De la Urbe 105

Capítulo Antioquia

Laboratorio De la Urbe

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Coordinación General del Laboratorio: Ximena Forero Arango

Coordinación Radio:

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Coordinación Televisión:

Heiner Castañeda Bustamante

Coordinación Digital: Walter Arias Hidalgo

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Caterine Jaramillo González, Angy Vanesa Usme Ramírez, Melissa Salazar Calle, Laura Cano Loaiza, Valeria Ortiz Tabares y Yesenia Palacio Tamayo

Diseño, diagramación e infografía:

Edwin Agudelo

Asistencia Editorial:

Eliana Castro Gaviria

Corrección de Estilo:

Alejandra Montes Escobar

Impresión:

El Colombiano

Circulación: 10.000 ejemplares

Universidad de Antioquia

Rector:

John Jairo Arboleda Céspedes

Decano Facultad de Comunicaciones y Filología: Olga Vallejo Murcia

Jefe Departamento Formación Académica:

Juan David Rodas Patiño

Coordinador académico 1012 Lab:

Ernesto Correa Herrera

Coordinadora Pregrado en Periodismo: Diana Ramírez Hoyos

Comité de Carrera Periodismo: Diana Ramírez Hoyos, Ximena Forero Arango, Juan David Ortiz Franco, César Alzate Vargas, Maritza Trujillo Rodríguez, María Teresa Muriel Ríos, Heiner Castañeda Bustamante.

Calle 67 N° 53-108, Ciudad Universitaria, bloque 12, oficina 122

Tel: (57-4) 219 5912 delaurbe@udea.edu.co delaurbe.udea.edu.co

Medellín, Colombia

Fotografía de portada: De la Urbe

ISSN 16572556

Número 105

Junio de 2023

Petro, la prensa, la libertad y la autocrítica

Entre el primero de enero y el 20 de junio de 2023 el presidente Gustavo Petro escribió 139 veces la palabra prensa en sus publicaciones de Twitter. En ellas retomó sus trinos o mencionó de manera directa a por lo menos nueve medios de comunicación colombianos. Hizo críticas sobre el tratamiento informativo de temas relacionados con su gobierno, exaltó el cubrimiento de grandes medios internacionales y cuestionó el de varios medios nacionales.

Desde entonces, el asunto ha escalado en dos vías. Por una parte, medios que usan titulares engañosos, presentan como “grandes revelaciones” información no verificada ni contrastada y no diferencian ante sus audiencias la opinión de la información. Por otra parte, el uso de los medios públicos como instrumentos de propaganda oficial, solicitudes de “control” oficial a la prensa y llamados a la judicialización de la actividad periodística.

Por ejemplo, a mediados de junio la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, le pidió a la Fiscalía “intervenir” la revista Semana. Este episodio es útil para ilustrar la complejidad de la situación: Semana, propiedad del empresario Gabriel Gilinski, publicó el 15 de junio un informe sobre el supuesto origen y la cantidad de dinero que se encontraba en la casa de la exjefa de gabinete Laura Sarabia, en un supuesto seguimiento informativo a un caso que representa la mayor crisis en ocho meses de gobierno.

Ese medio citaba a un testigo no identificado que, a su vez, aseguraba que un coronel de la Policía que era clave en el caso le dijo que el dinero era mucho más del que inicialmente se mencionó y que su dueño era el presidente. Días antes el coronel murió por un disparo, y Petro y muchos de sus aliados se apresuraron a hablar de suicidio, aunque no había un dictamen oficial.

Aunque el informe de Semana hablaba de un “explosivo relato” y fue presentado en redes con el calificativo de “urgente”, la nota falta a casi todos los criterios esenciales del periodismo: no contrasta la información con los demás involucrados y no ofrece elementos que den cuenta de que el testimonio fue verificado, aun cuando es clara la razón para mantener en reserva la identidad de la supuesta fuente.

Semana es hoy un instrumento de propaganda al servicio de intereses económicos que resultan funcionales a algunos sectores políticos. Lo decimos así, sin eufemismos, porque, a veces, el gremialismo resta capacidad de autocrítica.

Y porque consideramos que de ninguna manera los medios de comunicación deberían estar exentos de cuestionamientos.

El argumento de que son negocios privados y por tanto pueden tergiversar información, mentir y confundir deliberadamente a las audiencias es por lo menos trivial. El reconocimiento de los medios como una expresión de poder y de los derechos a la libertad de expresión e información están mediados justamente por el ejercicio de la crítica.

Sin embargo, vamos al otro lado de la discusión: el llamado de la senadora Zuleta y de otros actores con poder que solicitan “intervenir” judicialmente un medio de comunicación. ¿Qué significa intervenir?, ¿en qué circunstancias una autoridad judicial podría hacerlo?, ¿la mediocridad de un informe periodístico es una razón suficiente?

Y es que, claro, existen mecanismos judiciales para que las personas que se consideren afectadas por lo que publican los medios puedan defenderse. Esto porque ni la libertad de expresión ni de información son derechos absolutos en tanto, como dijo la Corte Constitucional, “implican responsabilidades y deberes sociales”. Además, porque el derecho a la información es de doble vía. En palabras simples eso significa que puede ser reclamado por quien informa y por quien recibe información.

Y este último puede exigir que la información que recibe sea veraz, pero también que se protejan sus derechos a la honra, a la intimidad y a su buen nombre si considera que fueron vulnerados. Para resolver esa tensión entre derechos existen procedimientos claros como el derecho de rectificación o la acción de tutela, pero en una democracia no es con el llamado a crear tribunales de censura o con la “intervención” a los medios como se resuelven esas controversias.

Petro y sus aliados políticos tienen todos los medios técnicos, legales y sociales para controvertir a los medios, pero no es por medio del descrédito generalizado y de los amagues de censura como van a aportar

a un debate público más informado y a la consolidación de audiencias más críticas. Para no volver sobre el argumento del riesgo en el que se pone la profesión periodística cuando se criminaliza su labor, que ya ha explicado la Flip (y en el que los menos afectados son los periodistas más visibles y los dueños de los medios), proponemos un ejercicio de comparación, reconociendo que son contextos diferentes que requieren guardar las proporciones: ¿Qué pasa cuando son gobiernos de otras tendencias políticas los que confrontan a la prensa y promueven su “intervención”?

En abril, El Faro, un medio de comunicación salvadoreño referente de la investigación periodística y el seguimiento al poder en ese país, tuvo que trasladar su operación administrativa a Costa Rica asfixiado por la persecución a la que ha sido sometido por el gobierno de Nayib Bukele. Óscar Martínez, su editor, resumió en ese momento la situación en una frase que fue publicada en una entrevista para El Espectador: “El día que Bukele diga, cualquier periodista va preso”.

Esa idea la respalda una amenaza que lanzó a principios de junio el director de la policía de ese país: “Van a tener que responder en esas actuaciones en las cuales hicieron apología del delito”, dijo refiriéndose a los periodistas que cubrieron una tregua entre el gobierno y las pandillas a principios de la década pasada.

La paradoja está en que algunos de quienes celebran desde Colombia el autoritarismo de Bukele hacen parte de sectores políticos que también persiguieron a medios y periodistas, y hoy posan como defensores de las libertades de expresión e información.

Petro tiene en sus manos la posibilidad de actuar distinto. Puede establecer una relación de crítica mutua sin que eso suponga la criminalización ni la censura. Puede cualificar los medios públicos para que estén al servicio de la ciudadanía y no de un gobierno y también puede promover que existan más y mejores medios. Eso de que sean mejores, y no solamente de que sean más, pasa por el fortalecimiento y no por la cooptación, porque no hay nada de alternativo en reproducir las posturas de cualquier actor con poder.

Noespormediodeldescréditogeneralizadoydelosamagues decensuracomovanaaportaraundebatepúblicomás informadoyalaconsolidacióndeaudienciasmáscríticas.

No cabemos en Ciudad Universitaria

| Tomás López González

Estudiante de Filología

Hispánica

Representante estudiantil ante el Consejo de la Facultad de Comunicaciones y Filología

Amediados de los años 60 del siglo pasado, después de recibir la recomendación de una comisión de expertos norteamericanos, la Universidad de Antioquia emprendió la construcción de una gran sede con facultades, laboratorios y edificios administrativos. Como escribió alguna vez la profesora María Teresa Uribe, “[Era] el ánimo de dejar atrás el peso de la historia para emprender nuevos caminos en un espacio urbano abierto, plural, diverso, donde [sería] posible el anonimato pero también el encuentro con desconocidos”.

Para llevar a cabo semejante misión, los arquitectos de Ciudad Universitaria, liderados por el rector Ignacio Vélez Escobar, establecieron unos criterios mínimos en el diseño:

1. Austeridad. Los recursos debían invertirse de manera óptima, por lo que se eligió la construcción en serie con materiales de poco mantenimiento y con los elementos estrictamente necesarios, de ahí la similitud de los edificios y los ornamentos.

2. Funcionalidad. El campus debía ser un espacio para la educación y el esparcimiento, por lo que era necesario que pudiera adaptarse en el tiempo y que tuviera numerosos lugares aptos para la confluencia de diferentes disciplinas. Estos espacios estaban concebidos para modificarse, por eso la estructura y los cerramientos son independientes.

3. Estética. Habitar el campus debía ser una experiencia inspiradora, por lo que se retomaron aspectos de la arquitectura antioqueña como los balcones, las tejas y los jardines. Así mismo, se instalaron dos obras de arte: la escultura El hombre creador de energía de Rodrigo Arenas Betancourt y el mural El hombre a través de los grandes descubrimientos de la ciencia y la física de Pedro Nel Gómez

Y los planes salieron más que bien. Los arquitectos diseñaron un conjunto arquitectónico homogéneo que consiguió todo lo que la Universidad buscaba en esa época: definir una identidad universitaria, reunir a la mayoría de unidades académicas en un mismo espacio, renovar la estructura curricular para ajustarla a las necesidades contextuales y aumentar la cobertura. Sin embargo, 50 años después, ya no cabemos en el campus. Ciudad Universitaria se diseñó para 12 mil personas y actualmente la habitamos 35 mil. Ese crecimiento desmedido, no planeado en los 60, se refleja en aulas, oficinas y laboratorios repletos, en una comunidad universitaria que cada vez encuentra menos lugares para el esparcimiento, en un campus que siempre está lleno y con ruido al punto de que se dificulta incluso la circulación. Ni siquiera la biblioteca es un lugar propicio para el estudio.

Desde hace años las administraciones realizan intervenciones que no ofrecen una respuesta certera y contundente al problema: construyeron un tercer piso al bloque 9; demolieron el bloque 19 para construir otro más grande (que preserva varias de las características de los demás edificios y por eso logra mimetizarse medianamente bien); tumbaron el coliseo y levantaron otro de mayor volumen y buscaron predios cercanos para expandir el campus, como el Edificio de Extensión. A pesar de los esfuerzos, el hacinamiento sigue siendo un problema sin resolver.

Las nuevas mesas en las terrazas que conectan a los bloques 9, 14, 13 y 12 permanecen repletas y encontrar una silla es casi un milagro. Las mesas que se pusieron en el primer piso del bloque 9 entorpecen el desplazamiento de las personas. La cancha de vóley-playa le quitó todavía más espacio a la plazoleta occidental del estadio universitario. Las nuevas mesas de piedra en la Facultad de Ingeniería siempre están llenas. Y el proyecto de poner mesas en la plazoleta Barrientos tendrá un destino similar.

La comunidad universitaria merece espacios adecuados para el silencio, el estudio, la lectura y la socialización, pero lo que nos dejan estas intervenciones es un campus todavía más ruidoso y saturado. La administración, y en especial la División de Infraestructura Física, debe entender que el campus cumplió con todo lo que se le pidió hace medio siglo. Es momento de buscar nuevos espacios fuera de Ciudad Universitaria antes de que se asemeje más a El Hueco que a una universidad.

Factores de éxito del cese al fuego con el ELN

| Germán Valencia german.valencia@udea.edu.co

Equipo Isegoría – Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia

Finalizó el viernes 9 de junio de 2023 el tercer ciclo de negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En su ceremonia de cierre, se firmó entre las partes un cese al fuego bilateral, nacional y temporal. Como se sabe, anunciar un cese al fuego es una tarea relativamente fácil: basta con la disposición de las partes; lo difícil es implementar las medidas y mantener silenciados los fusiles. En este texto se identifican al menos cuatro factores que hacen que el “Acuerdo n.º 11” o “Acuerdo de Cuba” tenga probabilidad alta de tener éxito.

El primer factor es el carácter bilateral del acuerdo. Este es resultado de la discusión y el consenso entre las partes sentadas en la Mesa de Conversaciones de Paz. Lo que hace que desaparezca la condición crítica que había indicado el ELN, cuando decidió no aceptar el cese al fuego anunciado por el Gobierno el 31 de diciembre de 2022. Ahora, por fin, se tiene un acuerdo con el que las dos partes se sienten cómodas. Incluso, el acuerdo fue refrendado por el presidente de la república de Colombia, Gustavo Petro, y por el máximo comandante del ELN, Antonio García, quienes se comprometieron a trabajar en terreno en el cumplimiento de los mismos.

El segundo hecho es la cobertura nacional. Aunque para algunos este puede ser un problema –dado la estructura federada de la organización y el comportamiento cuasiautónomo que tienen los frentes de guerra del ELN–, para otros resulta una decisión acertada la aplicación del acuerdo a todo el país. Para el ELN esta decisión se convierte en una buena oportunidad para demostrarles al país y al mundo, como lo dijo Antonio García, el dominio que tiene la comandancia sobre toda la tropa y la unidad de mando que caracteriza a este ejército.

El tercero, es el carácter temporal. Como dijo el alto comisionado de Paz, este acuerdo es inédito, en el sentido que plantea un cese al fuego sin antecedentes para las partes. Hace seis años, en el contexto de la visita del papa Francisco a Colombia en 2017, se firmó un acuerdo de 100 días; ahora este promete llegar hasta el 3 de febrero de 2024 –que comienza con una fase de alistamiento el 9 de junio y otra de implementación plena, que durará 180, a partir del 3 de agosto– y advierte que podría renovarse, dependiendo del balance y los resultados que se tengan.

Finalmente, existe otro aspecto que aumenta aún más la confianza en el cumplimiento de lo pactado: se construirán, antes del inicio pleno del cese al fuego, unos protocolos de cumplimiento, donde se tendrán en cuenta asuntos técnicos y metodológicos y se pondrá al frente del monitoreo y la verificación a la comunidad internacional, representada en el país por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la organización con mayor experiencia en el mundo en este tipo de tareas.

En síntesis, aunque se ha dicho que lo más difícil de un acuerdo sobre un cese al fuego es la implementación y su cumplimiento, estamos frente a un pacto que promete cumplirse a cabalidad . Como se indicó, se tienen por lo menos cuatro componentes que presionan para que este inédito acuerdo de cese al fuego con el ELN se cumpla y que se tenga un segundo semestre de 2023 con un actor armado presionando menos con las armas al Estado y la sociedad colombiana.

¿Es tan simple como “Gentrifyer gohome” ?

Medellín, capital de la moda y del turismo; Medellín, distrito turístico inteligente; Medellín, paraíso de nómadas digitales. Mientras la ciudad se posiciona ante el mundo como un lugar cómodo y barato para visitar, con múltiples planes, rutas y experiencias memorables, sus habitantes empiezan a cuestionar los efectos de la llegada masiva de turistas y su relación con la crisis habitacional y el alza de los precios de muchos productos y servicios.

oficial que esta transformación del paisaje “va a significar un estallido turístico para la Comuna 3”, y tuiteó que “será un referente cultural tan importante como hoy lo es la Comuna 13”. En redes varios ciudadanos le cuestionaron la priorización de estas obras por encima de otras que la comunidad lleva esperando desde hace años.

La promoción de Medellín como destino turístico no es un proyecto nuevo: muchas de las inversiones en obras públicas, la recuperación de ciertas áreas y el embellecimiento de las últimas dos décadas buscan atraer turistas y borrar la huella de la violencia del narcotráfico. Actualmente, la ciudad es la segunda más visitada de Colombia y fue incluida en la lista de los 50 destinos recomendados de 2023 por la revista estadounidense Time. Sin embargo, el encarecimiento de la vida y la llegada masiva de nómadas digitales ponen en duda la capacidad real de sus bienes y servicios, y los beneficios económicos que trae el turismo para sus habitantes. En los últimos tres años la Alcaldía de Medellín registró un crecimiento del 49 % en el ingreso de pasajeros internacionales: la ciudad pasó de recibir 929.830 viajeros en 2019 a 1.386.153 en 2022. Solo el año pasado esa misma entidad reportó 1.400.000 visitantes.

Con la llegada de turistas también aumentó la demanda de servicios, principalmente de hospedaje. Cifras del Sistema de Inteligencia Turística de Medellín señalan que las zonas con mayor ocupación son El Poblado y Laureles. Además, la mayor oferta de alojamiento para estancias cortas se da en la plataforma Airbnb. AirDNA, sitio web que analiza las cifras de esta página, registra 39.707 anuncios de hospedajes en la ciudad. De ellos, el 74 % corresponden a arriendos de apartamentos o casas enteras.

a la ciudad por el costo “extremadamente” barato de la vida (en relación con el cambio de dólares a pesos colombianos), la buena oferta de cafés para trabajar y sitios de fiesta. Desde hace algunos meses en los comentarios de esos videos aparece una palabra: gentrificación.

¿Todo es gentrificación?

Tatiana Mejía, magíster en Sociología de la Universidad de Antioquia, define la gentrificación como un fenómeno en el que “una población originaria en condiciones económicas más austeras es desplazada por una nueva población con una capacidad adquisitiva más alta”. De acuerdo con Mejía, que es autora de la tesis Gringos por Medellín: turistificación y transformación del espacio urbano en Poblado Centro, en estos casos “se empiezan a ofertar los mismos bienes y servicios por un precio mayor”.

Aunque el uso masivo del término es reciente, Medellín lleva años pasando por múltiples transformaciones que conllevan a la gentrificación de distintos sectores, principalmente por la ejecución de obras públicas como la ampliación del sistema de transporte Metro, con el tranvía, los metrocables y el metroplús.

Juan Fernando Zapata, politólogo de la Universidad de Antioquia y coordinador del proyecto “Derecho a la ciudad y al territorio” de la Corporación Región, expone que “estas obras se construyeron siendo Medellín una ciudad muy densamente habitada, eso

significa que hubo que sacar a ciertas familias de ahí. No siempre con las mejores garantías”. Este fenómeno ha afectado especialmente a los barrios que están ubicados al norte de la ciudad y de estratos más bajos. Basta recordar la historia de Moravia, con la construcción del Parque Explora y Ruta N, o el plan parcial de Naranjal que pretendía convertir una zona tradicional de talleres mecánicos en un parque residencial y comercial (Ver páginas 6-7).

Para Mejía lo que sucede en sectores como El Poblado y Laureles con la llegada masiva de visitantes corresponde más bien a un fenómeno de turistificación, que tiene que ver con el impacto que genera en una población la masificación del turismo. En el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, por ejemplo, El Poblado se identifica como zona de desarrollo turístico prioritario, lo que ha hecho que durante años esta zona se estudie y planifique como una comuna comercial.

Mejía plantea que estos recambios poblacionales se configuran en el ADN del barrio. Es una historia que se remonta a la época en la que los industriales textiles abandonaron Prado Centro y se asentaron allí, y también incluye la llegada del narcotráfico. “Es un desplazamiento que sucede repetidamente”, apunta. El Poblado, dice, es un barrio apetecido porque tiene una gran oferta comercial y se encuentra conectado con la ciudad por distintas vías.

Mejía considera que lo que está

Desde hace un par de meses en la zona nororiental de Medellín, unas figuras de colores vivos resaltan en medio de la montaña. A principios de mayo, la Alcaldía de Medellín inauguró Constelaciones, una intervención artística sobre las fachadas de 500 casas y 30 murales en los barrios Brisas del Jardín y San José de la Cima II de Manrique. El alcalde Daniel Quintero afirmó en un comunicado

Esto último se explica, en parte, porque los cambios laborales provocados por la pandemia crearon un tipo de viajero que ya no solo visita un destino, sino que permanece. Y así se agravó una crisis habitacional ya existente en Medellín y de la que poco se hablaba: aunque no hay un consenso sobre el incremento exacto en el valor del arriendo en Medellín, portales como Valora Analitik estiman que creció en un 50 %. En redes sociales han aparecido denuncias sobre propietarios que les han pedido a sus inquilinos desocupar sus casas para ofrecerlas en Airbnb.

Entretanto, en TikTok se viralizan videos de nómadas digitales que promueven viajar

Fotografías: Ameer Mussard-Afcari

| Yesenia Palacio yesenia.palacio@udea.edu.co

| Ana María Ortega ana.ortega1@udea.edu.co

FacultaddeComunicacionesyFilología

UniversidaddeAntioquia

ocurriendo allí es un desplazamiento no concertado ni democrático de la población debido a que “el comerciante ya tenía dinero cuando llegó el turista y a que gradualmente degenera en un proceso de turistificación gracias al comercio”. Además de consecuencias económicas y demográficas, el turismo genera afectaciones del orden simbólico y político, pues los visitantes llegan a zonas como la Comuna 13 y “la vida cotidiana de quienes viven allí se convierte en un espectáculo que se oferta”, indica Zapata.

Los procesos que están sucediendo en la capital antioqueña no son nuevos ni exclusivos. El fenómeno ha sido identificado en países como Puerto Rico, por ejemplo, donde alcanzó visibilidad mundial con el documental Aquí vive gente, de Bianca Graulau, que es también el video oficial de la canción “El apagón” de Bad Bunny.

Otro país que afronta esta problemática es México que, por su cercanía con Estados Unidos y sus atractivos turísticos, recibe avalanchas de turistas del norte global luego de la reapertura de las fronteras después de la pandemia. Allí, por ejemplo, algunos sectores están empezando a discutir la necesidad de una regulación que limite la cantidad de apartamentos que se puedan poner en alquiler en plataformas como Airbnb y la protección a los moradores.

Erendira Aquino, periodista del medio Animal Político, cuenta que el convenio reciente entre Airbnb, la Unesco y el gobierno de la Ciudad de México para promover esta ciudad como un centro global de trabajadores remotos abrió nuevamente la discusión sobre la gentrificación en este país y la necesidad de medidas que regulen este fenómeno. “Ya no solo se habla de un tránsito constante de turistas sino además de la compra de espacios. Estos espacios son para un tipo de negocios de lujo que no están destinados para la clase popular”.

Al igual que México, Colombia tampoco cuenta con regulaciones al respecto. “El turismo va a tomar la misma forma en cualquier parte del mundo desde que las regulaciones sean mínimas, porque una persona que llega a un territorio que no es su lugar de origen siempre va a buscar enajenarse, va a hacer cosas que no haría en su país”, concluye Tatiana Mejía.

¿Xenofobia?

A mediados de abril de 2023 circularon en TikTok y Twitter varios carteles pegados en Provenza, la calle más turística de Medellín, que denunciaban la llegada de nómadas digitales y el encarecimiento de la vivienda con frases como “Gentrifier go home”, “Cambio Airbnb por vecinos y un hogar” o “Todo está muy caro. Detengan la gentrificación”. Los carteles hacen parte de la campaña de Ana María Valle, exsecretaria de las Mujeres de la actual administración y ahora precandidata a la Alcaldía de Medellín.

Estas imágenes, más allá de su uso electoral, dividieron la opinión en redes entre quienes apoyan esas expresiones y quienes consideran que son ataques xenófobos. Algunas personas incluso compararon estos mensajes con los discursos de odio que generó la llegada de personas refugiadas desde Venezuela.

Daniel Carvalho, representante a la Cámara por Antioquia, opinó que “el discurso político de quienes culpaban a los extranjeros de todos los males evitaba hacer análisis complejos y propuestas integrales” y dijo que esto es propio de la extrema derecha.

Sin embargo, resulta problemático comparar el proceso de migración de turistas del norte global, específicamente de nómadas digitales, con la población refugiada venezolana. Juan Camilo Rúa, abogado magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes y experto en movilidad humana y migraciones, aclara que “la diferencia esencial es que la mayoría de los migrantes y refugiados provenientes de países como Venezuela son personas con necesidad de protección internacional, mientras que los nómadas digitales no”. Más de siete millones de personas venezolanas han dejado su país buscando una vida mejor.

Rúa señala que en esta discusión hay que tener en cuenta tres condiciones determinantes: las motivaciones del desplazamiento, las condiciones económicas y la posibilidad de retorno. “Las personas que han salido de países como Venezuela, del norte de Centroamérica o de Haití lo hicieron de una manera forzada. Los nómadas digitales salen de su país de origen porque así lo han querido, por voluntad propia”.

La Relatoría Especial sobre las formas contemporáneas de racismo especifica que en los ataques xenófobos hay una agresión a la identidad nacional que se percibe como ajena y contraria a la identidad nacional mayoritaria y dominante. Cosa que en los mensajes popularizados en Provenza no sucede.

“En los cuestionamientos que hemos visto no aparecen las apelaciones a una identidad dominante amenazada por ninguna parte. Yo no he visto carteles ni mensajes en los que se diga que se está amenazando nuestra identidad como paisas, que estos nómadas no dicen ‘Mi Dios le pague’ o cosas así”, expone Rúa. También señala que la identidad paisa se identifica con los nómadas digitales, pues son un tipo de héroe capitalista que es su propio jefe y es emprendedor; mientras que la población venezolana es atacada porque

se percibe como una cultura contraria a la antioqueña, donde se remarca “lo veneco” como dependiente de los subsidios gubernamentales.

Por otro lado, Erendira Aquino comenta que aunque el asunto de la xenofobia no ha sido muy discutido en México, mirar con sospecha lo que pasa en su ciudad no es un acto xenófobo. Para ella esta discusión no es atentar contra una nacionalidad en específico, sino pedir unas condiciones justas tanto para los que viven allí como para los que vienen.

Ameer Mussard-Afcari es un fotoperiodista proveniente de California, Estados Unidos, que desde enero está en Medellín enseñando inglés en la institución Juan XXIII de San Javier. Al preguntarle su opinión acerca de los carteles de Provenza, el fotoperiodista respondió que “no son una amenaza porque entiendo el sentimiento, y el porqué algunas personas sienten a los extranjeros como malos. Yo puedo ver los problemas que esto genera”.

Mussard-Afcari cuenta que en su ciudad también se ven este tipo de carteles: “Aquí puedo ver que los precios suben, las personas en las calles con chanclas y con pantalones cortos y que no están interesadas en integrarse en la cultura”.

Juan Camilo Rúa concluye que “los discursos, las prácticas y los movimientos que cuestionan a fuerzas y actores económicos no son xenófobos solo porque esos actores y fuerzas económicas sean extranjeras. Aquí las motivaciones importan, y si la razón del cuestionamiento no es la nacionalidad (o la condición de ser extranjeros), sino sus actuaciones económicas y sociales, entonces no puede catalogarse como xenofobia”.

Más allá del escándalo mediático, la situación actual de la ciudad obedece a una suma de actores públicos y privados y unas condiciones que parten de la apuesta por una ciudad atractiva para el turista extranjero, atraviesan una crisis histórica habitacional y piden regulaciones. En una cultura que ve al extranjero como negocio, con una moneda devaluada, la conversación sobre gentrificación y turistificación de la ciudad debe ir más allá de la llegada de turistas extranjeros.

"silarazóndel cuestionamiento noesla nacionalidadsino susactuaciones económicas ysociales, entoncesnopuede catalogarse comoxenofobia"

La gentrificación en Medellín no es un cuento nuevo

| Angy Vanesa Usme Ramírez angy.usme@udea.edu.co

| Laura María Cano Gutiérrez laura.cano1@udea.edu.co

En los años 60, Moravia era el basurero municipal. Tiempo después, a raíz de la agudización del conflicto armado en el país, la zona fue resguardo de cientos de personas desplazadas que llegaron a levantar el pantano y construyeron sus casas allí. Este barrio, que tuvo otros nombres antes como Fidel Castro, Camilo Torres y El Zancudo, se encuentra ubicado en una zona estratégica, a pocas cuadras de lugares emblemáticos de la ciudad como el Jardín Botánico, el Parque Explora, la Universidad de Antioquia y dos estaciones del Metro.

| Andrea Isabel Lara Vega

Aunque el aumento del turismo y sus consecuencias en diferentes zonas de Medellín han llevado a pensar que la gentrificación es un fenómeno reciente, las experiencias de varios sectores muestran que la transformación de los territorios, a veces a costa de las costumbres o la permanencia de sus habitantes, es un problema que empezó hace varias décadas.

La historia de barrios como Naranjal, Moravia o los alrededores del tranvía de Ayacucho es poco mencionada en la discusión actual sobre la gentrificación o la turistificación, a pesar de que sufren de tiempo atrás los impactos de estos procesos. Este mapa describe la situación de algunos sectores que experimentaron cambios por masivas inversiones, públicas o privadas.

En 2018 la Alcaldía de Medellín decretó el Plan Parcial de Moravia, una iniciativa de renovación urbana que tiene entre sus propósitos darle a ese barrio “la posibilidad de articularse a diversas redes de servicios urbanos, permitiendo la cualificación del entorno y la continuidad en el proceso de mejoramiento de la calidad de vida de la población”.

El plan incluye la ampliación de vías, la “consolidación de plazoletas y espacios públicos” y la protección de retiros de quebradas y de algunas zonas –donde hoy existen viviendas–, que fueron declaradas como suelos de recuperación ambiental. Contempla, además, procesos que según el Decreto 0321 suponen la “redefinición predial” y la “integración inmobiliaria”.

Lo anterior, a juicio de algunos pobladores, tiene efectos sobre el precio de la vivienda, por ejemplo, impediría que muchos habitantes tradicionales puedan permanecer allí. “La intervención urbanística en el barrio Moravia se está ejecutando poco a poco, aunque la administración municipal lo niegue. Un claro ejemplo de esto es la ampliación de varias vías del barrio para lograr el proyecto Parques del Río Norte. La comunidad ha entendido los sofismas de la administración y sigue resistiendo para permanecer en los barrios Fidel Castro y Camilo Torres”, dice Alejandro Roque, integrante del colectivo GentriFight, que se opone a la gentrificación en esa zona.

Naranjal Comuna 11, Laureles - Estadio

Naranjal es un barrio ubicado en el occidente de Medellín, muy cerca de la estación Suramericana del Metro. Está a unos pasos del estadio Atanasio Girardot, del centro de espectáculos La Macarena y del centro de la ciudad.

Esa ubicación privilegiada llevó a que en el año 2000 distintos actores, públicos y privados, apoyaran la formulación de un plan parcial de renovación urbana para ese sector que buscaba, entre otros objetivos, “utilizar de manera más eficiente las importantes infraestructuras existentes de carácter vial, transporte masivo, servicios públicos y sociales existentes en la zona” [SIC]. El plan, que pasó por varias modificaciones, incluía la construcción de 98 locales comerciales, 479 oficinas y 1177 viviendas para atraer pobladores de estratos 4, 5 y 6.

El proyecto no se ha completado por cuenta de acciones judiciales que han interpuesto los pobladores y comerciantes. También por problemas de los constructores privados que tenían a su cargo las obras y la comercialización de varios de los componentes del plan. El reclamo principal de los habitantes del barrio es que el proyecto garantice su permanencia.

“El decreto de la protección a moradores indicaba que nos asignarían la opción de una vivienda de interés social. Es decir, sí tenemos la opción de quedarnos, pero no todos tendrán acceso. Pasar de una casa a un apartamento y pagar una administración es un tema complejo”, dice Alexander Lema, uno de los líderes del barrio.

El modelo exige, además, que los moradores hagan un aporte económico que les permita cubrir gastos para acceder a esas nuevas viviendas. “Tenemos un censo de 170 familias, pero de esas creo que solo un 10 % ha hecho el ahorro o tendrá la opción de acceder a un crédito. De resto, muchos se irán”, agrega Alexander.

andrea.lara@udea.edu.co

Moravia Comuna 4, Aranjuez

Corredor de Ayacucho Comuna 9, Buenos Aires

En marzo de 2016 fue inaugurado el Tranvía de Ayacucho o Línea T-A. Este corredor de 4.3 kilómetros hace parte del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá. La inversión fue cercana a los 300 millones de dólares y, de acuerdo con el Plan Maestro 2006-2030 del Metro de Medellín, además de atender asuntos de movilidad era “una propuesta para la transformación urbana y para la generación de nuevas dinámicas sectoriales”.

Sin embargo, las facilidades de movilidad que representa el tranvía, sobre todo para los pobladores de la Comuna 8 y la Comuna 9 de Medellín, contrastan con dos efectos paralelos: por una parte, los cambios en el comercio, incluso por la llegada de un centro comercial con almacenes de cadena; y, por otra, los impactos en las viviendas de algunos habitantes tradicionales de esos sectores.

El caso más ilustrativo es el del barrio San Luis, donde el desplazamiento de la población no obedece a un proceso de gentrificación, sino al deterioro de las viviendas por cuenta de las obras. Allí, más de 200 predios fueron afectados y muchas de las familias que los habitaban tuvieron que abandonarlos. Entre ellos, los propietarios de 176 viviendas fueron notificados de las órdenes de demolición por ser consideradas de alto riesgo y la Alcaldía de Medellín hizo ofertas de compra que la comunidad consideró muy bajas. Poco a poco, la mayoría de los vecinos aceptaron vender sus casas, aunque un pequeño grupo permanece allí.

“Después del daño a las estructuras, el Metro manifestó que esta era una zona de riesgo y que el daño no había sido por las obras. Eso hubo que pelearlo por muchos años hasta que se reconoció con un estudio de suelo de la Universidad Nacional el exceso en el uso del explosivo”, dice Juana Cardona, lideresa y habitante de San Luis.

Provenza y Manila

Comuna 14, Poblado

La expansión de la zona de rumba que se concentraba en el parque Lleras llevó a la transformación de sectores aledaños como Provenza y Manila, que se convirtieron, también, en espacios de entretenimiento. La apuesta decidida de la ciudad por el turismo ha promovido la llegada de una gran cantidad de visitantes extranjeros, muchos de los cuales ganan y gastan en dólares, lo que aumenta la especulación.

Manuela Restrepo, habitante del barrio Manila, dice que una de las consecuencias de esas transformaciones “es la expulsión de los habitantes tradicionales del barrio por el ruido, las basuras, el aumento de los precios relacionados con arrendamientos y otros bienes y servicios”.

Esos sectores dejaron de ser barrios residenciales por cuenta de un fenómeno que algunos han llamado gentrificación pero que se explica de manera más precisa con el concepto de turistificación (Ver páginas 4-5). Esto es, en resumen, la adecuación de los espacios y de los servicios a las necesidades del turismo y no de los habitantes tradicionales. A las problemáticas económicas y demográficas de este sector, se suma la explotación sexual en la zona más cercana al parque Lleras derivada de la afluencia masiva de visitantes extranjeros.

Perpetuo Socorro Comuna 10, La Candelaria

El Perpetuo Socorro es una zona mayoritariamente industrial y sin moradores. Está ubicado cerca de la estación Exposiciones del Metro y lo ocupan, principalmente, bodegas, concesionarios, otros locales comerciales e instalaciones industriales.

Este sector, conocido en la actualidad como Distrito Creativo del Perpetuo Socorro, fue la primera Área de Desarrollo Naranja de Medellín, en el marco de la política de “economía naranja” que promovió el Gobierno de Iván Duque. Ese modelo pretendía fortalecer las actividades culturales con el fin de “operar como centros de actividad económica y creativa, que contribuyan a la renovación urbana y al mejoramiento del área de ubicación”.

Desde 2016, con la llegada de la empresa de confecciones Mattelsa, en esa zona se han asentado diferentes actores culturales. Allí se encuentran, por ejemplo, la bodega Comfama, y algunos cafés, restaurantes y galerías en los alrededores del Hospital General de Medellín.

A pesar de estar planteada como un área de desarrollo mixto, el ambiente del Perpetuo Socorro sigue siendo netamente industrial. La intención de redensificar la zona no ha dado muchos frutos en los últimos años. Lo anterior podría explicarse a partir de lo que plantea Alejandra Montaño, en su tesis de Antropología de 2021, sobre los procesos de renovación urbana en el Perpetuo Socorro. De acuerdo con sus conclusiones existen “contradicciones en los intereses de la administración de la ciudad” y otros actores del distrito creativo. A eso se suma, dice Montaño, la especulación en los precios de los inmuebles como consecuencia de la visibilidad que ha adquirido el barrio. “Los proyectos habitacionales aún no han encontrado su puerta de entrada en el distrito creativo”, escribió.

La crisis financiera de la UdeA y la reforma a la Ley 30

El déficit que arrastran las universidades públicas colombianas tiene su origen en dos artículos de la Ley 30 de 1992. Esa norma es la responsable de que cada año aumente la brecha entre los ingresos y los gastos, y de que las universidades se vean forzadas a generar sus propios recursos. Por estos días una propuesta de reforma parcial a la Ley 30 pasó a segundo debate en la Cámara de Representantes. ¿Qué implicaciones tiene para la UdeA?

En los últimos meses, cuando se acercan las fechas de pago, corre un rumor entre los profesores de la Universidad de Antioquia que dice que los directivos de la institución tienen que salir a pedir préstamos para pagar la nómina por cuenta de su difícil situación financiera. Aunque no es cierto que la UdeA se endeude para pagarles a sus empleados, y eso del rector haciendo fila en un banco para que le aprueben un crédito exprés no es más que un chiste, lo que sí es cierto es que las universidades públicas en Colombia arrastran un déficit histórico.

A inicios de los años 90, Colombia estaba atravesando un período de cambios económicos y políticos, como la promulgación de una nueva Constitución Política y la apertura económica del gobierno de César Gaviria. En ese contexto surgió una reforma que tenía el objetivo de impulsar la calidad, la cobertura y la modernización de la educación superior. La Ley 30 de 1992 definió en su artículo 86 los mecanismos para que las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas se financiaran a partir de los aportes del presupuesto nacional, de los entes territoriales y los recursos propios generados por cada institución.

Ese mismo artículo estipuló que “las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacionales y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos vigentes

a partir de 1993”. En otras palabras, las universidades no recibirían más recursos de acuerdo con el aumento en sus gastos de funcionamiento, sino que la plata que se les transfiere aumenta apenas en un porcentaje equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Por otra parte, el artículo 87 definió que seis años después de la promulgación de la ley el Gobierno nacional incrementaría sus aportes para las universidades estatales u oficiales “en un porcentaje no inferior al 30 % del incremento real del Producto Interno Bruto (PIB)”.

Sin embargo, esos recursos estipulados en el artículo 87 no hacen parte de la base presupuestal de las universidades públicas. La norma, además, no especificó a qué rubro del presupuesto se direcciona y esos recursos deben ser distribuidos entre las 34 universidades del Sistema Universitario Estatal de acuerdo con los resultados de un indicador que aplica el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Por tanto, los recursos asignados a cada universidad por esta vía varían por año según los puntajes que cada una obtenga en ese indicador.

En síntesis, desde su promulgación, la Ley 30 no cuenta el crecimiento de las universidades en aspectos como la cobertura, la infraestructura, los nuevos programas de pregrado y posgrado, la planta docente, entre otros. Eso genera que los recursos que reciben cada vez alcancen a cubrir una porción menor de los gastos.

¿De dónde sale la plata con la que funciona la U?

En 2023 la Universidad de Antioquia opera con un presupuesto cercano a los 1.6 billones de pesos. Esos recursos se dividen en seis fondos teniendo en cuenta la siguiente distribución:

39% 6% 41% 3% 8% 3%

| Valeria Ortiz Tabares valeria.ortiz1@udea.edu.co

Los fondos generales, que son las transferencias de la nación y los entes territoriales, de acuerdo con lo definido en la Ley 30 de 1992, se destinan al funcionamiento de la UdeA en aspectos como la nómina.

El fondo de estampilla y devolución del IVA viene de dos fuentes: la retención por estampilla que se aplica a contratistas de distintas dependencias del Estado y la devolución de IVA que recibe la UdeA por los bienes, insumos y servicios que adquiere.

Los fondos especiales son aquellos que se recaudan con los programas de extensión y bienestar, los convenios y la venta de bienes y servicios.

El fondo Programa de Salud proviene de las cotizaciones de los afiliados. El dinero recaudado por este fondo es destinado a la prestación de servicios de salud de los afiliados y sus beneficiarios.

El Fondo de Pensiones se encarga de cumplir con las obligaciones pensionales de la Universidad de Antioquia.

Y el Fondo de Bienestar Universitario guarda los ahorros de quienes están afiliados para ofrecerles diferentes tipos de crédito.

Fotografías: Jhojan Millán.

Según Ramón Javier Mesa, vicerrector administrativo de la Universidad de Antioquia, hace 15 años los recursos girados por el Gobierno nacional podían representar, en promedio, el 80 % de los gastos de la Universidad. Esa cifra se ha reducido progresivamente hasta el punto de que, en la actualidad, esos recursos no alcanzan ni siquiera para cubrir por completo la nómina.

La explicación más clara de esta reducción de recursos es el aumento en la cobertura de los últimos años, pues más estudiantes han podido acceder a la educación superior. Uno de los ejes más importantes de ese crecimiento es el Programa de Regionalización que, a partir de 1990, empezó a descentralizar la educación universitaria en el departamento.

En la actualidad, la UdeA cuenta con cinco seccionales y siete sedes en regiones, aparte de las sedes ubicadas en el Valle de Aburrá. “Probablemente nosotros hemos casi que duplicado el número de estudiantes en los últimos 10 años. Tenemos cerca de siete mil estudiantes en regiones que hace 15 años no teníamos”, explica Mesa.

En ese sentido, los aumentos en los gastos de funcionamiento provocan un efecto dominó: si hay más estudiantes, se necesita ampliar la infraestructura, hay un mayor consumo de servicios y se debe contratar a más docentes. A esto se le suman mayores necesidades en programas de bienestar como el servicio de alimentación, el acompañamiento de psicorientación, el Sistema de Estímulos Académicos y otros gastos misionales como la movilidad nacional e internacional o el programa Multilingua que ofrece formación gratuita en idiomas.

¿Cuál es la solución? De acuerdo con las últimas cifras consolidadas por las universidades públicas, en 2018 el déficit acumulado entre todas las instituciones del país superaba los 15 billones de pesos. El 14 de diciembre del mismo año, el Gobierno de Iván Duque y algunos representantes estudiantiles y

profesorales llegaron a un acuerdo para aumentar transitoriamente el flujo de recursos.

El acuerdo contempló 15 puntos, entre los que se incluía un aumento de 4.5 billones de pesos al presupuesto de las IES públicas durante los siguientes cuatro años. Si bien este acuerdo dio un alivio a las universidades, en 2022 el déficit acumulado por los recursos que recibe la Universidad de Antioquia por la Ley 30 supera los 302 mil millones de pesos.

Hace 10 años, en 2012, ese déficit era de 4746 millones. Es decir que en una década se multiplicó casi por 64.

Ese déficit, sin embargo, ha sido “apalancado” con recursos propios y eso explica que, por ejemplo, el año pasado la Universidad haya cerrado con un resultado positivo acumulado por más de 75 mil millones. En otras palabras, menos recursos del Gobierno han tenido que ser cubiertos, sobre todo, con servicios de extensión. De ahí la idea de que el desfinanciamiento ha conducido a la Universidad de Antioquia a una forma de privatización.

“Si las universidades tienen que aportar recursos adicionales a través de la autofinanciación, es decir, lo que hacen las universidades de puertas para afuera, lo que llamamos proyección social institucional se ve sometida a una lógica de privatización”, dice Marco Antonio Vélez, profesor de la Universidad de Antioquia y jefe del Departamento de Sociología.

En la actualidad cerca del 44 % son cubiertos por los fondos generales, mientras el restante 56 % sale de los recursos propios de la institución.

Otro punto para entender la crisis de la institución tiene que ver con las políticas de gratuidad. En la actualidad casi el 90 % de los estudiantes de la UdeA acceden a ese beneficio y la Universidad recibe cerca de 365.000 pesos semestrales por estudiante. “Pero el costo de formar a ese estudiante es de 10.223.500”, afirma el vicerrector administrativo.

A lo anterior se suman las limitaciones en los aportes del departamento y la nula

destinación de recursos por parte de la Alcaldía de Medellín. Aunque buena parte de los casi seis mil estudiantes matriculados en regiones no pagan matrícula, los recursos que destina la Gobernación de Antioquia solo cubren el 4 % de los gastos de la UdeA. Adicionalmente, más del 70 % de los estudiantes matriculados residen en Medellín, pero “hoy, nosotros no recibimos del distrito un solo peso”, dice Mesa.

Ante ese panorama, las universidades públicas exigen la reforma a la Ley 30, un propósito que quedó fijado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, del Gobierno Petro, y que contempla el tránsito de la idea de educación como un “servicio” a su comprensión como un derecho.

“Estamos participando activamente en la mesa técnica sobre la reforma de la Ley 30, en este momento hemos creado un marco financiero para todas las universidades públicas mirando los ejercicios de estimulación a largo plazo”, menciona el vicerrector.

Desde hace un tiempo los docentes también vienen planteando un escenario de participación en torno a la misma reforma en espacios de discusión sobre financiación, gobierno universitario y reconfiguración de la idea de universidad. Una de las conclusiones que resalta el profesor Marco Antonio Vélez es que “si no se garantizan unos recursos financieros, si no se garantiza una transformación a ese nivel en la forma de financiación, pues lo que uno se encuentra es una muerte lenta de las universidades públicas”.

Por lo pronto, una propuesta de reforma parcial a la Ley 30 pasó a segundo debate en la Cámara de Representantes a finales de mayo. El proyecto plantea, entre otros aspectos, que el crecimiento de los recursos destinados a las universidades esté atado al Índice de Costos de la Educación Superior y no al IPC. Para convertirse en ley, la reforma tendrá que superar un debate más en la Cámara y dos en el Senado. Todavía falta camino y voluntad.

Art. 86

¿En qué consiste el de la Ley 30?

Los mecanismos para que las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas se financien a partir de los aportes del presupuesto nacional, de los entes territoriales y los recursos propios generados por cada institución.

La de Ley199230

La Ley 30 de 1992, conocida también como Ley de la Educación Superior, tenía el objetivo de impulsar la calidad, la cobertura y la modernización de las Instituciones de Educación Superior. Sin embargo, con los años, los artículos 86 y 87 de dicha ley han puesto en riesgo a las IES públicas.

30 años después...

Y le siguen dando la misma cantidad de calorías que cuando era bebé, pero estas ya no son suficientes para que esté en buen estado de salud.

Imaginemos la Universidad como un bebé recién nacido que consume una cantidad de calorías que le aportan lo necesario para estar bien nutrido.

Universidades públicas en la actualidad

¿Cuánto le cuesta un estudiante a la UdeA por semestre?

Según la Política de Gratuidad en la Matrícula, el Gobierno nacional asume el pago de la matrícula neta de las y los estudiantes de pregrado en cualquiera de la IES públicas.

$ 10’223.500

Le cuesta a la Universidad, en promedio, un estudiante de pregrado. Estos costos se dan por:

Hasta el 2022 uno de los requisitos era ser de estrato 1, 2 o 3. A partir de 2023 se beneficiará teniendo en cuenta el grupo del SISBEN al que pertenezca.

Formación Bienestar Servicios públicos

Art. 87

¿En qué consiste el de la Ley 30?

El Gobierno nacional incrementaría sus aportes para las universidades estatales u oficiales “en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del Producto Interno Bruto (PIB)”. Sin embargo, este aumento no hace parte de la base presupuestal. Es decir, este dinero se debe repartir entre las 34 universidades del Sistema Universitario Estatal de acuerdo con los resultados de un indicador que aplica el Ministerio de Educación.

En 2001 lo que el Estado aportaba a la Universidad representaba el 78% de los gastos.

Por lo tanto, la Universidad debía encargarse del 22% restante.

En la actualidad, la Universidad se encarga de cubrir sus gastos con el 56% de los recursos propios.

Del que creció el PIB un se les incrementa a las IES públicas.

7.5% 2.25% el 30% de 7.5%

ElPIB Aumentó en un7.5%

Mientras tanto, el presupuesto que da el Estado cubre el 44% de los gastos de funcionamiento de la Universidad.

Sin embargo, por la Política de Gratuidad, el Gobierno aporta solo, en promedio,

$ 365.000

pesos por estudiante.

áuC l e s el problemade la Ley 30

en términosdefinanciación?

¿Cómo la Ley 30 afecta financieramente a la UdeA?

| Valentina Chavarría Cifuentes valentina.chavarria@udea.edu.co

·POP· líticas:

diferentes miradas al periodismo de entretenimiento

| María José Chitiva Londoño maria.chitiva@udea.edu.co

#FreeBritney. El nuevo cuerpo de Kim Kardashian. El juicio de Johnny Depp versus Amber Heard. La cancelación de Kanye West. Imagina esto: eres el editor de un periódico, de una revista o de un sitio web y debes organizar el material de los periodistas de tu redacción, ¿en cuál sección publicarías cualquiera de estas noticias? Estamos seguras de que automáticamente pensaste en espectáculos, farándula o entretenimiento. En el periodismo hemos usado indiscriminadamente estos términos y hemos asumido que son iguales. Sin embargo, sí existen diferencias entre ellos. Podríamos decir que periodismo de espectáculos, por ejemplo, es el que hace seguimiento de los famosos y los personajes públicos; el de farándula –también conocido como prensa rosa o del corazón– se dedica a explotar las intimidades de estos y el periodismo de entretenimiento está vinculado a los estrenos y las actualidades del cine, la televisión o la moda.

A pesar de que puedan trazarse estas distinciones, lo cierto es que muy poco se ha investigado sobre estas áreas del periodismo. Joel Penney, doctor en Comunicación y autor del libro Pop culture, politics, and the news: entertainment journalism in the polarized media landscape, afirma que “se conoce muy poco acerca de cómo se produce y se consume este tipo de periodismo”. Ilógico, ¿no? Cuando pensamos en el periodismo mainstream solemos achacarle adjetivos como masivo y a lo masivo lo asociamos con un campo amplio de investigación. Pero ¿por qué este tema es la excepción?

El mundo occidental ha configurado su pensamiento de manera dual. Las cuestiones filosóficas más importantes han sido analizadas a partir de divisiones: cuerpo versus espíritu, femenino versus masculino, cultura versus naturaleza. Una de esas dualidades más llamativas en el campo de la cultura es la que marca diferencias entre la “alta” y la “baja” cultura. La primera hace referencia a las obras producto de la intelectualidad y las bellas artes. La segunda, como lo propuso el experto en estudios culturales Jonh Storey, es una “categoría residual” en la que se dan todas aquellas prácticas culturales que no tienen cabida en la “alta cultura” como el cine, la televisión y la música popular. Es decir, por un lado, las distinciones también están

asociadas a la dificultad y profundidad intelectual que, se asume, requiere la alta cultura y, por otro lado, a la superficialidad y la banalidad de la que, supuestamente, da cuenta la baja cultura. Esta división no solo permeó a la sociedad y la academia, también al periodismo. Cultura mainstream es un libro que describe y analiza la expansión de la industria del entretenimiento alrededor del mundo. Su autor, el periodista francés Frédéric Martel, narra cómo en los Estados Unidos del siglo XX el periodismo cultural se transformó ante la inevitable popularización de las expresiones provenientes de la cultura de masas o baja cultura.

Los críticos y los periodistas culturales se enfrentaron a la necesidad de crear nuevas maneras de narrar sus contextos y con esto “difuminar las fronteras y borrar esa división considerada ahora elitista, europea, aristocrática y francamente antidemocrática”. Según Martel, estos cambios están relacionados con el esfuerzo por mantener un equilibrio entre el arte y el entretenimiento, lo serio y lo banal. Actualmente, la mayoría de medios de

comunicación dividen sus notas en secciones duras y blandas, los temas calientes y fríos configuran una jerarquía temática en el oficio periodístico. En la base de la pirámide se pueden encontrar cuestiones culturales como el cine, la moda, la literatura y el mundo de los famosos, y en la cima asuntos asociados con la política, la economía y las leyes.

Además de este rango de importancia informativo, hay que mencionar el desprestigio que tiene el periodismo de entretenimiento. Según Ramón Pineda, periodista y profesor de varias escuelas de periodismo en Medellín, en Colombia este tipo de periodismo “es regular ya que carece de investigación y suele estar ligado a intereses empresariales, lo que hace que sea complaciente y poco crítico”. Al igual que los contenidos, los prejuicios también están dirigidos hacia los periodistas que cubren estas noticias. Lux Lancheros, periodista de moda, reflexiona acerca de su experiencia y dice que sus colegas son vistos como “los que no hacen periodismo serio, como los que más se divierten, pero no es así: en estos

temas también hay problemáticas sociales, pero esto no lo ven los periodistas de la vieja escuela. Las universidades no ven que es un error desprestigiar estas temáticas”.

Sería ingenuo no reconocer las falencias de muchos medios en el cubrimiento de esta área periodística: su falta de profundidad y contexto al momento de informar y la obsesión de convertir asuntos de la vida privada en públicos. Pero hay excepciones. Pineda reconoce que en el país han existido buenas propuestas de periodismo de entretenimiento como las revistas Caras, Cromos y Bocas. Considera que la clave para un buen periodismo de este tipo “está en volverse experto en el tema para hacer buenas preguntas”.

Por la calidad de este periodismo también se ha preguntado el consultorio ético de la Fundación Gabo y su respuesta es que “la excelencia se encuentra por el lado del servicio al lector”, en el sentido en que debe dignificarlo, estimular su inteligencia y brindarle herramientas críticas que le sirvan para disfrutar las experiencias culturales.

En el fondo la discusión vuelve a un par de preguntas clave: ¿por qué las personas buscan el periodismo de entretenimiento?, ¿por qué el hombre se entretiene y disfruta hacerlo? En su libro Buen entretenimiento, el filósofo Byung-Chul Han afirma que “a los hombres les gusta entretenerse […] y se chiflan por historias llenas de aventuras, por imágenes coloridas, por una música marchosa y por juegos de todo tipo, o dicho brevemente, por una comunicación light, por participar sin ceremonias y sin grandes pretensiones ni reglas”. En la experiencia humana no es excluyente el entretenimiento de la política o el trabajo: todas esas áreas se entrelazan, conviven, habitan en el centro y le otorgan sentido al individuo y a la sociedad.

En ese sentido, la jerarquía informativa del oficio puede ser desplazada por historias críticas y éticas que tengan como preocupación principal narrar la sociedad con toda la complejidad que posee. Esta tarea ya está en marcha.

#FreeBritney. El nuevo cuerpo de Kim Kardashian. El juicio de Johnny Depp versus Amber Heard. La cancelación de Kanye West. Cada uno de estos acontecimientos demuestra que el entretenimiento y la política no son asuntos excluyentes: el feminismo, las políticas sexuales, los asuntos identitarios y el funcionamiento de una industria son temas imprescindibles para comprender el presente y el futuro de estos acontecimientos. Como señala Joel Penney, “actualmente, las noticias asociadas con el entretenimiento contienen los asuntos políticos más importantes del momento. Este tipo de periodismo ocupa una posición prominente en las conversaciones políticas que se sostienen en la esfera pública”.

Más que esforzarse por mantener el equilibrio entre lo serio y lo banal que mencionaba Martel, el periodismo de entretenimiento es un área de múltiples posibilidades porque puede conjugar el goce y la diversión que traen consigo las expresiones culturales contemporáneas, como también las responsabilidades éticas que implican el oficio periodístico. En vez de romper el balance, armonizar la política, la cultura, lo serio y lo rosa. Esa debería ser la ambición de un periodismo que tenga como fin el entretenimiento.

Este texto se deriva de la reflexión alrededor de Poplíticas, un trabajo de grado desarrollado en la modalidad de Creación de Empresa Periodística, que tiene como producto central un pódcast de análisis sobre fenómenos y acontecimientos de la cultura popular.

Para escucharlo, escanee este código:

Hasta encontrarlo: la búsqueda de un excombatiente de las Farc desaparecido

Este texto es un fragmento y una continuación de la investigación “Hasta encontrarlo: la búsqueda de un excombatiente de las Farc desaparecido”, que hicimos entre 2019 y 2021 para graduarnos como periodistas.

| Karen Sánchez karensanchez509@gmail.com

| Elisa Castrillón Palacio castrillonelisa@gmail.com

“ De los muchachos recuerdo muy poquito, pero del Bejuco sí. Es que ese Bejuco no se le olvida a uno”. Era 17 de octubre de 2020. Llevábamos casi un año buscando a Bejuco, preguntando por él a excombatientes de las Farc, a vecinos de la infancia y abriendo procesos con instituciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). Pero esa frase, que le dio un giro definitivo a nuestra investigación y puso en otra etapa un duelo familiar de 13 años, la encontramos en una casita al final de una montaña en el ETCR Jacobo Arango, en Dabeiba. Allí, exguerrilleros de los frentes 5 y 18 de las Farc iniciaron su proceso de desmovilización en 2016. En esa casita campesina vivía Astrid con su hijo, su mamá y su hermano. Toda ella y la casa eran un jardín de hortensias y orquídeas. Astrid combatió en la guerrilla por 12 años, hasta 2014, cuando se desmovilizó para rencontrarse con su familia. Fue la primera persona que conocimos que no tuvo que escarbar demasiado en su memoria para recordar a Bejuco. Aprendimos mucho de la memoria en ese encuentro. Que es selectiva, incompleta, a veces inútil. Pero alguien más recordaba a Bejuco y eso era suficiente. “Ojalá lo

encuentren”, nos dijo, y nos despedimos sin ninguna otra pista.

Cuatro meses después, en febrero de 2021, supimos que Bejuco estaba muerto. Uberley Tuberquia, excomandante de la columna móvil Mario Vélez de las Farc, quien era conocido como Remorado, nos dijo el 16 de febrero de 2021 que a Bejuco lo había matado en 2008 el disparo de un paramilitar durante un enfrentamiento en el que murieron tres guerrilleros. Días después, tres excombatientes más nos dijeron que murió en una emboscada del ejército donde hubo otras cuatro víctimas.

Salvo algunas diferencias entre ambas versiones la conclusión era la misma: Bejuco estaba muerto.

Cuando empezamos a buscar

La primera vez que hablamos de Bejuco estábamos sentadas en una de las mesas de la universidad. El tema surgió luego de una clase en la que teníamos que plantear una pregunta de investigación para nuestro trabajo de grado. Era 2019. Queríamos investigar sobre el conflicto armado, sobre la desaparición forzada, sobre el reclutamiento de menores. Pero la desaparición de Bejuco, que tocaba tan cerca a una de nosotras, no nos parecía entonces una pregunta válida.

Fotografía: archivo familiar.

Leirman Yonairo Palacio ingresó a las Farc el 16 de agosto de 2007 en Río Verde, una vereda de Puerto Libertador, Córdoba. Tenía 18 años recién cumplidos. El día que se fue le dejó una carta a su familia en la que sin ser muy explícito les contaba su decisión:

“Karen: yo sé que te va a doler al saber para dónde me he ido, pero es algo que he decidido. Yo lo pensé y quiero que siempre pienses en mí como un hermano. Y te doy un consejo, vive la vida al máximo y aprovecha las cosas lindas que nos da. Te quiero, Karen, y siempre serás mi hermanita del alma. Hasta nunca familia. Gracias por el amor que me brindaron”.

Una de nosotras todavía guarda ese papelito de cuaderno arrugado entre libros para que el tiempo no diluya la tinta. Y como una forma de luchar contra el olvido.

Desde ese 16 de agosto, hace 16 años, su familia no sabe nada de él.

Bejuco, como le decían en su casa y como supimos luego que le decían también en la guerrilla, es ahora un tatuaje en el brazo de su hermana, un guayacán amarillo en el patio de la casa de su familia y el recuerdo más doloroso de su mamá. Pero es, sobre todo, un duelo inconcluso.

La historia de su partida, de su desaparición y de su búsqueda es tan

Trabajodegrado

individual como colectiva. Como Bejuco, 83 mil personas desaparecieron en Colombia entre 1958 y 2017, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Para la UBPD esa cifra alcanza las 120 mil personas y, según el CICR, son 117 mil.

Todas ellas hacen parte de un rompecabezas que probablemente nunca se vaya a completar, porque según la UBPD solo el 5 % de los desaparecidos son encontrados en Colombia o por lo menos se sabe qué pasó con ellos.

Bejuco hace parte de ese porcentaje.

Lo buscamos por casi dos años, y se convirtió en una reportería que trascendió un requisito para graduarnos. Primero agotamos las rutas legales, las entidades oficiales y los contactos experimentados en la búsqueda de personas desaparecidas. Hasta ahora, ninguna de esas fuentes ha dado respuestas claras que permitan dar con su paradero. Luego, empezamos a preguntar por nuestra cuenta. Nos reunimos con exguerrilleros, investigadores del conflicto armado, familiares de Bejuco y funcionarios de los organismos de búsqueda internacionales y del Estado. Supimos que estaba muerto y el lugar en el que podría estar su cuerpo.

Juntas construimos un mapa de la desaparición y vivimos de cerca la búsqueda, incluidos sus obstáculos. Por ejemplo, al repasar con la memoria el cuerpo completo de Leirman, sus cicatrices, sus lunares, el tamaño de su nariz y ojos, para llenar una ficha con la que podrían identificarlo si en algún momento el Estado encuentra un cuerpo sin nombre. Lo hicimos mientras la asesora de ese proceso, una guerrillera desmovilizada, se tinturaba el pelo en una casa llena de desconocidos que nos escucharon llorar y recordar una historia dolorosa.

Por ejemplo, al abrir solicitudes de búsqueda oficiales y contar varias veces el mismo relato sin éxito. Y que luego nadie nos contara el paso a paso que seguiría o nos hablara de la posibilidad real de encontrar respuestas.

Por ejemplo, al buscar a un desaparecido en medio de una pandemia. Fue estando separadas, abrazándonos por medio de una pantalla, después de cuatro meses de varios viajes y entrevistas, que empezaron a llegar las respuestas más importantes sobre Leirman.

El día que recibimos la noticia del encierro nacional, el 14 de marzo de 2020, también encontramos a la primera persona a quien Leirman se le hacía conocido. Estábamos entre las montañas del norte de Antioquia, en el ETCR de Santa Lucía, en Ituango.

En adelante ese episodio se repitió muchas veces. Hablamos con por lo menos 27 excombatientes de los frentes 18, 5, 36, 57 y la columna móvil Mario Vélez de las Farc para quienes Leirman era una cara o un nombre conocido, pero no tanto.

Antes de vernos con Astrid en Dabeiba, la búsqueda de Bejuco era más un juego de resistencia de nuestro lado, que de certezas del otro.

Tal vez esa sea la contradicción más ilustrativa de este proceso: la idea de que no hay noticias felices, solo esperanzadoras, y que cada una era camino a la despedida de Bejuco.

Aun así, no lo hemos despedido del todo. El drama de la desaparición es justamente la despedida incompleta: no es suficiente con saber que un ser querido está muerto, queremos que sea una certeza irrefutable.

Y por eso, dos años después de saber qué pasó con Leirman, lo seguimos buscando.

Los últimos hallazgos Saber que Bejuco estaba muerto desde 2008 significó el cierre de una búsqueda de más de 13 años. Los mismos en los que su familia esperó una llamada espontánea, una noticia de alguno de los vecinos en Río Verde o reconocer una mirada familiar en alguno de los ETCR en los que las Farc se concentraron para su desmovilización.

Para 2021 ya sabíamos que Leirman había muerto en un combate, aunque no era claro si había sido contra los paramilitares o el ejército. Que tenía 18 años cuando una bala lo mató; que había durado menos de un año en una guerra que nos parecía injusta. Y que en efecto fue injusta porque causó un dolor irreparable. Que su cuerpo fue enterrado por otros guerrilleros a orillas del río Sinú, en la vereda Puerto Fuerte, en Córdoba, muy cerca de donde vivía su familia al momento de su desaparición.

Desde ese momento una cosa cambió para siempre: ya su familia no debía esperarlo.

En su nombre hicimos eucaristías, novenas y reuniones para tratar de despedirlo con los rituales que se le hacen a un cuerpo presente o que, al menos, vimos morir. Todos esos rituales, sin embargo, seguían incompletos. Con la ausencia de un cuerpo, o lo que pueda quedar de él, se hace imposible soltar la búsqueda de manera definitiva.

Por eso, aunque nuestra investigación terminó el 16 de julio de 2021, una de nosotras ha continuado la búsqueda, ya no sobre lo que pasó con él, sino con su cuerpo.

La última información que recibimos fue un final y a la vez un principio de nuevas

Quiénes somos después de buscar

Estos textos son fragmentos del capítulo final de nuestro trabajo de grado. Ambos son reflexiones personales sobre quiénes somos, qué sabemos y cómo cambiamos tras la búsqueda.

Elisa

Muchas cosas han cambiado y mucho he aprendido desde que empezamos a buscar a Bejuco hasta hoy. Por ejemplo, que Bejuco no es solo el hermano desaparecido de una persona a la que quiero. Sé de su vida y su intimidad mucho más que lo que saben personas que lo conocieron. Sé cómo era su cuerpo, sus ojos y su boca. Sé qué le gustaba comer, jugar y cuáles eran sus sueños. Sé que era desobediente, buen hermano, calmado y humilde. Lo construí: construí el relato de su vida y de su pérdida, del tamaño de su ausencia en su familia, de sus primeros días en la guerrilla, de los últimos días de su existencia.

Tanto lo conozco que siento nostalgia de no haber escuchado nunca su voz, de no haberlo podido abrazar nunca, de tener de él solo el relato de otros. La historia de Leirman ya no es un secreto. Podemos hablarla entre nosotras y con otros sin ocultar detalles. Ahora tenemos más respuestas que preguntas, aunque todavía tengamos preguntas.

Pienso, con tanto que hemos encontrado y tan poco que sabemos, que ese fue nuestro mayor aprendizaje: contar, convertir en palabras el silencio de años. En todo este tiempo, con tantos cambios, nombrar la ausencia fue el ritual más liberador. Nuestros hallazgos han empezado a liberar la culpa familiar de lo que pasó con Leirman y también transformaron una pérdida vergonzante en un relato de persistencia y amor: todas las personas son seres amados por alguien.

Pienso, en la retrospectiva sobre las respuestas que conseguimos, que nuestra búsqueda no es solo el mayor aprendizaje sino nuestro mayor regalo. Ha valido la pena cada segundo. Hemos sentido a Leirman muy cerca, hemos soñado con una despedida plena, y hemos vuelto a alejarnos de la verdad. Pero ha valido la pena cada segundo. Ha valido la pena nuestra amistad, tanto amor que nos ha rodeado en la búsqueda, tantas manos dispuestas a ayudar y tanta certeza sobre dónde están las voluntades y dónde las barreras. Aquí estamos, aquí seguimos: hasta encontrarlo.

preguntas que hasta hoy no han cesado. ¿Dónde están los restos de Bejuco? ¿Será posible recuperarlos? ¿Qué queda de él?

En mayo de 2022 una de nosotras retomó el contacto con los excombatientes que hace tres años nos ayudaron a armar el rompecabezas de la desaparición. Otilia, una excombatiente del Frente 5 de las Farc que coordina el enlace entre esa exguerrilla y la UBPD para buscar a los desaparecidos del conflicto armado en Antioquia, Córdoba y Chocó, es nuestro puente de comunicación con los exguerrilleros dispuestos a dar información sobre Bejuco.

Aparecieron nuevos nombres, algunos de quienes supuestamente lo enterraron: Yarledis, la Nene, Mélida, Lucero, Chapolo, Arbey, Ángela, Nelson, Wilder y el Flaco. Es casi como empezar de cero, pues tras la firma de los acuerdos de paz la mayoría de ellos volvieron a usar sus nombres de nacimiento, cambiaron de ciudad o terminaron presos.

Uno de ellos está recluido en la cárcel de El Pedregal, en Medellín, y dice haber enterrado a Bejuco a orillas del río Sinú. No decimos su nombre para no comprometer su seguridad. Él es, probablemente, la última persona que tuvo cerca el cuerpo de Bejuco y la única que podría decirnos exactamente dónde está. El duelo, la despedida inconclusa, el ritual suspendido dependen de su relato. Nosotras tenemos su nombre completo, su número de documento de identidad, el del patio en el que está preso y el de identificación de interno, pero él tiene un dato, uno solo, que puede cambiarlo todo para una de nuestras familias.

Como él, también encontramos a dos hermanos, excombatientes que se acogieron al acuerdo de paz, que recuerdan a Bejuco y dicen conocer la zona donde supuestamente está enterrado, aunque no el punto exacto. Ambos podrían ubicarlo si repasan el mapa de la zona donde lo mataron. Así de contradictorio y esperanzador es este proceso: cada paso allana el camino de la despedida. Pero depende de la voluntad de otros.

Los dos hermanos decidieron que, por el momento, solo hablarían con Otilia. Y el excombatiente en la cárcel, que solo lo haría con funcionarios del CICR. Llegar a ellos implica hacer trámites que podrían tardar meses. Saber sus nombres y dónde están ha sido difícil ante la realidad de no poder confrontarlos directamente, hacerles nuestras propias preguntas y escuchar lo que tienen para decir sobre Bejuco. Si algo hemos aprendido en este tiempo es que el camino en la búsqueda no es lineal ni controlable. Está cargado de incertidumbres.

Karen Poner en palabras los sentimientos y las sensaciones de los últimos cuatro años es, de alguna manera, volver a la nostalgia que me produce recordarte a ti como tanto lo he hecho desde que tomé la decisión de traerte de nuevo a mi vida, de buscarte. Empezar no fue fácil. Me costó asumir como propia la búsqueda de mamá, esa angustia que empezó el sábado 18 de agosto de 2007; asumirla y darle la importancia que merecía. Reconozco que llegué a sentir miedo. Miedo de sacar a la luz una verdad que, pensaba, pocos podrían entender, y por la cual iba a ser juzgada o señalada. Tuve miedo de que le estuviera dando a tu historia, la de mamá, la mía, más importancia de la que merecía. Después le temí a la verdad, no sabía si estaba preparada para saber qué había pasado contigo, todavía no sé si lo estoy.

En los últimos 13 años no había soñado tanto contigo como en los días previos a la noticia de tu muerte. Después quise pensar que eras tú, que de alguna manera me escuchaste cuando te pedí que me ayudaras a saber de ti y que me dieras la fuerza para estar preparada para lo que viniera.

Hermanito, nunca estuve preparada, sigo sin estarlo. No me acostumbro a la idea de no volverte a ver más que en mis recuerdos o en las pocas fotos que conservamos de ti. Me cuesta muchísimo pensar que fue verdad el “hasta nunca familia” de la carta que nos dejaste a mamá, a papá y a mí. Hermanito, tengo impotencia y mucha rabia porque te fuiste a una guerra que no era tuya, que no te correspondía. Me da rabia pensar que esa guerra te arrebató la vida tan joven, que seguías siendo el mismo muchachito alto, delgado y de sonrisa grande, y que no tuviste la posibilidad de pensar si esa era la vida que realmente querías vivir. Me queda otro camino por recorrer, soy consciente de ello y te prometo que voy a hacer todo por encontrarte. Por ahora, hermanito, aquí termina una historia. No sin antes darte las gracias por la vida que le diste a mi vida con tu presencia, porque los 13 años juntos y los recuerdos que conservo de ellos son el mayor tesoro que tendré siempre.

Memoria y destierro: lo que cuentan los objetos

| Alejandro Valencia Carmona alejandro.valencia1@udea.edu.co

Discos, ollas, relojes, vasijas: toda casa guarda tesoros personales que cuentan historias. Algunos de esos objetos registran pequeños triunfos y alegrías; otros, en cambio, recuerdan dolores. El trabajo de grado “Objetos de vidas desterradas” es un ensayo fotográfico que pone la mirada en el valor simbólico de los objetos que personas víctimas del conflicto armado colombiano conservaron en el momento de su desplazamiento. Un mapa de recuerdos, pérdidas e ilusiones que hacen posible la existencia cuando se ha perdido tanto.

Una olla es más que un pedazo de metal donde se cocinan los alimentos. Para Esperanza, habitante de la vereda Granizal en Bello, una olla es un viaje en el tiempo que la lleva a los días de parrandas y cocinadas con su hermana Rosa allá en Piamonte, corregimiento de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño. Las ollas y los discos de vallenato firmados por Rosa son tesoros que Esperanza guarda para recordar a su hermana asesinada por paramilitares hace más de 30 años.

“A ella le gustaba marcar los discos y las ollas, po’que decía que así los demás sabían que eran de ella y no se le embolataban. Ese 31 de diciembre del 92 nos la pasamos bebiendo y bailando con ese disco que dice ‘Se acabaron, se acabaron ya’, de Farid Ortiz. Ese y ‘Mi ahijado’, de Diomedes Díaz. Eso era beba y beba con esos discos. Y baile; bailábamos las dos ahí y dele, amanecidas. Ese fue el último diciembre que compartimos Rosa y yo antes de que la desaparecieran”, cuenta Esperanza.

El 30 de enero de 1993, hombres armados entraron al corregimiento y sacaron a varias familias de sus casas. “No encontraron más dónde amontonarnos sino en el negocito que tenía mi mamá”, recuerda. “Como ellos eran paraco’ cogieron a mi hermana, porque empezaron a decir que ella era colaboradora de la guerrilla”.

En esa época los grupos guerrilleros llegaban al pueblo y le pedían a Rosa que matara algún gallo para hacer un sancocho. Ella cocinaba y Esperanza le ayudaba.

“Cuando vi que bajaban a la hermana mía pa’ llevásenla no pude hacer nada. ¿Qué hacía uno con toda esa gente armada? Nada. Como por allá casi todo el mundo conocía a mi mamá, nos contaron que la llevaron a una platanera, la violaron y después la tiraron al río. Yo me quedé durmiendo en la casa de ella, de arriesgada, pero mi mamá me sacó de allá, po’que le dijeron que me iban a matar. Me fui pa’ Yarumal y de ahí me vine pa’cá pa’ Medellín”.

Fotografías: Alejandro Valencia Carmona

La historia de Esperanza es la de muchos de sus vecinos en Granizal, el segundo asentamiento irregular más grande del país. Se calcula que el 80 % de las casi 30 mil personas que viven allí salieron desplazadas de sus pueblos. Desde los años 80, miles de víctimas de todas partes del país han encontrado en esas montañas empinadas un lugar para refugiarse de los grupos armados, aunque a muchas familias la violencia del país los persiguió hasta allá. A principios de los 2000 eran comunes los retenes, que terminaban con asesinatos. Todavía hoy los vecinos recuerdan masacres en establecimientos comerciales e incluso hubo personas que también fueron forzadas a salir de ahí. Actualmente, la vereda carece de redes de acueducto y alcantarillado y EPM sube agua potable en carrotanques, que no pueden llegar cuando hay deslizamientos que tapan la vía.

La vida en Granizal es una pelea diaria por construir un hogar propio después del destierro. Allí muchas familias conservan objetos que los conectan con familiares perdidos o con la tierra que tuvieron que abandonar por la guerra. Ese tipo de objetos biográficos no tienen un valor monetario sino simbólico. Son postales de otras vidas, huellas de personas que ya no están, una especie de llave que desata la memoria. Como dice el crítico de arte chileno Pastor Mellado, “los objetos son anzuelos para pescar recuerdos. O redes barrederas para lo mismo. Son despertadores de la memoria”.

Alexander Castro, por ejemplo, guarda la ropa y un reloj que intercambió con su hermano Humberto un mes antes de que a él y a su tío los matara el ejército para presentarlos como falsos positivos. En estos años Alexander le ha escrito cartas a su hermano y a su tío en algunas de las prendas que se prestaban entre los tres.

“Después de que los mataron, la mujer de mi tío mandó la ropa de ellos y algunas cosas. Para mí son una reliquia que guardaré hasta donde pueda. Eso tiene un valor sentimental. Nosotros usábamos la ropa del otro, pero llegaba el momento en que la

ropa no le quedaba a uno o se deterioraba. Entonces, pensé: ‘¿Para qué la voy a acabar o la voy a botar si es algo que era de mis seres queridos?’, y me dio por escribir en la ropa. Igual, nadie la iba a utilizar, yo era el que la iba a tener. Por eso, escribí estos mensajes con marcador, como un proceso de memoria, para que siempre recuerde”, dice Alexander. Esperanza y Alexander mantienen sus objetos en la casa que han construido poco a poco en Granizal con Nora, la hija de Esperanza. No importa el estado ni la utilidad. Esperanza guarda los discos de su hermana, aunque no tiene dónde escucharlos. Alexander también conserva zapatos, un reloj, una pistola de balines y un discman que le recuerdan a su hermano. Pero claro, hay objetos que despiertan más recuerdos que otros.

El rincón compartido de la memoria

En su tesis de maestría en Hábitat de la Universidad Nacional, la investigadora Marta Isabel Arroyave dice que “hablar de los objetos de la memoria en el destierro es nombrar esos lugares dejados atrás; esos lugares que saben a desdicha o a refugios de nostalgia”. En el caso de la comunidad de Granizal, esos objetos constituyen una memoria colectiva que les permite a las familias no solo habitar los recuerdos sino mantener la esperanza del retorno.

Amparo, una de las mujeres del colectivo Memorias y Destierro de Granizal, conserva una tinaja de barro que le regaló una indígena emberá en Mutatá. Cuando le preguntan por esta, Amparo habla sobre su relación con los indígenas, lo que comían, sus costumbres y cuenta la historia de cómo antes cocinaba en esta y ahora recoge agua. Su familia ha sufrido dos desplazamientos, primero en Urabá y después en el barrio San Javier.

Amparo mantiene la tinaja al lado de las fotos de sus hijos en un salón de una organización cristiana a unos metros de su casa. Al cuarto lo llaman el Rincón de la Memoria y es una habitación de unos cinco metros cuadrados donde mujeres víctimas del

conflicto exponen sus objetos más preciados y algunas obras que ellas mismas tejieron y pintaron para hacer de ese espacio un lugar de memoria. Allí hay platos, fotografías, la tinaja de Amparo y una silla rimax azul que dice “Esta silla es testiga de todos los pasos del desplazamiento”. La silla es de Gladys, que también tiene expuesta la foto de sus grados del colegio. Gladys se graduó a los 39 años, después de abandonar varias veces sus estudios por el desplazamiento y el trabajo.

Estos relatos hacen parte de “Objetos de vidas desterradas”, un ensayo fotográfico que busca destacar las relaciones que tienen las personas víctimas del conflicto armado colombiano con sus territorios y su cultura, una forma de dignificar sus historias y las de esos seres queridos que ya no están. El trabajo muestra quiénes son esas personas, cómo lucen los objetos que atesoran, dónde están dispuestos. Y también, de manera más sutil, la casa que habitan ahora, esos intentos por reconstruir una vida lejos de sus tierras. Hay historias como la de Ana Belén, otra de las mujeres del grupo Memorias y Destierro, que solo pudo recuperar las fotos de sus seres queridos años después cuando volvió a Chigorodó al velorio de su madre. Desde eso no ha vuelto a la casa esquinera que construyó con su esposo. “También recuerdo mucho la casa que dejé, que no la pude disfrutar, pero yo digo que mi Dios me tiene una casa mejor, si no es esta, me tiene una mejor en el cielo”, dice.

Detrás de cada decisión –cada objeto que se guarda o no o que se muestra– está la urgencia de recuperar cierto sentido de arraigo. La casa se convierte en el contenedor que protege esas memorias. Que tantos objetos de personas desplazadas de diferentes municipios del país hayan terminado en un cuarto de un salón comunal, a tantos kilómetros de sus familias y sus tierras, muestra la magnitud del conflicto armado colombiano y la necesidad de las víctimas de conservar ciertos recuerdos para seguir con sus vidas.

“¿Y usted qué cree que pasaría si deja de pagarles?”

A cambio de cuotas semanales, grupos delincuenciales del Valle de Aburrá les entregan a pequeños negocios de barrio una promesa de seguridad que esconde una amenaza. Las “vacunas” al comercio se han convertido en parte de la cotidianidad de la ciudad y son justificadas incluso por algunas de sus víctimas.

| Sergio Andrés Ramírez Zuluaga* sergio.ramirezz@udea.edu.co

Cuando Santiago* tuvo que ponerle nombre a su situación no escogió la palabra extorsión. En su lugar, eligió “vacuna”. Así, con esa palabra tan extendida en el Valle de Aburrá, se refiere al pago que les da a los “muchachos” del barrio a cambio de que protejan la carnicería que tiene hace 15 años. Por eso él no se considera una víctima de ese delito que somete con violencia y amenazas a miles de comerciantes y que es perseguido por las autoridades. Lo que vive con su negocio en el barrio Castilla, en el noroccidente de Medellín, es tan normal que pudo explicármelo a unos cuantos pasos de su local, todavía abierto, mientras tomaba tinto: –Mijo, la verdad la vacuna para mí es un servicio que me prestan los muchachos del barrio, es un trabajo como cualquier otro y por eso mismo es mi obligación pagarles.

Desde el 2015, de acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), el 80 % de los barrios de Medellín ha sufrido alguna modalidad de extorsión. Esa constante se mantuvo hasta por lo menos antes de la pandemia: en 2019, un informe de la Personería mostraba que la extorsión era el delito de mayor impacto en la ciudad. Además, se perfila como una de las principales causas del desplazamiento intraurbano, tal como lo ha documentado esa misma entidad en informes de 2021 y 2022.

Que Santiago no se reconozca víctima

de un delito no significa que no haya presenciado la desaparición de otros negocios, el desplazamiento de comerciantes que lucharon por prosperar y que a veces solo dejaban tras de sí rumores de huidas, amenazas y cuotas impagables. Pero él, dice, nunca ha recibido amenazas. Por eso mismo no ha denunciado.

–¿Y usted qué cree que pasaría si deja de pagarles? –Santiago se tensó en la silla plástica donde estaba sentado y dejó el tinto en una mesa desarmable. Desvió la mirada, y solo la devolvió cuando encontró la respuesta.

–La verdad es que no sé.

Santiago no sabe muy bien si son 13, 14 o 15 años los que lleva pagando una cuota semanal. Mientras tanto ha visto cómo en las calles del barrio desaparecen motos durante la noche o los carros amanecen con llantas desinfladas. Sabe que los afectados son personas que se niegan a pagar o se retrasan en las cuotas que también exigen los combos por parquear en la vía pública.

También ha visto cómo, cerca de su carnicería, individuos en moto, con cascos que no permiten identificarlos, circulan esperando que haya pocos clientes en algún negocio que no ha pagado para entrar y desocupar la caja registradora. Sin embargo, nada de eso le ha sucedido a su negocio.

La presencia de esos “vigilantes” es

mínima. De día van y vienen tranquilos como muchachos del barrio. En las noches, apenas se escuchan silbidos lejanos, una especie de código entre ellos, que también cuidan los puntos donde venden drogas y que según los análisis de las autoridades sigue siendo un negocio más rentable que la extorsión. Sin embargo, a Santiago esa presencia fantasmal de los muchachos en las calles le genera una sensación de seguridad y lo convence de seguir pagando. La cuota ha variado: a veces son siete mil o 10 mil o 15 mil pesos semanales. Y la dinámica es sencilla: un hombre joven se presenta cordialmente en su negocio y pregunta si va a “colaborar” con la vigilancia. –Como no sé qué puede pasar, y como prefiero no saberlo, mejor sigo pagando.

Desde que era un niño, Carlos* creció escuchando cómo los “muchachos” en Buenos Aires pasaban casa por casa pidiendo la “colaboración”. Después, más grande, los “vigilantes” de Manrique le cobraban una cuota semanal al negocio familiar que tenía con un tío. Y por eso mismo no le sorprendió cuando hace cinco años su jefe le pidió separar 10 mil pesos semanales para pagarles a los muchachos que le piden una pequeña contribución en un minimercado de Castilla. Los muchachos son caras conocidas:

un vecino, el hermano o el hijo de alguien de la cuadra. Uno de ellos llega al negocio buscando cualquier cosa entre neveras y estanterías, luego va a la caja registradora y cuando va a pagar, solo en ese momento, después de una conversación insustancial, pregunta:

–Ah, ¿hoy va a colaborar?

Todos actúan así, como si ese cobro fuera el motivo secundario de la visita, un trámite que se permiten olvidar hasta el último momento.

Sin embargo, por más que Carlos sienta algo de simpatía por esos muchachos, por esas caras familiares de las que conoce varios aspectos de sus vidas; por más que sienta más afinidad por esos vigilantes que por ausencia, incompetencia o complicidad de las autoridades deben garantizar la seguridad de los habitantes y los negocios del barrio, por más que sienta todo eso, Carlos no se permite olvidar lo que se esconde bajo ese manto de cotidianidad.

–Es que ellos controlan toda esta zona. Ellos saben todo lo que pasa aquí. Si se roban una moto, es que ellos dejaron que se la robaran. Si desocupan un negocio, es que ellos dejaron que pasara. Vos no los ves cuidando los negocios, porque no es necesario. A los negocios que ellos no quieren que les pase nada, no les va a pasar nada.

Cuando me explicó la situación fue cauteloso, pero no estaba nervioso ni era la primera vez que hablaba sobre el tema. No tenía miedo. Sabía que siempre y cuando no diera mucho “visaje” las cosas estarían bien. Nos reunimos en el almacén del negocio, justo al frente del minimercado, a puerta cerrada y lejos de la calle. En medio de productos sin desempacar, habló del clima y del ambiente para aligerar la conversación. todo el tiempo hay una guillotina a punto de caer. El constante aumento de casos de desplazamiento intraurbano y del subregistro de casos de extorsión en Medellín son síntomas de ese control del que habla Carlos. Así lo demuestra un informe del Instituto Popular de Capacitación (IPC) publicado a finales del 2019, titulado coerción extorsiva en Medellín

disminuyeron los casos de homicidio en la ciudad, un hecho que fue celebrado por la Personería en el informe sobre el estado de los derechos humanos en Medellín de 2019, esas cifras fueron opacadas por los casos de desplazamiento. Por cada homicidio, se

presentaron casi el doble de desplazamientos intraurbanos.

De acuerdo con el IPC esto se debe a que las estructuras criminales, después de haber instaurado el miedo en la ciudad mediante prácticas aleccionadoras como el homicidio, han optado por otras tácticas menos llamativas, pero igual o incluso más efectivas para sus intereses: el control de los territorios y de las rentas ilegales. Así las bandas criminales han utilizado las amenazas y el desplazamiento como estrategias para controlar barrios, veredas e incluso comunas.

–¿Y eso no te incomoda? O sea, estás prácticamente a merced de…

–A este negocio nunca lo han atracado –me interrumpió Carlos, un poco a la defensiva–. He visto cómo a otros negocios los intentan desocupar, y no me consta que ellos no hayan pagado, pero… A este negocio lo extorsionan, eso no lo niego, llámelo vacuna, póngale el nombre que quiera, pero este es uno de los barrios más seguros en los que he trabajado.

Carolina Lopera fue investigadora de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín. Actualmente es coordinadora e investigadora del Centro de Análisis Político de la Universidad Eafit y es profesora en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Además, fue una de las autoras de una de las investigaciones más ambiciosas sobre la extorsión en Medellín, adelantada por el SISC, la Secretaría de Seguridad y Convivencia y el Observatorio de Seguridad Humana de Medellín, publicada en 2017 con el título La extorsión en Medellín como fenómeno del orden social, poder político y control territorial Para ella, si bien las bandas criminales han podido consagrarse en los territorios gracias al miedo y la violencia, esto por sí mismo no lo explica todo. La razón por la cual de una manera u otra los habitantes de muchos barrios de Medellín y el Valle de Aburrá a veces prefieren convivir con estas estructuras criminales está relacionada con los roles que los combos han ocupado en la ciudad y los vacíos que han llenado.

Aunque no sería del todo preciso hablar de un Estado ausente, ese Estado y sus funcionarios son en muchos casos negligentes a la hora de garantizar las necesidades de los habitantes de esos territorios. Estas necesidades, al ser identificadas por las estructuras criminales, no solo se convierten en vulnerabilidades

que pueden ser explotadas o aprovechadas, sino también en una justificación para que las estructuras criminales continúen prestando sus “servicios”, en un presunto e incluso a veces genuino interés por beneficiar a las comunidades a las que pertenecen.

Después de interrumpirme, Carlos siguió hablando con una sonrisa relajada. Es verdad. Nunca le han desocupado el negocio en el tiempo que lleva abierto. Esa es la garantía de estabilidad que los muchachos de la cuadra le dan y que podría ser envidiable para cualquier otro emprendimiento en Medellín.

Santiago pasó un buen rato de la entrevista glorificando el trabajo de los muchachos de la cuadra. Los respeta. No duda de la disposición de ellos para cuidar el barrio. Incluso, el hecho de que pertenezcan a una estructura criminal no le molesta en lo más mínimo. Sin embargo, al mencionarle la palabra extorsión, su actitud cambió.

Los hallazgos de la investigación del SISC, la Secretaría de Seguridad y Convivencia y el Observatorio de Seguridad Humana de Medellín señalan que a pesar de que tenga distintas formas de llamarse y aunque sea percibida por las víctimas como un servicio, la vacuna es inequívocamente extorsión. Aunque los victimarios lleguen a percibirlo como un trabajo sigue siendo un delito: en el informe del IPC aparece el testimonio de una persona que “fue a la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería a denunciar que en ocasiones la policía lo detiene y le impide trabajar cuidando a la gente”. La única diferencia entre la extorsión, que es noticia en los medios de comunicación, y la vacuna es la cantidad de dinero que se exige. Por eso también se habla de microextorsión. Es, en todo caso, un dinero demandado como pago para evitar alguna forma de violencia. A pesar de que en realidad la vacuna y la extorsión sean lo mismo, Santiago se incomodó con la mención del término extorsión, no tanto porque hubiera entendido que son dos formas de nombrar un delito, que para él seguían siendo términos incompatibles, sino por lo que “ellos” podían pensar. A pesar de que no había nadie cerca, a pesar de esa confianza que antes había manifestado sentir por esos muchachos del barrio, sus ojos recorrieron los alrededores, vigilantes, desconfiados, procurando saber si alguien

más había escuchado esa declaración. –Es que uno nunca sabe lo que ellos puedan pensar sobre lo que uno hace. Como lo señala la investigación en la que participó Lopera, la extorsión es en esencia “una inseguridad potencial pero contenida bajo amenazas de llevarla a cabo”, una acción que deja a los afectados en un estado de zozobra constante. Pero a medida que se naturaliza la vacuna y se le comienza a considerar un servicio que satisface necesidades; a medida que las estructuras ilegales se ven justificadas en su papel de sustitutas de las autoridades y se convierten en figuras importantes en los territorios, las víctimas comienzan a hacer concesiones para seguir disfrutando de esos “beneficios”. Carolina habla de “poderes de facto que no tienen ningún tipo de límites, y al no tener ningún tipo de límites sus actuaciones son arbitrarias y caprichosas”.

Esta clase de actuaciones silenciosas le abre la puerta a la constante violación de derechos en “términos intangibles y en términos materiales”, como lo precisa el IPC. Santiago dice que siempre ha sido él quien pone el valor de la cuota. Siempre ha sido él, afirma, quien ha elegido entregar esa cifra variable de los siete, 10 o 15 mil pesos. Durante 14 años nunca le han ha exigido más de lo que él voluntariamente ha estado dispuesto a entregar.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Observatorio de Seguridad Humana de Medellín y el IPC, los derechos violados por la extorsión son la razón por la que hay que entender la extorsión como un delito. Entre esos derechos está la seguridad personal y la libertad de empresa. En resumen, el derecho a desarrollar la vida en conformidad con los propios valores y deseos. A tomar decisiones sin temor a las represalias de alguien más. Lo que afecta la extorsión, en síntesis, es la libertad en todas sus dimensiones.

–Como no sé qué puede pasar y como prefiero no saberlo, mejor sigo pagando. Por eso mismo, quizá la libertad para decidir si pagar o no, nunca ha estado en las manos de Santiago.

*Este trabajo de grado contó con apoyo del Fondo para apoyar trabajos de grado de pregrado del Comité para el Desarrollo de la Investigación de la Facultad de Comunicaciones y Filología.

¿Por qué yo no me veo así? La tiranía de la belleza

| Luisa Fernanda Moscoso luisa.moscoso@udea.edu.co

formas de discriminación.

Este es un análisis de la lucha contra la tiranía de la belleza y la violencia estética.

–Yo creo que ninguna persona crespa ha amado su cabello desde el principio –dice Juliana Uribe, una joven modelo de 20 años. Nos encontrábamos en medio de una de las primeras entrevistas que hicimos para comprender el mundo del modelaje en Medellín cuando nos contó que, curiosamente, sus crespos, una de esas características de su cuerpo que la hacía sentir más insegura, son los que mejor le han funcionado en su carrera como modelo que ya incluye marcas como Avon, Leonisa y Pilsen. Es difícil detectar el momento exacto en el que nuestro aspecto físico se convierte en un problema, pero una vez comienza ya no se detiene.

A medida que las mujeres crecemos empiezan a sumarse nuevas exigencias y opiniones sobre nuestro cuerpo: los comentarios en las reuniones familiares, las bromas pesadas de los compañeros de colegio y el murmullo de los vecinos. La apariencia física en general se convierte en una preocupación constante que todo el tiempo nos hace cuestionarnos cómo se supone que debe lucir una mujer, cómo nos vemos y cómo nos perciben los demás.

Habitar nuestro cuerpo en ese entorno nos hace sentir insuficientes, y solemos entender ese dolor desde las experiencias individuales en relación con nuestro propio cuerpo. Sin embargo, como lo explica Nadia Martín, periodista y comunicadora audiovisual española, experta en género, “ese malestar que se siente con el cuerpo no es un trastorno individual o una dismorfia que tenía yo y ya está, sino que es el resultado de las violencias que vivimos”.

La violencia estética

La publicidad de la industria de la moda es una de tantas formas en las que se ejerce violencia estética. Sí, esa inconformidad individual con la apariencia física tiene nombre. Una violencia que ocurre, entre otros motivos, por la falta de representación e inclusión de cuerpos no estereotipados en campañas publicitarias y medios de comunicación, y que puede desencadenar en procesos de discriminación como el racismo o la gordofobia.

| María Yisley Alzate Tobón yisley.alzate@udea.edu.co

Naomi Wolf, escritora estadounidense reconocida por ser una de las representantes de la tercera ola del feminismo, comenzó en los años 90 una aproximación al término de violencia estética. Sin nombrarlo aún, explicó que pese a que las mujeres, al menos en Occidente, superaron obstáculos materiales

y legales para alcanzar sus derechos, presentaban una constante incomodidad hacia su imagen por cuenta de referentes de belleza inflexibles y crueles. Toda esta teoría la desarrolló en su libro El mito de la belleza.

La imagen de una mujer insatisfecha, parada frente a un espejo, que consume diferentes productos para alcanzar un ideal, es lo que Wolf define como el éxito del modelo de mercado. Y en este punto de su investigación toman relevancia dos industrias: la cosmética, que cerró 2021 en Colombia con 9401 millones de pesos en ganancias, según datos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI); y la industria de la moda, que aportó el 9.6 % del PIB nacional en 2019.

Este fenómeno que anticipaba Wolf fue retomado en 2014 por Esther Pineda, socióloga venezolana, magíster en Estudios de la Mujer, quien investiga sobre temas de género y discriminación racial. En su libro Bellas para morir, Pineda definió la violencia estética como un “conjunto de narrativas, representaciones, prácticas e instituciones que ejercen una presión perjudicial y varias formas de discriminación sobre las mujeres para obligarlas a responder al canon de belleza imperante, que se erige y se fundamenta sobre la base de premisas sexistas, gerontofóbicas, racistas y gordofóbicas”. Así dio nombre a ese malestar de las mujeres que, como narra Wolf, hace

Ilustración: Ana Sofía Ramírez

No es que simplemente no hayamos encontrado la forma de amarnos lo suficiente, no es una inconformidad individual, es un malestar colectivo, una presión que ejercen muchas instituciones e industrias y que desemboca en

FacultaddeComunicacionesyFilología UniversidaddeAntioquia

que se sientan culpables por su apariencia física.

El problema debería entenderse desde la perspectiva que explica Pineda: “A las mujeres se les ha enseñado que lo más valioso que pueden poseer es su belleza”. Todo, cabe aclarar, desde una mirada masculina que, señala la escritora, es la encargada de imponer la jerarquía estética predominante. Aunque ese fenómeno supera fronteras, y afecta a mujeres tanto en Venezuela como en Estados Unidos o España, en este punto vale la pena hacerse una pregunta: ¿qué tiene de particular enfrentarlo en una ciudad como Medellín, atravesada por la industria de la moda?

La ciudad de la moda

Aproximadamente tres años después de la fundación de Coltejer en 1907, esa empresa que durante el siglo pasado fue una de las más importantes en Colombia, llegó por primera vez a Medellín la máquina de coser Singer. Inicialmente destinada a las fábricas, fue migrando poco a poco a los hogares debido al apogeo de la modistería. Desde entonces la industria textil ha marcado el desarrollo de la ciudad.

Según la Cámara de Comercio de Medellín, en el Valle de Aburrá y el norte de Antioquia en 2018 había 4920 empresas en actividades relacionadas con el clúster textil/confección, diseño y moda. La ciudad y varias poblaciones cercanas se consolidaron como un centro de producción de alta calidad e innovación que terminó llamando la atención de diseñadores de diferentes partes del mundo. Este proceso fue liderado por la gestión de Inexmoda, una institución privada ideada en 1987 con el objetivo de crear plataformas de negocio para internacionalizar el sector. Así se fundaron las ferias de insumos textiles y de moda más importantes de América Latina: Colombiatex (1989) y Colombiamoda (1990). Esos eventos, a diferencia de muchos otros que ya desaparecieron en otras partes del país, se han mantenido durante más de treinta años, según cuenta Gabriel Alvarado, consultor de estrategias para publicidad de moda.

Desde hace años, en Medellín se instaló toda una cadena completa de producción que empieza con los insumos, pasa por el diseño y la exhibición y termina en la comercialización. Este modelo creó un ecosistema fuerte para otras áreas afines, como la publicidad. María Teresa Mesa, periodista y consultora experta en moda, explica que “con el desarrollo de la ciudad, otros actores comenzaron a aparecer y posicionarse, como estilistas, maquilladores, fotógrafos, agencias de publicidad y modelaje”.

Todos estos entornos nutren la cadena y refuerzan el protagonismo de la moda en el imaginario colectivo. Un escenario en el que tanto las marcas como las agencias de publicidad están constantemente emitiendo mensajes para sus consumidores desde diferentes plataformas y con esto validar su mensaje. Como escribe Pineda, a la industria de la publicidad le interesa la creación de nuevos mercados, no importa que para ello deba emprender toda una campaña de fabricación de defectos y fortalecer el sentimiento de insuficiencia en sus consumidores.

En Medellín, entonces, se conjugan diversos factores que convierten a la ciudad en un escenario ideal para amplificar estereotipos de belleza: un modelo de negocio fuerte alrededor de la moda, donde todos los elementos de la cadena pueden realizarse de forma local, incluida la publicidad; y una fuerte influencia que dejó el narcotráfico desde finales de los años 70.

La herencia que nos quedó

“Los hombres han creado los cánones de belleza […]. Durante siglos han esculpido, pintado, escrito y poetizado sobre la belleza que ellos han diseñado e impuesto a las mujeres como requisito para demostrar su feminidad”, escribe Pineda en su libro Bellas para morir

En el caso de Colombia, la marca del patriarcado dentro de la concepción de belleza tiene un hito en la historia reciente: Pablo Escobar y la época del narcotráfico. Más allá del tráfico de sustancias y el negocio, Omar Rincón plantea el legado

Trabajodegrado

de una estética que se instauró en nuestro lenguaje, en la televisión, la arquitectura y la moda. El cuerpo femenino pasó a ser un objeto que puede venderse, comprarse, exhibirse y modificarse para la complacencia masculina, y se impuso la imagen de una mujer voluptuosa y curvilínea: senos grandes, cintura pequeña y trasero grande.

La influencia de esa narcoestética sería aprovechada también por la industria de la moda con prendas como los famosos jeans levantacola o las fajas colombianas. Según Procolombia, entidad gubernamental encargada de promover las exportaciones y la inversión extranjera en el país, solo en 2018 la exportación de jeans colombianos representó 106 millones de dólares. El auge mundial de estas prendas ha ratificado en el mercado internacional el imaginario de la latina voluptuosa.

María Ospina, activista plus-size y diseñadora de modas de la Universidad Pontificia Bolivariana, describe el aumento del exotismo de las latinas en el mundo como “la nueva fruta exótica que en los 90 eran las asiáticas”. Estos estereotipos aspiracionales e inalcanzables representan solo un tipo de cuerpo, cuando la realidad es diversa. Por ello algunas mujeres recurren a intervenciones y procedimientos estéticos, con la promesa de estar un poco más cerca de esa idea de “perfección”. En el fondo no necesariamente hay una búsqueda individual de satisfacción, sino la necesidad de moldear y construir el cuerpo para la vista y el disfrute de otros.

Según la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, cada año se llevan a cabo aproximadamente 300 mil procedimientos de este tipo, y uno de los que más se practica es el aumento de senos. Como lo cuenta el consultor Gabriel Alvarado, “es un producto muy bien diseñado […]. Te quedas en hoteles cinco estrellas, con todo el posoperatorio completo, con la faja incluida, con tratamientos faciales”. En Medellín entonces hay una mezcla de factores que permean el entorno y que todo el tiempo te venden un paquete que no sabes que necesitas: las vallas publicitarias en cada rincón de la ciudad, las redes sociales y las exigencias externas son aspectos que impactan en nuestra concepción del cuerpo, y la creación o ratificación de estereotipos que pasan de generación en generación con múltiples consecuencias.

No soy yo, eres tú

“Ámese, quiérase, valórese y tenga amor propio, pero no coma tanto que se engorda”.

“Péinese, vístase bonita que no sabe quién la puede ver por ahí”. “Muestre un poquito que no es monja, pero no mucho porque puta tampoco”, esos y otros comentarios lanzan las tías en las salas de las casas a modo de consejo. En Medellín crecemos con el bombardeo constante de imágenes femeninas en las que ninguna se ve como nosotras.

Las figuras canónicas de la publicidad terminan cavando en el imaginario colectivo.

“Las imágenes que nos rodean todo el tiempo son siempre el mismo tipo de persona, el mismo tipo de cuerpo, por supuesto blanca, por supuesto flaca. Si lo que ves todo el rato es así, se te queda la idea de que, si tú no te ves así, nadie te va a querer, no vas a tener éxito, no vas a ser deseada”, dice Nadia Martín sobre su experiencia grabando su documental La imposición de la belleza, un proyecto que se desarrolló en Islas Canarias, en España.

Nuestras primeras experiencias de violencia estética suelen remontarse a la infancia, época en la que no tenemos herramientas para procesar ni identificar este tipo de situaciones. Según un informe de la Unesco de 2019 titulado Detrás de los números: acabar con la violencia y el acoso escolar, la principal causa del bullying en el mundo es la apariencia física con el 15.3 %, seguida del racismo con un 10.9 %. El lugar donde más ocurren las agresiones es en el colegio, pues allí nos enfrentamos muchas veces por primera vez a la percepción individual del cuerpo y la belleza.

Colectivizar el dolor

A este mito alrededor de la belleza se le han atribuido, como explica Naomi Wolf, causas biológicas, sexuales o evolutivas que vinculan la apariencia de las mujeres con su fertilidad y por ende con la

selección sexual a cargo de los hombres. Sin

Nadar en la arena: Lydia Bolena y la escritura femenina en Barranquilla

Publicar libros y escritos con nombre propio fue por mucho tiempo un derecho exclusivo de los hombres. Después de muchas luchas y resistencia, mujeres de todo el mundo lograron romper con los estigmas, apropiarse de sus voces y hacerse protagonistas de sus propias historias. “Escribir para contar la vida: las escritoras barranquilleras y los círculos literarios” es un trabajo de investigación que reconstruye las carreras literarias de las primeras escritoras documentadas en esta ciudad del Caribe. Esta es la historia de Lydia Bolena.

| Melissa Téllez Hernández melissa.tellez@udea.edu.co

–Hija de Dios, cómo es posible ser tan imprudente... Y tu marido, ¿no se opone a esa amistad?

–No –le contesté firmemente–; él me conoce bien y sabe que no existen para mí esos peligros que usted teme.

–Vaya! ... vaya!... pues sois, ambos, unos locos rematados. Esa mujer está tocada de Satán... ¡Jesús!... Todos me lo dicen... Escándalo sus vestidos... Escándalo sus joyas... Escándalo toda ella. La Virgen te ampare...

“Una mundana”, Lydia Bolena

Ilustraciones: Laura Martínez - @LawMartínezR

Barranquilla está cerca del mar Caribe y del río Magdalena, dos cuerpos de agua imponentes que se encuentran en la desembocadura de Bocas de Ceniza. De un lado, azul como el cielo, y del otro marrón como la tierra, el agua converge para hacerse una sola y colarse por calles, casas, plantas y terrazas. Arena que viaja cada tanto cuando llegan las brisas de diciembre y que se estanca con el calor de marzo y agosto. Barranquilla es una ciudad hecha de agua y arena: mar y río que vemos a lo lejos y arena que permanece con nosotros en el viento, las esquinas y el fogaje de mediodía.

Ariel Castillo, filólogo de la Universidad del Atlántico y doctor en Letras Hispánicas de El Colegio de México, me dijo una vez que escribir en Barranquilla era como nadar en la arena, y desde entonces no he dejado de pensar en esa imposibilidad: la inmensidad del agua y la vida justo frente a nuestros ojos que contrasta con la aridez y el bochorno.

A Barranquilla la llaman la Arenosa porque alguna vez sus calles estuvieron cubiertas de arena, sin embargo, no es el único motivo: el olvido de sus artistas, especialmente de sus escritoras, es prueba de esa contrariedad.

La mirada local

En la primera década del siglo XX, esa pequeña ciudad que alguna vez fue caserío sin importancia comenzó a crecer rápidamente. La construcción del muelle de Puerto Colombia la abrió ante el mundo y le permitió ganar reconocimiento. Los negocios, el progreso y el dinero tomaron tanto protagonismo que se convirtieron en la identidad de sus habitantes, relegando otros asuntos como el arte y la cultura. En esa Barranquilla cualquier oficio artístico era considerado de segunda categoría, las políticas culturales eran casi inexistentes y no había un mercado que consumiera los productos culturales, ni locales, ni extranjeros.

Ser artista en Barranquilla nunca fue fácil, pero intentarlo siendo mujer en esa época fue aún peor: no solo significaba romper la pared de lo íntimo y hacerse un lugar en un espacio históricamente masculino, sino luchar contra un sistema económico establecido. A pesar de ello, algunas mujeres –en su mayoría de élite–comenzaron a participar del incipiente mundo cultural; algunas lideraban o participaban en obras de caridad, otras organizaban conciertos o montaban pequeñas obras de teatro. Sin embargo, entre todas las artes, la escritura y la publicación fueron de las victorias más importantes de las barranquilleras: Julia Jimeno de Pertuz, más conocida como Lydia Bolena, nacida en 1882, fue una de las primeras en conquistar la libertad de ser publicada.

Según Jorge Mario Ochoa, doctor en Literatura, profesor de la Universidad de Caldas y uno de los pocos investigadores del trabajo de esta escritora, “Lydia fue pionera del cuento moderno en Colombia”. A pesar de que hay muy pocos datos recopilados de su vida se sabe que fue cercana a una clase intelectual y económica privilegiada que le ayudó a publicar en revistas de varias ciudades. Su esposo, el general Faraón Pertuz, diplomático, político, periodista y director del diario Rigoletto, en Barranquilla, también la apoyó. Sin embargo, su trabajo literario fue constantemente ignorado no solo por sus contemporáneos sino por las generaciones siguientes.

En consecuencia, su producción literaria es de difícil acceso y tampoco hay un análisis a profundidad de sus escritos, a diferencia de otros modernistas como José Asunción Silva o Guillermo León Valencia. Esta invisibilización y exclusión corresponden

a múltiples factores sociales y culturales que tuvieron que enfrentar las escritoras barranquilleras del siglo XX. Además de las dificultades para participar públicamente de actividades culturales, Farides Lugo, escritora, investigadora y cofundadora de la editorial Mackandal, considera que otras circunstancias que relegaron a las escritoras barranquilleras fueron la publicación fragmentada de textos cortos en revistas y periódicos y la manera en la que los círculos literarios se conformaron en la ciudad.

“En Barranquilla siempre son hombres los que se reúnen, los que tertulian, los que ganan visibilidad con esas reuniones periódicas. Estar en esos grupos ayuda a que editorialmente sea más factible que se llegue a publicar una obra en forma de libro, porque hay una validación intelectual masculina. Estamos hablando de amiguismos. Las mujeres, por lo general, como no están respaldadas por esa dinámica de grupo se quedan en la publicación fragmentada, la publicación en prensa o la autopublicación. Es una exclusión que viene desde la sutileza”, asegura Lugo.

En 1929 publicó Comprimidos, su único libro, una recopilación de sus cuentos. Actualmente solo hay dos copias disponibles para el público, una en la Biblioteca Nacional de Costa Rica y otro en la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá. Quizás haya uno que otro perdido en alguna biblioteca personal, pero más allá de eso, aparentemente nada.

Nombrar la existencia

De acuerdo con Lesbia Guisela López, doctora en Género, Feminismos y Ciudadanía, y autora de la investigación Otro modo de ser: escritoras latinoamericanas que han configurado nuevos imaginarios desde la literatura feminista, la escritura sirve para hacer públicas a las mujeres: “Les permite nombrar su existencia, sus condiciones de vida, sus actividades cotidianas, sus pensamientos y sentimientos, y al nombrar lo íntimo, pierden todo sentido de recato”.

Por su parte, el profesor Ochoa considera que el olvido de Bolena también se debe a que en la década de los 20, sus años más productivos, estuvo viviendo en Costa Rica por el trabajo de su esposo. Esto hizo que la publicación de su único libro pasara desapercibida, al igual que el resto de su trabajo literario.

Tan desapercibida pasó su carrera literaria que no se sabe con certeza cuál fue su primera publicación. La fecha más lejana rastreada va hasta 1912, cuando publicó el cuento “Fieras parlantes” en la revista Hispania de Londres. Después de ello, siguió colaborando con diversos medios de comunicación nacionales e internacionales: la revista Elegancias de París –editada además por Rubén Darío, máximo representante del modernismo–, el diario El Universal de Caracas, el semanario Repertorio Americano de Costa Rica, la revista Chilena de Santiago de Chile, Voces y Caminos de Barranquilla, Sábado de Medellín y la revista literaria Manizales

Desde su escritura Bolena cuestionó temas que las mujeres de la época no podían problematizar: el matrimonio, la independencia, la curiosidad femenina, el papel sumiso de la mujer, la crueldad de los hombres, entre otros. La mayoría de sus protagonistas son también mujeres. “Las cuentistas colombianas escribían en ese momento desde las fórmulas del folletín del siglo XIX, juzgaban a la mujer desde la posición de la autoridad, sus obligaciones con la familia, el hogar y la sociedad en general, y no desde sus preocupaciones más íntimas. Lydia le da vuelta al viejo tópico de la curiosidad femenina y lo presenta en sus cuentos como una necesidad de saber más del comportamiento humano y de indagar en el alma de sus personajes. Con frecuencia la autora se acerca a ellos por medio de interrogantes sobre su moral o su estado psíquico. La curiosidad, dice uno de sus personajes femeninos, ‘lleva al conocimiento de casos curiosos, cuando no interesantes, de la vida, que pasan inadvertidos a la simple observación’”, explica Ochoa. Para el investigador, la obra de Bolena va más allá de la búsqueda de una voz femenina. Refleja cosmopolitismo, una preocupación intelectual de su tiempo, la necesidad de no limitar su obra a lectores locales. Todas estas eran características del modernismo y de la transformación literaria que significó su trabajo en un momento en que en la literatura nacional predominaba el regionalismo realista de finales del siglo XIX. Prueba también de que a Bolena le interesaba escribir para un “público más exigente”.

En los últimos años de su vida Bolena volvió a Barranquilla y escribió textos para la revista literaria Manizales, dirigida por la también escritora y amiga Blanca Isaza, a quien más adelante, en 1951, confesaría que ya escribía muy poco o nada. “¿Por qué? Agotamiento espiritual, quizás”, decía en una carta. La escritora murió en 1959, a sus 77 años.

“Considero a Lydia Bolena la escritora más avanzada de su época. No escribía para la sociedad colombiana, bastante apegada a las tradiciones, sino para un público liberal e intelectualmente elevado”, me asegura el profesor Ochoa. “Sus cuentos denotan ya un dominio de las técnicas del cuento moderno, heredadas de Poe, Chéjov y los cuentistas franceses de comienzos de siglo”.

Hoy, el legado de Julia Jimeno de Pertuz apenas permanece. A pesar de la importancia de su voz en la historia de la literatura en Colombia son escasos los lectores y los investigadores que deciden adentrarse a su obra. Pero ahí está ella: nadando contracorriente. Ahí está su voz –latente, fuerte– esperando a ser leída y compartida por nuevos cómplices.

La promesa (aún no cumplida) del cine colombiano

La producción de cine colombiano se ha multiplicado por cinco durante los últimos 10 años. Mientras en 2010 se estrenaron 10 largometrajes nacionales, en 2022 llegaron a las salas de cine 57 cintas. Sin embargo, a pesar de los avances en la legislación y de los reconocimientos internacionales, el país aún parece estar lejos de consolidar una industria cinematográfica: los estímulos no son suficientes y los espectadores prefieren el cine de Hollywood.

En 2003, como un esfuerzo por desarrollar la producción de películas en Colombia, el Congreso promulgó la Ley 814 (Ley de Cine). De acuerdo con el Ministerio de Cultura, el propósito de la norma era contribuir a que ese sector se transformara gradualmente en una industria sostenible.

Hoy, 20 años después, se producen más películas que nunca, muchas de ellas son premiadas internacionalmente en festivales de renombre, el país se convirtió en un destino atractivo para la filmación de películas extranjeras, pero la promesa de una industria cinematográfica sostenible sigue estando lejos de cumplirse.

Lina Marcela Pérez, productora ejecutiva de la distribuidora audiovisual E-motion y docente investigadora de la Universidad de Antioquia, dice que Colombia es uno de los países latinoamericanos con mejores incentivos tributarios para la producción cinematográfica. Y eso se debe, en parte, a que la Ley de Cine creó el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) y estableció estímulos tributarios para quienes inviertan o donen a proyectos cinematográficos nacionales. El FDC recauda los impuestos derivados de la exhibición y distribución de las películas con el propósito de reinvertirlos en la producción, promoción, difusión e investigación del cine nacional.

Pero ¿son suficientes los estímulos del FDC? Para Laura Arias, integrante de la plataforma digital Tercer Cine que se dedica a la divulgación y el análisis del cine colombiano, estos estímulos son mínimos. “El FDC financia alrededor de cuatro producciones al año. ¿Qué pasa con las otras más de 50 películas que se estrenaron el año pasado? ¿Dónde consiguieron la plata?”. La industria del cine en Colombia, asegura Arias, aún es “precaria”: “Casi todo se produce con las uñas, no hay presupuestos y los presupuestos que hay no alcanzan”.

Pérez, por su parte, considera que el acceso a los incentivos gubernamentales es una gran oportunidad para pequeños cineastas y no son tan difíciles de conseguir.

“A los estudiantes de la Universidad de Antioquia les ha ido bien. Mateo Vallejo,

Ilustración: @alverja.caricatura egresado de Comunicación Audiovisual y Multimedial, ya ha realizado cuatro producciones financiadas con los recursos del FDC”, dice. Para la productora los estímulos del fondo son para directores que se salen de la línea de lo comercial y que encuentran en estos una ayuda para financiarse sin tener que depender de la taquilla: “Es la mejor manera de hacer proyectos de una forma sostenible”.

¿Existe la industria colombiana de cine?

Aunque en Colombia se producen cada vez más películas, no puede decirse que exista una industria cinematográfica. Si miramos el panorama latinoamericano, encontramos otros países con industrias más consolidadas. Según datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, en 2022 se estrenaron 81 películas mexicanas; mientras que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina indica que se produjeron 281 filmes.

Los 57 largometrajes colombianos de 2022 no pueden competir con esas cifras. Se acerca más a lo que ocurre en otros países de la región: de acuerdo con Cinencuentro, en Perú, se estrenaron 71 largometrajes en 2022 y el Catálogo Internacional de Cine Chileno 2022 registra 115 películas, entre largometrajes y cortometrajes de ficción, documental y animación (58 largometrajes). En su pódcast, Tercer Cine se cuestiona si existe una industria del cine colombiana y concluye que no: “Más bien hay un modelo de producción industrial”. Al respecto Arias habla de un modelo precario, donde las capacidades de producción y distribución no están lo suficientemente desarrolladas como para hablar de una industria: no existe la posibilidad de alquilar equipos o pagar a grandes actores, las únicas grandes productoras “son Dynamo, que le produce a Netflix, y Dago García Producciones”, dice. Uno de los principales argumentos de Arias para afirmar la precariedad del modelo es que en Colombia no se puede vivir del cine. “Existen directores con trayectoria y reconocimientos internacionales, pero no

| Gillian Varela Agudelo gillian.varela@udea.edu.co

| Carmen Carolina Garnica carmen.garnica@udea.edu.co

pueden consagrarse”. Necesitan dedicarse a otras cosas para subsistir, porque con el cine no les alcanza. “Nadie vive del cine en Colombia. Viven los productores de Caracol y RCN, Dago García y los que hacen telenovelas”, agrega.

En los últimos años, la industria del cine se ha visto afectada por la pandemia y el auge de las plataformas de streaming. Mientras en 2019 Colombia estrenó 48 películas propias, en 2020 apenas 21. Aunque en 2022 la industria se recuperó con 57 largometrajes, la taquilla nacional ganó solo la mitad de lo recaudado en 2019 (20.123 millones de pesos).

En resumen, aunque ahora se estrenan más películas que antes de la pandemia, menos personas están yendo a verlas: “El reto pospandemia es volver a llenar las salas”.

A la pregunta central de si es rentable el cine colombiano, la respuesta de Arias es un no rotundo. “Las grandes películas tienen coproducciones internacionales y la plata llega de afuera. Si consigues la plata, independientemente del director, va a ser muy difícil que llegue al público y recuperar esa inversión”. Por ejemplo, Monos (2019), una de las películas colombianas más exitosas de los últimos años, ganó reconocimientos internacionales como el Premio Especial del Jurado en la Categoría Cine Internacional del Festival de Sundance. Sin embargo, la película costó 2 millones de dólares y solo recuperó 1.3 millones en taquilla.

Otra de las características que marca al cine colombiano es que, en su mayoría, es un cine de autor: una propuesta audiovisual en la que importa la mirada del director. Los directores que se dedican a ese tipo de producciones se enfrentan a muchas más dificultades para financiarse: “Los artistas piensan en sí mismos, en su obra. En esos casos lo importante es conseguir reconocimientos porque así va a ser más fácil que las películas se distribuyan en las salas, tengan promoción y la gente llegue a verlas”, afirma Arias.

En Colombia la calidad de la producción, la complejidad de la historia o la popularidad de una película en festivales tiene poco que ver con su éxito en taquilla. Las diferencias entre las taquillas de películas comerciales y las colombianas son abismales: mientras que una película como Avatar 2 (2022), estrenada en diciembre, tuvo una asistencia de 956.272 personas (récord en el país), Los reyes del mundo (2022), la película de Laura Mora que estuvo en boca de la prensa y obtuvo promoción y reconocimiento global, apenas alcanzó los 28.117 espectadores en su primer fin de semana en las salas del país.

¿Por qué la gente no ve cine colombiano?

El interés del público en producciones colombianas lo despiertan comedias como El paseo, de Dago García Producciones La película fue estrenada en 2010 y consiguió más de un millón de espectadores. Desde entonces ha tenido cinco secuelas, la última de ellas, El paseo 6, fue estrenada en 2021. Estos datos influyen en la dinámica de mercado y las decisiones de las empresas que se encargan de la distribución y exhibición de cine en el país. Cine Colombia y otras pocas marcas dominan ambos mercados y generan un oligopolio que apunta al gusto de públicos generales. Eso implica, entre otras cosas, que la mayoría de las películas colombianas no duren más de una semana en cartelera y después se vuelvan de difícil acceso.

Daniela Otálvaro, divulgadora cultural del Centro Colombo Americano y colaboradora de Kinetoscopio, revista especializada en crítica cinematográfica, dice que esas decisiones se explican por el interés del público y las apuestas de negocio que toman las distribuidoras a partir de ese interés: “Tiene que ver con que no tantas personas quieren ver cine colombiano, y con la publicidad y la distribución. El año pasado Top gun: Maverick (2022) estuvo cinco meses en cartelera, porque es el tipo de película que le gusta a la mayoría de la gente. El cine colombiano se muestra en carteleras comerciales como Cine Colombia y dura tres semanas a lo sumo”.

Además, si los recursos para la producción son precarios, los destinados para la promoción son casi inexistentes. Arias menciona lo difícil que es enterarse de los estrenos de películas colombianas para alguien que no busca informarse activamente: “No hay campañas de comunicación, publicidad o una estrategia fuerte de difusión porque no hay plata”. Hay excepciones como El abrazo de la serpiente (2016) o Los reyes del mundo, que tuvieron estrategias de comunicación más efectivas y consiguieron mayores audiencias. Pero esto solo ocurrió después de haber obtenido reconocimiento internacional: con los premios consiguieron mejor promoción y distribución. Un caso reciente interesante es La jauría (2022), que se estrenó una semana antes que Los reyes del mundo, también participó en el Festival de San Sebastián, pero no ganó ningún reconocimiento y salió de cartelera poco después. Sin embargo, en diciembre de ese año, cuando fue nominada en los Premios Goya 2023, la programaron de nuevo.

“Ese es el cine colombiano que se ve en salas: el de festivales, premios, reconocimientos, que no todo el mundo está dispuesto a ver. Mientras que un cine que no necesariamente llega a grandes festivales, pero igual tiene reconocimiento y puede ser más afín al público, es más difícil que llegue porque el monopolio de Cine Colombia solo muestra este catálogo internacional. Cine Colombia es la única empresa que tiene presencia en 93 ciudades de Colombia y si solo presenta Avatar 2, ni siquiera Los reyes del mundo, va a ser muy complejo porque es la única pantalla a la que la gente tiene acceso”, explica Arias.

Ella misma propone cambios en casi todas las etapas de producción y distribución para hacer rentable al cine colombiano: “Fortalecer el medio para que se puedan producir películas y para que la gente las vea y fortalecer la Ley de Cine y el FDC para aumentar los fondos. No producir por producir sino también abrir y fortalecer espacios. Y generar una formación de público, que las personas se den cuenta de que en el cine colombiano hay un catálogo muy amplio, no las mismas tres películas del conflicto”.

Y es que incluso en las principales ciudades del país el acceso al cine nacional es limitado: en Bogotá y Cali existe la Cinemateca, en Medellín el Centro Colombo Americano, el Museo de Arte Moderno y unas pocas salas alternativas de las empresas de cine comercial. A eso se suma el desconocimiento de los públicos de plataformas como RTVCPlay que tiene un catálogo gratuito de cine colombiano. Arias menciona que en la medida en que se promocione la oferta real del cine colombiano y haya más espacios para verlo “va a haber más gente que vaya a ver las películas. Tiene que haber más salas y así habrá mayores ingresos en taquilla”.

Finalmente, Daniela Otálvaro considera importante destacar las historias que se están contando en las películas colombianas y lograr que el público se acerque a esos relatos que hace tiempo dejaron de reducirse a algunos géneros o temas: “Necesitamos vernos reflejados en la realidad de Colombia, salir de la casa, ver las historias de otras personas, entender sus luchas, esa realidad que puede ser diferente a la de nosotros, ser más empáticos. Que entre todo lo que estoy viendo, haya algo que me ayude a ser más humana y empática con la realidad de mi país”.

La crisis permanente de buscar la paz con el ELN

En junio el Gobierno de Gustavo Petro y el ELN acordaron un cese al fuego que permitirá, de mantenerse el compromiso, avanzar en las conversaciones de paz sin la confrontación bélica que las rodeó hasta este momento. Los antecedentes, sin embargo, muestran la fragilidad de un proceso que tiene muchos elementos en contra.

| Sara Ceballos* sisabel.ceballos@udea.edu.co

Afinales de mayo el proceso de diálogo entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno colombiano pasó por su primera crisis. O por lo menos la primera crisis declarada así, con esa palabra, por una de las partes de la negociación. Así describió en un comunicado el Comando Central (COCE) de esa guerrilla el momento por el que estaban pasando las conversaciones, luego de que el presidente Gustavo Petro dijera en un discurso que su contraparte en los diálogos ya no es un grupo insurgente, sino que “está peleando territorio por la economía ilícita”.

El ELN también expresó en este que el proceso no puede estar sometido a los “vaivenes en las declaraciones públicas del presidente” y que la postura de Petro pone en cuestión el estatus político que su gobierno les dio, vía decreto en marzo, para sentar las bases de la negociación.

Aunque la situación se superó a los pocos días y el 8 de junio se anunció un cese bilateral al fuego, ese episodio dio cuenta de la fragilidad de una negociación que va y viene entre pequeñas conquistas que hacen pensar en la posibilidad real de un acuerdo y la idea de que cualquier conversación de paz entre un gobierno (de cualquier tendencia política) y esa guerrilla no puede darse en un contexto diferente al de crisis.

En la historia del país los procesos con el ELN han tenido baches desde siempre. Por ejemplo, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos el diálogo pasó por una fase exploratoria de por lo menos dos años y tuvo dificultades reiteradas por cuenta de las acciones armadas de esa guerrilla durante la negociación. Más tarde, en 2018, con la llegada de Iván Duque a la presidencia, las negociaciones se mantuvieron congeladas hasta enero de 2019, cuando el Gobierno suspendió definitivamente los diálogos luego del atentado con un carrobomba de esa guerrilla a la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá, donde fueron asesinadas 22 personas, la mayoría, alumnos de la escuela.

El panorama hoy es distinto por una razón fundamental: Petro fue claro en campaña con su intención de buscar una salida negociada al conflicto con esa guerrilla y, además, su presencia en la política electoral es justamente el resultado de un proceso de negociación y reincorporación. Haber estado en la lucha armada, luego llegar a posiciones de poder e incluso ser el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia le da un matiz diferente.

| Ximena Forero ximena.forero@udea.edu.co

Eso, sin embargo, no hace que el camino sea fácil. Y en el centro de los acuerdos, como ocurrió en mayo, están algunas declaraciones del presidente y sus posturas expresadas en redes. También el hecho de que las diferencias

Fotografía: Presidencia de la República que deben abordarse en la mesa se ventilen en otros escenarios.

Max Yuri Gil, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia e integrante de Isegoría, plataforma académica de seguimiento, monitoreo y análisis del proceso de diálogo entre el Gobierno colombiano y el ELN, dice que “se requiere un mecanismo permanente de comunicación para resolver esos impases, no a través de redes sociales y medios de comunicación, sino un mecanismo confidencial con la facilitación de los países acompañantes”.

La unidad de mando

En abril, Pablo Beltrán, líder del equipo negociador del ELN, dijo en una entrevista para De la Urbe, en alianza con Isegoría y la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), que antes de comenzar el tercer ciclo de conversaciones en La Habana, el ELN realizó un encuentro interno en el que fijó una postura unificada frente al proceso. “Esta delegación viene aquí con un mandato, unas instrucciones muy precisas”, dijo Beltrán.

No obstante, las declaraciones de Petro, en mayo, también ponían en duda la unidad de mando y la representatividad de los negociadores del ELN en la mesa de conversaciones. Ante esas afirmaciones, en el comunicado del COCE, esa guerrilla solicitó que el Gobierno aclarara si consideraba a sus delegados en la mesa “un interlocutor válido en el proceso”.

Y es que aunque el ELN aseguró que tiene jerarquías claramente definidas y estructuras de mando “elegidas democráticamente”, las acciones bélicas de algunos frentes cuestionan la capacidad del grupo de llevar posturas unificadas y de que todos sus frentes se acojan a los acuerdos.

Luz Helena Sarmiento, exministra de Ambiente durante el Gobierno Santos y quien fue negociadora en el proceso de paz con esa guerrilla, opina que “en la mesa tienen que estar representantes de cada uno de los frentes de guerra, porque si no están todos los grupos, el Comando Central no tiene una influencia real sobre los que están en el campo”.

Esta preocupación vuelve a la pregunta inevitable por el alcance de la negociación. En la entrevista de abril, Beltrán dijo que el ELN busca cambios de fondo en el modelo económico y político. En ese sentido, Max Yuri Gil agrega que esa guerrilla “mantiene unos postulados muy estructurales de grandes cambios que deben realizarse primero, y en cierta medida es justificado porque la historia de los procesos de paz en Colombia ha sido de incumplimientos reiterados por parte del Estado”.

Si bien puede haber consenso en esa organización alrededor de la importancia de esas transformaciones, resulta determinante la comprensión de sus líderes en diferentes regiones sobre el alcance de lo negociado para hacerlas efectivas. Después de escuchar la entrevista de abril, Andrea Arango, coordinadora del pregrado en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, dijo sentir preocupación porque esa guerrilla “no entienda las circunstancias actuales. Ojalá sean realistas y juguemos con lo que tenemos, dentro de este escenario”.

León Valencia, director de Pares, también hizo su propio análisis del diálogo con Beltrán. Para él, Colombia ha hecho cambios graduales hacia un país menos desigual y con más participación de los sectores populares. Sin embargo, esos cambios no han sido fáciles en medio de un modelo económico desigual y un modelo político dominado por élites poco dispuestas a incluir a otros sectores. Sobre ese punto, el de las expectativas en las transformaciones que se discuten en la mesa, Gil agrega un elemento crítico: “Si como hasta ahora algunos sectores insisten en boicotear cualquier iniciativa de reforma porque todo lo consideran demasiado radical y demasiado estructural, pues va a ser entonces inviable el acuerdo de paz que se firme”. También para la exministra Sarmiento el reto está ahí, en concretar los acuerdos, tarea difícil no solo por los sectores de la población que no lo quieren así, sino también por las visiones enfrentadas que, según dijo, percibió al interior de esa guerrilla en el proceso del Gobierno Santos.

En ese punto, el factor tiempo empieza a apurar. Pese a las confrontaciones públicas y a los desencuentros, el escenario político actual es más favorable a la negociación que uno en el que regresen al poder sectores contrarios a la salida negociada al conflicto o que planteen condiciones inviables para unas conversaciones de paz.

Sin embargo, la profesora Arango vislumbra un proceso de negociaciones largo y complejo. Mucho más porque el ELN pretende que se abran canales de participación de la sociedad, que sean vinculantes y que definan aspectos clave de los eventuales acuerdos. En este sentido, que el diálogo no pueda acotarse a este período de gobierno sería un obstáculo difícil de superar y podría significar la pérdida de conquistas como la del cese al fuego, para abrirle camino otra vez a la crisis permanente que supone una negociación de paz en medio del fuego cruzado.

*Periodista de Isegoría