Especial: las razones detrás de una crisis que amenaza con reducir a la UdeA a su mínima expresión.
p.10-11
Ser o no ser portadora del gen de la “mutación paisa” del alzhéimer, una historia familiar en primera persona.
p.14-15
p.20-21
El campo se está quedando sin relevo generacional, pues para muchos jóvenes trabajar la tierra es una opción lejana.
Más allá de adaptarse o desaparecer: los desafíos de la inteligencia artificial para el trabajo en un país con un mercado laboral donde prima la informalidad.
Laboratorio De la Urbe
Dirección periódico De la Urbe: Juan David López Morales
Coordinación General del Laboratorio: Ximena Forero Arango
Auxiliares: Santiago Bernal Largo, Laura Manuela Cano Loaiza, José Manuel Holguín Arboleda, Daniel Santiago Vega Durán, Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga y Juana Zuleta Betancur.
Asistencia editorial: Luisa María Valencia Álvarez
Diseño y diagramación: Pablo Pérez «Altais»
Corrección de textos: Alejandra Montes Escobar
Infografías: Juliana Betancur Restrepo y Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga
Impresión: La Patria
Circulación: 7.000 ejemplares
Universidad de Antioquia
Rector: John Jairo Arboleda Céspedes
Decanatura Facultad de Comunicaciones y Filología: Olga Vallejo Murcia
Jefe Departamento Formación Académica: Luis Eduardo Cárdenas Valencia
Coordinación 10|12 L@b: Carlos Andrés Arboleda Gómez
Coordinación Pregrado en Periodismo: Diana Ramírez Hoyos
Comité de Carrera Periodismo: Diana Ramírez Hoyos, Ximena Forero Arango, Juan David Ortiz Franco, Maritza Trujillo Rodríguez, Natalia María Restrepo Saldarriaga, Jorge Alexander Múnera, María Teresa Muriel Ríos, Heiner Castañeda Bustamante, Jhojan Alexis Millán, Juliana Betancur Restrepo y Estefanía Carvajal Restrepo.
Calle 67 N°53-108, Ciudad Universitaria, bloque 10, oficina
Con la edición 108 del periódico De la Urbe celebramos nuestros primeros 25 años, y decir que son los primeros es un grito esperanzado por nuestra supervivencia porque, como de costumbre, estamos en medio de una tormenta que no sabemos cuándo ni cómo terminará. Como para variar, celebramos en medio de la crisis. Pero ¿de cuál?
Usamos la palabra crisis como aprendemos a hablar. En América Latina, Colombia, Medellín y la UdeA siempre ha sido y será una palabra útil para describir casi cualquier cosa que nos pasa.
Ese término corto, directo y contundente –aunque de profundas limitaciones explicativas– nos sirve para nombrar desde las violencias que sufrimos hasta las hecatombes que nos imaginamos y desde la incertidumbre por nuestro futuro en el planeta hasta la imposibilidad de que todas las personas tengan un plato de comida en su mesa.
Pero este uso encarna una paradoja: la idea de crisis alude a un momento, a una coyuntura, a la aparición de una situación que irrumpe en cierta normalidad y amenaza con trastocarla y transformarla; no obstante, en nuestro contexto, parece que la crisis es la regla, tanto que es difícil identificar largos períodos desprovistos de esta.
Decía el pensador italiano Antonio Gramsci en una de sus frases más célebres que “la crisis consiste justamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer”. Muchas cosas viejas han muerto en estos 25 años. El mundo en el que nació De la Urbe ya no existe.
En octubre de 1999, cuando circuló nuestra primera edición, no había finalizado la
guerra en los países de la antigua Yugoslavia ni habían sido derrumbadas las Torres Gemelas. No había fracasado el proceso de paz con las Farc en el Caguán, ni había comenzado la era de la “seguridad democrática” que recrudeció el conflicto armado colombiano. Tampoco había salido al mercado el primer smartphone, así como la masificación de la internet y los computadores personales parecían más cercanos a la ciencia ficción que a la realidad. En ese momento, la Universidad de Antioquia vivía otras crisis más relacionadas con las violencias políticas, los asesinatos selectivos y las persecuciones que con su subsistencia financiera, pero la desfinanciación estructural ya estaba en proceso gracias a una ley aprobada siete años antes: la Ley 30 de 1992. Hoy, el proyecto de universidad pública está en vilo porque, entre otras razones, los reclamos de estos últimos 30 años no han logrado que los gobiernos y el Congreso reformen de fondo ese sistema de financiación lesivo y regresivo. En medio de esta crisis, la única salida propuesta por quienes toman las decisiones, tanto desde la rectoría como desde la Gobernación, es reducir la Universidad a su mínima expresión. Lo llaman “austeridad”, pero en realidad es una contracción que afecta las posibilidades de garantizar el derecho a la educación digna y de calidad. Y, de paso, aplaza las discusiones urgentes sobre la necesidad de que el sistema educativo se adapte y actualice para mantenerse vigente frente a las necesidades de la región.
Es cierto que con frecuencia abusamos de la palabra crisis para nombrar problemas irresueltos o para inventar catástrofes de las
Zona de distensión
que no tenemos certeza, pero también lo es que en este momento esa idea resulta apenas justa e incluso se queda corta porque ante la gravedad de los problemas, las soluciones son tímidas, incorrectas e insuficientes. En este contexto de urgencia, profesores y estudiantes han acuñado un término que resulta más preciso para nombrar lo que nos pasa: multicrisis. Lo que nos aqueja no se reduce al flujo de caja necesario para pagar la nómina de cada mes, tiene unas raíces e implicaciones más profundas. Estas atraviesan las concepciones del Estado sobre qué es y para qué sirve la educación superior, ponen de manifiesto las violencias basadas en género, raza y clase enquistadas en el sistema educativo y evidencian los condicionantes del modelo económico con su desvalorización social de la ciencia, la academia y el pensamiento crítico. Estas páginas no alcanzarían para hacer el inventario de todas las crisis que nos atraviesan. Sin embargo, en esta edición de aniversario, abordamos algunas: además de la UdeA, hablamos de los cuidados y la pirámide demográfica, del envejecimiento del campo, de la crisis climática y las políticas locales de mitigación de sus efectos, de la inteligencia artificial y el trabajo… Hablamos del presente y del futuro, porque de algo estamos seguros: estos primeros 25 años nos han enseñado la importancia de estar no solo para contar aquello que muere, sino también para dar cuenta de lo que puede nacer.
ISSN 16572556
Número 108
Diciembre de 2024
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El país de la belleza
Hay hechos que parecen ridículos, como que en el concierto Un Canto por la Vida, en la COP16, no dejaran entrar agua en botellas reutilizables para obligar a los asistentes a comprar botellas de plástico que no bajaban de ocho mil pesos; o estar caminando en la Zona Verde de la COP16 y ver los estands de Meta, de Mark Zuckerberg, o del Grupo Aval, de Sarmiento Angulo; o que a la multinacional Libero Copper –que tiene contratos de extractivismo minero en el Putumayo– le hayan dado espacio en un panel que se canceló gracias a un grupo de activistas. Hay asuntos que no son tan extraños en Colombia, pero que igual duelen, como cuando en octubre 82 congresistas sacaron de la reforma laboral el artículo que buscaba garantizar contratos dignos para los campesinos.
Valentina Quintín López
v.quintin@udea.edu.co
Hipocalipsis
Sé que suena cruel, pero hay que sacrificar a los hipopótamos. Las autoridades ambientales han ignorado este problema por tanto tiempo que, a pesar de que Escobar dejó cuatro, hoy cerca de 170 okupan el río Magdalena y sus inmediaciones, con una población proyectada en más de 1000 para 2035. Los hipopótamos se nos salieron de las manos y los que más sufren son los dueños de la casa: manatíes, nutrias, chigüiros y varios más. Si la esterilización o la translocación demostraron ser alternativas inviables, tenemos que ponernos las pilas para proteger nuestra biodiversidad con la salida que demuestra ser más ética y beneficiosa.
Cristian Dávila Rojas c.davila@udea.edu.co
Una izquierda que camina para atrás
La izquierda ha luchado por los derechos del obrero, el campesino, el estudiante, el profesor. Pero ¿dónde quedamos las mujeres y las disidencias sexocorpogenéricas? Se supone que estamos incorporades, pero al hablar de movilizarse contra las violencias que nos afectan, parece que dan un paso a la derecha. En la UdeA se evidencian desbalances sobre lo que “incumbe” al movimiento. Este año se denunciaron violencias basadas en género dentro de la U y la Asamblea General de Estudiantes entró en asamblea permanente, pero este mecanismo cayó rápidamente por baja participación. Pasa todo lo contrario con la crisis financiera: el Camilo Torres se ve lleno. Es un avance que un movimiento que se creía muerto esté en pie de lucha, pero lastimosamente la seguridad de nosotres no se equipara para que todos, todas y todes le demos frente. Para este movimiento estructuralmente patriarcal, las mujeres y disidencias seguimos siendo un cero a la izquierda.
Primeramente, me gustaría agradecerle a Beyoncé por dejarme escribir esto. Dicho eso, es necesario recordar, entre las risas que ha despertado este meme, que la enjuiciada por tráfico sexual no es ella, sino P. Diddy. Impresiona la capacidad del internet para camuflar en humor las revelaciones contra el rapero y desviar la atención a una mujer que, hasta ahora, no tiene ninguna prueba en su contra. Parece más peligroso tener 32 Grammys que más de 120 acusaciones por abuso y explotación sexual. O más bien, parece más peligroso ser una mujer exitosa en una industria dominada por encubridores. Las risas se pueden mantener, pero no olvidemos que si alguien debe ser juzgado por la opinión pública –y por la ley–es el de las “Fiestas Blancas”.
Thomas Mejía López thomas.mejial@udea.edu.co
Querer vivir
Hace poco falleció Juan Esteban Rojas, estudiante de Comunicaciones de la UdeA. Su muerte nos impactó, inclusive a quienes apenas lo distinguíamos. Pienso en el dolor indescriptible que implica la pérdida repentina y en que no sabemos cómo reaccionar ante ella, pues es un acontecimiento que nos recuerda que es parte de la vida y nos obliga a enfrentar ese sentimiento del que tanto nos escondemos. Nunca deja de ser triste, pero en algún punto debemos aceptarla. La muerte está presente siempre y eso nos impulsa a querer vivir. Ofrezco mi más sincero pésame a su familia y amigos.
Juan Andrés Fernández Villa jandres.fernandez@udea.edu.co
Portada: Miguel Angel
Becoche Quintero
Capítulo Antioquia
Facultad
25 años de anécdotas para un periodismo siempre joven
| Santiago Vega Durán santiago.vega@udea.edu.co
En medio de la celebración de nuestras bodas de plata nos tomamos un tinto y nos reunimos con personas del pasado y el presente de De la Urbe. Recordamos el camino que hemos recorrido para aventurarnos a imaginar el futuro que vendrá.
En un plató iluminado con luces amarillas, lleno de gente que acumula recuerdos, nos reunimos durante dos horas cuando septiembre estaba por terminar y la celebración por los 25 años de De la Urbe, por iniciar. Con tinto en mano, 15 personas compartimos las anécdotas de nuestro paso por este medio; algunos lo vieron nacer, otros estuvieron durante su consolidación, y también estuvimos quienes lo conformamos en el presente.
El nacimiento
Un día de finales del siglo XX, el profesor Carlos Agudelo llegó con la idea de Joseph Pulitzer, quien en 1903 apoyó la creación de la Escuela de Periodismo en la Universidad de Columbia (Nueva York), como un laboratorio
para la “preparación real” de los periodistas. Agudelo movió una fibra que inquietaba a los estudiantes y los profesores de aquella época: “¿Cómo es posible que en una facultad de comunicaciones no tengamos nuestro propio medio?”. En aquel entonces era el pregrado de Comunicación Social - Periodismo. Así nos lo contó Carlos Mario Correa, uno de esos profes que estuvieron en el origen.
Atendiendo a esa necesidad, los estudiantes y los profesores se juntaron para parir a De la Urbe y fue así como en octubre de 1999 circularon 5000 ejemplares de la primera edición del periódico bajo la premisa de hacer “periodismo universitario para la ciudad”.
Para hablar de ese nacimiento nos acompañaron Heiner Castañeda, Ximena Forero y Carlos Mario, profes que hicieron parte de esos primeros años; también estuvo Mauricio Galeano, egresado de Comunicación Social - Periodismo que fue de los primeros estudiantes en participar en el periódico. Mauricio nos contó de la ocasión en la que el poeta Fernando Rendón se “encrespó” con De la Urbe por un artículo que criticaba el Festival de Poesía de Medellín que él organizaba. Tal fue la cólera del tipo que un día llegó braveando a la oficina del periódico con cuatro hombres malencarados. Según Mauricio, poco les faltó para el intercambio de golpes.
Así arrancó el despelote, incomodando a los que estaban acostumbrados a vivir cómodos y haciéndoles ojos coquetos a las historias que no cabían en la agenda informativa de otros medios.
El crecimiento
De la Urbe creció en medio del cambio: le tocó la división del pregrado de Comunicación Social - Periodismo en los pregrados de Comunicaciones, Comunicación Audiovisual y Multimedial y Periodismo a finales de los 90, además de los inicios del internet en los 2000. Maryluz Vallejo, otra profe que estuvo en los inicios
de De la Urbe, nos contó en un video que para imprimir las primeras ediciones tenían que enviar el periódico en un disquete con algún piloto de avión que saliera hasta Manizales, donde alguien de la imprenta del periódico La Patria lo recibía para sacar el tiraje de la edición. Pero con la llegada del correo electrónico todo se redujo a un clic. Crecer en medio de estos cambios también le permitió a De la Urbe experimentar con nuevos formatos y narrativas. Aparecieron entonces DLU Radio, DLU Televisión y DLU Digital, que llegaron a medida que el recién creado pregrado en Periodismo avanzaba en su plan de estudios y se adaptaba al entorno del momento, pero cada uno funcionaba por su lado sin converger mucho. Así lo contó Ximena Forero, quien hoy es la coordinadora de lo que llamamos sistema de medios De la Urbe El periódico siguió siendo el consentido de muchos, aun cuando los 2000 trajeron toda esa revolución digital. Y fue desde el papel que De la Urbe vagó por las calles color neón madrugada, por la melodía cleptómana del tintinear de las tragaperras y por el morbo desinhibido del sexo, la desnudez y el erotismo. Desde ese momento de consolidación, su actividad favorita ha sido recorrer Medellín para contar sus historias.
Las historias
Ramón Pineda y Camilo Jaramillo fueron dos de los directores del periódico que nos acompañaron ese día. Ramón tomó las riendas de las páginas de papel cuando De la Urbe cumplió 10 años. Camilo lo recibió poco después, a los 13, y lo tuvo hasta los 16. Ambos narraron historias de la rebeldía que ha caracterizado al medio con el paso de los años. Por ejemplo, Ramón contó que en marzo de 2011 el Esmad irrumpió en Ciudad Universitaria con su característica violencia y De la Urbe no se perdió el alboroto. Sergio González fue el fotógrafo que congeló el tiempo para que los lectores de aquella edición 52 vieran la escena de los sujetos
plásticos desfogando sus iras internas contra la rebeldía universitaria.
Muchos años después, durante la coordinación general de Juan David Alzate y la dirección del periódico de Juan David Ortiz, ambos presentes en el encuentro, ocurrió otra historia que habla de esa capacidad escurridiza para narrar historias. Ortiz contó que, en 2018, para la edición 90, les plantearon un reto a los estudiantes de Periodismo: pasar 24 horas seguidas recorriendo las calles del occidente de Medellín, por barrios que en aquel momento enfrentaban un recrudecimiento de la violencia urbana. Al reto, aunque asustaba, se le midieron 26 reporteros y reporteras.
Por su parte, Caterine Jaramillo, Daniela Gómez, Andrea Yepes, Daniela Sánchez y Mariana White fueron auxiliares o monitoras de De la Urbe en diferentes momentos. Ellas nos contaron sus vivencias desde el ojo menos directivo. Hablaron de cierres hasta tarde, de descubrimientos vocacionales, de la importancia de lo que aprendieron y del amor que sienten por hacer parte de esta historia. Por ejemplo, Andrea nos contó que en un momento en el que todos querían hablar del conflicto armado, ella encontró en De la Urbe un sitio para hablar de moda. Por eso defendió que De la Urbe es un espacio para que los estudiantes y las estudiantes de Periodismo hablen de lo que les apasiona. Dos horas de conversatorio no son suficientes para contar todo lo que De la Urbe nos ha hecho vivir. Por eso, por más que quiera contar todo lo que allí dijimos y escuchamos, lo mejor es narrar las risas mientras contábamos nuestras anécdotas, los abrazos de la gente después de años sin verse, la sorpresa después de enterarnos de cuentos que no nos sabíamos, las carcajadas luego de que se nos cayera la torta de las bodas de plata y el orgullo en los ojos por haber sido una de las tantas vidas por las que hoy celebramos el cumpleaños de un medio que tiene por vocación mantenerse joven sin importar cuántos años tenga.
Profesores, estudiantes y egresados de Periodismo que han hecho periodismo universitario a lo largo de 25 años en De la Urbe Fotos y collage: Equipo De la Urbe.
Aunque hay algunos consensos sobre la situación que afronta la UdeA ‒como la responsabilidad de la Ley 30 de 1992 en la desfinanciación histórica de las universidades‒, también hay matices y desacuerdos. Este es un rompecabezas polifónico pero incompleto de una coyuntura que amenaza la calidad de la educación y la existencia misma de la universidad más importante de Antioquia.
| Equipo De la Urbe delaurbe@udea.edu.co
¿En qué consiste la actual crisis financiera?
Francisco Cortés Rodas, profesor del Instituto de Filosofía
La crisis está determinada por la desfinanciación estructural de las universidades públicas por la Ley 30 de 1992. En los artículos 86 y 87 esta ley estableció el proceso para asignar el presupuesto de las universidades públicas, que aumenta anualmente a partir del índice de precios al consumidor. El problema reside en que, año tras año, los gastos de las universidades son mayores que ese aumento. Por ejemplo, para 2018 la desfinanciación fue de 18.000 billones de pesos para todas las universidades públicas.
Otro elemento es que en el 2002 el Gobierno promulgó el Decreto 1279 que define el proceso de asignación salarial de los profesores de las universidades públicas. Este decreto, creado con el objetivo de mejorar los salarios de los profesores universitarios, consiste en que las producciones académicas, científicas y artísticas de los docentes son calificadas en la medida en que vayan a revistas, editoriales o a instituciones científicas internacionales; esa evaluación lleva a una calificación dentro de la universidad y genera unos puntos salariales. Efectivamente esto permitió el mejoramiento del salario de los profesores, especialmente de aquellos que se han proyectado como profesores investigadores. El problema es que desde entonces los gobiernos no han cubierto el valor generado por esos puntos salariales.
¿Cuáles son las causas de esta crisis?
Ramón Javier Mesa, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y exvicerrector administrativo
Es una triada donde convergen tres fenómenos que hay que mirar de forma simultánea. El primero es el desfinanciamiento estructural derivado de la Ley 30 de 1992.
El segundo es que la Universidad ha crecido de forma desbordada, quizás con la mejor intención, pero sin fuentes de financiación permanentes. La Universidad asume la diferencia entre los costos de formación de un estudiante de pregrado y lo que la ley entrega. Hemos tenido que financiar con recursos propios el famoso Decreto 1279, además de que todo el crecimiento de la Universidad en regiones también ha sido con recursos propios. El tercero, resultado de los dos anteriores, son los problemas de caja. La Universidad tiene recursos muy limitados para atender su funcionamiento normal: tiene
Voces para entender la crisis que ahoga a la UdeA
incumplimiento de pagos a proveedores, que superan los 60 días, y el nivel de riesgo creció sobre todo para las entidades financieras que estarían interesadas en prestarle.
¿Cuándo y cómo empezó esta crisis financiera?
Olga Restrepo, representante suplente de los profesores ante el CSU
Para mí, empieza cuando se impone el modelo de Estado neoliberal, bajo el gobierno de César Gaviria y la creación de la Ley 100 de 1993, sobre la salud, y la Ley 30 de 1992, sobre la educación superior. Estas leyes privatizaban la sanidad y la educación públicas. Pero también empieza con la pérdida de identidad de la universidad pública. La UdeA era la que nos permitía abrir la mente, nos daba una forma de comprender mejor el mundo, apartada del discurso capitalista y neoliberal; eso lo estamos perdiendo como universidad.
Este año se habla de que empezó cuando se retrasaron los pagos de algunos docentes, pero a principio de año ocurrió algo interesante que me deja con inquietud: si la Universidad venía tan mal, ¿por qué hubo 12 candidatos a la rectoría? Más de uno era parte del equipo administrativo del rector del período anterior. Esto también generó una crisis por la pelea de los dos extremos políticos que tienen atravesada a Antioquia: el uribista y la izquierda.
¿Cuáles son las estrategias para enfrentar la crisis?
Francisco Vargas Bonilla, vicerrector administrativo
A largo plazo, no podemos dejar a un lado la reforma de la Ley 30 de 1992. A mediano plazo, está mejorar la liquidez de la Universidad; finiquitar el proceso de venta de bienes inmuebles no misionales que la Universidad recibió en donación y están avaluados en 92.000 millones de pesos; y esperamos que los ajustes en la operación hagan unos 25.000 millones de pesos adicionales, porque el nivel de ingresos está por debajo del de gastos.
A corto plazo, tenemos la autorización de un crédito por 90.000 millones de pesos para pagar la nómina de diciembre (con prima navideña, retroactivos, liquidación de productos, etc.). Hay un faltante adicional que corresponde a las obligaciones con proveedores: nos faltan cerca de 60.000 millones de pesos. Ahí es donde le decimos al Gobierno nacional y departamental que necesitamos recursos adicionales.
¿Por qué la rectoría insiste en el actual modelo de regionalización y crecimiento?
John Jairo Arboleda, rector
La UdeA ha liderado la descentralización de la educación superior en el departamento, de esta manera hemos ofrecido oportunidades a miles de personas que no tenían acceso a la Universidad. Actualmente la Universidad no tiene planes de creación
de nuevos campus en municipios o regiones de Antioquia. Ante la situación financiera que vivimos, la Dirección de Regionalización viene revisando la operación para identificar oportunidades de mejora que se traduzcan en la racionalización de la inversión anual, esto no significa que vayamos a renunciar a lo que hemos ganado en las últimas décadas con nuestra presencia. Los cambios esenciales que se deben dar en el modelo de regionalización tienen que ver con el financiamiento. Necesitamos que los gobiernos reconozcan y compensen el esfuerzo que está haciendo la Universidad.
¿En qué consiste el plan de austeridad?
Francisco Vargas Bonilla, vicerrector administrativo
Toda entidad pública debe tener un plan de austeridad. Con el contexto actual hemos tenido que adoptar medidas adicionales. Hemos dado recomendaciones a los ordenadores de gasto, que también son los decanos, las decanas y los directores de las unidades académicas. El plan de austeridad es una circular que emite la rectoría con recomendaciones orientadas a ser mucho más conscientes en el gasto sin afectar la misionalidad, con temas como la remuneración de la hora cátedra, las actividades especiales, los viajes, los servicios públicos. Pero es algo de norma que ha tenido elementos adicionales en el contexto actual. Al ser recomendaciones siempre quedan a criterio de quienes toman las decisiones finales.
¿Cómo afecta el plan de austeridad a la comunidad estudiantil?
Salomé Echeverri, estudiante de Ciencia Política
Nos afecta de manera colateral porque no nos nombra directamente. Lo que se nombra es que, por ejemplo, con la disminución de las horas cátedra de los profesores, también se disminuyen los cursos que nos puedan ofrecer. Eso hace que no todos los estudiantes podamos matricular y que nos atrasemos más.
El plan de austeridad busca que se empiecen a virtualizar cursos e implementar cursos cortos que, de cierta manera, buscan disminuir el enfoque científico e investigativo de las carreras y solo darnos un conocimiento para ir a reproducirlo. Si no tenemos profesores, ¿cómo vamos a tener una buena educación? Si no tenemos un personal de aseo y mantenimiento, ¿cómo vamos a tener espacios dignos de estudio? Si no tenemos compañeros y compañeras de vigilancia, ¿cómo vamos a tener espacios seguros?
¿Cómo se han afectado las sedes regionales con el plan de austeridad?
Profesora de la seccional Urabá que pide reservar su identidad
Por las dinámicas de las regiones hemos sentido la austeridad desde hace mucho tiempo. Los recursos siempre han
sido limitados. Ahora bien, las últimas medidas han afectado a los campus de manera diferencial pues esto depende de los programas y la capacidad que tengan. En el caso de Urabá, se han visto afectados los profesores y las profesoras en la disminución de horas para investigación y procesos de extensión. Se ha aumentado la carga de cursos: hay profes que tienen hasta cuatro por plan de trabajo. ¿Cómo garantizar la calidad del proceso educativo cuando los profes tienen tanta carga? Los profes y las profes que viajan desde Medellín deben hacerlo en un mismo día para evitar pagar hospedaje. Sus viáticos están llegando el día del viaje, incluso cuando han terminado su labor y están retornando. La contratación ha estado condicionada a la bolsa de horas que tiene la Dirección de Regionalización, lo que ha retrasado el inicio de cursos o asesorías. Se ha suspendido la compra de equipos necesarios para el desarrollo óptimo de algunos pregrados y ya se les ha anunciado a personas de la planta administrativa que el próximo año no se renovarán algunos contratos.
¿La Gobernación redujo los contratos de extensión con la UdeA?
Mauricio Alviar, secretario de Educación de Antioquia y exrector
Sí, durante 2024 se han firmado 16 contratos con la Universidad de Antioquia por un valor de 57.000 millones de pesos. Es cierto que esta cifra es inferior a la que se tenía el año pasado en la administración anterior, pero hay que entender que el plan de desarrollo de este gobierno se aprobó el 30 de mayo. Por lo tanto, apenas ahora se están ejecutando estos proyectos del nuevo plan que son los que generan esa contratación con las universidades.
¿Es cierto que, de seguir así, la UdeA sería inviable para 2030, como dice el exvicerrector Ramón Javier Mesa?
John Jairo Arboleda, rector
Desconozco las bases del análisis que hace el profesor para establecer con tanta exactitud el año en que será inviable el sistema de universidades públicas. Desde la entrada en vigencia de la Ley 30 de 1992 quedó claro que el sistema no era sostenible. Lo que estamos discutiendo hoy tiene que ver con la sostenibilidad de las universidades públicas. Los cambios que se logren concertar y materializar en el modelo de financiamiento del sistema universitario estatal van a ser definitivos para el futuro de nuestras instituciones. De allí la necesidad de materializar con urgencia lo que se ha venido demandando en los últimos años: una financiación acorde con el crecimiento que hemos tenido y con la contribución que estamos haciendo al país.
Francisco Vargas Bonilla, Ramón Javier Mesa, Mauricio Alviar, John Jairo Arboleda, Olga Restrepo y Francisco Cortés. Collage: José Manuel Holguín y Andrés Tuberquia.
Las enfermedades más allá del síntoma
Lo que pasa en la Universidad de Antioquia es apenas una de las consecuencias de las dolencias que aquejan a las universidades como instituciones de educación superior y proyectos culturales. Por eso, invitamos a varios integrantes de la Red de Periodismo UniversitarioNodo Antioquia, de la que hace parte De la Urbe, a que nos plantearan las reflexiones que hacen desde sus propios entornos universitarios. Estas columnas son el resultado.
Los jóvenes, los verdaderos agentes del cambio
| Laura Lopera Zapata*
La crisis educativa se ubica entre las más peligrosas para el futuro de la humanidad. El cuarto de los objetivos de desarrollo sostenible propone garantizar la educación de calidad, no obstante, el acceso a la educación inclusiva y con altos estándares resulta difícil cuando los problemas estructurales del modelo educativo tradicional no han sido solucionados.
Naciones Unidas informó en el 2023 que 224 millones de niños y niñas se ven afectados alrededor del mundo por diversas crisis. De ellas, 127 millones no tienen educación inclusiva y de calidad y 72 millones no asisten a la escuela por problemas sociopolíticos. Una realidad como esa indica que, en todos los niveles educativos, desde el inicial
hasta el universitario, se debería replantear la enseñanza para generar competencias que sean una respuesta al ritmo y las labores que exige el nuevo mundo.
El modelo educativo tradicional fue creado, en su momento, para suplir las necesidades del pasado. Sin embargo, el nuevo siglo llegó con retos que exigen cambios. La educación se debe reformar en respuesta al ambiente de transformación constante y garantizarles a todos los individuos el derecho al aprendizaje de calidad.
A lo anterior se suma que la deserción escolar está aumentando en todo el mundo y es un problema que no se puede ignorar. Acceder al sistema educativo no puede ser entendido como un privilegio, sino como lo que es: un derecho.
Los jóvenes, en conjunto con las Naciones Unidas, se expresaron en el 2022 por medio de la Declaración de la juventud sobre la transformación de la educación. En esta, hicieron un llamado a los Estados miembros y al mundo en general para que los incluyeran en la transformación del modelo educativo actual.
“No pretendemos alcanzar estos objetivos como beneficiarios pasivos, sino como socios y colaboradores a lo largo del proceso. No esperamos ninguna invitación para transformar la educación. En realidad, promovemos y generamos cambios; somos pioneros en las innovaciones, movilizamos a nuestros compañeros y comunidades, defendemos una educación universal y de calidad, y trabajamos sin descanso desde abajo para transformar la educación”, dice la declaración.
Los jóvenes tomaron la iniciativa para el cambio y, más que una petición, les exigen a los responsables de tomar decisiones que los incluyan en la transformación, que inviertan recursos, generen estrategias para garantizarles una educación digna a todas las personas y mejoren la calidad en los niveles del sistema.
Si los propios jóvenes están pensando en su educación y tienen en mente soluciones que pueden contribuirles no solo a ellos sino a las generaciones futuras, se debería tomar en cuenta su participación como ciudadanos activos en este proceso.
*Coordinadora del equipo estudiantil de Bitácora, laboratorio de contenidos convergentes del programa de Comunicación Social de la Universidad Eafit.
Que la comunidad académica sea la sociedad toda
| Semillero de Periodismo Urbano Contexto*
La universidad no es la única institución social cuyo papel llega a desdibujarse por las circunstancias que condicionan su viabilidad financiera (los medios de comunicación son otra). No obstante, la dilución de la función social de la academia tiene un mayor impacto, en tanto se trata de una prueba clave del desarrollo de las sociedades. Partimos de la idea de que la universidad no es solo un espacio para la formación académica, sino para el fomento del desarrollo personal y profesional; mucho más que una proveedora de conocimiento, es un medio que amplía la perspectiva del mundo de quienes, gracias a ella, hacemos comunidad. En medio de convergencias de saberes, culturas e individuos, la universidad, desde su función sustantiva de investigación, genera conocimiento que, entre los numerosos impactos sociales que tiene y que son esenciales para el avance de diversas disciplinas, comienza por abrir las mentes de los estudiantes y expandir sus horizontes más allá de lo puramente académico.
La universidad es también una experiencia vital que ayuda a construir un orden y una estructura a las ideas y los proyectos de vida tanto en los estudiantes como en los docentes, por ejemplo, en la interacción con un espacio cuya naturaleza
esencial es la diversidad y el respeto por diferentes perspectivas.
La universidad sabe proporcionar respuestas determinantes ante crisis globales, como lo hizo en la pandemia del covid-19, además de brindar aproximaciones más reflexivas frente a estas. Aun cuando padece sus defectos, hoy sigue siendo depositaria de las esperanzas de millones frente a otros fenómenos críticos.
En esas circunstancias también resultan evidentes sus principales retos y problemas: la rigidez estructural y la insuficiente adaptabilidad para responder a los cambios que se están produciendo en la sociedad, el renovado protagonismo de formas de empleo que no requieren títulos profesionales, las actuales demandas del mercado laboral, la necesidad de que emerjan nuevas disciplinas y una serie de cambios sociales y demográficos que afectan, en principio, su sostenibilidad financiera.
La excesiva dependencia de procesos administrativos y la falta de flexibilidad en cuestiones básicas, como los procesos de admisión, construyen esquemas que atrapan a la universidad y la conducen a excluir personas que pueden hacer aportes muy valiosos a la comunidad académica y como profesionales.
Las nuevas tecnologías, la integración de competencias que surgen fuera de las disciplinas tradicionales, la conexión con las realidades de las personas en formación (que no son solo los estudiantes) son algunos de los escenarios que retan las capacidades de la universidad. Esta requiere a su vez el apoyo de la sociedad que la ubique como promotora de una forma de ver y vivir el mundo que, al estar basada en valores esenciales que reafirman nuestra condición humana, resulta accesible, relevante y conveniente para la sociedad en su totalidad, en su complejidad.
*Este texto surge de las discusiones del Semillero de Periodismo Urbano Contexto, de la Universidad Pontificia Bolivariana, en las sesiones del 17 y 18 de septiembre de 2024. El registro de estas se sistematizó y sintetizó con el apoyo de una inteligencia artificial. El docente coordinador efectuó la edición final y sometió el texto al visto bueno de los estudiantes participantes.
La crisis de la educación superior en la era tecnológica
| Carolina Echavarría Osorio*
La universidad enfrenta una profunda crisis que se ve evidenciada en la incapacidad de adaptarse al avance vertiginoso de la tecnología. Esta situación refleja varias brechas: la pobreza es una de las más evidentes; la diferencia entre la educación urbana y la rural y la que existe entre lo que exige el mercado laboral y la formación de profesionales.
Por ejemplo, un estudiante de escasos recursos que vive en una zona rural tiene dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas y al contenido actualizado que en su futuro empleo podría requerir. En algunos casos, los estudiantes no disponen de los espacios y los instrumentos necesarios para desarrollar su formación académica de manera adecuada, según expone Geidy Dahiana Demarchi en el artículo “Retos de la educación superior para responder a las exigencias sociales en Colombia” (revista Academia y Virtualidad ).
A pesar de tener una oferta en plataformas digitales, cursos en línea y metodologías de aprendizaje autónomo y dirigido, muchas universidades de Colombia continúan enseñando de forma tradicional. Sin embargo, como lo manifiesta Julián de Zubiría en el pódcast IDEP, de la Alcaldía de Bogotá, este escenario no solamente busca reducir estas fisuras educativas; también es una tarea política en busca de fortalecer nuestra democracia.
La falta de una Ley Estatutaria de Educación debilita este proceso y deja en
manos de políticas fluctuantes la estabilidad y la evolución de un sistema educativo inclusivo y moderno, esencial para la construcción de una ciudadanía informada y crítica. Unido a esto se presenta, en igual o mayor medida, una crisis económica que en el caso de las universidades públicas se refleja en la reducción de presupuestos gubernamentales, lo que debilita la infraestructura, la contratación de personal calificado y la inversión en tecnología educativa; y en el caso de las universidades privadas, la disminución de matrículas en razón de los altos costos y de efectos residuales de la pandemia, lo que ha llevado a las familias a replantearse la viabilidad de la educación superior privada.
Estamos ante un estatus de mundo diferente. Esta realidad no solo busca que las estructuras tradicionales de la educación superior cambien, se adapten y se acojan al mundo interconectado, sino que, además, no sigan operando con los paradigmas del pasado. Esta situación puede comprometer en un largo plazo la capacidad de las universidades para formar estudiantes con habilidades competitivas, pues los métodos de enseñanza se encuentran estancados, asunto que ha disminuido su calidad. Es necesario, por lo tanto, innovar y repensar los modelos de sostenibilidad de la universidad.
A pesar de estas limitaciones, hay docentes en las universidades que impulsan proyectos que aprovechan las herramientas digitales para democratizar el acceso al conocimiento, pero sin respaldo institucional ni financiamiento adecuado. Esta falta de apoyo se evidencia en que las iniciativas permanecen como proyectos aislados, limitados a experiencias personales, lo cual restringe su impacto real en el ámbito universitario y la oportunidad de convertirse en prácticas educativas más amplias y sólidas.
Una posible salida, además de ser un reto importante en la educación superior, es la formación de alianzas estratégicas, no solo en lo tecnológico y empresarial, sino también con iniciativas comunitarias y organizaciones no gubernamentales. Estas alianzas permitirían una perspectiva más multidimensional en la formación, en la cual los recursos y los conocimientos compartidos permitan la creación de programas de estudio más dinámicos y enfocados al aprendizaje aplicado. De esta manera, se contribuirá a que los estudiantes tengan oportunidades y experiencias educativas más completas, no solo mediante la conexión con el mundo real y sus desafíos, sino también por medio de movilización hacia alternativas externas. Superar esta crisis implica hacer reflexiones críticas que conlleven a la misión de la universidad de nuestros tiempos, donde no solo sea transmitir conocimiento, sino, además, formar individuos con pensamiento autónomo y ético. Es importante, entonces, una acción colectiva y coordinada en la que las instituciones, el Gobierno y la sociedad en general concreten la responsabilidad de contribuir a un sistema educativo a la altura de los retos actuales.
Este propósito debe estar respaldado por un entorno que valore y apoye los esfuerzos de transformación y reconozca el impacto de la educación en la construcción de una sociedad más equitativa y sostenible. De esta manera habrá una construcción de un sistema universitario resiliente y cambiante que responda a las demandas del mundo moderno y garantice una educación superior continua como fuente de desarrollo hacia un futuro justo y próspero.
*Docente del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Católica Luis Amigó, sede Medellín.
La coyuntura del 2024
Disección de una crisis de antes y de ahora
Lunes 20
La UdeA les anunció por correo a docentes y personal administrativo el retraso en el pago de nómina.
Miércoles 22
La Asamblea General de Estudiantes se declaró en asamblea permanente por la emergencia de violencias basadas en género. La coyuntura se dio entre nuevas denuncias y casos conocidos, pero sin resolver.
Viernes 24
La Asamblea General de Profesores se declaró en asamblea permanente por la situación financiera de la UdeA.
Miércoles 12
La Gobernación de Antioquia anunció el adelanto de los recursos de julio ($4800 millones) para aliviar el flujo de caja de la Universidad. El gobernador Andrés Julián Rendón le pidió austeridad a la administración y el secretario de Educación, Mauricio Alviar, propuso disminuir el 50 % de los contratos de cátedra.
Jueves 20
La rectoría compartió una circular con el primer grupo de “recomendaciones” de austeridad: límites de horas cátedra, publicidad, viáticos y cupos mínimos de estudiantes en los cursos.
Martes 30
El Consejo Superior Universitario (CSU) autorizó al rector para contratar un crédito de corto plazo hasta por $90.000 millones. Ese mismo mes, el Gobierno nacional anticipó el giro de diciembre por $38.633 millones.
Lunes 26
Mauricio Alviar reiteró en El Colombiano su propuesta de disminuir la mitad de los contratos de cátedra y puso el 2025 como meta para lograrlo de forma gradual.
Martes 17
El ministro de Educación, Daniel Rojas, se reunió con alrededor de 260 estudiantes y profesores. Se manifestó contra la reducción de horas cátedra que planteó la Gobernación y pidió “un esfuerzo conjunto con alcaldías y gobernaciones para cerrar la brecha”.
Miércoles 18
38 congresistas, encabezados por Jennifer Pedraza y Daniel Carvalho, firmaron una carta pidiéndole al Gobierno nacional que le inyecte $168.000 millones a la UdeA en 2025.
Lunes 30
Mauricio Alviar anunció que, por una sola vez, la Gobernación de Antioquia aportará la tercera parte de la reducción del déficit que logre la UdeA.
Octubre
Martes 1°
El ministro de Educación, la bancada antioqueña y los representantes de la Gobernación y la Alcaldía de Medellín dialogaron, sin resultados, sobre un plan de salvamento para la UdeA.
Miércoles 2
El ministro de Educación y el rector John Jairo Arboleda asistieron a la asamblea multiestamentaria en la UdeA, con cerca de 1500 asistentes. El gobernador Rendón y el alcalde Gutiérrez fueron invitados, pero no asistieron.
Noviembre
Viernes 1°
La Gobernación de Antioquia y el IDEA anunciaron un crédito de tesorería por $90.000 millones para que la UdeA cubra sus obligaciones de nómina el resto del 2024.
Hablemos de cifra$
Desfinanciación acumulada
La desfinanciación acumulada es la suma de los déficits de diferentes años.
Desfinanciación en 2023 : $348.094 millones 2024*: $436.115 millones
Aunque el cálculo inicial del déficit para 2024 fue de $74.884 millones*, para cubrir su funcionamiento el resto del año la UdeA necesita
*Proyecciones de la Vicerrectoría Administrativa 2024.
Déficit es la diferencia entre Gastos: $818.309 millones Ingresos*: $741.425 millones
*Por Ley 30.
El peso de la nómina
$130.000 millones
Tras el desembolso del crédito de la Gobernación y el IDEA por $90.000 millones, la UdeA busca recaudar por su cuenta los $48.000 millones faltantes con contratos, venta de predios y otras fuentes.
Más del 80 % del dinero que recibe la UdeA del Estado se va en pago de nómina.
En 2024-1 el 74 % de los 8267 profes era de cátedra
Ahorro proyectado: $19.540 millones. Reducción de horas cátedra 27 % entre 2023-1 y 2024-2
Las posturas
Docentes Estudiantes
Han manifestado desacuerdo con las medidas de austeridad, en particular con la reducción de horas cátedra. Están en contra de que se les responsabilice de la crisis financiera, por ejemplo, por el valor de sus salarios. Cuestionan que haya más endeudamiento para enfrentar la crisis. Tienen diferencias internas sobre su posición frente a la administración central.
Les han reclamado a los gobiernos nacional, departamental y distrital que tomen acciones estructurales para atender la crisis. También le atribuyen responsabilidad al rector Arboleda y su administración. Reclaman una reforma a la Ley 30 y han incrementado su movilización hacia el final del 2024 con asambleas, marchas, acciones culturales, entre otras.
Ha hecho “recomendaciones” de ahorro a todas las dependencias de la Universidad. Descarga la responsabilidad de la crisis en los problemas estructurales y señala la necesidad de reformar la Ley 30. Defiende el modelo de crecimiento de la Universidad en regiones y dice que ha gestionado los recursos necesarios para finalizar el año.
Rectoría
La situación financiera que atraviesa la UdeA no comenzó con el retraso en el pago de nómina a algunos docentes por falta de liquidez en mayo de 2024, pero ese hito la puso en la agenda. Desde entonces, abundan los datos y diagnósticos que tratan de explicar lo nuevo y lo de siempre, el déficit actual y el desfinanciamiento estructural.
Fuentes de ingresos
Fondos generales: aportes de los gobiernos nacional y departamental por Ley 30. Fondos especiales: recursos generados por la venta de bienes y servicios. Fondo de estampilla y retención del IVA.
1992
El estudiantado $10.5 millones
cuesta cada estudiante de pregrado por semestre, en promedio
¿Quién cubre ese valor?
El 93.3 % de los matriculados en pregrado no paga matrícula por ser de estratos 1, 2 y 3.
El 78.5 % de los matriculados estudian en Medellín, pero el distrito no aporta a la base presupuestal.
Gobierno nacional Gobernación de Antioquia
El presidente Gustavo Petro aseguró que “ayudaría a salvar la universidad”, pero no ha dicho cómo o cuándo, y le ha reclamado al alcalde de Medellín por no aportar más recursos a la UdeA. Por su parte, el ministro de Educación Daniel Rojas participó en la reunión para el plan de salvamento de la Universidad, se ha reunido con estudiantes y profesores, y les pidió a la Gobernación y la Alcaldía trabajar en conjunto para solucionar la crisis de la Universidad.
El gobernador Andrés Julián Rendón y el secretario de Educación Mauricio Alviar aseguran que el responsable de la crisis es el Decreto 1279 (salarios docentes), y que el Gobierno nacional debe actuar al respecto. Propusieron reducir el 50 % de los contratos de cátedra, un crédito de tesorería de $90.000 millones y un aporte adicional en el que la Gobernación pondría un 33 % de cada peso que la Universidad logre reducir del déficit.
Alcaldía de Medellín
El alcalde Federico Gutiérrez ha insistido en que los responsables de atender la desfinanciación son los gobiernos nacional y departamental, pues la Alcaldía tiene obligaciones con las instituciones universitarias de la ciudad. Sin embargo, el 18 de noviembre se reunió con el rector Arboleda para escuchar propuestas de alivio financiero como tarifas diferenciales en servicios públicos y contribuciones del impuesto predial.
| Juana Zuleta Betancur juana.zuleta@udea.edu.co
| Santiago Vega Durán santiago.vega@udea.edu.co
Más de 30 años de crisis
Promulgaron la Ley 30 de 1992, que estableció en los artículos 86 y 87 un modelo de financiación basado en la variación del índice de precios al consumidor. Los gastos de funcionamiento en las universidades públicas han crecido por encima de ese indicador.
2002
La Presidencia de la República decretó el régimen salarial y prestacional de los docentes de universidades estatales (Decreto 1279 de 2002) según la formación, experiencia y productividad académica, pero los aumentos no quedaron recogidos en la financiación de la Ley 30.
2011
En noviembre, tras varios meses de movilizaciones estudiantiles en todo el país, el gobierno de Juan Manuel Santos retiró un proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992 que promovía, entre otras cosas, el ánimo de lucro en las universidades.
2017
En abril se aprobó la reforma tributaria que incrementó el IVA del 16 % al 19 %. El Sistema Universitario Estatal logró que una tercera parte de ese incremento se destinara a las universidades públicas. A la UdeA le correspondieron $18.000 millones que fueron destinados para reducir el déficit y crear 30 nuevas plazas de profesores.
2018
La desfinanciación de las U. públicas del país ascendió a $17.6 billones, lo que motivó movilizaciones masivas de universitarios. En diciembre, estudiantes y Gobierno nacional acordaron adiciones a la base presupuestal: 3.5 % en 2019, 4 % en 2020, 4.5 % en 2021 y 4.65 % en 2022.
2020
Debido a la emergencia sanitaria por covid-19, la UdeA sufrió una reducción del 40 % en sus ingresos por la suspensión de actividades que significaban la obtención de recursos propios. Pese a la contingencia, la Universidad mantuvo todo su personal.
2023
Se cayó el proyecto de reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 que habían radicado, a mediados del 2022, congresistas de los “sectores alternativos” liderados por la representante Jennifer Pedraza. El proyecto fue aprobado en primer debate, pero no llegó a plenarias.
2024
En junio se hundió el proyecto de Ley Estatutaria de Educación promovido por el Gobierno y que buscaba establecerla como un derecho fundamental. En la estrategia gubernamental, esta ley era el requisito previo para llevar a cabo una reforma integral -no solo en temas de financiación- a la Ley 30 de 1992.
Fuentes: Vicerrectoría Administrativa e informes financieros de la Universidad de Antioquia; Mesa Ético Política de la Asamblea General de Profesores; declaraciones públicas de funcionarios de la UdeA; entrevistas propias; prensa: Portal Universitario, El
La profe Lauren: entre la negligencia institucional y el apoyo feminista
Su caso representa las dificultades a las que se enfrentan las víctimas de violencias basadas en género cuando activan la Ruta Violeta, un mecanismo que se ha quedado corto para responder a las complejidades de esos hechos y que ha suscitado manifestaciones de docentes y estudiantes durante 2024 en la UdeA.
| Valentina Quintín López v.quintin@udea.edu.co
Una pañoleta colgada en la ventana del despacho reza: “Justicia feminista es educación transformadora para una vida digna y libre de violencias”. Lauren Flor Torres regresó a ese lugar el lunes 16 de septiembre de 2024, después de pasar tres meses fuera de Medellín, la ciudad donde vive desde hace más de dos años. En mayo, tras enterarse de que su acosador tenía su número de teléfono y su dirección exacta, tuvo que mudarse a Cali –su ciudad natal– como última medida de seguridad. Lauren es profesora del pregrado en Astronomía de la UdeA desde junio del 2022. Es doctora en Astrofísica de la Universidad de Guanajuato (México), líder y cofundadora del colectivo Colombianas Haciendo Investigación en Astrofísica (CHIA) y dirige el grupo de divulgación científica Hermes, conformado por profesores y estudiantes del Instituto de Física de la Universidad. Lauren también es, entre todo, una de las 148 mujeres que han activado la Ruta Violeta en la UdeA en 2024 hasta el cierre de esta edición. La Ruta Violeta es el mecanismo institucional para la atención, la investigación y la sanción de las violencias basadas en género (VBG) y la violencia sexual (VSX), y aunque sus inicios se remontan al 2019, el protocolo que formaliza la ruta se emitió el 26 de enero del
2024, como respuesta a las exigencias del Ministerio de Educación Nacional.
Su vida, dice Lauren –pelo liso, ojos castaños, gafas cuadradas–, era investigar, estudiar, divulgar, enseñar, acompañar a los estudiantes que la necesitaran. En un mundo donde las mujeres han enfrentado barreras para hacer ciencia, se encontró con muy pocas profesoras. Por eso, siempre ha actuado como le habría gustado que hubieran sido las maestras que nunca tuvo.
Todo empezó en junio de 2023. Lo que Lauren decía en sus redes sociales, Pablo Restrepo Valencia, el hombre detrás del acoso, lo ponía en duda y la atacaba en las mismas plataformas.
Ella no le había dado clase, pero sí lo había visto por la facultad. Se volvió común que estuviera merodeando, sobre todo por las noches, cuando no quedaba nadie en el cuarto piso, donde estaba su antigua oficina. La solución que le dio la facultad fue que se bloquearan mutuamente en redes sociales. Sin embargo, los ataques continuaron, e incluso una vez, cuenta Lauren, la siguió hasta un evento en Bogotá.
–Pero eso quedó así –dice Lauren–porque me dijeron que él no era estudiante activo, que se había retirado de la carrera y por eso, supuestamente, no le habían podido hacer nada.
En enero del 2024, Pablo Restrepo solicitó el reingreso al pregrado en Astronomía y publicó un hilo en X en el que decía “la vaciada a esa parranda de hijueputas no me la guardo”, refiriéndose a las personas del programa académico. Cerraba diciendo que “ojalá no pase de simples insultos”. La profesora tuvo que cambiarse de oficina. Un mes después, en febrero, Restrepo reingresó oficialmente y los ataques continuaron, no solo contra ella, sino contra los integrantes de Hermes. Todo escaló a la presencialidad: la esperaba afuera de su lugar de trabajo, frecuentaba los mismos espacios que ella, vociferaba insultos y acusaciones. No la nombraba, pero para ella no era casualidad que se parara afuera de su oficina a gritar cuanta palabra se le pasaba por la cabeza. Ese mismo mes, Lauren activó la Ruta Violeta y, como parte de la atención, la comunicaron con la dupla psicojurídica de la Colectiva Justicia Mujer: la abogada Dana Joven Scarpeta y la psicóloga Nidia Cristina Betancur.
Dana explica que quien toma la decisión de aplicar o no las medidas preventivas es la unidad académica o administrativa a la que el agresor pertenece y, a veces, les falta voluntad: “La Universidad protege a las mujeres hasta el punto en que las víctimas
pueden poner su caso en conocimiento de la Ruta Violeta, pero lo que sigue de ahí en adelante no da una garantía de protección porque la ruta o las decisiones que tome el Equipo Violeta para solicitar una medida de protección a una unidad académica no son vinculantes. Es decir, no los obligan si no quieren”, señala la abogada. ***
–Enerofebreromarzo… ¿Qué hubo en marzo? Cada semana ocurría alguna situación. Incluso tengo todo documentado y son casi 150 páginas de pantallazos, de recuento –dice Lauren.
En marzo de 2024, Restrepo empezó a frecuentar las reuniones y eventos organizados por el grupo Hermes, pero también a acusar a Lauren de malgastar dinero público y a mandar derechos de petición alegando que le tenían que dar claridad de dónde estaban dichos dineros.
–Enerofebreromarzo… luego en abril… Han sido tantas cosas que se me van...
–¿Jueves de la Ciencia? –le dice Dana, su abogada, como tratando de darle luz en la oscuridad de sus recuerdos.
–Sí, Jueves de la Ciencia.
El 4 de abril Lauren fue invitada a Jueves de la Ciencia, un evento de la Biblioteca Pública Piloto. Ella, que además de profesora es divulgadora científica, dice que fue la primera vez que sintió nervios de ir a una actividad así.
–Temor. Miedo. Angustia. Yo no disfruté ese espacio porque él había dicho que iba a ir a hacer muchas preguntas y que iba en modo agresivo.
–En modo kamikaze, así lo puso él –complementa Dana. Pablo Restrepo Valencia fue, grabó, preguntó, gritó y no se quiso ir una vez terminó el evento. Afuera de la biblioteca, cuando el grupo con el que estaba la profesora salió, los volvió a amenazar diciendo, según recuerda Lauren, “sopa y seco les voy a dar”.
En mayo, en medio del furor de la emergencia por VBG en la UdeA, Lauren siguió siendo acosada, incluso en varios espacios asamblearios. Restrepo iba, se sentaba cerca de la mesa moderadora y, aunque le pedían que se retirara, se negaba a irse. La nueva solución de la facultad: ofrecerle a Lauren teletrabajar desde su casa. Ella recuerda la desesperación: –¿Por qué me tengo que ir yo y por qué no se va él?
La respuesta: a él ya se le había ofrecido estudiar desde la virtualidad, pero nunca aceptó porque alegaba que tenía derecho a ir a la Universidad.
Lauren Flor Torres, profesora de Astronomía, regresó a la UdeA en septiembre del 2024 Foto: Valentina Quintín López.
FacultaddeComunicacionesyFilología
Para finales de mayo, el caso de Lauren ya empezaba a ser reconocido. Y se viralizó después de que Jacarandas publicó el 20 de mayo un video al respecto. Luego, siguieron otros medios: Blu Radio, El Espectador, El Colombiano. Aun así, Restrepo no paró. ***
Es 24 de mayo de 2024. Lauren madruga: es incapaz de dormir bien por la ansiedad del “qué va a pasar hoy”. Revisa su celular y tiene un mensaje de un número desconocido. Es Pablo Restrepo notificándole que tiene su número, que por las notas de los medios él y su familia están recibiendo amenazas y que él también podría intimidarla yendo a su casa. El mensaje incluye, además, la dirección exacta del domicilio de la profesora. –Yo me desestabilicé completamente. Dije “es momento de irme”.
Según Lauren, Pablo Restrepo obtuvo sus datos porque, como parte implicada en el caso, recibió una copia del expediente de la Unidad de Asuntos Disciplinarios (UAD) de la UdeA, en la que por un error en el proceso quedó su información personal. Aunque De la Urbe le preguntó a la UAD específicamente por este caso, respondieron de forma general, asegurando que datos como los obtenidos por Restrepo “... se conservan en un cuaderno reservado que se encuentra separado del expediente principal, y su uso se restringe única y exclusivamente al proceso disciplinario y de manera específica cuando ello sea necesario”.
SOSUDEA
Cuando llegó a Cali, cuenta Lauren, la depresión se tornó intensa. Algunos días ni se podía parar de la cama: –Yo tenía mi espacio, lo propio, mi lugar de trabajo, mi red de amigos, mis estudiantes, mis tesistas, los profesores. Todo eso lo perdí. Todo lo tenía que manejar desde la distancia. Tras negarse a brindar una entrevista, Bienestar Universitario –bajo la dirección de Juan Gabriel García– aseguró que la Ruta Violeta se compone de “acciones articuladas para garantizar la atención y la protección de las personas victimizadas, su recuperación y el restablecimiento de sus derechos”. Para Nidia, el funcionamiento de esa atención integral no depende únicamente del Equipo Violeta, sino también de la apropiación de decanos, docentes y de una respuesta colectiva que permita la estabilización de la víctima.
Nidia dice que en el caso de Lauren han visto “una respuesta por parte de la directiva de la facultad que no es la debida frente a la gravedad del caso”. Asegura que se ha minimizado y banalizado; que no hay enfoque ni sensibilidad y que hay todo un camino por recorrer en todos los actores institucionales.
El director de Bienestar añade en su respuesta que, en cuanto a la reparación para las víctimas, para este trienio se llevará a cabo el Plan de Acción Institucional de Equidad de Género con el fin de construir una política institucional que garantice el
restablecimiento de los derechos, incluyendo medidas de protección en todos los ámbitos. ***
Cuando se habla de qué tanto la UdeA protege a las mujeres, Nidia recuerda lo que percibió mientras la Colectiva prestó sus servicios a la Universidad: que entablar una queja no protege, que las denunciantes se sienten desgastadas, mal miradas, insultadas o se encuentran con sus agresores. “En general hay mucha desconfianza y mucha prevención a la hora de decir ‘voy a encontrar en la ruta un asunto garante y aquí me voy a ver protegida’. Eso no es lo que vimos, no es la concepción que hay de la ruta”, apunta.
Cuando Nidia habla sobre la ruta ideal, enfatiza en que la Universidad debe determinar claramente quién es el responsable de la reparación y que, aunque está claro que la responsabilidad principal es del agresor, quién y cómo lo conduce para que efectivamente cumpla con ese deber son preguntas que quedan en el aire.
Pasaron los meses y Lauren pudo volver a Medellín solo porque Pablo Restrepo fue privado de la libertad tras haber sido condenado por violencia intrafamiliar agravada contra su expareja. Sin embargo, los procesos disciplinarios en la Universidad siguen.
Según el Equipo 3 de la UAD, encargado de los casos de VBG y VSX, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no establece un
término definido para la investigación de los estudiantes, “motivo por el cual este no está limitado a un tiempo específico”. Para los empleados de la Universidad el tiempo es de máximo 18 meses.
–Más allá del derecho disciplinario, ¿qué se puede hacer?
–Tiene que haber una articulación interinstitucional –dice Nidia– y no vemos un interés político. Si esto se ha impulsado, ha sido por el movimiento social de mujeres, por las feministas, las organizaciones que se han metido a impedir que se retrocedan los avances que hemos logrado durante todos estos años. Este es un tema de poderes, por eso la respuesta no es tan simple como “hagamos unos talleres”. No, esto es una respuesta compleja porque la violencia contra nosotras es compleja y es estructural. El día en el que la profesora Lauren volvió a la Universidad se encontró una mariposa posada al lado del golpe en la puerta de su oficina que, según ella, apareció de la noche a la mañana. Vio, además, el grafiti “¡No estás sola!” en la pared del frente y pensó: “Wow, volví”. Cuando hace el recuento de todas las veces que se sintió acompañada –por amigos, estudiantes, personas que ni siquiera conoce–, se aprecia en ella cierta esperanza, no como quien ve la luz al final de un túnel, sino como quien ve los rayos de luz que, a pesar de todo, logran traspasar la oscuridad.
La Colectiva Justicia Mujer espera respuestas de la UdeA
| Laura Manuela Cano laura.cano1@udea.edu.co
La Corporación Colectiva Justicia Mujer (CCJM), que brindó asesoría psicojurídica a las mujeres denunciantes por violencias basadas en género (VBG) en la UdeA, anunció el fin de su contrato con la Universidad el 29 de mayo de 2024, en medio de la emergencia por esas violencias, “debido a las tensiones recurrentes y las diferencias agravadas en el segundo semestre del año 2023, cuando se iniciaron conversaciones de cara a un nuevo contrato”, según señalaron en un comunicado. Después de la finalización del primer contrato, el 18 de febrero de 2024, accedieron a firmar otro por 62 días para hacer el cierre de los procesos. Este se formalizó el 18 de marzo
de 2024, pero la CCJM siguió trabajando durante los 28 días entre uno y otro por solicitud de Bienestar Universitario.
Según dijo la CCJM en mayo, no suspendió la prestación de los servicios para priorizar “el cuidado de las víctimas, lo que ocasionó una importante carga financiera en la organización. Este aspecto, así como el retraso de los pagos pendientes se ha abordado con Bienestar Universitario sin contar con una respuesta clara y de fondo”. Seis meses después, la CCJM sigue sin recibir el pago por ese trabajo, que calculan en más de 88 millones de pesos.
Nathalia Álvarez, subdirectora de la CCJM, cuenta que durante estos meses han mantenido contacto con la dirección de Bienestar Universitario, encargada de la Ruta Violeta; primero con Marcela Ochoa, directora hasta junio de este año y ahora vicerrectora de Docencia, y luego con Juan Gabriel García, actual director. “Con él hemos tenido un cruce significativo de correos, pero hasta ahora no nos ha respondido qué se va a hacer con esta situación”, cuenta Álvarez. Añade que en agosto les dijo en una reunión que no estaba al tanto de la
situación, pese a que allí había personas que sabían de los acuerdos previos: “Nos dijo casi como que demandemos a la Universidad, y quedó con el compromiso de hacer la consulta y respondernos”. El último correo al director lo enviaron el 2 de octubre.
Desde De la Urbe le preguntamos a Juan Gabriel García qué pasaría con el pago de la CCJM y el 10 de octubre contestó que les responderían directamente a ellas: “Cualquier pago realizado desde una entidad pública, al comprometer recursos públicos, está sujeto al cumplimiento de los requisitos legales establecidos tanto en las normas generales de contratación como en el Estatuto de Contratación particular de la Universidad de Antioquia”.
Esta situación se da en medio de la crisis financiera de la UdeA. Aunque la CCJM entiende que el silencio de la Universidad podría justificarse en esa coyuntura, escalarán el asunto legalmente. “Si se mantienen en su posición de no responder, avanzaremos con una acción de tutela; y si no da respuestas de fondo y asume este compromiso tendríamos que continuar con los mecanismos legales. Nos parece un desgaste innecesario, porque tanto a la Universidad como a nosotras nos saca del
centro, que es lograr una universidad libre de violencias”, apuntó Álvarez. A pesar de no haber recibido respuestas sobre el pago, el 22 de agosto la Universidad les solicitó una precotización para “contratar el servicio de asesoría de representación técnica en procesos penales y disciplinarios en favor de personas víctimas por hechos de violencias basadas en género”. La Dirección de Bienestar Universitario está adelantando la apertura de una licitación pública con ese propósito, como lo anunció la Universidad en junio, aunque esto no se aclaraba en el documento enviado a la CCJM.
Pese a no tener contrato con la UdeA, la colectiva sigue acompañando 21 procesos de 13 mujeres que, según afirman, no encontraron condiciones para ser representadas por ZEA Abogadas, la firma que quedó a cargo tras la salida de la CCJM.
Durante la movilización por las violencias basadas en género, las estudiantes manifestaron su apoyo a la profesora Lauren. Foto: Daniel Gómez Penagos.
Una familia “picada” por el olvido
Esta no es una historia genérica sobre el miedo a olvidar. La autora hace parte de una familia portadora de la “mutación paisa” o alzhéimer hereditario. La probabilidad de un futuro vacío de recuerdos se puede medir, pero su experiencia familiar es imponderable. Este es, también, un recuerdo muy personal sobre el legado del doctor Francisco Lopera.
| Juana Alzate juana.alzatep@udea.edu.co
Mi primer recuerdo es quizás un sentimiento: miedo. Sentí miedo cuando mi abuela, en su etapa de demencia, me encontró bajo la cama y me haló consigo para que la acompañara en una búsqueda incansable de algo que quizá nunca perdió. Miedo, la primera vez que un familiar no me reconoció. Miedo, cuando mi abuela, en su lecho de muerte, no tuvo conciencia de sí misma ni de las personas que la rodeábamos. Miedo, la primera vez que vi médicos y enfermeros en mi casa explicando la enfermedad. Y claro, siento miedo ahora. Soy Juana y puedo o no ser portadora de un gen degenerativo que mi bisabuelo Oracio nos heredó. Me asusta pensar que un día ya no voy a estar. Pero me asusta más pensar que no seré capaz de recordarme, recordar mi casa, mis niños. Me asusta pensar que a los 50 dejaré
de ser una persona y que ahora me quedan al menos 30 años antes de que empiece a recordar solo los aspectos que para ese momento serán importantes. Me asusta pensar, lo malo es que pienso demasiado. No sé si lo padezco o lo padeceré en un futuro, pero sí sé que tengo más oportunidades de ganarme esa rifa infame, ese tingo tingo tango con el que nadie quiere quedar. Mi abuela materna lo heredó y ya sabemos, gracias a las investigaciones del Grupo de Neurociencias de la UdeA, que mi tía no lo padecerá; así que el siguiente eslabón sería mi mamá y, con ella, mis hermanos o yo. En mi familia materna heredamos el gen del alzhéimer familiar, llamado la “mutación paisa” por el doctor Francisco Lopera, ganador en 2024 del premio Potamkin, considerado como el Nobel de la investigación contra el alzhéimer. Se trata del alzhéimer autosómico dominante que a diferencia de la forma esporádica, que no se hereda y donde el riesgo aumenta con la edad, está vinculado con alteraciones genéticas específicas que se transmiten de padres a hijos.
A mi familia no le gusta pensar en la idea de no poder recordar, por eso existe una especie de pacto silencioso en el que no le llamamos a la enfermedad por su nombre. Tampoco expresamos cómo nos duele, asusta o enoja haber visto morir a nuestros familiares por esta afección. Por eso no les decimos a las personas que entran en etapa amnésica que son portadoras, porque si no lo notan ni se preocupan, quizás la enfermedad no se las lleve tan rápido. El alzhéimer, para nosotros, es un bicho que pica; y susurramos entre grupos de miembros sanos que “la tía ya está picada” o que “la picó hace rato”, pero nunca se lo decimos.
El descubrimiento del olvido
Cuando el doctor Lopera inició sus estudios en Medicina en la UdeA, en 1970, su abuela enferma de alzhéimer dejó de reconocerlos a él y a su padre. Que la enfermedad de su abuela no tuviera cura fue el detonante para prometerse que no dejaría a nadie sin esta. En los 80, mientras
investigaba el cerebro humano, se encontró con un paciente de 47 años con recuerdos perdidos. Lo estudió e investigó hasta llegar a Yarumal, donde se topó con 25 familias portadoras que sumaban 1200 afectados. En esta etapa conoció a la psicóloga clínica Lucía Madrigal, quien también tenía una conexión personal con el alzhéimer: una prima suya padeció la mutación paisa. Madrigal se unió al doctor Lopera en la misión de desentrañar los misterios del alzhéimer en Antioquia y comenzaron un riguroso estudio interdisciplinario para abordar la enfermedad desde múltiples ángulos y desmitificarla en la comunidad local.
Los doctores Madrigal y Lopera encontraron en el norte de Antioquia una comunidad que había heredado la enfermedad desde la Colonia; la misma gente del pueblo decía entre murmullos que padecían un castigo, un mal impuesto. La investigación inició en 1984 y continuó hasta el 2000 con un amplio estudio poblacional que da cuenta de enfermos desde 1740 con orígenes en cerebros españoles afectados. Siguieron su estudio por los siguientes 15 años con las nuevas generaciones de familias.
El doctor Lopera continuó su investigación casi hasta el final de su vida. Murió el 3 de septiembre de 2024, a los 73 años, a causa de un cáncer de piel. Desde pequeña escuché, memoricé y repliqué el mismo discurso y las mismas explicaciones durante cada visita que él hacía a la casa de los enfermos. Aprendí que esta enfermedad puede ser causada por factores como la genética o el ambiente.
Desde el punto de vista genético, una de las causas es una deficiencia de acetilcolina en el núcleo de Meynert, una región del cerebro que contiene la mayoría de las neuronas que producen esa sustancia crucial para la memoria. La acetilcolina ayuda a transformar los datos en recuerdos sólidos; cuando hay una deficiencia de esta, los datos no se consolidan adecuadamente en recuerdos, lo que produce que se olviden rápidamente.
Además, en el alzhéimer familiar hay un exceso de producción de una proteína llamada TAU, que es importante en el
funcionamiento de la estructura neuronal. Su función es estabilizar los microtúbulos, que son componentes del citoesqueleto neuronal. Sin embargo, cuando hay una producción excesiva de TAU, los microtúbulos se vuelven inestables y rígidos, como mi abuela esperando la comida en el sofá, o como todos nosotros a su alrededor, pensando si cuando nos miraba nos veía y si cuando nos oía escuchaba realmente o solo era un cuerpo cuyas neuronas fallaron hasta perder cualquier tipo de conexión. La mutación paisa o alzhéimer de inicio temprano es un error genético del cromosoma 14. Esto implica que si uno de los progenitores tiene la mutación, uno de los dos cromosomas 14 estará alterado. Por tanto, es posible que el progenitor transmita tanto el cromosoma normal como el afectado al hijo, las probabilidades son del 50 %. Mis bisabuelos tuvieron muchos hijos e hijas, entre ellos mi tía Piedad y mi abuela Trinidad, ambas hijas del mismo padre enfermo; aunque ambas tenían las mismas probabilidades de heredarlo, una lo padeció y la otra la cuidó cuando el alzhéimer atacó. El umbral de la incertidumbre Cuando el doctor Lopera arribó a la casa en la que pasé la mayor parte de mi niñez, la que fue conocida como la casa de la tía Piedad, y que se convirtió con el paso del tiempo en la casa de los enfermos, me preocupé. Pensé que mi abuela materna moriría pronto. Sin embargo, mis miedos fueron disipados cuando me explicaron que estaban allí para darnos una ilusión; ahora lo llamo una fantasía.
Durante esa visita nos dijeron en palabras complejas que estaban haciendo una investigación para prevenir los síntomas de la mutación y que existía una posibilidad, una esperanza. En mi cabeza se formó un escenario en el que ya no tendríamos que interponer tutelas para solventar los pañales Tena de mi abuela, ni ahorrar para sus suplementos alimenticios, ni necesitaría una cama hospitalaria. Pensé que dejarían de sentarla en ese mueble de cuerina café donde pasaba los días mirando hacia el pasillo a las
El médico Francisco Lopera en 2008 en una visita a una familia como parte de su investigación. Foto: Cortesía del Grupo de Neurociencias de Antioquia de la UdeA.
Francisco Lopera dirigió el Grupo de Neurociencias de Antioquia hasta pocas semanas antes de su muerte, en septiembre de 2024.
Foto: Alejandra Uribe. Dirección de Comunicaciones de la UdeA.
personas que ignoraban su presencia hasta que lanzaba un quejido que indicaba hambre, cansancio, malestar, dolor, angustia o pesar. Pensé que un día se levantaría después de una inyección, que me vería y me abrazaría como solía hacerlo según me habían contado durante años; que me levantaría en brazos, alegando lo grande que estaba. Pero mi abuela no se levantó, los quejidos no cesaron, mi mamá siguió poniendo tutelas y exigiendo un subsidio que ayudara a financiar los cuidados que ella requería y que aumentaban año tras año; el subsidio llegó un día después de que mi abuela falleciera el 9 de julio de 2017.
Los estudios siguieron. Varios de mis familiares se desplazaban constantemente desde Girardota hacia el centro de neurociencias, en Medellín. La esperanza de que algo mejor pasara después de cada muestra de sangre, de cada acto de memorización, de cada pastilla que les recetaban se mantuvo siempre, pero nunca hubo ningún cambio significativo. Cuando tenía 14 años fue mi turno de participar bajo la responsabilidad de mi mamá. El 24 de marzo de 2017 nos asignaron una cita a las siete de la mañana. Fueron casi tres horas de preguntas, juegos y cronómetros en los que me pedían recordar un número en todo momento. No recuerdo qué número fue, tampoco lo recordé entonces; eso me preocupó y lloré. También lloré cuando no pude identificar parejas de tarjetas, recordar figuras o contar de tres en tres hacia atrás desde el 100; lloré por la preocupación de mi evaluador y porque mi mamá dijo que se avergonzaba de mi lloradera. En el viaje de vuelta, con los ojos hinchados y la cara triste, le dije que si me entregaban los resultados a los 18 años y salían positivos, me suicidaría en ese instante.
No he vuelto al centro de neurociencias. Mi mamá dice que no van a entregarme los resultados porque no estoy preparada psicológicamente para asumirlos. Sea cual sea la respuesta dentro del sobre, deben evaluarme psicólogos durante tres meses para confirmar que no haré lo que prometí cuando tenía 14. Ahora tengo 21, pero no
Las familias del doctor Lopera tengo tiempo de asumir ese tratamiento, ni interés en deprimirme, ni en suicidarme; pero, sobre todo, no quiero saber si estoy enferma, porque eso significa que mi mamá también lo está, y que mis dos hermanos corren el riesgo. No quiero perderme y no quiero perderlos.
Más estudios, más fantasías
En 2020, el Grupo de Neurociencias encontró un gen protector en la paciente Aliria Rosa Piedrahita, llamado mutación de Christchurch. Se trata de una variante del APOE, un gen que puede afectar el riesgo de una persona que estaba destinada a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Aliria, a pesar de haber heredado la mutación paisa, no desarrolló los síntomas como se tenía previsto, sino que gracias a este gen logró vivir una vida digna y funcional hasta sus casi 78 años. Falleció de cáncer el 10 de noviembre de 2020.
Hace dos años, el Grupo de Neurociencias lanzó una pastilla que juramos sería la salvación: Crenezumab. Esta no dio los resultados esperados. Una gran decepción para los investigadores que llevaban más de una década desarrollándola. Cuando hablé de la noticia con mi familia, la respuesta fue aún peor: pura y llana indiferencia, porque no hay nada más que podamos hacer; caras largas, pálidas, tristes y vacías, ojos sin esperanza que ya no creen que el alzhéimer pueda ser revertido.
En 2023 encontraron en otro paciente el mismo gen protector de Aliria, lo que podría cambiar el panorama. Pero mi familia está cansada de escuchar que puede ser curada. Crecemos y vivimos con la incertidumbre, así que ya no quieren tener idea de qué pasa en el mundo científico. Cuando llegué emocionada a hablar del descubrimiento del nuevo gen protector, alguien me lanzó una mirada de reproche, y otra más dijo entre susurros: “¿Por qué no te olvidás de eso?”.
Francisco Lopera (1951-2024) marcó un antes y un después en la comprensión del alzhéimer en Colombia. Como neurólogo y científico impulsó investigaciones sobre el alzhéimer familiar en Antioquia, donde identificó casos únicos en el mundo. Su trabajo impactó a familias como la mía; más que los avances científicos, abrió la puerta a la comprensión y nos permitió soñar con un futuro en el que esta enfermedad podría ser prevenida.
Cuando mi abuela Trinidad fue diagnosticada con alzhéimer a los 45 años se transformó la historia de toda mi familia. Fue la primera mujer en padecer el gen degenerativo que nos dejó mi bisabuelo. Nadie sabía qué le pasaba o qué hacer al respecto, no teníamos respuestas, hasta que nos encontraron.
La confusión de mi abuela se convirtió en un eclipse sobre nuestra familia. Fue en medio de este vaivén de recuerdos perdidos que conocimos al doctor Lopera. Su primera visita a nuestra casa fue un momento crucial, un punto sin retorno hacia la posibilidad de tener un futuro prometedor. “No están solos en esto”, nos dijo, y esas palabras resonaron en cada uno de nosotros e iluminaron un camino que estaba lleno de oscuridad. Francisco Lopera comenzó su carrera motivado por el alzhéimer de su abuela. Por medio de su experiencia entendió que la lucha contra esta enfermedad no era solo un desafío científico, sino un llamado humanitario. Así fue como el deseo de ayudar a personas como mi abuela y cambiar la forma como la sociedad entiende y enfrenta el alzhéimer se convirtió en su propósito de vida. Su dedicación fue decisiva para nosotros. Mientras mi abuela avanzaba en las etapas de la enfermedad, su grupo de investigación no solo se centró en los pacientes, sino que también ofreció un apoyo inquebrantable a las familias
afectadas. Mi madre, una joven de apenas 18 años, estaba abrumada por la responsabilidad de cuidar de su madre, pero gracias a las guías del doctor Lopera y su equipo comenzó a entender cómo navegar por este camino incierto.
El doctor Lopera fundó el Grupo de Neurociencias de Antioquia de la UdeA, donde desarrolló programas de atención y sensibilización sobre el alzhéimer, como el estudio clínico API Colombia. Su relevancia en el mundo de la neurología es incuestionable; sus numerosas publicaciones sobre enfermedades neurodegenerativas le han dado un perfil internacional a la neurología colombiana.
A pesar de su esfuerzo incansable y su dedicación, no logró encontrar una cura ni prevenir el alzhéimer que afectó a mi abuela. Ella falleció y nos dejó con un vacío imposible de llenar. Creímos que las investigaciones cesarían en ese momento, pero el doctor Lopera nunca detuvo sus intenciones de prevenirnos a los familiares que aún estamos sanos. Continuó trabajando con nosotros, nos dio apoyo emocional y médico; él era un recordatorio de que debemos seguir luchando por los que aún están aquí. El fallecimiento de Francisco Lopera dejó una profunda tristeza en nuestras vidas, pero su legado vive en el corazón de todos los que conocimos su trabajo y en los que, gracias a los avances y los estudios, más adelante podrán prevenir el alzhéimer familiar, o como él solía llamarlo, la mutación paisa. Las enseñanzas que nos dejó para el cuidado de nuestros enfermos continúan guiándonos en nuestra propia lucha. Su equipo sigue adelante, comprometido con investigar y apoyar a las familias afectadas por el alzhéimer. En cada encuentro, en cada palabra compartida, recordamos que su pasión por ayudar a los demás sigue presente.
Siete de cada diez desastres
en Medellín ocurren
Los habitantes de los barrios autoconstruidos en las laderas de la ciudad han vivido históricamente en situaciones de vulnerabilidad por las que están expuestos a ser golpeados por deslizamientos, incendios e inundaciones. Los datos de la última década demuestran que las necesidades superan el dinero dispuesto para mitigación y adaptación, lo que deja a quienes habitan las laderas en riesgo de vivir situaciones más precarias.
El DAGRD atendió 8934 desastres climáticos en Medellín entre 2014 y 2023
El 69.6 % de los desastres atendidos en los últimos 10 años en Medellín ocurrieron en zonas de ladera, según datos del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) de Medellín. De estos, solo el 5.3 % ocurrieron en El Poblado, mientras que el 64.3 % restante se dieron en zonas con mayor vulnerabilidad social. San Javier (993), San Antonio de Prado (905), Robledo (799), Villa Hermosa (785) y San Cristóbal (690) fueron las comunas y los corregimientos que más desastres climáticos concentraron*.
*Estos datos no incluyen los desplomes de árboles debido a la disparidad en arborización y espacios verdes entre comunas.
Número de desastres
Pobreza y desastres
en las comunas de las laderas
La ecuación clásica del riesgo indica que este se produce cuando se cruzan las amenazas con la vulnerabilidad. La pobreza es una de las condiciones que acentúan este último factor. Varias de las comunas de Medellín con mayor índice de pobreza multidimensional (IPM) presentan más desastres que otras con menos pobreza. San Javier o Villa Hermosa, con IPM de 14 y 18 respectivamente, enfrentan una exposición mayor a desastres naturales.
Algunas de las comunas y los corregimientos riesgo son las que presentan más desastres. en todos los casos. Por ejemplo, San Javier Hermosa, pese a que ha tenido más incendios dobla la cantidad de desastres del Doce de
La inversión de la Alcaldía en el DAGRD no tiene en cuenta las particularidades de las vulnerabilidades sociales de cada comuna en Medellín. Villa Hermosa, por ejemplo, a pesar de ser la cuarta comuna con más desastres climáticos y la que más inversión ha recibido, presenta una distribución irregular de estos recursos durante la década. inversión para la por el cambio climático
Convenciones
Inundaciones
Deslizamientos de
tierra Incendios de
cobertura vegetal
Inversión promedio por año en gestión del riesgo (2014 y 2023)*
-
*Valores en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)
corregimientos donde más se ha invertido en gestión del Sin embargo, esta correlación no se ha dado Javier no ha recibido tanto dinero como Villa incendios y deslizamientos de tierra; y Robledo Octubre pese a que ambos han recibido una
El PAC se concentra más en mitigar que en adaptar
En este contexto, el Plan de Acción Climática (PAC) de Medellín 2020-2050 fue creado por la Alcaldía para responder a los desafíos climáticos que enfrenta el distrito. Pese a que Medellín no es una ciudad generadora de grandes emisiones de gases de efecto invernadero, este plan prioriza su captación, que es una acción de mitigación, sobre las acciones de adaptación que podrían garantizar la permanencia en los territorios de las comunidades más vulnerables a las condiciones climáticas.
112 indicadores
Mitigación (74) Adaptación (38)
Fuentes: DAGRD y Alcaldía de Medellín.
Cosechar lo que no se sembró: juventud
No sembrar equivale a no cosechar. La falta de garantías para los campesinos ha hecho que los más jóvenes migren a las ciudades en busca de mejores oportunidades, aunque eso signifique dejar en los territorios rurales del país una fuerza de trabajo con una tradición envejecida pero resiliente.
| Maria Fernanda Echeverri Jiménez mariaf.echeverri@udea.edu.co
Damaris Arango tiene 48 años y vive en la vereda San Juan, a 20 minutos del casco urbano de La Unión, en el Oriente antioqueño. En su finca cosecha papa, alverja, zanahoria y frijol, pero el producto estrella, el que más vende, es la fresa. Todo esto lo hace junto con Yesid Valencia, su esposo, y cuatro vecinas madres cabeza de familia de la vereda. No trabaja con jóvenes porque ya no hay.
Según la Encuesta de Calidad de Vida de 2023, realizada por el Dane, el 20.3 % (10.640.000) de la población del país es campesina y mayor de 15 años. De estos, el
53.7 % (5.719.000) son mayores de 40 años. Ese grupo poblacional representa el 38 % de la población del país. Así, el campo y su gente, la que siembra y cosecha, están envejeciendo y sin un relevo a la vista.
“Hay jóvenes a los que les gusta el campo, pero la mayoría estudian el colegio y se van. El campo lo trabajamos las personas mayores”, dice Yesid sobre un problema que ve como paisaje en San Juan. Tiene 48 años. Trabajaba en una floristería, pero una enfermedad en los huesos lo obligó a pensionarse por discapacidad en 2021 y le impide trabajar el campo tanto como desearía. Desde entonces se ha dedicado a la siembra de diversos productos para la venta y el consumo propio.
Damaris y Yesid conocen de primera mano la migración de los jóvenes, pues tienen dos hijas que se fueron de San Juan para cursar sus estudios profesionales. La escasez de mano de obra joven que se ve en La Unión es el pan de cada día en el campo colombiano: los jóvenes migran a las ciudades o deciden dedicarse a otras tareas.
El peso de una pala
“La agricultura es una moneda al aire”, asegura William Grajales, habitante del corregimiento de Santa Elena, de Medellín, y silletero por tradición familiar. Tiene 51 años y desde pequeño ha sembrado flores, maíz, papa, entre otros, pero hoy dice que no puede depender de ello porque los riesgos de perder son muy altos.
Según el Dane, en septiembre de 2024 la tasa de ocupación laboral de la población no campesina fue del 58.6 %. La cifra no varía mucho en el campo, donde el 56.2 % está ocupado. Sin embargo, según Antioquia Cómo Vamos, la informalidad laboral en el campo de este departamento es del 73.2 %, es decir que tres de cada cuatro campesinos ocupados no cuentan con prestaciones de salud, pensión, vacaciones ni primas, y sus empleos no son estables, pues dependen de cómo salga la cosecha.
Este contexto hace que para familias como la de William o la de Damaris quedarse
sea una opción incierta: “Hemos hablado de irnos, no porque estemos aburridos o no nos guste, sino porque tenemos dos hijas y ambas están estudiando, entonces a veces por querer darles más estabilidad a ellas hemos pensado arrendar lo que tenemos e irnos para la ciudad”, dice Damaris.
A la inestabilidad se le suma la poca rentabilidad que encuentran los productores. Aunque William ya no cultiva flores, recuerda cómo era la época en que sí: “Cuando teníamos trabajadores, por allá en el 98, nos tocaba pagar a 12.000 pesos el día y sacábamos por ahí 500 paquetes de flores que se vendían a 800 pesos. Eran entonces 400.000 pesos, pero saque de ahí el riego, la luz y lo que se necesita para que crezcan. Eran muchos gastos y cuando a uno le llegaba la plata, ya la debía”.
La figura del intermediario es otro problema. Este hace la compraventa de productos agrícolas y sirve de puente entre los productores y el consumidor final. El momento de mayor desazón para William fue en el 2000, cuando le ofrecieron 20.000 pesos por costales que tenían 112 kilos de papa cada uno: menos de 200 pesos por kilo, mientras que los intermediarios se hacían más del doble cobrando 500 pesos por kilo.
Los intermediarios pueden devaluar los productos porque a menudo los compran a precios bajos y los venden más caros, lo que genera una gran diferencia entre lo que recibe el campesino y lo que paga el consumidor final. Esto se da a pesar de la existencia de normas como la Ley 101 de 1993, que regula la comercialización de productos agrícolas y la infraestructura del mercado; la Ley 1480 de 2011, que protege los derechos del consumidor; o la Ley 1753 de 2015, enfocada en las cadenas productivas agrícolas. Pero la informalidad en las cadenas de comercialización dificulta la regulación y repercute en la volatilidad de los precios.
Además, según German Palacio, gerente de Fedepapa, el 80 % del cultivo de papa proviene de pequeños productores con dos hectáreas cultivadas, por lo que sus ingresos no son altos ni estables.
“Aunque el Gobierno siempre dice que va a apoyar al campesino, no se ve por ningún lado ese apoyo”, dice William. Por su parte, Damaris señala que “se habla de la no repetición de la violencia, pero de lo que debemos hablar es de la no repetición del olvido, porque el campesino siempre ha estado olvidado”.
El exdefensor del pueblo Carlos Camargo Assis aseguró en junio, en la conmemoración del Día Nacional del Campesino, que esta población se encuentra en un contexto de abandono, desatención, victimización y discriminación. Y de ello dan cuenta algunos esfuerzos desde el Estado.
En 2018, con la sentencia STP 2028 de la Corte Suprema de Justicia se le exige al Estado colombiano identificar a la población campesina para generar políticas favorables. Por esto, en 2019 se conformó la comisión de expertos para llevar los registros en encuestas del Dane y desde entonces se realiza la Encuesta de Calidad de Vida Campesina. Además, en 2023 el Congreso modificó el artículo 64 de la Constitución Política para reconocer al campesinado como sujeto político, de derechos y de especial protección. Estos hitos han sido presionados por organizaciones campesinas que desde décadas atrás le han reclamado al Estado, mediante paros, tutelas y propuestas de proyectos, el reconocimiento de sus derechos y la creación de una política pública que les ayude a superar las brechas de participación, representación y redistribución. En 2019, durante el mandato de Iván Duque, organizaciones campesinas del Cauca lograron que el Gobierno ordenara la creación de dicha política, pero esta no se ha concretado.
La ausencia de políticas efectivas para los campesinos ha estado atravesada por el conflicto armado que desde hace más de 60 años ha obligado a desplazarse a personas como Damaris y su familia cuando dejaron su finca en 2007 y se fueron para Medellín durante cuatro años por la presencia de grupos paramilitares.
En la vereda San Juan, del municipio de La Unión, hay extensos cultivos de papa, fresa y flores. Foto: Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga.
Según el informe Guerra contra el campesinado (editorial Dejusticia), de las 7.275.126 víctimas de desplazamiento por causa del conflicto armado registradas hasta 2018, el 63.6 % (4.631.355) eran campesinos. Además, el Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para los Refugiados estima que, para diciembre de 2023, 5.077.150 personas continuaban desplazadas en el país y solo el 5.2 % deseaban retornar a sus lugares de origen.
Sembrar en terreno inseguro
“¿Le digo la verdad? Yo no quisiera que Jhon continuara la tradición campesina”, dice Rosario Posada, una campesina de 58 años de La Unión. Vive en la vereda La Almería con su esposo Jhon Jairo, de 54 años, y con Jhon Fernando, el hijo de ambos. Producen y venden papa, alverja, zanahoria, frijol, maíz, huevos y leche en tres terrenos que suman un poco más de dos hectáreas.
Jhon Fernando tiene 21 años, estudia Música en la Universidad de Antioquia y viaja a Medellín cada que tiene clase. Dejó el campo como productor hace cuatro años. Decidió irse para la ciudad a estudiar y conseguir contactos para encontrar trabajo porque cree que “ser artista en un pueblo cuyo mayor ingreso es la agricultura es como remar contra la corriente”.
El estudio es una de las salidas que ven los jóvenes campesinos para buscar mejores condiciones de vida. Para Jhon Fernando, “las personas del campo asumen que darles a sus hijos una oportunidad de estudio para que no tengan que hacer los trabajos pesados que hay en el campo es la mejor elección para sus proyectos de vida”.
Sin embargo, la educación es un escenario que no representa una posibilidad para todos. Según la Encuesta de Calidad de Vida 2023, solo el 9.1 % de los jóvenes rurales entre 17 y 21 años han accedido a la educación superior, frente al 36.4 % de los jóvenes urbanos.
“Escucho de mis papás que cuando tenían 12 años o cumplían la edad en la que ya podían con el azadón, lo primero que les decían era: ‘mijo, usted es un hombre entonces vaya para la tierra’, ‘mija, usted vaya, cásese y tenga diez hijos como Dios manda’. Y así ellos no estudiaban y los ingresos se reducían a lo que pudieran hacer con el jornal”, cuenta Jhon Fernando. Esto todavía se da. El boletín de septiembre del Mercado Laboral de la Población Campesina (Dane) reveló una marcada brecha de género en el mercado laboral, pues mientras que la tasa de desempleo para los hombres es del 5.2 %, para las mujeres alcanza el 12.3 %. Por otro lado, el gerente de Fedepapa asegura que el principal motivo por el cual los jóvenes migran es la falta de condiciones de bienestar para quedarse en el campo. Según el estudio “Jóvenes rurales, territorios y oportunidades: una estrategia
de diálogo de políticas 2016/2019”, del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, cerca del 40 % de los jóvenes rurales colombianos está en condición de pobreza, y el 16.7 % de jóvenes rurales en pobreza extrema, que es más de tres veces el porcentaje de los urbanos en esta situación (4.8 %). Además, el 38 % de los jóvenes rurales no tiene acceso suficiente a alimentos y el 56 % considera que su hogar sufre inseguridad alimentaria. Datos del Dane indican que aproximadamente el 30 % de la población rural del país está conformada por personas menores de 30 años, un segmento crucial para garantizar la sostenibilidad y el futuro del campo. De ahí que para contrarrestar la migración a las ciudades y el envejecimiento de la población campesina resulte fundamental generar oportunidades para los jóvenes rurales, tanto en agricultura como en actividades no agrícolas.
El gobierno de Gustavo Petro creó dos líneas de créditos para jóvenes rurales: Joven Rural, que da un plazo de pago de diez años y permite invertir en siembra de cultivos, compra de animales e infraestructura y maquinaria; y una línea especial de crédito para compra de tierras de uso agropecuario, con financiación de hasta 20 años y tres de gracia a bajas tasas. También incrementó el presupuesto para el Ministerio de Agricultura, de 2.45 billones de pesos en 2022 a 9.19 billones de pesos para 2024, según la exministra Jhenifer Mojica. A pesar de esto,
para el 2025 el presupuesto del ministerio será de 4.1 billones de pesos.
Cosecha en peligro
Clara Valencia Arango es una de las hijas de Damaris y Yesid. Tiene 23 años, estudia Química en la Universidad de Antioquia y vive hace cinco años en Medellín. A pesar de la distancia se siente muy conectada con sus raíces y dice que tal vez se debe a un proyecto en el que participó de niña, en 2011, cuando una socióloga de la UdeA llegó a San Juan buscando acercar a los niños de la vereda a su historia y la del campo y a la conversación sobre el futuro de ellos como jóvenes campesinos. Clara piensa que eso pudo despertar “la chispita campesina”.
Aunque le gustaría, no va muy seguido a La Unión debido a sus responsabilidades en la ciudad. Esto no le impide ver los cambios que se dan en la vereda y el pueblo que la vio nacer. Por eso asegura que el campo no solo se está quedando sin gente, sino también sin tierra para cultivar. Dice que en las veredas de La Unión se está dando un proceso de urbanización, pues las constructoras compran grandes predios que después parcelan y venden al mejor estilo campestre: “Llegan muchas personas de la ciudad, la tierra se valoriza, los impuestos suben y a los campesinos que no tienen cómo costear esto no les queda de otra que vender e irse”. Este fenómeno se agrava con la industrialización de los procesos de producción. Jhon Fernando dice que en La
Unión hay un crecimiento en la producción de flores, huevos y aguacate. Sin embargo, le preocupa que esto está desplazando la cosecha de productos locales como la papa. “Vamos a ser unos exportadores de huevo y de aguacate excelentes, pero nos va a tocar comprar la papa de Boyacá”, dice. Según Clara, esto inició hace varios años con la llegada de las floristerías que atrajeron a los campesinos por la estabilidad económica que brindan. Muchos pasaron de trabajar bajo el sol y el agua en cultivos de papa donde se ganaban un jornal, a una floristería en donde el salario llega sí o sí cada quincena con prestaciones sociales. German Palacio, gerente de Fedepapa, añade que otra de las consecuencias de la migración de los jóvenes es el atraso tecnológico que puede darse en el campo: “Como son productores ancestrales, no adquieren nuevas tecnologías”. Agrega que si no hay jóvenes que lleven novedades al campo, se puede dar el desplazamiento de cultivos por otros más rentables, como el de flores, tal como se da en La Unión.
El futuro del campo es incierto para todos. Más para quienes están allí. La alternativa que encontró William Grajales para quedarse y sostener a su familia fue construir una casa prefabricada para arrendar, como lo hicieron algunos de sus vecinos en Santa Elena. Aunque no reemplaza su pasión por cultivar, le resulta mucho más seguro saber cuánto dinero entrará al mes por medio de un arriendo que dedicarse a sembrar sin saber cuánto le pagarán.
Por su parte, Clara y Jhon Fernando quieren retornar en algún momento al campo del que salieron hace algunos años. Eso sí, esperan que no sea la única actividad de la que dependan y por eso planean terminar primero sus estudios, y no estar a la espera de cuánto valdrá la cosecha la próxima vez. “Yo sí deseo volver al campo y creo que muchos de los jóvenes que estábamos en ese proceso también”, dice Clara, recordando ese proyecto del 2011.
Damaris y Yesid llevan 27 años juntos y 20 los han pasado en San Juan: “Me considero netamente sanjuaneña. Yo tengo raíces, aquí estoy y aquí me quedo”, dice ella. Esperan no tener que irse. Mientras tanto, Damaris seguirá liderando procesos en San Juan, cultivando fresa con su esposo para vivir y cuidando la huerta personal con la que provee a su familia y a uno que otro vecino de la comunidad en aquella vereda de La Unión.
*Para Simón, que al igual que hizo con cada mueble de la casa, marcó con sus garritas mi vida y mi corazón.
Jhon Fernando, de 21 años, y su madre Rosario Posada, de 58 años, en la casa familiar ubicada en la vereda La Almería, de La Unión. Foto: Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga.
Restos del cultivo de papa de la familia Cardona Posada. Foto: Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga.
Los retos del cuidado en un mundo que envejece
El cuidado –ese conjunto de prácticas que sostienen la vida de personas dependientes por vejez, enfermedad o discapacidad– es una actividad fundamental para la vida. Históricamente ha recaído en la responsabilidad de las mujeres, pero el envejecimiento de la población y los cambios en la composición de las familias plantean interrogantes sobre cómo la sociedad asume este trabajo.
| Laura Manuela Cano Loaiza laura.cano1@udea.edu.co
AConsuelo, mi abuela materna, le detectaron alzhéimer en 2017, a sus 74 años. Bastaron solo dos años para que comenzara a requerir atención constante, por lo que sus cuatro hijas y su hijo hicieron el siguiente arreglo: de lunes a viernes una persona contratada la cuidaba en el día y la hija que vivía con ella en la noche; y cada fin de semana una de las hijas se encargaba de ella, mientras que el hermano solo aportaba irregularmente la cuota para el salario de la empleada. La enfermedad duró
ocho años en los que toda la familia vio el deterioro de sus facultades y su tránsito hacia la dependencia del cuidado de otros.
Las familias numerosas, más comunes en generaciones pasadas, han tenido la posibilidad de hacer este tipo de arreglos, ya sea distribuyéndose el cuidado entre varios o recurriendo al truco cruel de adjudicárselo a una sola persona. Sin embargo, tanto la familia como la estructura de la población en general están cambiando y es posible que en algunos años sea más difícil responder a la pregunta: ¿a mí quién me va a cuidar?
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2020 había 1000 millones de personas de 60 años o más, para 2030 esta cifra se elevará a 1400 millones, una de cada seis personas en el mundo. Un informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas reveló que la expectativa de vida en el mundo pasó de 70.9 años en 1995 a 78.8 en 2024. La proporción de adultos mayores en Colombia pasó del 6.9 % en 1985 al 13.8 % en 2020, y se espera que alcance el 16 % al inicio de la próxima década, según el Ministerio de Salud.
La OMS advierte que si los años adicionales se viven en buena salud, la sociedad podrá contar con personas laboralmente activas durante más tiempo; pero si presentan limitaciones considerables en sus capacidades, como las que pudieron haber vivido sus padres a esa misma edad, la demanda de asistencia sanitaria será superior y la contribución de las personas mayores a la sociedad estará más restringida.
Otra cifra en aumento es la de personas con discapacidad, que según la misma
rutina de más de 18 horas diarias dedicadas al cuidado. Ilustración:
organización son más de 1300 millones: el 16 % de la población. Esta cifra está incrementando por la mayor expectativa de vida y por el crecimiento de las enfermedades no transmisibles (como la diabetes, el cáncer y la EPOC), que hoy son responsables del 75 % de las muertes anuales y a mediados del siglo podrían representar el 86 % si no se consigue su disminución.
El panorama de la transición demográfica augura que la necesidad de cuidado va a sobrepasar la capacidad de la población y exige que la sociedad replantee la distribución de este trabajo. Según la fundación Saldarriaga Concha, el encogimiento de los núcleos familiares y la inclusión de las mujeres en el mercado laboral pueden disminuir las posibilidades de cuidar o llevar a hacerlo en condiciones de sobrecarga para los cuidadores. Para la demografía, la tasa de reemplazo que asegura un “crecimiento nulo” de la población es de 2.1 hijos por mujer. Hoy, en el mundo, las mujeres tienen 2.3 hijos en promedio, uno menos que en 1990, pero en más de la mitad de los países la tasa ya es menor a la de reemplazo. En el caso de Colombia, esta ha bajado de 6.7 hijos por mujer en 1960 a 1.6 en 2024, según el Banco Mundial.
Desfeminizar el cuidado
Mariela López, Eudalia Agudelo y Marta Osorio son tres mujeres cuidadoras de Medellín. Viven el cuidado en condiciones socioeconómicas y emocionales distintas, pero tienen en común su género, como la mayoría de las personas que ejercen esta
labor. A lo largo de la historia, las mujeres han asumido esa responsabilidad por la idea de que poseen unas “virtudes femeninas” que las hacen las cuidadoras naturales. Este rol que la sociedad patriarcal les ha asignado en función de su género ha relegado esta labor al ámbito privado, lo que dificulta su reconocimiento y redistribución. La Encuesta de Calidad de Vida del Dane de 2020 reveló que, en Colombia, el 82.1 % de las personas que se dedican al cuidado de alguien con discapacidad en el hogar son mujeres; en el caso del cuidado de personas mayores, la cifra es de 84.8 %. Mariela, una mujer de 77 años que cuida a su hija Sandra, de 57, puede dar fe de lo demandante que es esta labor. Empezó a cuidarla a tiempo completo desde el 2020, después de que su hija fue diagnosticada con atrofia multisistémica de tipo parkinsoniano, una enfermedad neurodegenerativa que afecta las funciones motrices e intelectuales. El cuidado ha sido su vocación, durante años se desempeñó como enfermera particular y luego como cuidadora de sus propios familiares, incluida su madre, a quien vio morir. Aunque su hija vivió cuatro meses en un hogar geriátrico tras recibir el dictamen médico, Mariela prefirió hacerse cargo de su cuidado. Su rutina inicia a las cinco de la mañana con el primer medicamento que debe suministrarle a Sandra, y termina aproximadamente a la una de la mañana del día siguiente, después de darle la última pastilla y prepararla para dormir. Durante las más de 18 horas que está en función de su hija, la baña, modifica su posición en la
Mariela López, cuidadora de su hija Sandra, tiene una
Laura Manuela Cano.
Facultad
cama hospitalaria, le cambia el pañal, la pasa a su silla de ruedas y le administra sus medicamentos.
El esposo de Sandra contribuye en las labores domésticas y del cuidado y una enfermera acude a relevarla por un par de horas dos veces a la semana, pero Mariela prefiere ser quien se encargue mayoritariamente de su hija: “Ha sido un poco difícil por la edad mía y mis condiciones de salud, porque como trabajé con enfermos pues siempre la columna me molesta. Pero me siento capaz de bregarla”. No obstante, su deterioro y asumir la mayor parte del cuidado la han llevado a sufrir de estrés. “Mi hija me va a matar a mí, me va a llevar, porque yo me mantengo muy triste, muy angustiada, muy tensionada”, cuenta.
Las personas cuidadoras pueden llegar a tener el síndrome de sobrecarga del cuidador, caracterizado por el agotamiento físico y mental que conlleva esta labor. Quienes lo sufren pueden padecer estrés crónico, ansiedad, depresión, alteraciones del sueño y agotamiento físico. La doctora Alicia Krikorian, psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana y coordinadora del Grupo de Investigación en Dolor y Cuidado Paliativo, comentó que este síndrome se manifiesta por la asunción de una cantidad exagerada de responsabilidades, la falta de apoyo y de recursos, y el agravamiento de la situación de la persona dependiente. En ese sentido, el mayor alivio puede provenir de
Trabajodegrado
redes de apoyo que le garanticen al cuidador el relevo necesario para dedicarse a otras actividades, “pero la realidad es que, en muchos casos, se ven obligadas a asumir el cuidado o se quedan solas para una labor que va en incremento, entonces cada vez están más agobiadas y deben renunciar a más cosas: la vida personal, el trabajo, los estudios, la recreación, el sueño”. Además de las consecuencias para la salud física y mental, ejercer el cuidado en el hogar y desde la informalidad puede conllevar, en muchos casos, la sobrecarga por trabajar y ser cuidador o la exclusión temporal o definitiva del mercado laboral, el incremento de gastos y la disminución de ingresos, y la reducción del tiempo disponible para el cuidado propio y la realización de otras actividades. Según datos recogidos en el Plan de Desarrollo de Medellín 2020-2023, en la ciudad hay más de 60 mil personas con discapacidad, de las cuales el 84 % requiere apoyo permanente para el desarrollo de sus actividades y sus cuidadoras principales son mujeres en más del 90 % de los casos, lo que refleja la sobrecarga de las labores domésticas y de cuidado en las mujeres y representa limitaciones para su participación social, política y laboral.
En una casa de madera y ladrillo en el barrio La Honda, en la comuna 3, Manrique, vive Eudalia, una mujer de 42 años que cuida a su hijo Juan Pablo, de 24, quien tiene
discapacidad cognitiva y motriz causada por parálisis cerebral. Durante años, ella se ha repartido la labor con su hijo menor, Juan Miguel, de 21 años, pues por la severidad de su condición, Juan Pablo requiere atención constante.
Eudalia alternó esta labor con el trabajo doméstico remunerado que desempeñaba por días, pero sin cotizar a pensión, y en 2023 tuvo que retirarse de su trabajo por una fractura de tobillo. Está desempleada para garantizar el cuidado de su hijo mientras Juan Miguel trabaja: “No se puede dejar solo porque él se mueve mucho en la cama y se cae. En estos días yo estaba sentada ahí y se me cayó. Se hirió en la cabeza y eso lo bañó en sangre, yo creí que se había dañado la nariz. Uno tiene que estar muy pendiente de él, estarlo corriendo, acomodándole las almohadas, recogiéndolas del piso. Hace rato no salimos él [Juan Miguel] y yo juntos porque no ha habido quién se quede con Juan Pablo. Y para sacarlo con estos aguaceros, y este transporte de acá, y esta lejanía… Imagínese pues”. Para hacer frente a la invisibilización del cuidado y reducir la brecha de género, la economista Diana Elson propuso en 2008 las 3R del cuidado no remunerado: reconocer de quién ha sido esa labor históricamente, es decir, de las mujeres; reducir la carga de las personas cuidadoras; y redistribuirla por medio de la corresponsabilidad del Estado, la comunidad, el mercado y la familia, lo que la académica Shahra Razavi llama el “diamante del cuidado”.
La Organización Internacional del Trabajo agregó dos erres más: la remuneración y la representación, al considerar que el cuidado es un sector fundamental para la economía que debe valorarse como un trabajo y no como una práctica cotidiana. “Desde esas erres se debe generar una sinergia para crear políticas públicas”, apunta la doctora en antropología social Berena Torres, docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia y delegada de la academia en el Comité Técnico de la Política Pública de Cuidado de Medellín.
Dignificar la labor Como aún hay un largo camino para lograr la corresponsabilidad social en los cuidados, las búsquedas por el reconocimiento siguen siendo necesarias para aportar bienestar al trabajo de las personas cuidadoras. Marta, de 64 años, es la presidenta de la Mesa de Cuidadores de la
Comuna 8 y ha trabajado desde el 2019 por los derechos de las personas cuidadoras en su comuna y en la ciudad, promoviendo la organización de este grupo poblacional para exigir al distrito capacitación, relevo y remuneración: “En 2019 me contacté con la Escuela para la Inclusión y pedí que nos dieran una capacitación de habilidades para la vida. Me dijeron que fuéramos a la sede en el Sagrado Corazón y yo respondí que ellos son los que deben llegar a los territorios porque nosotras somos mujeres cuidadoras, no devengamos salario y nuestro proyecto de vida quedó en stand-by ”. Con esta premisa, Marta ha emprendido una labor de seis años con la que ha conseguido avances en la participación social de las cuidadoras. Curiosamente, el grupo que lidera se llama Mesa de Cuidadores, aunque todas sean mujeres, porque aspira a que algún día el cuidado involucre también a los hombres de la comuna. La Ley 1413 de 2010 regula la inclusión de la economía del cuidado en el Sistema de Cuentas Nacionales. Gracias a esta medida se estableció que este trabajo, en su sentido más amplio, representa el 20 % del PIB, más que sectores como el comercio. Sin embargo, apenas en 2023 se aprobó una norma dirigida hacia las cuidadoras y los cuidadores informales, la Ley 2297, que reglamenta acciones como la creación de un sistema de caracterización de cuidadores, la flexibilidad en el horario laboral y la promoción de la oferta de formación en cuidado para proporcionarles relevo. A pesar de estas y otras disposiciones, la ley no hace lo suficiente por incentivar la redistribución del cuidado y solo está dirigida a quienes cuidan a personas con discapacidad. En Medellín, el Acuerdo 27 de 2015 propone una política pública para la atención a cuidadores y cuidadoras informales, y dispone de un comité técnico que ejecuta lo propuesto por la normativa. Además, en agosto de 2024 la Alcaldía anunció la apertura de los círculos de cuidado. Estos espacios están concebidos como lugares de educación, atención, bienestar y oportunidades para las mujeres cuidadoras, y también brindarán talleres para que los hombres aprendan a cuidar. La profesora Berena Torres considera que es una iniciativa útil y representa un avance, pero le preocupa que las políticas de cuidado sigan a cargo de las secretarías de las mujeres, ya que esto perpetúa su feminización. Crear sociedades que transiten hacia la redistribución del cuidado implica promover una educación que prepare para cuidar desde la infancia, como sostiene Berena: “Todos deberíamos aprender a cuidar, no porque no haya profesionales que lo hagan, pues esa labor hay que profesionalizarla, sino porque debe haber corresponsabilidad ciudadana y en la familia”.
La filósofa Nancy Fraser propone en su texto Tras la desaparición del salario familiar la promoción de un Estado del bienestar de cuidador universal, donde tanto hombres como mujeres estén dispuestos a cuidar y lo combinen con el empleo, como hoy lo hacen las mujeres, con un Estado que garantice condiciones dignas para ejercer el cuidado y distribuirlo entre toda la sociedad.
Mientras algo así se hace posible, Marta incita a sus compañeras en las reuniones de la mesa a luchar en sus hogares por el derecho al tiempo libre y al pago por su trabajo: “Cuando una mujer en una familia de varios hermanos cuida a su madre hasta la muerte ¿dónde está su proyecto de vida?, ¿dónde están las prestaciones sociales?, ¿dónde está el sistema de salud?”. En un mundo que envejece y que tiende a demandar más cuidados, Marta sueña con el día en que su labor reciba una remuneración justa y esté acompañada por un Estado que favorezca el desarrollo de su propio proyecto de vida.
Este artículo es una adaptación del trabajo de grado Cuidar, un trabajo asignado a las mujeres en el silencio del hogar que podrás leer próximamente en nuestra página: delaurbe.udea.edu.co.
“¿Cuánto le aportamos al Estado con nuestros cuidados?”, se pregunta Marta Osorio, presidenta de la Mesa de Cuidadores de la Comuna 8. Ilustración: Laura Manuela Cano.
Termina la faena:
¿Manizales está lista para el último “olé”?
EA partir del 2027 en la plaza de toros de Manizales ya no habrá espectáculos taurinos debido a la ley que prohíbe las corridas y que se sancionó el pasado 22 de julio. La Monumental, como se le conoce, tendrá que convertirse en un lugar para la cultura, el deporte y el arte, mientras los oficios que se desarrollan en torno a la tauromaquia quedarán en manos de una reconversión incierta.
ntre el silencio, la tranquilidad y las miradas cruzadas del toro de lidia y Esteban Duque, su criador, transcurre una mañana nublada de julio de 2024. El animal de más de 400 kilos está calmado, parece mirar a lo lejos a quien lo alimenta todos los días. No son extraños el uno para el otro, pero tampoco confiables. Solo en la distancia se atreven a observarse.
Esteban y su familia trabajan en tierras de la ganadería Ernesto Gutiérrez, uno de los criaderos de toros de lidia más reconocidos y antiguos del país. Ahora, con la Ley No Más Olé, que prohíbe las corridas de toros en todo el territorio nacional, es incierto lo que pasará con las actividades económicas asociadas. La ley prohíbe el desarrollo de corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas, encierros, sueltas de vaquillas y todas las actividades y los procedimientos relacionados con la tradición taurina. Sin corridas, se acaba la crianza de toros de lidia pues, según Esteban, el dinero invertido en estos animales solo se justifica para las plazas y no para el consumo de carne.
No Más Olé
La Ley No Más Olé fue aprobada por el Congreso el 28 de mayo del 2024. Después de año y medio de debates, aplazamientos, demandas y tutelas fue sancionada como ley de la república el 22 de julio por el presidente Gustavo Petro para continuar con el reconocimiento de los derechos de los animales y el respeto hacia todas las formas de vida, según la página de la senadora Esmeralda Hernández.
“Fue un proceso muy complejo porque presentó una oposición importante por parte de sectores muy poderosos que influyen en la toma de decisiones en el Congreso y que utilizaron una cantidad de maniobras dilatorias”, le dijo a De la Urbe la senadora Hernández, autora de esta ley junto con Jorge Ignacio Zorro Sánchez, exviceministro de las Artes y la Economía Cultural y Creativa.
Transcurridos tres años de aprobada la ley, las corridas ya no tendrán lugar. El
futuro de los toros de lidia es incierto, lo mismo que la reconversión económica de los escenarios y empleos relacionados con la tradición taurina. Entre estos últimos, están los empleos directos que generan las plazas de toros entre administrativos, toreros, ganaderos y criadores; logísticos, de quienes organizan las arrierías, los conciertos y los desfiles que acompañan las ferias; y los indirectos, como los vendedores informales que se benefician con la venta de ponchos, sombreros, botas, comida, entre otros.
En una entrevista para El Tiempo, el alcalde de la ciudad, Jorge Rojas, aseguró que son entre 700 y 4000 los empleos afectados. Por su parte, las plazas tendrán que convertirse a partir de un año en escenarios destinados a actividades culturales, lúdicas, deportivas y artísticas que, según la senadora, generarán más empleo y dinamizarán el lugar, pues no solo se usarán en una época del año, como suele hacerse en las corridas de toros.
Manizales se perfiló como una ciudad taurina desde 1951, según reseñó en La Patria Lucas Marín Aponte, licenciado en Ciencias Sociales. Ese año se inauguró La Monumental con su primera temporada taurina. Esta actividad tomó tanta fuerza que, en enero de 1955, hizo parte de la programación de la recién creada Feria de Manizales. Tanto los toros como la Feria se volvieron parte de la identidad caldense, como lo retrató en 1956 Guillermo González en el pasodoble “Feria de Manizales”, reconocido por todos los manizaleños como el himno no oficial de la ciudad.
Entre el pasto y el asfalto Desde 1954, la ganadería Ernesto Gutiérrez, fundada por él, ha sido un pilar en la historia de la tauromaquia en Colombia. Esteban Duque es un joven de 17 años que ha pasado toda su vida en la hacienda La Esperanza, hogar de esta ganadería, ubicada en el frío paisaje montañoso del páramo de
Emir es un toro indultado de la Feria de Manizales que descansa en la hacienda La Esperanza. Foto: Jannín Cortés.
La ganadería Ernesto Gutiérrez surgió de una división de la ganadería Dosgutiérrez en 1969. Hoy es el hogar de más de nueve familias. Foto: Jannín Cortés.
Letras y cerca del Parque Nacional Natural Los Nevados. Tres generaciones de su familia –su abuelo, su padre y sus tíos y ahora él–han vivido y subsistido en estas tierras, cohabitando con los toros de lidia.
A diario los cuidanderos y los trabajadores de la hacienda se levantan a alimentar a todos los animales –caballos, vacas lecheras, perros, gallinas, toros de lidia– y a mantener en buen estado lo que la naturaleza suele tomarse. Este lugar cuenta con todos los espacios para la crianza de animales, parcelas divididas para cada toro indultado (que se le ha perdonado la vida después de una corrida) y para los que pueden estar en manada; hay un sitio para las vacas y otro destinado para los caballos, hay uno para las vacunas y otro para lidiar los toros, y están también las viviendas de las más de nueve familias que viven allí. En la ganadería Ernesto Gutiérrez se cruzan, nacen, se alimentan y crecen los toros de lidia que durante más de cinco años se pasean por estos montes mientras obtienen la edad y el peso ideal para ser lidiados: mínimo 420 kilos. La raza que crían es el murú de Santa Coloma, que se caracteriza por ser mediana, de color negro profundo y cuernos cortos. Estos rasgos diferenciales se deben a la ubicación y el clima de las tierras que habitan. Además, según Esteban, estos toros también se caracterizan por su nobleza.
Los toros se alimentan del potrero, el concentrado y la caña de azúcar, la cual viene desde una panelera que también les pertenece a los Gutiérrez. A lo lejos se ve descansando una manada de toros, casi como puntos negros tirados en el pasto que solo abandonan cuando les tocan las vacunas o son llevados a la plaza. De resto, viven en el silencio del páramo y pisando la hierba con las almohadillas de sus grandes pezuñas.
A menos de un kilómetro de la entrada a Manizales, por la avenida Centenario y en el barrio La Castellana, se encuentra La Monumental. Las paredes blancas, los ladrillos en las paredes y las escalinatas, los cuatro balcones, los tres faroles en cada entrada de las cuatro naves y su gran puerta roja de madera han visto pasar toros durante 74 años. En cada corrida la plaza se llena, las más de 15.000 personas que asisten sin falta se sientan a la espera del inicio de algo que consideran un ritual. Suenan los himnos, primero el de Colombia y después el de Manizales, el público orgulloso canta al unísono. Justo después de que finaliza el canto, la plaza entera grita “¡Olé!” y así se da inicio a una nueva faena.
“El orgullo que tenemos por la ciudad se escucha en el olé”, afirma Mariana Duque, una joven manizaleña apasionada por la tauromaquia. La corrida comienza con el paseíllo, las presentaciones del torero, el
toro, la banderilla, además del brindis y el recibimiento de la bestia que entra a la plaza. El animal toca el cemento arenoso, sale de toriles con la bandera de la ganadería y comienza la lidia: el capoteo, los picadores junto con los caballos, el tercio de varas, el de banderillas y el tercio de la muerte en donde una estocada acaba con la vida del toro. Mariana vive esta tradición como espectadora. Para ella, todo comienza con la preparación: los rituales, la presentación y la manera en que se asiste al evento. Destaca la elegancia del torero, admira sus movimientos y la forma en que guía al toro con destreza. “No voy a ver cómo matan al toro, sino a presenciar la lucha, el enfrentamiento entre el torero y el toro”, explica. Para ella, el toro es el verdadero protagonista, un símbolo de admiración y respeto en la arena.
“Es una forma de vida” En la plaza no solo se grita olé. Cada sábado desde las ocho de la mañana se escuchan risas, niños corriendo y jóvenes practicando. Entre el campo circular de arena hay máquinas que simulan los movimientos del toro y niños que juegan a ser toreros. La Tauroescuela de Cormanizales da clases para mantener la tradición.
Nelson Pineda es el profesor de más de 35 alumnos de la ciudad y sus alrededores. Además, es banderillero profesional, tiene 44 años y lleva casi 30 en ese mundo, al que se introdujo desde muy pequeño por su familia. “Lo descubrí como una forma de vivir, porque ser torero no es una profesión, es una forma de vida”, comenta y agrega: “Lo único que sé hacer es coger un capote, derribar un toro y tener una pedagogía que no aprendí en ninguna universidad, no me siento capacitado para hacer otra cosa. Esa va a ser la afectación para mí y para mis compañeros, que somos más de 80 banderilleros, picadores y matadores de toros”.
A la escuela le interesa, más que hacer toreros, hacer personas con principios, según cuenta Nelson. El menor de los alumnos tiene cuatro años y va con su capote y muleta que le triplican el tamaño, se para con firmeza y torea a ese toro falso manejado por uno de sus compañeros. Descubrió su afición por un video de YouTube y lleva un año en la escuela. El mayor de los alumnos tiene 25 años, es torero profesional y ya ha toreado en la plaza La Monumental.
Es para personas como Nelson o Esteban que está pensada la reconversión
de la que habla la Ley No Más Olé. Para la senadora Hernández no se trata solo de un asunto económico, sino también de una transformación cultural alrededor de la prohibición. Por eso, ella cree que esta es una oportunidad para innovar: “Es un reto, un desafío, para convertir la Feria en un escenario que reivindique lo que realmente nos representa como colombianos”. Por ejemplo, considera que podrían tomar más protagonismo las actividades alrededor de las artesanías, la gastronomía y las distintas expresiones culturales que pueden tener un nuevo espacio en estos escenarios emergentes.
Para la senadora, las ciudades y los lugares en los que se practica la tauromaquia también ganan dignidad después de esta prohibición. “Uno no puede mantener una feria, una fiesta, una celebración basada en el sufrimiento, en la tortura de un ser vivo simplemente por cuestión de entretenimiento”, asegura.
En la hacienda, Esteban y su familia tienen que levantarse y alimentar a los toros tres veces al día durante los 365 días del año, sin importar si es domingo, festivo o si llueve. “Aquí la prioridad son los toros y cuidar de los animales, asegurándonos de que estén en silencio y tranquilos”, enfatiza.
“El trabajo con los toros es constante, no se detiene, y nosotros tampoco podemos detenernos, porque sus necesidades no cesan”, reflexiona Esteban. Todavía espera que de alguna manera la ley se caiga. De hecho, la Corte Constitucional ya ha recibido demandas para que la tumbe.
En caso de que la ley siga en pie, Esteban cree que los toros terminarán en el matadero y la hacienda la llenarán de vacas de ordeño, que no generan las mismas ganancias y que tienen distintas dinámicas con la ecología del lugar. Mientras tanto, cada mañana, tarde y noche, en el frío del páramo de Letras, el humano y el toro se observarán a lo lejos, uno con más curiosidad que el otro, uno con más miedo que el otro, pero ambos sin saber lo que pueda pasar después de los próximos tres años.
Estudiantes de la escuela de toreros Tauroescuela Cormanizales. Foto: Jannín Cortés.
La Monumental, plaza de toros de Manizales. Foto: Jannín Cortés.
¡Parano ia en el trabajo!
La Organización Internacional del Trabajo estima que en Colombia más de ocho millones de empleos pueden implementar la inteligencia artificial en ciertas labores, un escenario que promete modificar e incluso poner en riesgo las dinámicas laborales.
En Colombia, la informalidad hace que algunos empleos estén menos expuestos a la inteligencia artificial. Sin embargo, algunas de sus aplicaciones podrían transformar áreas como el trabajo agrícola. Foto: Voces por el Trabajo.
Cuando Javier Forero abre la aplicación que creó, comienza a funcionar un complejo programa con códigos de programación y comandos operacionales que recopilan información y revisan decenas de bases de datos. Este entramado operacional tiene un único objetivo: recomendar cuáles son los cultivos más adecuados según las condiciones de cada tipo de suelo.
El trabajo de un campesino, con toda una vida de aprendizaje en la agricultura, podría compactarse en una aplicación de celular por la existencia de una inteligencia artificial (IA) que administra y recopila datos externos para arrojar ciertas conclusiones. “La idea es cambiar la perspectiva de cultivar algún producto simplemente porque es la tradición o porque en esta región se planta este alimento”, comenta Forero, quien es ingeniero especializado en Big Data con énfasis en Machine Learning.
Por medio del portal Datos Abiertos, Forero obtuvo datos de la Gobernación del Valle del Cauca sobre más de 22.200 cultivos del departamento: “Entrenamos un algoritmo de Machine Learning que, más que predecir, recomienda o sugiere cuál es el cultivo más
eficiente en un determinado terreno a partir de las variables de ese lugar”, dice.
Según el especialista, cualquier persona podría usar la aplicación, ya que funciona en un programa de libre acceso; sin embargo, para sacarle todo el provecho es necesario ser precisos con las variables, lo cual requiere instrumentos de medición. “Si tienes una casa con un jardín y quieres sembrar algo, podrías usar la IA, pero tendrías que tener la medición de las variables que requiere este algoritmo”, comenta, y agrega que su aplicación está más enfocada hacia empresas agrícolas con algún nivel de tecnificación.
Natalia Calvo-Barajas, ingeniera mecatrónica y magíster en Ingeniería Robótica, ha participado en el diseño de robots que implementan IA para buscar soluciones en procesos industriales y pedagógicos, desde que un robot le cuente una historia a un niño hasta que una máquina sepa cómo recibir un objeto. Calvo-Barajas cree que, de forma industrial, “los sectores que pueden usar la IA podrán mejorar sus procesos, productos o resultados”.
Sin embargo, aunque este tipo de aplicaciones de IA ofrecen nuevas oportunidades para optimizar distintos
procesos productivos, también representan una alerta para el sector laboral, porque abren la posibilidad a que algunos empleos sean reemplazados.
Fabio Arias Giraldo, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la central sindical más grande del país, afirma que “si una fábrica empieza a automatizarse, con seguridad que se vuelve mucho más difícil conseguirle un empleo a un trabajador que lleve 40 años en el mismo puesto y darle exactamente la particularidad, la especialidad y la especificidad de lo que hacía en esa empresa previo a su reemplazo”. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) hace recomendaciones bajo esta misma línea en su página web: “A medida que la IA transforma las ocupaciones, es crucial contar con una mano de obra dotada de las competencias necesarias en aprendizaje automático, ciencia de datos y ética de la IA para aprovechar su potencial”. Parte de la solución a estos problemas pasa por el ámbito legal, puesto que se necesita amparar a los trabajadores ante esos riesgos. Según Calvo-Barajas, “si vamos a utilizar una tecnología que va a reemplazar a cierto tipo de trabajos, debemos pensarnos
Regulaciones de la Unión Europea según el nivel de riesgos
| José Manuel Holguín jose.holguin1@udea.edu.co
Prohibición
Violación de los valores y derechos fundamentales de la Unión Europea.
Evaluación de conformidad, monitoreo posmercado, etc. Impacto en la salud, la seguridad o los derechos fundamentales.
Obligación de información y transparencia
Riesgo de suplantación o manipulación (deepfakes, chatbots, IA generadora de contenido).
Sin regulación específica
Sistemas comunes de la IA (filtros de spam, sistemas de grabación, etc).
Riesgo inaceptable Alto riesgo
Riesgo limitado
Riesgo mínimo
FacultaddeComunicacionesyFilología
cómo vamos a entrenar a las personas para utilizar e integrar esta tecnología en su nuevo rol, o cómo podemos tratar de mitigar ese riesgo”.
Un camino por crear Colombia no cuenta con decretos o leyes que regulen la IA, y el proyecto de reforma laboral que cursa en el Congreso tampoco la aborda. Sin embargo, el país sí se ha acogido a los instrumentos y las recomendaciones internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Unesco, específicamente en temas como el uso ético y los estándares de seguridad frente a estas tecnologías.
“En caso de un despido por reemplazo tecnológico lo único que el trabajador recibe es la indemnización y se acabó. Es muy lamentable la situación que ellos viven, y no hay forma de demandar lo sucedido, porque presuntamente eso es legal”, señala el presidente de la CUT, quien afirma que no existen garantías cuando estos reemplazos ocurren.
En junio del 2024, el Parlamento Europeo aprobó “la primera ley integral sobre IA del mundo”. En este documento se busca regular la tecnología según una clasificación de riesgos, desde el mínimo hasta el inaceptable.
“La Unión Europea (UE), por ejemplo, busca entender cuáles son las consecuencias que va a tener el integrar este tipo de aplicaciones en la sociedad”, comenta Natalia Calvo-Barajas, quien reside en Suecia. En cada una de las categorías planteadas por la UE existe una regulación específica, como entregar la información que recopile el programa o incluso prohibirlo (ver gráfico).
En Colombia, Alirio Uribe, representante a la Cámara, presentó el Proyecto de Ley Estatutaria número 154, pensado para regular la IA en el país. “Lo que queremos poner de precedente es que Colombia pueda tener un marco legal que privilegie la vigencia de los derechos humanos en el uso de estas tecnologías”, dice el congresista del Pacto Histórico.
Por ejemplo, el artículo 12 del documento busca que las empresas públicas y privadas desarrollen planes de capacitación en la IA, reconversión laboral y un aviso de mínimo seis meses para el empleado que podría salir. En caso de reemplazo, pretende que el trabajador pueda obtener un puesto igual o mejor que el que ocupaba antes.
Análisis
El proyecto se justifica en la vulneración de los derechos de las personas, como “el riesgo de reducción de la intervención humana, el reemplazo de la autonomía humana, la pérdida de libertad individual, y la gran cantidad de datos personales que usan y fluyen a través de los sistemas de inteligencia artificial”.
A pesar de estas vulneraciones, el cambio ha comenzado, pues esta tecnología se vuelve mucho más atractiva para ciertos sectores. “El uso de inteligencia artificial, en relación con la eficiencia, permite que las empresas puedan trabajar de una forma más rápida, desenvolverse en otros espacios o pensar en asuntos más complejos a nivel corporativo; otro asunto tiene que ver con los trabajadores y lo que eso implica para ellos”, comenta Juan Pablo González, periodista de la corporación Voces por el Trabajo.
En esto concuerda María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, quien comenta que esta tecnología puede dar mejores resultados a algunas industrias. “Es una ventaja muy grande para las diferentes empresas, los diferentes líderes y también para las mismas personas que están en un cargo más operativo”, afirma.
La OIT identifica ambos ejemplos como los tipos de aplicaciones que tiene la IA: automatizar tareas y realizar gestiones algorítmicas. La primera hace referencia a asignar ciertas labores a la IA como una herramienta para el trabajador; la segunda, y más controvertida, busca que los algoritmos funcionen para suplir actividades.
Los más (y menos) expuestos
El Observatorio de la IA y el Trabajo en la Economía Digital de la OIT recopila información sobre la IA y su efecto en los trabajos de distintas regiones del mundo. Por ejemplo, estima que en América Latina y el Caribe entre el 26 % y el 38 % de los empleos están “expuestos” a la IA, es decir, que tienen la capacidad de integrar esta tecnología como herramienta o pueden ser directamente reemplazados.
El panorama nacional no se distancia mucho de las métricas regionales. El estudio “La IA generativa y los empleos en América Latina y el Caribe: ¿La brecha digital es un amortiguador o un cuello de botella?”, publicado en julio del 2024 por la OIT, afirma que el 35 % de los empleos colombianos, cerca de 8.244.000 trabajos según la
organización, están expuestos al uso de este tipo de programas. Sin embargo, el 3 % de los trabajadores, menos de 700.000 personas, podrían ser totalmente reemplazados.
El estudio no especifica los sectores más impactados en el país, pero la OIT, después de evaluar 436 ocupaciones en todo el mundo, determinó que los sectores que más cambios podrían tener son la administración pública, las ventas y los profesionales asociados a estas categorías. Trabajos como el de secretarios, recepcionistas, encuestadores, vendedores por llamadas, mecanógrafos, agentes de bolsa o programadores de aplicaciones en dichos sectores son los más susceptibles de ser reemplazados, según la organización (ver gráfico).
Javier Forero y Alirio Uribe también consideran que el sector financiero es uno de los más expuestos, como cualquiera con labores específicas y repetitivas. La mayoría de los empleos en otros sectores usarían la IA a su favor o no serían afectados.
Según Giancarlo Delgado, politólogo y director de Voces por el Trabajo, “los impactos de la inteligencia artificial se ubican, sobre todo, en el empleo formal. En Colombia hay alrededor de 23 millones de trabajadores y el 56 % de esa población, más de 12 millones de personas, están en el mercado informal”.
La OIT menciona que, debido al acceso desigual a la tecnología, la poca infraestructura digital, la deficiencia en las competencias digitales y el costo que genera crear o comprar esta tecnología, la integración de la IA genera brechas en la productividad entre países, y entre las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas. Es decir, no todo el mundo puede siquiera intentar sacarle provecho a la IA. Esta desigualdad es una de las razones por las que, para la organización, el 65 % de los empleos colombianos no estarían expuestos. “Despidos por inteligencias artificiales en Colombia hasta ahora no conozco”, dice Fabio Arias, quien recalca que lo más parecido son los reemplazos por máquinas como las que se pueden ver en las plantas de ensamblaje. Forero también dice que desconoce casos de despidos o amenazas sustanciales a puestos de trabajo de sus colegas en la industria de la programación. “Yo creo que sí hay trabajos que van a ser reemplazados, lo que pasa es que no tan
rápido como la gente considera”, comenta el analista de datos. “Si en Colombia aún no se ha hablado de esto desde la parte sindical, es un síntoma de que en el mundo laboral colombiano aún no hay grandes repercusiones”, dice Juan Pablo González. Y Giancarlo Delgado complementa: “No tenemos información o formas específicas de medirlo. Esto solo nos deja con experiencias en otros países, donde evidentemente hay otras condiciones”.
Reemplazados por humanos González menciona que es importante invertir en educar en estas tecnologías antes de que se comiencen a profundizar los “rezagos”. Según comenta el integrante de Voces por el Trabajo, “esas personas que hoy estudian, en unos años van a tener que trabajar en un ambiente donde hay inteligencia artificial, por lo tanto, hay que implementar programas de aprendizaje permanente, porque eso va a mitigar la pérdida de empleo futuro y va a mejorar la productividad”.
María José Bernal afirma que desde el gremio de los comerciantes ha impulsado capacitaciones para el uso de esta tecnología. Ella cree que “una mayor humanización en la automatización de los procesos pasa por que sea cada vez más fácil para el usuario lograr esta integración con la IA”. Para ella, hay que entender que no es la IA quien va a reemplazar a las personas: “Las personas que saben usar la inteligencia artificial reemplazarán a las personas que no saben utilizarla”. En esto coincide Javier Forero, quien pone como ejemplo que quienes les pueden quitar el trabajo a los abogados son los abogados que sepan usar IA.
El proyecto de ley que busca regular la IA en el país no ha avanzado en el Congreso. Después de una audiencia pública realizada el 30 de septiembre, se aplicaron algunas modificaciones a la propuesta que todavía no ha sido discutida ni en primer debate. Para Alirio Uribe, el autor del proyecto, es claro que el objetivo no es otro que asegurarse de que las decisiones, al final, las sigan tomando los seres humanos.
Tareas con exposición media a alta a la IA generativa en el mundo
Exposición media
Técnicos y profesionales asociados
Exposición elevada
Trabajadores de ventas y servicios
Directores Profesionales
Trabajadores cualificados de la agricultura, pesca y silvicultura
Operadores de planta, maquinaria y ensambladores
Oficiales, operadores y artesanos
Ocupaciones elementales
En Medellín toca hacer camino al andar
La posibilidad de caminar habla del nivel de la calidad de vida en los entornos urbanos. Como asegura el movimiento Walk21, fundación que promueve la caminabilidad en las ciudades, esta actividad es un indicador clave de sociedades “con salud, eficiencia, inclusión social y sostenibilidad”.
En agosto de 2024, la escritora argentina Tamara Tenenbaum se declaró “víctima de intentar caminar en una unwalkable city ” (ciudad incaminable). Estaba en Medellín y, según contó en X, resultó en una autopista donde un hombre venezolano las auxilió a ella y a su acompañante. Las llevó por un costado y, al despedirse, les aconsejó: “Princesas, al regreso toman un auto; nada de locuras”.
Esa publicación desató desde defensas de que sí se puede caminar en Medellín, hasta críticas que señalaban que caminar es un privilegio para unas pocas zonas. También detonó este ejercicio: les propusimos recorridos arbitrarios a cuatro cronistas que debían ir a pie desde un punto a hasta un punto b. La infraestructura, la falta de zonas verdes, la urbanización no planeada, las basuras, el irrespeto a los peatones y hasta el acoso sexual callejero son algunas de las barreras narradas en estas crónicas.
pies, como si tuviera que confirmar que no había nada que los pudiera pisar. ***
Caminar por Belén es otro cuento. Las aceras son anchas y hay muchos árboles. Con excepción del paso de Los Molinos a la 80, caminar por allí es tranquilo, seguro, no pasa nada. Bajando por la 30A hasta el parque de Belén no sentí miedo; una señora cargaba las bolsas del mercado y un par de extranjeros trotaban justo a su lado. Este barrio fue planeado y, como muchos de los barrios obreros de la ciudad, fue construido alrededor de las fábricas para darles vivienda a los trabajadores.
y camionetas de los campesinos de Santa Elena que bajan todos los días a la Placita de Flórez. Las aceras de la zona de la placita son una combinación entre Belén y Barrio Triste: hay árboles y son espaciosas, pero están llenas de cajas de carga además de las mesas de bares y restaurantes.
Caminé dos cuadras más hasta el Teatro Pablo Tobón Uribe y de ahí subí hacia el Museo Casa de la Memoria. En el espacio entre ambos hay árboles, algunas esculturas y un monumento a las fuerzas militares. Es como un parque partido por la avenida Giraldo y la carrera 38.
Entre el teatro y el museo también está el CAI de Boston. Hay bancas y árboles. Ese día se escuchaba a los vendedores de “la olla” que está alrededor del museo. Frente a la escultura de Mahatma Gandhi, un hombre gritaba “¡Pepas, drogas, vicio, bareta, rueda!”, mientras que otro sacaba una bolsa de una matera. Allí, donde comienza el parque Bicentenario, ya no hay riesgo de ser pisado por ningún vehículo.
Los peatones y los ciclistas tienen su propio espacio, pero algunos motorizados lo usan como atajo. Las calles que tomé para llegar de un punto a otro tienen aceras pavimentadas, pero ¿basta esa condición para asegurar un urbanismo incluyente en la ciudad? Mientras me hacía esa pregunta recordé a los ciclistas, quienes andan en rutas que se interrumpen arbitrariamente.
Percibí un cambio desde la calle 77 junto al Parque Norte: ya no gobernaba el caos sino un silencio que me inquietó, pues podía escuchar el sonido de mis talones en cada paso. En los cinco minutos que tardé en llegar al Puente del Mico solo me crucé con dos personas. Eran las 11:26 de la mañana y Medellín estaba a 26 grados.
Llegué al puente, cuyo límite es una oreja que conecta por debajo con la Regional. Ese espacio similar a un parque es ocupado por algunos habitantes de calle. Algunos caminan sin ritmos definidos, otros simplemente miran a la nada; algunos están sentados, otros recostados; unos están en grupos, otros dispersos y solos.
Caminar en dos ciudades distintas: de Belén al centro
| Santiago Bernal Largo santiago.bernal2@udea.edu.co
Cuando cumplí 19 años decidí celebrar en un bar de Aranjuez. Mientras caminaba hacia el lugar, por la calle 92, la acera estaba tan llena de personas y de mesas que tuve que caminar con el pie izquierdo en la calle, cuando un Renault Clio azul le pasó por encima con la llanta trasera. No tuve ninguna fractura, pero la celebración terminó en urgencias con el pie hinchado, las burlas de mi hermana mientras me llevaba en una silla de ruedas y el miedo a que en cualquier momento otro carro me pase por encima. Dos años después, mientras caminaba por Barrio Triste, recordé aquel episodio. Los talleres de mecánica abarcan las aceras; las motos, los camiones y los montones de repuestos hacen lo mismo en la calle. La alternativa parece ser columpiarse en los andenes y esquivar los carros.
Las aceras más despejadas son las de la iglesia, que tienen macetas hechas con neumáticos pintados. En la reja, un letrero dice: “Señor motociclista, por favor dejar esta zona libre para los peatones que ingresan al templo”. A una cuadra hay una glorieta con la escultura de un mecánico y unos cuantos árboles que emulan un parque de barrio; para cruzar hasta ella hay que pasar por una calle sin semáforo en la que circulan carros y motos en todas las direcciones. Decidí hacer lo que hasta ahora me ha servido: esperar a que alguien más tenga que cruzar para pasar junto a esa persona, como si el escenario ideal fuera ser atropellado en grupo. Para salir de Barrio Triste, antes de la avenida del Ferrocarril, es necesario bordear un montón de camiones de carga parqueados en zona prohibida. Mientras caminaba, las aceras parecían estrecharse, había que voltear el cuerpo y bajarse de la acera. Miraba al frente asegurándome de que nadie me fuera a embestir, pero también miraba mis
Seguí por Laureles, que también fue pensado como un barrio obrero, pero que en cambio empezó a ser habitado por la nueva clase alta de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX. Al igual que en Belén, cuando bajé por la 33A me percaté de los jardines y las aceras que, a diferencia de los de Barrio Triste o Aranjuez, estaban despejados.
Poca gente caminaba por ahí un sábado al mediodía. El occidente de Medellín es extraño para mí, esa ciudad planeada tan distinta a aquella donde un Renault Clio pasó encima de mi pie. ***
Al subir por Maturín el miedo se convirtió en algo más parecido al sofoco. Esta calle está cubierta por el viaducto del Metro y cientos de vendedores ofrecen ropa, sábanas, cobijas y hasta árboles de navidad. Desde allí caminé hacia las calles más conocidas del centro.
En el paso de Tenerife el semáforo estaba apagado y a mi lado caminaba una religiosa de la que yo dependía para seguir cruzando. En cada cruce aguardaba por alguien más para continuar y justo en la carrera Bolívar había una familia de cinco personas que, sin saberlo, me adoptó por unos segundos mientras llegaba hasta el otro lado.
Luego estuve en Ayacucho por donde, además del tranvía, pasan un montón de motos que orillan a los peatones en unas aceras apretadas. Seguí caminando, pensando que si tocaba la raya verde que limita el espacio de la vía estaría en peligro de ser arrollado.
Esa vía también es la entrada al oriente de la ciudad. Por sus alrededores pasan los buses de La Milagrosa, El Salvador, Caicedo y Buenos Aires. También había camiones
Cemento sobre un valle verde: de Aranjuez a Robledo
| Juana Zuleta Betancur juana.zuleta@udea.edu.co
Empecé mi recorrido un sábado a las 10:40 de la mañana con 25 grados. Además de los murales y los planos del artista en cada rincón, los árboles y los arbustos mantienen viva la esencia por la que se diseñó la Casa Museo Pedro Nel Gómez. En los años 30, Pedro Nel construyó su hogar en las montañas de Aranjuez convencido por su esposa Giuliana Scalaberni, porque la vista del valle despejado y sin edificios le recordaba a ella su natal Florencia, en Italia. La frescura del sitio hizo evidente el día caliente al otro lado del portón, donde los viejos edificios son los únicos que dan sombra. De la casa museo pasé al bullicio de la ciudad. Las ventas informales fueron el paisaje estático de la avenida Carabobo, mientras las motos, los carros y los buses, los que le daban movimiento.
Caminé derecho y a partir de Moravia noté que la zona estaba repleta de talleres de mecánica. 11:00 de la mañana, misma temperatura. El ruido de los pitos de los carros, el polvo que se levanta, los gases de los mofles de los buses y el rebote del sol sobre unas láminas de zinc hicieron escurrir por mi frente algunas gotas de sudor, más que por calor, por agobio.
Frente a mí venía uno de ellos dando zancadas y moviendo drásticamente sus brazos hacia atrás y hacia adelante. Estaba tan encorvado que su cabeza parecía salirle del pecho. No vi sus pies porque estaba atenta a su mirada, que parecía fija en mí. Se estaba acercando y no encontraba cómo evitarlo. El puente tiene unos separadores en concreto que no permiten cambiar de carril ni de acera; quien no quiera seguir ahí solo tiene la opción de devolverse o ceder ante su destino incierto. El hombre solo pasó por mi costado sin darme la misma importancia que yo le di.
El puente termina cerca de la Terminal del Norte, donde vendedores de energizantes y agua fría corren hacia los conductores que los llaman antes de que el semáforo cambie. En el límite de Caribe con Robledo los talleres también acaparan las calles. Por la transversal 78, detrás del centro comercial Florida, me encontré con una situación que desde pequeña mi mamá me dijo que evitara a menos que estuviera con mi papá: un bus estacionado junto al andén con todas sus puertas abiertas mientras un hombre lo limpiaba. Cuando le pregunté a qué se debía la advertencia contestó que alguien podría meterme ahí sin que nadie se diera cuenta. Rodeé el bus, como siempre desde que tengo memoria.
Llegando al Rinconcito Ecuatoriano, entre Córdoba y Pilarica, comencé a escuchar los silbatos de los bandereros con sus “pare y siga”. La vía hacia el Hospital Pablo Tobón Uribe estaba cerrada por las obras del Metro de la 80 y se debía tomar otro camino. La contaminación auditiva fue tan inmediata que parecía imposible imaginar que a menos de dos kilómetros hubiera tanto silencio. Eran las 11:37 y las personas pasaban con el ceño fruncido por la luz directa en sus ojos. En la calle 73, el Cerro El Volador se asoma detrás de muros,
talleres, lavaderos y parqueaderos que solo disminuyen llegando a la zona universitaria. En las paredes que llevan a la primera entrada del Pascual Bravo hay una pintura de Pedro Nel Gómez, que alude a su profesión de arquitecto y a su interés por lo ambiental. Luego está la sede de Robledo de la UdeA, que llega hasta el ITM, y a una cuadra del Colegio Mayor está la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, sobre la 80, a donde llegué a las 12:05.
La Casa Museo Pedro Nel Gómez y la Facultad de Minas están conectadas por su creador, cuya preocupación a la hora de dirigir sus proyectos era que el espacio natural estuviera presente en todas las transformaciones urbanísticas de Medellín. Los dos lugares mantienen ese legado: son pequeños bosques de verdes vibrantes que rodean edificios, pero basta un paso afuera de sus puertas para ver una ciudad que, al construirse, poco se interesó en seguir esa idea urbanística. Las calles solo ofrecen al peatón cemento bajo sus pies.
Echarle culpas a la lluvia: de Manrique a La Milagrosa
| Melany Peláez Morales melany.pelaez@udea.edu.co
Los truenos no dejaban de retumbar mientras me ponía los zapatos. El viernes 27 de septiembre hubo granizo, árboles caídos, inundaciones y sistemas de transporte colapsados. Me quedé en casa; Medellín y yo no estamos preparadas para la temporada de lluvias.
El sábado también llovió, pero ya estaba en la calle y con sombrilla. El sol apenas se asomaba entre las nubes como una linterna que se está quedando sin pila. Eran las 2:30 de la tarde. En la esquina de la calle 67 con carrera 47, en Manrique, niños salían de la catequesis; al frente, los albañiles recién pagados bebían y, del otro lado, en el semáforo, un vendedor de impermeables vivía su mejor momento. Ahí empecé mi recorrido desde la iglesia El Señor de la Misericordia hasta la parroquia La Milagrosa.
Como no sabía por dónde ir, fingí que era una ruta de peregrinación y escribí “parroquia” en Google Maps. Me abriría camino por algunos barrios de las zonas nororiental y centroriental. Dividí mi ruta en pequeños trayectos para memorizarlos y evitar sacar el celular, lo hago casi siempre que salgo, pero es inútil porque soy desmemoriada, indecisa y dependiente de la tecnología. Mi primera parada sería la parroquia La Sagrada Familia en Villa Hermosa. Pronto tuve claro que me concentraría en echarle culpas a la lluvia por hacer más difícil mi camino. Cuando le di la espalda a la iglesia, lo primero que encontré fue un hueco inundado que me obligó a subirme al andén. Aunque no quería mojarme y mucho menos ser atropellada, la acera parecía una peor opción porque algunos gallinazos rondaban un arrume de bolsas de basura de las que escurrían muchos pedazos de carne cocinada con una que otra papa, tiras de cebolla y rebanadas de zanahoria. En otros sitios la lluvia remojó diminutas bolsas de ziploc, popó de perro, restos de comida y el pelaje de
una rata que saltaba de jardín en jardín en la calle 66C con 41, en Villa Hermosa.
Se me dificulta defender el uso de las aceras: en el camino no pude pasar por encima de las motos parqueadas, ni por debajo de las sillas y mesas de negocios, ni subir los muros de metro y medio o atravesar las rejas de quienes decidieron encerrar el frente de su casa. En la calle 64 con carrera 40, cuando iba llegando a la parroquia San Miguel Arcángel, le di otra oportunidad a ser buena peatona y caminé por la acera sobre unas tabletas de gres rojiza y granito. Me resbalé porque seguía mojada, solo la palma de mi mano tocó el suelo.
La iglesia María Reina de los Ángeles, en el barrio Los Ángeles, es igual de grande y elegante que las casas del sector. El ruido de los buses desapareció mientras bajaba por Mon y Velarde hasta cruzarme con la calle Miranda. La sombra de los árboles oscurecía el pavimento y las paredes más de la cuenta; vi a un vigilante con uniforme, silbato y bolillo dando ronda unas cuadras más arriba. Su servicio de seguridad me hizo sentir insegura.
Desde el parque de Boston observé la iglesia Nuestra Señora del Sufragio. En todas sus entradas dormían habitantes de calle y algunos compartían el mismo rayito de sol. No pude evitar preguntarme dónde y cómo se refugiaron de las lluvias de los últimos días y antes de que pudiera responder abrieron las puertas y los despertaron para dar paso a los feligreses.
No me preocupa que me roben, tengo tres reglas básicas de autocuidado: preguntar cómo llegar solo a personas que no se puedan mover de donde están, no detenerme a pensar por dónde seguir ni devolverme por el mismo sitio para no parecer perdida y no mostrar el miedo. Ese día no cumplí la última. Había dos muchachos sentados en el muro que bordeaba una casa, uno de ellos estiraba las piernas hasta la mitad de la acera, las cerraba y las abría para chocar sus zapatos y atrapar la navaja abierta que lanzaba hacia arriba, una y otra vez. A un lado había muros y al otro arbustos. Pedirle que parara y me diera permiso nunca fue una opción, romper otra regla y devolverme tampoco. Esperé hasta que se le cayó la navaja, se rio de mí y me dio paso.
Subí para llegar a la parroquia San Policarpo, en Sucre. Recordé que Medellín y yo no estábamos preparadas para las lluvias en la calle 64 con carrera 36: había una zanja con aguas estancadas aunque había escampado hacía más de una hora. Me detuve en el puente peatonal que conecta con Caicedo y sentí la quebrada Santa Elena crujir bajo mis pies; nunca la había visto café ni con tanta fuerza. Le eché la culpa a la lluvia y continué.
Cuando llegué a Buenos Aires confié en mi sentido de ubicación y seguí el tranvía para finalizar mi recorrido. Me perdí. Confundí la iglesia de La Milagrosa con la de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, rompí mi segunda regla básica de autocuidado y me devolví por el mismo lugar, pero menos preocupada. Estaba cansada. Me faltaron cuatro cuadras en subida para llegar a la última parroquia. Abandoné mi peregrinación a las 4:23 de la tarde cuando un par de truenos iguales a los del día anterior anunciaron otro aguacero.
En este relato no importa cómo luzco, cómo me visto ni quién soy. Solo hace falta decir dos cosas de mí: soy mujer y habito Medellín. Mi recorrido comienza en el parque Cristo Rey, en Guayabal, y termina en el parque lineal La Frontera, en El Poblado. Guayabal es uno de los barrios más industriales de la ciudad y predomina el estrato tres. Es tradicional y tranquilo, pero lo cruzan dos grandes avenidas: la Guayabal y la 80. Es sábado y son las 11:40 de la mañana. El viento sopla fuerte, el cielo está inundado de nubes negras y los truenos retumban a lo lejos. Es casi seguro que va a llover, aunque en Medellín nunca hay certeza.
El parque está apenas habitado. Soy la única mujer. Me siento un momento a observar: tres ancianos juegan cartas en una mesa de cemento, otros dos conversan mientras toman tinto en una de las bancas de madera; frente a mí, dos jóvenes con gorra y camisetas anchas guardan en un bolso algo que no logro reconocer, se montan en una moto, sin cascos, y se van. Cruzo la avenida. Uno, dos, tres semáforos, el último de ellos apagado. Tardo tres minutos en cruzar. Camino hacia la avenida 80; las aceras son angostas y tengo que bajarme de vez en cuando para dar permiso a otros peatones o esquivar las montañas de bolsas de basura que emanan
un olor putrefacto. Paso por la estación de servicio de Terpel. Me cruzo con un hombre de unos cuarenta años, me mira de arriba abajo y se me acelera el corazón. Cuando llego a la 80, el paisaje es caótico y gris a pesar de los árboles en la división de carriles. Decido desviarme.
Entro a la calle 6 sur, una zona más residencial, más verde. Me siento más segura. Las aceras se amplían un poco, pero hay huecos y losas levantadas por las raíces de los árboles. Llego a la entrada de Easy, en la calle 50C. Hay una tienda de barrio con seis hombres sentados en sillas rojas de plástico, unos jóvenes, otros viejos; cada uno tiene una Pilsen en la mano. Todos, sin excepción, me miran; su rastreo comienza en mis piernas y termina en mi rostro. Paso rápido y mi corazón vuelve a acelerarse.
Tomo la autopista Sur. El humo de los carros se mete en mis pulmones, el ruido excesivo penetra mis oídos y el viento me revuelca el cabello. Camino por un sendero verde, sucio y solitario. Me vuelvo a sentir insegura. El humo se mezcla con un delicioso olor a café, descubro en el mapa que viene de Colcafé; dura uno o dos minutos en mi nariz y me abandona. Cruzar el río por la estación Aguacatala parece la opción más segura. Al lado de la taquilla un hombre de unos treinta años, de camiseta azul y jean, me hace otro escaneo completo. Salgo de la estación. La melodía de un violín tocado por un anciano al que los peatones le dan monedas se mezcla con el rugir de los carros y los camiones que salen de la Regional. Me encuentro con la glorieta de Aguacatala, me pierdo un par de veces en esa estructura monstruosa, vuelvo al señor del violín, subo, bajo, todo se ve igual. Cuando logro salir de ahí, camino hacia la avenida El Poblado. Los hombres con los que me cruzo me miran de arriba abajo, de nuevo. A excepción de esos escaneos incómodos, lascivos y recurrentes, esta parece otra Medellín: aceras amplias, bonitas e impecables; personas que llevan a sus perros de una correa, en ropa deportiva y tomándose selfis con un iPhone; automóviles y camionetas BMW, Toyota, Mercedes y Jeep; hoteles, edificios altos y casas lujosas. Paso por el centro empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín. Al borde de la calle hay un hombre con el uniforme vinotinto y beige de EPM. Desde unos cinco metros me mira fijamente la pelvis, nunca los ojos, ni la cara, ni nada más que la pelvis. Paso por su lado, luego volteo y me sigue mirando, esta vez las nalgas. Camino rápido hasta que lo pierdo de vista. Aunque ir desde Guayabal hacia El Poblado revela un gran contraste físico y social, no parece haber mucha diferencia cuando se cruza siendo mujer. Medellín es incaminable en muchos sentidos: el tráfico, el ruido, el mal estado de los senderos, la calidad del aire, la inseguridad. Pero cuando naces con vulva se agrega el miedo que producen las miradas lascivas que se posan sobre ti en cada esquina o en cada acera, a veces acompañadas de comentarios, de
roces o incluso cosas peores, en cualquier barrio y a cualquier hora del día. Miro el reloj, son las 12:50. Cinco minutos después llego a mi destino: el parque lineal La Frontera, al lado de la Mansión Montecasino, antigua casa de Carlos Castaño. Un parque moderno, con mallas, senderos, plantas bien cuidadas y un estilo rústico. Me siento a descansar. Mientras permanezco allí solo veo a tres personas jóvenes, una mujer y dos hombres que pasean a sus perros. El cielo cumple en El Poblado la promesa que me hizo en Guayabal: comienza a llover y el parque se queda solo. Yo también me voy.
Un mestizaje frito a la vuelta de la esquina
Es imposible pensar la comida rápida en Medellín sin las salchipapas. Más allá de la aparente sencillez de ese plato, este recorrido histórico y gastronómico por los negocios que volean papa, salchicha, tocineta y queso todos los días muestra que allí se esconden tradiciones alimenticias que unen continentes.
| Pablo Giraldo Vélez pablo.giraldov@udea.edu.co
Son las 8:20 de la noche de un sábado de octubre en Santa Cruz, comuna 2. Suena merengue en una discoteca al otro lado de la calle. La cocina y la caja componen un mismo espacio que es ocupado, en su mayoría, por una freidora de más o menos nueve canastas donde fritan papas y longanizas indistintamente. Bajo el marco de una puerta que sostiene un cuadro religioso entran y salen cinco empleados. Uno frita, otro junta los ingredientes; detrás de ellos, otra echa las salsas y la última de la cadena envuelve los platos en papel aluminio y los mete en bolsas. Si alguno se ausenta, cambian de estación y siguen voleando, sobre todo, papas, salchichas y huevos. El cajero nunca cambia de estación. Mandingas es una franquicia familiar fundada hace alrededor de 30 años en la calle 99, en Santa Cruz. Karen Zapata, dueña de Mandingas Gaitán y nieta del fundador, dice que su abuelo y los hermanos vendían papas fritas callejeras en chips que hacían en una freidora de empanadas. Luego se establecieron en un local, empezaron a hacer las papas a la francesa y diversificaron su menú. Ahora, Mandingas es tanto una forma de nombrar las salchipapas en Medellín como un local que trabaja con la papa como su materia prima. La papa es un alimento polifuncional y multifacético. Se puede cocinar y combinar de muchas formas. En la Colonia, según el historiador Gregorio Saldarriaga, se comía
hervida, como parte de sancochos, ajiacos o locros, como acompañante de carnes y pescados o en empanadas. Pero fue en Francia o Bélgica –países que todavía discuten su origen– donde hace alrededor de 300 años se popularizó freírlas en bastones, quizás sin imaginar que luego se convertirían en una insignia de la comida rápida.
Según Luz Marina Vélez, antropóloga e investigadora de la alimentación, la papa y la salchicha son alimentos tradicionales, pues pasan de una generación a otra y están arraigados a las culturas que los usan. Además, se juntaron para conformar un producto que se volvió popular e importante en el marco de las comidas rápidas.
Todo el menú tiene como base la papa, acompañada de uno o más ingredientes que hacen variar su precio. Hay con salchicha, longaniza, pollo, tocineta, carne, chorizo o huevos. La más barata, la sencilla, vale 5500 pesos y la más cara, la yumbo picada, vale 20.000. Unas mandipollo, por ejemplo, contienen las papas, partidas a la francesa en pedazos gruesos no muy tostados, pollo desmechado y salsas al gusto del cliente.
En las salchipaperías las papas se miden en baldes y bultos y la cantidad depende del día de la semana. En Mandingas Gaitán llenan cuatro baldes con un bulto y usan cerca de 15 baldes cada sábado. En el Combipapas M&M de la 33 pelan de a tres bultos los viernes y sábados, mientras que los otros días pelan uno y medio o dos. En total pelan más o menos 22 bultos a la semana, cuenta Michael, el dueño. En el local más nuevo de Combipapas M&M, en Belén Rincón, un bulto les dura dos días y los viernes y fines de semana pelan uno cada día. ***
Los griegos y los romanos fueron los primeros en hacer embutidos introduciendo amasijos de carne de res y cerdo en las tripas de los animales, pero ahora estos productos representan una manera industrializada y masiva de comer carne. En el caso de las salchipapas, según Luz Marina Vélez, contrastan con lo crujiente de la papa y le aportan al plato un “sonido sordo o blando” que lo hace atractivo, pues el acto de comer también tiene una dimensión sensorial. La salchicha como la conocemos hoy fue inventada, según Rubén Eastman, químico farmacéutico que trabajó en la industria cárnica durante 45 años, por Johann Georg Lahner, un alemán que vivía en Viena. En Medellín se empezó a producir a principios de la década de los 50 con dos empresas cárnicas: La Francesa y, luego, Zenú. El Combipapas de Belén Rincón que abrió en marzo queda al frente de la cancha. Es una noche de jueves. En las tiendas y las cantinas de los lados la gente conversa y en la
cancha hay pelados haciendo deporte. En el local una sola persona cocina, sirve y empaca. Poco tiempo después llega un domiciliario y al rato aparece Michael, el dueño. Es oriundo del barrio y fundó Combipapas con su papá en 2014 en el local pequeño de la 33, media cuadra arriba de la 65. Antes había trabajado en otro negocio de comidas rápidas en el que sirven una “salsa similar” y del que pidió no decir el nombre. “Como yo tenía conocimientos, cogí la salsa y saqué lo mío, le di mi toque”, dice. Al principio vendían fritos como empanadas y pasteles en las mañanas; eso los ayudó a mantenerse mientras conseguían clientela en la noche. Salieron las salchipapas. Arriba, queso rallado y una salsa blanca que se filtra entre los demás ingredientes. Abajo, un revoltijo de papas bien cortadas, saladitas y crocantes, salchichas partidas en rodajas y pedazos disparejos de tocineta. “De una salchicha puede salir una combipapa pequeña; de una grande, dos; de una extragrande, tres”, comenta Michael. Los sábados pide 24 o 25 paquetes de 10 salchichas: eso son hasta 250 combipapas pequeñas, 125 grandes o más de 83 extragrandes. ***
La tocineta es un pedazo de la barriga del cerdo que se sala con sal de cura antes de ser cocido y luego se corta en rebanadas muy delgadas. Según Rubén Eastman, es una herencia gringa que se popularizó en Colombia en los años 70, pues en los 60 el cerdo era muy caro. Agrega que “con el desarrollo de las empresas y el mercadeo, la tocineta se fue posicionando”. Así, la empresa Rica sacó la primera tocineta en Colombia a finales de los años 60 como parte de la competencia que tenía con Zenú y que las motivó a innovar con productos nuevos.
En la calle 35, una cuadra abajo de la 80, en el separador que divide la vía, hay un carro de comidas rápidas. Lo maneja Leo y todo el tiempo hay seis trabajadores. Mientras organiza los cartones de las hamburguesas y dirige a sus empleados, la mayoría de ellos familiares, cuenta que es de Valdivia, Antioquia, que fundó el local hace 28 años junto a dos hermanos y que, al principio, cuando las salchipapas medianas valían 500 pesos, vender 10.000 pesos en una noche era exagerado. Son pasadas las cinco de la tarde y todavía no hay gente. En la jardinera de la acera del lado hay unos cojines para que sus comensales se sienten; no puede poner sillas porque Espacio Público no lo permite.
En la esquina diagonal, bajando la 35, hay un local que lleva el mismo nombre. No lo administra Leo, pero el dueño, un familiar suyo, le da un espacio para usarlo como bodega. Las salchipapas vienen con las papas que compran ya cortadas, salchichas,
pedazos gruesos de tocineta, salsas y queso fundido. Los productos cárnicos que manejan son Zenú. Sin embargo, dice Leo, no les piden directamente a ellos sino a un distribuidor porque les saldría muy caro. ***
En el libro Selección de ensayos sobre alimentación y cocinas de Colombia de la Biblioteca Básica de Cocinas Tradicionales de Colombia, Daniel Gómez Roldán y Germán Negrete-Andrade exponen tres maneras en que se preparan los quesos en diferentes regiones del país. El proceso se resume en echarle cuajo a la leche, sacarle el suero, amasar, salar, poner el producto sólido en moldes y, finalmente, escurrirlo. Existen muchas variedades de queso: duras, cremosas, más saladas o más simples. Es versátil en la comida rápida, pues se usa en diferentes preparaciones, ya sea rallado, fundido o en lonchas.
Dog Burger fue fundado hace 21 años en la calle 10 cerca de uno de los sectores de fiesta en El Poblado, comuna 14. Ahora hay cuatro locales con ese nombre: el de la calle 10, otro en Cristo Rey, otro en Envigado y el más nuevo, en Belén La Mota. Empezaron vendiendo salchipapas con huevos de codorniz y, según Aidé, quien trabaja hace 20 años en el negocio, cuando empezaron a volverse más conocidos la gente comenzó a pedir adiciones para las papas. Así nacieron las combipapas especiales. Según Luisa Bedoya, del área de mercadeo, sus ingredientes estrella son el queso y las salsas. El Dog Burger de El Poblado queda una cuadra al norte del parque Lleras. Es un viernes a las ocho de la noche. El local es pequeño, caliente y el olor a tocineta invita a comer en cantidades. La gente mira la carta y le pide a alguno de los tres meseros repartidos en las dos cajas. Les dan un turno y se sientan o esperan afuera a que el número aparezca en un tablero digital que pasa del 41 al 47 y luego al 38. Hay, sobre todo, grupos de amigos de dos a seis personas. En el negocio no solo venden las combipapas; también hay perros, hamburguesas, maicitos y chuzos, entre otras comidas rápidas. Media combipapas especiales es suficiente para dos personas que coman poco o para una que quiera quedar más llena: viene con papas con cáscara, salchichas, pedazos pequeños de tocineta y, lo que más resalta, un techo blanco de salsa y queso suave rallado que se derrite con el calor del plato. El día empieza a las cuatro y media o cinco de la tarde y puede terminar hacia las tres de la mañana en el negocio que cierra más tarde. Los empleados despachan los últimos pedidos, limpian y recogen. Se acaba la jornada.
Una empleada les echa salsa a unas combipapas en Dog Burger de El Poblado. Foto: Daniel Gómez.
