Informativo digital JUNIO 2017, NÚMERO 41
ACTIVIDAD TERRITORIAL
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acciónsindical CONFEDERAL
Protocolo de Actuación para el registro de convenios y acuerdos colectivos en Andalucía Miriam Pinillos Carrascosa Secretaria de Acción Sindical de CCOO de Andalucía
La Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía ha elaborado un Protocolo de Actuación en materia de registro de convenios e inaplicaciones de convenios, que supone la incorporación de una serie de garantías tanto en el control de registro como en la adecuación del contenido de lo pactado a las exigencias normativas. Dicho Protocolo viene a dar respuesta a una reiterada demanda de CCOO en este sentido ante el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.
CCOO valora positivamente la puesta en marcha de este Protocolo por dos motivos: primero, que a pesar de la intención de la reforma laboral del PP de limitar el papel de la Autoridad Laboral respecto al control de legalidad en materia laboral, con este Protocolo se refuerza e incluso se amplía respecto al depósito de descuelgues; y segundo, porque viene a homogeneizar las actuaciones de todas las personas responsables que ejercen de autoridad laboral, tanto en los servicios centrales como en las ocho delegaciones provinciales del Gobierno andaluz que hasta ahora venían funcionado con una preocupante disparidad de criterios a la hora de acometer las funciones de control, registro y publicación de los convenios colectivos. Las reformas laborales, especialmente la del 2012, han ido encaminadas a debilitar las relaciones laborales y por ende la negociación colectiva, especialmente la sectorial, e <
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inclinar la balanza hacia la parte empresarial, dándole mayor poder, sobre todo en relación a las medidas de flexibilidad laboral. Prueba de ello es la prioridad aplicativa del convenio de empresa frente al de sector o los descuelgues de los convenios, ambos con el único objetivo de devaluar las condiciones de trabajo recogidas en los convenios sectoriales, con la ayuda igualmente de la amenaza de pérdida de ultraactividad de los convenios. Si estas medidas fueran insuficientes, a pesar de la clara intencionalidad del legislador antes descrita, han querido reforzarlas limitando o eliminando el importante papel que venían manteniendo tanto la Autoridad Laboral como la Inspección de Trabajo en estas materias, al igual que ha ocurrido con los despidos colectivos y ERE que ya no requieren la autorización previa. >
