Revista Externa #013, Julio - Septiembre 2018
© Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados COSEDE, 2018 Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira - Quito, Ecuador Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera - Bloque 6 - Pisos 7, 8 y 9 www.cosede.gob.ec COSEDE, Revista Externa Edición #013 Julio - Septiembre 2018 Presidenta del Comité Editorial: Lorena Elizabeth Freire Guerrero lorena.freire@cosede.gob.ec Asesor General Técnico: Nelly del Pilar Arias Zavala nelly.arias@cosede.gob.ec
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Asesor de Comunicación: Diego Germán Andrade Guzmán diego.andrade@cosede.gob.ec Edición de Comunicación: Lina Marcela Londoño Espinosa lina.londono@cosede.gob.ec Rossana de los Ángeles Flores Villegas rossana.flores@cosede.gob.ec Diseño y diagramación: Andrés Esteban Aizaga Chávez esteban.aizaga@cosede.gob.ec Comentarios y sugerencias: comunicacion@cosede.gob.ec (02) 396 0340 Ext. 290 No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, incluido el diseño tipográfico y de portada, en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, fotocopia u otros, sin el consentimiento de la editora.
Editorial Tema Central
Secretaria y Editora Técnica: Silvia Lorena Espinosa Sánchez silvia.espinosa@cosede.gob.ec Vocales Técnicos: Luis Alfredo Olivares Murillo luis.olivares@cosede.gob.ec Germán Enrique Rodríguez Maldonado german.rodriguez@cosede.gob.ec
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Institucional
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Datos estadísticos
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Revista Externa #013 Julio - Septiembre 2018
Editorial Dra. Lorena Freire Guerrero Presidenta del Directorio de la COSEDE Amables lectores: La Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados - COSEDE es la institución que maneja 3 productos esenciales para la seguridad de nuestro sistema financiero nacional y de seguros privados: el Seguro de Depósitos, el Fondo de Liquidez y el Seguro de Seguros Privados. En esta edición queremos poner a disposición de la ciudadanía valiosa información respecto al funcionamiento del Fondo de Liquidez como mecanismo de protección financiera, y el rol que cumple considerando su característica de prestamista de última instancia. Es nuestro compromiso mejorar día a día nuestros procesos, por ello, hemos planificado llevar a cabo un “simulacro” de necesidad de liquidez, para lo cual requerimos el apoyo y participación de las entidades financieras, lo que nos permitirá evaluar los procedimientos, tiempos de respuesta, así como la capacidad de generación de información y documentos que se requieren para el otorgamiento del crédito extraordinario. Esta actividad, sin duda, repercutirá de manera positiva en la madurez de los productos y procesos a cargo de la COSEDE, además de garantizar una capacidad de respuesta eficiente y eficaz; de igual forma, permitirá a las entidades financieras realizar los ajustes necesarios, de modo que estén preparadas para una contingencia de este tipo. Compartimos también con nuestros lectores interesantes artículos elaborados por entidades aliadas en los que se abordan temas de relevancia, como las micro finanzas y la inclusión financiera, conceptos de trascendental importancia para mejorar el bienestar de la población y el desarrollo del país, con los cuales esperamos aportar a su
difusión y, particularmente al conocimiento del Seguro de Depósitos como uno de los beneficios inherentes a la inclusión financiera que protege a los depositantes. Para la COSEDE, resulta imperativo difundir las bondades del Seguro de Depósitos, para ello, nos hemos centrado en llegar directamente a los beneficiarios, a través de un acercamiento en territorio y visitas a los medios de comunicación, lo que ha generado 1.092 impactos con los que se ha dado a conocer el funcionamiento del Seguro. En este sentido, me complace invitarles a leer nuestra revista en su Edición No. 13, espero la disfruten y recuerden que en COSEDE ¡Protegemos tu dinero!
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Tema
CENTRAL Revista Externa #013 Julio - Septiembre 2018
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El Fondo de Liquidez
como mecanismo que contribuye a la estabilidad del sistema financiero COSEDE
El rol de los bancos centrales como prestamistas de última instancia (PUI) es uno de los más controversiales, tal es así que a lo largo de la historia se han desarrollado varias teorías tanto a favor como en contra de dicho rol. Sin embargo, todavía existe un amplio campo por desarrollar en el ámbito del diseño de un prestamista de última instancia en economías dolarizadas. A continuación se presenta una breve descripción del concepto del PUI, su evolución teórica, y los cambios que ha experimentado en el Ecuador. El rol de Prestamista de Última Instancia: conceptos e historia El término “Prestamista de Última Instancia” fue utilizado por primera vez por Baring en el año 1797 para referirse al Banco Central de Inglaterra quien podría ejercer esta función en caso que los bancos enfrenten crisis de liquidez. Posteriormente, Thorton (1802) y Bagehot (1873), autores de la doctrina clásica, argumentaron que el Banco de Inglaterra debía apoyar a los bancos comerciales en problemas, actuando como prestamista de última instancia para evitar el contagio entre bancos y los pánicos bancarios1. Thorton argumentó que el Banco de Inglaterra debía velar por la estabilidad del sistema bancario, proveyendo liquidez a los bancos en problemas para evitar un pánico generalizado. Bagehot, por su parte, fue quien aceptó y extendió las ideas de este autor.
Igual que Thorton, Bagehot era partidario de que el Banco de Inglaterra actuara como prestamista de última instancia para impedir las crisis sistémicas en el sector bancario2. A partir del desarrollo de estos conceptos, se ha discutido ampliamente acerca de la necesidad de contar o no con un banco central que actúe como prestamista de última instancia. Las teorías que están en contra señalan que las necesidades de liquidez de una entidad financiera pueden ser cubiertas a través del mercado interbancario por su función de redistribución de la liquidez, es así que los bancos solventes pero con problemas de liquidez podrían obtener créditos en dicho mercado, mientras que aquellos insolventes no los conseguirían y tenderían a desaparecer.De esta manera, se evitarían problemas de riesgo moral que se podrían generar tanto por el lado de las entidades como de los depositantes que tenderían a asumir más riesgos si conocen que existe la posibilidad de ayuda por parte de un banco central. Por su parte, autores como Stiglitz y Weiss (1981), Goodhar y Huang (1999) entre otros, que están a favor del rol de prestamista de última instancia argumentan la existencia de asimetrías de información que no permitirían el funcionamiento del mercado de créditos interbancarios, lo que ocasionaría problemas de contagio y crisis financieras sistémicas, con efectos negativos en la economía en general.
Ossa Fernando, “Los Bancos Centrales como Prestamistas de Última Instancia”, Santiago de Chile, Cuadernos de Economía, Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 2003. 2 Ibídem. 1
Las crisis financieras internacionales mostraron la vulnerabilidad de los sistemas financieros y pusieron en evidencia que la disponibilidad de liquidez no solo previene crisis sistémicas sino la caída del sector real de la economía. Esta problemática ha incentivado la búsqueda de una solución que procure evitar el riesgo moral asociado a la existencia de un prestamista de última instancia, que es la de prestar ayuda únicamente a aquellas entidades que tengan problemas transitorios de liquidez pero no de solvencia, además de la fijación de una tasa de interés por encima de las tasas del mercado que desincentive el uso extensivo de este mecanismo. Como se puede observar, históricamente, la teoría se ha desarrollado en torno a que los bancos centrales desempeñen la función de prestamista de última instancia. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta lo que anotan Gruben y Wech (1996) quienes indican que un banco central puede cumplir esta función siempre y cuando pueda emitir moneda. En el Ecuador, luego de la crisis financiera de los años 1999 y 2000 en la que el Banco Central del Ecuador - BCE, intervino con este rol y que derivó en la adopción de la dolarización, tomó relevancia la creación de un prestamista de última instancia que pueda actuar en caso de que entidades financieras solventes presenten problemas de liquidez. Esto, con el objetivo de evitar un potencial riesgo de contagio a varias entidades del sistema financiero nacional, que amenacen su estabilidad y puedan desencadenar una crisis sistémica, pero sin generar un riesgo moral excesivo. En este contexto, en el año 2000 la Junta Bancaria creó el Fondo de Liquidez como prestamista de última instancia de las instituciones financieras privadas sujetas a la obligación de encaje. Este primer Fondo de Liquidez, alimentado por las propias entidades financieras, se manejó bajo la figura de un fideicomiso mercantil cuyo administrador fiduciario fue la Corporación Financiera Nacional.
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Es importante anotar que en este fideicomiso podían actuar como constituyentes adherentes organismos multilaterales y el Estado. En el año 2007, la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito estableció que el sistema financiero debía contar con un Fondo de Liquidez constituido únicamente con los aportes de las entidades financieras. En 2008, con la expedición de la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera y en concordancia con los principios constitucionales (art. 308: (…) la regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la responsabilidad de la solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del Estado) se crea una nueva arquitectura financiera nacional cuya base es la Red de Seguridad Financiera que, junto a un oportuno y efectivo control estatal de carácter preventivo, se integra además, por cuatro pilares fundamentales: Supervisión Bancaria preventiva y oportuna, el Fondo de Liquidez, el Fondo de Garantía de Depósitos, y el nuevo Esquema de Resolución Bancaria. Sobre la citada base legal, se crea el Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Ecuatoriano con el objetivo de que actúe como prestamista de última instancia de entidades financieras privadas que se hallan sujetas a la obligación de mantener encaje de sus depósitos en el Banco Central del Ecuador, que mantengan su patrimonio técnico dentro de los niveles mínimos exigidos por la Ley y que hayan administrado su liquidez de conformidad con las normas de carácter general dictadas por la Junta Bancaria. El Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Ecuatoriano estaba regido por un Directorio conformado por el Superintendente de Bancos y Seguros; el Gerente General del Banco Central del Ecuador; un representante de la Junta Bancaria; un delegado del Presidente de la República y dos representantes de las instituciones financieras privadas. Al BCE, además, le correspondía actuar como Secretario Técnico y como administrador del fideicomiso mercantil.
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Finalmente, en el año 2014 el Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF) determina la creación del Fondo de Liquidez del Sector Financiero Privado y del Sector Financiero Popular y Solidario y establece que su manejo se realice a través de dos fideicomisos independientes; así como la transferencia de recursos desde el Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Ecuatoriano a los nuevos fideicomisos; y, su posterior liquidación. El Fondo de Liquidez - FL en la actualidad El Fondo de Liquidez creado a partir de la expedición del COMF, pasa a ser administrado por la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados - COSEDE y el Banco Central del Ecuador cumple el rol de administrador fiduciario. El citado marco legal establece, de igual manera, que el FL podrá cubrir deficiencias de liquidez de las entidades de los sectores financieros privado y popular y solidario, para lo cual actuará en calidad de prestamista de última instancia y otorgará préstamos a las entidades financieras que mantengan su patrimonio técnico dentro de los niveles mínimos exigidos por la Ley y que hayan sido administradas de conformidad con las regulaciones dictadas para el efecto. En la práctica, éste contribuye a la estabilidad del sistema financiero ya que puede proveer de liquidez de forma inmediata a entidades que tengan necesidades temporales de la misma (que no sean problemas de solvencia) propias de la intermediación financiera que cumplen, de esta forma se evitan posibles contagios a otras entidades financieras y se mantiene la confianza en el sistema financiero en su conjunto. Actualmente, el Fondo de Liquidez del Sector Financiero Privado está conformado por 24 entidades financieras aportantes y el del Sector Financiero Popular y Solidario, creado en octubre de 2016, por 30 entidades entre mutualistas y cooperativas de ahorro y crédito del Segmento 1.
Los recursos del Fondo de Liquidez son de naturaleza privada, inembargables y no pueden ser afectados por las obligaciones de los aportantes. El Fondo se nutre con los siguientes recursos: Los aportes que realizan las propias entidades financieras; El rendimiento de las inversiones y las utilidades líquidas de cada ejercicio anual del Fondo de Liquidez; Las donaciones que reciba; Los provenientes de préstamos o líneas contingentes obtenidos para el financiamiento de sus actividades; y, Los provenientes de préstamos entre los fideicomisos del Fondo de Liquidez. Los aportes son determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y dependen de cada tipo de entidad financiera -EFI, es así que las privadas aportan mensualmente el 8% del promedio de sus depósitos sujetos a encaje; las mutualistas, el 5% del promedio de sus depósitos sujetos a encaje; y las cooperativas de ahorro y crédito del Segmento 1, el 1,5% del promedio de sus obligaciones con el público. En este caso el aporte se incrementa en 0,5% en enero de cada año hasta alcanzar la meta de 7,5% de sus obligaciones con el público. Para el caso de las entidades del sector financiero privado y las mutualistas, la meta del Fondo de Liquidez es de 10% de los depósitos sujetos a encaje. Es importante destacar que las cuentas del Sector Financiero Popular y Solidario como del Privado del Fondo de Liquidez están sujetas a la verificación anual de una auditoría externa realizada por empresas calificadas por la Superintendencia de Bancos o la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, según corresponda.
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Las entidades financieras aportantes pueden acceder a tres tipos de créditos: Ordinarios: son créditos de corto plazo (1 día) para cubrir deficiencias de liquidez en cámaras de compensación. El monto máximo es el 100% del total de aportes de cada entidad y pueden acceder a un máximo de 60 créditos por año. Extraordinarios: créditos entregados para cubrir deficiencias extraordinarias de liquidez de entidades financieras que cumplan niveles de solvencia a un plazo de hasta 365 días y por un monto no mayor al 30% de los activos del Fondo ni al equivalente a 100% el patrimonio técnico de la entidad financiera. Para este tipo de crédito, las entidades financieras deberán constituir una garantía equivalente al 140% del crédito aprobado. Corrientes: se otorgan automáticamente para cubrir requerimientos corrientes de liquidez, actualmente sólo se facilita para las entidades del Sector Financiero Privado, siempre y cuando mantengan un nivel mínimo de solvencia y una correcta gestión de su liquidez. El plazo máximo es 120 días y el monto máximo de hasta el 50% del total de aportes de cada entidad. Las entidades pueden acceder a un máximo de 3 créditos corrientes por año. A agosto de 2018, el patrimonio del Fondo de Liquidez del Sector Financiero Privado alcanzó los US$ 2.611 millones y el del Sector Financiero Popular y Solidario ascendió a US$ 152 millones. Gráfico 1: Patrimonio del Fondo de Liquidez del Sector Financiero Privado (US$ millones, agosto de 2018) 3.000
2.500
2.391 2.234
2.611
2.115
2.000 Millones de US$
2.517
1.643
1.500
1.214 1.000
422 34
38
45
56
66
81
96
2000
2001
2002
2003
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500
531
660
108 138
Fuente: COSEDE
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Gráfico 2: Patrimonio del Fondo de Liquidez del Sector Financiero Popular y Solidario (US$ millones, agosto de 2018) 160
152
141
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Millones de US$
120 94
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60 40 20
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Fuente: COSEDE En lo que se refiere a las inversiones del Fondo de Liquidez, el artículo 337 del COMF establece que los recursos del Fondo de Liquidez deberán invertirse observando los principios de seguridad, liquidez, diversificación y rentabilidad (en ese orden) en el marco de los objetivos de la política económica y la preservación de los depósitos. Estos recursos no podrán invertirse en bonos emitidos por el Ministerio de Finanzas. La política de inversión del Fondo de Liquidez establece que se podrá invertir únicamente en activos y emisores con calificación internacional igual a AA, o superior, o su calificación equivalente de las calificadoras de riesgo. En estricto cumplimiento de estas políticas, actualmente el 99,55% de los recursos están invertidos en Organismos Internacionales Multilaterales y Supranacionales con calificación internacional “AA" o superior.
Prestamistas de última instancia en América Como se pudo evidenciar, históricamente los bancos centrales han sido los que cumplen el rol de prestamista de última instancia. En América únicamente Panamá no cuenta con un prestamista de última instancia, en el resto de países el banco central cumple dicho rol. Argentina: Con el fin de promover la estabilidad del sistema financiero, el Banco Central de la República Argentina
ejerce sus facultades de regulación prudencial y de supervisión de las entidades, lleva adelante un sistema de seguro de depósitos y cumple la función de provisión de liquidez de última instancia.
Canadá: El Banco de Canadá es el proveedor en último término de liquidez al sistema financiero, con los siguientes tipos de crédito. Servicio Permanente de Provisión de Liquidez (SPPL): créditos a un día, a participantes directos en el Sistema de Transferencias de Alto Valor (STAV). Opera de forma automática para cubrir déficit temporales en las cuentas para liquidación que pueden originarse en la diaria liquidación de pagos Asistencia de Préstamos de Emergencia (APE): a instituciones solventes que requieren crédito más sustancial y prolongado. Plazo no mayor a seis meses renovables por nuevas operaciones que no superen el mismo plazo. Colombia: El Banco de la República (Banco Central), en cumplimiento del mandato Constitucional desarrolla la función de prestamista de última instancia, otorgando Apoyos Transitorios de Liquidez (APL) a los establecimientos de crédito solventes, que presenten situaciones temporales de iliquidez. Tipos de APL: Defecto en la cuenta de depósito: el monto está determinado por el menor valor entre pago incumplido y defecto en la cuenta de depósito, sin superar el límite de necesidades de efectivo. Plazo: 30 días improrrogables. Necesidades de efectivo: el monto máximo es el 15% de la cifra más alta de pasivos para con el público dentro de los 15 días, anteriores a la solicitud. Plazo: 30 días prorrogables hasta por 180 días (todos días calendario).
Chile: El Banco Central de Chile como parte de sus funciones para precautelar la estabilidad del sistema financiero actúa como prestamista de última instancia de la economía y, por tanto, puede conceder a las empresas bancarias y sociedades financieras créditos en caso de urgencia por un plazo no superior a noventa días, cuando estas presenten problemas derivados de una falta transitoria de liquidez. Costa Rica: El Banco Central de Costa Rica cumple el rol de prestamista de última instancia, con el fin de contribuir a mantener la estabilidad del Sistema Financiero Nacional y mantener el normal funcionamiento del sistema de pagos, al poner a disposición de los intermediarios financieros mecanismos que les permitan afrontar una eventual falta de liquidez. Monto máximo: 50% del activo realizable de la entidad. Plazo: tres meses, prorrogables por una sola vez hasta por tres meses adicionales. Estados Unidos: La Reserva Federal (FED) mantiene la capacidad de proporcionar liquidez a los mercados durante momentos de estrés financiero inusual, incluida la autoridad para prestar a instituciones que cuenta con seguro de depósitos. A partir de la crisis financiera la FED ya no puede otorgar préstamos a entidades no bancarias con problemas individuales, a cambio se ampliaron las facultades de resolución del asegurador de depósitos (FDIC) para actuar en casos que puedan causar un contagio al resto del sistema y afectar la economía.
Referencias: Ossa Fernando, “Los Bancos Centrales como Prestamistas de Última Instancia”, Santiago de Chile, Cuadernos de Economía, Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 2003. Bolzico J., Gozzi E., Abraham F., “Redes de Seguridad Financiera: comparación de países de América y África, Fit&Proper, 2014. Daniel F., Engert W., Maclean D., “El Banco de Canadá como prestamista de última instancia” Boletín Volumen LI, número 2, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 2005. Uribe José Darío, “El Banco de la República y su función de prestamista de última instancia”, Banco de la República de Colombia. Torres Raúl, “El Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Privado Ecuatoriano.- Análisis de la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera”, Universidad Andina Simón Bolívar, 2012. Bank for International Settlements, “Re-thinking the lender of last resort, BIS Papers No. 79, 2014.
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Entidades
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Algunos aspectos de la prevención de lavado Dra. María Dolores Torres Máster en Economía Empresarial La Superintendencia de Bancos, al amparo del artículo 244 del Código Orgánico Monetario y Financiero, está obligada a vigilar que las instituciones supervisadas tengan controles internos suficientes que les permitan prevenir que sean utilizadas en operaciones que, de acuerdo a la legislación ecuatoriana y a las recomendaciones internacionales, se consideren provenientes de actos ilícitos. En el contexto de este ámbito regulatorio, la Superintendencia de Bancos en el Capítulo III, Titulo X, Libro I, expidió las Normas de Prevención de Lavado de Activos para su aplicación en las instituciones financieras públicas y privadas, controladas por la Superintendencia de Bancos, que contienen las políticas y procedimientos de control, los procedimientos de debida diligencia, la estructura organizacional y la capacitación, además de la difusión sobre prevención de lavado de activos para los sistemas financieros mencionados. Las disposiciones legales tienen un alto enfoque hacia la metodología colombiana “SARLAFT”, pues se configura un control basado en etapas, elementos e instrumentos difundidos a través de políticas y procedimientos, dentro de un concepto de administración del riesgo. Así, en forma análoga al modelo colombiano, se ha establecido como factores de riesgos mínimos a considerar a los clientes, productos y servicios, situación geográfica o jurisdicciones, y canales de distribución. Bajo este esquema, ahora la norma describe metodológicamente los procesos de
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construcción de una matriz de riesgos para prevención de lavado de activos. Las políticas, procesos, procedimientos de debida diligencia, controles, capacitación y desarrollo tecnológico se encuentran anclados a cuatro aspectos fundamentales: la información; los perfiles transacciones/operativos y de comportamiento de los clientes; el monitoreo sobre la transaccionalidad u operatividad de los clientes; y, los reportes. La norma enfatiza de manera sostenida que las entidades controladas administren en forma óptima la calidad de información de sus clientes externos e internos, como condición sine qua non para implementar adecuados controles preventivos. Para ello, establece rigurosos procesos de recopilación, verificación y actualización de los datos referentes a los clientes. Con la disponibilidad de una adecuada información, se obliga a las instituciones financieras públicas, privadas y a las compañías de seguros a levantar los perfiles transaccional y operativo del sujeto de análisis, respectivamente. Es decir, un valor o rango mensual máximo y actualizado, que se lea como la capacidad que un cliente pueda acreditar u operar en sus cuentas o pólizas, considerando como mínimo la información obtenida de la actividad económica, de los productos a utilizar, del propósito de la relación comercial y de la transaccionalidad u operatividad histórica que mantiene cada cliente con la institución.
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Adicionalmente, los sectores referidos deben establecer el perfil de comportamiento del cliente en función de aquellas características propias y habituales del sujeto de análisis, asociadas con su información general y con el modo de utilización de los servicios y productos que ofrece la institución. En términos prácticos, cada cliente que opere con las instituciones financieras y compañías de seguros deberá, en el plazo contemplado en las normativas aprobadas, disponer de un parámetro o rango mensual actualizado, acompañado de sus características habituales, sobre el cual se confrontará su transaccionalidad u operatividad. El control permanente de este proceso, bajo los mecanismos tecnológicos que permitan implementarlo, se lo concibe conceptualmente como monitoreo. Así, la normativa ha provisto al Oficial de Cumplimiento, en forma objetiva, de la metodología para determinar transacciones u operaciones inusuales, para que, de manera inmediata, establezca las justificaciones si ese fuera el caso. El procedimiento de debida diligencia se complementa con los reportes internos y externos, el registro, reporte y archivo de la información requerida por la Unidad de Análisis Financiero y Económico - UAFE, por parte de las instituciones, contempla toda clase de operaciones y transacciones no sólo el efectivo tal como disponían las normativas anteriores. Además, se fortalece la conformación del comité de cumplimiento y posibilita su convocatoria por parte del oficial de cumplimiento para el pronunciamiento y posterior reporte de alguna transacción inusual injustificada. En síntesis, las modificaciones incorporadas fortalecen los controles preventivos de lavado de activos y financiamiento de delitos en las instituciones financieras y compañías de seguros, y cumplen a cabalidad con las recomendaciones internacionales. El objetivo fundamental de las normativas de reducir el riesgo residual de lavado de activos y financiamiento de terrorismo y otros delitos en el país se verá plasmado por el estricto cumplimiento de las entidades y por la eficaz supervisión por parte del organismo de control. El carácter procedimental de las mismas conlleva un agresivo proceso de automatización de las labores de debida diligencia.
Para cumplir el mandato señalado, la Superintendencia de Bancos cuenta dentro su estructura orgánica funcional con la Dirección Nacional de Riesgos y la Subdirección de Prevención de Lavado de Activos, unidad especializada en verificar el cumplimiento de las disposiciones legales enunciadas, mediante mecanismos de supervisión y control extra situ e in situ. Se resalta el ámbito preventivo del organismo de control financiero y de seguros, a diferencia de otras instituciones, a las cuales le ley les ha asignado competencias de detección, investigadoras y sancionadoras. Las Unidades de Prevención de Lavado de Activos para el cumplimiento de su misión deben ejecutar procesos de supervisión extra situ e in situ, mediante el control del ambiente de prevención de lavado de activos en función de documentación y, a través de auditorías especializadas y procedimientos de prevención de lavado a las instituciones del sistema financiero controlado y de seguro privado, conforme lo previsto en su Plan Operativo Anual de Inspecciones. En este contexto, caracterizado por el fortalecimiento de todas las regulaciones de cumplimiento, se requiere incrementar las capacidades de inspección del organismo de control para una eficaz supervisión, mediante la adopción de mecanismos adecuados, esquemas, metodologías e instrumentos para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, que permitan ampliar y mejorar la cobertura, frecuencia, oportunidad y profundidad de los procesos actuales de supervisión, así como evaluar el cumplimiento de la normativa por parte de las instituciones reguladas. Como queda indicado, estos procesos de supervisión competen tanto a actividades extra situ como in situ dentro del ámbito preventivo. El mayor enfoque a riesgos de los procesos de supervisión, implica que para su eficaz evaluación y control es necesario medirlos, para lo cual se requiere la adopción de metodologías valederas que permitan determinar con mayor exactitud la exposición al riesgo de lavado de activos del sistema financiero.
La inclusión financiera y las microfinanzas en el Ecuador Mtr. Patricio Chanabá Director Ejecutivo de ASOMIF En la mayoría de países del mundo, pero en especial en los de menor desarrollo económico relativo, el concepto de inclusión financiera ha tomado especial relevancia para los objetivos de reducción de la pobreza y mejores niveles de equidad social en la población. Una demostración de la importancia que el mundo le está dando a la inclusión financiera, es el plan adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”1, en cuyo documento se destaca, en al menos cinco de sus 17 objetivos2, el acceso amplio y universal de las personas a los servicios financieros, como uno de los factores que aportan a la lucha contra la marginalidad y la pobreza. Este mayor acceso, en especial de la población de menores ingresos, representa un elemento que contribuye con más y mejores condiciones para el desarrollo de las personas, familias y microempresas, pues permite ampliar sus posibilidades de inversión en educación, salud, emprendimientos o consumo, mediante la cultura del ahorro, el acceso al crédito, y la posibilidad de contar con un sinnúmero de servicios que facilitan y cubren sus actividades diarias.
En este contexto es que el debate sobre la inclusión financiera ha venido evolucionando en los últimos años, al ampliar su enfoque tradicional solo desde el microcrédito, hacia el de las microfinanzas, el cual comporta una propuesta de valor integral para la población de menores ingresos, a través de instituciones financieras especializadas y la oferta de productos y servicios –también especializados– diseñados para cubrir las necesidades y características de la población de la base de la pirámide. Todas las fuentes y organismos que se ocupan de la inclusión financiera, en el mundo, le han dado a las microfinanzas un rol preponderante en la estrategia y efectividad de las acciones aplicadas para reducir las brechas de la inclusión. Un concepto que describe bastante bien lo que representan las microfinanzas para la inclusión financiera, es el que emite el Grupo Consultivo de Ayuda a los Pobres (CGAP por sus siglas en inglés).El CGAP, con sede en el Banco Mundial, proporciona servicios de estudio de mercado, promoción de normas, desarrollo de soluciones innovadoras y asesoría a gobiernos, proveedores de microfinanzas, donantes e inversionistas.3
1 Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015: http:// www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/%20RES/70/1&referer=/english/&Lang=S. 2 Poner fin a la pobreza (Objetivo 1, específicamente la Meta 1.4); Poner fin al hambre (Objetivo 2, específicamente la Meta 2.3); Lograr la igualdad de género (Objetivo 5, específicamente la Meta 5.a); Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible (Objetivo 8, específicamente la Meta 8.3), y promover la industrialización inclusiva y sostenible (Objetivo 9, específicamente la Meta 9.3). 3 https://www.cgap.org
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El Portal de Microfinanzas, que es un proyecto del CGAP, refiere a las microfinanzas como: “Las microfinanzas comprenden la prestación de servicios financieros a personas de bajos ingresos. Se refieren a un movimiento que concibe un mundo en el que los hogares de ingreso bajo tienen acceso permanente a servicios financieros de calidad y accesibles dirigidos a financiar actividades que produzcan ingresos, generar activos, estabilizar el consumo y entregar protección contra riesgos. Inicialmente, el término estaba estrechamente vinculado con los microcréditos —préstamos muy pequeños a prestatarios sin salario y sin o con escasas garantías—, pero se ha ampliado para incluir una variedad de servicios, como ahorros, seguros, pagos y remesas.” Sin embargo, a pesar de lo efectivo que puede resultar para la población pobre una oferta integral de productos y servicios microfinancieros, este componente, por sí solo, no es suficiente para que automáticamente se alcancen mejores niveles de inclusión. Para ello, es preciso que se articule paralelamente una infraestructura legal, regulatoria, de políticas públicas, institucional y de mercado. El conjunto y la calidad de dichos elementos dan las pautas para un crecimiento sostenible de la inclusión financiera. La experiencia de los avances que en esta materia han tenido los países de nuestra región, va en esa línea, en la mayoría de los cuales se advierte un apoyo e impulso dado desde el mismo Estado, con objetivos compartidos con los operadores del mercado, razones a las que se puede atribuir el relativo éxito que han alcanzado. Lamentablemente en nuestro país subsiste una brecha significativa en materia de inclusión, así como en la normativa y en las políticas públicas para promoverla. Según Global Findex 2017, una de las bases de datos más exhaustiva para evaluar los niveles de inclusión en los países, auspiciada por el Banco Mundial, el Ecuador mejoró el porcentaje de la población de más de 15 años con una cuenta en entidades financieras, de 46% en 2014 a 51% en 2017. Sin embargo, ésta y otras variables siguen siendo insuficientes al compararlas con otros países.
Tabla 1: Algunos indicadores de inclusión (% población de más de 15 años) – 2017 Tienen cuenta en una EFI
Uso de T/D o T/C para compras
Titular de una tarjeta de crédito
Depósitos (% de quienes tienen cuenta)
Pagos digital es
Préstamo en IF o uso de T/C
Ecuador
51%
14%
9%
64%
20%
17%
América Latina/Caribe
55%
29%
19%
71%
30%
21%
Norteamérica
94%
87%
67%
95%
66%
70%
Países de la OECD
95%
82%
57%
91%
69%
57%
T/C: Tarjeta de crédito T/D: Tarjeta de débito Fuente: Fuente: Global Findex Los niveles que presenta el Ecuador en variables clave de inclusión, como: i) la vinculación de la población al sistema financiero ;ii) el acceso a instrumentos formales de financiamiento; o, iii) el uso de medios electrónicos de pago, son inferiores a los que muestra la región. Con respecto a los países de mayor desarrollo –que es un estándar que deberíamos perseguir por los beneficios que representa para la economía de las personas y de la sociedad en su conjunto–, la distancia es marcada aún.
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16
El Informe “Microscopio global 2016: Análisis del entorno para la inclusión financiera”4, que evalúa el entorno normativo y la calidad de políticas públicas para la inclusión financiera, ubica al Ecuador en el puesto 25 (de 55 países) en el ranking 2016. En el 2007 fue tercero y, en el 2009 sexto.
Gráfico 1: Ranking 2016 de Microscopio Global
Fuente: Microscopio Global 2016 El estudio aplica un modelo ponderado y dinámico mediante el que se obtienen puntajes globales para cada factor de evaluación, los cuales proporcionan una fotografía multifacética de la realidad práctica de la inclusión financiera en los países evaluados y permite contar con insumos técnicos e independientes para verificar comparativamente las brechas frente a buenas prácticas. En el siguiente cuadro podemos ver el puntaje alcanzado por el Ecuador en cada una de las 13 variables estudiadas por Microscopio 2016, frente al de los países de América del Sur:
Tabla 2: Factores de Evaluación de Microscopio Global 2016 COL PER
CHI
Apoyo del gobierno a la inclusión financiera
100
78
78
61
61
61
78
56
22
0
60
Capacidad de regulación y supervisión para la inclusión financiera
58
100
58
58
33
83
42
33
17
17
50
Regulación prudencial
100
92
83
92
88
100
46
67
67
54
79
Regulación y supervisión de carteras de crédito
100
100
44
39
67
58
19
47
69
31
57
Regulación y supervisión de actividades de captación de depósitos
92
83
100
100
67
83
46
71
92
63
80
Regulación de seguros dirigidos a poblaciones de bajos ingresos
86
94
14
6
31
0
83
19
14
44
39
Regulación y supervisión de sucursales y agentes/corresponsales
92
100
78
69
53
78
100
92
17
69
75
Requisitos para entidades de crédito no reguladas
100
83
67
33
83
33
33
50
50
33
57
Pagos electrónicos
75
75
25
50
100
75
75
75
25
50
63
Sistemas de información crediticia
100
100
67
83
100
58
75
67
100
58
81
Reglas de conducta de mercado
100
100
92
92
100
56
75
64
53
44
78
Mecanismos de reclamación y de resolución de controversias
100
100
100
83
67
33
42
67
67
42
70
Factor de ajuste (estabilidad)
88
87
69
69
15
66
41
39
18
8
50
INDICADORES / PAÍSES
URU BOL
PAR
BRA ECU ARG VEN
PROM
Fuente: Microscopio Global 2016 4 Último de la serie. Elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU), sección dedicada a la investigación de The Economist Group que publica la revista The Economist. El trabajo cuenta con el apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el Centro para la Inclusión Financiera en Acción y la Fundación MetLife.
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Se puede apreciar que nuestro país alcanza puntajes superiores al promedio en apenas 2 de las 13 variables de estudio, en las otras sus puntajes son menores, lo cual nos da la medida de que las limitaciones del Ecuador en materia de inclusión financiera son de tipo estructural, dado que los factores de evaluación, como podemos observar, representan aspectos transversales y fundamentales para un entorno favorable que la promueva. Consecuentemente, el país necesita de un enfoque integral de acciones para contrarrestar esa problemática, el cual permita abordar multidimensionalmente los obstáculos para el acceso de la población. Las medidas deberían enfocar, entre otros factores, los aspectos relacionados con la calidad de las políticas públicas, las leyes, regulaciones y la infraestructura del mercado.
En ese marco de necesidad de acciones, la ASOMIF ha realizado sus planteamientos a las autoridades públicas actuales, cuya agenda se enfoca en abordar componentes como los siguientes: 1. El desarrollo de una estrategia nacional para la inclusión financiera, que articule acciones y participantes. 2. El mejoramiento y modernización del marco regulatorio y de control actual. 3. La elaboración e implementación de políticas pública que faciliten la inclusión. 4. La ejecución de procesos transversales de educación financiera. La única manera de lograr una inclusión financiera sostenida en el Ecuador, requiere de esta visión país, donde sector público y privado aúnen sus esfuerzos para beneficio de la población.
Asociación de Instituciones de Microfinanzas - ASOMIF Es una organización integrada por cinco bancos: Banco Finca S.A., Banco D-Miro S.A., BanCodesarrollo S.A., Banco Visionfund S.A. y Banco Solidario S.A., los cuales se dedican de forma especializada a atender a los segmentos de bajos ingresos de la población. Actualmente, apoyan el crecimiento productivo y otras necesidades de tipo financiero de más de 700 mil ecuatorianos.
Fotografía: Asociación de Instituciones de Microfinanzas - ASOMIF
Rol de la CONAFIPS en la inclusión financiera de la EPS Ing. Mercedes Salinas Presidenta del Directorio CONAFIPS Las finanzas populares y solidarias son un tema que, hoy en día, cobran especial relevancia dentro del plan gubernamental de desarrollo. Entre sus objetivos está impulsar el acceso a servicios financieros de la Economía Popular y Solidaria (EPS) que está conformada por individuos, familias, comunidades, asociaciones y cooperativas que comparten principios como el bien común y la distribución equitativa de excedentes.
Organizaciones del Sistema Financiero Popular y Solidario (OSFPS) con sus distintos niveles de activos. El objetivo es entender y reflejar ese riesgo tan particular de la EPS que no se asemeja al riesgo de los sistemas tradicionales.
En este sentido, la CONAFIPS -como entidad financiera pública de segundo piso- ejecuta acciones para brindar servicios financieros y no financieros ágiles, oportunos y de costo razonable a la EPS a través del Sector Financiero Popular y Solidario (SFPS). Bajo este enfoque, una de las prioridades del Gobierno Nacional es generar mayor inclusión y profundización financiera de los actores de la EPS y robustecer a las organizaciones mediante el desarrollo de procesos de fortalecimiento con un enfoque integral. Una de las estrategias más importantes que se ha llevado a cabo es la reforma a la herramienta de evaluación financiera, que junto a la evaluación social y de gobierno cooperativo conforman la evaluación integral. Esta herramienta llamada Calificación y Análisis Financiero Inclusivo (CAFI) se desarrolló integrando modelos internacionales con indicadores de la economía humanista y de la EPS, haciendo una diferenciación entre las
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Fotografía: Agricultores beneficiados con los créditos para emprendimientos otorgados por la CONAFIPS a entidades financieras del Sector Financiero Popular y Solidario
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Además de brindar mayor seguridad a la colocación de la CONAFIPS, el CAFI abre la posibilidad para que las OSFPS, que antes no accedían al crédito porque mostraban debilidades, puedan ahora tener financiamiento con procesos de fortalecimiento institucional. De esa forma se logra una inclusión financiera controlada y responsable. Los resultados de las acciones emprendidas se muestran a través de los siguientes indicadores: Incremento de 96% de OSFPS que acceden a servicios de la CONAFIPS, entre junio de 2017 (134) y julio de 2018 (263). Mayor inclusión en las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 4 y 5 (incremento de 86). Incremento del 20% anual en la colocación de crédito, alcanzando US$ 135 MM, entre 2016 y 2017. A julio de 2018 se colocaron US$ 111 MM. Incremento de 157% en el monto de microcrédito apalancado por garantías, alcanzando US$ 20,5 MM, entre 2016 y 2017. A julio de 2018 se ha garantizado US$ 15,2 MM. La CONAFIPS está enfocada en promover la economía que incluye a todos, es decir, de aquellos que más aportan a la equidad, a la disminución de brechas y promueven un sistema económico más social y solidario. Estamos convencidos de que solo con el trabajo conjunto y la corresponsabilidad de todos lograremos que cada vez más ciudadanos accedan a créditos y que, cada vez, seamos la pieza clave, la semilla, los nutrientes del crecimiento y el progreso de nuestro país.
Fotografía: La Vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, y la Presidenta del Directorio de la CONAFIPS, Mercedes Salinas, recorren la Feria de Emprendimientos CONAFIPS, después de la entrega de US$ 26 millones a 19 cooperativas de ahorro y crédito del sur del país.
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Institucional Revista Externa #013 Julio - Septiembre 2018
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Renovación del portal institucional:
Transformación de nuestra comunicación con la ciudadanía COSEDE Uno de los principales problemas que tienen las instituciones técnicas es el poder comunicarse eficientemente con las personas, y la verdad, se vuelve una tarea complicada cuando existen factores que dificultan esta loable tarea; la disparidad de usuarios con sus diferencias de conocimientos técnicos y necesidades, los requerimientos tecnológicos, la asignación de talento humano y fondos para financiamiento, las estructuras heredadas y el mayor desafío de esta época: la falta de tiempo. Ante este campo de numerosas adversidades, la COSEDE ha perseverado para poder establecer un canal de comunicación más cercano con mensajes diferenciados, entendibles y oportunos. La renovación de nuestro portal en internet no solamente mejora los procesos de comunicación, sino que también optimiza otros procedimientos para dar mayores beneficios a nuestros usuarios: se simplificó la interfaz, y número de clics para acceder a la información, lo que significa reducción en el tiempo de búsqueda y permite además, facilidad de identificación de contenidos. También se distribuyó la clasificación de secciones de acuerdo a las necesidades de búsqueda de datos por cada tipo de usuario y se implementaron buscadores para facilitar la navegación en el portal. El lenguaje técnico es comprensible para ciertos sectores de profesionales, pero no para la mayoría
de visitantes a un portal que beneficia a la ciudadanía en general, sin embargo, se ha trabajado en la codificación de los mensajes para que la información sea clara, precisa y sobre todo, entendible para los usuarios del Seguro de Depósitos. En este marco, la COSEDE ha visto la necesidad de ir más lejos e instaurar el inicio de un programa de educación financiera que le permita a los usuarios comprender mejor a los procesos de pago del Seguro de Depósitos y otros temas transversales. Finalmente, el rediseño del portal institucional se sustenta en el mejoramiento de la forma y la calidad de entregar información a la ciudadanía, en sus diversos sectores. Se ha implementado un sistema de control de visitas y monitoreo para evaluar la efectividad de la renovación de la página de COSEDE y poder mejorar día a día.
Captura de Pantalla: Página web institucional
COSEDE en Territorio COSEDE La COSEDE sigue adelante con su programa COSEDE Territorial, con el cual este trimestre se ha llegado directamente con el mensaje de protección financiera a 398 personas de las provincias de: Azuay, Pichincha, Cotopaxi, Cañar y Los Ríos. En este artículo se expone un poco más sobre el accionar en territorio, así como la difusión del quehacer de la COSEDE en diferentes medios de comunicación.
objetivo institucional, que es proteger el dinero de los usuarios de las entidades financieras de todo el país. Es así que, el Ing. Diego Andrade, vocero oficial, explicó esta información de manera lúdica y clara, de modo que los asistentes conocieran los montos de cobertura de su entidad financiera, así como el tipo de depósitos cubiertos por el Seguro.
Jefes, Tenientes Políticos y Comisarios de Azuay conocen más sobre el Seguro de Depósitos La “Atenas del Ecuador”, Cuenca, fue el escenario en el que la Gerente General de la COSEDE, la Dra. Nelly Arias, tuvo la oportunidad de ampliar información sobre el Seguro de Depósitos, con la participación de las autoridades de la Gobernación de esta provincia. Durante el evento, la Gerente destacó que “Azuay es la provincia que registra la mayor cantidad de beneficiarios de este Seguro, con cerca de 567.000 personas y 150.000 hogares protegidos.” Además que, la cantidad aproximada de depositantes (entre cooperativas y mutualistas) en la provincia es de 2,1 millones de personas y todos cuentan con el Seguro de Depósitos. Más de 200 cadetes de la Escuela Superior de Policía “Alberto Enríquez Gallo” recibieron taller sobre el Seguro de Depósitos Gracias a la apertura brindada por la Escuela Superior de la Policía Nacional, funcionarios de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, dictaron un taller de COSEDE Territorial a cerca de 210 cadetes, el pasado jueves 26 de julio. Este espacio, que se caracterizó por una amplia y activa participación de todos los presentes, hizo énfasis en los mecanismos de seguridad financiera que administra la COSEDE y en su
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Fotografía: Capacitación sobre el Seguro de Depósitos realizada en la Escuela Superior de Policía “Alberto Enríquez Gallo” COSEDE presente en Cotopaxi El equipo de la COSEDE, visitó la provincia de Cotopaxi, hogar del coloso volcán que lleva el mismo nombre, para ejecutar el programa COSEDE Territorial. Héctor González Jara, Gobernador de esta Provincia, donde existe más de medio millón de personas que cuenta con el Seguro de Depósitos, fue el gentil anfitrión de este evento, al cual asistieron jefes y tenientes políticos para conocer y, a su vez, retransmitir el mensaje de protección financiera para los depositantes de bancos, cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas gracias al principal mecanismo de seguridad financiera que administra la COSEDE.
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Durante la socialización, la Dra. Arias facilitó a los asistentes diversos datos sobre el accionar de la institución en esta provincia del sur del país, que cuenta con 665 mil depositantes, cuyos ahorros ascenderían a U$D 937 millones, asegurados por los montos que establece la ley. Policía de Los Ríos se capacita sobre el Seguro de Depósitos Gracias a la apertura de la Subzona Babahoyo de la Policía Nacional, el pasado miércoles 22 de agosto, cerca de 35 policías de Los Ríos fueron capacitados sobre el Seguro de Depósitos.
Fotografía: Evento de capacitación desarrollado en la Gobernación de Cotopaxi COSEDE Territorial llegó a la provincia de Cañar Con el apoyo de la Gobernación del Cañar el mensaje de la COSEDE llegó a jefes y tenientes políticos de esta provincia. La Ing. Carolina Toro, Analista de Mecanismos de Seguridad Financiera de la COSEDE, fue la encargada de explicar a los participantes el funcionamiento del Seguro de Depósitos (SD). En este sentido, manifestó que en Cañar, sólo entre cooperativas y mutualistas, hay un estimado de 311.000 clientes que están respaldados por el SD sin costo ni requisito alguno para su activación. Si a ello se suman los clientes de bancos, se llega a un aproximado de 434.000 depositantes en total del sistema financiero de la provincia. Autoridades de la provincia de Loja participaron en COSEDE Territorial Como parte de su objetivo de incrementar el nivel de conocimiento del Seguro de Depósitos que administra la COSEDE, la Gerente General de la institución, Dra. Nelly Arias, dictó una charla sobre este mecanismo, dirigida a cerca de 70 jefes, tenientes políticos y comisarios de la provincia, gracias al apoyo de la Gobernación de Loja.
Durante este taller, que fue dictado por el Ing. Diego Andrade, Asesor de Gerencia de la COSEDE, se explicó a los asistentes que en esta provincia operan 78 entidades financieras (38 del sector privado y 40 del sector popular y solidario), con un aproximado de 530.700 depositantes, cuyos ahorros ascenderían a US$ 523 millones, los cuales se encuentran cubiertos por el Seguro de Depósitos hasta por los montos máximos establecidos.
Fotografía: Diego Andrade, Asesor de Gerencia, responde las dudas de los asistentes al taller realizado en la provincia de Los Ríos COSEDE en Medios de Comunicación: Como parte de una agenda paralela a los talleres de capacitación, en todas las provincias, la COSEDE ha realizado distintos acercamientos con medios de comunicación, donde ha sido posible generar 1’734.610 impactos gracias a entrevistas en radio, prensa y televisión, donde las autoridades y voceros han informado a profundidad la razón de ser de la COSEDE y los beneficios del Seguro de Depósitos.
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Datos estadĂsticos
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Datos estadísticos COSEDE La COSEDE comparte con la ciudadanía información relevante sobre los fideicomisos administrados por la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados; al igual que información estadística de interés público relacionada con las competencias de la institución. Seguro de Depósitos (SD)
El Seguro de Depósitos alcanzó US$ 1.840 millones a agosto de 2018, lo que significa un incremento de más de 14 veces respecto de su valor inicial del año 2009. Gráfico 1: Patrimonio del Seguro de Depósitos del Sector Financiero Privado (US$ millones, agosto de 2018) 1.600
1.392
1.400
800
622
600
723
453
400 126
209
286
250
902
1.000
326
300
Millones de US$
314
213
200 146
150 100
110 77
50
ago-18
dic-17
dic-16
dic-15
ago-18
dic-17
dic-16
dic-15
dic-14
dic-13
dic-12
dic-11
dic-10
dic-09
sep-09
dic-14
0
0
dic-13
Millones de US$
350
1.513
1.198 1.089
1.200
200
Gráfico 2: Patrimonio del Seguro de Depósitos del Sector Financiero Popular y Solidario (US$ millones, agosto de 2018)
Fuente: Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados COSEDE
Fuente: Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados COSEDE
El patrimonio del Seguro de Depósitos del Sector Financiero Privado presentó una variación anual de 14,1% llegando a los US$ 1.513 millones en agosto de 2018. Con este monto de patrimonio, el Seguro de Depósitos de este sector alcanzó un nivel de cobertura de 12,5% (patrimonio / depósitos cubiertos). A agosto de 2018, el Seguro de Depósitos ha beneficiado a 81.602 depositantes del Sector Financiero Privado con un monto de US$ 55,9 millones.
El patrimonio del Seguro de Depósitos del Sector Financiero Popular y Solidario a agosto de 2018 alcanzó los US$ 325 millones (variación anual de 19,9%). Con este monto de patrimonio, el Seguro de Depósitos de este sector alcanzó un nivel de cobertura de 5% (patrimonio/depósitos cubiertos). A agosto de 2018, el Seguro de Depósitos ha beneficiado a 437.705 depositantes del Sector Financiero Popular y Solidario con un monto de US$ 46,67 millones.
Fondo de Seguros Privados (FSP)
El patrimonio del Fideicomiso del Fondo de Seguros Privados pasó de US$1,08 millones, desde su inicio de operación en enero de 2016, a US$ 19 millones en febrero de 2018. Gráfico 5: Patrimonio del Fondo de Seguros Privados (US$ millones, agosto de 2018) 30
26
25
US$ Millones
20 15 10 5
1,08 jul.-18
ago.-18
jun.-18
abr.-18
may.-18
feb.-18
mar.-18
dic.-17
ene.-18
oct.-17
nov.-17
sep.-17
jul.-17
ago.-17
jun.-17
abr.-17
may.-17
feb.-17
mar.-17
ene.-17
dic.-16
oct.-16
nov.-16
sep.-16
jul.-16
ago.-16
jun.-16
may.-16
abr.-16
feb.-16
mar.-16
ene.-16
-
Fuente: Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados - COSEDE Tasas de interes activa referencial (TIAR) Gráfico 6: Tasas de interés activa referencial por segmento de crédito (septiembre de 2018) Microcrédito de Acumulación Ampliada* Microcrédito de Acumulación Simple* Microcrédito Minorista* Vivienda de Interés Público Inmobiliario Educativo Consumo Prioritario Consumo Ordinario Comercial Prioritario PYMES Comercial Prioritario Empresarial Comercial Prioritario Corporativo Comercial Ordinario Productivo PYMES Productivo Empresarial Productivo Corporativo
20,27% 23,81% 26,83% 4,80% 10,09% 9,46% 16,50% 16,52% 10,46% 9,74% 8,01% 7,92% 11,10% 9,52% 7,93% 0%
5%
10%
15%
20%
25%
Fuente: Banco Central del Ecuador * Las tasas de interés para los segmentos Microcrédito Minorista, Microcrédito de Acumulación Simple y Microcrédito de Acumulación Ampliada se calcula con información del sector financiero privado y de la economía popular y solidaria (cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 y mutualistas).
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La tasa de interés activa es aquella que las entidades financieras cobran por la concesión de créditos de acuerdo al segmento en el que sean categorizados. Esta segmentación depende del destino de los recursos solicitados y la naturaleza del sujeto de crédito. A septiembre de 2018, el microcrédito es el segmento que mantiene las mayores tasas de interés que van desde 20,27% al 26,83%, seguido del segmento de consumo con tasas que bordean el 16,5%. Las tasas más bajas son las que corresponden al financiamiento de vivienda de interés público. Al realizar una comparación con las tasas vigentes en el trimestre anterior (junio-2018) se registra una reducción en las tasas de los segmentos productivo empresarial, consumo prioritario e inmobiliario. Dato de interés: Con Resolución No. 437-2018-F de 26 de enero de 2018 la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera reduce en dos puntos porcentuales las tasas activas efectivas máximas de los segmentos Microcrédito Minorista, Microcrédito de Acumulación Simple y Microcrédito de Acumulación Ampliada para las entidades del Sector Financiero Privado y del Segmento 1 y mutualistas del Sector Financiero Popular y Solidario. Gráfico : Tasas de interés pasiva referencial - Depósitos (marzo 2018 - septiembre 2018) 7,29% 7,35%
Plazo 361 y más
6,03% 5,76%
Plazo 181-360
5,33% 5,07%
Plazo 121-180
4,91% 4,91%
Plazo 91-120
3,98% 4,02%
Plazo 61-90
3,35% 3,53%
Plazo 30-60 0%
1%
2%
3%
septiembre - 2018
4%
5%
6%
7%
8%
marzo - 2018
Fuente: Banco Central del Ecuador
La tasa de interés pasiva es aquella que las entidades financieras pagan a las personas que depositan su dinero en una entidad a través de una cuenta de ahorros, cuenta corriente, depósito a plazo o cualquier otro producto financiero que considere un retorno. Al mes de septiembre de 2018, la tasa de interés pasiva para depósitos realizados a un plazo mayor a 361 días es de 7,29% menor al 7,35% registrado en junio de 2018. Esta misma tasa para depósitos entre 121 y 180 días pasa de 5,07% en junio de 2018 a 5,33% en septiembre del mismo año, lo contrario pasa con las tasas de plazos entre 30 y 60 días y 61 y 90 días que presentan una reducción de 0,18% y 0,04%, respectivamente.
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