Revista Externa COSEDE Nº 19 by COSEDE Ec

ISSN 2600-5778

REVISTA EXTERNA NÂ° 19, OCTUBRE 2020

© Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados COSEDE, 2020 Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira - Quito, Ecuador Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, Bloque 6 - Pisos 7, 8 y 9 www.cosede.gob.ec COSEDE, Revista Externa Edición N° 019 Octubre 2020

ÍNDICE

Comité Editorial: Lorena Elizabeth Freire Guerrero lorena.freire@cosede.gob.ec Luis Velasco Berrezueta luis.velasco@cosede.gob.ec Silvia Lorena Espinosa Sánchez silvia.espinosa@cosede.gob.ec Stephanie Sofía Sánchez Rivadeneira sofia.sanchez@cosede.gob.ec Andrés Cordero Espinosa dacorderoe@gmail.com Diseño y Diagramación: Guillermo Fernando Herrera León fernando.herrera@cosede.gob.ec Comentarios y sugerencias: comunicacion@cosede.gob.ec (02) 396 0340 Ext. 290 No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, incluido el diseño tipográfico y de portada, en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, fotocopia u otros, sin el consentimiento de la editora. Las opiniones expresadas por los articulistas invitados son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, por lo que no representan necesariamente el pensamiento de la COSEDE.

Editorial Pág. 3

Tema Central

Pág. 4

Publicaciones de Interés

Pág. 37

Concientización del Pág. 41 Seguro de Depósitos

Datos Estadísticos

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EDITORIAL PROTECCIÓN DE DEPÓSITOS: NUEVOS RETOS

LUIS VELASCO - GERENTE GENERAL COSEDE

l Toronto Centre señalaba hace un par de semanas en su documento “Guide to Supervision” 1 “The economic slowdown has increased the main risks facing all types of financial institution, including credit, insurance, market, and liquidity risks, and has reduced financial inclusion”. (La ralentización de la economía ha aumentado los principales riesgo que enfrenta las instituciones financieras, incluyendo riesgo de crédito, aseguramiento, mercado y de liquidez, y ha disminuido la inclusión financiera). En este contexto, no ajeno a ninguna realidad actual, presentamos la presente edición de la Revista COSEDE, en su edición número 20, con la temática central de “Análisis de política pública, lecciones, retos y oportunidades Post Covid para Ecuador y/o América Latina”. Desde una visión analítica varios aspectos importantes de las respuestas ante la evidencia de impacto de la pandemia en términos económicos, sociales y financieros motivan la reflexión de cada aspecto, su diagnóstico, su trata-

miento, así como la medición de los efectos deseados y no deseados de las diferentes herramientas utilizadas, para contener los evidentes profundos efectos y marcas que como secuela dejará la pandemia del siglo 20. En periodos de relativa estabilidad, el sistema de Seguro de Depósitos tiene la oportunidad para capitalizar sus fondos y observar detenidamente cada detalle de su operación para diagnosticar, tratar y medir su capacidad de reacción y actuación ante eventos adversos, de stress y hasta sistémicos. Toda la preparación de varios años permiten convertirse en un elemento pro cíclico o pro activo, para el diseño-solución o para identificar una problemática que tenía importancia resolver hace unos meses y ahora urge hacerlo. Asimismo, una crisis como la que actualmente enfrentamos abre una oportunidad para fortalecer los conceptos que guían su accionar y que promueven su misma existencia. Desde COSEDE proponemos varios aspectos en este interesante compendio de colaboraciones y colaboradores, seguramente sembrando inquietud en varios aspectos, invitando a nuevos análisis y por supuesto construyendo conocimiento alrededor de los sistemas que protegen a los depositantes y con ello al sistema financiero en general. Finalmente, compartir lo que concluía el Banco Internacional de Reservas en su documento “Covid-19, cash, and the future of payments”2: “A realistic assessment of the risks of transmission through cash is particularly important because there could be distributional consequences of any move away from cash. If cash is not generally accepted as a means of payment, this could open a ‘payments divide’ between those with access to digital payments and those without. This in turn could have an especially severe impact on unbanked and older consumers”. (Una evaluación realista de los riesgos de transmisión (COVID-19) a través de efectivo es particularmente importante porque podría haber consecuencias distributivas del abandono del efectivo. Si el efectivo no se acepta generalmente como medio de pago, esto podría abrir una “brecha de pagos” entre quienes tienen acceso a los pagos digitales y quienes no lo tienen. Esto, a su vez, podría tener un impacto especialmente severo en los consumidores adultos mayores y/o no bancarizados). ¿Deberíamos desde la protección de depósitos pensar en las nuevas formas de mantener depósitos en el sistema financiero o fuera de él?

https://www.torontocentre.org/Files/NewsResources/9-27-2020/TC_Guide_to_

Supervision_FINAL4.pdf 2

https://www.bis.org/publ/bisbull03.pdf

¿Cuál ha sido la respuesta en materia de política pública ante los efectos del COVID-19?

a pandemia mundial ocasionada por el COVID-19 determinó que las economías a nivel mundial opten por tomar medidas de contención de propagación del virus, mediante el cierre de sus fronteras, interrupción de sus actividades económicas, ocasionando un shock tanto de oferta como de demanda, una contracción en los niveles de producción y comercialización en empresas, así como la reducción del consumo en los hogares. Ante un escenario de alta incertidumbre, contar con una Red de Seguridad Financiera, de la cual participan supervisores, autoridades de resolución, ministerios, banca central y asegurador de depósitos, han permitido sobrellevar los efectos de esta crisis, restaurar la confianza del público y evitar problemas nefastos que podrían desestabilizar al sistema financiero, como la corrida de depósitos o especulación excesiva en los mercados (reduce el riesgo moral y fomenta la disciplina de mercado)1. A continuación evaluaremos el efecto económico ocasionado por el COVID-19 en las economías de Latinoamérica, las políticas económicas tomadas para hacer frente a este impacto, así como el rol que cumplen el Seguro de Depósitos y el Fondo de Seguros Privados en momentos de crisis como la actual. El COVID-19 llegó a América Latina en marzo 2020, y trajo consigo importantes desafíos para el desempeño económico de los países de la región, considerando su débil crecimiento económico (casi nulo) desde el año 2019, ocasionado por factores internos así como por

el desempeño económico mundial desacelerado. De acuerdo a la CEPAL (2020)2, esta situación conducirá a la peor contracción que la región ha sufrido desde 1914 y 1930, en vista de que se prevé una contracción regional promedio de -5,3% para 2020. Los efectos esperados de la pandemia se estiman, ocasionaran una fuerte recesión económica3, que afectará profundamente a América Latina, en vista de que la pandemia mundial ha ocasionado el desplome de sus principales socios comerciales (China y Estados Unidos); la caída de precios de materias primas, de las cuales América Latina presenta un alta dependencia; la interrupción de las cadenas de producción a nivel mundial, que golpeará fuertemente al comercio; la reducción significativa de la demanda por servicios turísticos, sector que presenta desafíos para adaptarse hacia una era digital; y la fuga de capitales así como la devaluación de las monedas4. Asimismo, las economías latinoamericanas enfrentan un desafío adicional, en cuanto al reducido espacio fiscal que poseen y la necesidad de contar con fuentes de financiamiento externas, que permitan atender las necesidades de gasto corriente, exacerbadas por un incremento en el gasto en salud pública, en un contexto donde se espera una significativa pérdida de ingresos y de ganancias debido a un alza del desempleo, y la disminución de la recaudación tributaria5.

CEPAL (2020), Pandemia del COVID-19 llevará a la mayor contracción de la ac-

tividad económica en la historia de la región: caerá -5,3% en 2020; extraído el 08 de mayo de 2020 desde https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-covid-19-llevara-la-mayor-contraccion-la-actividad-economica-la-historia-la 3

Benerjee et al (2020), tomado del documento de trabajo “”, Banco Interameri-

cano de Desarrollo, 2020 4 1

Matilde Guerrero Rosa, Foche Kurt y Rossini Florencia, “Redes de seguridad

Coronavirus: 5 efectos devastadores que la pandemia tendrá en las economías

de América Latina (y 1 motivo para la esperanza), extraído el 30 de abril de 2020

financiera, aspectos conceptuales y experiencias recientes en América Latina

desde https://www.bbc.com/mundo/noticias-52251104

y el Caribe”.

CEPAL (2020), Pandemia del COVID-19 llevará a la mayor contracción de la ac-

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En el contexto de gran estrés económico, varios países, y entes reguladores de la política monetaria, han adoptado medidas que promuevan el crecimiento económico y la estabilidad del sistema financiero; una de las cuales ha sido la reducción de las tasas de interés, con el objetivo de mantener una liquidez óptima en el mercado, y permitir el acceso oportuno a las fuentes de financiamiento7. Mientras que la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) recortó la tasa de interés hasta por 1,5 puntos porcentuales desde el 3 de marzo 2020, para llevarla a un rango entre 0% a 0,25%8; la Autoridad Monetaria Colombiana redujo las tasas de interés al 3,75%9 ; de igual manera, el Banco Central de la Reserva de Perú acordó reducir la tasa de interés de referencia de 2,25% a 1,25%10; y, el Banco Central Chileno redujo la tasa de interés hasta 1,00%, siendo su tasa más baja desde 201011 . Es evidente que a través de las medidas tomadas en materia económico – monetaria lo que se busca es la no contracción del crédito y a su vez inyectar liquidez a través de tasas más accesibles12.

Gráfico 1: Tasas de interés histórico de la FED- EEUU

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Fuente: Global-rates.com

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Dada la severidad que trae consigo la pandemia del COVID-19, emerge la necesidad de contar con políticas prudenciales que faciliten la estabilidad financiera para hacer frente a los efectos adversos de este shock; en este sentido el papel de los entes reguladores, policymakers, es fundamental en la toma de decisiones ágiles que logren minimizar dichos efectos6.

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Fuente: Global-rates.com

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Gráfico 3: Tasa de interés histórico mexicano Banxico

Responders-Inside the Us Strategy for Fighting the 2007-2009 Global Financial

Crisis. Yale University Press. 7

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IN/IN11259

https://www.brookings.edu/research/fed-response-to-covid19/

https://rpp.pe/peru/actualidad/coronavirus-covid-19-bcr-reduce-la-tasa-de-in-

teres-de-referencia-a-125-ante-impacto-de-pandemia-noticia-1252898?ref=rpp 11

https://mundo.sputniknews.com/asia/202003161090803653-chile-reduce-tasa-

de-interes-a-1-por-crisis-de-covid-19-y-es-la-mas-baja-en-10-anos/ 12

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Fuente: Global-rates.com

https://www.elcomercio.com/actualidad/colombia-reduccion-intereses-coro-

navirus-covid19.html 10

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https://www.investopedia.com/terms/f/federal_discount_rate.asp

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Fuente: Global-rates.com

Por otro lado, gracias a la adecuada supervisión bancaria y a la solidez en los niveles de solvencia, las entidades financieras han mantenido un amortiguador de capital más allá de los requisitos regulatorios. Adicionalmente, y como parte de una política prudencial desde la crisis financiera de 2008, los bancos y otras instituciones financieras han mostrado un comportamiento conservador, manteniendo estables los ratios de capital y con importantes colchones de liquidez que les han permitido sobrellevar esta crisis sanitaria. El BID señaló que la adecuada gestión de las entidades pertenecientes al sistema financiero han permitido que se ejecuten políticas financieras, entre ellas, las acciones de moratoria temporal de préstamos, el aumento de liquidez y crédito a las pequeñas y medianas empresas, así como incrementar los requisitos de capital y liquidez en sus balances, en varias jurisdicciones de la región como alternativa de alivio financiero temporal13. En relación a la política fiscal, las políticas públicas en respuesta a la crisis sanitaria están relacionadas con la transferencia directa de recursos a familias (transferencias directas condicionadas), compensaciones salariales a empleados, líneas de crédito a firmas, reducción o postergación de pago de impuestos y contribuciones, así como la postergación del pago del servicio de deuda. Sin embargo, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2020), estas políticas deben estar acompañadas por un modelo que permita mejorar la eficiencia de gasto público, así como el rediseño de programas de subsidios para que sean direccionados a la población más vulnerable y pobre. El ordenamiento de las finanzas públicas es imperativo, considerando que muchos gobiernos latinoamericanos no disponen de suficiente espacio fiscal, y las necesidades de financiamiento, así como el actual endeudamiento, presuponen un desafío grande en el manejo del presupuesto estatal14. Bajo esta perspectiva, en el Ecuador se adoptaron varias medidas para reducir el impacto del COVID-19. Por un lado, con el afán de reducir las pérdidas crediticias por la incapacidad de pago de los deudores en el sistema financiero, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, resolvió emitir resoluciones de gestión de la cartera durante la presente crisis sanita-

ria, la cual contempla medidas de alivio financiero a los clientes cuya capacidad de pago se ha visto mermada por la paralización de la actividad económica en el país, mediante el diferimiento extraordinario de obligaciones; así como las consideraciones necesarias para constitución de provisiones que gestionan dicha cartera, y así no afectar el nivel de ingreso de las entidades financieras. Estas medidas temporales requieren una supervisión intensiva ex post por parte de los organismos de control, para generar alertas tempranas de posibles problemas de solvencia, ocasionados por la incapacidad de absorción de pérdidas, ocasionadas por el deterioro de la cartera de clientes cuya situación financiera cambió o cambiará radicalmente por la pandemia15. En junio de 2020 entró en vigencia la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del Covid-19 que tiene como objetivos principales establecer medidas de apoyo humanitario, necesarias para enfrentar las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria; la reactivación económica a nivel de las familias y empresas y del sector popular y solidario; y la preservación del empleo. Por otro lado, con el objetivo de reducir el déficit fiscal existente, el 3 de agosto 2020 se renegociaron los bonos de deuda externa del Ecuador gracias al acuerdo alcanzado con la mayoría de tenedores de bonos, lo que permitió reperfilar las condiciones en plazo y monto adeudado. Es así que en el acuerdo se negoció aproximadamente $US$ 15.000 millones de bonos de deuda externa, disminuyendo el capital adeudado en US$ 1.514 millones, incrementando la madurez de los bonos, accediendo a un período de gracia de hasta 5 años y recortando la tasa de interés16. Con la renegociación de la deuda externa, el pasado 28 de agosto se alcanzó un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que permitirá acceder a un desembolso de US$ 6.500 millones en un plazo de 27 meses17, para aliviar el actual déficit fiscal, exacerbado por las necesidades en

ASOMIF (2020) “Resiliencia del sistema financiero en el contexto de COVID”.

Centro de Investigaciones Económicas de ESPOL (2020) “Informe de Coyuntu-

ra Nro. 5: Comparando lo incomparable, ¿qué tan buenas fueron las negociaciones de deuda de Ecuador y Argentina?” 17

Fondo Monetario Internacional (2020) Comunicado de prensa o. 20/290 “El

FMI y las Autoridades Ecuatorianas Llegan a un Acuerdo a Nivel del Personal 13 14

Banco Interamericano de Desarrollo- BID (2020) “Informe Macroeconómico

de América Latina y el caribe: Políticas para combatir la pandemia”

Técnico sobre un Nuevo Servicio Ampliado del Fondo”. Extraído de https://www. imf.org/es/News/Articles/2020/08/28/pr20290-ecuador-imf-and-ecuadorian-authorities-reach-staff-level-agreement-on-new-eff

gasto social, seguridad y de salud de la crisis sanitaria. De su parte, los organismos de control del sector financiero privado y popular y solidario adoptaron medidas complementarias tales como: el requerimiento de elaboración de un “Plan de Manejo de Emergencias” para COVID-19 para la implementación de estrategias y acciones concretas para controlar y minimizar los efectos de la pandemia en los clientes y el personal de las entidades bancarias; el uso de medios tecnológicos para celebración de asambleas de accionistas, prórroga para el envío de estructuras de información, aplicación de los planes de contingencia para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios financieros priorizando el uso de medios y canales electrónicos; actualización de los planes de contingencia de riesgo de liquidez para que incorporen temas relacionados con epidemias por enfermedades, cuarentenas derivadas de dichas enfermedades, etc.; debido al impacto potencial que podrían tener los retiros inesperados de depósitos en la liquidez de las entidades financieras.

De acuerdo a los Resultados de la Encuesta sobre “El impacto del Covid-19 en el Seguro de Depósitos y la Estabilidad Financiera”, levantada por la Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos, en mayo de 2020, se señala algunas de las políticas adoptadas por los organismos que administran el seguro de depósitos, en respuesta a los efectos de la pandemia Gráfico 1. Políticas del Asegurador de Depósitos en respuesta al COVID-19

El rol del Asegurador de Depósitos en el manejo de crisis El buen funcionamiento y la coordinación de los miembros de la Red de Seguridad Financiera, garantiza seguridad en el sistema financiero y sus depositantes, inspira confianza, y la protege de shock externos que puedan desestabilizar el sistema. A nivel mundial y producto de la crisis de 2008, la confianza fue recuperada gracias al esfuerzo de varias jurisdicciones para reforzar o implementar el esquema del seguro de depósitos dentro de la red de seguridad financiera, y así proteger los recursos de los depositantes. En ese sentido, y dada la coyuntura que atraviesa el mundo por efecto de la crisis sanitaria, se vuelve imperativo que el Esquema de Seguro de Depósitos Eficaz18 de cada país, cuente con un plan de contingencia y políticas de manejo de crisis, para que puedan enfrentar de manera efectiva el riesgo de liquidación de alguna entidad financiera, y su posible contagio en el sistema19.

Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos (IADI) Principio Bási-

co No. 16 del Esquema de Seguro de Depósitos Eficaz. Extraído de https://www. iadi.org/en/assets/File/Core%20Principles/Principios%20Básicos%20para%20 Sistemas%20de%20Seguro%20de%20Depósitos%20Eficaces.pdf 19

Banco Mundial (2017) “Deposit Insurance Systems: Addressing emerging cha-

llenges in Funding, investment, Risk-based Contributions & Stress Testing2

Fuente: IADI- Encuesta impacto de Covid-19 en el Seguro de Depósitos, 2020

Entre las políticas adoptadas por los aseguradores de depósitos, destaca la activación de planes de contingencia y manejo de crisis, con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas y mantener la operatividad normal del Seguro de Depósitos. Por otro lado, se ha priorizado la necesidad de contar con mecanismos de resolución efectivos, que puedan ofrecer el servicio de atención y desembolso de los beneficiarios del seguro de depósitos de manera inmediata, empleando medios de pagos digitales, en algunos casos, para evitar la propagación del virus. Asimismo, se han adoptado mecanismos que permitan mejorar la comunicación entre varios miembros de la Red de Seguridad Financiera, entre ellos Supervisores, Banco Central, Ministerio de Finanzas y otras Auto-

ridades de Resolución, para monitorear el desempeño de las entidades financieras y detectar, de manera temprana, posibles indicadores de gestión de riesgo, que permitan actuar rápidamente en el caso de que una entidad deba ser liquidada y se active el pago del Seguro de Depósitos. Por su parte los Esquemas de Garantías de Seguros a nivel mundial, también han adoptado varias medidas como respuesta a la crisis generada por el COVID-19. La encuesta realizada por el Foro Internacional de Sistemas de Garantía de Seguros (IFIGS) en mayo de 2020 recoge entre las principales acciones tomadas las siguientes:

el efecto de la pandemia, en materia de política pública financiera y de gestión de la liquidez, respecto de los Fideicomisos del Fondo de Liquidez del Sector Financiero Privado y Popular y Solidario, Fideicomiso del Fondo de Seguro de Depósitos del Sector Financiero Privado y Popular y Solidario y el Fondo de Seguros Privados, que administra. Gráfico 2. Políticas de alivio financiero propuestas por la COSEDE

• Para garantizar la seguridad y la salud del personal, la mayoría de los miembros de IFIGS están realizando teletrabajo. • Se han mantenido las actividades de comunicación con el público y las aseguradoras a través de centros de llamadas gratuitas, sitios web y comunicaciones en redes sociales. Se han publicado preguntas frecuentes y mensajes de información general en los sitios web para tranquilizar a los consumidores, debido al aumento de las consultas sobre reclamos. • No ha habido cambios en la cobertura, los gravámenes o las primas de seguros • Se han activado los planes de continuidad de negocios y han adoptado medidas en función de su nivel de crisis. • Se está monitoreando de cerca la evolución del COVID-19 y los posibles riesgos relacionados con el mismo para las aseguradoras de vida mediante la recopilación de información y la identificación de las áreas de riesgo. Además, se está trabajando estrechamente con otros participantes de la red de seguridad financiera. • A pesar del difícil entorno causado por la pandemia los aseguradores de cada jurisdicción han mantenido su capacidad de recuperación y no se encuentran en dificultades financieras en este momento. Sin embargo, existe una creciente preocupación sobre el impacto a largo plazo en la industria de los seguros si la recesión se prolonga. Los miembros de IFIGS están vigilando de cerca el mercado y la liquidez y solvencia de la industria. En el caso del Ecuador, la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (COSEDE) presentó varias propuestas para alivianar

Resolución COSEDE-DIR-2020-005

Resolución JPRMF 585-2020-F

Resolución PRMF 586-2020-S

Fuente: COSEDE

Estas medidas temporales, tienen como objetivo mejorar preventivamente la gestión de la liquidez ante la coyuntura de menores ingresos generados por el incremento de riegos y la incapacidad de pago de algunos deudores, afectados por la pandemia. En este sentido, el margen adicional (nulo) en los créditos extraordinarios de liquidez, propuesto por la COSEDE, y aprobado mediante Resolución COSEDE-DIR-2020-005 el 8 de mayo de 2020, otorga a las entidades financieras aportantes al Fondo de Liquidez, la posibilidad de acceder a un crédito de liquidez del prestamista de última instancia, a una tasa menor. Por otro lado, el diferimiento temporal de las contribuciones al Seguro de Depósitos del Sector Financiero Popular y Solidario, estima generar un alivio en los gastos operativos correspondientes al pago de las contribuciones de los meses de junio, julio y agosto 2020 (para las Cooperativas de Ahorro y Crédito de los segmentos 1, 2 y 3) y el pago anual de las Cooperativas pertenecientes a los segmentos 4 y 5, de aproximadamente US$ 16 millones; contribuciones que serán pagadas en cuatro cuotas iguales a partir del cuarto mes posterior al diferimiento. Por otro lado, la política de diferimiento aplicada a las 3 contribuciones mensuales al seguro de segu-

ros privados, permitió a las aseguradoras hacer uso de aproximadamente US$ 1,22 millones, para hacer frente a la reducción de la prima neta emitida por efecto de la pandemia. Adicionalmente, a nivel institucional, se activó el Plan de Gestión de Continuidad del Negocio desde el mes de marzo de 2020 con el objetivo de mantener los procesos y servicios más importantes que brinda la COSEDE. En ese sentido, en el primer semestre de 2020, se priorizó la operatividad y el monitoreo del correcto funcionamiento de los aplicativos que permiten la correcta gestión de recaudación de contribuciones al Seguro de Depósitos y Fondo de Seguros Privados. De igual manera, el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos que canalizan la recepción de las bases de datos de los depositantes por parte de los liquidadores para gestionar el pago del Seguro de Depósitos, han permitido atender a 19 solicitudes de pago del Seguro de Depósitos y emitir su respectiva resolución de pago, durante el primer semestre de 2020; de las cuales, el 63% (12 solicitudes) fueron atendidas durante la emergencia sanitaria (entre marzo y junio de 2020). El tiempo promedio de pago del Seguro de Depósitos en el período en mención fue de 6 días laborales; lo cual evidencia que el funcionamiento de los sistemas informáticos fue correcto y eficaz. Con la finalidad de dar continuidad al servicio de pago del Seguro de Depósitos durante la emergencia sanitaria, la COSEDE implementó un nuevo canal de pago a través de medios digitales en la plataforma www.gob. ec, mediante el cual el beneficiario puede enviar la solicitud en línea desde su hogar y adjuntar el certificado bancario o copia legible de su libreta de ahorros o estado de cuenta en donde desea que se le realice el pago vía transferencia. De igual manera el proceso de calificación de agentes de pago se implementó el trámite en línea en la misma plataforma. Además, se implementó una encuesta digital, la misma que se remite a los beneficiarios una vez que el valor ha sido acreditado en su cuenta, esto permite medir el nivel de satisfacción del servicio de pago del Seguro de Depósitos,

oportuna la gestión de los posibles escenarios de crisis institucionales, de modo que se implementen métodos de actuación que no dejen a la improvisación ningún aspecto clave. La importancia de este protocolo radica en la posibilidad de prever los escenarios que el Seguro de Depósitos puede enfrentar en caso de presentarse un fallo financiero, inestabilidad financiera y que además puedan perjudicar la imagen, posicionamiento y reputación de COSEDE. Perspectivas.Si bien el conjunto de políticas adoptadas por las economías latinoamericanas han permitido dar un alivio temporal ante la inusitada y profunda ralentización económica mundial, aún existen desafíos importantes que enfrenta la región en materia de sostenibilidad fiscal y reactivación económica. Por otro lado, el sistema financiero ha logrado enfrentar este shock externo con oportuna prudencia, y sus adecuados niveles de capital se espera que permitan enfrentar las pérdidas crediticias esperadas por el deterioro de la capacidad de pago de los deudores, así como la disminución del nivel de sus ingresos. En efecto, el rol de los miembros de la Red de Seguridad Financiera se vuelve sumamente importante para continuar monitoreando la adecuada gestión de las entidades financieras y aseguradoras privadas y garantizar la estabilidad financiera; así como, permitir que los intermediarios financieros en su dinámica, participen activamente en la reactivación de la economía, a través una mayor colocación de recursos en las empresas y hogares, y todo esto sin poner el riesgo de los depositantes.

Adicionalmente, se implementó el chatbot COSEDE a través de la línea institucional de WhatsApp, como una herramienta de comunicación, información y consultas disponible 24/7. Se implementó el plan de comunicación de crisis, como un procedimiento oficial que contiene la información necesaria que permite guiar de forma efectiva y

La inclusión financiera en el Ecuador y el desafío de la economía a nivel global durante y pospandemia (Covid19) Wilson Araque y Jairo Rivera.

y la pobreza (Bruhn y Love 2009).

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

En América Latina, la inclusión financiera ha tenido un progreso importante durante las últimas décadas, con niveles de desarrollo bastante heterogéneos entre países (Roa y Carvallo 2018); en la región solamente alrededor de la mitad de personas accede a servicios financieros (De Olloqui, Andrade y Herrera 2015). Dentro de esa diversidad, ha existido un avance significativo en la inclusión de las empresas dentro del sistema financiero, aunque con una brecha importante hacia el acceso desde los hogares (Dabla-Norris y otros 2015).

Introducción

ara nadie resulta incierto el hecho de que, a nivel mundial, millones de personas durante el aislamiento social y preventivo, establecido obligatoriamente por los gobiernos de cada país, debido a la pandemia del Covid 19, no han podido desarrollar sus actividades laborales con normalidad y muchos otros han perdido sus fuentes de trabajo, imposibilitando la generación de ingresos económicos. A partir de lo mencionado, la inclusión financiera, actualmente, es un tema extremadamente relevante a nivel mundial, enfocándose como un elemento fundamental para la reactivación social y económica de los países. ¿Qué implica a la inclusión financiera? La inclusión financiera implica el acceso de las personas y empresas a los servicios que brinda el sistema financiero y es el resultado de factores que afectan su oferta y demanda (Roa y Carvallo 2018). En esa línea, las políticas públicas tienen un rol fundamental para establecer un marco regulatorio que permita un mejor ambiente para la inclusión financiera. Para una sociedad, la inclusión financiera es deseable ya que tiene la potencialidad de incrementar el crecimiento económico en los países, reducir la desigualdad

Para Ecuador, según el Global Findex realizado por el Banco Mundial, alrededor del 49% de las personas mayores de 15 años no tiene acceso al sistema financiero, lo cual denota que es un tema prioritario que necesita fortalecerse. En un reciente estudio de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, y la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo se encontró que la inclusión financiera es entendida mediante la combinación de siete dimensiones o pilares: regulación, educación financiera, calidad, acceso, uso, protección al usuario, y bienestar, como se presenta en la siguiente figura. Figura 1. Dimensiones de la inclusión financiera en Ecuador

Fuente: Araque, Rivera y Guerra (2019)

En ese sentido, la inclusión financiera tiene como fundamento una adecuada regulación, la cual permite un acceso, uso y protección de los usuarios, donde es crucial el fomento de la educación financiera y servicios de calidad, con lo que se promueve el bienestar de la población. Evolución de la inclusión financiera Desde mediados de la década de los noventa en el país empieza a tomar fuerza el microcrédito -como propuesta nacida de las microfinanzas-, en donde, al inicio, organizaciones no gubernamentales (ONG) empiezan a impulsar proyectos relacionados a este campo que, desde la óptica de organismos internacionales, se enmarca dentro de las denominadas “finanzas para el desarrollo”. En la primera década de 2000, el microcrédito se consolida y tiene un crecimiento exponencial -la cartera bruta de microcrédito tiene un crecimiento espectacular, por ejemplo, entre diciembre de 2003 y mayo de 2007, pasó de US$167.395.000 a US$914.760.000, lo cual significa un crecimiento de alrededor del 447% (Araque, 2008) -, ya que, además de las ONG, también empiezan a operar bancos especializados en microfinanzas y cooperativas de ahorro y crédito. Esta propuesta de acción financiera mediante el microcrédito, está directamente relacionada con los postulados teóricos y la evidencia empírica demostrada por Muhamad Yunus (1998) cuando impulsó la creación del Grameen Bank. En síntesis, los postulados de Yunus, sobre las cuales, se han edificado las acciones microfinancieras, tienen relación con una propuesta que rompe paradigmas en ámbitos como: género -incluyó a mujeres-, ingresos -llegó a los más pobres-, solidaridad -aparecieron los créditos de garantía solidaria en lugar de los individuales-, tecnología -impulsó una metodología crediticia distinta a la de la banca tradicional. En esa misma década, por su parte, a partir de 2007 -en el caso ecuatoriano-, con muchos espacios de interrelación con el microcrédito, se empieza a visibilizar e impulsar -desde la óptica legal con políticas públicas, programas y proyectos de acción directa en la realidadlas denominadas “finanzas populares y solidarias”, las mismas que permitieron disminuir los obstáculos para el acceso a servicios financieras para todos, sobre todo para aquellos que por años estuvieron excluidos por el sistema financiero formal.

De ahí, la misma Constitución de la República en su artículo 283 reconoce y visibiliza a la economía popular y solidaria -en donde operan las finanzas populares y solidarias- como parte del sistema económico del Ecuador que “se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Para operativizar lo planteado por el mandato constitucional, se puso en vigencia una Ley y Reglamento específico para el impulso del sector bajo la denominación de “Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario”. En medio de este escenario evolutivo, a mediados de la segunda década de 2000, por su parte, empieza a tomar relevancia el concepto de “inclusión financiera”, el cual está totalmente alineado a lo que se ha venido haciendo -como expresiones de las finanzas para el desarrollo- en materia de microfinanzas y finanzas populares y solidarias que, al final, todas esas evoluciones conceptuales y de acción real, apuntan a lograr una sociedad en donde -parafraseando a Amartya Sen-, sobre la base de la creación justa y equitativa de oportunidades, todas las personas que integran una sociedad puedan acceder a productos financieros que les ayude a mejorar su bienestar personal y familiar. Para el caso ecuatoriano, a partir de agosto de 2017, con el propósito de lograr una institucionalización nacional de la inclusión financiera, la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) toma la iniciativa de presentar la “Propuesta para la Construcción de una Política Nacional de Inclusión Financiera”, la cual, luego de ser presentada a diversos actores, ha sido una iniciativa clave dentro de la elaboración de la “Estrategia Nacional de Inclusión Financiera en Ecuador” que están llevando a cabo el Banco Mundial junto al Banco Central del Ecuador (BCE. Paralelamente, organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo reconocieron “facilitar el acceso a crédito a individuos o grupos de personas que carecen de entrada al mercado financiero comercial o de fomento en condiciones ordinarias” (BID 2004, 7). Este reconocimiento se enmarca con una preocupación que los actores involucrados en las finanzas para el desarrollo la venían teniendo desde mediados de los años 70 del siglo XX (BID 2004, 7); es decir, en la región, el llegar a consolidar una propuesta que busque productos financieros y modelos institucionales que

incluyan a todos, ha significado que deban transcurrir casi cinco décadas. Desafíos en medio de la pandemia global (covid-19) Desde la óptica de las políticas públicas especializadas en el fortalecimiento de las finanzas para el desarrollo, en donde el concepto y principio de la inclusión financiera sean el gran referente de su diseño, es importante que éstas, considerando el cambio imprevisto y brusco que ha generado la pandemia global (covid-19), partan de un análisis minucioso al que se podría denominar “Comprensión Estratégica Real y Transparente de un Entorno Cambiante”, en donde, con la participación representativa de actores vinculados al sector público -gobierno central y gobiernos locales-, sector privado multisectorial, y la academia, se genere una propuesta colectiva que sea capaz de reactivar al sector productivo ecuatoriano considerando la realidad de los diferentes actores que integran el tejido productivo nacional –micro, pequeñas, medianas y grandes empresas (MIPYME) y los actores de la Economía Popular y Solidaria (EPS)-. Este análisis del entorno cambiante para la inclusión financiera debe tomar en cuenta las particularidades del mercado laboral ecuatoriano, como se presenta en la siguiente figura, el cual ha sufrido un deterioro durante los últimos cinco años, asociado a un menor crecimiento económico en el país, donde se ha reducido el empleo adecuado de 47% en el año 2015, hasta 39% en 2019, llegando a ubicarse en 17% en junio de 2020; a su vez, ha existido un aumento del desempleo, pasando de 4.8% en el año 2015 a alrededor del 13% en junio de 2020. Figura 2. Composición del mercado laboral ecuatoriano

Fuente: INEC 2020.

Una característica del mercado laboral nacional, importante para las estrategias de inclusión financiera, es su alto componente de informalidad. Como se presenta en la siguiente figura, la informalidad en el Ecuador, entendida como el número de trabajadores que laboran en establecimientos sin Registro Único de Contribuyentes, ha incrementado durante los últimos cinco años, pasando de alrededor de 40% en 2015 y alcanzando el 47% en 2019. Es decir, aproximadamente uno de cada dos trabajadores se emplea en establecimientos que no cumplen con la normativa nacional, teniendo repercusiones a nivel micro, meso y macroeconómico, lo cual representa un reto hacia el mejoramiento del acceso a servicios financieros. Figura 3. Empleo en el sector informal en Ecuador

Fuente: INEC 2019.

De igual manera, un ámbito que deberá ser atendido, en medio de una evolución llena de incertidumbres de la crisis tridimensional -sanitaria, económica y socialque vive el Ecuador y el mundo en general, es el de la microempresa de subsistencia que, como su nombre lo indica, permite, principalmente, a quien la opera generar ingresos que, al final, terminan sirviendo, únicamente, para la sobrevivencia de quien creó el negocio y sus familiares cercanos que, incluso, en varios de los casos trabajan, en esa microempresa, en calidad de trabajadores no remunerados. El gran problema de este tipo de negocios que, generalmente, tienden a ocupar entre uno y dos trabajadores (Tabla 1), es que, por la forma como se originaron, tienden a tener una esperanza de vida muy corta y que, ahora, como consecuencia de la pandemia global tienen directa relación con lo que se podría denominar “emprendimiento por desesperación”.

Tabla 1. Composición de la microempresa por número de trabajadores Composición de la microempresa por número de trabajadores

Microempresa subsistencia (1-2 trabajadores) Microempresa de acumulación simple (3-5 trabajadores) Microempresa de acumulación ampliada (6-9 trabajadores)

2015

2016

2017

2018

2019

63,5%

64,1%

62,3%

62,5%

59,7%

29,2%

28,9%

30,3%

29,9%

32,1%

7,3%

7,0%

7,4%

7,5%

8,2%

Fuente: ENEMDU Diciembre 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Fuente: Cálculos propios de los autores en base a la ENEMDU 2015-2019.

Este tipo de emprendimiento, en momentos de crisis tridimensional 2020, tienden a surgir con mayor fuerza, ya, que, la calidad del empleo en el país se ha deteriorado y, probablemente, seguirá deteriorándose hasta cerrar el presente año, pues, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) solamente el 16,7% de la población económicamente activa (PEA) -a junio 2020- posee un empleo considerado como adecuado, el resto forma parte del desempleo y empleo inadecuado; generándose, así, la necesidad de emprender en alguna actividad productiva impulsada por la desesperación de generar un poco de ingresos que son llevados a sus hogares y así, la familia pueda, con muchas restricciones, satisfacer sus necesidades básicas. Como el emprendimiento surge por esa desesperación circunstancial, tenderá a desarrollarse con pocas dosis de creatividad e innovación, en donde lo que hacen los vecinos sin ninguna mejora será su fuente de inspiración que, al final, le lleva al emprendedor a competir solamente por precios; por otro lado, la falta recursos financieros también afectará el buen desarrollo y sostenibilidad de mediano y largo plazo de la microempresa creada. De ahí, como se puede ver, será clave que esas necesidades de servicios financieros y no financieros dirigidos a evitar el fracaso prematuro de los emprendimientos por desesperación sean convertidas en políticas públicas y luego en programas y proyectos que, sobre el conocimiento real e integrado del perfil de esos negocios creados, logren incluir a los grupos de personas que, con la pandemia, han tendido a aumentar sus niveles de vulnerabilidad; dentro de esas personas está: “mujeres jefas de hogar, adultos mayores, niños en situación de pobreza, migrantes de otros países, personas en situación de pobreza y pobreza extrema, desempleados, subempleados, etc. -la lista se vuelve interminable e indica el trabajo grande que se está por hacer-” (Araque, 2020). Finalmente, dentro del diseño del paquete de políticas públicas pro recuperación productiva y económica del Ecuador, es importante considerar como una limitante que condiciona el tiempo de ejecución, la distribución de la responsabilidad directa de actores y la paciencia para obtener los resultados esperados, al estado situacional que

la pandemia encontró al país y al resto de la región que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en uno de sus últimos estudios bien lo resalta: “Las opciones para América Latina y el Caribe para la recuperación económica son más limitadas. La pandemia encontró a la región debilitada, con escaso crecimiento, en buena medida debido a las políticas que se siguieron en décadas anteriores” (Izquierdo y otros 2020, 11). Bibliografía Araque, Wilson. 2008. Análisis situacional y perspectivas futuras del sector de las microfinanzas. Informe de investigación. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Disponible en: http:// www.uasb.edu.ec/UserFiles/381/File/MICROFINANZAS.pdf Araque, Wilson. 2017. Reflexionando con Muhammad Yunus. V Jornadas de pensamiento social, económico y administrativo. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Disponible

en:

https://www.uasb.edu.ec/documents/62057/2969606/Wilson+Araque/7d-

3d82d4-aaa6-4c62-93cd-510593d432e2 Araque, Wilson, 2020. Crisis socioeconómica acumulada y potenciada por la pandemia global. Revista Gestión (aprobado, por publicarse a fines de septiembre). Araque, Wilson; Rivera, Jairo; Guerra, Paúl. ¿Qué es la inclusión financiera? Un análisis desde la teoría y la práctica. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador – Red de Instituciones Financieras de Desarrollo. Disponible en: http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6914/1/ Araque%2C%20W.-CON-003-Que%20es%20la%20inclusion.pdf Banco Mundial. 2018. The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution. Washington: World Bank. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 2004. Macro impacto con micro dinero -25 años de apoyo a la microempresa-. Washington: BID. Bruhn, Miriam; Love, Inessa. 2009. The Economic Impact of Banking the Unbanked: Evidence from Mexico. Washington: The World Bank. Dabla-Norris Era y otros. 2015. Financial Inclusion: Zooming in on Latin America. Washington: International Monetary Fund. De Olloqui, Fernando; Andrade, Gabriela; Herrera, Diego. (2015). Inclusión financiera en América Latina y el Caribe: Coyuntura actual y desafíos para los próximos años. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo. Izquierdo, Alejandro y otros. 2020. Salir del túnel pandémico con crecimiento y equidad: una estrategia para un nuevo compacto social en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Washington: BID. Constitución de la República del Ecuador. 2008. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 2020. Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo Telefónica: Indicadores laborales. Quito: INEC. INEC. 2019. Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo: Indicadores laborales. Quito: INEC. Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD). 2017. Propuesta para la Construcción de una Política Nacional de Inclusión Financiera. Quito: RFD. Roa, María; Carvallo, Oscar. 2018. Inclusión financiera y el costo del uso de instrumentos financieros formales: Las experiencias de América Latina y el Caribe. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo. Sen, Amartya. 2001. Desarrollo y Libertad. Bogotá: Editorial Planeta. Stein, Peer; Randhawa, Bikki; Bilandzic, Nina. 2011. Toward Universal Access Addressing the Global Challenge of Financial Inclusion. Washington: International Finance Corporation. Yunus, Muhamad. 1998. Hacia un mundo sin pobreza. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello.

BENEFICIOS PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ECUATORIANAS POR LA DIVULGACIÓN DE LOS CRITERIOS ESG (Environmental, Social and GovernaNce) -Costo financiero y acceso a recursosSebastián Yépez Consultor Económico1 Introducción.

n décadas pasadas y particularmente después de la crisis económica global experimentada entre en 2007 y 2009, la academia prestó más atención a la responsabilidad social empresarial, a los modelos de negocio ambientalmente sostenibles y a la aplicación de normas de buen gobierno corporativo como una alternativa para mitigar futuras crisis. En este panorama, los criterios ESG por sus siglas en inglés (Environmental, Social and Governance) han logrado un importante espacio en el ámbito académico y en las finanzas corporativas (Alsayegh M.; Rahman R. y Homayoun S, 2020). Y ante la coyuntura, considero oportuno, analizar el

Consultor económico y financiero. Especializado en finanzas corporativas y/o

modelación económica y financiera.

impacto potencial por la aplicación de los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo - ESG por sus siglas en inglés, sobre las pequeñas y medianas empresas en el Ecuador. El objetivo principal es, contribuir con el actual problema de información incompleta entre potenciales inversionistas internacionales y demandantes de capital en el Ecuador. Se han emitido US$ 635 mil millones de deuda en el período 2017 - 2019 por parte de proyectos con un impacto ambiental comprobable (Climate Bonds Initiative, 2019). Entre Europa, China y Estados Unidos suman aproximadamente el 93% de los montos emitidos en proyectos basados en los criterios ESG. Mientras que las emisiones de América Latina apenas representan un 2% de las emisiones globales, la emisión de bonos verdes en América Latina todavía es lenta, pero hay un potencial de crecimiento significativo. A pesar de solo representar el 6% del PIB mundial, la región contribuye alrededor del 12% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (Climate Bonds Initiative, 2019). América Latina es una de las regiones más biodiversas, pero también vulnerables en lo que respecta al cambio climático, no sólo por su exposición directa a los riesgos climáticos, sino también por su alta sensibilidad a dichos riesgos y su capacidad de adaptación relativamente baja.

Para 2019 se invirtieron US$ 30 trillones en inversiones ESG, gran parte de estas se entregó a proyectos en Latinoamérica (Bloomberg, 2019). Por lo que el Ecuador tiene un alto potencial de acceder a estos recursos, pero la mayoría de pequeñas y medianas empresas desconocen la posibilidad de acceder a estas fuentes de financiamiento y que beneficios financieros en costos y plazos podrían obtener al alinderarse a los criterios ESG. Metodología La metodología que se plantea es, revisar el diferencial en el financiamiento en proyectos social y ambientalmente sostenibles en países latinoamericanos vs. el financiamiento convencional. Además, se analizarán las opciones de financiamiento que ofertan instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo para proyectos con estas características. Así se busca describir qué innovaciones y procesos se deben desarrollar en pequeñas y medianas empresas en el Ecuador y cuáles serían los beneficios potenciales de adoptarlas. Además, se analiza qué medidas alrededor de los criterios ESG se pueden aplicar para que las empresas del Ecuador se diferencien a un nivel social y ambiental. Se utilizan los balances presentados a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en el año 2019 para calcular un costo financiero promedio sobre los pasivos con entidades financieras y emisiones bursátiles de pequeñas y medianas empresas. Para la clasificación del tamaño de las empresas solo se tomará en cuenta la variable de ventas, analizando las empresas que mantengan un rango de ingresos de US$1.000 a US$4.000.000. Y se aproximará una posible tasa promedio interanual de financiamiento por alinearse a los criterios ESG. Hipótesis La hipótesis inicial plantea que los criterios ESG contribuirán al desarrollo e innovación de pequeñas y medianas empresas en el país, además de un diferenciador para que las empresas tengan acceso a mejores condiciones de financiamiento por parte de multilaterales, el mercado de capitales internacional e inversores interesados en fomentar el desarrollo sustentable. El alcance de la presente investigación es descriptivo puesto que no se cuenta con un grupo de control para

examinar un impacto en base a información histórica. Marco Teórico El concepto de ESG se utiliza en diferentes contextos y no tiene una definición específica (Basen, A.; Kovacs, A.M, 2008). Actualmente se están desarrollando propuestas que buscan estandarizar los criterios ESG con el objetivo de brindar a los inversionistas una guía para establecer y verificar que sus inversiones generen un impacto ambiental, social y de buen gobierno corporativo comprobable y cuantificable. De estos esfuerzos destaca el propuesto por el instituto CFA, el cual publicó en agosto 2020 “The CFA institute EGS discoure standars for investment products” donde se sugiere como clasificar y cuantificar el impacto de las inversiones bajo los criterios ESG (CFA, 2020). ESG se crea para fortalecer las prácticas de gestión en toda la economía, lo que genera confianza y fomenta la innovación en una economía de mercado. Las prácticas de divulgación de información ambientales incluyen medidas estructurales de la empresa combinadas en 3 dimensiones. Los indicadores relacionados con un sistema robusto y eficaz de gobierno corporativo (como la estructura de la junta de accionistas, los procedimientos de auditoría, los principios éticos y los derechos de los accionistas) dentro de una empresa individual, así como en todas sus políticas de salud y protección contra accidentes. Además, las empresas deben gestionar la cadena de suministro, la inversión comunitaria, las políticas laborales, de derechos humanos, y metodologías de conservación efectiva. La información relacionada a lo social - ambiental abarca desde las relaciones laborales hasta la responsabilidad del producto, como las emisiones de CO2, los desechos, la contaminación, monitoreo de los recursos naturales y la mejora del desempeño corporativo sostenible. El desempeño corporativo sostenible incluye el concepto de “Triple Bottom Line”, introducido por (Elkington, J., 1998) en el que las empresas incorporan los criterios ESG en su estrategia comercial, con el objetivo de proteger y sustentar la sociedad y el medio ambiente para las generaciones futuras y maximizar el objetivo de capitalización de mercado. Específicamente, para que una organización sea sostenible, debe ser financieramente segura para crear valor a largo plazo; debe ser capaz de reducir el impacto

en el medio ambiente a través de las innovaciones y actividades de sus productos; y, debe adoptar una estrategia para generar una ventaja competitiva, eso está en consonancia con las expectativas de la sociedad. (Nicolaescu, 2015) De acuerdo con la teoría de agencia / accionista desarrollada por (Jensen, M.C., 1976), los riesgos morales ocurren en presencia de asimetría de información, donde la gerencia (el agente) sabe más sobre la información de la empresa y decide ocultar o no conoce como presentar información relevante a los inversionistas (el principal). Sobre la base de la limitada información disponible, los inversores infravalorarán las empresas con buen rendimiento y sobrevalorarán las empresas con bajo rendimiento y, por tanto, el mercado no podrá asignar los recursos de forma óptima. Debido a la falta de un seguimiento adecuado del agente, los incentivos y las actividades de gestión a menudo se centran en las ganancias a corto plazo, que normalmente están vinculadas a la compensación de los ejecutivos en lugar del desempeño sostenible (a largo plazo) para los accionistas y otras partes interesadas. En el Ecuador el problema de la información imperfecta es significativo, ya que, al estar mayormente desconectado de los capitales extranjeros, las empresas desconocen que generar información alrededor de los criterios ESG les permitiría acceder a capitales interesados en el desarrollo y las finanzas sostenibles. Es un problema que se extiende por la mayoría de los países de América Latina en diferentes proporciones. Es también de importancia para los inversionistas puesto que buscan generar el mayor impacto en el desarrollo sostenible con sus inversiones y al no contar en la mayoría de los casos con la información y los mecanismos para invertir, omiten su inversión en países como Ecuador. Además, para lograr la maximización del desempeño de sostenibilidad empresarial (EEE) que es un criterio importante para equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, como lo argumenta la teoría de las partes interesadas (Freeman, R.E., 1984) y la teoría de la “maximización del valor ilustrada” (Jensen, M.C., 2001). Una empresa dedicada a actividades ESG mejorará su valor a largo plazo cumpliendo con sus obligaciones sociales, con sus responsabilidades medioambientales y mejorando su reputación (Rezaee, Z., 2016). La creación de valor corporativo se trata de crear políticas y prácticas que permitan a las empresas maximi-

zar su valor económico al mismo tiempo que resuelven los desafíos y necesidades sociales. Porter y Kramer identificaron tres formas en las que las empresas pueden crear valor: (1) reinventando productos y mercados; (2) redefinir la productividad en la cadena de valor, lo que incluye mejorar las prácticas para un uso más eficiente de materiales, recursos financieros y habilidades de los empleados; y, (3) intercambio de conocimientos y apoyo a través del desarrollo de agrupaciones locales. La divulgación de ESG proporciona a las empresas potenciales beneficios que pueden incluir la mejora de la transparencia, la motivación de los empleados, la mejora de la reputación y el valor de la marca, evitando problemas asociados con la reputación ambiental (Brammer, S., 2008). Por lo tanto, la divulgación de ESG puede reducir la asimetría de información y evitar selecciones adversas como resultado de que una de las partes de una transacción potencial no cuente con los criterios correctos para presentar su información, ocasionando que quede fuera de la licitación y logrando una asignación ineficiente de recursos; puesto que los inversionistas dejan afuera opciones que no permiten maximizar su impacto social y ambiental. Como se destaca en (An, Y.; Davey, H.; Eggleton, I.R., 2011), la divulgación de ESG reconoce tres consecuencias de un alto grado de transparencia y difusión de los mismos: (1) reducir la asimetría de información entre la dirección de la empresa y los usuarios externos de la información de la empresa, como los inversores y otras partes interesadas; (2) señalar la legitimidad y la excelencia de la organización ( o calidad superior) a la sociedad; y, (3) el aumento de la percepción de la responsabilidad de la empresa en varios usuarios externos de la información de la empresa, como los inversores y otras partes interesadas. En general, estas teorías están relacionadas y se apoyan entre sí para explicar la relación entre las prácticas de divulgación de información ESG y el desempeño de sostenibilidad corporativa (EES). Resultados Las tasas de interés para financiamiento del Ecuador en el segmento corporativo – empresarial son mayores al promedio de Latinoamérica (Asobanca, 2019). Si ana-

lizamos las tasas de interés referenciales por segmento de crédito publicadas por el BCE con corte a diciembre 2019 en los segmentos corporativos empresarial como se detalla en el siguiente gráfico, se nota que en todos los casos el costo de financiamiento referencial sobrepasa el 9%. Cuadro 1: Tasa efectiva referencial por segmento de crédito

Tasa Activa Efectiva Referencial para el segmento:

% anual diciembre 2019

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros Balances 2019 / Elaboración: Autor

Productivo Corporativo

Productivo Empresarial

Productivo PYMES

11%

Productivo Agrícola y Ganadero

Comercial Ordinario

Comercial Prioritario Corporativo

Comercial Prioritario Empresarial

10%

Comercial Prioritario PYMES

11%

Fuente: Banco Central del Ecuador

Usando la base de datos de los balances de todas las empresas de la economía en 2019, reportados a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, filtrando las empresas consideradas como PYMES por ventas menores a 4 millones de dólares y calculando la relación del costo financiero contra las obligaciones de corto y mediano plazo. Se calcula una tasa promedio de financiamiento de 10,59%. En el siguiente gráfico se detalla el costo de financiamiento de los segmentos de mayores ventas agregadas con las mismas consideraciones ya detalladas. Gráfico 1: Costo de financiamiento mensual calculado en base a los balances 2019 – principales sectores PYMES

Uno de los beneficios de aplicar los criterios ESG en los modelos empresariales es tener acceso a fuentes de financiamiento menos costosas y con plazos más favorables (FMI, 2017). Al analizar los diferenciales entre el costo de financiamiento convencional y el financiamiento a empresas alineadas a los criterios ESG en países latinoamericanos, se obtuvo que en promedio acceden a un financiamiento con una tasa menor en 2,2 puntos porcentuales. Cuadro 1: Tasa efectiva referencial por segmento de crédito TEA promedio para proyectos verdes

Paises

TEA promedio ponderada para PYMES

Brazil

Chile

3,50%

Colombia

6,05%

México

6,05%

Panamá

6,80%

Perú

6,75%

Fuente: BID – ALAFEC/ Elaboración: Autor

Estos resultados encuentran relación con estimaciones de la Bolsa de Valores de Quito que muestran que las tasas de interés de Bonos Verdes que pudiera ofrecer el emisor tienen un costo financiero menor entre 1 y 2 puntos porcentuales. Una disminución de 2 puntos porcentuales en la tasa promedio de financiamiento significaría un ahorro promedio de US$ 81 millones anuales para el sector de las PYMES ayudando al desarrollo de

más de 10 mil empresas. La evaluación de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo está vinculado con aspectos éticos, de estabilidad y de retorno económico para maximizar tanto el impacto y el rendimiento de los fondos colocados por los inversionistas. En 2019, el volumen de inversión extranjera en América Latina ascendió a 165 mil millones de dólares, aunque el interés de inversionistas va disminuyendo durante los últimos 15 años, por lo cual difundir y aplicar los criterios ESG podrían representar una oportunidad para acceder a crecientes capitales interesados en el desarrollo sostenible. Sugerencias para futuras investigaciones La investigación actual se limitó a un estudio descriptivo, sin poder medir impactos potenciales y reales por la divulgación y aplicación de los criterios ESG por sus siglas en ingles de las pequeñas y medias empresas en el Ecuador. La principal limitante es la data inexistente de responsabilidad e impacto ambiental por lo que se abre un espectro de futuras investigaciones con análisis de casos y experimentos controlados para llegar a un impacto cuantificable en el desempeño económico al aplicar los criterios ESG. Investigaciones con resultados correlacionales y causales ya se han llevado a cabo en Europa y Asia al contar con información de indicadores sociales y ambientales de extensos sectores empresariales. Encontrando una clara relación entre el desempeño económico y la responsabilidad ambiental – social. Conclusiones A nivel teórico se están llevando a cabo avances en el establecimiento de principios homologados de los criterios ESG y la manera de aplicarlos en el modelo empresarial y financiero. Los resultados expuestos a nivel descriptivo en la presente investigación sugieren que pequeñas y medianas empresas pueden acceder a mejores plazos y costos de financiamiento además de otros beneficios al aplicar y presentar información de su impacto social ambiental, lo que podría derivarse en mayor atracción de capitales extranjeros. Políticas públicas y privadas que motiven la aplicación de los criterios ESG en el sector corporativo ecuatoriano es una estrategia resiliente ante los desafíos de la economía post Covid, estrategia que está aplicando el

Banco Central Europeo. Bibliografía Alsayegh M.; Rahman R. y Homayoun S. (2020). Corporate Economic, Environmental, and Social Sustainability Performance Transformation through ESG Disclosure Bloomberg

página

web:

https://www.bloomberg.com/news/newslet-

ters/2019-12-16/5-things-to-start-your-day Climate Bonds Initiative (2019). América Latina y el Caribe - Estado del mercado de las finanzas verdes FMI (2017). Informe finanzas verde Latinoamérica. ALAFEC. Alternativas de financiamiento para PYMES Latinoamérica Basen, A.; Kovacs, A.M (2008). Environment. Social and Governance Key Performance-Indicators from a Capital Market Perspective. Z. Wirtsch. Und Unternehm J. Bus. CFA (2020). The CFA institute EGS discoure standard for investment products Elkington, J. Cannibals with Forks (1998). The Triple Bottom Line of the 21st Century; New Society Publishers: Stoney Creek, CT, USA. Nicolaescu, E.; Alpopi, C.; Zaharia, C. Measuring (2015). Corporate Sustainability Performance. Sustainability. Jensen, M.C.; Meckling, W.H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Freeman, R.E. (1984) Strategic Management: A Stakeholder Perspective; Prentice-Hall: Upper Saddle River, NJ, USA. Jensen, M.C. (2001). Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function. J. Appl. Corp. Rezaee, Z. (2016). Business sustainability research: A theoretical and integrated perspective. J. Account. Porter, M.E.; Kramer, M.R. (2011). Creating Shared Value; Harvard Business Review 89; January–February Issue; FSG. Brammer, S.; Pavelin, S. (2008). Factors Influencing the quality of corporate environment disclosure. Bus. Strategy An, Y.; Davey, H.; Eggleton, I.R. (2011). Towards a comprehensive theoretical framework for voluntary IC disclosure. Asociación de Banco Privados del Ecuador (2019). Informe técnico de tasas de interés.

Responsabilidad de las Instituciones Financieras (EFI) del Ecuador frente a los procedimientos de debida diligencia para determinar la residencia fiscal de sus titulares de cuenta

Mercedes A. Recalde Garzón l intercambio de información automático internacional es un reto que deben cumplir los países que quieran colaborar con la transparencia fiscal y se hayan comprometido con la comunidad internacional para cooperar con estándares y buenas prácticas para luchar contra la evasión fiscal y la opacidad de flujos ilícitos.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE desarrolló en el año 2014, el Estándar Común de Reporte conocido como CRS por sus siglas en inglés Common Reporting Standard1, en el que constan los principales lineamientos, jurídicos, procedimentales y técnicos para que las jurisdicciones apliquen estándares internacionales y puedan realizar este intercambio como un instrumento para la Cooperación Internacional entre Administraciones Tributarias. El Ecuador en abril del año 2017 se adhirió al Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información

OCDE,

ting-standard/

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-repor-

con Fines Fiscales en el marco de la OCDE y se comprometió a cumplir estándares para el intercambio de información automático e intercambio previa petición, instrumentos promovidos por este organismo para la lucha contra la evasión fiscal internacional. En diciembre del año 2017 mediante la Disposición General Primera de la “Ley Orgánica para la reactivación de la economía, fortalecimiento de la dolarización y modernización de la gestión financiera” se norma que los órganos de regulación y control deben emitir normativa secundaria “para la implementación de las acciones o cumplimiento de las exigencias derivadas de la adhesión del Ecuador al “Foro Global Sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales”, especialmente respecto de la aplicación de normas y procedimientos de comunicación de información y debida diligencia, aceptadas internacionalmente” En agosto de 2018 mediante reforma a la mencionada ley se establece una multa de 250 remuneraciones básicas unificadas al “incumplimiento del deber de comunicación de información, respecto a cuentas financieras de no residentes y sus respectivas investigaciones para la transparencia fiscal internacional (...)” En agosto de 2019 el Ecuador ratifica la Convención

de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal2, un instrumento internacional que permite entre otras formas de cooperación internacional el intercambio de información entre administraciones tributarias. En cumplimiento a la ley emitida, el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria emitieron normativa secundaria para el cumplimiento de estos estándares de cumplimiento obligatorio para sus controlados3. Uno de los temas más relevantes en estas normativas y que ha sido de atención de las EFIs Ecuatorianas (Instituciones de Depósitos: Bancos, Cooperativas, Instituciones de inversión: Administradoras de Fondos, Fideicomisos, Instituciones de seguro: compañías de seguros específicos, e Instituciones de custodia: depósitos centralizados - Casa de Valores , entre otros), considerados como sujetos obligados y en general de las jurisdicciones participantes, ha sido el cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia para determinar la residencia fiscal de sus cuentahabientes tanto de persona naturales y sociedades, como de las personas que ejercen el control (beneficiario final) de las entidades no financieras pasivas (ENF Pasiva)4.

Ratificado mediante Decreto Ejecutivo No. 855, publicado en el Registro Oficial

No. 21 del 20 de agosto de 2019. 3

Servicio de Rentas Internas (2019) Resolución No. NAC-DGERCGC19-00000045,

publicada en el Registro Oficial No. el 1 de octubre de 2019; (https://www.sri.gob. ec/web/guest/doc-gaceta-tributaria) Superintendencia de Bancos y Seguros (2020) Resolución No. SB-2020-090, el 14 de enero de 2020; (https: //www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2020/01/resol_SB-2020-090.pdf) Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2020) Resolución No. SEPSIGT-INGINT-INR-IGJ-2020-0152 el 12 de mayo de 2020 (https://www.seps.gob. ec/documents/20181/25522/SEPS-IGT-INGINT-INR-IGJ-2020-0152.pdf/44e21db53dcf-483f-a15f-94a31b75e700) 4

Entidad No Financiera Pasiva (ENF Pasiva): Según lo establece Estándar Co-

mún de Reporte es: • Una Entidad No Financiera que no es una Entidad no Financiera Activa, o

Nos preguntamos entonces, que es “Debida Diligencia”, y muchas veces la asociamos con la Debida Diligencia o la “Due Diligence”, que se realiza en prevención de lavado de activos, en fusiones empresariales y también en el campo de derechos humanos, ya que la primera vez que aparece este concepto en español formalmente, es en el enunciado número 15 de los principios rectores de las Naciones Unidas5 que nos indica: “Para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas deben contar con políticas y procedimientos (…) incluyendo (…) b) Un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los derechos humanos” En el Ecuador este concepto aparece con la prevención de lavado de activos la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros nos indica en sus normativa: “La debida diligencia se refiere al conjunto de acciones que el sujeto obligado debe desarrollar, de la manera más eficiente y diligente posible para conocer adecuadamente a los clientes, reforzando el conocimiento de aquellos que por su actividad o condición sean sensibles al lavado de activos o al financiamiento del terrorismo y otros delitos y, en general, para cumplir con todas y cada una de las obligaciones establecidas en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, en su Reglamento General, en las presentes normas, en el Manual para la Prevención, en el Código de Ética y en sus propias disposiciones internas. Los procedimientos de debida diligencia permiten al sujeto obligado anticipar con relativa certeza los tipos de transacciones que realizarán sus clientes y determinar aquellas que sean inusuales. Los procedimientos de debida diligencia deben aplicarse de acuerdo al riesgo que represente cada cliente, según el perfil asignado por el sujeto obligado. Si el cliente representa mayores riesgos, los procedimientos

• Una Entidad de Inversión, que no sea una Institución Financiera de una Jurisdicción Participante. Entidad No Financiera Activa (ENF Activa): La expresión «ENF Activa» significa toda Entidad No Finaciera que cumpla con cualquiera de los cinco criterios

precedente u otro período de reporte apropiado son activos que generan o son

citados en la página 63 del Estándar Común de Reporte (3), entre los cuales

mantenidos para la generación de ingresos pasivos; (…)

están que “menos del 50% del ingresos brutos de la ENF correspondiente al

año civil precedente u otro período de reporte apropiado son ingresos pasivos,

presas y los Derechos Humanos, Naciones Unidas Derechos Humanos oficina

y menos del 50% de los activos mantenidos por la ENF durante el año civil

Alto comisionado Ginebra y Nueva York.

Organización de las Naciones Unidas (2011) Principios Rectores sobre las Em-

de control deberán ser mayores”6. Este último concepto es el procedimiento que deben ejecutar las entidades financieras en el campo de prevención de lavado de activos, con el fin de realizar los controles y reportes a los entes de control. Ahora que es la Debida Diligencia para determinar la Residencia Fiscal y determinar las cuentas y persona reportables en la normativa CRS, y aquí definimos tomando de base lo que consta en el Estándar Común de Reporte7: “(…) una categoría consolidada de procedimientos de debida diligencia por el que se puedan regir las EFIs para identificar las cuentas reportables, y obtener los datos de identificación de los titulares de dichas cuen-

Superintendencia de Compañías Valores y Seguros (2012) RESOLUCIÓN No.

SG.DSC.G.12.010 del 19 de junio de 2012 7

OCDE (2017), Estándar para el intercambio automático de información sobre

cuentas financieras, Segunda edición, Éditions OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264268074-es

tas que existe obligación de reportar. Los procedimientos de debida diligencia resultan esenciales en la medida en que contribuyen a garantizar la calidad de la información reportada e intercambiada. Ciertamente, el hecho de que la jurisdicción receptora retroalimente a la jurisdicción remitente acerca de eventuales errores en la información recibida puede representar también un aspecto importante de todo modelo eficaz de intercambio automático. Dicha retroalimentación puede adoptar la forma de un intercambio espontáneo de información, otro aspecto en sí mismo importante de la cooperación entre administraciones tributarias.” Entonces diremos que la debida diligencia para determinar la residencia fiscal, personas y cuentas reportables, serán el conjunto de pasos que debemos seguir para que la información intercambiada entre jurisdicciones sea de calidad y eficaz. Dentro de estos procedimientos están diferenciados los que se debe seguir para cada tipo de cuenta. Entonces tenemos la primera clasificación: “cuentas nuevas” y “cuentas prexistentes”, y la segunda clasificación, que nos ayuda a establecer a quienes se deben realizar procedimientos reforzados, “cuentas prexistentes de alto

valor de personas naturales” y “cuentas prexistentes de bajo valor de personas naturales”. La Resolución SRI-NAC-DGERCGC19-000000458 emitida por el Servicio de Rentas Internas el 1 de octubre de 2019 indica como concepto de cuentas nuevas, a aquellas que hayan sido abiertas a partir del 1 de octubre de 2019 y el principal procedimiento de debida diligencia que se debe aplicar, es conseguir de todos los nuevos titulares de cuenta, una auto certificación, que es un documento en donde la persona declara la información referente a residencia fiscal, sus datos principales como son fecha de nacimiento, país de residencia fiscal, número de identificación fiscal, dirección de residencia fiscal, lugar de emisión del número de identificación fiscal, nacionalidad entre otros. La misma resolución indica que son cuentas prexistentes las cuentas abiertas hasta la fecha indicada, es decir las que su apertura se haya realizado antes del 1 de octubre de 2019. Así mismo indica que son cuentas prexistentes de alto valor de persona naturales las que tengan de un monto igual o mayor a US$ 1.000.000 y cuentas prexistentes de bajo valor de personas naturales las que son menores a ese monto. Para el caso de sociedades las cuentas prexistentes son las cuentas que sean mayores US$ 250.000. En cada uno de esos segmentos el estándar detalla los pasos que se deben seguir para cumplir los procedimientos de debida diligencia, que van desde buscar la información e indicios de residencia fiscal en archivos electrónicos, archivos físicos, e incluso consultar en bases públicas, además de consultas al asesor financiero y

también contrastar la información con documentación de “Conozca su Cliente” (KYC, “know your client”) que deben constar en los expedientes de las entidades financieras, para la prevención de lavado de activos. Los responsables de levantar esta información deben seguir estos pasos con el fin de que la información remitida sea veraz, confiable y completa para la Administración Tributaria y esta a su vez la remita a las otras Administraciones Tributarias participantes. ¿Y cuál es la importancia de que sea así? En caso de que esta información no sea levantada con la seguridad necesaria, las entidades financieras (EFIs) podrían tener sanciones estipuladas en la disposición general primera de “Ley orgánica para la reactivación de la economía, fortalecimiento de la dolarización y modernización de la gestión financiera” que como se indicó en el inicio, establece una multa de 250 remuneraciones básicas unificadas, es decir para el año 2020 son US$ 100.000 Adicionalmente debido a que le información va a ser enviada por la Administración Tributaria hacia otras jurisdicciones, el entregarla con errores podría generar problemas a nivel de país, al incumplir los acuerdos internacionales firmados con esas jurisdicciones, de ahí la importancia de cumplir cabalmente lo establecido por la normativa nacional e internacional. Es importante que todos los participantes de este proceso de las jurisdicciones participantes, desde los titulares de cuenta, los partícipes de las EFIs y las Administraciones Tributarias pongan su grano de arena en pro de la transparencia fiscal internacional, ya que es un trabajo en equipo y de país que está formado por muchos actores nacionales e internacionales. Bibliografía

Servicio de Rentas Internas (2019) Resolución No. NAC-DGERCGC19-00000045,

publicada en el Registro Oficial No. el 1 de octubre de 2019; (https://www.sri.gob.

OCDE (s.f). Automatic Exchange common reporting (CRS). Extraído de ht-

ec/web/guest/doc-gaceta-tributaria)

tps://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/

Superintendencia de Bancos y Seguros (2020) Resolución No. SB-2020-090, el

OCDE (2017), Estándar para el intercambio automático de información sobre

14 de enero de 2020;

cuentas financieras, Segunda edición, Editions OCDE, Paris. http://dx.doi.

(https: //www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/down-

org/10.1787/9789264268074-es

loads/2020/01/resol_SB-2020-090.pdf)

Organización de las Naciones Unidas (2011) Principios Rectores sobre las Em-

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2020) Resolución No. SEPS-

presas y los Derechos Humanos, Naciones Unidas Derechos Humanos oficina

IGT-INGINT-INR-IGJ-2020-0152 el 12 de mayo de 2020 (https://www.seps.gob.

Alto comisionado Ginebra y Nueva York.

ec/documents/20181/25522/SEPS-IGT-INGINT-INR-IGJ-2020-0152.pdf/44e21db53dcf-483f-a15f-94a31b75e700)

Experiencia de resolución de la FDIC: Un enfoque en el reembolso 1,2 de depósitos 1

Este artículo es una compilación de las publicaciones de FDIC. Para más información sobre las resoluciones de reembolso de depósitos, ver Capítulo 4 del Manual de Re-

soluciones del FDIC, disponible en https://www.fdic.gov/bank/historical/reshandbook/resolutions-handbook.pdf#page=22. 2

El contenido del presente artículo fue presentado por los representantes de FDIC en el Webinar sobre el Principio Básico No.15: Reembolso a Depositantes, organizado por

la COSEDE, la IADI y el Comité Regional para América Latina el 31 de Julio de 2020.

a Corporación Federal del Seguro de Depósitos de Estados Unidos – Federal Deposit Insurance Corporation - (FDIC) resuelve los problemas de los bancos en quiebra a través de una variedad de métodos, el más utilizado es la transacción de “Compra y Asunción (aceptación)” (Purchase and Assumption (take over) - P&A).

banco agente. En el caso de un reclamo de fondos no asegurados (por parte de depositantes y acreedores generales), el depositante recibe un Certificado de Beneficiario (Receiver’s Certificate - RC) por el monto de los fondos no asegurados y sólo recibe valor en la medida en que el administrador pague dividendos de dicha liquidación.

De las casi 500 quiebras que se produjeron durante la reciente crisis bancaria, la cual duró desde 2008 hasta 2013, aproximadamente el 95% de las entidades financieras se resolvieron con algún tipo de transacción de compra y asunción. No obstante, existen ocasiones en la que la transacción de compra y asunción no es el método menos costoso para resolver un banco en quiebra. Cuando la FDIC no puede encontrar una contraparte para comprar un banco insolvente en condiciones aceptables, puede utilizar la herramienta de pago de depósitos para garantizar el reembolso rápido de los depósitos asegurados a los clientes del banco.

Los tres mecanismos más comunes de un pago de depósito son un pago directo, una transferencia de depósito asegurado (IDT,) y un pago efectuado mediante el uso de un Banco Nacional de Seguro de Depósitos (DINB).

A continuación se ofrece información adicional sobre los pagos de depósitos. Pagos de depósitos (Payout) El pago de depósitos es un método de resolución utilizado cuando la FDIC no recibe ofertas o recibe ofertas más costosas que la liquidación del banco en quiebra. En el caso de un pago, la FDIC debe pagar a los depositantes del banco insolvente la cantidad de sus depósitos asegurados, ya sea directamente o a través de un

Pago de depósito directo El pago de depósitos (Payout) es un método de resolución utilizado cuando se determina que la liquidación del banco de esta forma seria la menos costosa. En un pago de depósito directo, la FDIC determina el monto de los depósitos asegurados de los clientes y paga ese monto directamente a cada depositante enviándole un cheque. Típicamente, los cheques se envían por correo al siguiente día hábil después del cierre. La FDIC, como administrador, retiene todos los activos y otros pasivos, y asume la responsabilidad y el costo de la liquidación de los activos. Transferencia de Depósito Asegurado (Insured Deposit Transfer - IDT) Una IDT es un mecanismo de pago de depósitos en

la que los depósitos asegurados y garantizados de un banco insolvente se transfieren a una institución de transferencia o agente de pago en la comunidad, permitiendo un pago directo de los depositantes del banco insolvente. Normalmente, la FDIC puede transferir los depósitos asegurados a la institución agente dentro de un día hábil después del cierre. Las principales ventajas de un IDT son dos: transferencia a las cuentas de los clientes sin interrumpir los rubros en tránsito; y, permite a los clientes acceder a sus fondos inmediatamente, en lugar de esperar a que lleguen los cheques a su domicilio. En una IDT, la institución agente paga a los clientes del banco insolvente el importe de sus depósitos asegurados o, a petición del cliente, abre una nueva cuenta en la institución agente para el cliente. Aunque rara vez se utiliza, cuando no se puede encontrar una institución de adquisición para un banco insolvente, una IDT es una alternativa al pago de un depósito directo. De conformidad con el acuerdo con la institución agente, puede apoyar la función de pago en cualquier momento desde una semana hasta 18 meses después.

Banco Nacional de Seguros de Depósitos (Deposit Insurance National Bank - DINB) Un DINB es un banco con vida jurídica y poderes limitados, constituido sin ninguna capitalización (Patrimonio). Para proteger a los depositantes, la FDIC puede utilizar un DINB para garantizar que los depositantes, en particular los de zonas geográficas con servicios bancarios insuficientes, tengan acceso continuo a sus fondos asegurados y tiempo para abrir cuentas en otras instituciones aseguradas, cuando ningún otro banco haya aceptado asumir los depósitos asegurados. La Ley Federal de Seguro de Depósitos permite a la FDIC operar un DINB individual durante un máximo de dos años; sin embargo, la mayoría de los DINB recientes sólo han operado durante 30 días. La autoridad competente cierra un banco en quiebra, designa a la FDIC como administrador y la FDIC utiliza (con la aprobación de la autoridad competente) un DINB que permanecerá abierto durante un período limitado para dar acceso a los depositantes a sus depósitos asegurados. Todos

los activos no relacionados con el efectivo y los pasivos no relacionados con los depósitos del banco en quiebra permanecen en la administración judicial de la liquidación manejada por el FDIC. El objetivo de un DINB es dar tiempo a los titulares de las cuentas para transferir sin interrupción sus relaciones y servicios bancarios, lo que puede incluir la transferencia de depósitos directos y pagos automatizados, a otras instituciones financieras. Al utilizar un DINB en lugar de realizar un pago directo, los clientes tienen tiempo para transferir sus cuentas, lo que es menos perturbador y más ordenado para la comunidad local. Consideraciones operacionales que aseguran un reembolso rápido El proceso de asegurar que todos los depositantes reciban sus depósitos lo más rápido posible se ha desarrollado a lo largo de varias décadas de experiencia en la resolución de bancos financieros. En todas las transacciones, la FDIC determina (cálcula) el valor del seguro para cada depositante del banco. Con el pago de depósito (Payout), una vez que esta determinación se completa, la FDIC se comunica con los depositantes asegurados y no asegurados para ayudarles a entender lo que ha sucedido y para identificar las medidas que deben tomar. Los depositantes asegurados reciben un cheque por sus depósitos asegurados o instrucciones sobre cómo acceder a sus depósitos si han sido transferidos a un IDT o DINB. Los clientes con depósitos que superan el límite del seguro reciben un certificado de beneficiario (Receivership Certificate) por el importe de sus fondos no asegurados. Cuando la FDIC vende los activos del banco fallido, los depositantes no asegurados reciben un pago prorrateado contra el certificado de beneficiario. Antes de la quiebra y durante el proceso de resolución propiamente dicho, la FDIC se centra en tres fases operativas principales: Pre-Cierre, Cierre y Post-Cierre. Fase de Pre-Cierre Las actividades más importantes que lleva a cabo la FDIC durante la fase previa al cierre son la obtención de datos actualizados sobre los depósitos del banco, la determinación inicial del monto del seguro y la creación de un plan estratégico para la resolución, que en el caso de un pago incluiría la determinación

de si se debe hacer un pago directo, o utilizar un banco agente o un DINB. En colaboración con los organismos reguladores y los administradores de los sistemas informáticos del banco, la FDIC recopila los datos de las cuentas de depósito que le ayudan a determinar si los depositantes están total o parcialmente cubiertos por el seguro. Una vez que los datos se cargan en los sistemas de la FDIC, se comprueban y se vuelven a comprobar para asegurar que todas las determinaciones del seguro se calcularon correctamente. Fase de cierre En la fase de cierre, la FDIC finaliza y hace los ajustes necesarios para la determinación del seguro de depósito. Por ejemplo, después de que la FDIC recibe la descarga inicial de datos, los depositantes y los clientes del banco continúan haciendo transacciones. Los saldos de las cuentas de los depositantes pueden cambiar diariamente desde el momento en que la FDIC recibe los datos iniciales (normalmente alrededor de dos meses antes del cierre del banco) hasta el momento en que el banco quiebra. La noche del cierre, el equipo de tecnologías de la información (TI) actualiza y concilia todos los datos para asegurarse de que se registren los montos adecuados en los libros del banco insolvente. Una vez que las determinaciones del seguro se han finalizado, la FDIC envía por correo los pagos, o transfiere los depósitos asegurados a una institución adquirente, una institución agente o un DINB. La comunicación es esencial para el pago ordenado de los depósitos asegurados y la estabilidad del sector financiero. La notificación de la quiebra de un banco se publica en el periódico local donde se encuentran las sucursales y en el sitio web de la FDIC. La FDIC también crea avisos legales que se envían a cada depositante explicando el proceso de resolución y lo que los depositantes pueden esperar de la FDIC, incluyendo cómo reclamar su depósito asegurado. Al finalizar esta fase, la FDIC elabora una declaración de estado final (Balance) que representa los saldos comprobados de todos los activos y pasivos del banco insolvente, a partir de la fecha de cierre. Esto también sirve como las partidas de apertura para la institución asumida y el FDIC como receptor.

Fase posterior al cierre En la fase posterior al cierre, para los pagos de depósitos, se envía por correo un estado de cuenta final al depositante. Esto permite al depositante reconciliar la cuenta con cualquier transacción que no se haya liquidado a la noche del cierre. Si el depositante no está de acuerdo con el monto del cheque, puede recurrir a un agente de reclamos del FDIC o apelar la decisión. A medida que los depositantes reciben sus fondos, la FDIC trabaja con ellos para asegurarse de que todas sus preguntas sean respondidas. Los representantes de reclamos se reúnen con los depositantes, contactan a aquellos con fondos no asegurados y revisan la determinación del seguro con los depositantes. También buscan documentación adicional de los depositantes si éstos consideran que se les debe más dinero, o si su determinación de seguro no tuvo en cuenta detalles adicionales. En el caso de un pago en el que la FDIC no pueda distribuir los depósitos asegurado por el seguro tras la quiebra del banco (esto podría ocurrir porque los registros del banco no tienen la dirección o la información de identificación correcta del cliente), el depositante tiene 18 meses para reclamar su(s) depósito(s) a la FDIC. En el caso de que se utilice un banco agente para efectuar un pago, el depositante tendría que abrir una nueva cuenta en el banco agente o hacer un retiro completo de los fondos. En el caso de un pago en el que la FDIC emite un cheque, el depositante necesitaría cobrar el cheque para reclamar el depósito. Para los depósitos que no son reclamados, los fondos se transfieren al estado de residencia del depositante por un período de 10 años. Si no hay un estado de residencia archivado en el banco fallido, entonces los fondos se envían al estado donde está ubicado el banco. Si el depositante no reclama el depósito o depósitos al estado después de 10 años, los fondos se devuelven a la FDIC y el depositante queda excluido de recibir los fondos. Nuevos desarrollos La FDIC está trabajando para mejorar la forma en que se manejan los pagos de los depósitos, mejorando la capacidad de la FDIC para aumentar rápidamente durante las crisis. Por ejemplo, la FDIC está explorando el uso de chatbots (software de inteligencia artificial que puede simular una conversación) para responder a las preguntas de los depositantes durante los pagos, enviando a los depositantes sus montos cubiertos a través

de pagos digitales en lugar de cheques, y contactando a los depositantes electrónicamente en lugar de cara a cara o por teléfono. Los chatbots tienen la capacidad única de ampliarse o reducirse, independientemente del perfil y el número de depositantes del banco. Los bots estarían preprogramados para responder a la mayoría de las preguntas básicas que un depositante tendría. Los bots también podrían dirigir a los clientes al representante de reclamos a cargo del banco fallido en particular. Los bots pueden responder a las preguntas a cualquier hora del día, pueden ser desplegados en cada cierre de banco, y pueden ser activados indefinidamente para responder a las preguntas mucho después de que el banco haya cerrado, aliviando la necesidad de entrenar al personal para un Centro de Llamadas. Los bots también pueden ser escalados para responder a miles de preguntas de los depositantes simultáneamente. Los pagos digitales proporcionan a los depositantes y a la FDIC más flexibilidad al realizar los pagos de los depósitos. La capacidad de pagar los fondos de los depositantes de forma rápida y segura a través de varios métodos ayudará a la FDIC a mantener la estabilidad y la confianza del público en el sistema financiero de la nación. Conclusión Las crisis financieras pasadas le han enseñado a la FDIC mucho sobre la mejor manera de resolver un banco en quiebra, cumpliendo con sus obligaciones hacia los depositantes asegurados y ayuda a mantener la estabilidad del sistema bancario. Los métodos para resolver bancos en quiebra han evolucionado a lo largo de los años debido a los cambios económicos y a los mandatos legislativos. En su fundación, la FDIC sólo podía establecer un DINB para realizar un pago. La legislación posterior amplió la autoridad de la FDIC para realizar un pago directamente o a través de una institución agente, así como para darle las herramientas para realizar una P&A. Aunque los P&A se han convertido en el método de resolución más utilizado, el pago sigue siendo un método importante para la FDIC a la hora de resolver un banco en quiebra. Referencias Bibliográficas Federal Deposit Insurance Corporation [FDIC] (2019). Resolution Handbook. Available at https://www.fdic.gov/bank/historical/reshandbook/resolutions-handbook.pdf#page=22

FDIC Resolution Experience: 1,2 A Focus on Deposit Payouts 1

This article was compiled from FDIC publications. For more information on deposit payouts, see Chapter 4 of the Resolutions Handbook, which is available at https://www.

fdic.gov/bank/historical/reshandbook/resolutions-handbook.pdf#page=22. 2

The content of this article was presented by FDIC representatives at the Webinar on Core Principle No.15: Depositor Reimbursement, organized by COSEDE, IADI and the

Latin American Regional Committee on July 31, 2020.

he FDIC resolves failed banks through a variety of methods, the most common of which is the Purchase and Assumption (P&A) transaction. Of the almost 500 failures during the recent banking crisis, which lasted from 2008 through 2013, approximately 95 percent were resolved with some form of a P&A transaction. Nevertheless, there are times when a P&A transaction is not the least-costly means of resolving a failed bank. When the FDIC cannot find a counterparty to purchase a failed bank under acceptable terms, it may use a deposit payout transaction to ensure prompt reimbursement of insured deposits to bank customers. Following is additional information about deposit payouts. Deposit Payouts A deposit payout is a resolution method used when the FDIC receives no bids or receives bids that are more costly than liquidating the failing bank. In the case of a payout, the FDIC must pay depositors of the failed bank the amount of their insured deposits either directly or through an agent bank. In the event of a claim for uninsured funds (by depositors and general creditors), the depositor/obligor receives a Receiver’s Certificate (RC) for the amount of the uninsured funds and only receives value to the extent that dividends are paid by the Receiver. The three most common versions of a deposit payout are a straight deposit payout, an insured deposit transfer (IDT), and a payout effected through the use of a Deposit Insurance National Bank (DINB).

Straight Deposit Payout A deposit payout is a resolution method used when the liquidation, closing, or winding down of affairs of a failed bank is determined to be the least costly resolution. In a straight deposit payout, the FDIC determines the amount of customers’ insured deposits and pays that amount directly to each depositor by mailing a check to them. Typically, checks are mailed the next business day after the closing. The FDIC, as receiver, retains all assets and other liabilities, and the FDIC receivership bears the responsibility and cost of liquidating the assets. Insured Deposit Transfer (IDT) An IDT is a version of deposit payout in which the insured and secured deposits of a failed bank are transferred to a transferee or agent institution in the community, permitting a direct payout of the failed bank’s depositors by the agent institution. Typically, the FDIC can transfer the insured deposits to the agent institution within one business day after the closing. The primary advantages of an IDT are twofold: customer accounts transfer without disrupting items in transit, and the IDT allows customers to access their funds immediately, instead of having to wait for checks to arrive. In an IDT, the agent institution pays customers of the failed bank the amount of their insured deposits or, at the customer’s request, opens a new account in the agent institution for the customer. Though rarely used, when an acquiring institution cannot be found for a failed bank, an IDT is an alternative to a straight deposit payout. In accordance with the agreement with the agent institution, it could support the payout function anywhere from one week up to 18 months.

Deposit Insurance National Bank (DINB) A DINB is a bank of limited life and powers chartered without any capitalization. To protect depositors, the FDIC may utilize a DINB to ensure that insured depositors, particularly those in underserved areas, have continued access to their insured funds and time to open accounts at other insured institutions, when no other bank has agreed to assume the insured deposits. The Federal Deposit Insurance Act enables the FDIC to operate an individual DINB for up to two years; however, the majority of recent DINBs have operated for only 30 days. The chartering authority closes a failing bank, appoints the FDIC as receiver, and the FDIC uses (with approval of the chartering authority) a DINB that will remain open for a limited period to give depositors access to their insured deposits. All noncash-related assets and non-deposit liabilities of the failing bank remain in receivership. The goal of a DINB is to provide time for account holders to transfer their banking relationships uninterrupted, which may include transferring direct deposits and automated payments, to other financial institutions. By using a DINB rather than conducting a straight payout, customers have time to transfer their accounts, which is less disruptive and more orderly for the local community. Operational Considerations that Ensure Prompt Reimbursement The process of ensuring that all insured depositors receive their deposits as fast as possible has been developed over several decades of experience in resolving financial banks. In all transactions, the FDIC makes an insurance determination for each depositor at the bank. With a payout, once this determination is complete, the FDIC communicates with insured and uninsured depositors to help them understand what happened and to identify actions they need to take. Insured depositors either receive a check for their insured deposits or instructions about how to access their deposits if they have been transferred to an IDT or DINB. Customers with deposits that exceed the insurance limit are issued a receivership certificate for the amount of their uninsured funds. As the FDIC sells the assets of the failed bank, uninsured depositors receive a pro rata payment against the receivership certificate.

Leading up to failure and during the resolution process itself, the FDIC focuses on three main operational phases: Pre-Closing, Closing, and Post-Closing. Pre-Closing Phase The most important activities the FDIC conducts during the pre-closing phase are obtaining up-to-date deposit data from the bank, making an initial insurance determination, and creating a strategic plan for the resolution, which in the case of a payout would include determining whether to do a straight payout, or use an agent bank or a DINB. Working with the bank’s regulators and the bank’s systems servicer(s), the FDIC gathers deposit account data that helps the FDIC determine whether depositors are fully or partially insured. Once the data are loaded into the FDIC’s systems, they are checked and double-checked to ensure all insurance determinations are properly calculated. Closing Phase In the closing phase, the FDIC finalizes and makes any needed adjustments to the deposit insurance determination. For example, after the FDIC receives the initial download of data, depositors and customers of the bank continue to transact business. Depositors’ account balances may change daily from the time the FDIC receives the initial data (usually about two months before the bank closes) to the time the bank fails. On the night of closing, the information technology (IT) team updates and reconciles all data to make sure that proper amounts are recorded on the books of the failed bank. Once the insurance determinations are finalized, the FDIC mails payments, or transfers insured deposits to an acquiring institution, an agent institution or a DINB. Communication is essential to the orderly payout of insured deposits and the stability of the financial sector. Notification of a bank failure is published in the local newspaper where any branches are located, and on the FDIC website. The FDIC also creates legal notices that are sent to each depositor explaining the resolution process and what depositors can expect from the FDIC, including how to claim their insured deposit. At the completion of this phase, the FDIC produces

a final Statement of Condition (Balance Sheet) that represents the substantiated balances of all assets and liabilities of the failed bank, as of the closing date. This also serves as the opening entries for the assuming institution and FDIC as Receiver. Post-Closing Phase In the post-closing phase, for payouts, a final statement is mailed to the depositor. This allows the depositor to reconcile the account with any transactions that did not clear as of closing night. If the depositor does not agree with the amount of the check, they can work with a claims agent or appeal the decision. As depositors receive their funds, the FDIC works with them to make sure all of their questions are answered. Claims representatives meet with depositors, contact those with uninsured funds, and review insurance determinations with depositors. They also seek additional documentation from depositors if the depositors feel they are owed more money, or if their insurance determination did not take into account additional details. In the case of a payout where the FDIC could not distribute the insured deposits upon the failure of the bank (this could occur because the bank’s records did not have the correct address or identifying information for the customer), the depositor has 18 months to claim their deposit(s) from the FDIC. In the case where an agent bank is used to effect a payout, the depositor would need to open a new account at the agent bank or make a full withdrawal of the funds. For a payout where FDIC issues a check, the depositor would need to cash the check to claim the deposit. For deposits that are not claimed, the funds are transferred to the depositor’s state of residence for a period of 10 years. If there is no state of residence on file at the failed bank, then the funds are sent to the state where the bank is located. If the depositor does not claim the deposit(s) from the state after 10 years, the funds are returned to the FDIC and the depositor is barred from receiving the funds.

of checks, and contacting depositors electronically instead of face-to-face or by phone. Chatbots have the unique ability to be scaled up or down, regardless of the profile and number of depositors of the bank. The bots would be pre-programmed to answer most of the basic questions a depositor would have. Bots could also forward customers to the Claims representative in charge of the particular failed bank. Bots can answer questions at any time of the day, can be deployed to every bank closing, and can be powered-on indefinitely to answer questions long after a bank closing is done, alleviating the need to train staff for a Call Center. Bots also can be scaled to answer thousands of depositor questions simultaneously. Digital Payments provide depositors and the FDIC more flexibility when conducting a deposit payout transaction. The ability to remit depositor funds rapidly and securely through several payment methods will help the FDIC maintain stability and public confidence in the nation’s financial system. Conclusion Past financial crisis have taught the FDIC a great deal about how best to resolve a failing bank. By resolving a failed bank, the FDIC meets its obligations to the failed bank’s insured depositors and helps maintain the stability of the banking system. The methods for resolving failing banks have evolved over the years due to economic changes and legislative mandates. At its founding, the FDIC could only establish a DINB to perform a payout. Subsequent legislation expanded the FDIC’s authority to conduct a payout directly or through an agent institution, as well as giving it the tools to effect an assumption. Although P&As have become the most commonly used resolution method, the payout remains an important method for the FDIC when resolving a failed bank.

New Developments The FDIC is working to enhance the way deposit payouts are handled by improving the FDIC’s ability to rapidly scale up during crises. For example, the FDIC is exploring the use of chatbots (artificial intelligence software that can simulate a conversation) to answer depositor questions during payouts, sending depositors insured funds through digital payments instead

Intermediación financiera y crecimiento económico en el Ecuador, período 2006-2019 Juan Carlos Salvador Morales1 Introducción

on la presente investigación se pretende analizar la relación existente entre desarrollo del sector financiero, expresado por las Otras Sociedades de Depósito (OSD2) y el crecimiento económico del Ecuador. Por ello, el objetivo principal de este artículo es identificar dicha relación mediante la evaluación de cuatro indicadores que brindan información sobre el desarrollo financiero: el tamaño del sistema financiero formal, la importancia de localización del crédito doméstico, la participación del crédito de las firmas sobre el total de créditos otorgados y la participación del crédito de las firmas sobre el Producto Interno Bruto (PIB). Esta construcción de los indicadores, basados en el trabajo efectuado por King y Levine (1993) en el cual concluyen que los altos niveles de desarrollo financiero están positivamente asociados con altas tasas de crecimiento económico, acumulación de capital físico y mejora en la eficiencia económica. Adicionalmente, detalla la función de los intermediarios financieros en la actividad económica a través de la oferta de crédito y como eje fundamental para identificar aquellos países desarrollados y en vías de desarro-

llo. Por ello, la intermediación financiera es entendida como la red de organizaciones que facilitan el flujo de fondos prestables entre ahorradores e inversionistas, mejorando de esta manera la eficiencia en el intercambio de bienes y servicios y fomentando la actividad económica. La mayoría de las actividades de los bancos están relacionadas con la distribución eficiente de los recursos, siendo agentes fundamentales en la colocación del capital requerido para el desarrollo económico. En esencia, re direccionan el ahorro de personas con excedente de dinero hacia aquellas carentes del mismo, con la perspectiva amplia de vincularlo hacia la inversión, lo que facilita el desarrollo de la actividad productiva. Por ello, los países con sectores bancarios de tamaño no representativo, presentan niveles más bajos de desarrollo, dicha correlación, es una clara serial del vínculo existente (BID, 2005). Con estos antecedentes, el presente estudio busca extender dicho análisis tanto teórico como empírico de la importancia de la distribución del ingreso y cómo influye en el nivel de actividad económica. Se plantea la importancia de estudiar los determinantes que lo impulsan para establecer su relación y a través del modelamiento econométrico, plasmar los pilares fundamentales para una política económica de largo plazo. Lineamientos teóricos

Economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), cursan-

do Maestría en Economía mención en Políticas Públicas por la PUCE y Maestría en Economía del Desarrollo por la Universidad Grenoble Alpes. 2

Hasta febrero 2017 las OSD comprendían: bancos privados, sociedades finan-

cieras, mutualistas, cooperativas, tarjetas de crédito y BanEcuador (a partir del 13 de mayo de 2016). A partir de marzo 2017, en cumplimiento del Código Orgánico Monetario y Financiero (Registro Oficial 332 de 12 de septiembre de 2014), las OSD comprenden bancos privados, sociedades financieras, mutualistas, cooperativas, BanEcuador. Se excluye la información de la Banca Cerrada.

El proceso de intermediación financiera, sobre todo en lo referente a la asignación eficiente de los recursos, ha sido también el centro de análisis en el contexto de la literatura del crecimiento económico. En ese sentido, el aporte teórico de Joseph Schumpeter (1912) destaca el papel fundamental del crédito en la promoción de las actividades del empresario y, sobre todo, la influencia que tiene dicho empresario en la generación de un cre-

cimiento sostenido de la economía. De igual manera, según Keynes (1936), la eficiencia marginal al capital está dada por las condiciones sobre las cuales, los fondos crediticios son demandados para efectos de una nueva inversión. Es decir, la importancia de la inversión, que depende de la rentabilidad, está acompañada de la participación de un sector financiero con un buen comportamiento que permita movilizar los recursos internos eficientemente (Arévalo, 2004). Tomando como referencia los modelos de crecimiento endógeno, según Arévalo (2004), los canales por los que el desarrollo financiero afecta al crecimiento económico de largo plazo, son a través de modificaciones en la productividad marginal social del capital; incrementando la cantidad de ahorro que se canaliza a la inversión productiva, por lo que el incrementar la cantidad de ahorro y orientarla a la inversión, permitirá desarrollar el sector y favorecer el crecimiento económico; a la par de la modificación de la tasa de ahorro real de la economía. Utilizando un simple enfoque de cartera, Galindo, Micco y Powell (2005) demuestran que los bancos internacionalmente diversificados pueden ser más seguros que los bancos locales, porque los primeros pueden mitigar el riesgo. Sin embargo, cuando los bancos están más diversificados internacionalmente y sufren un shock en los rendimientos esperados en el país anfitrión, pueden reducir las operaciones locales más rápidamente que los bancos locales menos diversificados (BID, 2005: 156).

sector privado (empresas y hogares) y crédito total, corresponden a la cartera por vencer y vencida colocada, así como intereses por cobrar. De igual forma, la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) se obtuvo de la Serie de Cuentas Nacionales Trimestrales No.111 del BCE (2020), ya que esta variable permite identificar el valor total de las adquisiciones menos las disposiciones de activos fijos realizadas por el productor, es decir, el incremento de la capacidad productiva. Dentro de la misma serie, se toma el PIB, expresado como el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país, es decir, la riqueza creada en un determinado tiempo. Dentro del análisis estadístico de las variables objetivo, es importante recalcar que, durante el primer trimestre del año 2008, los depósitos a la vista tuvieron una tasa de crecimiento interanual de 4,76% y la tasa de variación de los activos domésticos en relación a los activos totales de las OSD, alcanzó una reducción de 5,70 puntos porcentuales, es decir, los activos externos crecieron en mayor proporción. Se especifica, por lo tanto, que ante el inicio de la crisis subprime, las operaciones locales se redujeron más rápidamente que los depósitos. Gráfico 1: tasas de variación (t-4) variables del modelo. Porcentajes, 2006-2019

Descripción metodológica La serie empleada tiene una frecuencia trimestral comprendida entre los años 2006 y 2019, se limita analizar al subsector del sector financiero privado referente a las OSD y de acuerdo a su Balance Sectorial publicado por el Banco Central del Ecuador (BCE, 2020), se procede a tomar los activos totales y con el fin de obtener los activos domésticos, se restan los depósitos e inversiones que mantienen las OSD en bancos privados e instituciones financieras del exterior, es decir, los activos externos. En lo que respecta a los depósitos en cuenta corriente recibidos por las entidades bancarias y que son exigibles mediante la presentación de cheques u otros mecanismos de pago, es decir, los depósitos a la vista, se toman del mismo boletín. Las variables del crédito al

Fuente: Boletín Monetario Semanal No. 705 y Serie de Cuentas Nacionales Trimestrales No.111 del Banco Central del Ecuador.

Se evalúa, asimismo, la tasa de crecimiento de los depósitos a la vista, expresados como aquellos en cuenta corriente recibidos por las OSD, de carácter exigible mediante presentación de cheques u otros medios de pago; que mantiene una relación positiva con la pro-

ducción, así como la participación de los activos domésticos (crédito interno, posición neta con el BCE y otros pasivos netos no clasificados) con respecto al total de activos. Es decir, la proporción de crédito interno, cuya estructura en promedio para el período estuvo compuesta en su mayoría por colocación a empresas y hogares (96,2%), permitió dinamizar la producción del país debido al flujo destinado al financiamiento de actividades productivas. Para determinar esta relación positiva que se evidencia en la serie histórica y siguiendo los trabajos de King y Levine (1993), así como de Tenjo y García (1995), se procedió a verificar si la tasa de crecimiento económico está relacionada con los niveles de desarrollo financiero. Para comprobar tal hipótesis, se estimó la tasa de crecimiento del PIB en función de los indicadores de desarrollo de la intermediación financiera. Por razones metodológicas se consideró un modelo logarítmico. Inicialmente, se usó el modelo con la siguiente especificación:

tor se encuentran relacionados con cambios en la variable respuesta. La significancia estadística valida la relevancia de la introducción de las variables indicadas. Al observarse la presencia de heterocedasticidad y eliminar el error de cálculo de un estimador ineficiente, se estimó un modelo con errores robustos. Por otro lado, a través de la prueba de Cumby-Huizinga, se identificó la no existencia de auto correlación, evidenciando que los errores no se encuentran vinculados entre sí, haciendo hincapié a que los estimados son eficientes. Por otro lado, para analizar la viabilidad y conveniencia del modelo, se utilizó tanto la significancia global de las variables representada por el estadístico F, como el coeficiente de determinación , siendo esto un buen indicador sobre la pertinencia del modelo. Tabla 1: resultados de la estimación Variable

Coeficiente

Resultado (

lndep_vista_PIB

1,37

0,00

lnact_dom_total_act

3,67

0,00

constante

10,50

0,00

)

89,17

En dónde: Fuente: Resultados estimación

La estimación mediante mínimos cuadrados ordinarios permitió descartar las variables que no fueron estadísticamente significativas en el modelo: cred_priv y cred_PIB. Dicho esto, se procedió a estimar nuevamente el modelo.

Una vez que se confirmó el efecto positivo que tiene un mayor desarrollo financiero sobre el crecimiento económico, siguiendo a King y Levine (1993) se procedió a identificar el mecanismo mediante el cual ocurre dicho efecto, por lo cual, se empleó la serie de Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF). Resultados El resultado de la regresión por mínimos cuadrados ordinarios de forma logarítmica, determina el rechazo de la hipótesis nula, es decir, los cambios en el valor del predic-

Posteriormente, se desea determinar la relación positiva entre pasivos a corto plazo (depósitos a la vista), activos internos y Formación Bruta de Capital Fijo. Por ello, al expresarse en términos de elasticidades, por cada aumento de 1% en depósitos a la vista hay un incremento de 1,37% en la producción del Ecuador; mientras que, por cada aumento de 1 punto porcentual en los activos internos de las OSD, la producción crece en 3,67% respectivamente. En lo que concierne a la inversión, siguiendo la recomendación metodológica de King y Levine (1993), se procedió a estimarla como mecanismo de transmisión de un mayor desarrollo financiero cuyo resultado se detalla: Tabla 2: resultados de la estimación Variable

Coeficiente

Resultado (

lndep_vista_PIB

0,21

0,00

lnact_dom_total_act

0,58

0,03

lnFBKF

0,62

0,00

constante

4,91

0,00

98,34

0,00

Fuente: Resultados estimación

)

La FBKF al tener una influencia positiva dentro de la producción, como consecuencia de un incremento del saldo de depósitos a la vista y activos domésticos de las OSD, determina que por cada aumento de 1% de inversión existe un incremento de 0,62% en la producción del Ecuador. De este resultado puede concluirse que la evidencia estadística apoya la hipótesis de que, en el caso del Ecuador, el desarrollo financiero afecta directamente el crecimiento del PIB. En otras palabras, que mayores niveles de desarrollo del proceso de intermediación financiera se correlacionan con tasas de crecimiento económico más altas. Conclusiones El presente artículo examina la relación entre intermediación financiera y crecimiento económico en Ecuador. Para este propósito, se aplica el modelo aplicado por King y Levine (1993) inherente al rol del sector financiero y su influencia en el sector real, cuyo análisis considera que bajo la estimación econométrica se encuentra evidencia que una mayor proporción de depósitos a la vista y activos domésticos de las Otras Sociedades de Depósitos, inciden de manera positiva en el desempeño económico. La influencia de la oferta de crédito y la intermediación entendida como la red de instituciones que facilitan el flujo de fondos entre agentes superavitarios y deficitarios de recursos, mejorando de esta manera la eficiencia en el intercambio de bienes y servicios; cuyo rol fundamental de captaciones con tendencia alcista y un nivel óptimo de activos domésticos en el país, son determinantes para el correcto funcionamiento de la economía. Por lo tanto, la orientación de la política pública con el fin de fortalecer el financiamiento de actividades productivas, hace hincapié a la necesidad de seguir fortaleciendo el desarrollo financiero optando por un mayor nivel de diversificación de activos de las OSD, con el fin de responder de forma proactiva ante un shock. En este sentido, cabe mencionar que, en períodos de crisis, la economía se vuelve más sensible y el sistema financiero tiene un comportamiento ineficiente, en particular en cuanto al indicador de crédito, pues el sistema tiene un impacto positivo sobre el crecimiento económico; sin embargo, en períodos de crisis financieras dicha relación es negativa. Este trabajo analizó la relación empírica entre un grupo de indicadores de desarrollo del sistema de intermediación financiera y el crecimiento económico. Desde esta

perspectiva teórica, los resultados de los diferentes ejercicios econométricos apoyan la hipótesis de que existe una conexión significativa entre los aspectos financieros y los aspectos reales de la economía. En efecto, puede afirmarse que un mayor desarrollo de los servicios que el sistema financiero presta al sector privado, incluyendo los servicios tradicionales de intermediación y los relacionados con el manejo del riesgo y la información, propicia mayores tasas de crecimiento económico. Finalmente, con base a las estimaciones realizadas, sería pertinente que se evalúen y promuevan políticas que permitan un mayor y mejor involucramiento del sector financiero con los procesos de innovación para impulsar su mayor eficiencia, a través de la competitividad y productividad, que se traduzca, asimismo, en el motor del crecimiento económico de los países (Arévalo, 2004). Bibliografía Arévalo, R. (Febrero de 2004). Desarrollo financiero y crecimiento económico en El Salvador. Obtenido de Banco Central de Reserva de El Salvador: https:// www.bcr.gob.sv/bcrsite/uploaded/content/category/1368651222.pdf BCE. (Junio de 2020). Boletín de Cuentas Nacionales Trimestrales No.111. Obtenido de Banco Central del Ecuador: https://contenido.bce.fin.ec/home1/ estadisticas/cntrimestral/CNTrimestral.jsp BCE. (7 de Agosto de 2020). Boletín Monetario Semanal No. 705. Obtenido de Banco Central del Ecuador: https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/ bolsemanal/IndiceBMS.htm BID. (2005). Desencadenar el crédito, cómo ampliar y estabilizar la banca. Obtenido de Banco Interamericano de Desarrollo: https://publications.iadb.org/ publications/spanish/document/Desencadenar-el-cr%C3%A9dito-C%C3%B3mo-ampliar-y-estabilizar-la-banca.pdf Galindo, Arturo; Micco, Alejandro y Powell, Andrew. (2005). Loyal lenders or fickle financers: foreign banks in Latin America. Obtenido de Banco Interamericano de Desarrollo: https://publications.iadb.org/publications/english/document/Loyal-Lenders-or-Fickle-Financiers-Foreign-Banks-in-Latin-America.pdf Keynes, J. (1936). Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Obtenido de Fondo de Cultura Económica: http://www.listinet.com/bibliografia-comuna/Cdu332-38FB.pdf King, Robert y Levine, Ross. (1993). Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right. Obtenido de Quarterly Journal of Economics: https://www.researchgate.net/publication/24091420_Finance_and_Growth_Schumpeter_Might_Be_ Right Schumpeter, J. (1912). Teoría del desenvolvimiento económico: una investigación sobre ganacias, capital, crédito, interés y ciclo económico. Obtenido de Harvard University Press. Tenjo García, F., & García Miranda, G. (1995). Intermediación financiera y crecimiento económico. Obtenido de Universidad Nacional de Colombia: https:// revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/13824/20400

Retos y oportunidades de la transformación Digital para la mujer de América Latina Post Covid-1 Ana Marcela Fregoso Gutiérrez Consultora Amarante LAC (Latinoamérica y el Caribe).

a pandemia del coronavirus (Covid-19) ha provocado una inestabilidad sin precedente en las economías de América Latina, afectando casi todos los sectores de la economía y desorganizando las estructuras económicas y sociales tal como las conocíamos. En este contexto, la mujer latina ha estado viviendo nuevos retos, tantos laborales como personales, para adaptarse a un nuevo contexto que viene afectando aún más los desafíos estructurales a los que ya se enfrentaban mucho antes de la crisis actual:ç “Inestabilidad laboral e informalidad del trabajo: “De acuerdo con cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 126 millones de mujeres trabajan de manera informal en América Latina y el Caribe. Esto equivale aproximadamente a la mitad de la población femenina de la región, traduciéndose en inestabilidad laboral, bajos ingresos y falta de mecanismos de protección” advierte Ana Güezmes representante de ONU Mujeres Colombia.”1 Bajos ingresos: la crisis originó reducción de ingresos en trabajos informales, reducción de personal en varios sectores y cambios en los hábitos laborales dentro de las instituciones.

La pandemia de coronavirus golpea con fuerza a las mujeres de América La-

tina,

https://www.france24.com/es/20200324-coronavirus-mujeres-latinas-vio-

lencia-trabajo-informal

Mayor responsabilidad doméstica en el hogar: Debido a la saturación de sistemas sanitarios y al cierre de las escuelas, las tareas de cuidados recaen mayoritariamente en las mujeres, quienes, por lo general, tienen la responsabilidad de atender a familiares enfermos, personas mayores y a niños y niñas en el hogar. Violencia doméstica: el confinamiento y circunstancias de emergencia por la pandemia aumentan los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente violencia doméstica, ya que aumentan las tensiones en el hogar y puede también aumentar el aislamiento de las mujeres. Las personas sobrevivientes de violencia pueden enfrentar obstáculos adicionales para huir de situaciones violentas o para acceder a órdenes de protección y/o servicios esenciales que pueden salvar vidas, debido a factores como las restricciones de la circulación o la cuarentena. La seguridad alimentaria de mujeres y niñas: puede verse afectada por las dificultades de acceso de alimentos nutritivos y seguros debido a los cierres de servicios de alimentación en escuelas y comunidades, escasez de alimentos y por las restricciones de circulación. Esta situación puede incrementar también mecanismos de afrontamiento negativo a la crisis como la explotación sexual con fines comerciales.2 Por estas razones, la ONU ha desarrollado recomendaciones específicas para la incorporación de la mujer en respuesta a la crisis del Covid-19 en América Latina y el Caribe:

ONU mujeres América Latina y el Caribe, https://lac.unwomen.org/es/digiteca/

publicaciones/2020/03/covid-como-incorporar-a-las-mujeres-y-la-igualdad-degenero-en-la-gestion-de-respuesta#view

Impulsar medidas de política que permitan reconocer, reducir y redistribuir la sobrecarga de trabajo no remunerado que se produce al interior de los hogares. Promover estrategias específicas de empoderamiento y recuperación económica de las mujeres, considerando programas de transferencias monetarias, para mitigar el impacto del brote y sus medidas de contención, incluido el apoyo para que se recuperen y puedan desarrollar resiliencia para futuras crisis. Asegurar la continuidad de servicios esenciales para responder a la violencia contra las mujeres y niñas, desarrollar nuevas modalidades de brindar servicios en el contexto actual y aumentar el apoyo a organizaciones especializadas de mujeres para brindar servicios de apoyo a nivel local y territorial. Tener en cuenta las necesidades diferentes de las mujeres y los hombres en los esfuerzos de recuperación a mediano y largo plazo. Desarrollar estrategias centradas en las mujeres, para fomentar resiliencia e impulsar mecanismos para la generación de ingresos y medios de vida sostenible, reconociendo el mayor impacto generado en los diferentes grupos de mujeres. Desarrollar un modelo social basado en la igualdad de género que vaya de la mano, hoy por hoy, de la necesidad de hacer esfuerzos concretos por extender el acceso y uso de las TIC a las mujeres, como estrategia de democratización de la información, de la comunicación y de la participación de las mujeres en la generación de conocimiento. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) remarca que en los últimos 30 años “se alcanzaron logros importantes en términos de adopción de legislación y de políticas públicas para el avance en los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Se crearon mecanismos para el adelanto de las mujeres y se han establecido procesos relevantes de transversalización del enfoque de género en el Estado, así como se han implementado sistemas de información y seguimiento”3, aunque ya se han tenido avances durante es-

tos años, a partir de la pandemia la aceleración sobre la adaptación de las TIC enfocada a las mujeres tiene que ser mayor por las repercusiones que se está teniendo en este contexto y los problemas ya mencionados que giran alrededor de las mujeres en esta época. Con la crisis provocada por la pandemia del Covid-19, los países de América Latina y el Caribe, se vieron forzados a acelerar sus procesos de transformación digital, empezando por la realización del trabajo remoto mediante la utilización de plataformas de comunicación, automatización de procesos e incluso la apertura e iniciación de nuevos negocios mientras se intensificaban las medidas de protección de la salud en los hogares en un contexto de reducción de la actividad económica que está afectando en primera instancia a las trabajadoras informales. En este caso hay un panorama de oportunidades para las mujeres donde las tecnologías impulsan el acceso de una forma más ágil a las áreas relacionadas con la seguridad, la salud y mejora de la calidad de vida a través de aplicaciones digitales e información en Internet que ofrecen apoyos para su seguridad y salud así como facilidades para encontrar trabajos desde lugares remotos. Si hablamos de emprendimiento, las instituciones financieras, tanto las instituciones de microfinanzas como la banca comercial, a través de créditos están ayudando en la parte de vivienda y financiamiento para micro-negocios y Pymes regidos por mujeres, en zonas rurales y marginadas llevando la infraestructura digital financiera a través de herramientas de comunicación más utilizadas como los teléfonos móviles y smartphones para dar más facilidades de acceso a las emprendedoras de estas zonas que cada vez son más las que llevan el sustento económico a casas y algunas apoyadas por sus parejas. En algunos países de América Latina hay programas de gobierno que impulsan el uso de las tecnologías de la información y comunicación para las mujeres, enfocados en diferentes ámbitos, desde prevenir la violencia de género hasta el impulso en la involucración dentro de los sectores de tecnología y telecomunicaciones como parte de la promoción de formación para generar mujeres líderes en sociedades de información y cono-

“La Agenda 2030 y la Agenda Regional de Género. Sinergias para la igualdad

en América Latina y el Caribe”. Por Nicole Bidegain Ponte. CEPAL. Mayo de 2017, https://brechacero.com/wp-content/uploads/2019/05/Genero-y-TIC-ES.pdf

cimiento como matemática, ciencia, tecnología e ingeniería. Algunos de ellos son: • Aplicación móvil para prevenir violencia de Género en Ecuador, a través de un menú desplegable brinda opciones para marcar al 911, mandar mensaje auto-configurados de ayuda y emergencia, así como un test para saber si están siendo víctimas de violencia de género. • En Honduras están trabajando en la inclusión de niñas en las TIC en un evento que se realiza cada año desde 2017 con ayuda de La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y la organización Epic Queen llamado Code Party para impulsar a las niñas entre 6 y 11 años y adolescentes desde 12 y 16 años a utilizar las TIC a su favor para lograr sus objetivos y metas. • En México se le apuesta a la capacitación de mujeres en áreas de tecnología y telecomunicaciones cómo la ciencias matemáticas e ingeniería para promover mujeres líderes en estos sectores. • Perú promueve la oportunidad de empleo para mujeres de poblaciones vulnerables a través de las TIC siendo como uno de los objetivos que el sector privado pueda acercarse de manera más efectiva a la sociedad con opciones de trabajo y progreso. • En República Dominicana capacitan a las mujeres en programación web y móvil. Todos estos son programas que se están ejecutando en los países de Latinoamérica con el objetivo de potencializar la participación de las mujeres en las TIC, mejorar su calidad de vida y aumentar las oportunidades de desarrollo para ellas. Haciendo a la digitalización parte muy importante de esta transformación que, sabiendo acceder a ella, las mujeres pueden tomarla como una herramienta que impulsa a la solución para acortar la brecha de género, mejorar la calidad de vida en estos tiempos de pandemia y utilizarlo como oportunidad para innovar en los negocios, estar informadas, liderar y formarse a través de los sistemas de enseñanza virtual impulsando el empoderamiento de la mujer y emprendiendo con las facilidades e innovación.

Bibliografías: CEPAL (2017) “La Agenda 2030 y la Agenda Regional de Género. Sinergias para la igualdad en América Latina y el Caribe”. Por Nicole Bidegain Ponte. https://brechacero.com/wp-content/uploads/2019/05/Genero-y-TIC-ES.pdf France24 (2020) “La pandemia de coronavirus golpea con fuerza a las mujeres de América Latina”, https://www.france24.com/es/20200324-coronavirus-mujeres-latinas-violencia-trabajo-informal ONU mujeres América Latina y el Caribe (2020) “COVID-19 en América Latina y el Caribe: cómo incorporar a las mujeres y la igualdad de género en la gestión de la respuesta a la crisis” https://lac.unwomen.org/es/digiteca/ publicaciones/2020/03/covid-como-incorporar-a-las-mujeres-y-la-igualdadde-genero-en-la-gestion-de-respuesta#view

Publicaciones de interés Regulación de la financiación de Fintech: bancos digitales y plataformas de Fintech

n los últimos años ha surgido una gran cantidad de nuevos modelos empresariales basados en la tecnología para la captación de depósitos, la intermediación financiera y el levantamiento de capital. En particular, la proliferación de la banca y el financiamiento digital a través de plataformas basadas en la web, plantea la pregunta de dónde debe trazarse el perímetro reglamentario. Las autoridades financieras se enfrentan ahora a la tarea de decidir si es necesario ajustar su marco reglamentario para dar cuenta de estas nuevas actividades de Fintech. Para ello, deberán tener en cuenta una serie de elementos. Este documento examina la forma en que se regulan la banca digital y la financiación de las plataformas de Fintech y ofrece un panorama general de los requisitos reglamentarios para las actividades de Fintech en 30 jurisdicciones. https://www.bis.org/fsi/publ/insights27.pdf FDIC BankFind Suite

a herramienta BankFind es una forma de buscar en los extensos registros de datos de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de Estados Unidos (FDIC). BankFind Suite le permite localizar instituciones bancarias actuales y anteriores aseguradas por la FDIC por nombre, número de certificado de la FDIC, sitio web y/o por ubicación. Adicionalmente, permite al usuario seguir la historia y las tendencias financieras de una institución individual, un grupo de instituciones o la industria en su conjunto. https://banks.data.fdic.gov/bankfind-suite/ Cómo los bancos incorporan el cambio climático en su gestión de riesgos – 1a encuesta en América Latina y el Caribe

ste estudio muestra el nivel de conocimiento, compromisos actuales y metas futuras de gestión de riesgos climáticos del sector bancario en la región. Las 78 entidades bancarias que fueron parte de este estudio pertenecen a 11 países de la región. La muestra de estudio representa el 54% de los activos totales del mercado de América Latina y el Caribe (ALC). Quedaron excluidos de este análisis Chile, Colombia y México, ya que en estos países se desarrollaron encuestas similares recientemente, cuyos resultados también se exponen en este informe. https: //www.unepf i.org/wordpress/wp-content/ uploads/2020/08/REPORTE-BANCOS-Y-CC-EN-LAC-1.pdf

Tareas y enfoques de la resolución de la FDIC: Una comparación de las crisis de 1980 a 1994 y de 2008 a 2013

a FDIC se enfrentó a crisis bancarias de 1980 a 1994 y de 2008 a 2013. Este estudio compara los bancos asegurados por la FDIC que quebraron y la respuesta de la FDIC a esos fallos durante cada crisis. También analiza las principales tendencias que influyeron en la respuesta de la FDIC, incluyendo la consolidación de la industria, las características de los bancos en quiebra, la legislación bancaria más importante y los cambios en la filosofía de resolución de la FDIC. La FDIC resolvió más del triple de bancos en la crisis más larga de 1980 a 1994 que en la crisis de 2008 a 2013, pero el total de los activos bancarios insolventes fue mayor durante el período de 2008 a 2013; tanto la geografía como la mezcla de préstamos de los bancos insolventes también variaron sustancialmente. En respuesta a los cambios filosóficos y a las condiciones del mercado, la FDIC vendió activos con mayor rapidez y recurrió en mayor medida a los métodos de distribución de riesgos durante la segunda crisis. La comparación revela que la naturaleza de las crisis bancarias puede variar ampliamente e indica que es probable que las estrategias de resolución de la FDIC evolucionen a medida que el organismo se adapte a las circunstancias cambiantes.

n América Latina, la baja profundización financiera de los distintos países y las altas tasas activas y pasivas han sido expresiones, entre otras, de cierta desconfianza en las instituciones financieras por parte de los ahorristas, resultado también de múltiples casos de crisis financieras en el pasado. El contexto, en general, ha sido de alta volatilidad macroeconómica, alto riesgo moral, baja seguridad jurídica, altos riesgos financieros y una supervisión bancaria aún en proceso de perfeccionamiento. Este documento describe los diferentes sistemas de protección de depósitos bancarios que existen (y los que están en proyecto) en América Latina. Partiendo de este punto de referencia, se analizan las posibilidades y las dificultades en extender los esquemas de protección bancaria a las Cooperativas de Ahorro y Crédito y se describen los diferentes sistemas de protección que han sido creados (y los que están en proyecto) exclusivamente para el sector cooperativo de ahorro y crédito. https://asbasupervision.us3.list-manage.com/track/ click?u=45e18377169dee6f468f4e95e&id=989aac70cb&e=5e719385e4 ¿Grandes Bancos, Grandes Tecnologías? ¿Cómo responderían los políticos a una probable discontinuidad?

https://www.fdic.gov/bank/analytical/cf r/staff-studies/2020-05.pdf ?source=govdeliver y&utm_medium=email&utm_source=govdelivery Protección de Depósitos para Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito en América Latina

l sector bancario se enfrenta al reto de responder a los cambios relacionados con COVID en el comportamiento de los clientes y al impacto adverso de la debilidad económica. Paralelamente, existe la presencia de una nueva cla-

se potencial de competidores con poderosas redes y profundos bolsillos de inversión (los llamados grandes técnicos). Es muy probable que esta combinación de factores provoque una importante discontinuidad en el sector bancario. En este documento se analiza la dinámica competitiva en los principales mercados. El statu quo se define por el continuo dominio de los actores bancarios tradicionales y la penetración en un nicho de los grandes técnicos y los especialistas en tecnología de punta en la mayoría de los principales mercados. La principal cuestión para los bancos es cómo prepararse para la posibilidad de una gran incursión de los grandes técnicos. Por lo tanto, es posible que los bancos tengan que reescribir su fórmula de éxito del pasado y transformar la forma en que prestan servicios a los clientes, interactúan con terceros y toman las decisiones estratégicas fundamentales de si desean competir como un modelo de negocio de “red” o competir en negocios específicos que sirven a la red de otros.

ciones parten del supuesto que la situación fiscal de la región y su acceso a los mercados de crédito soberano están mucho más restringidos que en crisis anteriores, lo cual obliga a pensar en reformas de políticas más allá de las fiscales para acelerar la recuperación económica. Las opciones son ambiciosas, pero la ambición responde a la necesidad. https://publications.iadb.org/publications/spanish/ document/Salir-del-tunel-pandemico-con-crecimiento-y-equidad-Una-estrategia-para-un-nuevo-compacto-social-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf COVID-19: Implicaciones Regulatorias y de Supervisión para el Sector Bancario

https: //www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2/publications/2020/jul/Big%20Banks%20 Bigger%20Techs%20Final%20Version.pdf Salir del túnel pandémico con crecimiento y equidad: Una estrategia para un nuevo compacto social en América Latina y el Caribe

ientras dure la pandemia, América Latina y el Caribe (ALC) estará transitando un túnel lleno de incertidumbre. No se sabe sobre todo cuán largo es: cuánto tiempo hasta que emerjan terapias o una vacuna, o hasta que se aprenda sobre las mejores prácticas de control de la pandemia para convivir con un virus de letalidad no conocida. Esta nota describe opciones de política sobre cómo los países pueden ampliar sus posibilidades para enfrentar los retos económicos de la crisis, con un énfasis en el crecimiento y la equidad. Estas op-

a rápida propagación mundial de COVID-19 ha eclipsado rápidamente otras epidemias recientes tanto en tamaño como en alcance. Además de la mortífera cifra de víctimas humanas y de la interrupción de la vida de millones de personas, el daño económico ya es significativo y de gran alcance. Ante ciertos retos y un conjunto de riesgos aún inciertos, los dirigentes empresariales se preocupan con razón por la forma en que sus empresas se verán afectadas y lo que tienen que hacer a continuación. En el calor del momento, hay una serie de lecciones de la historia que pueden aplicarse ahora. Efectivamente, las empresas se encuentran en diferentes fases de enfrentarse al brote y, por lo tanto, los impactos varían según la geografía y el sector. Pero independientemente de la magnitud del impacto del virus en una organización, hay cinco cualidades fundamentales de un liderazgo resistente que distinguen a los directores generales exitosos cuando guían a sus empresas a través de la crisis de COVID-19. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/ handle/10986/33793/COVID-19-The-Regulatory-and-Supervisory-Implications-for-the-Banking-Sector-SP.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Reporte Ciberseguridad 2020: riesgos, avances y el camino a seguir en América Latina y el Caribe

https: //publications.iadb.org/es/reporte-ciberseguridad-2020-riesgos-avances-y-el-camino-a-seguir-en-america-latina-y-el-caribe Una crisis como ninguna otra, una recuperación incierta - actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial, junio de 2020

S E

ste reporte brinda un panorama detallado y actualizado de las políticas y prácticas de ciberseguridad en los países de América Latina y el Caribe, ofreciendo una perspectiva sobre el progreso alcanzado desde su primera edición en 2016. Incluye ensayos sobre las tendencias de la seguridad cibernética en la región, aportados por reconocidos expertos internacionales. También examina la madurez cibernética de cada país mediante la aplicación del Modelo de Madurez de Capacidad de Seguridad Cibernética (CMM). Identifica brechas serias en las cinco dimensiones que definen la capacidad de seguridad cibernética, teniendo en cuenta la importancia de la seguridad cibernética en el crecimiento económico y la sostenibilidad, al tiempo que enfatiza el respeto por los derechos humanos. Esta visión objetiva de las fortalezas y del espacio de crecimiento de la región apunta a sustentar el diseño de políticas e iniciativas que aborden la urgente tarea de incrementar la resiliencia cibernética.

e prevé que el crecimiento mundial será de -4,9% en 2020, 1,9 puntos porcentuales por debajo de la previsión de las Perspectivas Económicas Mundiales (WEO) de abril de 2020. La pandemia COVID-19 ha tenido un impacto más negativo en la actividad en la primera mitad de 2020 de lo que se había previsto, y se prevé que la recuperación sea más gradual de lo que se había pronosticado anteriormente. Se prevé que en 2021 el crecimiento mundial será del 5,4%. En general, esto dejaría el PIB de 2021 unos 6,5 puntos porcentuales por debajo de las proyecciones anteriores a COVID-19 de enero de 2020. El impacto adverso en los hogares de bajos ingresos es particularmente agudo, lo que pone en peligro los importantes progresos realizados en la reducción de la pobreza extrema en el mundo desde el decenio de 1990. https: //www.imf.org/en/Publications/ WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020

CONCIENTIZACIÓN DEL SEGURO DE DEPÓSITOS

on el fin de incrementar el nivel de conocimiento del Seguro de Depósitos entre la ciudadanía, COSEDE continúa realizando distintos talleres en el territorio nacional. En los primeros meses del año se visitó Loja, donde se capacitó a 50 funcionarios de los gobiernos parroquiales rurales de dicha provincia; adicionalmente, se visitó la Provincia de Tungurahua, donde se capacitó a 80 policías, gracias al apoyo de la Policía Nacional, con lo cual se alcanzaron 130 personas de forma directa.

Desde el mes de marzo, por efectos de la pandemia, no ha sido posible la ejecución de eventos presenciales, así como también la realización de encuestas, por lo que la tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental para lograr los objetivos institucionales.

Por lo expuesto y con la finalidad de incrementar el nivel de conocimiento del Seguro de Depósitos entre la ciudadanía, la COSEDE continúa realizando distintos talleres virtuales enfocados principalmente a estudiantes universitarios. Es así que se ha capacitado a 767 estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo; Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Ambato, Universidad Técnica de Ambato, Universidad Espíritu Santo, Universidad de Milagro y Colegio de Contadores de Tungurahua. Adicionalmente, la COSEDE ha participado en eventos virtuales como “Encuentros”, organizado por el Banco Central del Ecuador, que han permitido incrementar el nivel de conocimiento del Seguro de Depósitos en la ciudadanía en general. Gráfico 1. Participación en talleres virtuales COSEDE

Cosede afianza sus lazos de cooperación interinstitucional

OONECTA Red Transaccional y COSEDE suscribieron en el mes de agosto de 2020 un acuerdo interinstitucional con la finalidad de facilitar el acceso al pago del Seguro de Depósitos al integrarlo al ecosistema de medios de pago digitales desarrollado por COONECTA. La finalidad de este proyecto es mejorar los servicios de BICOO y DeUna para fomentar el desarrollo del sector financiero popular y solidario y que la Red COONECTA sea una alternativa para aquellos que se han visto afectados por la liquidación forzosa de una entidad financiera.

Por su parte, la Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (ICORED) y COSEDE suscribieron en el mes de septiembre de 2020 un Convenio Interinstitucional cuyo objetivo fundamental es afianzar la cooperación y el trabajo conjunto de las dos instituciones enfocado principalmente en el desarrollo e implementación de estrategias de concientización al público sobre los mecanismos de seguridad financiera que administra la COSEDE, el intercambio de información relevante para las instituciones, la generación de estudios de interés común y la promoción de los principios y valores del cooperativismo.

Estos convenios están basados en las mejores prácticas internacionales para los sistemas de seguros de depósitos eficaces que promueven la existencia de un marco regulatorio formal e integral para la estrecha coordinación de actividades e intercambio de información entre el asegurador de depósitos y otros participantes de la red de seguridad financiera; y, determinan que para proteger a los depositantes y contribuir a la estabilidad financiera, es esencial que se informe continuamente al público sobre los beneficios y limitaciones del sistema de seguro de depósitos. Estos compromisos para juntar esfuerzos entre el sector público y privado, fortalecerá el sistema de seguro de depósitos en el Ecuador, para así contribuir de manera efectiva a la estabilidad del sistema financiero y a la protección de los depositantes.

DATOS ESTADÍSTICOS A

continuación se presentan los principales datos estadísticos de los fideicomisos del Seguro de Depósitos y del Fondo de Liquidez que administra la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados.

El Seguro de Depósitos (SD)

Patrimonio del Seguro de Depósitos del Sector Financiero Privado US$ millones, septiembre de 2020

2.500

El patrimonio del Seguro de Depósitos del Sector Financiero Privado alcanzó en el mes de septiembre de 2020 US$ 1.979 millones. Con este monto de patrimonio, el Seguro de Depósitos de este sector alcanzó un nivel de cobertura de 15,3% (patrimonio / depósitos cubiertos). A septiembre de 2020, el Seguro de Depósitos ha beneficiado a 81.333 depositantes del Sector Financiero Privado con un monto de US$ 55,95 millones. Los depósitos totales del sector financiero privado a agosto de 2020 presentan una variación mensual de 1% y un crecimiento anual de 7%.

33.660

40.000 1.979

2.000 34.227 1.500

1.601 902

1.000

500

12.924 126

209

314

453

622

723

1.198

1.827

1.392

1.089

30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000

sep-09 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 sep-20 Patrimonio SD SFP

35.000

Depósitos totales ago-2020 (eje der.)

600

Patrimonio del Seguro de Depósitos del Sector Financiero Popular y Solidario US$ millones, septiembre de 2020

12.553

12.990

12.000

500 490 400

412

300 200

14.000

8.000

337

6.000

286 3.505

100 77

dic-13

213 110

4.000

146

2.000 0

dic-14

dic-15

Patrimonio SD SFPS

Fuente: COSEDE

10.000

dic-16

dic-17

dic-18

dic-19

Depósitos totales ago-2020 (eje der.)

sep-20

Millones

Fuente: COSEDE

El patrimonio del Seguro de Depósitos del Sector Financiero Popular y Solidario a septiembre de 2020 alcanzó los US$ 490 millones. Con este monto de patrimonio, el Seguro de Depósitos de este sector alcanzó un nivel de cobertura de 5,89% (patrimonio / depósitos cubiertos). A septiembre de 2020, el Seguro de Depósitos ha beneficiado a 416.837 depositantes del Sector Financiero Popular y Solidario con un monto de US$ 54,22 millones. Los depósitos totales del sector financiero popular y solidario a agosto de 2020, presentan una variación mensual de 2% y un crecimiento anual de 10%.

Fondo de Liquidez Patrimonio del Fondo de Liquidez del Sector Financiero Privado US$ millones, septiembre de 2020

2.780

2.500

2.241

2.000 1.500 1.000 500

14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 1 se 9 p20

0 00

El patrimonio del Fondo de Liquidez del Sector Financiero Privado a septiembre de 2020 alcanzó los US$ 2.241 millones, lo cual representa el 6,5% de los depósitos sujetos a encaje. Es importante resaltar que este fondo se nutre de los aportes realizados por las propias entidades financieras privadas y tiene como objetivo cubrir necesidades temporales de liquidez de las entidades financieras.

Millones de US$

3.000

Fuente: COSEDE

350

Patrimonio del Fondo de Liquidez del Sector Financiero Popular y Solidario US$ millones, septiembre de 2020

288 245

250 200 150 100 50

41 jun-20

El Fondo de Liquidez del Sector Financiero Popular y Solidario se constituyó en el mes de octubre de 2016 con US$ 41 millones. Al mes de septiembre de 2020 el Fondo incrementó su patrimonio a US$ 244,88 millones, cuya parte proporcional representa el 4% de los depósitos sujetos a encaje de las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y el 2% de las obligaciones con el público de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1, respectivamente.

ago-20

abr-20

dic-19

feb-20

oct-19

jun-19

ago-19

abr-19

dic-18

feb-19

oct-18

jun-18

ago-18

abr-18

dic-17

feb-18

oct-17

jun-17

ago-17

abr-17

dic-16

feb-17

0 oct-16

Fuente: COSEDE

Fondo de Seguros Privados El patrimonio del Fideicomiso del Fondo de Seguros Privados paso de US$1,08 millones en enero de 2016 a US$42 millones en mayo de 2020. Este fondo paga a los asegurados de las empresas de seguros declaradas en liquidación forzosa, los siniestros pendientes de pago hasta por un monto protegido total definido en la normativa vigente. 45 40

Patrimonio del Fondo de Seguros Privados US$ millones, septiembre de 2020

35 30 25 20 15 10 5 en em 16 ar m 16 ay -1 6 ju l-1 se 6 p1 no 6 v1 en 6 em 17 ar m 17 ay -1 7 ju l-1 se 7 p1 no 7 ven 17 em 18 ar m 18 ay -1 8 ju l-1 se 8 p1 no 8 v1 en 8 em 19 ar m 19 ay -1 9 ju l-1 se 9 p1 no 9 ven 19 em 20 ar m 20 ay -2 0 ju l-2 se 0 p20

US$ Millones

Millones de US$

300

Fuente: COSEDE

Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira, Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera - Bloque 6 - Pisos 7, 8 y 9 • Teléfono: (+593) 2 396 0340 • Código Postal: EC 170506 Quito, Ecuador

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