De la Urbe 102

PERIODISMO UNIVERSITARIO PARA LA CIUDAD Universidad de Antioquia - Facultad de Comunicaciones y Filología

La Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación, sin las causales que se exigían a las mujeres antes de esta decisión. No es ley, es un fallo judicial que tiene en la tras escena a un Congreso que no legisló y a miles de mujeres que han ejercido presión en defensa de su derecho a decidir. Especial: página 11.

AÑO 22

# 102

Medellín, marzo de 2022

P. 2 Las microcentrales hidroeléctricas que se extienden por el Oriente antioqueño.

P. 10 La estafa de las suplantaciones en Instagram.

www.delaurbe.udea.edu.co

P. 4 ¿Quiénes son los constructores que continuarán el Plan Parcial de Naranjal?

P. 22 La academia que surgió de las presiones políticas a la cultura en Girardota.

2 Informe

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El negocio de las pequeñas centrales hidroeléctricas

que fractura al Oriente de Antioquia

Foto: Esteban Mercado.

La PCH El Molino está ubicada en el río San Matías, el mismo donde se proyecta la construcción de la PCH Guadualito.

María Yisley Alzate yisley.alzate@udea.edu.co

Yésica Natalia Gómez yesica.gomezg@udea.edu.co Foto: María Yisley Alzate.

Este cartel, en el sector de Rancho Verde, recibe a las personas que llegan a la vereda Guadualito.

Guadualito, en El Santuario, es una de las comunidades que se opone a la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas en su territorio.

Aunque por ahora el proyecto que inquieta a sus pobladores está paralizado, su caso expone una preocupación que se extiende a varios municipios.

No. 102 Medellín, Marzo de 2022

T

res buses al día y unas cuantas chivas hacen sus rutas por una carretera pedregosa que lleva a Guadualito, la última vereda de El Santuario, en límites con Granada y Cocorná. El camino a esta vereda del Oriente antioqueño es guiado por el río San Matías, en el que la empresa I-Consult S. A. S presentó a mediados de 2020 el proyecto para la construcción de la Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) Guadualito.

Aunque a finales de septiembre de 2021 el proyecto fue archivado por Cornare, debido a que la empresa no entregó parte de la información que le fue solicitada para la licencia ambiental, la comunidad se mantiene alerta porque considera que persiste la amenaza para su entorno y sus tradiciones. De concretarse, Guadualito sería la tercera PCH en el mismo río, pues en los últimos años entraron en funcionamiento las PCH de El Molino y San Matías.

Una PCH es una central de generación de energía renovable que utiliza recursos hidrográficos. En la mayoría de los casos no posee represas y genera menos impacto ambiental que las grandes centrales hidroeléctricas. Sin embargo, estos proyectos se han multiplicado en regiones como el Oriente de Antioquia. Actualmente, se conocen 30 proyectos de PCH: 25 con licencia otorgada, cuatro en trámite de licenciamiento y uno en construcción. Esa es una porción representativa del total nacional, pues, para 2020, según XM, la empresa de operación y administración del sector eléctrico, había 116 PCH en funcionamiento en el país.

La última parada que el bus realiza en Guadualito es en un sitio conocido como Rancho Verde. Desde allí se ve un gran cartel que resume la posición de la comunidad: “No a la pequeña central hidroeléctrica Guadualito”.

¿Por qué no?

Entre las razones de la oposición comunitaria a este tipo de proyectos, Sebastián Agudelo, integrante de la Corporación Cocorná Consciente (Coconsciente), destaca las afectaciones ambientales, económicas, socioculturales y en los servicios públicos. Según Agudelo, la construcción de los cimientos y los túneles de las PCH requiere de explosiones que fracturan el suelo, lo que ocasiona que las aguas se profundicen y el recurso empiece a escasear tanto en las casas como en los entables paneleros de la zona. Miguel Gutiérrez, líder de San Rafael, dice que en su municipio la construcción de estos proyectos ha generado consecuencias negativas como la reducción de los caudales, la pérdida de oxígeno en la biosfera, la contaminación con aceites y diferentes problemas sociales. En octubre de 2021, Cornare le otorgó la licencia ambiental a la empresa Clean Water S. A. S para construir una PCH en el río Churimo, a pesar de los reclamos de algunos líderes por la escasa información que recibió la comunidad de San Rafael.

Más allá de las afectaciones actuales y a futuro, el rechazo de la comunidad de Guadualito a las PCH tiene varios antecedentes. A partir de los años 50 y 60, tras la migración masiva de campesinos a las grandes ciudades, se produjo un incremento en la demanda de electricidad. En Antioquia, cuenta el investigador Carlos Olaya Rodríguez en su artículo “El exterminio del movimiento cívico de Oriente”, los promotores de la expansión eléctrica escogieron el Oriente de Antioquia para montar las represas debido a la abundancia de aguas y a la buena condición de sus terrenos. Así surgieron proyectos hidroeléctricos como el de San Carlos, Guatapé y San Rafael a cargo de ISA y EPM. El problema es que algunas de estas obras fueron ejecutadas sin consultar a la comunidad y sin estudios sobre los impactos que iban a generar. De acuerdo con el informe “San Carlos, memorias del éxodo en la guerra” del Grupo

de Memoria Histórica, publicado en 2011, la construcción de centrales hidroeléctricas en este municipio provocó “cambios en los usos del suelo y procesos de concentración de la propiedad, que redujeron las posibilidades de supervivencia de pequeños propietarios y el desarrollo de la economía campesina”. Muchas familias debieron abandonar sus tierras, presionados por las empresas, aceptando lo que les ofrecían, sin ningún tipo de voz ni acompañamiento, en una época en la que no se hablaba de indemnizaciones, reubicaciones ni planes de mitigación.

La inconformidad de los pobladores con la imposición de estas megaobras, cuenta Olaya, fue el origen de un fuerte movimiento cívico que “canalizó la voz de los afectados”.

Marchas, paros, represión y asesinatos de líderes sociales se hicieron comunes en la región. “Asesinaron a los que estaban visibilizando que detrás de la construcción de una hidroeléctrica hay muchas problemáticas sociales”, dice Leiner Barrera, concejal de Granada.

Más de sesenta años después, las comunidades siguen sin ser informadas ni participar de las discusiones de estos proyectos. El concejal Barrera cuenta que en la vereda El Tabor, de Granada, donde actualmente también hay un proyecto para la construcción de una PCH, “ingresaron abruptamente a hacer los estudios de fauna.

Los funcionarios iban de noche, con linternas, entonces la gente se alarmó”. Para expresar el rechazo por la forma en la que se iban a adueñar del río, la comunidad organizó una jornada de muralismo: “Incluso la gente manifestaba que tenía miedo por un rumor que había en la vereda: ‘¡Hay del que se oponga!’. A los dos días echaron pintura blanca a todo lo que hicimos porque iban a ir funcionarios de Cornare al territorio”, dice.

Este tipo de situaciones también son motivo de preocupación para la gente de Guadualito. Según algunos de los pobladores, en junio de 2021, casi un año después de que la empresa socializara el proyecto, personas extrañas llegaron a la vereda e ingresaron a unos predios sin autorización. Al preguntarles por el motivo de la visita comentaron que estaban allí porque la PCH estaba próxima a realizarse, lo que puso en alerta a la comunidad. Sumado a esto, en el último año, varios líderes ambientales del Oriente antioqueño han denunciado amenazas por oponerse a la construcción de estas centrales.

¿Qué hace de las PCH un negocio atractivo?

Aunque las PCH son financiadas y construidas por empresas privadas, están reguladas por el Estado porque explotan recursos naturales. En el Oriente antioqueño, Cornare es la entidad que otorga las licencias con base en el Decreto 2041 de 2014. Esta norma define el proceso para tramitar una licencia ambiental y en qué condiciones, entre ellas, una serie de estudios de topografía, hidrología, geología y de suelo; y otros de impacto ambiental y socioeconómico. Además, exige una socialización con los habitantes del territorio.

Uno de los puntos críticos de estos estudios es que solamente se realizan en el sitio en el cual se desarrollará el proyecto, sin una mirada integral del territorio. Oladier Ramírez, secretario general de Cornare, ratifica que los decretos que cobijan estos proyectos no contemplan la necesidad de evaluar la zona en conjunto. En el caso de Guadualito, por ejemplo, no se tienen en cuenta las otras dos PCH que ya existen en el río San Matías. Actualmente, cuenta Ramírez, Cornare está elaborando un estudio en convenio con la oenegé The Nature Conservancy sobre la capacidad de carga del territorio para determinar los

indicadores de sostenibilidad de los recursos naturales renovables en el Oriente, y que este sea un elemento decisivo en los proyectos a futuro.

Ramírez explica que el Gobierno nacional clasificó las PCH como fuentes no convencionales de generación de energía renovable en la Ley 1715 de 2019 y la Ley 2099 de 2021. También, les dio beneficios tributarios, como la exoneración de IVA y renta, más la facilidad para la exportación de sus maquinarias en temas arancelarios y de aduana, con el fin de incentivar su construcción para cumplir con lo acordado en el Convenio de París de 2015.

Allí se trazaron unas metas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 %. Recientemente, el presidente Iván Duque dijo que se iba a reducir en un 50 %.

Este proceso se quiere acelerar por medio de la generación de energía renovable. “Esos beneficios las convirtieron en algo muy atractivo y, sumado a la riqueza natural del territorio, hace que muchas personas estén interesadas en la construcción de PCH en el Oriente”, dice Ramírez.

Una comunidad que resiste

De la carretera a la escuela de Guadualito hay una gran pendiente. Una vez arriba se puede divisar el recorrido del río San Matías y varios nacimientos de agua que desembocan en él. Esta riqueza hídrica es motivo de orgullo entre la comunidad, pues les permite atender sus necesidades básicas, trabajar en los entables paneleros, desarrollar su actividad agrícola, ganadera y además utilizan el río como sitio de recreación.

Por eso, el temor de la comunidad se centra en las repercusiones culturales y económicas. Uno de los cambios que podrían generarse es el desplazamiento de la vocación agrícola para que la mano de obra se emplee en la construcción de las PCH. Rubén Giraldo, presidente de la junta de acción comunal de Guadualito, comenta: “Incluso por allá donde mi hermana, en El Molino, pasó. Muchos dejaron la finquita tirada para ir a ganar dizque mucha plata con ellos, pero después encontraron la finca en monte y tuvieron que comenzar de nuevo. Además, si ese proyecto se da, esto se nos va a dañar porque llega gente de otro lado a trabajar, de pronto vicio, y nosotros por acá hemos vivido muy tranquilos”.

El proyecto de Guadualito fue socializado el 27 de julio de 2020 por parte de I-Consult. “Desde que vinieron

y nos dijeron lo que iban a hacer, les dijimos que no íbamos a permitir que hicieran eso en nuestra vereda”, comenta Giraldo. A partir de ese momento, la comunidad comenzó una búsqueda de información y asesoramiento.

Esteban Mercado, integrante del colectivo Movete y de la Mesa Ambiental de El Santuario, cuenta que estos movimientos decidieron sumarse y apoyarlos buscando información, asesoría jurídica y dando visibilidad a la campaña en contra de la construcción del proyecto. Por otra parte, Ramiro Escobar, abogado y vecino de la vereda, comenta: “Nos hemos asesorado y guiado por los procesos exitosos que han llevado otras comunidades para evitar estas construcciones y ejercemos una constante vigilancia del proceso de licenciamiento, por ejemplo, enviando derechos de petición para mantenernos informados”.

Sin embargo, el secretario general de Cornare dice que “jurídicamente hablando, como comunidad, no pueden hacer nada. Desde la Constitución colombiana se establece que el subsuelo pertenece al Estado y si a un proyecto se le otorga una licencia ambiental es porque hay un interés general. En este caso, la producción de energía renovable para el país prima por encima de un interés particular”.

Por esta razón, los integrantes de Movete y Coconsciente han entendido que las acciones que debe tomar la gente son especialmente tres: “Movilizarse, mostrar su desacuerdo con claridad y tomar acciones legales pertinentes”, explica Sebastián Agudelo.

El pasado 27 de septiembre de 2021, Cornare expidió una resolución archivando el proyecto PCH Guadualito después de denegar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas y solicitar información complementaria que I-Consult no reunió. Esto, sin embargo, no significa que la PCH no se vaya a construir, pues la empresa interesada puede elaborar los cambios necesarios y presentar los estudios faltantes para radicar de nuevo el licenciamiento.

Gabriela Aristizábal, una de las personas que ha hecho oposición al proyecto, afirma que este tipo de resoluciones retrasan el proceso y les permite a ellos como comunidad seguir tomando acciones.

El último bus sale a las 4:30 de la tarde de Rancho Verde con dirección a El Santuario. El vehículo lleva otro cartel: “No más centrales hidroeléctricas en el río San Matías. Atenta contra el ecosistema, seca los nacimientos de agua e infertiliza la tierra”.

Foto: María Yisley Alzate.

Guadualito sería la tercera PCH en el río San Matías. La comunidad cuestiona que se analice solo el impacto ambiental en donde serán las obras y no los efectos sobre el río y el territorio en su conjunto.

Facultad de Comunicaciones y Filología Universidad de Antioquia

4 Cubrimiento

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¿Quiénes son los nuevos inversores de Naranjal?

Las obras en el plan parcial de Naranjal se reactivaron con la llegada de un nuevo inversor-constructor. Mientras los habitantes tradicionales continúan exigiendo la protección de su patrimonio y sus actividades laborales, del éxito del proyecto inmobiliario privado depende, en buena medida, el futuro de la renovación urbana del barrio.

El futuro del plan

L

uego de dos años y medio con las obras paralizadas, el pasado primero de marzo, la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) anunció el inicio de las obras que terminarán la unidad de actuación urbanística dos del barrio Naranjal. Esta es tan solo la primera de las cinco zonas en las que fue dividido el territorio para ser intervenido en el marco del primer plan de renovación urbana formulado en Colombia en el año 2000.

La construcción, que empezó en abril de 2014 y debía estar lista finalizando 2015, solo empezó a entregarse a finales de 2016 y alcanzó la ejecución de dos de las cuatro torres que tendrían 240 apartamentos, sótanos, oficinas y locales comerciales.

Las obras quedaron inconclusas por problemas jurídicos de su primer inversor-constructor, Cass Constructores.

Esta empresa hizo parte del Consorcio Canoas, al que encontraron responsable de direccionar los términos para ganarse la licitación de la construcción del interconector Tunjuelo-Canoas, una obra de gran importancia para las labores de saneamiento del río Bogotá y en la que también estuvo implicada la multinacional brasileña Odebrecht.

Por estos hechos, ocurridos en 2009, y durante la alcaldía de Samuel Moreno, Paola Fernanda Solarte, representante legal de Cass Constructores, fue condenada en 2019 a seis años y siete meses de prisión domiciliaria, cuando aún se adelantaban las obras en Naranjal.

Luego de que en la anterior administración municipal se lograra llegar a un acuerdo para que Cass Constructores cediera el contrato adquirido, la EDU abrió una nueva licitación en la que participaron cuatro oferentes para concluir las obras. El nuevo socio-constructor, anunciado el pasado 12 de junio de 2021, es el Consorcio ArrabalNaranjal 2021, que tendrá 14 meses (aproximadamente hasta marzo de 2023) para finalizar lo inconcluso y otros 72 meses para realizar toda la gestión de adquisición predial, estudios, diseños, licencias de construcción y ejecución de otro proyecto inmobiliario similar en la unidad de actuación urbanística tres, la segunda zona por intervenir en el barrio.

Un boletín de prensa de la Alcaldía, enviado a medios de comunicación el primero de marzo de 2022, expresa que la inversión de estos nuevos socios-constructores es de más de “40 mil millones de pesos para las dos torres que faltan”.

Aunque es cierto que el monto invertido supera esta cifra y el contrato suscrito para desarrollar las dos torres que están por construirse es de 33.890 millones de pesos y otros 8371

No. 102 Medellín, Marzo de 2022

De esta forma, quienes hacen parte definitiva del Consorcio Arrabal-Naranjal 2021 son JLX Proyectos S. A. S con el 51 %, el Grupo Qualitas Corp. Sucursal Colombia con el 34 % y Solutec Ingeniería S. A. S que tiene el 15 % de participación restante. “Para encontrar potenciales inversores en el proyecto nos tocó empaquetar la propuesta, realmente las ganancias para los inversores se verán es con la construcción de la unidad tres, pues la oferta solo de terminar la dos no era algo llamativo para nadie”, manifiesta Wilder Echavarría.

JLX Proyectos S. A. S tiene como propietarios a Vivian Prado Camacho (quien también es la representante legal del consorcio), Harold René Camacho Romero y Yecid Alexander Camacho Romero. Por su parte, el Grupo Qualitas Corp. Sucursal Colombia es una filial extranjera del Grupo Qualitas Corp., una empresa offshore constituida en Panamá el 10 de diciembre de 2008, con un capital de 10 mil dólares, por la firma de abogados Ballard & Ballard.

Esta llegó a Colombia el 12 de marzo de 2019 y se registró en la Cámara de Comercio de Bogotá. Su representante legal es Yecid Alexander Camacho Romero, el mismo accionista de JLX Proyectos S. A. S y su propietario es Carlos Eduardo Ramírez, quien en la sociedad matriz panameña tiene el cargo de “apoderado”. En cuanto a Solutec Ingeniería S. A. S, su representante legal es Cristian Camilo Guerrero Báez y su único accionista es Álvaro Daniel León Villarreal.

Según su perfil en la red social LinkedIn, Guerrero Báez, el representante legal, es ingeniero civil de la Universidad Nacional y tiene experiencia como ingeniero residente y director de obras. Entre septiembre de 2016 y febrero de 2017, prestó sus servicios a Cass Constructores, la misma empresa que dejó el proyecto inconcluso.

En cuanto a contratación estatal, Solutec Ingeniería S. A. S cuenta con dos procesos registrados en el portal de contratación pública Secop. Uno en 2021 como integrante del Consorcio Anorí SW, encargado del mantenimiento de puentes vehiculares en vías terciarias de Anorí, Antioquia, por un valor de 1926 millones de pesos. El otro fue suscrito en 2017 con la EDU de Barranquilla para la modificación de la infraestructura en una vía de esta ciudad por 833 millones de pesos. También, el Grupo Qualitas Corp. y Soluctec ya habían participado como consorcio en el proceso de por lo menos una licitación pública. Lo hicieron bajo el nombre de Consorcio QF para construir la fase II del Acueducto Complementario de Ibagué.

Fotografía: Alejandro Valencia Carmona

millones de pesos serán para realizar algunos ajustes y obras menores en las torres que ya se encuentran ocupadas; también es cierto que, según el acta de inicio del contrato, las ganancias del proyecto serán del margen del 3 % del precio total de las ventas y este dinero se distribuiría en un 60 % para el constructor y un 40 % para la EDU. En relación con las utilidades de lo que falta por construir, Wilder Echavarría, gerente de la EDU, le dijo a De la Urbe que estarían por el orden de los dos mil millones de pesos y tres mil millones de pesos, pero que dar una cifra exacta es difícil porque “la gestión financiera y contable del anterior constructor no fue juiciosa”. Algo que, asegura, aún se está esclareciendo para poder determinar, además, la deuda que dejó con algunos proveedores y que ronda los cuatro mil millones de pesos.

Los inversores El mismo boletín de prensa de inicios de marzo fue impreciso en señalar que los integrantes del Consorcio Arrabal-Naranjal 2021 son “las empresas Grupo Qualitas Corp. Sucursal Colombia, IGV S. A. S. y CMS Desarrollos S. A. S.”. Porque si bien estos fueron los integrantes iniciales, desde el 28 de abril de 2021, cuando la EDU aceptó la propuesta de este consorcio, han existido algunos cambios en su composición nominal y accionaria hasta la firma del contrato de prestación de servicios de construcción el 26 de enero de 2022. Esto se dio principalmente para garantizar la consecución de las pólizas de aseguramiento del proyecto.

“La reactivación de las obras es un motivo de satisfacción porque la EDU estaba en jaque al no tener una respuesta clara frente a quienes habían invertido en el proyecto. Hemos minimizado los riesgos jurídicos y hoy no tenemos ninguna demanda”, expresa Wilder Echavarría, quien para el cierre de esta edición dijo que a las torres faltantes por construir en Naranjal solo les restan 11 apartamentos por vender, ya 109 propietarios han firmado una promesa de compraventa y cerca del 70 % de las oficinas y los locales comerciales están también comprometidos.

“Cada vez yo me fui convenciendo de que esto tenía futuro porque asumí que esos problemas legales debían solucionarse en cualquier momento, además el potencial del proyecto es enorme por su ubicación”, asegura Jorge Ramírez, propietario desde 2018 de un apartamento en las torres del proyecto que ya están finalizadas.

Pero “la emoción y la esperanza” con la que, dice Echavarría, la EDU recibe estas noticias en uno de los sectores más apetecidos y mejor valorados por los gremios inmobiliarios de Medellín (cerca de la estación Suramericana del Metro y, en sus alrededores, con importantes establecimientos comerciales y vías como la carrera 65 y la avenida San Juan), contrasta con las preocupaciones históricas de los habitantes tradicionales del barrio.

Por un lado, la antigüedad que tiene la formulación del plan de renovación urbana (22 años) no permite que le sea aplicada la política pública de protección a moradores, una herramienta que garantiza que cualquier obra pública o transformación urbana no vaya en detrimento de las condiciones actuales de los moradores de ese territorio o impacte de manera negativa su calidad de vida. Por otro lado, las discusiones comunitarias que se han dado con la Alcaldía sobre la inclusión de más familias y unidades de negocio dentro de los censos que deben recibir compensaciones o reubicaciones disminuyen los recursos a los que podrían acceder, pues deben repartirse entre más interesados. Y, además, la reubicación, en el mismo barrio, de sus viviendas y negocios, a la que tienen derecho estos habitantes tradicionales como quedó estipulado en el Decreto 1309 de 2009, se daría en la medida en que el constructor vaya recibiendo utilidades por su inversión para destinar un porcentaje menor al desarrollo de viviendas de interés social y prioritario.

“El éxito de este proceso no se puede medir solamente en haber encontrado un inversor y que se empiecen a desarrollar obras porque es solo una parte de la renovación urbana. Aquí todavía el futuro es muy incierto para los propietarios, los arrendatarios y los moradores tradicionales del barrio, sin contar a quienes debieron salir para que

pudieran construir lo que está por terminar”, declara Federico Aguilar, quien por varios años, junto a otras personas y asociaciones, ha liderado procesos comunitarios en favor de los intereses de los habitantes de Naranjal.

Ante muchas promesas incumplidas durante varias administraciones municipales, la confianza en la renovación urbana es poca. Hoy el futuro del plan parcial está en manos de la buena ejecución del proyecto que pueda tener el nuevo inversor, pues, así como dice Aguilar: “Nadie tiene los elementos para asegurar que con el nuevo constructor no podría suceder lo mismo que con el anterior”. En la actualidad, Cass Constructores está demandado por el municipio por cerca de 50 mil millones de pesos, pero el proceso es demorado y las soluciones tras más de dos décadas de formulado el plan cada vez dan menos espera.

“Esto sale adelante si el constructor se compromete, de ahí depende que todos vuelvan a confiar. Por eso es clave lo que suceda en los próximos 14 meses”,concluye Jorge Ramírez.

Esta historia se deriva del trabajo de grado “Naranjal: circunstancias de un éxodo”, ganador de mención de honor a los trabajos de grado de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia.

Para escuchar sus dos episodios en Spotify escanee cada uno de estos códigos con su celular.

Capítulo 1:

Naranjal y las investigaciones contra Gaviria El vínculo de Cass Constructores con el plan parcial de Naranjal se produjo durante la alcaldía de Aníbal Gaviria (2012-2015), actual gobernador de Antioquia, y de la gerencia en la EDU de Margarita Ángel Bernal, recientemente sancionada con el pago de 26 salarios mínimos por haber celebrado contratos con un cónyuge de un directivo del Área de Diseño de la misma empresa, durante el período en que estuvo al frente de esa entidad.

Lo ocurrido con este proyecto inmobiliario en Naranjal es una de las 15 investigaciones activas que actualmente adelanta la Fiscalía y que comprometen a Gaviria. En su momento, varios sectores de la política y la construcción en la ciudad cuestionaron la idoneidad de Cass Constructores para asumir las obras, pues se trataba de una empresa experta en la construcción de vías que ahora debía desarrollar edificios.

Estos mismos tres actores, Aníbal Gaviria, Margarita Ángel Bernal y el Grupo Solarte, están relacionados en el caso de la Troncal de la Paz, un proyecto vial adjudicado al mismo grupo constructor durante la primera gobernación de Gaviria (2004-2007) y cuya secretaria de Infraestructura Física era Ángel Bernal. De hecho, este episodio fue el que produjo la suspensión de las funciones de Gaviria como gobernador y la medida de aseguramiento en su contra en dos ocasiones entre 2020 y 2021.

Capítulo 2:

Este es el estado de las obras que quedaron inconclusas de la primera parte de la intervención urbanística en Naranjal.

Fotografía: Alejandro Valencia Carmona.

Facultad de Comunicaciones y Filología Universidad de Antioquia

6 Editorial

Laboratorio De la Urbe Dirección Periódico De la Urbe Juan David Ortiz Franco Coordinación General del Laboratorio: Ximena Forero Arango Coordinación Radio: Alejandro González Ochoa Coordinación Televisión: Heiner Castañeda Bustamante Docente de apoyo lenguaje sonoro: David Berrío Granada Docente de apoyo digital: Yuri Baena Mesa Auxiliares Caterine Jaramillo González, Mateo Ruiz Galvis, Carolina Londoño Quiceno, Valentina Arango Correa, Sara Mesa Pérez, Yesenia Palacio Tamayo Diseño y Diagramación: Edwin Agudelo

Personajes

Un golpe, dos golpes, tres golpes, incontables golpes A

Asistencia Editorial Eliana Castro Gaviria Corrección de Estilo Alejandra Montes Escobar Impresión: La Patria Circulación: 1500 ejemplares Comité editorial Patricia Nieto, Heiner Castañeda Bustamante, Raúl Osorio Vargas, Gonzalo Medina Pérez, Ana Cristina Restrepo Jiménez Universidad de Antioquia Rector John Jairo Arboleda Céspedes Decano Facultad de Comunicaciones y Filología: Edwin Carvajal Córdoba Jefe Departamento Formación Académica: Juan David Rodas Patiño Coordinador académico 1012 Lab: Ernesto Correa Herrera Coordinador Pregrado en Periodismo: Diana Ramírez Jiménez Comité de Carrera Periodismo: Diana Ramírez Jiménez, Ximena Forero Arango, Juan David Londoño Isaza, César Alzate Vargas, Maritza Trujillo Rodríguez, Julio César Caicedo Cano, Raúl Osorio Vargas, Heiner Castañeda Bustamante, Jaime Andrés Peralta Agudelo.

Calle 67 N° 53-108, Ciudad Universitaria, bloque 12, oficina 122 Tel: (57-4) 219 5912 delaurbe@udea.edu.co delaurbe.udea.edu.co Medellín, Colombia

Capítulo Antioquia

ISSN 16572556 Número 102 Marzo de 2022

Fotografía de portada: Valentina Arango Corre

No. 102 Medellín, Marzo de 2022

lguien hizo el primer sonido y, de repente, fueron tantos que era imposible contarlos. Un golpe, dos golpes, tres golpes, incontables golpes. No tenían rima. Su sonido era rabioso, metálico; un grito de indignación e impotencia. Las personas sacaron a sus ventanas las cacerolas, las cucharas o cualquier objeto con el cual hacer ruido. Ese 23 de noviembre de 2019, Dilan Cruz, un estudiante de 17 años, fue asesinado en Bogotá por el capitán Manuel Cubillos del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía. La gente protestaba por su muerte.

Dos días antes, el 21 de noviembre, empezaron las movilizaciones del paro nacional convocado por las centrales obreras. El rechazo a las reformas laborales, educativas, tributarias y pensionales planteadas por el Gobierno de Iván Duque, así como la urgencia de defender el acuerdo de paz firmado con las Farc, unieron a estudiantes, campesinos, profesores, ambientalistas, feministas y ciudadanos en general. En las calles de varias capitales de Colombia y en algunas poblaciones más pequeñas, se encontraron personas de edades y de condiciones sociales y económicas muy diversas. Muchas de estas protestas estuvieron lideradas por grupos de jóvenes de una generación cansada, quizá, de no pertenecer, de ser los excluidos de siempre, de no encontrar un lugar para pensar un futuro.

El paro continuó durante cerca de un mes hasta que las fiestas de diciembre aplacaron la fuerza de las manifestaciones. Sí, el paro salió de vacaciones. Y cuando a comienzos de 2020 el país se preparaba para continuar con las marchas, un virus, una pandemia y una cuarentena obligatoria encerraron la rabia, pero ofrecieron más motivos. El confinamiento profundizó la desigualdad y la pobreza: ese primer año de pandemia terminó con más de 21 millones de personas que viven con menos de 331 mil pesos mensuales. Aparecieron los trapos rojos colgados en las fachadas de las casas, las tendencias en redes y las huelgas de hambre de estudiantes que le hicieron el quite a los intentos de prohibir la protesta. El paro estalló de nuevo.

El 28 de abril de 2021, miles de jóvenes salieron a las calles luego de meses de confinamiento. Ese paro, que era tanto uno nuevo como la continuación de los anteriores, ya no tenía dueños, aunque varios personajes de la política trataran de hacer suyas sus reivindicaciones, aunque un comité de paro negociara en nombre de aquellos a quienes no representaba y aunque el Gobierno tratara de construir un enemigo común para hacer más fácil la tarea de deslegitimar su causa.

Esa protesta fue a veces violenta y a veces festiva; fue estratégica y al mismo tiempo ingenua; fue incoherente, como los seres humanos; fue brutal y creativa; fue a veces esperanzadora y a veces estática. Esa protesta fue como la política.

Un golpe, dos golpes, tres golpes, incontables golpes.

El 8 de septiembre de 2020, dos policías golpearon en una calle de Bogotá a Javier Ordóñez, de 42 años. Convirtieron una requisa en tortura, mientras él, reducido en el suelo, pedía que se detuvieran. Luego, lo mataron a golpes en un CAI. La gente protestó. Un golpe, dos golpes, tres golpes, incontables golpes. A Lucas Villa, de 37 años, lo mataron a tiros el 5 de mayo de 2021. Participaba en una protesta del paro nacional en Pereira y un sicario le disparó ocho veces. Un golpe, dos golpes, tres golpes, incontables golpes.

La gente siguió protestando.

Esa polarización, más que una patología, expresa las diferencias propias de una democracia. El reto, para un país que ha tramitado sus diferencias con la eliminación física del opositor mientras se precia de una larga estabilidad institucional, está en gestionar esas visiones antagónicas sin que eso implique la desaparición del adversario. ***

El 13 de marzo de 2022, por primera vez en la historia de Colombia, una fuerza política de izquierda se convirtió en la colectividad con el mayor número de curules en el Senado. Fue también la segunda en la Cámara de Representantes. El Pacto Histórico contará con 19 senadores y 25 representantes en el Congreso. Un golpe, dos golpes, tres golpes, incontables golpes. Las protestas sacudieron las urnas. Quizá no pueda entenderse en una relación de causa y consecuencia, pero la política electoral colombiana resumió en esa jornada lo que pasa en la política de las calles.

Fueron cerca de seis millones de votos a Senado y cinco millones a Cámara para partidos y coaliciones alternativas.

Aunque con matices, e incluso profundas diferencias, millones de personas eligieron opciones distintas a las que han gobernado durante décadas; las cuales, en muchas ocasiones, se han valido de discursos de miedo, de pactos entre élites para conservar el poder y del clientelismo en todas sus formas. Polarización, dicen algunos, y tienen razón. Colombia está atravesando un proceso que, como pocos en los años recientes, enfrenta visiones de país opuestas y divide claramente a la ciudadanía.

Pero esa polarización, más que una patología, expresa las diferencias propias de una democracia. El reto, para un país que ha tramitado sus diferencias con la eliminación física del opositor mientras se precia de una larga estabilidad institucional, está en gestionar esas visiones antagónicas sin que eso implique la desaparición del adversario.

7

¿Cuáles son las visiones de país que están en disputa?

E

l próximo 29 de mayo, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, ocho candidatos se enfrentarán en la que podría ser la culminación de un proceso electoral que contrapone visiones de país profundamente diferentes.

En De La Urbe hicimos el ejercicio de revisar y sistematizar declaraciones públicas que expresan las posiciones de los cinco candidatos más opcionados en 10 temas relacionados con derechos y libertades, conflicto armado e implementación de los acuerdos de paz y hasta política internacional.

El especial completo está en delaurbe.udea.edu.co, pero en esta edición incluimos un abrebocas de esas posturas.

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Caterine Jaramillo González Carolina Londoño Quiceno delaurbe@udea.edu.co Rodolfo Hernández

"Hay

que aplicar el capitalismo para acabar con la oferta. Todos los drogadictos son enfermos, entonces que quede en manos del médico para que le haga el diagnóstico de psicólogos y, si está en el diagnóstico, el Estado le regala a ese grupo de drogadictos la cocaína y se la aplica vía oral o intravenosa. Si es regalada, ¿quién compra cocaína?".

Entrevista en W Radio. 18 de enero de 2022.

Federico Gutiérrez

"Este es un bebe de seis meses en la barriguita de la mamá, así se ve, plenamente formado, ya siente. Esta no es una discusión cualquiera. Ahora bien, quién dijo que el aborto es la unica opción. El Estado tiene que acompañar a aquellas madres o aquellas mujeres que están en embarazo y que si es un embarazo no deseado pues ver la forma de acompañarla económicamente y también medicamente y psicológicamente para que ese bebe pueda nacer y si es necesario sea entregado en adopción".

Debate de El Tiempo Casa Editorial y el Grupo Editorial SEMANA, 25 enero de 2021.

Ingrid Betancourt

Gustavo Petro

"Sí va a haber una reforma tributaria y lo primero

que haremos será derogar la reforma tributaria del 2019.

Lo segundo, elevar los impuestos a dividendos igual y en las mismas escalas del impuesto de renta en personas naturales. En tercer lugar se crea la renta presuntiva para fortunas en paraísos fiscales. En cuarto lugar aumentamos el impuesto predial para latifundios mayores de quinientas hectáreas ubicados en tierras fértiles sin producción, y en quinto lugar aumentamos los aranceles para proteger la producción y el empleo de cuatro ramas económicas, confecciones y textiles, cueros y derivados, producción de alimentos en el agro e industria agroalimentaria".

Debate de El Tiempo Casa Editorial y el Grupo Editorial SEMANA, 25 enero de 2021.

"Con el ELN, un tiempo prudencial, una fecha límite para que se acuerde definitivamente estar o no estar en el acuerdo de paz que ya se firmó con las Farc, el mismo esquema ni una prerrogativa más, ni una prerrogativa menos pero con un tiempo limitado. Con el clan del Golfo, no. Es una organización delictiva y no tienen ninguna razón por la cual se negociaría con ellos. Ahí lo que hay es simplemente capturarlos y desmontar la organización; ser muy firmes en esta política y desmontarles el negocio del narcotráfico gracias a la despenalización regional".

Entrevista en El Espectador. 24 de enero de 2022

Sergio Fajardo

"No, yo creo que el Esmad no se debe acabar, el Esmad se debe transformar, el esmad es un aparato de la fuerza pública en particular de la policía que es necesario para circunstancias que pueden ocurrir en una sociedad, circunstancias extraordinarias de violencia, circunstancias que destruyen, pero tiene que ser un Esmad que esté adecuado a estos tiempo, hacer la transformación que se tenga que hacer de ese Esmad. Repito, reconocer los errores que se han cometido y empezar a recuperar la confianza de la ciudadanía, pero el esmad no se puede desaparecer".

Entrevista en El Espectador. 17 de noviembre de 2021

Lejos de una visión idílica sobre las personas elegidas y sin olvidar que muchas de ellas –incluso en esas colectividades alternativas– representan las formas corruptas y excluyentes de la política tradicional, lo cierto es que el resultado del 13 de marzo es un mensaje claro: hay nuevas agendas y nuevas voces. Hoy hablamos de la seguridad, de la política económica, de la salud y la educación, claro, pero también hablamos de las curules para las víctimas del conflicto armado, de las libertades individuales, de los derechos de las mujeres, del medioambiente y la crisis climática, de la defensa de la vida y de la política del cuidado.

En un país que limpia las paredes en las que sus ciudadanos exigen educación, alimentos o que se defienda la vida, legislarán durante los próximos cuatro años personas que se manifestaron en las calles o lideraron procesos en comunidades; también algunas que acomodaron su discurso para congraciarse con quienes participaron en las movilizaciones, que se camuflaron en listas cerradas gracias a pactos entre señores de la política, o que asumieron representaciones aún en contra de quienes dicen representar.

En todo caso, con algunas de ellas, escucharemos palabras que no son frecuentes en el Congreso: dignidad, resistencia, buen vivir… Eso nunca podría ser un retroceso en tanto logramos ver la movilización colectiva desde sus complejidades y su pluralidad. Veremos entonces cómo se expresan sus consignas en esos escenarios de poder.

Facultad de Comunicaciones y Filología Universidad de Antioquia

8

Informe

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Otras manos acceder a tu para cuerpo

“

Yo me masturbo, nadie conoce mi cuerpo mejor que yo”, dice una mujer a la cámara mientras trota.

“Yo me masturbo, con esta y con esta”, comenta un hombre y muestra alternadamente sus dos manos. “Yo me masturbo, yo soy la dueña de mis orgasmos”, dice otra mujer mayor de cabellos morados, mientras muestra a la cámara el dedo medio de su mano derecha. “Yo me masturbo, ¿tú no?”, pregunta una pelirroja afuera de una tienda de ropa.

“Yo... No me masturbo. Sin apoyo mi cuerpo no es mío”, responde finalmente una mujer en silla de ruedas.

La pieza anterior es uno de los videos promocionales de la película española Vivir y otras ficciones del director Jo Sol, estrenada en 2016. Esta producción narra la amistad entre dos hombres: Antonio, que tiene discapacidad motora y es activista por los derechos de las personas con diversidad funcional, y Pepe, que cuestiona ciertas prácticas e ideas sexuales de su amigo. El aislamiento, el rechazo social y la lucha por el derecho al acceso al propio cuerpo por medio de la asistencia sexual son los temas principales del filme. ¿Asistencia sexual? Sí, asistencia sexual. Servicio que se puede entender como el apoyo que una persona brinda a otra cuando esta no puede acceder a su propio cuerpo o, en otras palabras, cuando su condición física le dificulta alcanzar partes de sí mismo que le generan placer.

Imagina que un día despiertas con poca o nula sensibilidad, te cuesta mover tus extremidades. Para vivir una vida en la que tú mismo tomas tus propias decisiones, necesitas la ayuda de otros. Quizás, tener sexo y masturbarte no sea una prioridad, sin embargo, como seres humanos, el deseo por el otro y por uno mismo son sensaciones que querrás volver a experimentar, ¿qué harías?

En el ámbito mundial, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, redactada en 2006, ha reconocido y visibilizado derechos referentes a la sexualidad para personas con discapacidad, en especial aquellos que hablan de la protección contra las explotaciones, las violencias y los abusos. Además, respalda la posibilidad de conformar un hogar y de acceder a programas de salud sexual reproductiva. Sin embargo, el análisis hecho por María Noel Míguez, doctora en Ciencias Sociales, en el artículo “Discapacidad y sexualidad en América Latina: hacia la construcción del acompañamiento sexual”, reconoce que es evidente “la ausencia de la temática desde una perspectiva que apunte a una sexualidad plena, autónoma, informada y con apoyos (en dependencias severas) de las personas con discapacidad”.

Desde esta perspectiva, Antonio Centeno, creador del proyecto Asistencia Sexual (asistenciasexual.org), persona con tetraplejia y actor en Vivir y otras ficciones, promueve la asistencia sexual en España. Con la consigna “mis manos, tus manos”, el activista asociado al movimiento Foro de Vida Independiente y Divertad busca reivindicar el acceso al propio cuerpo como un derecho.

“En España no es ilegal hacer asistencia sexual, se puede hacer, pero al no estar reconocida, tampoco se ve como un derecho. Si no es reconocida como un derecho solo accede quien tiene dinero e información suficientes”, nos comentó Centeno en una videollamada.

El reconocimiento de este oficio es una lucha que no solo se viene discutiendo en el país ibérico. A principios del año 2020, Sophie Cluzel, secretaria de Estado y responsable de cuestiones relacionadas con la discapacidad en Francia, presentó una consulta oficial ante el Comité Consultatif National d’Éthique, para que este organismo independiente emitiera un concepto favorable que permitiera la legalización de la asistencia sexual. Ya en 2012, el mismo comité dio un concepto negativo, abogando por la no mercantilización del cuerpo humano. Sin embargo, Centeno define la asistencia sexual como “un trabajo muy delimitado en donde no hay una práctica coital con el asistido y básicamente el asistente es una herramienta con la que tú conoces tu cuerpo, exploras cómo te sientes, qué te gusta y qué no”.

En el artículo “La asistencia sexual, recuperar nuestros cuerpos para recuperar nuestras vidas”, publicado en El Diario (eldiario.es), Antonio expone

Imagina que un día despiertas con poca o nula sensibilidad, te cuesta mover tus extremidades.

Para vivir una vida en la que tú mismo tomas tus propias decisiones, necesitas la ayuda de otros.

que “a veces, se ve más claro si el apoyo es tecnológico.

Cuando paseo lo estoy haciendo con el movimiento de la silla motorizada y mis propias decisiones, la silla no me pasea. Beber con el apoyo de un asistente o pasear con una silla motorizada no son situaciones de dependencia, sino de autonomía en un entramado de interdependencias que se convierte en dependencia solo si se me niegan esos apoyos”.

A partir de su acercamiento al tema, María Moreno, psicóloga y educadora sexual de México, concuerda con Antonio en cuanto al papel que debe desempeñar el asistente sexual. Ella cita como ejemplo una escena presentada en el documental Yes, we fuck, del que Antonio fue codirector. “Hay una chava que tiene discapacidad motriz y su asistente le enseña cómo puede llegar a tocar sus pezones y para ella es como: ‘Wow, estoy tocando mis pezones por primera vez’ y es ahí donde hay un descubrimiento consigo misma”, comenta.

En pantalla, una mano ajena guía la mano de Sole en un recorrido por su cuerpo. Ella está acostada, desnuda y con voz suave le indica a la asistente dónde desea tocarse. El abdomen, el muslo, el torso y los pezones son acariciados por su mano derecha que es dirigida por Teo. El brazo de Sole no alcanza su rostro, su cuello, ni sus pies y es en ese momento donde las manos de Teo intervienen de forma directa por petición de Sole, una petición que busca la autoexploración mediante las manos de otro.

Es en este punto en el que difieren la prostitución y la asistencia sexual. Aunque ambos son pagos y son considerados trabajos sexuales, en el primero hay una relación de poder con los cuerpos ajenos; mientras el segundo aboga por la posibilidad de acceder al propio cuerpo. Asimismo, al ser entendida como un derecho, Antonio expone que la asistencia sexual no puede ser considerada como un voluntariado, pues “los derechos deben ser cubiertos con la máxima garantía posible, sin depender de la buena voluntad de otras personas”.

Uno de los puntos en los que Moreno difiere con el español es la profesionalización. Para ella, la asistencia sexual es una actividad terapéutica, y por eso cree que los trabajadores deberían ser “personas especializadas en el conocimiento del cuerpo, tener empatía y hacerlo de la manera más ética y respetuosa posible”.

Entre 2008 y 2009, se ofreció en la Suiza francófona la primera oferta académica

Caterine Jaramillo González caterine.jaramillog@udea.edu.co

Quizás, tener sexo y masturbarte no sea una prioridad, sin embargo, como seres humanos, el deseo por el otro y por uno mismo son sensaciones que querrás volver a experimentar, ¿qué harías?

Valeria Ortiz Tabares valeria.ortiz1@udea.edu.co

en lengua francesa sobre asistencia sexual. Entre los requisitos para aplicar estaban tener una edad entre los 35 y 50 años y estar dedicado profesionalmente a otro empleo, al menos el 50 % del tiempo. No obstante, Antonio considera que el modelo aplicado en Suiza les ha servido de referencia para saber qué es lo que no quieren. “No tiene que ser la formación un obstáculo, una condición previa para elegir a quien tú quieras, porque a mí de qué me sirve que venga un señor o una señora con un doctorado debajo del brazo, si cuando está a un metro de mí me da repelús”, agrega.

Tanto para Antonio como para Andrea López, psicóloga argentina, orientadora en sexualidad y diversidad funcional y persona con discapacidad, la asistencia sexual no debería ser un servicio asociado al sistema de salud como terapia, pues consideran que ellos no están enfermos. Por otro lado, Andrea no está de acuerdo con la definición de asistencia sexual expuesta por Antonio: “Me da la sensación de que es una figura de poder. Es como si el asistente tuviera poder sobre el vulnerado a quien hay que ir a tocar, pero sin que se genere un placer mutuo. Creo que justamente por lo que luchamos las personas con discapacidad es porque nos vean deseables, que seamos personas que atraigan a otras”.

Sin embargo, Antonio dice que “es importante que la información esté disponible para todo el mundo que quiera, tanto de un lado como del otro, acceder a ese tipo de vínculo. Como en cualquier otro trabajo con personas, hay que tener un marco bien delimitado.

Si no hubiese ese marco, sería un lío, estarías perdido emocionalmente en dos semanas de trabajo”.

Educación sexual: falencia en común

una

Al referirnos al tema de la educación sexual, los entrevistados concuerdan en que, en general, hay un desconocimiento y una falta de información, por encima de la condición social, física, económica o geográfica. La conversación sobre la sexualidad está reducida a los genitales y a la reproducción. La masturbación, por ejemplo, la asociamos directamente a la estimulación de nuestra vagina o nuestro

pene, y el coito toma prevalencia en el acto sexual. De igual forma, relacionamos la salud sexual con aspectos como la planificación, el embarazo o la prevención de infecciones de transmisión sexual.

En México, por ejemplo, algunos padres les dicen a sus hijos: “Okey, ya estás grande, te pago una trabajadora sexual para que sepas qué es esto de la sexualidad”, nos cuenta María. En España, el sistema de salud pública ofrece acompañamiento y atención sexológica desde lo clínico para atender problemas de reproducción, planificación o atención en el parto. Sin embargo, “es curioso que el sistema público te pueda pagar un procedimiento de reproducción asistida, pero no te ha pagado nunca nada para que sepas cómo sientes o cómo es tu cuerpo en lo sexual. Hay un nivel de hipocresía importante”, opina Antonio.

Estos ejemplos evidencian lo difícil que es hallar una educación sexual que promueva el autoconocimiento del propio cuerpo, la autoexploración, el autoerotismo y la búsqueda de la propia satisfacción. “La sexualidad se sigue viendo y trabajando con morbo –dice María– y con la idea de que el sexo solamente es con fines reproductivos. No existe el placer, se niega el placer y más acá en Latinoamérica”. Y si para la sociedad en general es difícil hablar de sexualidad, las personas con diversidad funcional poco o nada discuten el tema en público.

En primer lugar, culturalmente el tema de su sexualidad se ha mitificado y reducido a dos polos: “Es esto de la infantilización, pero creo que también es la sobreprotección a personas con discapacidad, se piensa que no tenemos deseo. O en el otro extremo, se nos considera hipersexuales, que tenemos exceso de deseo sexual”, explica Andrea. Y, en segundo lugar, Antonio nos cuenta que las personas con diversidad funcional son las primeras en creer que su condición física les asigna una sola realidad y una posición en el mundo. Tanto María como Andrea, por medio de sus experiencias como psicólogas y educadoras sexuales, afirman que es muy poco común que las personas con discapacidad acudan a ellas.

Asistencia sexual en Colombia En septiembre de 2012, se realizó el Sexto Congreso Internacional de Discapacidad en Medellín, del que Antonio fue ponente. El activista se presentó en el Centro de Convenciones Plaza Mayor. “Había 700 personas, casi todas extranjeras. Yo andaba ahí con este tema de la asistencia sexual dando vueltas, todavía no lo tenía definido. Le comenté a una persona de la organización: ‘Yo a esto estoy empezando a darle vueltas, ¿te parece si lo planteo al final como algo para discutir?’, y me dijo: ‘De eso no se habla’”, recuerda Antonio.

En Colombia, mediante el Ministerio de Salud y Protección Social con la ayuda de Profamilia (organización privada sin ánimo de lucro que promueve los derechos sexuales y reproductivos en Colombia), se instaló una mesa en derechos sexuales y reproductivos de población con discapacidad, que garantiza el acceso a información oportuna y veraz. Según la página web de Profamilia, “las personas discapacitadas tienen libertad y garantía de derechos como las demás, entre ellos a disfrutar de una vida sexual, a beneficiarse de los avances de la ciencia en materia de anticoncepción, a recibir información sobre educación sexual, formas de prevención del embarazo e infecciones de transmisión sexual”. Sin embargo, no se especifica cómo acceder al disfrute de esa vida sexual, ni se menciona la asistencia sexual como una opción.

En el proyecto de asistenciasexual.org hay una sección en la que se encuentran perfiles de personas que ejercen la asistencia sexual. En esta investigación intentamos contactarnos con asistentes sexuales en Colombia y de diez perfiles que están en la página, solo nos respondió uno: “Me he inscrito en asistenciasexual.org, pero jamás ha salido un paciente para tratar. No tengo testimonio alguno para relatar, ni nada que se asemeje. La asistencia sexual en Colombia es inexistente”.

Ilustración: Alejandra Baquero Echeverri @minii_naoko

No. 102 Medellín, Marzo de 2022

Facultad de Comunicaciones y Filología Universidad de Antioquia

10 Investigación

Especial

Se vende pack:

Las seis barreras del aborto legal en Colombia

la estafa detrás de los perfiles falsos de Instagram E

La

herejía

La suplantación de identidad es un delito sancionado l 10 de enero de 2022, María José Buitrago, por la legislación colombiana. El artículo 296 del Código estudiante de Periodismo de la Universidad de Penal lo define como falsedad personal: “El que con el fin Antioquia, empezó a recibir pantallazos que le de obtener un provecho para sí o para otro, o causar daño, enviaban sus amigos advirtiéndole que alguien había creado sustituya o suplante a una persona o se atribuya nombre, una cuenta de Instagram a su nombre en la que prometían edad, estado civil, o calidad que pueda tener efectos vender contenido sexual. Esa cuenta incluía publicaciones jurídicos”. La norma penaliza esa conducta con multas, recientes con fotografías robadas de su perfil personal. Su pero puede llevar incluso a la cárcel si se comete en paralelo reacción fue pedirles ayuda a sus seguidores, por medio de con otros delitos, como la estafa. las historias de su perfil original, para reportar esa cuenta Según cifras de la Dijín de la Policía, el delito de falsa que se hacía pasar por ella. suplantación de identidad aumentó 409 % en 2020 debido a Por lo menos cinco estudiantes mujeres de la Facultad la pandemia y se presentaron 4353 casos de suplantación de de Comunicaciones y Filología de la Universidad de páginas web, lo que representó, en esa modalidad concreta, Antioquia también fueron suplantadas en Instagram el una variación del 358 % frente al año anterior. mismo mes. En XY Models, una agencia internacional de Elizabeth Mendoza es abogada especialista en modelos ubicada en Medellín, también se presentaron en temas de género y coordinadora legal en Hiperderecho, marzo de 2022 cuatro casos de suplantación a modelos, una organización no tanto hombres como mujeres. gubernamental peruana Estas cuentas buscan ser dedicada a investigar y idénticas a las originales. Usan promover el respeto de la misma foto de perfil del los derechos en entornos suplantado, el mismo nombre digitales. Ha analizado la de usuario al que añaden incidencia de este delito un punto o raya, toman y y dice que estos casos publican fotografías de la vulneran la libertad persona, por lo general en digital de las personas, y vestido de baño y, en algunos los derechos económicos casos, comparten en las de quienes caerían en historias fotografías o videos la estafa. Además, a las para hacerlo parecer más suplantadas se les afecta en real. En muchas ocasiones, su derecho a la intimidad, la última publicación es a la privacidad y al buen un video de sexo explícito nombre. “Se busca afectar desenfocado donde no se el honor, teniendo en pueden distinguir rostros, cuenta el valor peyorativo pero se enuncia en un texto que significa vender superpuesto que es la persona contenido sexual en de las anteriores imágenes nuestra sociedad”, explica. para invitar a los usuarios Sobre la posibilidad a dirigirse al enlace de la de que no sea una persona descripción de la cuenta que, la que se encarga de hacer generalmente, contiene las la suplantación sino un palabras “Only Fans”. bot, es decir, un programa En realidad, ese enlace informático que realiza lleva a una página de Wix, Ilustración: Mariana Martínez automáticamente tareas una plataforma gratuita para reiterativas en internet, Daniel Felipe Genta García, alojar y desarrollar sitios web. Esta página copia la interfaz arquitecto de seguridad informática y profesor de la de Only Fans y contiene las imágenes robadas. Allí el Universidad Pontificia Bolivariana, dice que “todas las redes usuario encuentra la promesa de más contenido explícito sociales contienen APIS que permiten la automatización a cambio de una suscripción a muy bajo precio, pero esa del proceso. No les importa la verificación de identidad a es una forma de captar datos bancarios como números y no ser que seas una figura pública”. códigos de seguridad de tarjetas de crédito.

En este caso, estos bots están en la capacidad de Esta modalidad de suplantación tiene el fin de robar rastrear información de internet y perfilar personas con información personal y bancaria. El objetivo son las cuentas públicas, activas y que compartan constantemente personas que, por morbo o curiosidad, ingresan al enlace fotografías de ellas mismas. Pueden diferenciar cuentas de la biografía y permiten el acceso de malwares o virus de mujeres y de hombres y, con inteligencia artificial, informáticos a sus dispositivos cuando intentan pagar la distinguir el tipo de fotos publicadas, rostros y con quienes supuesta suscripción. A este tipo de delito informático interactúan. se le denomina phishing, un método de estafa que se vale Un mecanismo que puede facilitar la elección de de manipular la confianza de las víctimas para robar perfiles son los giveaways o concursos en los que personajes información personal y realizar transferencias bancarias públicos piden mencionar a la mayor cantidad de personas sin consentimiento. posible en los comentarios. También se aprovecha cuando Es difícil saber si existe una sistematicidad en estos una cuenta se vuelve viral por alguna foto. Eso fue lo que casos, pero los documentados por De la Urbe y La Herejía le pasó a Gabriela Gómez, estudiante de Mercadeo en la tienen las mismas características: después de publicar Universidad Eafit luego de subir una foto que llegó a más todas las fotos en la nueva cuenta, bloquean a la persona de siete mil “me gusta”. Esa misma imagen fue utilizada de las fotos, es decir, no le permiten ver desde su perfil para crear una cuenta a su nombre. original que ha sido suplantada; esperan tener más visitas Sobre las posibilidades de prevención, Elizabeth en el perfil para contactar a las personas conocidas de la Mendoza considera que “nuestra relación con internet más víctima y, después, anuncian la venta de contenido sexual. que limitarse debe ser pacífica, en la que entendamos que Por lo general, hay alguna conexión entre las personas somos libres de navegar en internet, pero es un espacio suplantadas, como sucedió con las estudiantes de la donde podemos ser víctimas de agresiones”. Sugiere Facultad de Comunicaciones y Filología.

No. 102 Medellín, Marzo de 2022

Valentina Arango Correa Yesenia Palacio Tamayo laherejiaco@gmail.com

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María José Chitiva Londoño maria.chitiva@udea.edu.co

Valentina Chavarría Cifuentes valentina.chavarria@gudea.edu.co aprovechar los controles de las redes sociales para elegir quiénes pueden acceder a esos contenidos, pero aclara que es imposible controlar qué va a suceder con ellos.

En los casos que conocimos, el efecto moral en quienes son suplantados es mayor al material. Las personas suplantadas suelen ser culpadas por el tipo de contenido que suben a sus perfiles personales y, en particular, por publicar fotografías en traje de baño. María José Buitrago sintió vulnerada su libertad digital. Poco después de la suplantación de su perfil se fue de viaje. “Allá me tomé fotos en vestido de baño, las subí y pensé que les estaba dando material”, dice. Hoy, más de dos meses después de que ella fuera suplantada, la cuenta en Instagram que usa sus fotos todavía existe, aunque la página a la que conducía el enlace de su biografía sí fue bloqueado.

¿Qué hacer en caso de ser víctima de suplantación?

Elizabeth Mendoza ofrece algunas recomendaciones:

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Rodéate de una red de apoyo. La clonación de perfiles no necesariamente tiene una repercusión mayor en tu vida, pero es normal que sientas vulnerada tu privacidad. Busca apoyo para afrontar tus emociones.

Ten cuidado cuando avises a tus contactos. Pedirles a tus seguidores que vayan a reportar la cuenta falsa puede ser un arma de doble filo: podría generar que más personas por curiosidad ingresen a los enlaces y caigan en la estafa, o que Instagram, piense que es real al leer la cantidad de interacciones que tiene la cuenta clonada. Puedes advertir a tus círculos sin dar la dirección o usuario de la otra cuenta.

Jamás le des clic al enlace en la descripción del perfil. Puedes copiarlo y pegarlo para hacer el reporte sin entrar en él.

Reporta directamente en los canales destinados por Instagram y Wix para denunciar suplantaciones. Es más efectivo que el reporte masivo en las cuentas.

E

l lunes 21 de febrero de 2022, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación. Después de ese tiempo, siguen aplicando las tres causales planteadas en la antigua Sentencia C-355 de 2006: malformación del feto incompatible con la vida; cuando el embarazo es producto de abuso, violación, incesto, transferencia de óvulo o inseminación no consentida y cuando peligra la salud o la vida de la madre.

Este fallo es producto de la demanda colectiva presentada por el movimiento feminista Causa Justa, una alianza entre organizaciones y actores sociales comprometidos con la defensa y la protección de los derechos sexuales y reproductivos.

A pesar de la ampliación de los márgenes de acción, sobre la implementación y el cumplimiento de esta nueva normativa persisten algunas preocupaciones relacionadas con la desinformación, la práctica médica y la formación en temas de salud sexual. En compañía de Cristina Rosero, abogada e integrante de Causa Justa, construimos esta lista de barreras que necesitan ser derribadas para que las mujeres puedan acceder de forma segura, libre e informada a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

2. Carencia de protocolos

1. Objeción de conciencia “Es posible que muchos profesionales de la salud tengan prejuicios alrededor del tema y, por esa razón, terminen declarándose objetores. Es muy importante trabajar en derribar esos mitos para evitar que existan barreras al momento de acceder a la IVE”.

La objeción de conciencia es un derecho fundamental contemplado en el artículo 18 de la Constitución Política de Colombia: toda persona tiene la posibilidad de oponerse a un deber jurídico cuando su cumplimiento le provoque un conflicto con sus creencias. Esta debe manifestarse por escrito y justificarse en las convicciones filosóficas, religiosas y/o morales del profesional, mas no en sus opiniones.

Sin embargo, la aplicación de la objeción de conciencia solo es posible para personas naturales, es decir, ninguna institución prestadora de servicios puede declararse como objetora. En ninguna circunstancia la objeción de conciencia debe convertirse en una barrera para el acceso a la IVE: todos los profesionales objetores están bajo la obligación de brindar información y orientación a la mujer que lo solicite.

“La falta de protocolos en las Instituciones Prestadoras de Servicios y las Entidades Promotoras de Salud (EPS) no son una excusa válida. La Corte declaró que la sentencia es de aplicación inmediata. Aun así, podemos intuir que muchas de estas instituciones continuarán con reticencias para construir protocolos de atención. Esto sucedió con la sentencia del 2006. La falta de planes se traduce en remisiones excesivas al interior de las EPS y la dilatación de la prestación del servicio”.

La Resolución 3280 de 2018 establece una ruta clara para la IVE en Colombia. Esta habla de los procesos que las EPS deben seguir para garantizar una IVE oportuna y en todos los niveles de atención.

3. Sistema de Vigilancia y Control “La lentitud del Sistema de Vigilancia y Control es la tercera barrera. Deben implementarse acciones de mejora con el fin de dar una respuesta rápida y oportuna a las mujeres que presentan inconvenientes en el proceso. Actualmente, la Superintendencia Nacional de Salud trabaja en responder las solicitudes diarias de los usuarios y las usuarias. Queremos observar cómo se comportan estas entidades de vigilancia durante la implementación de esta nueva sentencia”.

Hay varias formas de presentar una queja ante entidades de vigilancia y control cuando los servicios de salud no se cumplen a tiempo: la primera es comunicarse con la Secretaría de Salud del departamento o municipio de residencia; la segunda, dirigirse a la Personería Municipal o Defensoría del Pueblo; y la tercera, remitirse a la Superintendencia Nacional de Salud. Si bien es difícil conocer el proceso interno de las instituciones con cada queja que los usuarios presentan, entidades privadas como Profamilia brindan asesoría para que las mujeres puedan acceder a sus derechos.

4. El sistema judicial “Cuando la sentencia del 2006 estaba en vigencia, muchos jueces y juezas aplicaban las causales de manera incorrecta.

Inclusive, algunos se negaban a hacerlo. Justificaban esto en sus creencias personales. Los empleados de la rama judicial están en obligación de aplicar aquello que dicta la Corte”.

La actuación de los jueces y las juezas debe estar sustentada en lo establecido en las leyes y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Adicionalmente, la despenalización debería conducir a que se reduzcan los casos de IVE que son resueltos en los estrados judiciales.

6. Formación de médicos

5. La desinformación “Hay una gran cantidad de desinformación debido a la escalada de mitos, prejuicios y estigmas suscitados por la sentencia. Vamos a necesitar realizar pedagogía con todas las personas, especialmente con aquellas que se han quedado por fuera de la prestación de servicios relacionados con salud sexual y reproductiva”.

En cuanto a la IVE, los precedentes de la Sentencia C-355 demuestran que se necesita fortalecer la divulgación y el acceso de las mujeres a información confiable sobre el tema. Todos los actores del sistema de salud tienen la responsabilidad de promover y difundir información clara acerca de derechos en salud sexual y reproductiva.

Asimismo, la tarea de los medios de comunicación debe estar enfocada en analizar y desmentir noticias falsas, mitos y prejuicios.

“Se necesita hablar más del marco legal del aborto en las facultades de medicina. Con la sentencia anterior no había claridad en el tratamiento de las causales, la certificación y la verificación. Se hizo un estudio en algunas facultades de medicina sobre si estábamos hablando de la manera que se debe proveer los servicios, y es un tema tabú. Es decir, hay muchas universidades donde simplemente no forman médicos que hagan abortos. Esto hace que en muchos casos el médico no esté necesariamente en contra del procedimiento, sino que no sabe cómo hacerlo y termina objetando. Al igual que hay una buena capacitación para atender un parto, la debería de haber para practicar un aborto en cualquier etapa gestacional”.

La Sentencia C-355 habla de “garantizar suficientes proveedores de servicios dispuestos a prestar servicios de aborto en establecimientos públicos y privados que estén a una distancia geográfica razonable con respecto a las mujeres que solicitan el servicio”. Si no hay suficientes médicos capacitados, no se cumple con el marco legal. En las facultades de medicina, la IVE debe ser abordada desde un enfoque basado en los derechos humanos y en la ética profesional.

“Espero que las barreras que vemos ahora sean una etapa inicial pero que, conforme vayamos avanzando en la implementación del fallo, sean más claras las obligaciones. Yo sí tengo tranquilidad de que en este momento quien se opone o no quiere proveer el servicio tiene menos posibilidades de crear barreras nuevas como sí las tenían con las causales”.

Cristina Rosero es abogada de la ONG Centro de Derechos Reproductivos e integrante del movimiento Causa Justa.

Fotografía: Catalina Arenas.

Facultad de Comunicaciones y Filología Universidad de Antioquia

12 Especial

13 A mí en el colegio me pusieron un documental llamado El grito silencioso, sobre un feto que está siendo abortado. Yo crecí con esa idea.

Incluso cuando estaba estudiando Derecho me resonaba mucho el argumento de la defensa del indefenso.

Pero cuando empecé a trabajar en derechos humanos me di cuenta de todo lo contrario: ese argumento protege la vida de la mujer. Luego, empecé a conocer las historias de las mujeres y a entender que ellas efectivamente ponen en riesgo sus vidas y su integridad, cuyos casos eran resultado de violencia, discriminación y vulnerabilidad. Entre más te metes, más historias conoces y ahí no hay vuelta atrás.

“Antes era para

no morirnos, ahora es para que tengamos un

Hay un caso que es icónico y ejemplo de por qué defender el aborto es defender la vida, y es el de Martha Sulay González, una mujer que vos acompañaste, ¿cómo la conociste?

proyecto de vida”

Fotografía cortesía Mónica Roa.

Mónica del Pilar Roa, abogada bogotana y defensora de los derechos sexuales y reproductivos, fue la mujer que en 2006 lideró el proceso para la despenalización del aborto en tres causales.

Con motivo del fallo de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto hasta la semana 24 en cualquier circunstancia, hablamos con ella sobre su lucha por esta causa y su visión en retrospectiva.

Carolina Londoño Quiceno carolina.londonoq@udea.edu.co

Yesenia Palacio Tamayo yesenia.palacio@udea.edu.co

L

a niña nació en 1976, en Bogotá, y creció rodeada de mujeres. La madre, la hermana, las tías, las primas. De su papá tiene pocos recuerdos. Sus padres se separaron cuando ella tenía diez años. La niña Mónica del Pilar albergó el dolor de la ausencia de su padre y de ver cómo su padre debía asumirlo todo. Sin embargo, no tener a un hombre en casa la hizo sentir libre.

La niña, ahora una joven, estudió Derecho en la Universidad de los Andes. Consiguió trabajos como monitora y en logística de eventos para pagar la matrícula.

Allí afianzó sus intuiciones feministas en las lecturas, en las discusiones, en preguntarse a sí misma y replantearse sus posturas. Cuando viajó a Nueva York, ya siendo abogada, estudió la justicia de género e investigó cómo sobre derechos reproductivos en otros países. En las discusiones con otras y otros colegas aparecía constantemente el tema del aborto.

La joven, ya adulta, se despertó una noche pensando si, como ciudadana colombiana, podría presentar una demanda para despenalizar el aborto. Habló con la abogada Viviana Waisman, fundadora de la oenegé Women’s Link Worldwide y, en alianza con esa organización, se propusieron la despenalización del aborto en Colombia. Ya no desde el Congreso en un proyecto de ley, porque antes se habían caído ocho, sino desde la exigencia de los derechos de las mujeres, desde la Constitución y la Corte.

Empezó la odisea en 2005. Viajes por el país, reuniones infinitas, entrevistas. Hablar, aparecer. La cara de Mónica del Pilar Roa aparecía por todas partes defendiendo su causa con amor y coraje. Recibió abrazos y gratitud. También insultos y amenazas. Tenían en contra a políticos, medios de comunicación y a la Iglesia, pero ganaron. Ella y las mujeres.

El aborto sería legal en tres situaciones: si estaba en peligro la salud o la vida de la mujer, si existía una malformación del feto que lo hiciera incompatible con la vida, o si el embarazo era resultado de una violación, transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida.

Tuvo que andar con guardaespaldas. En 2012, se fue para España. Fundó Puentes, una organización donde ofrece servicios de formación, investigación y experimentación narrativa, para avanzar en la equidad de género y la justicia social con otras organizaciones feministas en el mundo.

Quince años después buscamos a la mujer que abanderó la primera lucha por el aborto que salió victoriosa en nuestro país:

Cuando empezaste a liderar esta demanda hace más de 15 años, el ambiente político y social era muy distinto, ¿qué te tocó afrontar?

Cuando estábamos viajando un grupo de mujeres en Pereira se nos acercó porque querían que conociéramos a Martha Sulay. Ya llevábamos un año esperando la decisión de la Corte, eran los primeros meses del 2006. Martha nos contó su historia. Era una mujer muy pobre, trabajaba para mantener a sus tres niñas. Le habían hecho una ligadura de trompas que le quedó mal y quedó embarazada otra vez.

Cuando el médico la vio le dijo que estaba embarazada y además tenía cáncer intrauterino.

Martha pidió el tratamiento para el cáncer, pero el médico le respondió: “No, porque aquí el aborto está prohibido, el tratamiento es peligroso y yo tengo que proteger al feto”. Ella no tenía ni los recursos ni la información para buscar alternativas. Su embarazo avanzó sin ningún tipo de tratamiento. Después de dar a luz, el cáncer ya le había hecho metástasis y la desahuciaron.

Yo la conocí después de eso. Martha decía: “Yo quiero que mi historia sirva para que otras mujeres entiendan la importancia de que el aborto esté disponible”. Ella vivía en Pereira, pero de pura casualidad estaba en Bogotá el día que salió la sentencia de la Corte. Llegó a la oficina y recuerdo mucho ese sentimiento de contradicción tan grande porque ganamos, pero al mismo tiempo sabíamos que para ella ya no iba a ser útil. Sin embargo, llegó gritando: “¡Ganamos, ganamos!”. Esa noche lloramos sin fin.

Martha murió un año después. Su historia se convirtió en el símbolo de lo que estábamos peleando, que es distinto a lo que estamos peleando ahora. Antes era para que las mujeres no murieran, ahora es para que podamos tener un proyecto de vida.

Y justamente este fallo que garantiza más nuestros derechos reproductivos y sexuales nos amplía la posibilidad de construir ese proyecto de vida libremente. Y pensar que quienes satanizaban las tres causales ahora afirman que eran suficientes…

Por eso sabemos que no es un argumento de buena fe. Las personas que prefieren la sentencia de antes no es porque estén de acuerdo, sino que están diciendo “no frieguen más”. En su momento, a mí me querían quemar viva. Y ninguna de esas personas se preocupó ni hizo nada para asegurar que las causales se implementaran correctamente, todo lo contrario. La razón por la que es tan importante este nuevo fallo es porque las causales claramente no eran suficientes y las que estaban pagando las consecuencias eran las mujeres, sobre todo aquellas que no tenían ni la información, ni los recursos; aquellas que enfrentaban el dilema de la cárcel o la muerte.

Y esas personas no entienden que precisamente eso es lo que estamos celebrando…

Si ustedes les preguntan a las chicas qué están celebrando en las calles con el pañuelo verde, estoy segura de que ninguna dirá: ”Yo voy a ser la que más aborta”.

Ninguna celebra eso. Lo que todas queremos es educación sexual de calidad, protección frente a la violencia sexual, maternidad segura cuando elijamos ser mamás y que si alguien nos obliga a abortar, esa persona sea condenada.

Creo que es muy importante repetir que el aborto tiene que prestarse tan pronto como sea posible y tan tarde como sea necesario, porque la idea no es esperar hasta la semana 23.

Si a usted le parece éticamente muy complicado un aborto en la semana 24, pues únase a nosotras y ayúdenos a exigir que este se preste sin obstáculos.

¿Qué implicaciones tiene la tergiversación de este fallo? Por ejemplo, los sectores que replican la idea de que al ser legal el aborto va a ser la primera opción anticonceptiva...

Me ha sorprendido la cantidad de veces que hay que aclarar que defender el aborto no quiere decir promoverlo.

Buscar que el aborto sea legal no significa que queramos

Muchas cosas. Por un lado, había que construir un debate laico. En ese entonces, el debate era principalmente religioso y nuestra primera pelea era que si los periodistas querían llevar a alguien más con quien debatir, no llevaran a gente de la Iglesia. Yo decía: “Soy abogada, ojalá lleven a un abogado y discutimos con argumentos de derecho constitucional”. De hecho, la primera vez que logré que llevaran una abogada fue la de la Conferencia Episcopal.

El otro asunto es que hablaba con hombres. En esa época no había mucha conciencia de que las voces de las mujeres eran fundamentales. Políticamente, tampoco había apoyo de nadie. Hoy en día, por lo menos hay algunos políticos involucrados, pero el tema del aborto en Colombia ha avanzado sin apoyo político. Ha sido una victoria del movimiento de mujeres.

que todas las mujeres aborten. Es como cuando compramos un seguro de vida: una no se compra uno porque se quiera morir para ir a cobrar la plata, de hecho, esperas no tener que usarlo nunca, pero te da tranquilidad saber que está ahí, que es una alternativa en un momento difícil.

El aborto es legal. Ahora vamos a luchar por una política integral en salud sexual y reproductiva para que efectivamente el menor número de mujeres lo tengan que necesitar. Hay que entender el aborto en un contexto completamente integral, donde hay una cadena de servicios de salud sexual y reproductiva que empieza con la educación sexual, pasa por el acceso a anticonceptivos y por las garantías para evitar la violencia sexual y los abortos forzados. Todo eso tiene que ir siempre de la mano para poder entender por qué celebramos.

¿Qué hay ahora que no había hace 15 años y que permitió esta decisión?

Yo creo que hay dos cosas: primero, un cambio generacional. La nueva generación son las hijas de las madres que participaron en el debate anterior a quienes se les abrieron los ojos. Lo otro es un movimiento transnacional.

Argentina y México impulsaron esa ola verde que llegó a Colombia, y seguramente ese movimiento transnacional va a impactar otros países y va a facilitar el cambio social que, con lógica de solo un país, no ocurrirían tan rápido.

Vos fuiste perseguida, amenazada. Anduviste por años con guardaespaldas, por eso tuviste que irte del país en 2012 para España. Pero vemos que el contexto es distinto. ¿Qué les espera a las mujeres de Causa Justa?

Estoy segura de que cuando el liderazgo es más colectivo, los riesgos se difuminan. El hecho de ver a un montón de chicas dándose la pelea hace que esta lucha sea más segura. Soy optimista. Por otro lado, vi en las noticias que habían amenazado a algunos de los magistrados que votaron a favor. Eso me entristece, pero no me sorprende.

Como mujeres hemos sentido que al volvernos feministas, y al ser conscientes de las problemáticas que enfrentamos día a día por ser mujeres, comenzamos a sostener un muro, un muro que cansa, que causa angustia, pero que no podemos soltar. Quisiéramos saber si en toda tu lucha, te has sentido agotada, desesperanzada…

Creo que es importante aprender a gestionar esa sensación de responsabilidad y de compromiso moral permanente, porque lo que no podemos es perdernos a nosotras mismas. Si queremos que el activismo sea sostenible, necesitamos cuidar de nosotras. Hubo un momento en el que yo tuve muy claro que el movimiento no necesitaba mártires, sino mujeres comprometidas y felizmente comprometidas. Si no puedo bailar, no es mi revolución: tenemos que divertirnos para que nuestro activismo sea sostenible a largo plazo.

El remplazo generacional también es fundamental. Al principio, ustedes me decían que les parecía raro que yo no hubiera aparecido tanto en el cubrimiento de esta noticia, y lo he hecho muy a propósito: he dado muy poquitas entrevistas porque es importante que el protagonismo lo tengan otras mujeres, y así nos vamos redistribuyendo las cargas. El tema es cómo mantenemos nuestro compromiso con la justicia social y la justicia de género sin quemarnos por el camino. Y eso nos permitirá llevar con más ligereza esa carga que ustedes describen como un muro, porque claramente esto es un compromiso de toda la vida.

La despenalización del aborto no ha sido un proceso lineal, sino de idas y venidas, de avances y retrocesos…

Es complicado dar cuenta de todo porque los procesos son tan complejos que se van a quedar cosas por fuera.

En los setenta, se presentaron unos proyectos de ley para despenalizarlo en ciertas circunstancias, pero nunca lograron un primer debate serio en el legislativo. Cuando yo llegué en 2005, parte de lo que propuse fue no hacerlo por vía legislativa sino ante la Corte Constitucional, porque al fin y al cabo es un tema de derechos. El debate ante la Corte Constitucional duró más o menos un año y medio hasta que ganamos. El siguiente reto fue implementar de manera correcta esa sentencia. Cuando llegó Alejandro Ordóñez como procurador, las cosas se complicaron. Teníamos el poder del Estado en contra, pero también aparecieron grupos especializados en derechos reproductivos como Mesa por la Vida, Católicas por el Derecho a Decidir, Profamilia, Oriéntame…

Y después de tanta lucha, ¿ha valido la pena?

Siempre vale la pena. Por mucho tiempo me quedé con la historia del primer aborto que se practicó después de la sentencia del 2006. Era el caso de una niña de 10 años que la había violado su padrastro. La abuela vio en las noticias que ahora podía abortar y la llevó. El hospital ni siquiera sabía, la sentencia no se había publicado, nadie sabía cómo se hacía. Fue una pelea terrible, pero al final esta niña pudo abortar y me acuerdo de que nos escribió una carta, con esa letra de niña de 10 años, feliz de poder volver a estudiar.

Años después, nos contó que estaba celebrando porque se había graduado del colegio.

Tenemos que enfocarnos en esas historias. Eso es lo que tiene que darnos la energía para seguir logrando cosas.

El vaso sigue medio vacío, pero nosotras lo hemos medio llenado.

Nos gustaría saber cómo llegaste a la causa, como mujer y como abogada. Sabiendo que antes era un tema más tabú.

Fotografía cortesía Mónica Roa.

No. 102 Medellín, Marzo de 2022

Facultad de Comunicaciones y Filología Universidad de Antioquia

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Cuando estuve embarazada y no quise ser madre Y

o aborté. No me siento mal ni culpable, mucho menos me siento una mala persona o una mala mujer, no pienso en mi cuerpo como una tumba.

Me siento libre, plena, agradecida con las mujeres que me rodearon y fueron fuerza. Podría romantizarlo, incluso, porque solo unos temblores y la ansiedad me asustaron un poco, de resto, no hubo dolor ni secuelas ni remordimiento. Lo recuerdo como un ritual en el que me acerqué a mi cuerpo, a mis amigas, a las mujeres y a mi convicción de lo que es ser mujer desde la seguridad plena de no desear ser madre.

Pero no lo romantizo porque sé que, a pesar de que desearía que fuera la realidad para todas, no es así. Según el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, en 2020 se dejaron de atender a una de cada cinco personas que buscaban métodos anticonceptivos. Por lo tanto, se estima que el 52 % de los nacimientos en el país fueron no deseados o no planeados, y una cuarta parte de las mujeres dijeron no haberlo querido nunca. Ellas no tuvieron acceso a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE), aunque sus casos encajaran en las causales. Además, según Profamilia, hubo 26.223 abortos inseguros, 34.130 interrupciones voluntarias del embarazo dejaron de realizarse y La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres determinó que 400 mujeres, al año, son criminalizadas por abortar en Colombia.

Entonces, al miedo al procedimiento médico se le suman los obstáculos de acceso, el desconocimiento, la clandestinidad, sobre todo para mujeres rurales y menores de edad. En pandemia, por ejemplo, pudieron estar encerradas con sus violadores o abusadores y muchas de ellas no tuvieron acceso a la información y no pudieron abortar; también por el temor al rechazo y al juzgamiento de una sociedad machista que decide sobre nuestros sentires desde cuerpos masculinos.

Quiero contar mi historia, porque contarla en voz alta puede dar vía a que más mujeres tomen decisiones autónomas y sin prejuicios. *** Quedé embarazada con una pareja estable a la que no le pregunté si estaba de acuerdo con mi decisión de abortar, porque para mí estaba claro. Planificamos con condón, porque la planificación hormonal, en otra decisión consciente, no era una opción para mí. Una vez lo intenté con pastillas, pero mi cuerpo no reaccionó bien. Decidí

No. 102 Medellín, Marzo de 2022

Seis semanas

Jénnifer Giraldo jennifer.mejiag@udea.edu.co

El 16 de febrero, dos semanas después, volví a Profamilia. Consulté también con Las Parceras, una línea y red feminista de acompañamiento en aborto mediante un número telefónico que luego remite a una aplicación de comunicación segura.

También contacté a una mujer que no conocía, pero que hizo pública por Twitter su experiencia. Fue un apoyo, gracias a ella decidí volver a Profamilia. Aunque Las Parceras estuvieron pendientes hasta el final, me generaban seguridad y con ellas el procedimiento salía más económico, sigo pensando que sus recursos deben ir a niñas y mujeres que realmente lo necesitan y mi proceso con Profamilia no tuvo obstáculos.

Me hicieron de nuevo una ecografía. Sí se veía más grande que la primera, sin embargo, no tenía forma. Podía escoger entre pastillas o una intervención y decidí irme por las pastillas, porque era más económico. Costó 300 mil pesos, más condones como método de planificación, porque no tenía EPS. Si no hubiera tenido el dinero, hay organizaciones de mujeres que ayudan con recursos y estadía, sobre todo a mujeres que llegan de la ruralidad.

Una tableta de Mifepristona de 200 mcg vía oral, 36 horas antes de las cuatro tabletas de 200 cmg de Misoprostol, dos sublinguales y dos intravaginales. Ibuprofeno.

Con la Mifepristona sentí náuseas, un poco más fuertes que las que recordaba en las dos semanas de embarazo, además de ansiedad. Me preparé un té del kit de aborto de Las Yerbateras, mujeres que regalan almohadillas, aceites y yerbas que liberan, restauran y calman los cuerpos de las mujeres que abortarán. La casa se llenó del olor a manzanilla, albahaca y cidrón. Mi hermano preguntó si estaba haciendo brujería, y yo pensé en esta como la complicidad entre mujeres que han escuchado sus cuerpos y explorado la naturaleza para brindarle a estos lo que requieren. Entonces la respuesta era un sí, estaba haciendo brujería. La infusión calmó mi ansiedad y los cólicos que sentía.

Al otro día, con mis amigas hice la segunda y la fase final del aborto. Nos reunimos en la casa de una de ellas, prepararon un espacio seguro y ambientado para hacer del procedimiento un ritual, como de brujas, es decir, de cuidado y amor.

Fotografía Jennifer Giraldo.

entonces no cargar sola con esa responsabilidad y el condón no había fallado, pero… me pasó.

Me hice la prueba el 31 de enero de 2021. Tenía un retraso de dos días, no era normal. La prueba costó 15 mil pesos, y aunque jamás me había hecho una fue tan fácil como lo imaginaba. Cinco minutos. Dos rayitas. Positivo.

El 2 de febrero fui a Profamilia, en Medellín, a la sede principal, sabía que el personal estaba capacitado para atenderme sin juzgarme ni obstaculizar mi decisión. Vivo en Envigado, pero ir al Hospital Manuel Uribe Ángel a solicitar un aborto no me generaba confianza y sentí que pedir una IVE podía ser motivo de persecución. Mientras mi novio tenía la cita para realizarse la vasectomía, yo entraba a solicitar una IVE. No tenía EPS. La cita me costó 37 mil pesos, con EPS salía gratis.

Me acompañó mi novio y una amiga, aunque la espera y el proceso fueron individuales.

Después de hora y media en una sala de espera, de ver llegar e irse cada diez minutos mujeres con el sticker verde que nos identificaba como las de la IVE, me llamaron de uno de los consultorios. El médico me hizo preguntas muy cortantes, entre ellas, por qué quería abortar. “No deseo ser madre, no estoy en las condiciones para serlo, ni quiero serlo en estos momentos”. No dije más.

Sin ropa interior, con una bata y mucho frío, puse mis nalgas al borde de la camilla, abrí las piernas, el médico insertó la sonda en mi vagina y confirmó mi embarazo: nueve milímetros, cuatro semanas. Muy pequeño. Tocaba esperar dos semanas más. Me quedé con la ecografía porque me llegué a sentir mal por no ver lo que me estaba pasando como algo significativo o trascendental y, porque por experiencias de otras mujeres, me negué y me negaré a banalizarlo.

En el 2019, la escritora y filósofa feminista Carolina Sanín, dijo que quienes no deseamos ser madres no deberíamos reducir el debate que hay que dar sobre si hay vida en el embrión o en el feto, porque sí se mata “un conglomerado de células que forman un individuo incipiente y que constituyen la concepción de un ser humano”. Y hay que reclamar el derecho a “matar la concepción de un animal humano en favor de que otro animal humano, no solo concebido sino nacido, ya existente en el mundo (yo), con vida fisiológicamente independiente y con vínculos con el mundo, pueda vivir su vida y desarrollarse […]. La mujer siempre ha podido ser la causa de esa muerte, que, no es la muerte de nadie, pero sí de la concepción de alguien. Si todos reconocemos ese poder también podremos reconocer ese derecho”.

18 de febrero. El aborto Seguí las indicaciones: dos sublinguales, dos intravaginales. Lengua entumida, posición incómoda mientras se absorben las pastillas en la pared vaginal. 20 minutos. Escalofrío. Temblaba como si afuera estuviera cayendo nieve. Fiebre. 40 minutos. Sueño. Una hora. Sangrado durante las horas siguientes. Pasó. Nuevo día. Aborté.

En la marcha del 8 de marzo lloré con mis amigas, rodeada de mujeres, cuando vi que alguien salió con un cartel antiderechos. Pensé: “mierda, estas personas son el primer obstáculo, su señalamiento público nos hace sentir temor, culpa o vergüenza”. El 28 de septiembre, el Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro, grité con más convicción que en cualquiera de mis marchas anteriores: “La mujer decide, la sociedad respeta, el Estado garantiza y las iglesias no intervienen. Educación para prevenir y decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, gratuito y seguro para no morir”.

Al día siguiente, el 29 de septiembre de 2021, se archivó en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el proyecto de acto legislativo número 161 de 2021, titulado “Derecho a nacer”, que buscaba abrir la puerta a la penalización del aborto en las tres causales permitidas en 2006 por la Corte Constitucional. Y el 21 de febrero de 2022, a más de un año de la demanda del movimiento Causa Justa que pedía declarar inconstitucional el artículo 122 del Código Penal, la Corte Constitucional, en un fallo histórico, despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. Más de 90 organizaciones y 134 activistas de todo el país estuvieron detrás de la lucha por derribar un artículo que era ineficiente e injusto, especialmente con las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, y violatorio de los derechos fundamentales, no solo de las mujeres, sino también del personal de salud.

Colombia se convirtió en el primer país latinoamericano que permite una IVE hasta la semana 24 –en comparación con Argentina donde es legal hasta la semana 14–. Hoy cuento mi experiencia y mi compromiso con la defensa de nuestro derecho al aborto, para que otras mujeres puedan hacerlo de la misma manera en que lo hice yo, con la tranquilidad y la libertad de poder decidir.

Fotografía Jennifer Giraldo.

Para ampliar la información sobre las barreras para el aborto legal en Colombia, acceda mediante este código a Tiempos de decisión, un podcast de Relatos al agua.

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Moda sostenible:

más que una etiqueta Luisa Fernanda Moscoso Gutiérrez luisa.moscoso@udea.edu.co

Detrás de muchas prendas que se exhiben en las vitrinas de los centros comerciales hay esquemas de producción con serias implicaciones sobre el medio ambiente y las condiciones de trabajo en países pobres y con mano de obra barata.

Una tendencia de producción nacional y sostenible propone una mirada crítica a el fast fashion.

E

ntras a un centro comercial. Los corredores amplios se confunden con los letreros e interiores personalizados de las tiendas. Una vez dentro ya no es fácil saber qué hora es. Las secciones se parecen entre sí, es fácil perderse y dar varias vueltas entre los pasillos sin ningún propósito. Entonces aparecen las vitrinas amplias con maniquíes y letreros rojos con letras gigantes que dicen SALE. Prometen un 40 %, 50 % y hasta 70 % de descuento, al lado de unas casi imperceptibles letras que resaltan que solo aplica en referencias seleccionadas.

Resistir el impulso de comprar algo, cuando los precios son tan tentadores, resulta difícil. Bombardeados por las nuevas tendencias, las vitrinas actualizadas cada semana y las diversas colecciones dentro de una misma temporada, los consumidores alimentan la idea de que necesitan más y más. Este tipo de consumo, y la moda que impone, responde a lo que se conoce como fast fashion, una forma desenfrenada de producción, compra y posterior desecho de ropa en la que predominan las fibras sintéticas y artificiales.

El costo real de estar comprando ropa constantemente lo paga el planeta. El agua que se necesita en promedio para producir el jean que llevamos puesto en este momento es equivalente al consumo de una persona durante siete años.

La textil es la tercera industria manufacturera más grande del mundo y también es una de las más contaminantes, responsable del 20 % del desperdicio del agua y el 10 % del total de emisiones de carbono, según el Banco Mundial. ¿Conocemos el proceso de confección de las prendas que usamos? “Talla 8”, “Hecho en Colombia”, “100 % algodón”, “secar a la sombra”, “no usar blanqueador”.

Además de los cuidados sugeridos para cada prenda, los datos expuestos en las etiquetas también se traducen en un mayor o menor impacto ambiental sobre el planeta. “Talla S”, “tela exterior 100 % viscosa”, “encaje 100 % poliéster”, “35.000 pesos”, “Hecho en China”.

Aquellas prendas hechas con derivados del petróleo como el poliéster, el nylon o el spandex no se biodegradan con facilidad, pero son muy utilizadas porque son textiles sintéticos muy económicos. También existen las fibras artificiales como el rayón y la viscosa, que tienen una materia prima natural, pero son intervenidas químicamente para hacerlas más resistentes. Sin embargo, según la plataforma internacional de moda Fashion United, la viscosa necesita de productos químicos tóxicos para ser creada. Cuando estos materiales no son tratados adecuadamente terminan contaminando fuentes hídricas, lo que desencadena no solo la muerte de la fauna existente, sino que representa un peligro para los trabajadores que los manipulan ya que puede provocar ataques cardíacos y accidentes cardiovasculares.

Por su parte, las fibras naturales como el algodón, la lana, el lino o la seda, aunque son recursos renovables, necesitan de una gran cantidad de agua para ser tratados, lo que también los convierte en un problema de ser producidos en masa.

El material del que está hecho la prenda es un indicador clave cuando se desea comprar ropa nueva que sea sostenible, pero también hay otros factores igual de importantes, como la cantidad de prendas que produce la marca donde se compra y las condiciones laborales de las personas que las confeccionan.

El debate alrededor del costo real, tanto ambiental como social, de la ropa producida con este modelo se agudizó luego del desastre del 24 de abril de 2013 en Savar, Bangladesh: el derrumbe del Rana Plaza, un edificio textil de ocho pisos en el cual se confeccionaba ropa de grandes compañías europeas y norteamericanas, dejó más de 1100 personas muertas y otras 2000 heridas. Medios como la BBC Mundo calificaron este hecho como “el desnudo de la industria de la moda”, pues evidenció la mala remuneración y las extensas jornadas laborales en un negocio que, según el Banco Mundial, emplea, aproximadamente, a 75 millones de personas al año.

Después del desastre, el Gobierno de dicho país se comprometió a inspeccionar a fondo las áreas de trabajo y a implementar medidas. Esto a su vez giró la discusión hacia las alternativas de consumo denominadas como “moda sostenible”. Sofía Arias, fundadora del laboratorio creativo There's No Label y bloguera del tema, explica que “lo sostenible no son solamente los materiales, sino que también tiene que ver con el trato a las personas. Cuánto les están pagando estas empresas a los trabajadores, si se les están respetando sus derechos, si trabajan con comunidades indígenas que les estén pagando correctamente y los estén empoderando…”.

La moda sostenible busca detener el consumo rápido de ropa que existe hoy en día. Desde el 2000 hasta el 2014, la industria de confecciones duplicó sus números. El Banco Mundial expone que, de seguir con el mismo patrón demográfico y de consumo, se pasaría de las 62 millones de toneladas actuales, a 102 toneladas para el 2030. El modelo sostenible ofrece varias alternativas para comenzar a cambiar los hábitos y evitar las proyecciones negativas: tiendas de segunda mano, sastrería, alquiler y compra local de marcas con conciencia ambiental.

Alternativas para decirle no al fast fashion El objetivo de la moda sostenible entonces no solo es comprar menos, sino invertir en prendas duraderas y amigables con el medioambiente. Estas alternativas no se refieren necesariamente a adquirir ropa nueva, sino que sugieren alquilar aquellas prendas que se sepa que solo se usarán una vez o comprar en tiendas de segunda mano.

Para Sofía, el dicho de que no hay prenda más sostenible que la que ya existe es muy cierto: “De esta forma no se le está dando más dinero a corporaciones que explotan a sus trabajadores y que dañan al medioambiente”.

Karen Vargas es antropóloga de la Universidad de Antioquia y en compañía de su amiga María del Mar tienen desde hace tres años una tienda de segunda llamada La Vache Vetements. No solo se dedican a la venta de este tipo de prendas, sino que evitan comprar prendas nuevas para ellas. “Siempre hemos sostenido que tiene que haber coherencia entre el discurso y la práctica. Cuando reutilizas cortas la cadena de obsolescencia en ese punto, le das una segunda o tercera vida útil a la ropa”, explica Karen.

Las tiendas de segunda mano venden productos usados que buscan un nuevo dueño. Algunas de ellas tienen sedes físicas, otras cuentan con página web o se valen de las redes sociales como es el caso de La Vache Vetements en Instagram. Para la venta de los productos se establecen unas reglas y unos horarios para la publicación de las actualizaciones. Si el usuario quiere obtener la prenda debe comentar la publicación, esta quedará reservada durante dos días, plazo máximo para realizar el pago. Si esto no sucede las administradoras pasan al siguiente comentario y así sucesivamente.

“Normalmente, las prendas terminan en un basurero o en una fuente hídrica y ni siquiera empiezan un proceso de biodegradación, sino de contaminación de muchísimos años. Ese es uno de los principios más bonitos que tienen las tiendas de segunda mano, que no vas a permitir que la ropa llegue a ese punto de volverse basura”, afirma Karen.

Sofía también coincide en que a la hora de comprar es importante revisar en la etiqueta de la prenda dónde fue hecha, si dice China, India o Bangladesh no es un buen indicativo; revisar siempre los materiales, que no sean de fibras artificiales o sintéticas que no responden a un modelo sostenible. No obstante, el problema del fast fashion no es solo de las grandes marcas o las multinacionales.

Para Sofía, aunque Medellín alberga un amplio número de tiendas locales y producción nacional, esto tampoco es sinónimo de sostenibilidad. Siempre es importante también verificar el modelo de producción: estar atentos si la tienda saca más de una colección por temporada y promete hasta el 80 % de descuento, porque esto significa que aunque la tienda sea local responde a “un fast fashion a la colombiana”.

Cuando Sandra Restrepo pensó en iniciar su marca hace aproximadamente siete años no sabía muy bien qué enfoque diferente darles a sus diseños. Por esa época, el grupo Inditex, integrado por marcas como Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, entre otras, tomaba fuerza en el país con una oferta muy completa. Basándose en la lista de esenciales de todo closet, que incluye una chaqueta de jean, un vestido negro, un blazer y una camisa blanca, decidió irse por las camisas. Su marca, The Shirt Lab, tiene productos que rondan entre los 150 y los 500 mil pesos. En la información que muestra en las historias destacadas de su Instagram expone que “cree en la moda atemporal y versátil, que se toma el tiempo para ser creada y producida”.

Restrepo le apuesta a la optimización del uso de los recursos para que luego del trazado y el corte de las prendas los residuos sean mínimos: trabaja con fibras naturales, con lo que busca la biodegradación del producto, y al usar únicamente el blanco mantiene el consumo de agua al mínimo. Además, cuenta que está “tratando de trabajar” con los materiales que consigue en Colombia, “ser justa con las personas, pagarles lo suficiente. No lavo las telas, yo las confecciono y las vendo así y me ha funcionado”.

Por otro lado, existen marcas como Napraia, con productos entre los 70 y los 120 mil pesos, creada por Alejandra Villamizar hace aproximadamente dos años y medio. Villamizar tiene 14 años de experiencia en el sector de la moda y su marca le apuesta a la sostenibilidad por medio de llamados a la acción, por ejemplo, sembrar un árbol y cultivar flores para las abejas. Alejandra explica que “si se va a adquirir una prenda se espera que esta tenga el mayor número posible de usos, por eso debe primar la calidad, que no se use solamente por la tendencia. Si yo estoy comprando una prenda que tiene un impacto, ¿cómo voy a mitigarlo?”.

Ambas marcas aceptan que sus colecciones no son 100 % sostenibles, pues en Colombia la adquisición de materias primas ecológicas y con buenos estándares de calidad no solo es difícil sino costoso, lo que impacta directamente en el precio final y las pone en una desventaja comercial.

Sin embargo, plantean esta meta en sus proyectos a futuro.

Las trabas que enfrenta la moda sostenible La moda sostenible enfrenta obstáculos de diversa índole. Por un lado, están los mitos alrededor de la ropa usada; existe la creencia de que las prendas les pertenecieron a personas ya fallecidas, que los artículos están sucios o que pueden transmitir enfermedades o malas energías. También están los precios de producción que vuelven poco competitivas las prendas nuevas y los clientes que no están dispuestos a pagar por ellas, como también las marcas que incrementan sus precios solo por llevar la etiqueta de sostenible.

“Sostenible sí es en muchas ocasiones costoso”, afirma Sofía. “Pero en Colombia hay marcas que además de ser costosas exageran con los precios, entonces una camisa que podría costar 100 mil pesos te la venden en 200 mil pesos porque está hecha de forma ecológica”, agrega.

Como ya se mencionó antes, las tiendas de segunda mano combaten diversos mitos. Para Catalina Aristizábal, dueña de la tienda vintage 2egundaHistoria (segundahistoria.co), el principal problema en Colombia es cultural: las personas no se sienten capaces de usar ropa que proviene de otras. Las dueñas de La Vache Vetements, por ejemplo, reciben muchas preguntas sobre los procesos higiénicos de las prendas y la procedencia de las mismas.

Aun así, Karen cree que empezar a usar ropa de segunda mano permite cambiar hábitos en otras esferas de la vida.

Para Sandra y Alejandra, la dificultad está en la relación directa que tiene el nivel de sostenibilidad con el costo de la producción y por ende de la prenda. Sandra considera que las personas no ven los procesos detrás de cada producto y por eso no entienden la diferencia de precios. “No es que sea cero rentable, lo es, pero se tiene que vender caro. Qué triste que la gente tenga que dejar de comprar productos nacionales por el precio”, dice.

Aun con las trabas, las opciones diferentes al fast fashion siguen proponiendo soluciones para hacerle cara al problema: “Existen personas que ven la moda como un tema banal. Sin embargo, creo que es algo que nos compete a todos en el día a día y ante una problemática tan grande como la producción masiva, la moda sostenible no tiene que ser el futuro ni el valor agregado, sino el presente y lo necesario”, concluye Sofía.

Ilustración: Valentina Arango Correa

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Alquimistas de la imagen Mateo Ruiz Galvis mateo.ruiz1@udea.edu.co

Luisa María Gallo G. luisa.gallog@udea.edu.co

En Medellín hay un interés creciente por la fotografía análoga. Un grupo de profesionales, coleccionistas y aficionados se dedican a rescatar cámaras antiguas y a explorar sus múltiples posibilidades. De fondo, hay un interés estético y una postura política sobre la instantaneidad.

S

obre una sábana rosada y sucia yace un cuerpo.

Algunas manchas se asemejan a la sangre, pero no son más que óxido mojado y transferido a la tela.

Unas cuantas ollas alrededor, algunos cables de máquinas antiguas, el envase de un perfume, unas fotos viejas. Detrás de todo eso, escondido, el cuerpo. Alrededor, el ruido de los bajos del metro por la estación Prado en el centro de Medellín, los alegatos de los vendedores que ofrecen mercancía de segunda mano, el chispoteo de unas goteras y el rugido de los buses. Más acá, el cuerpo: una Olympus OM-10, modelo japonés de 1979.

Así empieza el proceso para encontrar una cámara análoga. Lo primero, por supuesto, es rescatar una cámara de las garras del óxido, la humedad y la negligencia. Un viaje que no es tan sencillo como ir a una tienda de aparatos electrónicos y comprar una digital. Conseguir una es un ejercicio de perspicacia e imaginación. En mercados de pulgas o en anticuarios o en el baúl antiguo de algún familiar lejano puede encontrarse la cámara soñada.

Juan Pablo Gómez (JPG, como le dicen sus estudiantes) tiene 45 años, es profesor de fotografía e investigador de soportes análogos. Aunque como estudiante de Comunicación Social - Periodismo de la Universidad de Antioquia manipuló estas cámaras y reveló algunas fotografías, no fue sino hasta 2017 que el vicio de lo análogo se le metió. “Hubo un lugar que a mí me interesaba mucho caminar, en la carrera Bolívar, donde está un mercado que es como de chatarra, de basura. Ahí

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Fotografía de Juan Pablo Gómez.

encontraba camaritas que compraba a 10 o 20 mil pesos y las mandaba a arreglar para hacerlas funcionar”.

La cámara es, apenas, un accidente. Luego del hallazgo, debe venir el trabajo, la resurrección. Arreglar cámaras análogas es un oficio en vía de extinción: quedan muy pocas personas especializadas para hacerlo. En el centro de Medellín, hay tres locales dedicados a desbaratarlas y arreglarlas. Uno de ellos es Videokamaras, y es el que frecuenta Juan Esteban Cano; un arquitecto de 29 años que, en medio de la cuarentena estricta de 2020, “frustrado por la vida y corto de dinero”, creó la tienda virtual Búnker Análogo para volver rentable una actividad a la que dedicaba mucho tiempo por placer: ver cámaras, entrar a subastas e investigar sobre los modelos.

La primera publicación de Búnker Análogo es del 5 de agosto de 2020, y actualmente la página de Instagram tiene más de seis mil seguidores. Lo que empezó como un pasatiempo hoy es también una crítica a la sociedad consumista. “Estamos haciendo una resistencia ante el olvido, intentando que el legado perdure”, dice. Juan Esteban recupera y dispone cámaras para la venta. Sus clientes son, especialmente, jóvenes que buscan una “representación alternativa por medio de lo análogo… He visto artistas plásticos, skaters y gente muy variada metida en esto”, afirma.

El proceso de la comercialización tiene tres momentos: la localización de las cámaras, la reparación o el mantenimiento y, por último, la venta y la asesoría. “La

Usar una cámara análoga es una decisión estética, pero también hay búsquedas que son políticas.

Contenerse, imaginar, disparar; alejarse, en resumidas cuentas, del vórtice infinito de imágenes digitales.

gente no suele comprar cámaras del 2000 sino las que están hechas entre los 60 y los 90. Pero los años no pasan solos, y los objetos se degradan o deja de funcionarles algo”, explica Cano. Algunas veces los arreglos los hace él mismo, y otras veces recurre a la gente de Videokamaras, a quienes considera casi socios por el flujo de cámaras que circula entre ellos.

Hay arreglos que pueden tardar entre uno o dos meses, ya sea porque los repuestos deben importarse desde Japón o Estados Unidos, o porque los intereses de los clientes cambian y abandonan la compra. Durante el proceso, Juan Esteban estudia en qué año fue fabricada la cámara, cómo funciona, qué tenía de especial, si algún personaje famoso tuvo el mismo modelo, pues esos relatos son los que determinan que alguien se anime a comprar uno u otro.

Después, llega el momento de publicar la cámara para la venta. El precio dependerá de sus características o facilidades técnicas y de su demanda. Muchas veces, las personas llegan buscando modelos específicos como la Pentax K1000, la Canon AE-1 Program o la Canon BF 800, porque han visto algunas recomendaciones de cámaras para principiantes en YouTube. Sin embargo, el trabajo de Juan Esteban es ampliar el espectro de los modelos disponibles y ofrecer comparaciones entre uno y otro para que el cliente decida. Seducir, en cualquier caso.

Meditar y disparar

El proceso de captura de imágenes análogas y digitales tiene diferencias esenciales. Por un lado, la fotografía digital captura la luz y la convierte en señales eléctricas que son almacenadas en una memoria. La fotografía análoga, en cambio, captura la luz y la refleja sobre un soporte fotosensible llamado rollo o película, que luego debe ser revelado mediante un proceso químico para convertirla en una imagen. Los resultados son distintos: la imagen análoga suele ser más granulosa y con colores más vívidos, mientras que la digital da una textura uniforme.

Y la forma de ver esa imagen también es distinta: mientras una fotografía digital se puede visualizar en la misma cámara o en el computador, una análoga necesita de días o semanas para ser revelada; esto depende de factores técnicos y hasta económicos. Un rollo puede tener entre 12 y 36 fotografías, y costar entre 36 mil y más de 100 mil pesos; y su revelado más de 15 mil. Además, las posibilidades técnicas de cámaras tan antiguas son limitadas, por lo que configurar características como el ISO y la apertura del diafragma, o enfocar, puede tomar bastante tiempo.

La fotografía análoga implica detenerse, observar y meditar. Y en lo impredecible de sus resultados parece haber un atractivo. JPG reconoce que huir de la imagen perfecta que da el disparo digital implica ser consciente de la posibilidad del error: “Cuando yo decido trabajar esto, lo hago para equivocarme. Cuando tomo una foto digital sé lo que me va a salir, la pantalla me lo muestra, mientras que en lo análogo no puedo ver sino hasta que revele. Estoy jugando con una latencia de tiempo”.

Usar una cámara análoga es una decisión estética, pero también hay búsquedas que son políticas. Contenerse, imaginar, disparar; alejarse, en resumidas cuentas, del vórtice infinito de imágenes digitales. “Cuando uno decide irse de lo digital, de esa imagen perfecta, da un paso al costado de la posición estética de estos tiempos –reflexiona JPG–. Hay una acción política que no es solamente tomar fotos lindas y ya, sino volver al hacer manual, a la artesanía, a entendernos como seres con manos que pueden crear”.

JPG se refiere no solo a la fotografía de rollo, sino a un sinnúmero de técnicas análogas que se acercan más a la alquimia que a la fotografía. Entre ellas, está la clorotipia, que consiste en transferir imágenes sobre superficies con clorofila; o la cianotipia, que obtiene imágenes color cian por medio del revelado con una sustancia acuosa de amonio, hierro y ferricianuro de potasio; o bien a la utilización de papeles fotográficos que requieren de meses de exposición a la luz; o a la construcción de cámaras con cartón y latas de cerveza.

Auge análogo: ¿una comunidad?

“Hay un boom de lo análogo y muchos han aprendido con personas que estudiaron con nosotros”, dice Hugo Gris, uno de los fundadores de la Corporación Nacional de Cine Casa del Sol. “De alguna manera, sentimos cierta paternidad de la fotografía análoga en Medellín porque nunca dejamos de hacerla. Cuando muchos la abandonaron por temas comerciales, nosotros dijimos que lo análogo resistía”.

Desde 2009, han pasado por la corporación más de 300 estudiantes interesados en crear contenido fotográfico y audiovisual. Actualmente, la entidad tiene un proyecto audiovisual llamado 101 Miradas Fotográficas. Para Hugo la fotografía es una suerte de terapia. También una forma de mirar, de “anclarse a momentos bellos”. Llegó a ella después de estudiar algunos semestres de Música en Bellas Artes en los que no se sentía talentoso. Tomó una cámara y empezó a disparar. Su trabajo se ha centrado en el documental social (o fotografía de calle), la fotografía erótica y el retrato.

Esta última vocación la descubrió cuando trabajaba en el Estudio Fotográfico Garcés, fundado en 1939, uno de los primeros y más famosos estudios de Medellín.

Fotografía tomada en Foto Japón en la década de los 90, de autor desconocido. Luego, escaneada, reinterpretada y modificada por Julián Dasaca en 2019, un fotógrafo análogo especialmente interesado por los álbumes familiares como testimonios de un pasado heredado.

Su paso por ese lugar lo recuerda como “la Disneylandia de los fotógrafos”: era un sótano en el que “había unos viejitos que parecían duendes retocando fotografías”. Allí aprendió aspectos técnicos como retocar negativos a lápiz. A Hugo le tocó la época de transición entre lo análogo y lo digital, pero se resistió hasta el punto de no conectar emocionalmente con trabajos hechos con cámaras digitales.

“A mí me cuesta mucho sentir propiedad intelectual sobre lo digital. Siento que con lo análogo hay que pensarlo antes de y con lo digital se piensa posterior a. Uno toma la primera foto, mira la pantalla y corrige. O sea, obturo, luego pienso. En análogo es: pienso, luego obturo”.

Hay varias hipótesis sobre el crecimiento de la fotografía análoga en ciudades como Medellín, Bogotá y Cali. La principal de ellas está relacionada con la popularización de las redes sociales, especialmente de Instagram, como plataformas de difusión de imágenes.

Las redes sociales permiten crear comunidad, enseñar y aprender. Hugo Gris cuenta que es normal que en el mundo de la fotografía análoga las personas compartan lo que saben, pues cada quien tiene en su cabeza una forma específica de pensarse cada fotografía. “Hay una cultura muy bonita de lo análogo, incluso cuando alguien quiere dejar una cámara, casi siempre piensa que hay alguien que le va a dar mejor uso”.

Por su parte, JPG cree que la gente que se acerca a lo análogo lo hace porque está interesada en entender procesos que no conocieron, pues “crecieron en lo digital, y encontraron que en esto otro hay unas texturas de imagen, de color, que no les ofrece lo digital, sino el revelado”. Y es que, justamente, es esa artesanía la que atrae a profesionales y aficionados. Y por ella han ido resurgiendo laboratorios especializados en revelar y digitalizar las fotografías análogas.

Para Hugo Gris, la fotografía análoga es una forma de entrenar el deseo: “Primero, anhelar que la imagen sí haya quedado como te la imaginás porque no la podés ver. Y después te toca mandarla a procesar y, en esa espera, hay un anhelo de que te entreguen ese bendito rollo. Cuando te encontrás con los resultados que esperás hay una sonrisa, un regocijo interno, un fresquito. También cuando ves que no te quedó bien la cosa hay una pequeña decepción porque viste que las cosas no son como las querías”.

Entonces, aparece la paradoja: las redes sociales unen, pero también devoran. Muchas de las fotografías análogas que surgen como una forma de resistencia ante la instantaneidad de las redes sociales, impactan porque son compartidas y divulgadas por medio de esas mismas plataformas. Aunque su proceso creativo es distinto, no dejan de estar inmersas en el mundo del scroll, y en buena parte esa exposición es la que mantiene viva la conversación sobre la fotografía análoga.

Actualmente, hay perfiles que se dedican a compartir el trabajo de fotógrafos análogos del país, como Análogos Colombianos y Colombia Analógica. El 25 de septiembre de 2021, se realizó en Medellín la Maratón Retro, un evento que convocó a setenta fotógrafos profesionales y aficionados para que tomaran fotografías análogas de la plaza Botero. Allí donde se depositan las fotos, también se crean conversaciones y se conocen más personas con el mismo interés estético. Se establecen vínculos y se comparten aprendizajes de una comunidad que cada vez es más grande.

El futuro del pasado

Transcurre 1971. Una fina capa de polvo se va adhiriendo a todo lo que toca. Trece cámaras Hasselblad 500 modificadas y empolvadas yacen en la superficie de la luna. Solo una logró volver a la tierra luego de la misión Apolo 15. Esa única cámara fue subastada en el 2014 por 660.000 euros. Un modelo que ya no se produce. El valor será consecuencia de su historia.

Muchos objetos han tendido a la extinción: los beepers, los walkman o los disquetes. Algunos desaparecieron sin hacer ruido y otros cobraron fuerza ante el anuncio de su muerte, como los discos de vinilo o la misma fotografía análoga. Según Juan Esteban, hay varias razones que podrían determinar el fin de esta elección para capturar la realidad. Por ejemplo, que los rollos sigan subiendo su precio en el mercado, porque aumenta la demanda, pero no hay maquinaria para producir más. Hay un ejemplo reciente y es la decisión de la multinacional japonesa Fujifilm, especialista en cámaras e imagen fotográficas, de no producir más el rollo Pro 400H desde enero de 2021.

“Hubo demasiada demanda y el químico que tenía Fujifilm para producir la emulsión de un negativo empezó a escasear. Decidieron sacarlo del mercado y un rollo menos es como que a uno le quitaran un dedo del pie, porque es una herramienta con la que ya no se puede trabajar. Antes valía 15 dólares y ahora vale entre 35 y 50”, dice Juan Esteban. Otra razón que podría determinar el fin de lo análogo es que “el saber de los técnicos muera con ellos.

Que no dejen el legado de su conocimiento a otra persona y que dejen de repararse las cámaras”, afirma.

Ante cada amenaza a la fotografía análoga surgen actos de resistencia: aparecen más personas interesadas en crear sus propias cámaras, e incluso hay formas de descargar planos para imprimirlas en 3D; en los mercados de pulgas y en las redes sociales algunos obstinados continúan dándole vida a objetos que otros creyeron muertos. Finalmente, la urgencia por manipular y empastar el tiempo no nos abandona: ni antes cuando pasábamos tardes enteras preguntándonos quién era quién en los álbumes familiares, ni ahora que navegamos por los recuerdos por medio de una pantalla.

Facultad de Comunicaciones y Filología Universidad de Antioquia

20 Alquimistas de la imagen

21 Retrato realizado por Juan José Guisao con una

Autorretrato de Daniela Betancur capturado con una cámara análoga

cámara Pentax K1000, en marzo del 2021. Guisao

Nikon FM, en octubre de 2020 en Medellín. Dice que lo que más le

es hijo de una fotógrafa que durante años usó

gusta fotografiar es el cuerpo humano, pues sus temas predilectos son “la

la fotografía análoga como medio de expresión.

intimidad, lo espontáneo y lo crudo”. Le mueve la empatía que dice sentir

Dice percibir una conexión con las personas que

al tomar imágenes que se parezcan más a su vida. “La simplicidad de las

fotografía y eso le abre la mente y las ideas. Además,

imágenes me ayuda a tener ese medio que me acerca más a las cosas que vivo

lo emociona saber que en cada foto que toma está

día a día, además, mi depresión ha sido un motor para reflejar mucho más

plasmada su esencia como artista y como persona.

fácil mi sensibilidad a través de la fotografía”.

Imagen capturada en julio del 2021 por Juan Esteban Cano, con una Olympus Mju y un film Cinestill 800T. Actualmente, Esteban se dedica a comerciar con cámaras y la fotografía cumple un papel fundamental en su vida. Está convencido de

Foto de Jhoneider Agudelo, capturada en mayo del 2019, en el centro de

que la fotografía análoga ayuda a incentivar el uso

Medellín, con una cámara Pentax MX. A este artista la fotografía Street lo

de una mirada más crítica de lo que nos compone

ha llevado a recorrer la ciudad en busca de retratar la cotidianidad de las

como sociedad, pues entiende el valor de capturar

personas, pero también sus particularidades: “Fotografío a las personas, sus

un número reducido de imágenes, de darles vida, de

rostros, lo cotidiano o lo ‘anormal’ que uno ve en las calles, pues Medellín

darles color, en vez del típico proceso de capturar un

está llena de personajes peculiares y esa identidad la reflejan con maneras de

número indeterminado de fotografías digitales cuya

vestir, maquillajes, entre otras cosas. Y uno va captando eso con sus diversas

mayoría termina siendo desechada.

expresiones”.

Fotografía hecha en mayo de 2021 por Karen Osorio en San Carlos, Antioquia. La cámara usada fue una Fotografía tomada en La Playa, entre el edificio

Canon tlb y la película estaba expirada (lo cual le

Coltejer y la estación Parque Berrío del Metro.

da texturas y colores diferentes). A esta fotógrafa

Realizada por Miguel Pérez con una cámara

le gusta capturar retratos y paisajes naturales pues,

Olympus Trip 35 y un rollo Kodak ColorPlus 200,

mientras cita a Dorothea Lange, dice que “todo

en febrero de 2020. Este fotógrafo encuentra en

retrato es un autorretrato”. También considera que

el centro de la ciudad un atractivo especial, una

fotografiar paisajes externos es fotografiar paisajes

gran variedad de escenas llamativas que son dignas

interiores. Cree que la belleza de la foto está en la

de fotografiar y aparecen en cualquier momento:

importancia que quien captura le confiere.

“Voy al centro a caminar, llevo la cámara y cada vez que veo algo que me llama la atención de una el ‘poncherazo’”.

Fragmentos de perfiles elaborados por Wilson Giraldo.

Para conocer otras fotografías de los autores, sus perfiles completos y acceder a otros contenidos de Alquimistas de la imagen escanea este código con tu celular.

No. 102 Medellín, Marzo de 2022

Facultad de Comunicaciones y Filología Universidad de Antioquia

22 Noticia

Recomendación

Una nueva propuesta para el arte en Girardota Melissa Téllez Hernández melissa.tellez@udea.edu.co

Sara Mesa Pérez sara.mesap@udea.edu.co

Fotografía: José Vallejo Úsuga

J

osé Julián Restrepo lleva 25 años trabajando como profesor de instrumentos de viento y lectura musical en Girardota. También dirigió la Banda Sinfónica de la Casa de la Cultura Pedrito Ruiz desde 2010 hasta 2021, cuando tuvo que dejar sus cursos por diferencias con la administración municipal. Lo mismo sucedió con por lo menos otros siete docentes y con un grupo de estudiantes que hacían parte de este espacio cultural.

Restrepo asegura que entre las principales razones de su salida y la de algunos de sus colegas estuvo la politización de la Casa de la Cultura y el condicionamiento para servir a los intereses de la alcaldía de Diego Agudelo. Según el profesor, lo que buscó en compañía de sus colegas durante los 11 años que estuvo al frente de la Banda Sinfónica fue que “la cultura no estuviera al servicio de la política, sino al contrario. Todo se hacía con trabajo y dedicación. No tuvimos nunca que estar detrás de una bandera política”.

Debido a los obstáculos para dictar sus cursos y a la falta de apoyo de la administración en asuntos como espacios y festivales, algunos profesores se unieron para crear la Academia Municipal de Artes (AMA), un proyecto independiente que abrió sus puertas el 14 de marzo con 63 estudiantes y ofrece cursos de artes para toda la comunidad.

Hasta el momento, la academia está conformada por 15 profesores de disciplinas como danza, artes plásticas y música.

La cultura como fortín político

Las fiestas de diciembre eran el momento para mostrar los avances de los estudiantes de la Escuela de Música en Girardota. Sin embargo, en 2021 la administración municipal no aceptó la programación del recital que los maestros presentaron. Según le dijo el alcalde Agudelo a El Colombiano, esto pasó porque no entregaron el cronograma a tiempo, aunque los profesores y los estudiantes aseguran que la Alcaldía no quiso destinar los recursos y además los acusó de ser contradictores políticos.

Ante esa decisión, los profesores avisaron a los estudiantes y los padres de familia que, por primera vez en muchos años, sus procesos no serían socializados.

Algunos padres de familia redactaron un comunicado en el que denunciaban la desfinanciación del sector, las malas condiciones en las que se encontraba la Casa de la Cultura, la falta de dotación y el hostigamiento contra algunos de los estudiantes que no apoyaban la gestión del gobierno local, principalmente, por parte del subsecretario de Cultura Sebastián Cañas y el promotor cultural Jorge Saldarriaga.

“Notamos la ausencia de la administración en general, especialmente por parte de la Subsecretaría de Cultura, en el desarrollo de los procesos musicales, en donde hay omisión y no hay acción. En palabras coloquiales: ‘No hacen, ni dejan hacer’”, decía el comunicado.

En respuesta, según aseguran los profesores, Cañas le preguntó a cada profesor si estaba de acuerdo con el comunicado. “Ahí fue cuando nosotros empezamos a sentir

No. 102 Medellín, Marzo de 2022

A finales del año pasado, profesores y estudiantes de la Casa de la Cultura Pedrito Ruiz de Girardota denunciaron a la administración local por acoso laboral y presiones políticas a sus estudiantes y profesores. A varios de esos profesores no les renovaron contratos y otros renunciaron por solidaridad. Ahora decidieron crear una academia de artes al margen de las banderas políticas. Esta es la historia de la AMA. cierta persecución laboral”, cuenta Jaime Jaramillo, maestro en Piano de la Universidad de Antioquia y exprofesor de la Casa de la Cultura. El 22 de diciembre de 2021, se radicó una denuncia ante la Procuraduría y la Personería por esas presiones.

La situación empeoró cuando, el 22 de enero, se filtró un audio de Cañas durante una reunión que había tenido en diciembre con los profesores. Al funcionario se le escucha decir que la Casa de la Cultura es “de una administración municipal, es decir, es político; esto no es aislado, aquí los que mandan siguen siendo de la Alcaldía”.

En esa misma grabación, se escucha una amenaza directa de Cañas contra los profesores, recordándoles que empezaría un año electoral: “Los que mantienen hablando mal de la administración, los que no se sienten parte de esta administración, pero trabajan en esta administración, esa gente muy seguramente la hacen de lado”.

Finalmente, a principios de 2022, siete profesores no fueron llamados para la renovación de sus contratos laborales y cuatro más decidieron no continuar por solidaridad con sus colegas y estudiantes, cuyos procesos de formación y aprendizaje fueron suspendidos. Esto motivó protestas de más profesores, estudiantes y personas cercanas al sector cultural del municipio.

El 6 de febrero, hubo una toma cultural, una marcha y un plantón para exigir soluciones. Aunque en un principio el alcalde Agudelo se mostró cercano a los reclamos de la gente e incluso aceptó las críticas y ofreció disculpas, posteriormente declaró que eso “era un ataque directo a su gestión, dirigida por sus detractores políticos”.

“No se entablaron diálogos con el alcalde. Él lo que hizo fue un Facebook Live para ‘aclarar’, entre comillas, y básicamente lo que hizo fue atacarnos y decirnos que éramos ‘huérfanos políticos’, que muchos estábamos ahí simplemente por la oposición”, manifiesta Jaramillo.

Acerca de la falta de espacios para discutir la situación del sector cultural en Girardota, Valeria Arenas, exprofesora de cuerdas tradicionales de la Casa de la Cultura, asegura que es necesario crear un Consejo de Cultura, donde pueda haber una “zona de diálogo” y los diferentes actores del sector “puedan expresar sus inconformidades abiertamente, sin que parezca algo personal”.

La unión del movimiento cultural

Según Jaime Jaramillo, la situación reactivó iniciativas y movimientos culturales al margen de la administración local. La AMA en la que están trabajando ahora nació con el objetivo de ofrecer alternativas de calidad, especialmente a los estudiantes que decidieron retirarse de sus cursos en la Casa de la Cultura por lo que ha sucedido en los últimos meses.

Para sus promotores, lo más importante es continuar con los procesos artísticos que acompañaron durante años.

Restrepo aclara que esta iniciativa “no es una protesta ni una competencia con la Casa de la Cultura”, sino que lo define como una oportunidad para explorar nuevos panoramas artísticos en el municipio.

Sin embargo, el sostenimiento de esta nueva escuela de artes representa un reto que va más allá de la voluntad de los profesores, teniendo en cuenta el desfinanciamiento que sufre el sector cultural en todo el país. Para este año, el Presupuesto General de la Nación destinó 565.000 millones de pesos a la cultura, lo que implica una reducción del 1.7 % en comparación con el presupuesto de 2021. Además, según el Dane, el año pasado se perdieron alrededor de 64.000 empleos debido al cierre de establecimientos culturales.

“Yo creo que este nuevo proyecto es también por respeto a la comunidad, porque a través de los años han confiado en nosotros. Hemos hablado mucho del sostenimiento y sabemos que no es un negocio para llenarse de plata, sino para sostener un espacio que es lo que la gente nos está pidiendo”, asegura Restrepo.

Por ahora, los docentes que conforman la AMA esperan financiar el proyecto por medio de las matrículas de los estudiantes y las convocatorias departamentales y nacionales. También buscan alianzas con empresas locales y fundaciones que puedan ofrecerles dotaciones de instrumentos. Pese al reto de asumir con sus propios recursos un proyecto de formación que debería ser responsabilidad del Estado, creen que es posible hacerlo sostenible siempre y cuando el gremio se mantenga articulado: “Estamos afuera, pero estamos todos unidos y eso es nuestro poder en este momento”, concluye Valeria.

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Entretenimiento para elegir

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Distrito salvaje (1.ra temporada 2018, 2.da temporada 2019)

Mientras Yei Yei (Juan Pablo Rava) trata de adaptarse a su vida en la ciudad –junto a su mamá y un hijo adolescente que no conocía y que tuvo con una extranjera secuestrada a la que cuidó en la selva–, la fiscal Daniela León (Cristina Umaña) tiene como propósito personal perseguir y capturar a quienes están detrás de los carruseles de la corrupción en Bogotá. En su tarea recibe el apoyo de misteriosas figuras que hacen inteligencia y contactan a Yei Yei, mejor conocido como “pisa suave”, exguerrillero con talento para pasar desapercibido, para infiltrarse en organizaciones de la delincuencia y ayudarles a capturar a quienes participan en la red. La desmovilización, la corrupción, los entramados de poder, la migración venezolana, el funcionamiento de la justicia y las emociones de quienes viven en el campo y deben adaptarse a la ciudad hacen de esta serie un producto de ficción crudo, que remueve las fibras y ayuda a reflexionar respecto al país que tenemos.

2

Entre las elecciones de Congreso que acabaron de pasar, y las presidenciales que ya vienen, no sobra empaparse de contexto para afianzar, construir o aclarar el criterio con el que se va a marcar el tarjetón. Series, pódcast, libros, géneros documentales, humorísticos o de ficción pueden ser insumos útiles para entretenerse y reflexionar a la hora de elegir. Aquí están algunas recomendaciones.

Ximena Forero Arango ximena.forero@udea.edu.co

Esta es una reciente creación de La Silla Vacía para quedar “desayunados con las movidas clave de la política electoral colombiana”. El formato es una exploración de notas sonoras de entre cinco y siete minutos que se asemeja a la compañía que antes daba la radio tradicional en las mañanas y que permite el consumo en dispositivos móviles –a cualquier hora y en cualquier lugar– de información política de coyuntura. En el tono de conversación del desayuno, Tatiana Duque aprovecha este formato para analizar los debates presidenciales, lo que ocurre con los partidos y los movimientos políticos y, en general, con los protagonistas de las contiendas electorales.

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Una conversación pendiente (2021)

Durante varios encuentros entre Juan Manuel Santos e Ingrid Betancur en 2020, estas dos figuras de la política colombiana conversaron sobre temas importantes de la historia reciente del país. Fenómenos como el proceso 8000, el secuestro como instrumento de guerra, las relaciones y las alianzas con expresidentes y partidos políticos, el proceso de paz, los asuntos que ocurrieron tras bambalinas en la negociación y de los que fueron protagonistas dan un contexto de las últimas décadas del direccionamiento político y económico de Colombia. Este texto de 544 páginas, escrito por Juan Carlos Torres, quien moderó las conversaciones, es revelador para analizar la coherencia de algunas figuras que siguen teniendo una voz importante en el escenario electoral colombiano.

4

Huevos revueltos con política (2022)

Crónicas del paraíso (2022)

3

Juanpis González, la serie (2022)

El humorista Alejandro Riaño apuesta por hacer una denuncia del clasismo y la desigualdad por medio de una parodia. En la primera temporada de su serie en Netflix, retrata con un humor ácido la realidad de un “hijo de papi”, Juanpis González Pombo, nieto de un poderoso empresario que quiere heredarle el liderazgo de Pombo Holding, su empresa, y para ello lo somete a una prueba que será supervisada por Camila Benavides (Carolina Gaitán), una exitosa y joven ejecutiva que trabaja con su grupo empresarial. Camila se ha hecho a pulso y su principal objetivo es aportar al progreso del país desde temas sociales.

Apodada por Juan Pablo como la “psicobitch”, Camila trata de ser lo más profesional posible, a pesar de lo difícil de trabajar con un personaje que se le hace supremamente antipático. Alusiones permanentes a los acontecimientos recientes de la política nacional y a sus protagonistas, además del retrato de la élite bogotana, hacen de esta serie una comedia que ofrece una perspectiva interesante del contexto social y las diferencias de clase en Colombia.

Patricia Nieto es profesora de periodismo y cronista por vocación.

Lleva alrededor de 30 años recorriendo el país y contando las realidades del campo, los pueblos, las veredas y los lugares apartados de Colombia. Su trabajo hace memoria sobre hechos violentos y expone la resistencia de personas y comunidades. Tomas guerrilleras, incursiones paramilitares, reclutamiento de menores… vistos desde los ojos de Martha, Alicia, Carmen, Efraín y decenas de protagonistas de las realidades de la Colombia rural. Es un libro con la sensibilidad de contextos llenos de riqueza natural y cultural, retratados en los detalles que caracterizan a la crónica, lo que permiten al lector viajar por rincones insospechados de nuestro país y entrar en sintonía con sus vivencias.

Facultad de Comunicaciones y Filología Universidad de Antioquia

24 Contraportada

La ola, memorias de un atentado

Fotografía: Bryan Sánchez

Juan Felipe Bedoya Ramírez juan.bedoya17@udea.edu.co

E

l 17 de mayo de 2001, un carro bomba con 60 kilos de dinamita fue detonado a las diez de la noche en la naciente zona rosa de El Poblado: el parque Lleras. Ocho fueron las víctimas mortales y más de 140 personas resultaron heridas. Detrás de la detonación estaba Henry Serna Moscoso, integrante de la banda delincuencial La Terraza de Medellín, quien pretendía atacar al jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna.

Serna Moscoso fue capturado en 2014 y aunque en primera instancia fue absuelto por falta de pruebas, el 3 de agosto de 2016 el Tribunal Superior de Medellín lo condenó a 40 años de prisión. En 2018, su abogada intentó relacionar el hecho con el Frente Jacobo Arenas de las Farc-EP para que su defendido fuera incluido en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, pero su nombre no hizo parte de las listas de integrantes de esa guerrilla por lo que la solicitud fue rechazada en 2019 y se mantuvo la condena por homicidio agravado y terrorismo.

De la intención del atentado poco se supo más allá de ser una demostración de poder en medio de la guerra entre dos carteles armados asociados con el paramilitarismo.

Pero fue también en 2019 cuando en el marco de la criticada estrategia “Medellín abraza su historia”, del exalcalde Federico Gutiérrez, se hizo un acto conmemorativo con las víctimas y se instaló una placa justo al costado del café donde fueron detonados los explosivos. A comparación de la escandalosa implosión del edificio Mónaco y la construcción del parque Memorial Inflexión, La ola fue un susurro, una conversación de barrio. ***

No. 102 Medellín, Marzo de 2022

En el 2020, 19 años después y a casi cuatro kilómetros del parque Lleras, en una fachada de 60 metros de largo por seis metros de alto en el barrio Perpetuo Socorro, el artista plástico Bryan Sánchez M. le dio color a La ola, el mural más grande que hay en el barrio y con el que se les rinde homenaje a las víctimas de aquella noche.

Sánchez fue convocado por la Corporación Perpetuo Socorro, la Fundación Pintuco y la estrategia “Medellín abraza su historia” que querían poner en discusión las memorias de la ciudad con la ciudadanía. El muralista conversó con grupos de víctimas del narcotráfico en algunos talleres del Museo Casa de la Memoria y allí conoció a Ana Cristina Soto, Tata, quien le daría la inspiración de su obra.

Tata estaba en el parque Lleras la noche de la detonación y en su cuerpo permanecen algunos fragmentos de acero que nunca le pudieron retirar. Cuando en una de las conversaciones alguien le preguntó si recordaba qué sintió en el momento de la explosión, Tata dijo que fue la misma sensación de cuando eres niño jugando en el mar y una ola te golpea fuertemente.

Esa sensación de una ola golpeando y entorpeciendo un juego de la infancia fue la imagen que Sánchez escogió para la conceptualización del mural. No solo buscaba hacer memoria sobre el hecho, sino plasmar el trauma y el miedo que permanece después de la explosión. Según un estudio de 2004, elaborado por la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, los sistemas de apoyo social y colectivo son fundamentales para contrarrestar el miedo y sanar los vínculos políticos que se fracturan con este tipo de atentados.

Para Sánchez, La ola más que el recuerdo de un hecho, es una invitación a continuar con la fuerza de un fenómeno de la naturaleza que se forma en las aguas debido a la unión de muchas partículas. Aunque el artista considera que la interpretación de su trabajo debe ser libre e individual, también cree que “la responsabilidad de los artistas es reinterpretar la realidad que viven y enviar mensajes por medio de sus obras”.

La ola fue una de las últimas intervenciones de “Medellín abraza su historia” que, en su momento, incluía cátedras sobre memoria en colegios, rutas turísticas y hasta una sala dedicada a la historia del narcotráfico en el Museo Casa de la Memoria, pero de dicha estrategia ya no queda ni su página web. Desde sus inicios, esta fue criticada por su falta de proyección presupuestal, su falta de claridad sobre la continuidad de las acciones y, sobre todo, porque reducía la discusión de la memoria sobre la violencia en Medellín al narcotráfico y proponía una narrativa de héroes y demonios.

Hoy, el mural de La ola permanece a un costado de la iglesia del Perpetuo Socorro, ese barrio industrial que fue declarado Distrito Creativo en 2014 y que es asentamiento de industrias y emprendimientos culturales. Para Érika Jaramillo, directora de la Corporación Perpetuo Socorro, más allá de la no continuidad de la iniciativa que originó ese y otros murales, la apropiación de la historia que hay detrás por parte de la comunidad ha logrado mantenerlos en muy buen estado, además del cuidado preventivo que corre por cuenta de esa corporación. El muralismo callejero, en cualquier caso, es un arte que abre el universo de voces, perspectivas e interpretaciones de un hecho en espacios que están cambiando todo el tiempo.

Sánchez dice que no pretende incomodar con su obra, sino sensibilizar desde lo estético y emocional.

Bajo esa premisa ha dedicado gran parte de su carrera como muralista a visibilizar poblaciones víctimas del conflicto colombiano. Uno de sus trabajos más recientes es Campesinos, un mural pintado en los silos de Contegral, en Envigado, dedicado a las poblaciones rurales que sufren las violencias de la guerra y el abandono del Estado. Para Tata, entretanto, ver esa ola plasmada en una pared gigante es motivo de llanto, le confesó alguna vez al artista plástico.

Pero es un llanto diferente al que es causado en los días fríos por los residuos de metal que aún quedan en su cuerpo después del atentado.