medida por el acceso a la educación, bienes, servicios y demás determinantes que permitan mantener el más alto nivel posible de salud. Por ello, para aproximarnos a las condiciones de salud de las personas mayores resulta útil tomar en cuenta los años de vida sana que tiene en promedio una persona al nacer, es decir, los años que puede esperar vivir sin enfermedades ni ningún tipo de discapacidad (OMS (2022).
Las Estadísticas Sanitarias Mundiales de la OMS (2022), estiman que la esperanza de vida en Venezuela se ubica en 73,9 años (dos años más que la estimación de la CEPAL), mientras que la esperanza de vida sana es de 64,4 años. Es decir, de los 73 años que vive en promedio una persona venezolana, puede pasar hasta 9,5 años con problemas de salud (cuadro 1). El dato se vuelve más revelador al revisarlo por género; al nacer un hombre tiene una esperanza de vida de 69,9 años, mientras que la de la mujer es de 78,2 años (vive en promedio 8,3 años más que un hombre).
Sin embargo, los hombres al nacer tienen una esperanza de vida sana de 61,9 años, mientras que para las mujeres este indicador se ubica en 67,1 años (lo que implica que las mujeres pueden pasar 11,1 años con problemas de salud o alguna discapacidad, frente a los 8 años que pasaría un hombre). Por lo que, si bien las mujeres viven más, lo hacen en peores condiciones de salud y calidad de vida que los hombres.
8 Para el quinquenio 2015-2020, la esperanza de vida de la población venezolana experimentó una disminución inusual que respondió a factores contextuales producto de la situación de EHC que atraviesa el país fundamentalmente desde el año 2015, lo cual trajo como consecuencia el desmejoramiento de las condiciones de vida de la población y afectó el comportamiento de los principales indicadores tanto demográficos como sociales. Si en un primer momento la reducción de la mortalidad en edades tempranas resultó un factor clave que favoreció el aumento de la esperanza de vida, el aumento experimentado en los últimos años ha incidido también en la disminución de la esperanza de vida.
Cuadro 1.
Esperanza de vida al nacer y esperanza de vida sana según género. Año 2022
Esperanza de vida al nacer (años) 78,2 69,9 73,9 Años de vida sana (al nacer) 67,1 61,9 64,4
Fuente: Elaboración propia con base en OMS (2022). World health statistics 2022. Disponible en: https://www. who.int/data/gho/publications/world-health-statistics
Este desmejoramiento de la salud, especialmente de las mujeres, se asocia principalmente al desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas las cuales tienen gran incidencia entre las personas mayores. De acuerdo con la última encuesta de Condiciones de Vida y Salud de las Personas Mayores realizada por Convite AC (2022), 84% de las personas de 60 años y más padecen de una o más enfermedades crónicas, con mayor incidencia entre las mujeres (89% de las mujeres y 80% de los hombres) (gráfico 1).
Gráfico 1.
Personas de 60 años y más con enfermedades crónicas (EC) por género. Año 2022
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de Evaluación sobre las condiciones de vida y salud de las personas mayores en Venezuela. Convite AC, 2022.
ENPOVEN: El envejecimiento poblacional en Venezuela
Las morbilidades más comunes entre las personas de 60 años y más son la hipertensión, los trastornos venosos y las cardiopatías. Los datos de la evaluación realizada por Convite (2022) arrojaron mayor presencia de estas enfermedades entre la población de mujeres mayores que entre los hombres. Así, de las 1.227 mujeres mayores de 60 años y más encuestadas, 65% sufre hipertensión, 15% alguna cardiopatía, y 21% várices; por su parte, entre los 1.282 hombres mayores de 60 años a los que se les aplicó la encuesta, 58% sufre de hipertensión, 12% alguna cardiopatía y sólo 7% várices (gráfico 2).
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de Evaluación sobre las condiciones de vida y salud de las personas mayores en Venezuela. Convite AC, 2022.
El análisis de estos datos da cuenta de las diferencias en las condiciones de salud entre hombres y mujeres mayores. En general, las mujeres mayores gozan de peor condición de salud que los hombres y dada su mayor representación dentro del grupo de las personas de 60 años y más, producto principalmente de su mayor esperanza de vida, es necesario que sus necesidades y demandas específicas sean tomadas en cuenta de manera diferenciada, especialmente por ser las mujeres quienes acumulan mayores vulnerabilidades a lo largo de su ciclo de vida. Este cúmulo de vulnerabilidades se asocia a aspectos como el cuidado (generalmente son las mujeres las que fungen como cuidadoras) y altos niveles de dependencia económica (asociada a una menor participación en la actividad laboral, remuneraciones más bajas que los hombres y un retiro obligatorio del mundo laboral en edades más
La mayor longevidad de las personas, los cambios en el estilo de vida (con el aumento del sedentarismo, una alimentación inadecuada y el aumento del consumo de tabaco), así como la atención médica inadecuada (o la falta de atención médica), la baja educación sobre temas asociados a la salud y la falta de acceso a servicios de prevención y promoción de la salud, tienen un impacto importante en el deterioro físico de las personas a lo largo del ciclo de vida, el cual se tiende a agudizar después de los 60 años. Estas situaciones pueden favorecer el desarrollo de alguna condición de discapacidad que afecte la autonomía funcional de las personas mayores.
tempranas que la de los hombres) (Huenchuan, 2018). Adicionalmente, dentro de este grupo se incrementa la viudez y existe una baja tendencia a establecer nuevas relaciones. Estas características deben ser tomadas en cuenta a la hora de diseñar políticas dirigidas a las personas mayores, en especial encaminadas a superar las brechas de género y las desigualdades. 9
De acuerdo con Huenchuan (2018), la discapacidad está presente en distinto grado entre al menos el 20% de la población de 60 años o más en Venezuela. Los datos de la encuesta de Condiciones de Vida (Convite 2022), arrojan que 31% de las personas de 60 años y más presenta al menos una condición de discapacidad. En este caso, al revisar los datos por género, no se aprecian mayores diferencias: la discapacidad está presente en alrededor el 31% de más mujeres de 60 años y el 32% de los hombres (gráfico 3). Sin embargo, una cantidad importante de personas no respondieron la pregunta, lo que podría incidir en estos valores. Es probable que muchas personas no estén conscientes o no se perciban como personas con discapacidad por haber “normalizado” las consecuencias de algún padecimiento de salud, condición genética, deterioro cognitivo, entre otras, que haya alterado su autonomía funcional. Por ello, se recomienda la aplicación de las preguntas del Grupo de Washington (WG) cuando se requiera identificar, profundizar o conocer, con la mayor exactitud posible, las condiciones de discapacidad de una población determinada.
9 Conjunto de preguntas desarrollado, inicialmente, para su uso en censos nacionales o encuestas donde el enfoque se centra en temas distintos de la discapacidad. Las preguntas abarcan seis ámbitos de funcionamiento: ver, oír, caminar, cognición, cuidado personal y comunicación. Uno de los objetivos principales de esta herramienta es desarrollar estadísticas sobre discapacidad internacionalmente comparables para censos y encuestas, que puedan utilizarse para estimaciones de prevalencia y para la desagregación de indicadores por estado de discapacidad.
Gráfico 3.
Personas de 60 años y más con discapacidad por género. Año 2022
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de Evaluación sobre las condiciones de vida y salud de las personas mayores en Venezuela. Convite AC, 2022.
La discapacidad en las personas mayores puede tener causas diversas e identificarlas es clave para mejorar las intervenciones en salud que les permitan vivir más años en la mejor condición física y mental posible, con independencia y autonomía por más tiempo. Para ello, resulta de utilidad la estimación de la OMS sobre las causas más comunes de años vividos con discapacidad (AVD) entre las personas de 60 años y más por grupo de edad.
10
Para todos los grupos de edad las principales causas de AVD se refieren a enfermedades no transmisibles, siendo la diabetes mellitus la de mayor incidencia hasta los 84 años. La enfermedad de Alzheimer y otras demencias también tiene un peso importante como causa de discapacidad, con una progresión lenta entre los distintos grupos de edad, pero con una incidencia importante entre las personas de 85 años y más, siendo la principal causa de AVD de este grupo (gráfico 4).
10 Los años vividos con discapacidad (AVD) como indicador mide “la pérdida de años saludables de vida por vivir en un estado de salud menos perfecto (…). Los AVD pretenden medir la discapacidad como el reflejo del impacto en el funcionamiento de la persona, cualquiera que sea su entorno social”. Véase: González, Teresa (2015). Entendiendo el uso y resultados del indicador años de vida ajustados por discapacidad. En: Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública. Volumen IV, número 2, julio-diciembre 2015. Pp. 195-210.
Gráfico 4.
Principales causas de años vividos con discapacidad en ambos sexos por grupos de edad. Año 2019
Fuente: Elaboración propia con base en OPS (2021). Causas principales de mortalidad y pérdidas en salud de nivel regional, subregional y nacional en la Región de las Américas, 2000-2019. Portal de datos ENLACE, Organización Panamericana de la Salud.
Los problemas en la visión es otra causa de AVD que gana peso con la edad, pero que tiene una carga importante desde los 60 años. Las condiciones orales, el dolor en la espalda y en cuello y la osteoartritis se encuentran también entre las principales causas de discapacidad.
Adicionalmente, es importante hacer énfasis en los trastornos depresivos como causa AVD, los cuales se encuentran entre las principales causas desde los 60 años y en todos los grupos de edad, ya que enciende una alarma sobre la condición de salud mental de las personas mayores y alerta sobre la necesidad de abordar este tema desde las políticas de atención a esta población haciendo hincapié en la necesidad de apoyo psicosocial y acompañamiento.
El proceso de envejecimiento poblacional ha implicado también cambios relevantes en las causas de mortalidad en la población, caracterizado por el paso de una alta incidencia de las enfermedades infecciosas al aumento de la mortalidad debido a enfermedades no transmisible, las cuales, si bien no afecta sólo a las personas mayores, tienen un peso importante en este grupo e inciden en la pérdida de años de vida sana.
11
A nivel mundial las ENT registran un aumento importante en su incidencia como causa de mortalidad, se estima que son responsables del 71% de las muertes que se producen anualmente a nivel mundial en todas las edades y son la principal causa de muertes prematuras en adultos de 30 a 69 años . Además, resultan un factor de riesgo ante el contagio de enfermedades infecciosas, como la Covid-19, ya que aumenta el riesgo de enfermar gravemente y con ello las probabilidades de morir.
En el caso de Venezuela, la situación se torna compleja ya que si bien el proceso de cambio demográfico caracterizado por el envejecimiento poblacional está en marcha y ha aumentado la incidencia de las enfermedades no transmisibles, durante los últimos años, debido al deterioro de las condiciones sociales, económicas y sanitarias del país producto del contexto de EHC, se ha visto el resurgimiento y alta incidencia de enfermedades infecciosas en un contexto en el que el número de defunciones por enfermedades no transmisibles es significativo.
De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2021), en Venezuela las enfermedades no transmisibles o crónicas degenerativas, lideran las causas de muertes entre mujeres y hombres de todas las edades, con la enfermedad isquémica del corazón, los accidentes cerebrovasculares y la diabetes entre las primeras causas de muertes. Pero también resaltan entre las principales causas de muertes enfermedades transmisibles (como el VIH/sida e infecciones respiratorias bajas) así como condiciones neonatales. Es decir, el país enfrenta un doble problema en materia de salud, por un lado, el aumento de las enfermedades crónico-degenerativas y por el otro la persistencia de enfermedades transmisibles.
En la población de personas mayores, las enfermedades crónicas también se encuentran entre las principales causas de muerte tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, esto no debe verse como una consecuencia “inevitable” de la edad, si bien es cierto que el deterioro progresivo de las capacidades físicas y mentales que se da a lo largo de la vida empieza a ser más visible en edades más avanzadas, existen también factores de riesgo (asociados al estilo de vida) que se ven potenciados por las desigualdades económicas, educativas y de acceso a los sistemas de salud que sufren las personas a lo largo del ciclo de vida.
Los datos de la OMS muestran que en Venezuela las causas de muertes más comunes entre las personas de 60 años y más en ambos géneros, son las enfermedades crónico-degenerativas, como las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, también resaltan las infecciones respiratorias. A partir de los 70 años empiezan a tener un peso relevante como causa de muertes las enfermedades renales, las infecciones en las vías respiratorias bajas y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) (gráfico 5).
11 OMS (2021). Enfermedades no transmisibles. Centro de prensa OMS. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/ fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases
Gráfico 5.
4.500,0
4.000,0 Enfs
isquémica
3.500,0 del
corazón
mellitus
respiratorias
hipertensiva
corazón
renales Violencia interpersonal Tasa por 100 000 habitantes 60-64 65-69 70 - 74 75-79 80-84 85 y más
Fuente: Elaboración propia con base en OPS (2021). Causas principales de mortalidad y pérdidas en salud de nivel regional, subregional y nacional en la Región de las Américas, 2000-2019. Portal de datos ENLACE, Organización Panamericana de la Salud.
ENPOVEN: El envejecimiento poblacional en Venezuela
5.000,0
4.000,0
3.000,0
cerebrovascular del
Tasa por 100 000 habitantes 60-64 65-69 70 - 74 75-79 80-84 85 y más
hipertensiva
corazón
Fuente: Elaboración propia con base en OPS (2021). Causas principales de mortalidad y pérdidas en salud de nivel regional, subregional y nacional en la Región de las Américas, 2000-2019. Portal de datos ENLACE, Organización Panamericana de la Salud.
El derecho a la salud de las personas mayores implica tomar en cuenta cuáles son los principales problemas de salud de esta población y causas de muertes para determinar las áreas de acción prioritarias, por lo tanto, estos datos aportan una perspectiva valiosa sobre las áreas de intervención en materia de salud que se deben priorizar desde un enfoque que incluya la prevención, el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Estos datos deben permitir también tomar decisiones informadas en materia de salud pública, entendiendo las implicaciones que tienen las ENT como comorbilidades que llevan al agravamiento de otros cuadros. Esto quedó evidenciado durante la pandemia por Covid-19, en el que las personas mayores tenían mayor riesgo de enfermar gravemente y morir a causa de la enfermedad debido a las comorbilidades.
El derecho a la salud y a gozar del más alto nivel de salud posible pasa por garantizar que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud de manera asequible, sin que esto represente un riesgo económico, empobrecimiento o la ruina económica. Por ello, a nivel mundial los Estados miembros de las Naciones Unidas asumieron el compromiso de alcanzar la cobertura sanitaria universal (CSU) en el marco de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La CSU implica que todas las personas y comunidades reciban los servicios de salud que necesitan sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos .
Para garantizar la CSU es preciso contar con acceso a servicios de salud física y mental de calidad que incluya la promoción de la salud, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos. Para ello, es fundamental contar con una variedad de servicios en materia de salud accesibles y asequibles que permitan reducir los gastos de bolsillo en materia de salud, y fortalecer la capacidad de prestar servicio de manera ininterrumpida, contando con personal sanitario y asistencial, insumos y equipos.
Durante la pandemia por Covid-19 quedó en evidencia la necesidad de poder garantizar la CSU a la población, pero también se hizo patente que el camino para lograrlo aún es largo. Esto cobra mayor fuerza en el caso de Venezuela, ya que, como se mencionó anteriormente, la inestabilidad económica experimentada durante los últimos años ha mellado la capacidad de asistencia y prestación de servicio del sistema de salud público, profundizando esto las desigualdades en el acceso a la salud, incluso antes de la pandemia.
Estas afectaciones en el sistema de salud venezolano impactan de manera diferenciada en las personas mayores, quienes en muchos casos no cuentan con los recursos económicos para acceder a servicios privados y cuyos gastos en materia de salud son superiores por la marcada incidencia de enfermedades crónicas, las cuales requieren tratamiento de por vida y un chequeo constante para vigilar su desarrollo.
De acuerdo con la encuesta de Condiciones de vida (Convite, 2022), hasta 22% de las personas de 60 años y más de ambos sexos no tienen acceso a servicios de salud (gráfico 7). Por su parte, 76% de los encuestados afirma sí tener acceso. En cuanto a las diferencias por género no son muy relevantes debido a que, tanto hombres como mujeres, tienen las mismas dificultades en el acceso. Un reducido porcentaje de mujeres dicen tener acceso a los servicios de salud, lo que puede estar asociado a la mayor tendencia de estas a buscar atención médica, aun así, la diferencia no es significativa.
13 OMS (2021). Cobertura Sanitaria Universal. Centro de prensa de la Organización Mundial de la Salud. Disponible en: https://www. who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de Evaluación sobre las condiciones de vida y salud de las personas mayores en Venezuela. Convite AC, 2022.
Al desglosar estos datos en función del tipo de servicio a los que acuden, se evidencia que el 55% de quienes tienen acceso a atención médica lo hace mediante ambulatorios o dispensarios privados de costos bajos o moderados y sólo 30% acude a hospitales. Debido a las deficiencias acumuladas en el sector hospitalario y la imposibilidad de garantizarles atención, los hospitales o centros asistenciales públicos no son la primera opción de las personas mayores para buscar atención médica.
Ese hallazgo del 55% de las personas mayores encuestadas acudiendo a servicios privados, implica que el gasto de bolsillo para recibir atención en salud tiene un peso importante entre las personas mayores en el país, a lo que se le suma la compra de los medicamentos y otros gastos.
Al respecto, se debe considerar que debido a la elevada incidencia de las ENT, las cuales suelen estar presente de manera simultánea, las personas mayores generalmente deben consumir más de un medicamento, por lo tanto, que tengan acceso seguro a los medicamentos resulta esencial, puesto que, la falta de adhesión al tratamiento puede provocar resultados adversos para la salud. Sin embargo, los altos costos de los fármacos resultan una barrera de acceso importante. De acuerdo con la encuesta, 45% de las personas mayores compran los medicamentos, pero con dificultad, porcentaje que llega al 47% entre las mujeres. 21% solo puede comprar
algunos de los tratamientos recetados (23% en las mujeres); y 10% de las personas de 60 años y más sólo pueden acceder a los medicamentos gracias a las donaciones, es decir, no tienen un acceso constante y seguro a los medicamentos (igual porcentaje tanto para hombres como para mujeres). Sólo 8% de las personas de 60 años y más puede comprar fácilmente los medicamentos recetados (7% entre las mujeres). Estos datos revelan las dificultades económicas a las que se enfrentan las personas mayores, la cual se acentúa más en el caso de las mujeres mayores (gráfico 8).
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de Evaluación sobre las condiciones de vida y salud de las personas mayores en Venezuela. Convite AC, 2022.
Estos gastos son una barrera para las personas mayores que les dificulta buscar atención médica, en muchos casos por no contar con dinero para pagar la consulta médica o para costear el tratamiento, esto implica que cuando acuden a un centro de atención lo hacen en peores condiciones de salud o cuando el padecimiento o dolencia se encuentra en estado avanzado lo que genera gastos mayores difíciles de cubrir.
La situación coincide con lo recogido en el Panorama Social de América Latina 2021, realizado por la CEPAL, en el que destaca que Venezuela es uno de los países latinoamericanos en el que las personas (de todas las edades) tienen que incurrir a mayores gastos de bolsillo para recibir atención en salud, a la par es el país de la región con el menor gasto público en la materia (CEPAL, 2022). Este hecho, en un grupo en el que las enfermedades crónicas tienen alta incidencia y que deben recibir medicamentos y tratamientos, en muchos casos excesivamente costosos, resulta en una importante negación del derecho a la salud.
ENPOVEN: El envejecimiento poblacional en Venezuela
Por otro lado, 93% de las personas de 60 años y más encuestadas no poseen póliza de salud, esto las expone más ante eventualidades en un país en el que el sistema público de salud se encuentra en situaciones precarias y con limitada capacidad de atención, especialmente de emergencias, por la falta de insumos, equipos y personal médico, por lo que contar con un seguro médico se convertiría en muchos casos en una necesidad. El acceso es menor entre las mujeres que entre los hombres, sin embargo, la diferencia no es significativa (gráfico 9).
Gráfico 9.
Acceso a póliza de salud por género. Año 2022.
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de Evaluación sobre las condiciones de vida y salud de las personas mayores en Venezuela. Convite AC, 2022.
La imposibilidad de las personas mayores de contar con un seguro médico se debe, en gran medida, a que actualmente estas pólizas se cotizan en dólares, lo que ha llevado a que el número de personas que puedan contratar estos servicios sea muy reducido ante los altos precios y los pocos ingresos económicos. No todas las personas reciben ingresos en divisas, por lo que contratar un seguro en dólares resulta impensable para aquellas cuyo único ingreso lo constituya la pensión. También es importante destacar que las compañías aseguradoras establecen primas diferenciadas en función de la edad y el sexo, por lo que a mayor edad la contratación de un seguro médico se vuelve más costosa . Estos procedimientos de las aseguradoras deben ser revisados y determinar si estas primas se sustentan en información médica acorde con el incremento en los costos u obedecen a una forma de discriminación por edad.
14
14 El Diario (2022, agosto 02). Pólizas de seguros en dólares: un servicio necesario ante el deterioro del sistema de salud público, Disponible en: https://eldiario.com/2022/08/02/polizas-de-seguros-en-dolares-servicio-necesario-venezuela/
La educación es un derecho básico que tienen y deben poder ejercer todas las personas a lo largo de su vida, siendo una herramienta clave para superar las desigualdades sociales y lograr la equidad. Por ello, existe consenso al afirmar que la educación y el nivel educativo alcanzado tienen efectos importantes sobre la calidad de vida de las personas en todas las edades, en el caso de las personas mayores la educación alcanzada a lo largo de su vida tiene efectos favorables tanto en la práctica de actividades recreativas como en la salud. Además, continuar con el proceso de aprendizaje después de los 60 años le permite mantener una adecuada salud física, mental y emocional y le brinda oportunidades de participar activamente en la sociedad. La educación como derecho humano debe concebirse como una oportunidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida.
La observación general N° 6 del Comité de Derechos Económicos Sociales y culturales - la cual parte de reconocer la tendencia mundial hacia el envejecimiento de la población y, en consecuencia, la importancia de prestar particular atención a la promoción y protección de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas de edad- recoge el derecho a la educación y a la cultura de las personas mayores bajo un enfoque de educación permanente. Destaca que este derecho debe ser abordado desde dos perspectivas diferentes y complementarias, por un lado, “el derecho de las personas de edad a disfrutar de programa educativos; y (b) poner sus conocimientos y experiencia a disposición de las generaciones más jóvenes” (OHCHR, 1995).
En esta línea, Huenchuan y Rodríguez-Piñero (2010) mencionan algunos aspectos claves que deben ser tomados en cuenta a la hora de abordar el derecho a la educación y a la cultura de las personas mayores, tales como la promoción de actividades culturales y recreativas que incluyan la actividad física, el desarrollo cultural y espiritual y otras formas creativas de utilización del tiempo libre; la adecuación física de los espacios culturales para que sean accesible para todas las personas mayores; la lucha contra el analfabetismo, con especial énfasis en la población que mayores vulnerabilidades acumula ya sea por género, condición de discapacidad o etnia; y la educación en las nuevas tecnologías, para garantizar que las personas mayores puedan disfrutar de los avances tecnológicos, incluyendo el internet.
En Venezuela, el artículo 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el derecho a una “educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”. De igual forma, Ley para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores (2021), en el artículo 23 sobre los derechos educativos, culturales y recreativos de las personas mayores establece que:
Artículo 23. Las personas adultas mayores que así lo deseen tienen derecho a ser incluidas, permanecer y avanzar en el Sistema Educativo, garantizando su derecho a desarrollar su potencial creativo, artístico e intelectual, para su beneficio y para el enriquecimiento de la sociedad, como personas poseedoras y promotoras de saberes, valores, conocimientos y culturas intergeneracionales. El Estado promoverá mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, la asignación de espacios preferenciales en centros educativos donde se ubiquen equipos para las personas adultas mayores con discapacidad. (RBV, 2021)
El derecho a la educación y a la cultura de las personas mayores estuvo durante un tiempo centrado principalmente en el tema de la alfabetización y la “lucha” contra el analfabetismo. La concepción integral de este derecho, con el surgimiento de espacios para el aprendizaje y la enseñanza no ha tenido lugar como política nacional. A nivel local y en comunidades específicas existen iniciativas como las “casas de los abuelos” que constituyen espacios propicios de intercambio para las personas mayores, aunque más que espacios de aprendizaje constituyen espacios recreativos.
En este sentido, en el presente apartado se abordará el tema de la educación de las personas mayores desde tres vertientes, por un lado se analizarán los datos disponibles sobre las tasas de analfabetismo y el nivel educativo alcanzado por las personas mayores; seguidamente se harán algunos comentarios breves sobre el acceso a la educación formal de niñas, niños y jóvenes en la actualidad, entendiendo que la exclusión del sistema educativo en la actualidad puede derivar en el aumento de las tasas de analfabetismo con cohortes que envejecerán con menos educación y por lo tanto con un cúmulo mayor de vulnerabilidades; por último, se abordará el tema de la alfabetización digital de las personas mayores y se aportarán algunos datos incipientes sobre la brecha digital entre las personas mayores.
En Venezuela es a partir de la segunda mitad del siglo XX que se lleva a cabo un proceso de masificación de la educación, por lo que la población de personas mayores de la primera década del siglo XXI fue víctima de las inequidades en el acceso a la educación que prevalecieron hasta mediados del siglo pasado (Di Brienza y Correa, 2017). Así para 1990, 29,1% de la población de 60 años y más era analfabeta, mientras que para el 2010 esta cifra desciende al 16,4% (cuadro 2).
Cuadro 2
Acceso a póliza de salud por género. Año 2022.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Sistema de recuperación de datos para áreas pequeñas por microcomputador (REDATAM); sobre la base de microdatos censales de los respectivos países. En: Huenchuan, Sandra (ed.) (2018).
Así, producto de las inequidades en el acceso a la educación experimentadas durante su infancia o juventud, la población de 60 años y más se caracterizó durante mucho tiempo por tener una tasa de analfabetismo de más de 20 puntos. La masificación educativa permitió que, progresivamente, las nuevas cohortes de personas de 60 años y más fueran cada vez más educada y de la mano con los programas de alfabetización implementados desde la década de 1970 en el país que permitieron la alfabetización tardía de las personas mayores, han contribuido a que la tasa de analfabetismo entre las personas mayores haya mostrado reducciones significativas de generación en generación.
Los últimos datos disponibles con respecto a la tasa de analfabetismo en el país entre las personas de 60 años y más corresponden al año 2014, los recoge la CEPAL/CEPALSTAT (2022) sobre la base de encuestas de hogares. Si bien se evidencia la disminución acelerada que tuvo esta tasa durante la primera década del siglo XXI, a partir del año 2008 el descenso se empieza a desacelerar, para mostrar un leve incremento en el año 2010 y ubicarse en el año 2014 en 13,1, con una desventaja del lado de las mujeres quienes mantiene una tasa de analfabetismo mayor que los hombres (gráfico 10).
Gráfico 10.
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
Tasa de analfabetismo de la población de 60 años y más por género. Año 2014. (Porcentaje de la población) 0,0
35,0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
5,0
Mujeres Hombres Total
Fuente: CEPAL/CEPALSTAT (2022). Base de datos y publicaciones estadísticas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
15 Con esto se hace referencia a las campañas de alfabetización emprendidas desde la década de 1970 como el programa ACUDE (Asociación Cultural para el Desarrollo), el cual estuvo en marcha con distintas modificaciones hasta inicios del nuevo milenio. Para el año 2001, se emprende la Campaña Nacional de Alfabetización, la cual daría posteriormente lugar a la Misión Robinson en el año 2003. Para más detalle ver: Uzcátegui, Ramón y Bravo, Luis (2017). La alfabetización en Venezuela según la perspectiva y las cifras de memoria educativa. En: Trayectorias humanas y Transcontinentales. N.º 2 Disponible en: https://www. unilim.fr/trahs/index.php?id=543&lang=es
Con respecto a la alfabetización entre las personas mayores, datos recogidos por el Instituto de Estadísticas de la Unesco reflejan que para el año 2015 la tasa de alfabetización de las personas de 65 años y más se ubicó en 88.1, siendo mayor la alfabetización entre la población masculina (89,8) que entre la femenina (86,7). Por lo tanto, la tasa se ubica muy por debajo del promedio nacional de alfabetización entre la población de 15 y más años que es de 97,1 (UIS, 2022).
Los datos disponibles dan cuenta de una reducción progresiva en la tasa de analfabetismo entre las personas mayores y que las cohortes que han ingresado al grupo de 60 años y más han tenido mayor acceso a oportunidades educativas. No obstante, la ausencia de datos actualizados no permite confirmar que esta esta tendencia se haya mantenido, ni determinar la tasa de analfabetismo entre las personas mayores en la actualidad, a ello se le añade que el tema educativo se ha centrado prioritariamente en la educación de niños, niñas y jóvenes por lo que las estimaciones extraoficiales que se han realizado se centran en estos grupos.
Fuentes alternativas, como la encuesta de condiciones de vida de las personas mayores (Convite AC, 2022) permiten estimar que un porcentaje importante de las personas de 60 años y más en la actualidad tuvo acceso a educación durante su infancia, juventud o adultez, ya que al preguntar sobre el grado de instrucción se obtuvo que 83% de los encuestados culminó la educación primaria y un 11% ingresó a la educación primaria pero no la completó. Sólo 5% de las personas encuestadas no poseen estudios (ver cuadro 3). Este dato no arroja diferencias por género tan marcadas, no obstante, se puede destacar que por poco porcentaje los hombres están más representados entre las personas mayores con grado de instrucción de técnico medio, técnico superior y universitario, lo que puede responder a variables sociales y culturales que dificultan a las mujeres culminar sus estudios de tercer nivel.
Cuadro 3.
Nivel educativo en personas de 60 años y más, por género. Año 2022
Nivel de instrucción Mujeres % Mujeres Hombres % Hombres Total % Total
No estudió 59 5% 64 5% 123 5%
Primaria incompleta 129 11% 138 11% 267 11%
Primaria completa 240 20% 198 15% 438 17%
Bachillerato incompleto 178 15% 196 15% 374 15%
Bachillerato completo 307 25% 298 23% 605 24%
Técnico medio 63 5% 73 6% 136 5%
Técnico superior 55 4% 91 7% 146 6%
Universitario 161 13% 186 15% 347 14%
Postgrado 24 2% 28 2% 52 2% No responde 11 1% 10 1% 21 1%
TOTAL 1227 100% 1282 100% 2509 100%
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de Evaluación sobre las condiciones de vida y salud de las personas mayores en Venezuela. Convite AC, 2022.
Los datos dan cuenta que a medida que la población envejece, es cada vez más educada, y al mismo tiempo, las brechas de género se van reduciendo con una tendencia hacia una mayor incorporación de la mujer en el sistema educativo e incluso alcanzar mayores años de escolaridad, aun así, dicha tendencia puede verse afectada por el comportamiento, en los últimos años, de los indicadores en educación que muestran los efectos de la crisis política, económica y social de país.
ENPOVEN: El envejecimiento poblacional en Venezuela
El contexto de inestabilidad política, profunda recesión económica y crisis social que ha vivido el país ha tenido efectos devastadores en el sistema educativo, cuya clara expresión es la disminución del porcentaje de alumnos que comienzan el primer grado y alcanzan el último grado de enseñanza primaria y la disminución en la tasa de asistencia escolar de la población de 3 a 24 años que pasó de 76% para el año 2016 a 70% en el 2019, esto producto de las dificultades que enfrentan los hogares con mayor vulnerabilidad social y económica en los que muchos niños, niñas y jóvenes deben decidir entre estudiar o trabajar (IIES -ENCOVI 2019/2020). El desgaste del sistema educativo también se expresa en el deterioro de la calidad de la educación, la disminución en el número de docentes y los problemas asociados al deterioro físico de los planteles educativos.
A este panorama, se le suma las dificultades y los retrocesos que en materia educativa implicó las restricciones asociadas con la pandemia por COVID-19 (2020). A nivel mundial se reconoce que la pandemia por Covid-19 ha representado el trastorno más inaudito en la historia de la educación con “más del 90% de la población escolar mundial afectada por los cierres de escuelas” debido a las restricciones. La pandemia ha hecho evidente las inequidades a nivel educativo y ha sumado nuevas que ponen en riesgo la continuación de los estudios y la vuelta al colegio de niños y niñas que no tienen acceso a computadora, internet o incluso electricidad o que se han visto en la necesidad de trabajar para ayudar a cubrir los gastos del hogar. En el caso de Venezuela, la ENCOVI (2019/2020) estimó que para el año 2021, la tasa de asistencia escolar (de 3 a 24 años) cayó 5 puntos porcentuales y se ubicó en 65%.
Si bien, en el presente informe el análisis se centra en la situación de las personas mayores, este vistazo general a la situación educativa actual revela dos panoramas importantes. Por un lado, en la actualidad, si bien la demanda en materia educativa ha bajado, esto no ha ido de la mano de mejoras en el sistema educativo, al contrario ha presentado importantes retrocesos tanto en el acceso como en la calidad, lo que obliga a que, en medio de un escenario de envejecimiento poblacional, todavía sea prioritario la inversión de recursos y esfuerzos para garantizar una educación de calidad a niños, niñas y jóvenes, es decir, sigue siendo prioritario los esfuerzos de masificación del sistema educativo propios de una sociedad “joven”. Adicionalmente, nos advierte que de no desarrollar políticas e implementar programas que hagan frente a los problemas del sistema educativo actual, las cohortes que entren a conformar la población de personas mayores después del 2050, justo cuando el país esté en una etapa avanzada de envejecimiento poblacional, tendrán un nivel educativo menor incluso que las cohortes actuales, lo que acrecienta los riesgos de pobreza, exclusión y vulnerabilidad y en definitiva vulnera sus derechos y va en detrimento de su calidad de vida.
El derecho a la educación de las personas mayores incluye también educación en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) e internet, entendiendo que estas han transformado la sociedad actual y se han convertido en recursos esenciales para la formación, comunicación, acceso a bienes y servicios e incluso para la generación de ingresos, por ello las TIC resultan un elemento clave para la integración social (Sunkel y Ullmann, 2019). Adicionalmente, en contextos de crisis estas constituyen una ventana importante para buscar información, asistencia, mantenerse comunicado, evitar el aislamiento y dar a conocer las preocupaciones que afectan a determinados grupos.
Pese al auge de la sociedad digital, el acceso a las TIC y al internet no ha sido uniforme y en esta esfera se reproducen formas históricas de exclusión y discriminación que afectan de forma diferenciada a las personas mayores. Además de las desigualdades territoriales, económicas y de género, su acceso a la tecnología se ve dificultado por barreras derivadas de la discriminación por edad. Esta lleva a subestimar sus experiencias, conocimientos y capacidad de adaptación a los cambios y a considerarlas como “sujetos pasivos en el proceso de desarrollo de la sociedad y, por lo tanto, al margen del progreso social” (Sunkel y Ullmann, 2019, pág. 246).
A ello se le suma la reproducción por parte de las mismas personas mayores de estas ideas que las lleva a no involucrarse con las TIC o el internet, trayendo como consecuencia que estén accediendo con dificultades y de forma desigual a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías
A la reproducción de las desigualdades en el acceso a las TIC e internet se le ha denominado brecha digital, término de utilidad que permitió visibilizar la “brecha que se estaba creando entre quienes tenían acceso a las tecnologías digitales y quienes no” (Sunkel y Ullmann, 2019). El concepto se ha ampliado para incluir otros aspectos asociados al acceso como el uso y apropiación de las TIC.
Autores como van Dijk (2017) desglosan lo que puede implicar el acceso y establece cuatro niveles: un primer nivel referido al acceso motivacional, es decir, el interés por la nueva tecnología, lo que se asocia a factores sociales, culturales o de otro tipo; en segundo lugar, el acceso físico o material, asociado a la disponibilidad de los equipos o herramientas materiales que permiten el acceso a las TIC e internet; tercero, el acceso propiamente a la alfabetización digital referida a la educación para “adquirir habilidades digitales”; por último el uso, asociado a las posibilidades que se tiene en la práctica para su uso.
La casi inexistencia de datos oficiales asociados al tema hace cuesta arriba un análisis detallado de estos cuatro niveles de acceso para determinar el grado de la brecha digital que enfrentan las personas mayores en el país. Sin embargo, es posible hacer una primera aproximación revisando los datos asociados a la disponibilidad o acceso a internet que tienen las personas de 60 años y más recogidos por la encuesta de Condiciones de Vida (Convite AC, 2022). Si bien estos datos nos permiten determinar sólo la brecha de acceso físico, es decir las posibilidades que tiene la persona mayor de acceder a internet (lo que depende de factores como su costo, la prestación del servicio en el área de residencia, la calidad del servicio, entre otros), resultan útiles para hacer una primera aproximación sobre el acceso a las TIC por parte de las personas mayores.
18
En Venezuela, de acuerdo con Internet World Stats, al año 2022 la penetración del internet se ubica en 78,7% , otras estimaciones más modestas como la de la Asociación Civil Medianálisis ubican la penetración del servicio en 57%, la cual se ve acompañada de una mala calidad en el servicio y en donde subsisten las brechas por regiones .
En el caso de las personas de 60 años y más, sólo 32% de las personas encuestadas cuenta con acceso a internet, es decir, más de la mitad no tiene acceso a internet en sus hogares, el cual es el espacio en el que pasan la mayor parte de tiempo (gráfico 11). Los datos no mostraron diferencias en cuanto al acceso por género.
Gráfico 11.
Acceso a servicio de internet personas de 60 años y más por género. Año 2022.
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de Evaluación sobre las condiciones de vida y salud de las personas mayores en Venezuela. Convite AC, 2022.
17 Miniwatts Marketing Group (2022). Internet World Stats: Internet usage and population in South America, June 30, 2022. Disponible en: https://www.internetworldstats.com/stats15.htm
18 Medianálisis (2022, junio 01). Foro de internet en Venezuela develó datos significativos de la conectividad en el país. Disponible en: https://www.medianalisis.org/foro-de-internet-en-venezuela-develo-datos-significativos-de-la-conectividad-en-el-pais/
A esto se le suma las desigualdades territoriales en el acceso a internet que enfrentan las personas de 60 años y más, las cuales se pueden entretejer con desigualdades económicas. Así, por ejemplo, ninguna de las personas mayores encuestadas en Tucupita (estado Delta Amacuro) declaró tener acceso a internet, en Amazonas 80% no cuenta con acceso a internet, mientras que en el Área Metropolitana de Caracas este porcentaje baja a 58%.
En cuanto a la calidad del servicio, 72% de las personas de 60 años y más lo valoran entre regular y deficiente y sólo 19% considera que el servicio es eficiente (ver gráfico 12).
Valoración del servicio de internet, personas de 60 años y más, ambos géneros. Año 2022
54%
Deficiente Regular Eficiente No responde
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de Evaluación sobre las condiciones de vida y salud de las personas mayores en Venezuela. Convite AC, 2022.
La situación con respecto al acceso a un dispositivo móvil es diferente, este ha tenido mayor penetración entre las personas de 60 años y más: hasta el 75% de las personas encuestadas cuentan con un teléfono celular (ver gráfico 13). Este porcentaje es levemente superior entre las mujeres de 60 años y más que entre los hombres, sin embargo, no se aprecia una diferencia significativa.
Gráfico 13.
Acceso a servicio de telefonía celular personas de 60 años y más, por género. Año 2022
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de Evaluación sobre las condiciones de vida y salud de las personas mayores en Venezuela. Convite AC, 2022.
Pese a que se presume que no todos estos dispositivos son smartphones, es un dato relevante porque evidencia la aceptación e importancia que esta tecnología ha tenido en el grupo de personas mayores como herramienta de comunicación y conexión; de igual forma, conocer este dato permite identificar el teléfono móvil como una vía importante de comunicación e intercambio con este grupo poblacional y un área cuya utilidad se puede potenciar con el desarrollo de herramientas y aplicaciones orientadas a este segmento.
Esta revisión general da cuenta de la existencia de una brecha importante en el acceso de las personas mayores a internet, que puede responder a distintos factores, incluyendo el económico, lo que las excluye de los procesos de desarrollo tecnológico. Esta brecha tecnológica que separa a las personas mayores del resto de la población constituye una forma de desmejoramiento de su calidad de vida y la falta de acciones dirigidas a saldar esta brecha y hacerlas partícipes de las nuevas tecnologías acrecienta la discriminación y exclusión social que sufre este grupo. Esto quedó en evidencia ante una crisis sanitaria mundial como la pandemia por Covid-19 en las que muchas personas se vieron aisladas e incomunicadas debido a las restricciones impuestas y las dificultades para acceder a las TIC o internet.
Es necesario pensar en las ventajas que el acceso a internet puede brindar a las personas mayores en el ejercicio de su autonomía y para facilitar su vida diaria. Por ejemplo, poder realizar gestiones bancarias, trámites gubernamentales o de otro tipo, acceder a servicios de búsqueda de artículos de primera necesidad en línea e información cierta y actual sobre algún tema de interés, el uso de aplicaciones para mantenerse en contacto
con sus familiares y amigos. Estas y otras oportunidades que ofrecen las TIC no están siendo exploradas por un gran porcentaje de personas de 60 años y más.
En definitiva, el uso de las TIC y el acceso a internet permitiría a las personas mayores:
• Continuar su formación y el proceso de aprendizaje accediendo a formación y oportunidades de cursos virtuales.
• Acceder a servicios de distinto tipo.
• Buscar información para tomar decisiones informadas.
• Ocupar un espacio para la participación que se ha abierto en la sociedad para todas las personas y que en gran medida no está siendo ocupado por las personas mayores.
• Es un espacio para hacer escuchar su voz, tener visibilidad y plantear sus necesidades y demandas.
• Les permite promocionar la vida independiente y el envejecimiento activo.
Facilitar el acceso en todos los niveles de las personas mayores a las TIC, va a permitir que estas sean capaces de reconocer, escuchar y eventualmente concebir adaptaciones para las demandas de este grupo y permita la promoción de la vida independiente, el envejecimiento activo e incrementar su participación en la vida social, lo que puede tener efectos favorables a nivel físico y mental.
Para superar la brecha digital deben existir esfuerzos articulados en materia de políticas públicas que fomenten la incorporación de las personas de 60 años y más a la sociedad digital, abriendo espacios favorables de enseñanza, promoción y acceso para este grupo que permitan disminuir y eliminar las barreras que puedan favorecer o incentivar su aislamiento social, “eliminando la amenaza que supone para ellos las nuevas tecnologías y convirtiéndolas en su lugar en un poderoso aliado en su día a día, en línea con las ventajas potenciales del denominado envejecimiento activo” (Bunbury, Pérez y Osuna-Acedo, 2022, pág. 180).
El envejecimiento de la población ha llevado a muchos gobiernos a tomar decisiones oportunas que permitan potenciar la contribución de las personas mayores al desarrollo social y económico de los países. Sin embargo, en los países en los que no se han implementado acciones para adaptarse a una sociedad que envejece, el envejecimiento se está convirtiendo en un elemento desestabilizador de la estructura sanitaria y de la seguridad social por las nuevas demandas que implica. No todas las personas mayores, están viviendo con salud y no todas están teniendo sus necesidades satisfechas.
El periodo 2020 – 2030 fue declarado la Década del Envejecimiento Saludable por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta Década es la principal estrategia para apoyar y lograr las acciones destinadas a construir una sociedad para todas las edades. Se basa en orientaciones previas de la OMS, que incluyen: la Estrategia Mundial de la OMS sobre el Envejecimiento y la Salud, el Plan de Acción Internacional de las Naciones Unidas para el Envejecimiento y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
ENPOVEN: El envejecimiento poblacional en Venezuela
Estas iniciativas parten de reconocer que mantener la salud, prevenir y controlar las enfermedades, son aspectos claves en una vejez digna y que para lograrlo es imprescindible sensibilizar a la población sobre la importancia de la recreación, la actividad física y el autocuidado en general e implementar políticas integrales que tomen en cuenta estos elementos y contribuyan a su promoción. No se trata de trivialidades ni de privilegios, se trata de derechos que tienen las personas durante todo su ciclo de vida los cuales contribuyen a asegurar años de vida con bienestar e impactar positivamente en la salud tanto física como mental.
Por lo tanto, la recreación es un derecho y está orientado a buscar el bienestar integral de las personas. Así está recogido en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (la cual Venezuela no ha suscrito), instrumento que en su artículo 2 recoge el derecho de las personas mayores a la recreación, la actividad física, al esparcimiento y al deporte de la siguiente manera:
Los Estados Parte promoverán el desarrollo de servicios y programas de recreación, incluido el turismo, así como actividades de esparcimiento y deportivas que tengan en cuenta los intereses y las necesidades de la persona mayor, en particular de aquella que recibe servicios de cuidado a largo plazo, con el objeto de mejorar su salud y calidad de vida en todas sus dimensiones y promover su autorrealización, independencia, autonomía e inclusión en la comunidad.
Además, destaca la importancia de la participación de las personas mayores en el establecimiento, gestión y evaluación de los servicios y programas que las impliquen. Por lo tanto, la recreación debe estar presente como eje transversal en todos los programas que se pretendan implementar en materia de personas mayores y salud porque es una herramienta que puede brindar espacios de crecimiento, expresión y bienestar social y comunitario e incide de manera positiva en la salud.
En el ámbito nacional, en Ley para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores se incluye el derecho a la recreación en el artículo 23, el cual agrupa los derechos educativos, culturales y recreativos. En este sentido establece que el Estado deberá “implementar planes, programas y proyectos recreativos que tributen al disfrute y ejercicio de la recreación y el tiempo libre con los principios del turismo gerontológico, donde se realce las bondades de los paisajes naturales de la geografía venezolana” (RBV, 2021). También se hace énfasis en la importancia de la participación de las personas mayores en proyectos deportivos y la conformación de redes nacionales de deportes, actividades que deben ser promovidas desde el ámbito comunitario.
Si bien se reconoce la recreación y el deporte como un elemento esencial para el bienestar de las personas mayores y, en definitiva, como un derecho de las personas mayores, las pocas acciones que se han desarrollado a nivel gubernamental para incorporar a este grupo a las actividades físico-recreativas han sido insuficientes y se han caracterizado por la poca planificación, la limitada disponibilidad de recursos tanto humano como financiero, la falta de claridad institucional y la ausencia de una política nacional en la materia que aborde de manera integral las demandas de las personas mayores, incluyendo las recreativas. 19
19 El Instituto Nacional de los Servicios Sociales llevó a cabo en el Distrito Capital actividades puntuales destinadas a promover la actividad física y recreativa de las personas mayores denominadas Juegos Deportivos en Amor Mayor, una iniciativa de alcance limitado y que carece de continuidad. https://www.vtv.gob.ve/inauguran-juegos-deportivos-amor-mayor/)
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La promoción de las actividades físico-recreativas se ha identificado constantemente como una de las intervenciones de salud más significativas entre las personas en edades avanzadas ya que contribuye no solo con su bienestar físico, sino también mental y social. Dentro de sus beneficios inmediatos se pueden citar: mayores niveles de autoeficacia, control interno, mejoría en los patrones de sueño, relajación muscular entre otros. Pero además sus efectos se expanden a otras áreas y permite satisfacer necesidades de expresión y de socialización, lleva a la obtención de placer y bienestar corporal y mental, permite la adaptación a los cambios, a las pérdidas sociales de la vejez y ofrece la oportunidad de plantearse nuevamente un proyecto de vida.
El informe Envejecimiento y Salud de la OMS (2015), destaca la importancia de las prácticas de autocuidado, dentro de las cuales se incluyen las actividades recreativas y el esparcimiento, para prevenir o retardar el desarrollo de enfermedades, especialmente las ENT. Así, la actividad física en las personas de 60 años y más puede contribuir a la prevención de los casos de infartos y diabetes tipo dos hasta en un 75% y reducir los casos de cáncer en un 40%. Estos datos no se pueden menospreciar en un contexto en el que las ENT son las enfermedades que mayor incidencia tienen en esta población. Por otro lado, la OMS también incluye las intervenciones de autocuidado como factor crítico para lograr la cobertura sanitaria universal (CSU) y con ello promover la salud y favorecer a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
También existe una relación directa entre la práctica de actividades recreativas y el bienestar mental ya que favorece las actitudes positivas, mejora el estado de ánimo y aporta herramientas para lidiar con las tensiones y gestionar las situaciones de su entorno. Adicionalmente, permite fortalecer las redes de contactos, ya que estas actividades favorecen el intercambio social y el involucramiento de las personas mayores con su entorno y su comunidad, lo que evita el aislamiento. Estas pueden constituir herramientas importantes para mitigar los efectos de la depresión en este grupo población y contribuir a que se reduzca su incidencia como causa de discapacidad, especialmente entre las mujeres.
En definitiva, empezar a concebir a las personas mayores desde un enfoque activo y no desde la carencia, implica reconocer aquellas dimensiones que han sido dejadas a un lado pero que contribuyen a una vida independiente y sana. En el marco de una sociedad que envejece, es fundamental que estas dimensiones se tomen en cuenta, especialmente en un contexto como el venezolano en donde las condiciones socioeconómicas complejas e inciertas han impactado negativamente sobre las condiciones de vida y salud de toda la población, pero especialmente de aquellos grupos que acumulan mayores vulnerabilidades, como las personas mayores. Esto se debe hacer tomando en cuenta que el desarrollo de cualquier programa enfocado en la recreación para las personas mayores debe tomar en cuenta los intereses y motivaciones de las personas a las que va dirigido. Por ello, es favorable que se desarrolle bajo un enfoque comunitario que permita la consolidación de relaciones intergeneracionales y favorezca la participación de las personas mayores como agentes socializadores en su entorno inmediato.
Penosamente, en Venezuela no se están haciendo los esfuerzos correctivos o pertinentes para contribuir en la construcción de esa sociedad anhelada, donde todas las edades son consideradas y priorizadas según sus necesidades o donde todas las personas tengan garantizados todos sus derechos. El cambio en el comportamiento demográfico del país es un hecho, sin embargo, este fenómeno impulsado aceleradamente por el éxodo migratorio no ha encendido las alarmas en quienes tienen la responsabilidad de gestionar, oportunamente, las intervenciones requeridas.
La revisión realizada da cuenta de la situación actual de las personas mayores en tres dimensiones relevantes para su bienestar: la salud, la educación y la recreación. Estas son dimensiones interrelacionadas que se potencian mutuamente para promover el bienestar de las personas mayores. Las tres constituyen derechos esenciales que deben poder ser ejercidos y garantizados a lo largo del ciclo de vida. Sin embargo, tal como se mostró en la revisión realizada, estos derechos están siendo vulnerados debido a la inacción por parte del Estado que ha contribuido en el detrimento de la calidad de vida de las personas mayores.
La situación de salud de la población se ha caracterizado por un desmejoramiento generalizado, pero en el caso de las personas mayores esta tiene implicaciones distintas, por un lado, para su propia salud y por otro en lo referente al acceso a los servicios de salud. El incremento y la alta incidencia de las enfermedades no transmisibles entre esta población es un tema que genera preocupación y que debe ser atendido desde políticas de prevención que tengan un enfoque centrado en el ciclo de vida. La alta incidencia de la ENT a su vez trae como consecuencia una mayor necesidad de acudir a servicios médicos y a tratamiento, sin embargo, la mermada capacidad adquisitiva obliga a muchas personas a no recibir la atención médica que necesitan o no tomar el tratamiento adecuado, todo lo cual repercute en la salud. Esta situación es aún más compleja para las mujeres, quienes tienden a vivir más años con peor salud y generalmente tienen ingresos menores que los hombres.
En cuanto a la educación, ésta como derecho generalmente se tiende a enfocar en la población joven. Sin embargo, el aprendizaje a lo largo del ciclo de vida es un componente esencial del bienestar, no solo tiene incidencia en cómo se envejece, sino que también permite concebir de manera diferente la vejez. El tema del analfabetismo en el país, durante los últimos años ha sido poco abordado, desde la declaración en el año 2005 del país como territorio Libre de Analfabetismo por la UNESCO, el tema dejó de ocupar un lugar central en el discurso gubernamental. Pese a esto y en función de los pocos datos disponibles, para el año 2014 un porcentaje importante de personas de 60 años y más seguían siendo analfabetas (13%). Por otro lado, si bien hasta la fecha de los últimos datos disponibles se mostraban una tendencia importante hacia la reducción del analfabetismo, esta tendencia se puede ver alterada en el transcurso de los años cuando nuevas generaciones ingresen a esta edad, especialmente aquellas que se han visto afectada durante su crecimiento por el contexto de EHC. Finalmente, se considera imperioso empezar incluir a las personas mayores en los avances en la esfera tecnológica, superando los estereotipos edadistas que las alejan del uso de las nuevas tecnologías y permitiéndole ser parte integral de la sociedad y ocupar espacios de los que hasta ahora han sido excluidos.
Dada la interrelación de estas esferas resulta fundamental incluir dentro de las políticas dirigidas a estos grupos componentes educativos, culturales y recreativos, que les permita continuar su vida activa, evitar el deterioro cognitivo, la movilidad y favorecer la autonomía e independencia. Esto va a favorecer que las personas mayores estén conectadas con su entorno social directo (principalmente la comunidad), lo que en muchos casos puede evitar el aislamiento, por lo que tiene un componente psicosocial importante y conservar la autonomía y la capacidad de valerse por sí mismo. Estos factores permiten potenciar la salud física y mental durante esta etapa de la vida.
Coincidimos con Aponte y Maingon (2021) al destacar que para que sea posible la transformación gradual y sostenida de las condiciones de vida de las personas mayores en el país, debe darse un “contexto de crecimiento económico sostenido y sustancial, de recuperación gradual de la institucionalidad pública y social y un proceso de reducción sistemático de la pobreza y de superación de la emergencia humanitaria que padecemos” (pág. 55).
Sin embargo, mientras eso sucede, es necesario emprender acciones que permitan visibilizar y conocer las problemáticas que enfrenta este grupo en medio de un contexto de crisis y que finalmente sea tomado en cuenta como grupo prioritario. En este sentido, resultan pertinentes los siguientes comentarios y recomendaciones sobre áreas de acción e investigación con respecto a las personas mayores:
• Promover el bienestar de las personas mayores pasa por entender que esta constituye una etapa más de la vida humana y no “el final de la vida” y por lo tanto es necesario que sean concebidos como sujetos activos de la sociedad.
• Entre los problemas inmediatos que deben ser abordados desde un enfoque preventivo se encuentra el rápido avance de las enfermedades no transmisibles y las enfermedades crónicas, que comprometen la salud a largo plazo e implican importantes costos económicos.
• No se debe menospreciar el tema de la salud mental de las personas mayores, la alta incidencia de la depresión y la ansiedad como causa de discapacidad enciende una alarma sobre la importancia de este tema y los efectos que el contexto de crisis puede tener en este grupo.
• Es necesario que los análisis y acciones que se emprendan en la materia incorporen la perspectiva de género, para entender las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres mayores. Además, también se debe incorporar al análisis las diferencias territoriales y las diferencias por edad que existen dentro de las mismas personas mayores. Estos niveles de desagregación en los análisis van a permitir visibilizar las desigualdades que se entretejen en este grupo.
• Las personas mayores deben ser parte del desarrollo y los avances de la sociedad, no incluirlas en áreas específicas es una muestra de discriminación por edad. Por lo tanto, se deben promover los espacios de participación y formación en distintas áreas, como las nuevas tecnologías.
• Promover el desarrollo de investigaciones sobre las personas mayores que permitan visibilizar las necesidades y demandas de este grupo poblacional abordando las diferentes áreas que implican los derechos de las personas mayores para tener una perspectiva integral de su situación y también para pensar en estrategias a largo plazo para una sociedad que envejece.
• En Convite continuamos resaltando la necesidad de que en el país exista información oficial pública en materia social y sanitaria. Es fundamental que la información que se produzca se desagregue por edad para visibilizar la situación de las personas mayores.
• En un contexto de EHC, es necesario que las personas mayores, como grupo que acumula mayores vulnerabilidades, sean visibilizados y atendidos de manera prioritaria. La edad no puede constituir una razón de exclusión o discriminación.
• Es necesario que desde el Estado se desarrolle una “política de la vejez” que incluya una perspectiva de ciclo de vida.
• Insistimos en la necesidad de firmar la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos
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ENPOVEN: El envejecimiento poblacional en Venezuela
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MARIALEJANDRA BARRIENTOS HERRERA SEPTIEMBRE, 2022