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Editorial
Cuentas de luz:
consideraciones clave para un cercano futuro
UNA DE LAS PREOCUPACIONES que se ha venido manifestando en el sector eléctrico con mayor fuerza durante este año es lo que ocurrirá con las cuentas de luz para los clientes regulados, una vez que se agote el Fondo de Estabilización de Precios de la Energía, activado a fines de 2019, para enfrentar el alza de las tarifas en ese entonces. gobierno deberá anticiparse a este escenario, “definiendo políticas públicas que por una parte sinceren los precios de la electricidad a los clientes finales, pero también construyendo mecanismos que apoyen a las familias que no pueden pagar las cuentas eléctricas”.
Y es que el aumento que ha experimentado el tipo de cambio durante este año, que pasó de un promedio de $723 en enero a $779 en agosto, según el Banco Central, ha encendido las alarmas de los analistas de la industria, pues se vaticina el agotamiento del Fondo, que asciende a US$1.350 millones, para 2022, lo cual obligaría a un nuevo ajuste en el precio de la energía para evitar acumular más saldos. En su momento, Systep Ingeniería planteó crear un nuevo mecanismo para evitar alzas en las tarifas a clientes finales, ante la posibilidad de que el Fondo alcance su límite. Recientemente, un estudio de Valgesta Nueva Energía considera dos supuestos escenarios, en caso de que el dólar se mantenga en niveles altos, señalando que el límite de US$1.350 millones podría ser alcanzado entre finales de 2022 (segundo escenario) y principios de 2023 (primer escenario). Es así como, según el estudio, esto traería un alza en las cuentas finales de los clientes en torno a 2,6-3,5% para el primer escenario mientras que para el segundo sería entre 6,6% y 8,9%. Las conclusiones de la consultora señalan que el próximo
Este es un tema que también ha sido comentado por el secretario ejecutivo de la CNE, José Venegas, quien en reiteradas ocasiones ha señalado que hasta el momento no se han producido alzas en las cuentas de luz, afirmando que organismo está constantemente monitoreando lo qué ocurre con el Fondo, estimando que Pero lo cierto es que este tema será el próximo seguirá operando de visto por las futuras autoridades forma normal.
de gobierno, que también deberán
considerar otro tema no menor: Pero lo cierto es que este enfrentar las morosidades que se han tema será visto por las futuras acumulado en los clientes regulados autoridades de gobierno, que por la Ley de Servicios Básicos. también deberán considerar otro asunto no menor: enfrentar las morosidades que se han acumulado en los clientes regulados por la Ley de Servicios Básicos, que prohíbe el corte de luz por morosidad, permitiendo acogerse a planes de posteriores pagos con las distribuidoras. Sin duda, el imperativo es encontrar una solución de corto y mediano plazo en torno a estos dos temas que no solo atañen al segmento de la distribución, sino que a toda la cadena de valor de la industria eléctrica, por lo que el sector público debe entregar señales claras y decisivas para enfrentar esta situación, que ya está a la vuelta de la esquina.
EN MATERIA REGULATORIA
Distribución:
Cambios en compás de espera
Los actores de este segmento señalan su preocupación ante el congelamiento de la portabilidad eléctrica, precisando la necesidad de avanzar en la comercialización de energía, además de estar atentos a lo que sucederá con el impacto de la Ley de Servicios Básicos durante 2022 y al proceso tarifario del VAD.
Vista de la subestación Altamirano, ampliada por Enel Distribución, en la zona norte de Santiago.
Foto: Gentileza Enel Distribución. AGUAS MÁS MOVIDAS SE PREVÉN en la carta de navegación de la distribución eléctrica en el país para el próximo año, pues las deudas acumuladas por los efectos de la Ley de Servicios Básicos se dejará sentir con mayor fuerza, siendo un tema de discusión ineludible, a lo que se suma la expectativa que tiene el sector privado de retomar el avance de la portabilidad eléctrica, como parte de la reforma a este segmento de la industria.
Los actores de la distribución comparten con ELECTRICIDAD el imperativo de dar pasos concretos a una nueva etapa en la comercialización de la energía, dando espacio a los llamados recursos distribuidos (autoabastecimiento, electromovilidad y otros), por lo que reconocen la urgencia de avanzar en perfeccionamientos regulatorios.
Otra de sus expectativas compartidas es la nueva tarificación de la distribución, cuyo informe final se publicará en diciembre, de acuerdo con las estimaciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE). (Ver recuadro en página 8).
Evaluación
En el sector se reconoce la importancia que tiene la llamada ley corta de Distribución (N°21.194), de 2019, como una base para avanzar en los cambios que requiere el segmento. Ello es ratificado por José Venegas, secretario ejecutivo de la CNE, quien destaca que el principal impacto de esta regulación es haber establecido “un procedimiento moderno, participativo y efectivo para realizar los estudios de VAD sin aquel antiguo mecanismo de ponderar informes hechos por empresas y CNE, que solo servían para prorratear posturas, cual más extrema”.
La autoridad también recalca que la separación de los roles y el giro único han sido otro avance: “Hemos visto que desde la dictación de la resolución que determinó el alcance de la obligación de giro exclusivo, las empresas de distribución han avanzado en la separación de actividades reguladas y tarificadas, de aquellas que no lo son. Esto es un cambio importante en términos de transparencia, ya que nos permite como regulador tener mejor información respecto a los
Infraestructura de distribución instalada en Santiago.
Foto: Archico B2B Media Group. ingresos y gastos que tarificamos mediante el procedimiento al que me refería anteriormente y durante el chequeo de rentabilidad que hace la Superintendencia”, asevera.
“Además, mejora las condiciones de competencia del mercado, ya que al haberse excluido las actividades competitivas, como la comercialización a clientes libres, otras empresas que prestan servicios competitivos ya no deben competir contra una empresa que es propietaria de toda la infraestructura e información de los clientes de distribución”, agrega.
Puestas así las cosas, entre los actores del segmento la necesidad de mejorar la regulación en la distribución es un punto compartido. Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., señala la relevancia de seguir adelante con los cambios normativos: “Nuestro actual sistema regulatorio no incorpora incentivos explícitos a la inversión para mejoras sostenidas de largo plazo en la calidad de servicio, y esto evidentemente dificulta avanzar de manera más decidida en esta aspiración, por lo que se requiere incorporar mecanismos de incentivo a la continua mejora de la calidad de servicio”.
Portabilidad
El proyecto de ley de portabilidad eléctrica, cuya tramitación quedó detenida en el Congreso, debido a otras prioridades legislativas en el sector energético, es un tema fundamental para los protagonistas del segmento. Para Rodrigo Castillo, el avance de esta iniciativa, “dependerá de la agenda legislativa y política de los próximos meses, la que se prevé intensa. No quisiera anticipar escenarios, pero compartimos que su avance no será sencillo”.
A juicio de Dasla Pando, ingeniera de estudios del área de Riesgo y Regulación de Ecom Energía, “es difícil que el proyecto de ley pueda ser tramitado en su totalidad en este gobierno, sobre todo considerando que el Ministerio tiene puesto sus esfuerzos en otros cambios regulatorios del sector, sobre todo ahora considerando el contexto de la crisis hídrica, donde el trabajo de
los próximos meses se enfocará en prevenir el racionamiento”.
Este análisis es compartido por Juan Sebastián Jara, director ejecutivo de Match Energía: “Debido al contexto que atraviesa el país a causa de la pandemia, el gobierno le está dando prioridad a otras materias y como actualmente el sector eléctrico está pasando por varias discusiones en el Congreso, creemos que el actual proyecto de ley de Portabilidad no tendrá avance en los seis meses restantes de gobierno”.
Esta situación, empero, no hace decaer las expectativas en el sector privado por avanzar con este y los otros proyectos de la reforma a la distribución, conocida también como la “Ley Larga", como lo señala Eduardo Andrade, secretario ejecutivo de la Asociación de Comercializadores de Energía (ACEN A.G.).
“Esperamos que el próximo gobierno recoja el clamor de todos aquellos que aún siguen bajo la tutela de una empresa distribuidora, sin posibilidad de cambiarse, y deben soportar tanto una calidad de servicio técnico de segundo nivel -basta con ver como los tiempos de indisponibilidad del suministro eléctrico en el país son muy superiores a los que se observan en Europa- así como una atención comercial deficiente”, afirma.
“En el nuevo gobierno probablemente veremos proyectos que abarquen todos los aspectos (comercialización, calidad de servicio y generación distribuida), lo que hará que su discusión sea compleja y demore más tiempo, por lo que esperamos que esos proyectos, ya sea de iniciativa del ejecutivo o del legislativo, sean presentados y discutidos con la celeridad que se requiere. No hay que dejar de considerar que la implementación de esas reformas es de largo plazo, pudiendo llegar a tomar una década en estar plenamente ejecutadas, lo que hace imperioso partir cuanto antes”, añade el representante gremial.
Foto: Gentileza Empresas Eléctricas A .G .
Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G.
Foto: Archivo B2B Media G roup .
José Venegas, secretario ejecutivo de la CNE.
Foto: Gentileza Ecom Ener gía .
Dasla Pando, ingeniera de estudios del área de Riesgo y Regulación de Ecom Energía.
En esto coindice Rodrigo Castillo: “Esperemos que un próximo gobierno pueda avanzar de forma decidida en los cambios regulatorios que el país necesita. El consumo eficiente de energía, la producción distribuida, la medición remota y gestión del consumo, la posibilidad de múltiples ofertas que llegan directamente al cliente, son tendencias que requieren de tecnologías que habiliten a los ciudadanos como protagonistas, y para ello la red eléctrica es una plataforma ineludible que se debe potenciar”.
Otras medidas
Luigi Sciaccaluga, gerente de Desarrollo y Nuevos Negocios de Plataforma Energía, destaca que para avanzar en la comercialización de energía, en el contexto de una reforma detenida, es esencial trabajar en “la compatibilidad de la figura de la comercialización y las licitaciones para el suministro de clientes regulados”.
En su opinión, el proceso licitatorio, ha sido un pilar fundamental “para el cambio estructural en los precios de los contratos, en la desconcentración del mercado de generación y en el desarrollo de las bases para la transición energética. Así, es imperativo cuidar este avance y diseñar un esquema en que ambas figuras puedan operar de manera simbiótica”.
También asegura que los comercializadores de energía deberían continuar trabajando en consolidar de manera más concreta sus planteamientos: “Hoy en día observamos una propuesta de valor con foco en una promesa de mejores precios que no es trivial, que tiende a una competencia
por precio y al descreme del mercado, lo cual puede afectar negativamente a los usuarios más vulnerables. Es muy tentador llevarse a los clientes premium en desmedro de los que quedan bajo la empresa distribuidora que siempre les ha atendido”.
Para avanzar en materia de comercialización de energía, Dasla Pando además menciona la alternativa estipulada en el artículo 147° de la LGSE, “que permite al regulador rebajar el límite de potencia para optar por el cambio de régimen tarifario, lo que podría dar pie inicial a la portabilidad eléctrica a empresas de menor tamaño y que les permitiría reducir los costos de su factura eléctrica. Si la portabilidad está detenida, creemos se debe activar este plan”.
Foto: Gentileza Match Ener gía .
Juan Sebastián Jara, director ejecutivo de Match Energía. Esta iniciativa también es promovida en una campaña impulsada por ACEN A.G., con el fin de abarcar a cerca de 47.000 pymes en esta medida. Según Eduardo Andrade, es necesario “profundizar la libertad de elección en el mercado del suministro de energía eléctrica a usuarios finales, lo que hace necesario aumentar la cantidad de potenciales usuarios que tengan la opción de elegir a su suministrador de electricidad, hoy limitado a quienes tienen una potencia conectada de más de 500 kW”.
El gremio solicitó al Ministerio de Energía la constitución de una mesa de trabajo en esta materia, señalando que una de las principales dudas a despejar es la subcontratación que se produciría en los contratos entre generadoras y distribuidoras derivados de las licitaciones
¿Cómo va el proceso del VAD?
La Comisión Nacional de Energía (CNE) espera que próximamente se publique el Informe Final del primer proceso de Valor Agregado de Distribución (VAD). Este proceso de tarificación 2020-2024 actualmente se encuentra en la etapa de elaboración de los estudios para determinar los costos de distribución para cada una de las 12 áreas típicas.
José Venegas, secretario ejecutivo del organismo regulador, indica que “en esta ocasión, se ha hecho aún más desafiante el desarrollo de los estudios por parte de la consultora, debido a la necesidad de incluir los nuevos estándares de calidad de servicio de distribución, los cuales son fruto de la Norma Técnica de 2017, modificada en 2019”.
El proceso es supervisado por un comité compuesto por representantes de las empresas distribuidoras, las cooperativas, el Ministerio de Energía y la CNE
“Actualmente, el Consultor ha hecho entrega de sus informes finales (uno por área típica de distribución), los cuales están siendo sometidos a observaciones por parte del Comité. Es natural que las compañías demuestren aprehensiones respecto de los resultados, tanto de los informes de avance, como de estos finales, dado a las complejidades y novedades de este proceso y su impacto en sus ingresos por los siguientes años. Nos encontramos trabajando acuciosamente en este proceso, donde la misma existencia del Comité y el prolijo actuar de la Comisión, son garantías de que dicho proceso se está desarrollando de acuerdo a la Ley y con altos estándares de transparencia que exige la ley, la industria y la ciudadanía”, plantea la autoridad. Una vez que se publique el Informe Final, este puede ser sometido a eventuales discrepancias ante el Panel de Expertos.
De todos modos, Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., espera que el proceso sea “técnico, transparente, y en el que las asimetrías de información sean las mínimas, por lo que esperamos que pueda concluir de la mejor forma posible, para que pueda cumplir con los procedimientos y estándares definidos por la normativa vigente”.
Juan Sebastián Jara, director ejecutivo de Match Energía, recalca la importancia del proceso, al incorporar por primera vez adecuaciones, “como la tasa de rentabilidad y fijación a través de un estudio único observable, por lo que, mirado desde el usuario final, se visualiza que esto ayudará a disminuir las tarifas por este concepto”.
Luigi Sciaccaluga, gerente de Desarrollo y Nuevos Negocios de Plataforma Energía, detalla que el proceso ha sido particularmente complejo y lleno de observaciones. “Nos preocupa la trazabilidad de los resultados y cómo el dimensionamiento de la empresa modelo se estaría haciendo cargo de los indicadores de calidad de servicio. Si bien el proceso se ha dilatado mucho, confiamos en que los errores manifiestos que reclaman las partes sean resueltos en el informe definitivo y no se deje todo en manos del Panel de Expertos. Este proceso es el primero al alero de la nueva ley, por lo que sería relevante abordar el problema de calidad de servicio en la empresa modelo de manera integral con los proyectos de calidad de suministro y con el de recursos distribuidos”.
Foto: Gentileza CGE.
realizadas por la Comisión Nacional de Energía en los últimos años.
“En los documentos presentados se demostró que el impacto sobre la subcontratación era marginal (del orden del 2% y sólo por un par de años) versus el gran impacto que implicaba que muchas Pymes lograran reducciones de hasta un 30% en el costo de la energía en forma permanente. No obstante, a nuestro entender, haberse despejado las dudas, no obtuvimos por parte del Ministerio un acuerdo en cuanto a avanzar con la propuesta”, indica Andrade.
Servicios básicos
A corto plazo, el efecto de la Ley de Servicios Básicos, que pospone el pago de deudas impagas de electricidad a causa de la pandemia, es un foco de preocupación no menor para la distribución. De acuerdo con Rodrigo Castillo, a la fecha existen más de 800.000 clientes en esta situación, acumulando una deuda superior a los $250 millones.
“Más del 90% de ellos corresponden a clientes que consumen menos de 400 kWh al mes, incluyendo familias de bajos ingresos y clase media. Mientras que el 10% restante concentra un cuarto de la deuda total, según datos de
Obras de ampliación de la subestación eléctrica Punta de Cortés registra CGE en la Región de O’Higgins, con el objetivo de mejorar la calidad y continuidad del servicio eléctrico a unos 87.000 clientes.
Foto: Gentileza ACEN A .G .
Eduardo Andrade, secretario ejecutivo de la ACEN A.G.
la SEC. De esta forma, la ley en su condición actual favorece más a clientes que si pueden pagar y no lo están haciendo, mientras que no entrega un apoyo concreto a los clientes más afectados”, explica.
Y afirma: “Es posible que esas deudas sigan aumentando, y podrían pasar años hasta que muchos clientes puedan pagarlas, ya que las familias que hoy no pueden pagar su cuenta, es difícil que puedan pagar más de una cuenta mensual en el futuro”.
Desde su perspectiva, “aún estamos a tiempo de que el Estado aborde este tema de manera urgente y lidere la búsqueda de una solución que no implique solamente extender la ley. Es necesario hacerse cargo de este problema de forma seria y responsable, sobre todo de cara a las familias más vulnerables”.
La evaluación de la SEC en el desempeño del sector
Luis Ávila, superintendente de Electricidad y Combustibles, señala que en los últimos años se ha visto “una reducción importante en las horas de interrupción del suministro eléctrico, hecho ratificado también durante este 2021, pues desde enero a julio, las interrupciones a nivel país han caído más de un 12%, al compararlas con el mismo período del 2020”.
Eso sí, aclara que si se descompone este indicador a nivel regional, “constatamos que en algunas regiones no se ha mejorado el desempeño. Ello porque al cierre del 2020 verificamos que en 53 comunas del país las personas recibieron una calidad de servicio inferior al estándar normativo que rige en Chile y en lo que va de este 2021, ya hemos debido instruir planes de acción a empresas por su desempeño en 15 comunas que han superado el estándar máximo permitido de horas sin energía, en tan solo siete meses”.
La autoridad destaca la implementación de medidas en esta materia como la firma de convenios con más de 100 municipios, gran parte de ellos de zonas rurales, “los cuales nos permiten recoger en terreno, los reclamos y denuncias de la ciudadanía”.
Foto: Archivo B2B Media G roup .
Luis Ávila, superintendente de Electricidad y Combustibles.
Luigi Sciaccaluga también señala que este es un tema delicado, “toda vez que la acumulación del pasivo es bastante grande y tiene un serio riesgo de “politizarse” no sólo respecto a las cuentas de energía, sino que de todos los servicios básicos. Podría ser tentador para algunos sectores proponer una condonación general de la deuda y eso nos parece una muy mala idea para la sostenibilidad de la industria. Es fundamental que quienes puedan pagar lo hagan y que el Estado vaya en subsidio de los clientes vulnerables”.
El rol que deberá asumir el Estado en esta situación también es pronosticado por Juan Sebastián Jara, pues la deuda actual “será una mochila muy grande para los clientes, puesto que si estos no podían pagar una boleta de $20.000, menos podrán pagar la boleta actual y la cuota de la deuda repactada. Prevemos que será una discusión que escalará al Estado, de solución compleja y que involucrará la voluntad pública y privada”.
Del mismo modo lo piensa Eduardo Andrade: “Nos preocupa la situación que se está generando en cuanto a que muchas familias, que hoy no pueden pagar su cuenta, menos podrán hacer frente al aumento que significará la devolución de la deuda, lo que obligará a que el Estado
Foto: Gentileza Plataforma Ener gía .
Luigi Sciaccaluga, gerente de Desarrollo y Nuevos Negocios de Plataforma Energía. deba asumir parte de esas obligaciones, en los casos que sean debidamente justificados. De lo contrario, la presión social será insostenible”.
En este tema, el secretario ejecutivo de la CNE espera que “a medida que se vaya reactivando la economía, los clientes regularicen sus deudas ayudados por los beneficios de la ley y que así disminuya la morosidad, sobre todo considerando que muchos clientes pagan con mucho esfuerzo su servicio”.
Conclusiones
• Los actores del segmento de la distribución coinciden en los avances producidos por la Ley Corte en el sector, considerada una base para seguir avanzando en los cambios regulatorios que se requieren en el contexto de la transición energética. • El congelamiento en la tramitación del proyecto de ley de Portabilidad Eléctrica en el Congreso preocupa al sector, por lo que piden avanzar en este y las demás iniciativas de la reforma (Ley Larga), lo que incluye otras medidas en materia de comercialización. • Los efectos de la Ley de Servicios Básicos también es otro foco de preocupación, por lo que los actores del segmento señalan que el Estado deberá tomar un rol más activo, cuando se termine esta normativa que prorroga el pago de deudas en cuentas de luz.
