De la Urbe 98

2 Portada

¿LA MUERTE DEL PERIODISMO? Un espectáculo

Laboratorio De la Urbe Dirección Periódico De la Urbe y coordinación de Investigación: Juan David Ortiz Franco Coordinación General del Laboratorio: Juan David Alzate Morales Dirección Digital y coordinación de Gestión de audiencias: María Cecilia Hernández Ocampo Dirección Radio y coordinación de Producción: Alejandro González Ochoa

y 61 insultos

Coordinación Regiones: Juan Camilo Gallego Castro Auxiliares: Elisa Castrillón Palacio, Karen Sánchez Palacio, Mateo Ruiz Galvis, Carolina Londoño Quiceno, Valentina Arango Correa, Sara Mesa Pérez Diseño, Diagramación e Infografía: Sara Ortega Ramírez Asistencia Editorial: Eliana Castro Gaviria Corrección de Estilo: Alejandra Montes Escobar Impresión: La Patria Circulación: 10.000 ejemplares Comité editorial Patricia Nieto, Heiner Castañeda Bustamante, Raúl Osorio Vargas, Gonzalo Medina Pérez, Ana Cristina Restrepo Jiménez Universidad de Antioquia Rector: John Jairo Arboleda Céspedes Decano Facultad de Comunicaciones: Edwin Carvajal Córdoba Jefe Departamento de Comunicación Social: Juan David Rodas Patiño Coordinador Pregrado en Periodismo: Juan David Londoño Isaza Comité de Carrera Periodismo: Juan David Londoño Isaza, María Teresa Muriel Ríos, Alejandro Muñoz Cano, Raúl Osorio Vargas, Heiner Castañeda Bustamante, Juan David Alzate Morales, Luisa María Valencia Álvarez.

Calle 67 N° 53-108, Ciudad Universitaria, bloque 10-126 (segundo piso) 10-12 LAB Tel: (57-4) 219 5912 delaurbeprensa@udea.edu.co delaurbe.udea.edu.co Medellín, Colombia

P

reguntar, verificar, interpretar. A veces quisiéramos resumir el periodismo en una secuencia de pasos, pequeños tips; expresiones que se repiten como dogmas sin mayor comprensión, como si no fuera complejo eso de asumir una responsabilidad con la gente y con esa idea esquiva de la verdad. El 11 de febrero al público del espectáculo nacional le llegó un buen ejemplo de la confrontación entre el interés público y el clic.

Vicky Dávila y Hassan Nassar tuvieron al aire una disputa que muy rápido trascendió de lo periodístico a lo personal, cuando el vocero del presidente Iván Duque evadió una pregunta sobre las circunstancias en las que un grupo de personas cercanas a la familia presidencial, en compañía de la primera dama María Juliana Ruiz y sus hijos, viajaron de Bogotá al Eje Cafetero en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana para asistir a la fiesta de cumpleaños de una de las hijas del presidente.

La estrategia de Nassar para desviar la conversación consistió, primero, en hablar de la “hipocresía” de algunos periodistas que cubrieron y opinaron sobre la utilización de los aviones oficiales al servicio de la familia del presidente; luego, le preguntó a Dávila por el uso que hace de su esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección.

Finalmente, invirtió una vez más los papeles y le preguntó si alguna vez había viajado con alguien de su familia en el avión presidencial.

Ella reconoció que durante el gobierno Santos viajó a la canonización de la Madre Laura acompañada de su esposo, y de otros periodistas y directores de medios que también fueron invitados junto a sus parejas. Dávila dijo que se arrepiente de haber aceptado la invitación del Gobierno, pero su mea culpa pronto se transformó en una retahíla de 61 insultos al aire. Todo en directo y una semana antes de que Semana lanzara su canal de televisión digital del que justamente Dávila es directora. En YouTube el video llamado “El enfrentamiento entre Vicky Dávila y Hassan Nassar” acumula más de 1.300.000 visualizaciones, el único que ha tenido ese alcance en lo que va del 2020. Como “tarzanes”, dimos clic aquí y allá, compartimos opiniones, y hubo quienes decretaron la muerte del periodismo o dijeron sentir un vacío profundo.

Cuestión Pública fue uno de los pocos medios que, superada la algarabía, reveló el itinerario completo del avión y, con base en documentos oficiales de la propia Fuerza Aérea, demostró que esa institución solo debe transportar

a la familia presidencial cuando los viajes sean “de alta relevancia para los intereses de la nación”. Por eso, explicó ese medio, “ni los niños amigos de los hijos del presidente, ni sus madres, podían viajar allí”. Pero en Twitter, la pelea entre Dávila y Nassar fue tendencia durante tres días continuos. El daño estaba hecho.

Lo que no se puede discutir es que ambos cumplieron bien con uno de los objetivos de los medios: entretener.

Como escribió un usuario de YouTube en los comentarios del video de Semana, “a este país le hacen falta muchas cosas, menos diversión”. Y es que si algo nos dejó este espectáculo, además de las condolencias por la lenta y progresiva muerte de una profesión, fueron los stickers con la cara de Dávila, uno por insulto, para enviar por WhatsApp. El periodismo se ejerce y se defiende consiguiendo las respuestas necesarias para que las personas tomen decisiones informadas. En la entrevista de Vicky Dávila ese propósito, si lo hubo, se detuvo en el minuto 11:50. Iba poco más de una sexta parte de su programa cuando ella, provocada por el vocero del presidente, se autoproclamó foco de la noticia. En ese momento fue Nassar quien tomó las riendas. Aunque gritó menos, y aunque su estrategia haya sido mezquina, cumplió su propósito de desviar la atención sobre lo fundamental.

En algo tiene razón Dávila: Nassar tiene poco de periodista. Pero también habrá que reconocerle que puede ser un buen comunicador al servicio del poder. Como dijo Santiago Rivas en Presunto Podcast, nada cambió con su paso de los medios a la Casa de Nariño, solo que ahora cobra su cheque en el lugar correcto.

Finalmente se llevó los insultos, pero con ese manoseado principio de que la mejor defensa es un buen ataque, supo proteger la política de censura de un Gobierno que no solo evade preguntas y despide a periodistas incómodos de los medios públicos, sino que avala —¿quizá promueve?— que sus organismos de seguridad persigan e intimiden a la prensa. Varios periodistas de la misma revista Semana han sido víctimas recientes de esas maniobras, como lo reveló El Espectador a mediados de enero.

Preguntar, verificar, interpretar. Claro, pero el periodismo es más que dogmas. Trascender esas consignas es necesario para hacer periodismo sobre los discursos antiderechos, contra la discriminación y en oposición a la censura oficial. Por eso el espectáculo no nos representa. Por eso, en este episodio, nada ha muerto.

Capítulo Antioquia

ISSN 16572556 Número 98 | Febrero de 2020

QUE ESTA ESCENA NO SE REPITA

Fotografía de portada: Alejandro Valencia Carmona

No. 98 Medellín, febrero de 2020

| 20 de febrero de 2020

Fotografía: Andrés López | Instagram: @andreslopezvideomaker

Dirección Televisión y coordinación Docente: Alejandro Muñoz Cano

En De la Urbe estamos convencidos de que las universidades deben ser entornos sin armas, donde no se ejerza la violencia ni como forma de protesta o manifestación política, ni mucho menos como recurso de las instituciones del Estado para tramitar esa problemática. El ingreso del Esmad a la UdeA no aporta a la construcción de consensos, es un retroceso en la búsqueda de una ética civil universitaria que rechace la violencia, profundiza la confrontación y favorece la idea de que las divergencias políticas deben tramitarse por la fuerza.

Lea el pronunciamiento completo en delaurbe.udea.edu.co

Crónica

3

Fotografía: Cortesía Comfama

Luisa Fernanda Orozco correlacintapodcast@gmail.com

Entre el 24 y el 26 de enero, más de 6000 personas asistieron a la programación del Hay Festival en Jericó. Esta vez, además de literatura, cine y música, las conversaciones giraron alrededor de un proyecto minero que planea asentarse en el pueblo.

A

orillas del río Cauca, luego de bajar por Fredonia, un hombre detuvo su paso al frente de una pareja que caminaba, a su espalda, entre el bosque. “Adonde vamos no hay escuelas, carreteras, ganado ni leche —les advirtió—. ¿Desean continuar?”. Ambos se miraron; sobre la tierra tenían sus vidas envueltas en la carga del equipaje. Arriba, donde se suponía estaba el cielo, la vegetación aguardaba en silencio. Sus opciones eran asentir y dirigirse hacia donde aquel hombre los llevaba, o negarse y marcharse por el camino ya recorrido. Esa decisión tiene nombre: Jericó.

La misma tierra, 170 años más tarde, aloja foráneos y locales en proporción cambiante. Carteles auguran literatura y cine, junto a otros que dicen “No a la minería”. En estos días las tiendas abren y la música acompaña hasta tarde los encuentros de esquina. Aunque hoy cualquiera puede entrar en Jericó, hace años solo podían llegar allí quienes eran guiados por aquel hombre.

Su nombre era Santiago Santamaría, hijo de una familia adinerada de Medellín. Según la revista del Centro de Historia de Jericó del año 1973, era un hombre adulado por ser bondadoso y a la vez un obstinado comerciante. Su padre era uno de los propietarios del terreno donde se asentó el pueblo. Cuando llegó a la adultez, Santamaría se propuso colonizarlo y, entre 1845 y 1850, buscó hombres y mujeres jóvenes, recién casados, con hijos pequeños preferiblemente, católicos, adinerados y conservadores.

Durante toda su vida, Santamaría no permitió en Jericó a quienes, según él, eran vagos. ¿Que cómo lo sabía?

Decía que le bastaba con observar la forma de caminar de una persona para saber si un hombre era “falso” o “de bien, un caballero”. Incluso, cuando el número de pobladores llegó a 200, se proclamó como la autoridad máxima. Cada sábado abría audiencia y los pobladores le exponían sus problemas para que diera veredicto. Jericó fue, por años, un pueblo de familias conservadoras y católicas a imagen y semejanza de su fundador. Así se gestó una élite entre montañas, que más tarde sería origen de personalidades como el poeta José María Ospina, la monja Laura Montoya y el escritor Manuel Mejía Vallejo. *** En el Jericó de hoy hay escuelas, museos, carreteras, ganado y leche. El parque principal del pueblo, uno de los 45 declarados patrimonio en Colombia, está rodeado por casas de ladrillo, techos de madera y fachadas de zócalos. A pesar del frío, esta tarde de enero los turistas caminan con vestidos florales y pantalonetas claras. Algunos van afanados, siempre en grupo, con folletos entre las manos buscando casas museos, cuyos avisos prometen charlas y conciertos. Los jericoanos, en cambio, permanecen sentados en la plaza y observan a los foráneos con adormecimiento.

“Aquí puede venir cualquier tipo de persona, en especial aquellos que no se sienten convocados por un museo convencional donde los obligan a responder preguntas difíciles”, dice Roberto Ojalvo, director del Museo de Antropología y Arte de Jericó (Maja). Sentado en su oficina, Ojalvo cuenta que desde que compró la casa con apoyo de la Gobernación, muchos artistas han expuesto en sus salas, entre ellos, en 2009, el estadounidense Andy Warhol, cuyas

¿Qué alberga el

Transcurría aquella existencia al amparo de cosas sencillas, del zurco y los pedregones, del rezo y la costura, y canciones del monte, himnos ingenuos al paisaje con trenzas enamoradas al fondo y una pena bailadora.

Manuel Mejía Vallejo, El camino del regreso.

vientre de la

montaña?

obras han estado únicamente en dos lugares de Colombia: Bogotá y Jericó.

Ojalvo fue el principal precursor de que el Maja se consolidara legalmente, en 2010. Desde entonces, el museo cumple varias funciones, desde guardar restos antropológicos y archivos históricos, como los diarios de Santiago Santamaría, hasta exponer obras de arte de diversas técnicas.

Mientras Ojalvo habla en el tercer piso donde está su oficina, en el auditorio principal suceden las charlas de algunos invitados, entre ellos el escritor Daniel Samper Pizano, el antropólogo Wade Davis y la periodista científica Ángela Posada Swafford. Algunos espectadores, sin embargo, no alcanzan cupo, pues la capacidad del recinto es solo para 300 personas. “La gente se ha quejado porque no hay más cupo; eso nos indica que las charlas han gustado”, cuenta Ojalvo. “A veces uno se siente ansioso, por ejemplo, por exposiciones que tal vez no corresponden con los que se considera son los valores de la comunidad, pero la gente recibe muy bien estos eventos”.

A tres cuadras del museo Maja hay otra fila de personas.

Todas ellas desean entrar a una noche de jazz en el centro de cultura y turismo Bomarzo. “La gente asimila mucho las expresiones culturales en este pueblo”, dice Fernando Fernández, su director. “Jericó tiene una genética diferente a la de los otros pueblos. Desde la fundación de Santiago Santamaría nosotros hemos sido un pueblo privilegiado”.

Bomarzo fue creado en 2014 cuando Fernández llegó a una casa donde había funcionado, a principios del siglo, un monasterio de las hermanas Terciarias Capuchinas. La casa alberga unas 60 habitaciones en tres pisos donde se exponen obras de diversos artistas, se vende café y comida, y se realizan eventos turísticos, desde noches de karaoke hasta conciertos de bandas locales. En el último piso hay un estudio de tragaluz gigante, bajo el cual se secan esta tarde algunos óleos pintados por Fernández. En la habitación contigua, él anota en una libreta títulos de películas que sus visitantes le recomiendan. “El festival también trae mucho cansancio”, advierte. Luego, mira al cielo y anticipa la lluvia: “¡Ah! Se les va a dañar el concierto a los pelaos”. *** Afuera todo está rodeado por montañas. Se dice que en su vientre guardan cobre y otros minerales, y

AngloGold Ashanti, compañía minera sudafricana, desea explotarlos.

Desde su llegada en 2005, las familias se han dividido en apoyar o no a Quebradona, nombre del proyecto cuyo punto de extracción estará a 12 kilómetros de la zona urbana de Jericó, en las veredas Cauca y Valdivia. Varias organizaciones, como la Mesa Ambiental y el Cinturón Occidental Ambiental, se han opuesto a ese propósito. Incluso, la Mesa Ambiental fundó un periódico contra la minera y, dos años después, AngloGold Ashanti creó su propio medio.

“El presidente de la AngloGold Ashanti dice que más del 90 % de la población acepta el proyecto, pero ¿de qué 90 % nos está hablando? No sabemos de dónde sacó esa información”, dice María José Cano, activista por el medio ambiente y una de las líderes de la Plataforma de Juventudes, ente que hace veeduría a proyectos como Quebradona e incentiva la participación de los jóvenes. “Eventos como el Hay Festival le han dado una vida a Jericó que nadie esperaba. El pueblo ha sido cuna de personajes importantes y de una variada producción artística. Hace un año, por ejemplo, los integrantes de Puerto Candelaria dijeron en su concierto que no sabían de qué estaban hablando en Jericó, si el verdadero oro está en la cultura. ¿Por qué Jericó tiene que arriesgar entonces esos recursos?”, concluye Cano.

En la noche del sábado, antes de finalizar una charla abierta al público en la plaza sobre tradiciones indígenas, el Hay Festival se llena de voces sobre Quebradona. Algunos jóvenes reparten ediciones del periódico Jericó sin Minería y en uno que otro cartel se lee #MineríaConPropósito, el lema que ha impuesto AngloGold. Un hombre campesino se levanta de su silla y comienza a hablar del valor de las montañas; las señala en el horizonte oscuro y repite la importancia de su patrimonio. “¡Ah!, pero con la extracción se vienen muchas oportunidades”, le murmura otro señor a la mujer que está a su lado. “Que el trabajo, que la casa...”, repite hasta que el acto acaba y la gente se dispersa por las esquinas de la plaza.

Un par de días después, Hay Festival llega a su fin. Los turistas caminan y esperan, con sus maletas y mochilas, el transporte para regresar a casa. ¿Qué diría Santamaría de esos visitantes y su caminar desprovisto de afán? Entre tanto, la gente del pueblo sigue ocupada en sus labores y conversaciones cotidianas sobre el futuro incierto de sus montañas. Actualmente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales avanza en el estudio de impacto ambiental para determinar la viabilidad de Quebradona. ¿Qué alberga entonces el vientre de la montaña?

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

4 Entrevista

David Londoño Medina david.londono3@udea.edu.co

C

aminó silencioso hasta llegar a una sala. A su paso una breve cola de caballo le sobresalía del cuello. Escogió mesa y se sentó tras correr la silla. William Ospina, escritor colombiano, cruzó los dedos, enfocó la mirada; “mucho gusto”, dijo. En Jericó, el escritor de Guayacanal, ¿Dónde está la franja amarilla?, El país de la canela, entre otros libros, habló sobre lo familiar en su literatura, junto a los fenómenos de la economía extractiva y la neocolonización todavía presentes. Conversamos con él. ¿Por qué en su libro Guayacanal, a partir de un contexto familiar, volvió al siglo XIX? Mi intención principal era rendirle homenaje a la memoria familiar y fue inevitable encontrarme con la historia del país, la colonización y la violencia. Para los colombianos es muy difícil desligar nuestra memoria personal de la social, pero a la vez es necesario encontrarse a uno mismo y entrelazar esos dos mundos. Yo creo que todos los problemas sociales del país, así como todos los problemas del mundo contemporáneo, solo se resuelven si nuestra memoria personal está vinculada a ellos. Así nuestra voluntad personal se compromete con esos procesos. ¿Por qué en el libro se hace referencia a una época de paz entre los campesinos, mientras estaban en pleno bipartidismo?

En Colombia hubo en muchos momentos remansos de paz. Casi siempre correspondieron a momentos en que la comunidad tenía un horizonte definido en términos de inclusión económica, porque donde quiera que había una expectativa generosa para la comunidad estaba la paz. La precariedad existió cuando todo fue exclusión. Allí se gestaron todas las violencias. Eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces se diseñan procesos de paz en los que la comunidad es solamente espectadora, pero la paz debe hacerse para los ciudadanos. Por ello debe existir un equilibrio con empleo, ingresos y confianza en el futuro.

La economía del

consenso

según William

Ospina

Respecto a la economía incluyente, ¿usted se refiere a la reforma agraria del siglo XIX? En parte me refiero a eso porque Colombia requiere en la actualidad reformas agrarias. No podemos ser un país de 50 millones de habitantes y tener la misma estructura de propiedad que teníamos cuando éramos cuatro millones. Hay que pensar que el territorio debe ser suficiente para las necesidades de toda la nación, no exclusivamente para las de los propietarios. También son necesarias otras reformas, como un modelo productivo que consulte nuestra capacidad creativa. No es posible que hayamos retrocedido a la economía del siglo XVI donde la riqueza era sacar minerales de la tierra. Los países que verdaderamente crecen son los que aprovechan su mano de obra y que no viven de saquear la tierra.

Dado lo que está sucediendo en Jericó con la minería, ¿podría decirse que es un nuevo intento de colonización?

Yo creo que la colonización fue algo más valioso que el mero auge de la economía extractiva, porque en ella había un grupo muy grande de seres humanos tratando de entablar una relación productiva con la tierra, a la vez que construirse un mundo junto a un proyecto de sociedad. En cambio, para la economía extractiva la gente es un estorbo. Lo que no sea destruir la piedra y sacar de ella los recursos naturales no es tenido en cuenta, y una economía

solo se construye si en primer lugar está la gente que habita esos territorios. Además, desde el siglo XVI la economía extractiva siempre ha hecho lo mismo: llevarse los recursos y dejar el suelo y las almas destrozadas. Por eso la lucha contra las multinacionales insensibles es importante y necesaria. Jericó en este momento, como muchas regiones del país, es el frente de batalla de la lucha por la humanidad.

Hemos visto en Jericó y en otras partes que ha aumentado la movilización ciudadana. Sin embargo, esa protesta no se ve reflejada en elecciones políticas. ¿Cree que hace falta una ciudadanía más crítica?

Necesitamos una ciudadanía cada vez más capaz de acciones eficaces. Protestar es bueno, pero no es suficiente. Necesitamos unión, y lo que debilita a nuestro país no es otra cosa que la falta de solidaridad ciudadana y proyectos compartidos. A veces se dice que Colombia es un país violento. Yo no creo eso. Creo más bien que como es un país pacífico, pero desunido, es víctima de todas las minorías violentas. Solo a través del consenso podremos convertir a aquello que se manifiesta en la opinión como una manera de vivir.

Escanea este código para escuchar en Spotify los contenidos del pódcast Corre la cinta sobre el Hay Festival Jericó 2020.

Fotografía: Cortesía Comfama

No. 98 Medellín, febrero de 2020

Informe

5

Enfrentar los efectos del cambio climático, las pisadas, los venenos, la escasez de alimento, el miedo, el rechazo y uno que otro humano gritón hace que sobrevivir sea una hazaña para los polinizadores, fundamentales en el equilibrio de los ecosistemas. Su protección ha empezado a ganar relevancia para algunas organizaciones y por medio de medidas judiciales y gubernamentales. En enero de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a varias autoridades regular o prohibir el uso de insecticidas que afectan a estas especies.

Rescatar, educar por la supervivencia y proteger: ladelucha los polinizadores

Fotografía: Andrés Romero Ortiz | @andresro34

Juan Carlos Cano Toro juan.cano26@udea.edu.co

E

n medio del ruido y el humo, una pequeña abeja africanizada obrera recorre Medellín buscando flores entre el pasto y la maleza del jardín de una azotea. Quiere, en particular, aquellas que por su experiencia o por su especie vale la pena visitar. Quizá las más anchas, las más abiertas o hasta las más coloridas. Finalmente, elige una. Se mueve un poco atrapando y llevando consigo una masa espesa hecha de néctar y polen. Después de obtener su alimento y de polinizar accidentalmente cerca cien flores al día, vuela hasta su colmena.

Este proceso lo repiten día a día millones de abejas, avispas, mariposas y polillas. Estas especies de polinizadores son las encargadas de mantener fértil y estable el entorno que habitan y, por lo tanto, el estilo de vida de una innumerable cantidad de especies de todo el mundo, incluidos, sobre todo, los seres humanos.

Pero no todas las abejas logran volver a sus colmenas. Debido a factores como la agricultura extensiva, la urbanización y el cambio climático, millones de polinizadores y otros insectos mueren diariamente. Según datos del Análisis Científico Global, publicado en abril del 2019 en la revista académica Biological Conservation, anualmente se produce un descenso del 2.5 % en la población mundial de insectos.

Esta cifra alerta sobre la posibilidad de un colapso en los ecosistemas, pues la mayoría de las especies de plantas con flores solo produce semillas si un polinizador animal transporta polen de flor en flor. Sin la fecundación, muchas especies y procesos interconectados, como la generación de frutos de ciertos árboles, se derrumbarían.

“Es un ciclo donde todos los seres son de vital importancia. Los pequeños insectos hacen la labor de polinizar para que las plantas puedan dar comida y los animales más grandes no se mueran de hambre”, explica Sandra Cuartas, profesora de Biología de la Universidad de Antioquia, especializada en relaciones planta-insecto.

Otros de los riesgos que enfrentan los polinizadores son los monocultivos y el uso de agroquímicos, pues las zonas rurales ya no pueden brindarles las condiciones necesarias para subsistir. Los pesticidas los matan y los monocultivos generan un cambio negativo en su dieta. Estos animales, acostumbrados a encontrar distintos tipos de polen y néctar en diferentes plantas, se ven obligados a consumir un solo tipo de alimento o a buscarlo más lejos de sus colmenas. Ello les genera mayores riesgos, pese a que algunos polinizadores pueden alejarse a una distancia de hasta ocho kilómetros de su colmena en busca de alimento. “A menos de que cambiemos nuestra forma de producir alimentos, los insectos irán camino a la extinción en solo unas décadas”, afirma el estudio Análisis Científico Global.

Los cambios en el campo están generando que las abejas migren hacia las ciudades donde pueden encontrar fácilmente alimento, temperaturas cálidas y menos pesticidas que en las zonas rurales. “Las abejas se están mudando a la ciudad debido a las acciones del ser humano. El campo ahora es un lugar hostil que no cumple con las condiciones óptimas que estas necesitan”, explica Alejandro Castañeda, fundador y rescatista de Miel de Colombia, fundación que desde hace nueve años se dedica a la protección y reubicación de panales en Antioquia.

Precisamente el uso de insecticidas a los que se atribuye la muerte de diferentes especies de polinizadores motivó una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que se conoció a mediados de enero. Al fallar una acción popular, ese tribunal les ordenó a los ministerios de Ambiente y Agricultura, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y al Instituto Colombiano Agropecuario crear una mesa de trabajo para evaluar las licencias de uso de un grupo de plaguicidas prohibidos por la Comisión Europea en 2013 por sus efectos dañinos probados sobre los polinizadores.

Sin embargo, para la comunidad científica no está del todo claro el conjunto de razones que llevan a la migración masiva de estas especies. “Sabemos que en las zonas

rurales está disminuyendo el número de colmenas y que, en cambio, en la ciudad aumentan. Pero no sabemos cómo se está desarrollando exactamente o si definitivamente se está haciendo dicha migración”, advierte la profesora Sandra Cuartas.

La desinformación mata Además de las condiciones hostiles que encuentran en su entorno como consecuencia de algunas prácticas humanas, los polinizadores sufren de un constante rechazo y de agresiones directas. Muchas personas ven a las abejas, a las avispas y a los abejorros como un peligro por la capacidad de algunas especies para picar e inyectar veneno.

“Hay un pavor inmenso a las abejas y otros polinizadores, y muchos mitos que terminan haciendo que las personas los maten”, afirma Alejandro Castañeda.

Es por esto que quienes trabajan en su organización se dedican al rescate y la reubicación de panales, a la vez que informan a las comunidades sobre la importancia de los polinizadores. El objetivo es que la ciudadanía deje de verlos como una amenaza y los entienda como parte fundamental del medioambiente.

“Nuestro papel, más que los rescates de abejas, es concientizar a las personas, tanto a los campesinos como a la ciudadanía en general. Queremos que la gente entienda la importancia de todos los polinizadores”, explica Helena Jaramillo, rescatista y encargada de la concientización sobre la importancia de los insectos y polinizadores en Miel de Colombia.

En la sede de la fundación, en el corregimiento de Altavista, sus integrantes ofrecen recorridos gratuitos a todo público. Buscan que las personas conozcan más a los polinizadores, sobre todo a las abejas, y logren desvirtuar algunos mitos que las catalogan como peligrosas para los seres humanos.

“Mírenlas, nosotros podemos convivir con ellas mientras las respetemos. Sientan el olor a dulce miel, escuchen el zumbido, mírenlas trabajar. No son asesinas; mientras no las toquemos ni fastidiemos no van a atacar, lo último que quieren hacer es picar”, explica Alejandro, mientras aplaude con fuerza parado a menos de medio metro de un enorme panal de abejas africanizadas ubicado en la sede de la fundación.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

6 Entrevista

Daniel Quintero,

el alcalde

impredecible

Juan David Ortiz Franco - david.ortiz@udea.edu.co Sara Mesa Pérez - sara.mesap@udea.edu.co Mateo Ruiz Galvis - mateo.ruiz1@udea.edu.co

No. 98 Medellín, febrero de 2020

1. El director del AMVA y los perfiles directivos

El 7 de enero, la Junta Metropolitana, integrada por los alcaldes de los 10 municipios miembros del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), eligió al abogado Juan David Palacio Cardona como su director. Palacio, nominado por Quintero para el cargo, es hijo del político conservador Óscar Iván Palacio y su experiencia en el sector público se reduce a que fue elegido secretario del Concejo de Medellín en 2013, como publicó Pascual Gaviria en su columna de El Espectador a principios de enero, impulsado por el entonces concejal Miguel Andrés Quintero, hermano del alcalde.

El 23 de enero, El Colombiano reveló que, mediante una resolución firmada por Palacio, el Área Metropolitana redujo los requisitos de formación académica y experiencia laboral para siete subdirecciones de la entidad. Una de ellas, la Subdirección Ambiental, tiene a su cargo problemáticas como la mala calidad del aire en el Valle de Aburrá y, por tanto, sugiere las medidas para atender su deterioro que tiene sus picos más altos en los meses de febrero y octubre.

Pese a las modificaciones en el perfil requerido, hasta mediados de febrero esa dependencia seguía sin un subdirector en propiedad y fue el propio alcalde quien el 8 de ese mismo mes anunció vía Twitter que las medidas de prevención, en esta ocasión, serían adoptadas una semana antes de lo acostumbrado.

Fotografía: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

D

aniel Quintero ganó la Alcaldía de en jornada completa. También, lanzó su programa de Medellín con un discurso de indepenrecompensas a cambio de información sobre homicidencia que, luego de la conformación dios y, en ese mismo aspecto, capitalizó como un lode su equipo de empalme y de su gabinete, ha gro de su gobierno la reducción de ese delito en enero, dejado la sensación de obedecer mejor a la compese a que se trataba de una tendencia a la baja que binación de numerosos sectores políticos. Esa empezó meses atrás. idea se reforzó con la decisión de 13 de los 21 De la Urbe conversó con Quintero el 17 de enero concejales de la ciudad de declararse bancada de y desde entonces el panorama sobre algunos temas ha gobierno con la excepción solo de los ocho del cambiado. Por ello, esta entrevista permite dos niveles Centro Democrático. Su gobierno, en estas pride lectura: el primero, con las preguntas y respuestas meras semanas, se ha debatido entre un proyecto que constituyen la foto de ese momento; el segundo, social y las medidas de fuerza; el alcalde pone mediante los recuadros que complementan o actualipesos y contrapesos. En septiembre, Semana le zan información relacionada con algunos apartados de preguntó si era un candidato sin ideologías. “Me la entrevista. considero un ingeniero”, respondió.

No había cumplido su primer mes en el En el empalme con la administración de Fecargo cuando tuvo que enfrentar una moviliderico Gutiérrez usted y su equipo conocieron los zación de estudiantes que terminó con grafitis detalles de algunos temas que quizá, desde afueen la sede de Bancolombia y en el Hotel Dann ra, veían de otra forma. ¿Cuáles son esos asuntos Carlton, la intervención del Esmad, él mismo que deben ser priorizados? limpiando las paredes rayadas y una tendencia Sin darle un orden de prioridad, pero el tema nacional en Twitter pidiendo su revocatoria. Su 1. ambiental es crítico. Hay episodios ambientales que respuesta ante esos hechos le valió el apelativo nos llaman a una movilidad y a una relación diferente de “pinturita” que acuñó el uribismo en referencon el territorio. Muchas veces se terminan ejecutando cia a unas declaraciones en medios en las que obras que van en contravía de los intereses de la ciutrató de bajarle el tono a las paredes y los vidrios dadanía: talas de árboles, diseños que rompen la tradirayados. ción de los barrios o que desplazan a los ciudadanos.

Sin embargo, la posterior publicación de un Lo social también merece una atención impor“protocolo” para autorizar el acceso de la fuertante. Hay un estancamiento en la reducción de la za pública a las universidades en caso de uso de desigualdad y un desempleo creciente. Los niveles de explosivos en manifestaciones, y en particular el empleo informal crecieron en Medellín versus otras ingreso del Esmad a la Universidad de Antioquia ciudades donde decrecen y el desempleo está por alel 20 de febrero, han motivado cuestionamientos canzar las peores cifras de los últimos nueve años. de los mismos sectores que antes destacaron su 40.000 personas perdieron sus empleos en los últimos posición frente a la protesta social. dos años, lo que nos lleva a pensar en cuál será nuestra Esa medida le valió numerosas apariciones estrategia en términos de crecimiento económico. en medios nacionales y opiniones masivas en La seguridad es otra de las prioridades de la maredes, igual que otros hechos de su administrayoría de los territorios. Crecieron casi todas las vación que han sido mediáticos, como la decisión riables que se miden: homicidios, robos, extorsiones, de aplazar por un año la actualización catastral; resultado del crecimiento de otras variables como el el acuerdo con el operador del Centro de Especdesempleo y las afecciones de salud pública como la táculos La Macarena para que ese lugar no sea depresión y la drogadicción. La seguridad reclama una utilizado para corridas de toros —decisión que integralidad en la intervención. ya había tomado la administración anterior—; o Hidroituango es otro tema que implica una atención el llamado a los “ingenieros de sistemas de todo casi que segundo a segundo para garantizar que el proel país” para que se trasladen a Medellín pues, seyecto salga adelante y que no termine afectando la capacigún dijo, la industria requiere 15.000 empleados dad de inversión social de la ciudad en la próxima década.

7 2. El gerente de EPM y su pasado político

Fotografía: Twitter: @QuinteroCalle

Aunque su nombre sonaba días antes del anuncio oficial, la designación de Álvaro Guillermo Rendón como gerente de EPM fue una sorpresa. Durante su campaña, el alcalde Quintero habló de alguien con un alto perfil e incluso, en noviembre de 2019, después de ser elegido, le dijo a El Colombiano que era necesario pensar de una vez “un modelo que le dé estabilidad a la gerencia y a la junta en el tiempo […] eso incluso implica que yo mismo renuncie a la escogencia de la gerencia”.

Sin embargo, el primero de enero, junto a los nombres de su gabinete, anunció a Rendón, un político de origen conservador, alcalde de Itagüí en 1986, auditor general de la nación durante el gobierno de Andrés Pastrana y candidato a la Gobernación de Antioquia en 2003 con el aval del partido Convergencia Ciudadana. Ocupó el penúltimo lugar de esa elección con poco más de 16.000 votos.

Parte de su vida política la ha hecho de la mano de la familia Valencia Cossio, un asunto no menor si se tiene en cuenta que, de la anterior conformación de la junta directiva de la Sociedad Hidroituango, el único sobreviviente es el también exgerente de EPM, Ramiro Valencia Cossio, de quien, además, fuentes directivas de EPM destacan la influencia que conserva entre los empleados de la empresa.

A propósito de Hidroituango, el nombramiento

2. de Álvaro Guillermo Rendón como gerente de EPM

nos puso a muchos a buscar su nombre en Google.

Usted había hablado de un perfil técnico y de muy alto nivel. ¿Cómo llegó a ese nombre y cuál es el panorama del proyecto?

Quería que fuera alguien en quien yo pudiera confiar y tuviera la capacidad de cuidar la empresa para mantener cada peso bien cuidado. Una persona que fue auditora me da esa garantía. Después del empalme me quedó claro que hoy la mayoría de los retos que tiene EPM son jurídicos, mucho más de lo que la gente cree y entiende. Están mal llevados los procesos jurídicos que tenemos con las aseguradoras y con las demandas que amenazan su futuro. ¿Cuáles?

No menciono temas puntuales porque algunos tienen grado de confidencialidad, pero hay asuntos jurídicos muy serios.

Volviendo al empalme, ¿encontró autocrítica de parte de la administración anterior?

En el proceso de empalme procuramos no llegar como fiscalizadores. Creo que logramos un nivel de 3. confianza para que los secretarios nos dijeran: “Vea, nosotros hicimos bien esto, en esto no nos fue tan bien, esto no nos funcionó”. Ahora bien, tenemos una ciudad con muchos retos, y lo que sí hay que decir es que una cosa es lo que los secretarios y secretarias dijeron y otra lo que presentaron.

Es decir, ¿encontraron algo distinto a lo que les presentaron en el empalme?

La foto que se presentó no solo era lo que quería mostrar la administración, sino lo que la sociedad quiere ver. Es algo más profundo. Creo que es vital reflejar de mejor forma los retos que tenemos para que logremos resolverlos. Cuando uno mira el poder de una alcaldía en función de su presupuesto y de los actores que la componen, la primera confesión que debería hacer cualquier alcalde es que no tiene la capacidad de transformar una sociedad, que lo que puede hacer es liderar a esa sociedad para que se transforme a sí misma.

Ya hablamos de las preocupaciones, ¿qué cree

4. El balance de Federico Gutiérrez

Federico Gutiérrez terminó su periodo con un 82 % de aprobación, según la última encuesta bimestral de Invamer, publicada a principios de diciembre de 2019.

Además, según el balance que presentó su administración en su último informe de rendición de cuentas, el cumplimiento de su plan de desarrollo fue del 95 % Uno de los aspectos que destacó Gutiérrez en ese mismo balance es que la ciudad terminó con el nivel más alto de la última década en el Índice Multidimensional de Calidad de Vida.

Sin embargo, otros aspectos muestran deudas en el cumplimiento de las metas de su administración.

Por ejemplo, uno de los fracasos más notorios fue en materia de homicidios: la meta del plan de desarrollo era reducir la tasa de ese delito de 20 a 15 homicidios por cada cien mil habitantes. No solo no cumplió, sino que la ciudad terminó 2019 con una tasa de 23.18, es decir, ocho puntos por encima de la meta.

En diciembre, La Silla Vacía publicó un análisis en el que verificó 20 metas del plan de desarrollo y encontró que cumplió nueve de ellas, mientras en las 11 restantes (incluyendo la de homicidios) no alcanzó los objetivos trazados.

5. Vélez y la seguridad

Desde que se conoció su designación como coordinador del empalme en temas de seguridad, se rumoraba que Juan Carlos Vélez ocuparía un lugar en el gobierno de Quintero como gerente de la Empresa de Seguridad Urbana (ESU) o como secretario de Seguridad. El rumor circuló en Twitter y la W Radio aseguró el 10 de diciembre que el cargo de Vélez sería la Gerencia de la ESU. Su llegada al empalme ocurrió días después de que Vélez manifestara por Twitter su apoyo a la propuesta del entonces alcalde electo de realizar una Asamblea Constituyente, como publicó La Silla Vacía el 6 de diciembre de 2019.

Aunque los nombramientos nunca se hicieron efectivos, la idea generó malestar en sectores que esperaban de Quintero otra visión de la seguridad en la ciudad por las diferencias que manifestó en campaña con la política de seguridad de Federico Gutiérrez.

Finalmente, en la Secretaría de Seguridad, Quintero designó al general (r) José Gerardo Acevedo y en la gerencia de la ESU a Diego Alexander González.

4. que hizo bien la pasada administración?

Hay que reconocer que se hicieron esfuerzos para que los niños no se salieran de la básica primaria. Entre tanto, nos encontramos que la tasa de cobertura neta y bruta de educación básica y media decreció.

Eso nos indica que el número de jóvenes que se graduaron bajó en relación porcentual en estos cuatro años. En temas de seguridad se dieron aumentos evidentes en términos de conflictividad. Sin embargo, si se compara con una década atrás, esta es una ciudad que hoy está mejor. ¿Incrementaron los niveles de homicidios en la ciudad? Sí, incrementaron, pero no al punto que teníamos hace ocho años.

A propósito de la seguridad, le dieron mucho palo por la participación de Juan Carlos Vélez en ese empalme. Incluso nos contaron que al secretario saliente le molestó mucho una pregunta de Vélez sobre las cámaras que identifican placas. ¿Cómo llegó Juan Carlos Vélez al empalme? ¿Cómo fue esa dinámica de trabajo entre los dos equipos?

Ese proceso en el que una administración le entrega a otra, que además no representa continuidad, no debe estar mediado por los intereses de las dos alcaldías sino de la sociedad. Yo llamé a mediar en ese proceso de transición a diversos actores de la ciudad y eso incluía gente que nos había acompañado y a mucha más gente que no nos había acompañado. Por eso hubo personas que estuvieron en orillas opuestas en el proceso electoral.

5.

Pero concretamente sobre Juan Carlos Vélez, parecía que iba a estar en el gobierno, ¿qué pasó?

Casi nadie que estuvo en el comité de empalme entró al gobierno. Lo que quise fue convocar un comité de empalme que nos acompañara como un acto de servicio a la ciudad. Hacer parte de ese proceso es un honor para muchos porque les permite conectarse con un grupo de ciudadanos encaminados en el mismo sentido. Espero seguirlos consultando a todos durante el gobierno, aunque el que toma las decisiones soy yo.

Siguiendo con el tema de seguridad, Medellín ha sido una ciudad que habla de buenos y malos muertos, es decir, nos duelen algunos asesinatos, pero parecemos celebrar otros. ¿Cuál va a ser el discurso de esta administración?

Hay que cambiar la narrativa con la que se aborda el asunto. Debemos reconocer la integralidad que se necesita para abordar esas muertes: nadie nace malo, de alguna forma la sociedad y un contexto y unas desigualdades

3. El equipo de empalme

A principios de noviembre del año pasado, Daniel Quintero, entonces alcalde electo, anunció los nombres de las personas que liderarían su equipo de empalme. Dijo que se trataba de “académicos, empresarios y ciudadanos con criterio técnico y sentido social”.

EDUCACIÓN Y CULTURA

Jhon Jairo Arboleda: Rector de la Universidad de Antioquia.

Juan Luis Mejía: Rector de la Universidad Eafit.

COMUNICACIONES Y REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR

Mabel López: Periodista y abogada. Pasó de la gerencia de Teleantioquia a la de Telemedellín (ver recuadro 10).

MOVILIDAD, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Carlos Cadena: Académico y activista. Fue nombrado por Quintero como secretario de Movilidad.

PLANEACIÓN Y HACIENDA

Oswaldo Gómez: Gerente de la cooperativa financiera Confiar.

DESARROLLO ECONÓMICO

Lina Vélez: Presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín.

INCLUSIÓN SOCIAL, SALUD Y SEGURIDAD

Azucena Restrepo: Presidenta de Proantioquia.

Marta Eugenia Arango: Coordinadora de la Alianza Medellín, ¿pa' dónde vamos?

EPM

Fernando Ojalvo: Se jubiló en 2017 luego de asumir posiciones directivas en el grupo Sura.

Gonzalo Restrepo: Presidente de la junta directiva de la Fundación Éxito.

Gabriel Jaime Rico: Empresario, excandidato a la Alcaldía y exgerente de Plaza Mayor. Por lo menos dos personas de su círculo cercano fueron nombradas en el gabinete de Quintero (ver recuadro 5).

Alfredo Trespalacios: Consultor y docente universitario.

Experto en asuntos energéticos.

Walter Navarro: Ingeniero Civil y funcionario de EPM. Fue uno de los fundadores del Sindicato de Profesionales de Servicios Públicos Domiciliarios.

César Amar: Gerente de la empresa de software Selecta Consulting Group.

DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA

Mónica Sandoval: Directora ejecutiva de la Fundación Bien Humano.

DESPACHO DEL ALCALDE

Richard Serna: Es asesor en la Unidad de Trabajo Legislativo del senador liberal Iván Agudelo (amigo de Quintero y padrino de su primera hija).

Además de esos nombres, en el primer círculo del empalme estuvo Diego Romero, quien antes coordinó las comunicaciones de la campaña y ahora asesora el despacho del alcalde; Esteban Restrepo, quien fue el director técnico del proceso, gerenció la campaña y fue nombrado secretario de Gobierno; y Santiago Bedoya, quien estuvo al frente de la dirección metodológica del empalme, en campaña tuvo a su cargo la construcción del programa de gobierno y también fue nombrado asesor del despacho del alcalde.

En un segundo nivel del empalme participaron otras personas que no tuvieron tanta visibilidad por asumir posiciones relacionadas de manera específica con las secretarías de despacho. En ese nivel estuvo, por ejemplo, el excandidato a la Alcaldía Juan Carlos Vélez Uribe, quien estuvo al frente del empalme con la Secretaría de Seguridad (ver recuadro 5).

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

8 Entrevista 6. ¿Una conspiración para revocar al alcalde?

A pesar de que su partido se declaró como bancada independiente, Alfredo Ramos Maya, concejal y excandidato a la Alcaldía, ha empezado a posicionarse como líder de la oposición en el Concejo de Medellín. La primera controversia con Quintero la desató el manejo que el alcalde dio a las movilizaciones del 21 de enero y que terminaron con enfrentamientos. Al día siguiente, el alcalde dio unas declaraciones a Caracol Radio en las que afirmó que contaba con un audio que demostraba la existencia de una alianza entre un grupo de empresarios y uno de los candidatos derrotados en las elecciones de octubre para promover una estrategia de redes sociales pidiendo su revocatoria. Esto en referencia a la etiqueta #RevocatoriaADanielQuintero que fue tendencia nacional en Twitter.

Aunque los periodistas preguntaron por el audio, el alcalde dijo que esperaba no tener que revelarlo.

Luego de la entrevista, Ramos y otros excandidatos rechazaron sus declaraciones y le pidieron dar el nombre de la persona implicada. Finalmente, un día después, esa misma emisora publicó el audio, asegurando no haberlo obtenido del alcalde. En la grabación se escucha una voz digitalizada, construida con un software para convertir texto en audio —en internet abundan este tipo de servicios gratuitos—, que señala a Ramos, entre otros integrantes del Centro Democrático, como impulsor de un proceso de recolección de firmas y de la estrategia en redes sociales en contra de Quintero. Al ser consultado por Caracol, el concejal calificó el audio como “ridículo”.

son las que terminan creando personas que cometen homicidios, hurtos o extorsiones. Nuestra apuesta de dar recompensas, que también puede recibir críticas, lleva un mensaje que se pregunta por el significado de la vida, y que le dice a la ciudad que no hay “buenos muertos” ni “malos muertos”, que ningún ciudadano merece perder su vida y que por eso a la hora de asignar las recompensas a nosotros no nos importa si la persona tenía antecedentes o no.

Pero detrás de eso hay grandes estructuras criminales y negocios multimillonarios...

Nuestra llegada implica dos cambios de paradigma.

El primero tiene que ver con la idea que había de que la forma de desarticular organizaciones criminales era quitándoles las rentas ilegales. Nosotros decimos no, no es así, es quitándoles el poder de la muerte. Cuando alguien asesina a un joven que tenía antecedentes judiciales y nosotros pasamos de largo ese homicidio, le entregamos un poder gigante a quien cometió ese asesinato. El segundo cambio de paradigma es el foco de la batalla contra esas estructuras: no es por las rentas ilegales, sino por los jóvenes y los niños. Si le arrebatamos los niños a los combos, Medellín pierde valor estratégico para quienes quieren organizar estructuras criminales.

En el Concejo ninguna colectividad se de-

6. claró en oposición. Incluso Alfredo Ramos, que

obtuvo su curul por el Estatuto de Oposición al quedar segundo en las elecciones, se declaró en independencia con su partido. ¿Cree que es sano para la ciudad que un alcalde no tenga oposición declarada?

Realmente es muy temprano para saber si hay coalición de gobierno o no porque la administración no ha presentado su agenda al Concejo. Cuando presentemos el Plan de Desarrollo sabremos realmente si tenemos oposición o no. Entretanto, la declaración de gobierno, independencia u oposición corresponde a una dinámica propia del Concejo. En estos días yo he observado un Concejo que ha enviado un mensaje: “No nos vamos a oponer al desarrollo de la ciudad”.

Su gabinete terminó conformado por algunos 7. técnicos, pero también por personas de la política más tradicional. ¿Cómo fue el proceso para seleccionarlos y por qué se demoró tanto para anunciarlos?

Uno tiene que tener tiempo para arrepentirse.

Contratamos empresas que nos hicieron análisis de sus hojas de vida, de si tenían escándalos o investigaciones. Hicimos todos los procesos para garantizar que cumplían desde el punto de vista legal, pero también desde lo ético. Lo otro que hay que confesar es que convencer a algunos no fue fácil porque hay mucha gente que le tiene miedo a la política y a los retos de defender ideas y posiciones. Finalmente, un gabinete no es una persona, sino una especie de orquesta que solo se puede observar en su conjunto. Hay pesos y contrapesos: por ejemplo, si yo presentaba primero al general Acevedo, secretario de Seguridad, la gente iba a hablar de un gobierno policial y de derecha. No es lo mismo si mostramos a un general que fue el que más bajó la cifra de homicidios en la ciudad, al mismo tiempo que presentamos en Cultura a una mujer que ha entregado su vida por el arte y la danza, en Planeación a una mujer que ha luchado por defender los derechos de los moradores que son desplazados por la infraestructura; y en Infraestructura a una mujer que viene de EPM.

Pero ese análisis legal de las hojas de vida no 8. salió bien. Se cayó el nombramiento de Alberto Uribe en Educación, el del secretario de Comunicaciones, y está pasando algo parecido con la persona designada para Sapiencia. Eso da una sensación de improvisación.

Los arranques no son fáciles. Ya le había pasado a Fajardo con Iván Marulanda por la edad de jubilación. Mi deseo era que Alberto Uribe me acompañara y me va a acompañar, ya no como secretario, pero sí como asesor. Yo creo que su experiencia le sirve a la ciudad. En Comunicaciones nos confundimos.

Wilmar Molina es profesional y magíster, pero los estudios que tiene no son convalidables en Colombia. Son como 139 nombramientos, tener problemas con dos no es tan grave.

En Sapiencia pasa algo increíble. Javier Fernández es magíster, doctor y posdoctor, reconocido experto en el tema de educación. Pero Sapiencia tiene los estatutos desactualizados. El Sapiencia que hay hoy solo entrega becas, y yo quiero uno que haga la política pública de educación superior. El perfil que crearon es el de administrador de empresas. El problema no es de nosotros, es de Sapiencia y creo que ellos lo van a cambiar.

No. 98 Medellín, febrero de 2020

7. Los miembros del gabinete con conexiones evidentes en la política tradicional Natalia Urrego Arias

Secretaria de Infraestructura Trabajó en EPM y fue secretaria de Infraestructura de Itagüí. Es cuñada de León Mario Bedoya, exalcalde de ese municipio e integrante del clan que lidera el senador conservador Carlos Andrés Trujillo.

Víctor Hugo Zapata Madrigal

Gerente de Plaza Mayor Fue director de Proyectos Propios en Plaza Mayor durante la gerencia de Gabriel Jaime Rico y director de Turismo de Reuniones del Medellín Convention and Visitors Bureau.

Alejandro Arias García

Secretario de Gestión Territorial Fue candidato del Partido de la U al Concejo de Medellín en 2012 con el apoyo de Gabriel Jaime Rico. Además, lideró el equipo de universitarios y la fundación que creó Rico para su aspiración a la Alcaldía de Medellín en 2011. Fue gerente regional en Antioquia del Fondo Nacional del Ahorro.

Carlos Mario Mejía Múnera

Gerente de Terminales Medellín Fue concejal de Medellín y diputado de Antioquia por el Partido Liberal. Aspiró a la Cámara de Representantes en 2017 por el mismo partido y se quemó con 43.000 votos.

Óscar Hurtado

Secretario de Hacienda Fue concejal y alcalde de Tarso y representante a la Cámara por Antioquia en 2006 y 2014 por el Partido Liberal. Se quemó en sus aspiraciones para esa misma corporación en 2010 y 2018.

Mabel López

Gerente de Telemedellín Fue gerente de Teleantioquia durante la administración de Luis Pérez Gutiérrez.

Su esposo es Roger Vélez, quien a nombre propio y por medio de su empresa Sinergia Informativa ha obtenido millonarios contratos con diferentes corporaciones públicas (ver recuadro 10).

Juliana Martínez Londoño

Secretaria de las Mujeres Es doctora en Ciencias Humanas y Sociales y tiene una larga experiencia en asuntos de género y de derechos de las mujeres. Es hija del exconcejal de Medellín y exdiputado de Antioquia por el Partido de la U, Santiago Martínez Mendoza.

Juan David Palacio

Gerente del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Ver recuadro 1).

Álvaro Guillermo Rendón Gerente de EPM (Ver recuadro 2).

9 8. También se cayeron los nombramientos de Sapiencia y Eventos del Libro

El nombramiento del docente e investigador Javier Darío Fernández como director de Sapiencia finalmente se cayó por la incompatibilidad entre su hoja de vida y el perfil estipulado en los estatutos de la entidad. En su lugar, asumió el cargo el licenciado en Educación, Carlos Alberto Chaparro, con una experiencia mucho más cercana a la política. En el sector público fue concejal de Medellín entre 2001 y 2007, y secretario General de la Alcaldía de Itagüí.

Además, fue rector del Instituto Ferrini y decano de la Facultad de Educación de la Universidad Cooperativa de Colombia.

Otro nombramiento frustrado fue el del periodista Guillermo Zuluaga como director de la Fiesta del Libro. Zuluaga renunció a esa designación luego de varias denuncias por acoso sexual que él, sin embargo, calificó como una “persecución femenina” en su contra.

¿Y los políticos tradicionales? Le damos dos ejemplos: Óscar Hurtado y Carlos Mario el Flaco Mejía. Óscar es un hombre que vale la pena que lo conozcan. Es un socialdemócrata liberal. Me acompañó, por ejemplo, votando por Humberto y por Petro. Ha sido independiente y honesto, y además es un experto en su tema. Le da un componente social a la Secretaría de Hacienda, que normalmente tenía un funcionamiento más bancario. Pero, ¿decir que esto está entregado a un grupo político? No. Escogí la gente que quería que gobernara conmigo. Y creo que lo van a hacer muy bien. Hasta ahora el gabinete ha demostrado lo que esperaba yo: competencia y calidad. Les he pedido honestidad, transparencia e independencia.

Cuéntenos de Esteban Restrepo y su lugar en el gabinete. Hace cuatro años hubo un cambio en la estructura de la administración para ponerle el apellido de “Gestión del Gabinete” a la Secretaría de Gobierno y Santiago Gómez se convirtió en una especie de supersecretario. ¿Ese va a ser el papel de Restrepo?

Vamos a hacer una reestructuración para presentársela al Concejo de la ciudad. Estamos en esas.

Este año van a seguir las protestas del Paro Nacional. En Bogotá, Claudia López sacó un protocolo que parte del diálogo y que tiene como último recurso la intervención del Esmad. ¿Usted cómo piensa manejar esas intervenciones en las 9. movilizaciones?

En las movilizaciones del año pasado conversamos con la Policía Nacional con el ánimo de que no se usara el Esmad, excepto en el caso de Ciudad del Río en que yo no pude intervenir porque estaba fuera del país.

Creo que su uso fue equivocado, excesivo e innecesario. Yo reconozco y apoyo a quienes marchan porque sus causas son legítimas, pero también sabemos que hay gente de extrema derecha y de extrema izquierda interesada en infiltrar las movilizaciones pacíficas para tratar de boicotearlas y que reciban el rechazo general de la sociedad. Por eso le he pedido a la Policía que participe cuidando a los marchantes. Cuando yo llegué la preocupación era que los marchantes iban a acabar con el país, con el Metro y con medio mundo. No, la preocupación nuestra es que alguien ataque gravemente a quienes marchan y resultado de eso el país se desestabilice. ¿Ese acompañamiento podría convertirse en una provocación?

Hasta ahora no ha sido así. El año pasado tres o cuatro personas bloquearon toda una vía en varias ocasiones. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que cuatro personas no son una movilización y en que una movilización se mueve, porque si no es un bloqueo. Enviamos un equipo para retirarlos, pero sin uso de armas, y se acabó el problema. Ahora, si hay uso de explosivos, esa no es la gente de la marcha. Ahí la herramienta más poderosa es que los marchantes los saquen. En la Universidad de Antioquia, por ejemplo, el hecho que terminó con la muerte de Julián Orrego, que además me duele mucho, estuvo precedido del rechazo de la Universidad hacia ellos. Insisto en que la infiltración puede llegar de la extrema izquierda y también de la extrema derecha.

Hay gente de la extrema derecha interesada en que las marchas salgan mal para dividirnos y ponernos a pelear.

A principios de enero ya las vallas de la Alcaldía aparecían con la imagen de Medellín Futuro. Usted es una persona mediática, ¿cómo será el manejo de la propaganda oficial y el papel de Telemedellín? 10.

Las vallas ya estaban contratadas entonces decidimos poner algo porque no podíamos dejar la imagen anterior. Sobre Telemedellín tiene que haber un balance entre que lo vea la gente y que llene espacios que no existen. Yo quisiera verlo más como una productora, una especie de Netflix que produzca contenidos que la gente quiera ver y hasta posiblemente pagar por ellos.

Le metieron tanto a que se viera la administración que se volvió paisaje. Pusimos a una gerente que da buenos resultados desde el punto de vista económico y administrativo. Sé, comparativamente con muchos canales, de su capacidad gerencial.

9. La policía en las universidades

El 10 de febrero, Quintero presentó un documento denominado Protocolo de Reacción Contra Explosivos en Universidades en el que anunció que “superada toda posibilidad de acuerdo” y previa orden de evacuación procederá a autorizar el ingreso de la Fuerza Pública a las instituciones educativas donde haya protestas con uso de explosivos. Eso ocurrió luego de que el 6 de febrero, una protesta de estudiantes de las universidades de Antioquia, Nacional e ITM terminó en enfrentamientos, con cuatro personas capturadas y buena parte de la ciudad paralizada.

Al día siguiente del anuncio del alcalde, que fue celebrado por algunos sectores y calificado por otros como contrario a la autonomía universitaria, se presentaron protestas simultáneas en varias instituciones educativas de la ciudad. Pero el caso más sonado fue el del ingreso del Esmad a la UdeA el 20 de febrero, en cumplimiento de la solicitud del alcalde. En principio, un grupo de encapuchados detonó papas bomba dentro del campus y en algunas vías aledañas, pero luego, según testigos y numerosos videos que circularon sobre esos hechos, la policía agredió a un grupo de estudiantes que, sin capuchas y sin explosivos, exigían su salida del campus. La medida forzó el cierre de la Ciudad Universitaria al día siguiente y, de nuevo, el alcalde fue noticia nacional en medio de llamados desde la Universidad para que abra caminos de diálogo y reverse su protocolo.

10. Telemedellín y la propaganda oficial

Con la llegada de Mabel López a la gerencia de Telemedellín (pasó al canal local luego de gerenciar durante cuatro años Teleantioquia durante la gobernación de Luis Pérez), hubo cambios en buena parte de los equipos de producción y en la programación del canal. También modificó la imagen institucional que, como ha sido costumbre, varía con la llegada de cada administración dejando la sensación de que el canal en muchas ocasiones ha sido pensado más como un vehículo de propaganda oficial al servicio del alcalde de turno, que como un medio de comunicación público. Esta vez su eslogan pasó de “siempre con vos” a “televisión con futuro”.

Vale la pena tener en cuenta que en 2008 fue creada la Agencia y Central de Medios Telemedellín que, además de ofrecer servicios a terceros, centraliza buena parte del gasto en publicidad de la administración municipal y sus entes descentralizados.

¿Usted va a tener su propio programa como los alcaldes anteriores?

Yo quiero que haya espacio para quienes se declaran en independencia, que esos colectivos que hoy no tienen un lugar en la televisión puedan expresar sus posiciones. Hay que balancear eso porque si hay espacio para que hablen quienes se van a oponer a mis posiciones, pues creo que me toca poner un programa donde yo defienda la obra del gobierno. Ustedes dicen que soy mediático, pero les confieso que me desesperan las cámaras. Yo prefiero las redes. Casi no me gusta la televisión ni las entrevistas. Incluso esta entrevista fue una sorpresa para mí.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

10 Noticia

FUE RECONOCIDO COMO

V ÍC T IM A DEL

CONFLICTO ARMADO

Con una resolución notificada a su familia el 29 de enero, la Unidad de Víctimas acaba de reconocer al líder estudiantil Gustavo Marulanda como víctima del conflicto armado. La decisión llega después de 20 años del asesinato confesado por los paramilitares, y de un proceso iniciado en 2015 en el que esa entidad negó en dos ocasiones su inclusión en el Registro Único de Víctimas.

Santiago Rodríguez Álvarez santiago.rodrigueza@udea.edu.co

“

El 7 de agosto de 1999 salió en horas de la mañana para la Universidad de Antioquia, era un día sábado, estudiaba Filosofía y Letras, él salía graduado en diciembre y lo asesinaron en agosto […] Salió con su novia desde la Universidad y en la esquina del seguro fue interceptado por varios hombres quienes se movilizaban en motocicletas, que de inmediato empezaron a disparar […]

Esos tipos fueron por Gustavo”, le relató Ana Olivia García, el 6 de junio de 2015, a la Personería de Medellín.

Ana Olivia es la madre de Gustavo Marulanda García y sabía que a su hijo lo amenazaron de muerte las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Es que Gustavo no solamente estudiaba Filosofía en la UdeA, sino que era también un líder universitario que, especialmente durante 1999, se hizo visible en los medios de comunicación por sus diferencias con la administración del rector Jaime Restrepo Cuartas en temas como las ventas informales o las medidas de seguridad en el campus; pero principalmente, porque denunció las amenazas que él y otros estudiantes recibieron por parte de paramilitares.

El motivo por el cual 16 años después Ana Olivia reconstruyó el asesinato de su hijo frente a funcionarios del Estado fue la posibilidad de que fuera reconocido como un crimen cometido con ocasión del conflicto armado y a ella como víctima indirecta. Es decir, esta declaración era el primer paso para que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), creada por la Ley 1448 de 2011, incluyera tanto a Gustavo como a Ana Olivia en el Registro Único de Víctimas (RUV).

La inclusión del caso de Gustavo en el RUV parecía obvia. Su asesinato fue revindicado por los paramilitares el día después de su muerte por medio de un panfleto.

Después, el 8 de septiembre de ese mismo año, el rector Restrepo Cuartas afirmó ante el Consejo Académico que, en una reunión que tuvo con Carlos Castaño —en el marco de varios contactos del directivo con actores armados

No. 98 Medellín, febrero de 2020

para solicitarles dejar la Universidad al margen del conflicto—, el comandante de las AUC reconoció que él mismo ordenó el asesinato del estudiante. Después, en noviembre de 2007 durante una diligencia de versión libre en Justicia y Paz, el exjefe paramilitar Ever Veloza García, alias HH, confirmó que fue Carlos Castaño quien ordenó el asesinato y agregó que quien ejecutó la orden fue Fredy Antonio Restrepo Cano, alias Cejas.

Sin embargo, el 11 de septiembre de 2015, la UARIV publicó la resolución que negó la inclusión del caso en el RUV, pero Ana Olivia fue notificada personalmente más de dos años después, el 20 de septiembre de 2017. Según se lee en la resolución, para esa determinación la entidad tuvo en cuenta la declaración de la madre, las copias de los documentos de identificación, las bases de datos de la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas y, finalmente, un elemento de contexto “para tener un conocimiento más amplio de cómo eran las expresiones del conflicto en la zona de ocurrencia de los hechos manifestados”.

Ese elemento de contexto fue el artículo académico Medellín entre la muerte y la vida. Escenarios de homicidios 19902002, del Grupo de Investigación en Violencia Urbana de la Universidad de Antioquia y la Universidad EAFIT. De esta investigación se citó en la resolución lo siguiente: “Los homicidios en Medellín mostraron un predominio del escenario de violencia asociada al narcotráfico y otras actividades ilícitas organizadas, lo cual resulta coherente dada la correspondencia de este hallazgo con el conocimiento histórico que se tiene. En ese tiempo la ciudad presentaba un panorama especialmente trágico, cuya característica más notoria fue el terrorismo propiciado por los narcotraficantes y la elevación de las cifras de homicidios, que llegaron a niveles nunca antes vistos […]”. La resolución cita otras dos partes de este estudio y, con base en esa información, pese al reconocimiento del crimen por parte de los paramilitares, desligó el homicidio de Marulanda del conflicto armado.

A pesar de que Ana Olivia apeló la decisión, la UARIV volvió a negar su petición en abril de 2018; e igual que la vez anterior, la notificación se demoró en llegar más de un año.

La recibió en julio de 2019.

El 29 de enero de 2020, Isaac Buitrago, presidente de la Corporación de Derechos Humanos Gustavo Marulanda y apoderado de Ana Olivia en el proceso, preparaba un recurso de nulidad contra las resoluciones de la UARIV, pero en la audiencia de conciliación previa a esa medida judicial la entidad se presentó con una nueva resolución, la No. 2019119001 del 6 de diciembre del 2019, que revoca las dos anteriores y reconoce a Gustavo Marulanda como víctima del conflicto armado 20 años después de su asesinato.

11

Imágenes del 8 de agosto de 1999, durante la velación de Gustavo Marulanda García.

Fotografías: Archivo del documental Marulo, en el fragor de la lucha o en la quietud de la muerte, de Carlos Villa.

Gustavo y el paramilitarismo en la UdeA El rostro de Gustavo Marulanda García está pintado sobre uno de los muros del bloque administrativo de la Universidad de Antioquia.

Es una pared de fondo blanco, con mariposas de colores y que tiene escrito su nombre en letra cursiva. Al otro extremo hay otro mural y otro rostro, el de Jesús María Valle, abogado y defensor de derechos humanos. Ambos fueron amigos en vida y ambos fueron asesinados por paramilitares con poco más de un año de diferencia.

La relación de ambos empezó en 1994 a raíz de un episodio que anticipó la persecución que Marulanda sufriría después: ya se había graduado de bachillerato del Liceo Marco Fidel Suárez donde también fue un líder estudiantil, pero mantenía el contacto con esa institución donde asesoraba al

Consejo Estudiantil y trataba de conformar una asociación de egresados. Durante una visita de Gustavo al Liceo tres hombres armados, que dijeron ser agentes de inteligencia, lo abordaron para cumplir una supuesta orden de captura en su contra. Gustavo se negó a acompañarlos y varios estudiantes que estaban con él los enfrentaron. Los tres hombres huyeron y después se comprobó que la orden de captura nunca existió. El caso fue investigado por la Unidad Delegada de Delitos contra la Libertad de la Fiscalía como un intento de desaparición forzada, pero el proceso fue suspendido en octubre de 1995.

A raíz de este hecho Gustavo buscó el acompañamiento de Valle, quien entonces era el presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Antioquia. Poco después empezaron a trabajar juntos, incluso cuando Jesús María Valle empezó a hacer sus denuncias sobre el paramilitarismo en Antioquia.

Según la declaración de su madre, el 20 de febrero de 1998, cuando estaba en una reunión, Marulanda recibió siete disparos, con la suerte de que los proyectiles no impactaron órganos vitales. Siete días después ocurrió el homicidio de Jesús María Valle, quien fue asesinado en su oficina, en el edificio Colón en el centro de Medellín.

Ese mismo año, en junio, un grupo que se autodenominó Autodefensas Universidad de Antioquia (Audea), emitió un comunicado en el cual acusó a Gustavo de pertenecer a las milicias urbanas del ELN. Además, señalaba que la actividad que este y otros miembros de la Coordinadora Estudiantil Universidad de Antioquia (Ceua) eran generadoras de caos en la institución.

La Ceua tenía un espacio en el bloque 5 del campus universitario y se había creado en 1990 para organizar y coordinar diferentes actividades estudiantiles. Sus acciones estaban orientadas, sobre todo, a apoyar la movilización política de los estudiantes, desde el rechazo a la Ley 30 en 1993 sobre educación superior, hasta las manifestaciones en contra del Plan de Desarrollo del presidente Andrés Pastrana en 1998.

Gustavo era miembro de esa organización y participaba activamente en las movilizaciones.

Pero este fue apenas el primer señalamiento directo de los paramilitares contra Marulanda. En un panfleto que circuló el primero de mayo de 1999, las Audea criticaron de nuevo a la Ceua e incluso a las directivas de la Universidad.

Poco después, el 4 de mayo, dos sicarios asesinaron en su oficina al profesor Hernán Henao, director del Instituto de Estudios Regionales.

Aunque en principio las AUC negaron haber participado en este homicidio, luego Carlos Castaño lo aceptaría en su libro Mi confesión. Las amenazas volvieron el 26 de junio, con un comunicado de cinco páginas en que las Audea vuelven a señalar a Gustavo como guerrillero. Este comunicado fue respaldado el mismo día por otro de las AUC en el que amenazan a Marulanda y a otros estudiantes: “Se uniforman para la guerra o se mueren de civil”, se leía.

Ante estas amenazas, el 2 de julio Gustavo viajó a Bogotá y denunció estos hechos ante la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Fiscalía. En una rueda de prensa dada el 8 de julio, también le pidió a la administración de la Universidad de Antioquia que se pronunciara. “Ante estas amenazas la administración de la Universidad negligentemente, hasta este momento, no ha hecho el primer pronunciamiento y parece que está esperando que los estudiantes pongamos el primer muerto”, quedó grabado en su declaración ante las cámaras de diferentes medios de comunicación.

Sin embargo, nada sirvió para detener los hechos del 6 y 7 de agosto de ese mismo año. El viernes 6, en las horas de la mañana, un encapuchado asesinó en la cafetería de la Facultad de Derecho a Hugo Ángel Jaramillo, quien era su propietario. Al día siguiente, después de una reunión en la Ceua para hablar sobre la situación, Gustavo Marulanda fue asesinado a la salida de la Universidad.

En el panfleto con el que las AUC se atribuyeron el crimen, justificaron el homicidio acusándolo de pertenecer al ELN y de tener responsabilidad en el asesinato de Jaramillo. Esto fue reiterado por Carlos Castaño en la conversación que sostuvo con el rector Restrepo el 19 de agosto de ese mismo año, según lo informó el directivo al Consejo Académico el 8 de septiembre.

Carlos Villa y Beatriz Borja, dos estudiantes de la época que hacían parte de las movilizaciones estudiantiles y

conocieron a Marulanda, coinciden en que hubo una estrategia para desprestigiar a Marulanda y las causas de los estudiantes. “Él es finalmente un mártir y por eso es muy reconocido, pero al lado de él había un montón de gente que se la jugó y que le tocó enfrentar el paramilitarismo”, reflexiona Villa, quien además es el realizador del documental Marulo, en el fragor de la lucha o en la quietud de la muerte, que narra la historia de su compañero. ¿Política de no inclusión en la UARIV? La memoria de Gustavo Marulanda como mártir del movimiento estudiantil y como víctima de los paramilitares ha sido preservada por los estudiantes de la Universidad de Antioquia de diferentes maneras: murales, actos simbólicos, contenidos escritos. También, una forma de preservar la memoria de Gustavo fue la creación, a mediados de la década del 2000, del Comité Universitario Gustavo Marulanda, que trabajaba por la promoción y defensa de los derechos humanos en las universidades públicas de Medellín. Esa organización derivó en la Corporación de Derechos Humanos Gustavo Marulanda, de la cual el presidente es actualmente el abogado Isaac Buitrago, apoderado de Ana Olivia García.

Precisamente por la experiencia del proceso de inclusión del caso de Gustavo, Buitrago cree que hay una “política de no inclusión” por parte de la UARIV. Es decir, que los protocolos y decisiones de la unidad entorpecen y finalmente tienden a no reconocer a más personas como víctimas. “Si esto pasó en el caso de Gustavo, que es un hecho supernotorio y tiene un montón de dolientes atrás, ¿qué estará pasando con el resto de víctimas?”, se pregunta el abogado.

Pero Buitrago no solo es crítico con el proceso de inclusión, también la preocupa la cantidad de tiempo que alguien tiene que esperar para obtener por lo menos la indemnización económica por parte del Estado.

En el caso de Ana Olivia, por el homicidio de su hijo tendría derecho a recibir el equivalente a 40 salarios mínimos legales vigentes. “Pero se puede demorar años”, explica Buitrago.

El problema es financiero, así opina el actual coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, Orlando Burgos: “En Colombia ni una sola víctima ha sido reparada integralmente, algunas han recibido la indemnización económica, pero reparación integral no”, dice. También opina que la UARIV trata de no incluir a más personas en el RUV porque no tienen la capacidad de atenderlos.

Sobre la supuesta “política de no inclusión”, De la Urbe acudió a la UARIV para obtener su versión sobre el caso de Gustavo Marulanda y sobre sus protocolos para la inclusión de nuevas víctimas en sus registros.

La entidad aseguró que sus procedimientos se ajustan a las normas vigentes (ver recuadro).

Lo cierto es que en el Registro Único de Víctimas actualmente hay cerca de siete millones de víctimas sujetas a atención y reparación por parte del Estado.

De estas, en el Gobierno de Juan Manuel Santos solo se repararon alrededor de 900.000 y la meta del actual Plan de Desarrollo, del presidente Iván Duque, es terminar el cuatrienio con aproximadamente 1.400.000 víctimas reparadas administrativamente.

A esto se suma que la Ley de Víctimas de 2011 solo tenía una vigencia de 10 años que fue provisionalmente ampliada hasta 2030 por la Corte Constitucional el pasado mes de diciembre. La Corte le pidió al Congreso que legisle y le dio plazo hasta junio de 2021 para que prorrogue o reforme la ley. “La ley tiene algunos vacíos y debería reformarse, pero escuchando a las víctimas, porque es la ley de las víctimas, no de los políticos o de los congresistas”, opina Burgos.

La respuesta de la Unidad de Víctimas

Sobre el caso de Gustavo Marulanda, la UARIV afirmó que “la solicitud no contaba con los requisitos mínimos (…) pues no se contaba con el documento de identificación del afectado directo, por lo que no era posible su individualización”.

La entidad agregó que, al revisar la apelación, con el “análisis de los criterios técnico, jurídico y de contexto, con los demás documentos aportados”, concluyó que Gustavo Marulanda no había sido víctima del conflicto armado. Sin embargo, en referencia la conciliación de enero, su respuesta fue que “al realizar una revisión de sus propias actuaciones administrativas, esta entidad procedió a revocar de oficio las decisiones adoptadas inicialmente”.

Frente a los protocolos para la inclusión de nuevas víctimas, la UARIV respondió que “no es cierto que en el procedimiento de valoración de las solicitudes de inscripción en el RUV que adelanta esta entidad exista una ‘política de no inclusión’”. Y afirmó que su trabajo está supeditado a los procedimientos estipulados en la Ley 1448 de 2011 y el decreto 1084 de 2015.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

12 TRANSICIÓN EN LA MONTAÑA

ANTES DE LA

MONTAÑA: REFLEXIONES SOBRE LA REINCORPORACIÓN

Ituango Fotografía: Karen Parrado Beltrán

N

o es fácil aceptar sin desconfianza el proceso de reincorporación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) luego del anuncio formal de rearme de algunos de sus exlíderes, e incluso de las supuestas intenciones de quienes regresaron a las armas de atentar contra sus antiguos comandantes. Tampoco lo es aproximarse a este proceso sin prejuicios o miedos, pues se trata de uno de los actores armados que más ha impactado la vida nacional colombiana en ya casi los últimos 60 años.

Resulta ingenuo exigirle a una sociedad que se deshaga de la memoria que tiene sobre los actos violentos cometidos por esta guerrilla antes —y durante— de la negociación en La Habana con el Estado colombiano que llevó al fin de su existencia armada. No será fácil restablecer la confianza con un grupo de colombianos que optaron por perseguir cambios sociales por la vía de las armas.

Hacer la paz nos pone frente a hermanos que nos violentaron.

El día del acto final de dejación de armas el entonces jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Jean Arnault, afirmó que el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación, creado por el proceso de paz colombiano, había jugado “un papel sin precedentes en la experiencia internacional de supervisión de ceses al fuego”. La paz colombiana es una apuesta excepcional y un momento histórico con muchos retos por delante.

Las Farc entregaron la última de sus 8994 armas el 27 de junio de 2017. Hoy la antigua guerrilla es la fuerza política más joven del país y uno de los protagonistas de la innovación social más importante en materia de resolución de conflictos armados en el mundo.

Uno de los puntos vitales de esa innovación es la reincorporación de cerca de 13.000 personas que abandonaron las armas.

La reincorporación de estos excombatientes implica el retorno a la legalidad y también a las dificultades cotidianas que enfrenta cualquier colombiano: una vida familiar, trabas en el acceso a servicios esenciales como la salud, informalidad, horarios extenuantes de trabajo y falta de oportunidades de educación. Todo esto representa desafíos tanto para ellos, que estuvieron alejados de la vida civil durante años, como para el conjunto de la sociedad colombiana.

Este es un momento histórico que nos interpela como seres humanos con memoria y, ante todo, con futuro. Este especial multimedia, cuya expansión se puede consultar escaneando el código QR al final de esta página o en el sitio web www.hacemosmemoria.org, es un relato periodístico sobre el proceso de reincorporación de las Farc en los cuatro Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) oficializados por decreto en Antioquia.

Las historias recolectadas al viajar a cada una de estas zonas del país indagan por la experiencia de retorno de los excombatientes y por sus esfuerzos y reflexiones para cumplir lo pactado en el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Anorí Fotografía: Alejandro Valencia Carmona

Remedios Fotografía: Karen Sánchez Palacio

No. 98 Medellín, febrero de 2020

Danilo Arias Henao

Karen Parrado Beltrán

Alejandro Valencia Carmona

Karen Sánchez Palacio

Daniela Sánchez Romero

CRÉDITOS

delaurbe@udea.edu.co

Escanee este código con su celular para acceder al especial multimedia.

Dabeiba Fotografía: Alejandro Valencia Carmona

13

El difícil camino de la REINCORPORACIÓN

en Antioquia

I

nsistir en la implementación de los acuerdos de paz es una de las apuestas que se percibe al visitar los cuatro Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Antioquia, donde viven su tránsito a la vida civil 2948 excombatientes de las Farc, según registros de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) hasta diciembre de 2019.

Los 24 ETCR que funcionan en todo Colombia fueron creados en 2017 por la Presidencia de la República en el Decreto 1274 y tenían una vigencia de dos años. Pero la lenta implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y de las garantías para culminar la reincorporación, expusieron a los excombatientes a un panorama de incertidumbre sobre su futuro cuando se acercaba la fecha límite de estos espacios, el 15 agosto de 2019.

Sin embargo, el 9 de septiembre, la Presidencia de la República expidió el Decreto 1629 que adicionó a la ARN las funciones de administrar los inmuebles necesarios para que la fuerza pública garantice la seguridad en los ETCR o donde esos asentamientos sean reubicados, y además la tarea de administrar los bienes, servicios y suministros necesarios para el proceso de reincorporación. Aunque no establece una duración específica de esas medidas, ese decreto resolvió, por lo menos en parte, las inquietudes sobre la continuidad de los espacios donde están asentados los excombatientes.

Además de los cuatro espacios reglamentados por decreto: Ituango, Anorí, Remedios y Dabeiba —vereda Llano Grande—; en Antioquia, el Partido Farc reconoce otras siete áreas de reincorporación: Yondó, Dabeiba —vereda Godó—, Mutatá, Apartadó, Frontino, Urrao y Medellín. Allí se han asentado espontáneamente grupos de exguerrilleros que buscan mejores condiciones y oportunidades para su desarrollo personal y económico durante su retorno a la vida civil.

Harold Martínez, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, organización que ha estudiado las dinámicas del conflicto armado y de la implementación de los acuerdos, explica que estos nuevos asentamientos se han dado porque “el Estado y las Farc plantearon los ETCR con un criterio de seguridad, pero dejaron de lado un criterio de productividad, entonces estas zonas terminan siendo obsoletas cuando estamos hablando de proyectos económicos y los excombatientes sienten la necesidad de establecer nuevos grupos con mejores condiciones para lo productivo”.

Un proceso desafiante “Si el Gobierno nacional entendiera que la Antioquia y la Colombia profunda no se gobiernan desde un escritorio en Bogotá, hubiera llamado a los departamentos y les hubiera entregado recursos para ejecutarlos porque nosotros somos los que mejor conocemos el territorio”, le dijo a De la Urbe en septiembre Tatiana Gutiérrez, gerente de Paz de Antioquia en la pasada administración departamental.

Sobre los objetivos y retos de la entrante administración frente al proceso de reincorporación de los excombatientes, consultamos a Rafael Mauricio Blanco, nuevo gerente de Paz de Antioquia, pero el funcionario se negó a dar declaraciones argumentando que está en proceso de empalme.

Las particularidades territoriales y la necesidad de inversión de las que hablaba la exgerente Gutiérrez se expresan, por ejemplo, en la infraestructura.

El campo colombiano tiene un significativo retraso vial que impacta su integración al resto del territorio nacional. Este es un punto esencial para la viabilidad de los proyectos productivos de los excombatientes de las Farc, enfocados en su mayoría en el desarrollo agrario.

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, el sistema de conectividad vial del país ha estado históricamente concentrado en la zona centro, con grandes rezagos en el sur y oriente del país, y en Antioquia especialmente en el norte del departamento.

“Anorí, Dabeiba, Remedios e Ituango están alejadísimos del desarrollo y tenemos claro que el Estado no llega porque necesitamos carreteras y las carreteras cuestan. En ese orden de ideas el Gobierno no ha aportado nada”, agregó Gutiérrez.

Las Farc sostienen que su ubicación en territorios distantes de las grandes ciudades, en los que antes concentraron sus operaciones guerrilleras, es estratégica puesto que busca la llegada de la institucionalidad a comunidades históricamente abandonadas por el Estado. No obstante, este ideal supone desafíos tanto en infraestructura como en seguridad e inversión social.

“Ellos tenían un proyecto de vida armado, pero nosotros hoy hemos sido inferiores como Estado al compromiso de acompañar de manera seria y decidida nuevos proyectos de vida”, comentó Gutiérrez. De acuerdo con la ARN, de los 12.978 excombatientes que ingresaron al proceso de reincorporación en todo el país, en diciembre de 2019, 9225 ya habían abandonado los ETCR en gran parte por la desilusión que les genera la lentitud y algunos incumplimientos del Gobierno frente al proceso de reincorporación.

El investigador Martínez señala que no hay que olvidar que los excombatientes son personas con redes familiares y sociales en diversas regiones del país, por lo que la movilidad es parte de la naturaleza de la reincorporación.

“Pretender que 13.000 personas se quedaran en los espacios en su momento era un poco complejo”, comenta.

Otro de los desafíos es la integración del sector privado y de un conjunto más amplio de la sociedad civil a la reincorporación. “Las alianzas público-privadas son importantes, pero también las público-comunitarias. Necesitamos formalizar sus capacidades productivas: el 80 % de nuestra gente es de vocación agraria”, indicó Pastor Alape, delegado del Partido Farc al Consejo Nacional de Reincorporación, durante un conversatorio en Medellín a mediados de septiembre del año pasado.

Otra de las barreras que debe superar Antioquia es la formalización de los predios en los que están ubicados algunos de los ETCR, especialmente aquellos que tienen restricciones de construcción o explotación agrícola relacionados con la Ley 2 de 1959, la cual establece los límites de las zonas de reserva forestal y los bosques naturales.

La infraestructura de los ETCR fue construida para un periodo transitorio y en materiales de corta duración.

Ahora que la reincorporación ha avanzado es necesario

definir lugares de asentamiento definitivos donde los excombatientes tengan asegurada una opción de vivienda digna. “Siempre nos han dicho y sabemos que los ETCR son transitorios porque una familia no puede vivir en casas hechas de drywall. Desde ahí estamos tratándolos con ausencia de dignidad y de visión. Debido a la improvisación y la incapacidad del Gobierno nacional estos espacios se han ido prolongado”, advirtió la exgerente de Paz de Antioquia.

Además de proyectos de vivienda definitivos, los excombatientes necesitan capacitación en modelos sostenibles de negocios para sus proyectos productivos. “La apuesta de reincorporación de las Farc es principalmente colectiva y está basada en un tema de emprendimiento. Ahí uno ve que hay una oportunidad gigante para que la empresa privada se involucre. No es regalar, no es filantropía, se trata de cómo estos proyectos se vuelven una oportunidad de negocio y se pueden articular”, destaca el investigador de la Fundación Ideas para la Paz. Esfuerzo por parte y parte Entre los excombatientes de los ETCR de Antioquia es frecuente escuchar que el proceso de reincorporación debe ser en conjunto con la sociedad, por eso persisten en la idea de lograr transformaciones profundas en la distribución de la tierra y en la inversión social para todos, en especial para las comunidades rurales que están más alejadas de las posibilidades que ofrecen los centros urbanos. Esto siempre y cuando, puntualiza Alape, se pueda “mantener una acción permanente de pedagogía contra la estigmatización”.

Ituango, Anorí, Dabeiba y Remedios concentran esfuerzos de hombres y mujeres todavía dispuestos a confiar en los compromisos pactados con el Estado colombiano que garanticen su proceso de adaptación a la vida civil.

Aunque es cierto que muchos de ellos ya no habitan en los ETCR del departamento, no todos se han ido a rearmarse.

La mayoría continúan el proceso de reincorporación, pero desde las regiones donde están sus familiares o desde otras zonas a donde llegaron para trabajar. Según cifras del 31 de octubre de 2019 de la ARN, en 64 municipios de Antioquia hay asentados 818 excombatientes en proceso de reincorporación fuera de los ETCR. Hacer la paz significa consolidar la confianza y los esfuerzos de la sociedad en la construcción de un país mejor, con el fin de recuperar escenarios de diálogo y reconciliación. Para Alape, una de las figuras más visibles del proceso de reincorporación, se trata más de “conseguir la paz emocional” que de firmar un documento. “Por decreto no se hace la paz”, concluyó.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

14 TRANSICIÓN EN LA MONTAÑA

Los RIESGOS

que enfrentan los excombatientes de las Farc durante la reincorporación

Amenazas contra su integridad, homicidios, incertidumbre económica e inseguridad jurídica son algunos de los riesgos latentes en el proceso de incorporación a la vida civil que los excombatientes de las Farc iniciaron en agosto de 2017.

Aunque la reincorporación es reconocida por la comunidad internacional como una de las innovaciones sociales más importantes de los acuerdos de paz, aún quedan muchas dudas sobre la capacidad del Estado para garantizar la implementación y condiciones dignas para el retorno a la legalidad de los excombatientes.

12.940 22.7 %

habitan en los ETCR (2937 personas)

233

esquemas de protección individual y colectiva que benefician a 324 excombatientes.

LOS ATAQUES A EXCOMBATIENTES se relacionan con: Presencia creciente de grupos armados criminales.

Economías ilegales e informales en las zonas abandonadas por los exmiembros de las FARC-EP donde el Estado no ha establecido un control efectivo.

173

excombatientes en proceso de reincorporación social y económica.

HOMICIDIOS

de excombatientes en el país hasta el 31 de diciembre de 2019

5.5 %

tienen ubicación desconocida (711 personas)

80 %

de los ataques a exintegrantes de las FARC están vinculados a grupos armados ilegales y organizaciones criminales.

Las personas en proceso de reincorporación tienen derecho solo una vez a un apoyo económico para emprender un proyecto.

Según Indepaz, en lo que va corrido de 2020 han sido asesinados 10 excombatientes de las Farc.

Dos de ellos en Antioquia: Hober Arias Giraldo, en Dabeiba; y César Herrera Gómez, en Ituango.

2019 2018 2017

PROYECTOS PRODUCTIVOS 27 % de los excombatientes han sido beneficiados con proyectos productivos

3502 personas

945 proyectos productivos aprobados hasta el 31 de diciembre de 2019

Según la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN). 31 de diciembre de 2019.

“Las mujeres excombatientes y los hijos de excombatientes siguen expuestos a riesgos adicionales de violencia, incluida la violencia sexual y de género y el reclutamiento forzado” Informe Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia del 30 de septiembre de 2019.

31

65

77

Según Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.

“La mayoría de los homicidios pueden atribuirse a grupos armados ilegales y criminales, incluido el Clan del Golfo, el ELN, el Ejército Popular de Liberación y grupos disidentes de las Farc”.

Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Junio de 2019.

FUENTES: Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Informe del Secretario de General. 26 de diciembre de 2019 Agencia para la Reincorporación y Normalización de Colombia. Así va la reincorporación, ARN en cifras. 31 de diciembre de 2019 Fundación Ideas para la Paz. La reincorporación económica de los excombatientes de las FARC, retos y riesgos a futuro. Julio de 2019

No. 98 Medellín, febrero de 2020

15

TRANSICIÓN en Santa Lucía

ILUSIONES DE UNA TIERRA PROMETIDA Los excombatientes del Frente 18 de las Farc viven su reincorporación en Ituango, sobre la montaña del Nudo del Paramillo.

Consolidar sus proyectos productivos y la ubicación definitiva de su comunidad son dos ilusiones que los mantienen comprometidos con la paz.

Fotografía: Karen Parrado Beltrán

A

l parar en el caserío, la chiva descarga bultos y enseres que un grupo de campesinos trae desde el pueblo. El motor rugiente del vehículo ha coronado tres horas de montaña y una carretera destapada varios metros encima del río Ituango.

—Es allí no más, yo les aviso —advierte una mujer sobre la parada final que todavía no encontramos en ese ambiente boscoso envuelto en lluvia. Paramos. La chiva nos deja atrás y se encarama en una última curva antes de alcanzar el caserío de Santa Lucía.

—Por allá —dice un hombre a caballo y señala hacia abajo del caserío, y a lo lejos se divisa un agrupamiento angosto de casas. Después de caminar unos minutos encontramos una vivienda de paredes blancas y franjas azules. Es la casa del excomandante del Frente 18 de las Farc.

—Buenas tardes, Agustín —saludamos.

El hombre se levanta y nos extiende la mano. Gustavo López, conocido como Agustín durante su vida guerrillera, es el líder del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de la vereda Santa Lucía, en el noroccidente de Antioquia, a tres horas y media del parque principal de Ituango. Este espacio reúne a unos 70 excombatientes del Frente 18 de las Farc que dejaron las armas a finales de 2016.

Los módulos que agrupan varias casas se ubican en una hectárea y media. Algunos tienen instalaciones sanitarias privadas, aunque la mayoría comparten baterías de inodoro, ducha y lavadero común. A Santa Lucía llegaron inicialmente 266 excombatientes, sin embargo, muchos de ellos han abandonado el ETCR por la incertidumbre que les genera la implementación de los acuerdos de paz y porque todavía no han logrado consolidar los proyectos productivos, uno de los puntos principales para la reincorporación.

“La población nuestra es de vocación rural, por eso necesita un espacio adecuado. Acá estamos en un cajoncito reducido, no hay espacio para nada, ni para recreación de los niños o para una guardería. En sí una implementación, que debería ser integral, no se ha hecho”, asegura Agustín.

Al igual que otros ETCR, el terreno en Santa Lucía es inviable para el asentamiento permanente de los excombatientes porque pertenece a un privado, al cual el Estado paga un arriendo mensual. Además, estas tierras están cobijadas por la Ley 2 de 1959, la cual define los límites de protección de las zonas de reserva forestal y bosques nacionales. Por ubicarse cerca del Parque Nacional Natural Paramillo, esta vereda tiene restricciones para la explotación agraria y la vivienda y, por tanto, no se puede construir un centro poblado.

“Hicimos una reunión para empezar a buscar predios.

Cuando salió la idea de un proyecto de vivienda dijimos que queríamos seguir acá porque la comunidad nos acogió.

Pensando en una vivienda digna y que permanezca en el tiempo, hay que diseñar una estrategia diferente”, explica el excomandante.

En cuanto a la seguridad, pese a que el espacio está rodeado por un anillo de seguridad con ejército y policía, como los otros 23 ETCR del país, para los excombatientes este aspecto depende más de la voluntad de grupos armados ilegales con quienes se enfrentaron en el pasado y que ahora hacen presencia en los lugares que ellos abandonaron.

“Relativamente tenemos seguridad. Pero no porque la esté prestando el Estado, sino porque los grupos armados que están en la zona no nos tienen como objetivo”, señala Oleander Granda, uno de los excombatientes que actualmente lidera un proyecto productivo de ganadería en este lugar y quien no obtuvo curul al Concejo de Ituango tras su candidatura en las elecciones locales de octubre de 2019.

Sin embargo, el panorama no parece ser tan favorable.

El 28 de enero el excombatiente César Darío Herrera fue asesinado a una hora del casco urbano de Ituango cuando se dirigía al ETCR de Santa Lucía y al día siguiente el Partido Farc denunció un supuesto plan para atentar contra uno de sus líderes, Pastor Alape, cuando precisamente iba a desplazarse a ese ETCR para evaluar junto a otros excombatientes la situación de seguridad en la zona*.

El proyecto productivo de Oleander es el único que cuenta con respaldo económico del Estado. Es el resultado de una asociación de 105 excombatientes agrupados en la cooperativa Coemprender, a la cual ya le fueron girados 806 millones de pesos provenientes de los recursos nacionales para la reincorporación.

Pero como el espacio del ETCR es reducido, el proyecto no puede operar en un mismo predio. Actualmente están criando 63 reses. “Nos tocó dividirnos. En una parte tenemos un terreno para montar 10 reses, en otra parcela se piensan montar 15, por allá abajo, por Quebrada Media, hay otro terrenito que nos conseguimos arrendado para montar otras 30 reses”, explica Oleander.

Una de las expectativas de los excombatientes con este proyecto es consolidar una producción lechera de entre 200 y 300 litros diarios, que les permita instalar un tanque recolector que justifique la llegada de un camión hasta la vereda para trasladar la producción a municipios cercanos con tradición lechera como Santa Rosa de Osos, a dos horas del casco urbano de Ituango.

Mientras logran ese propósito, algunos exguerrilleros reciben capacitación por parte del Sena en manipulación

de alimentos para formalizar la producción de quesos y lácteos, así como acompañamiento de la Asociación de Ganaderos Ambientalistas de Ituango (Aganadan). “Aunque sabemos de vacas y del campo, no hemos tenido mucha experiencia en el negocio”, comenta Oleander.

En el ETCR de Santa Lucía el ambiente es familiar. Los vecinos se cruzan en la madrugada para ir a trabajar en cultivos cercanos y madres jóvenes se encuentran al mediodía para recoger la ropa seca de sus bebés cuando la llovizna empieza a caer.

Si bien la reincorporación es un proceso lento, para el que no hay una fórmula infalible, los excombatientes de Santa Lucía ven en este un camino de posibilidades para redescubrir sus proyectos de vida, reencontrarse con sus familias y aportar al cambio social que por muchos años buscaron a través de las armas.

“Nos arriesgamos, esta es la opción. Hagamos caso a la mayoría del pueblo que está pidiendo que el acuerdo siga, que se respete y que se implemente”, dice Agustín, el hombre que pasó más de 20 años armado e internado en la misma montaña donde hoy nos estrecha las manos.

*Cuando se cerraba esta edición se conoció la decisión de 62 excombatientes de salir del ETCR de Santa Lucía de manera progresiva en los próximos dos meses debido a las condiciones de seguridad en la zona. Desde que se firmó el Acuerdo de paz, 12 personas en proceso de reincorporación pertenecientes a este ETCR han sido asesinadas.

Según Jesús Mario Arenas, vocero del Partido Farc en Medellín, debido a la presencia en la zona de grupos como el Clan del Golfo, Los Caparrapos, la delincuencia común y las disidencias del Frente 18 de las Farc, los exguerrilleros han venido abandonando el ETCR en los últimos meses.

“El Estado dice que garantiza la seguridad al interior del ETCR, pero los asesinatos no han ocurrido dentro del espacio, sino en el camino y en el mismo casco urbano.

Debido a la falta de garantías de seguridad, con la comunidad venimos trazando una hoja de ruta donde esperamos en cerca de dos meses trasladarlos colectivamente a otro lugar que todavía no está definido. Lo que buscamos es que este desplazamiento sea visibilizado y esté acompañado por entidades y medios de comunicación garantes”, le explicó Arenas a De la Urbe el pasado 31 de enero.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

16 TRANSICIÓN EN LA MONTAÑA Debido a su ubicación y fácil acceso, los excombatientes del ETCR Jhon Bautista Peña han recibido el apoyo de entidades internacionales e instituciones educativas que se han vinculado a sus proyectos productivos y cuenta, además, con la participación de la comunidad aledaña a este. Sin embargo, muchos sienten que ha habido un incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del Gobierno nacional en aspectos como la salud y el acceso a la tierra.

A

l mediodía sale desde Anorí una chiva hacia la vereda San Isidro.

En medio y sobre las sillas largas de madera van campesinos, cajas con mercados, encomiendas y bidones con gasolina. Tras dos horas y media de recorrido por una carretera destapada, la chiva se detiene y un excombatiente de las Farc se baja con un morral negro en la espalda y botas pantaneras. Frente a él, al lado izquierdo de la carretera, hay un puente y, al cruzarlo, una pared donde se lee: “De Marquetalia hasta la victoria”.

Al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Jhon Bautista Peña, en la vereda La Plancha de Anorí, distribuidos en módulos largos de drywall, llegaron alrededor de 150 guerrilleros del Frente 36 de las Farc a finales de 2016. Hoy, el espacio es habitado por unos 90 excombatientes, algunos acompañados de sus familiares entre los que hay 25 menores de edad.

TRANSICIÓN en La Plancha

LOGRAR LA REINCORPORACIÓN A TRAVÉS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

Fotografía: Alejandro Valencia Carmona

No. 98 Medellín, febrero de 2020

Robert Ortiz, más conocido como Teo durante su vida en la guerrilla, señala que los excombatientes que se han ido del ETCR trabajan en el desminado humanitario, estudian o están en La Vianca, una vereda aledaña, encargados de un proyecto de piscicultura; el único hasta el momento financiado por el Estado y del que hacen parte 41 exguerrilleros.

A diferencia de otros ETCR de Antioquia, en el de La Plancha funcionan otros ocho proyectos productivos. El fácil acceso a esta vereda por su cercanía con el casco urbano y el estado de la carretera —si se compara con las que conectan con otros ETCR— han permitido la presencia de entidades internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que han aportado económicamente al proceso de reincorporación.

Además, algunas instituciones educativas como la Universidad de Antioquia y el Sena brindan acompañamiento en procesos de producción agropecuaria y asesorías para diferentes proyectos. También hay líderes como Teo que se han encargado de organizar a la comunidad y gestionar recursos para impulsar iniciativas.

Hace un año, Teo emprendió, con sus propios recursos, un proyecto productivo de crianza de codornices para la producción de huevos que son distribuidos en el casco urbano de Anorí. Además, creó una ladrillera cuya primera producción la vendió a los campesinos cercanos de la vereda. Para dar continuidad a esta iniciativa, presentó un proyecto a la ONU donde plantea la unión de seis veredas, incluida La Plancha, para elaborar y vender los ladrillos.

El proyecto fue aprobado y esperan una inversión por 160 millones de pesos.

Teo hace parte de otros proyectos como el de elaboración de jabones, llamado Iracal: esencia de la montaña, impulsado por el Comité de Género del ETCR y financiado por la OIM; la panadería, que fue creada con aportes de los excombatientes, al igual que una cantina con billares ubicada al lado derecho de la carretera, frente al ETCR. Detrás de la cantina hay un terreno arado cubierto con plásticos transparentes donde los excombatientes esperan sembrar cebolla, cilantro, tomate, pimentón y pepino para su autoabastecimiento. Este proyecto de huerta y otro que consiste en la compra de mil gallinas están aprobados y financiados por la ONU, el PMA y la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).

Además de generar y sostener proyectos productivos en su tránsito a la vida civil, los excombatientes han potenciado conocimientos adquiridos en su época de guerra.

Este es el caso de Confecciones La Montaña, un proyecto

productivo en el que excombatientes y campesinos de la zona fabrican bolsos, riñoneras y sudaderas. La iniciativa surgió cuando aún estaban en armas. “Teníamos máquinas y telas con las que nos movíamos cada ocho días más o menos. Hacíamos uniformes, carpas, chalecos y bolsos para el consumo interno”, cuenta Teo. Una vez ubicados en el ETCR decidieron darle continuidad y recibieron apoyo con fondos y beneficios de cooperantes internacionales.

Sin embargo, Ovidio Antonio Mesa, excomandante del Frente 36, también conocido como Anderson Carranza, sostiene que el Gobierno ha incumplido con los acuerdos de paz. Además del poco apoyo económico del Estado en materia de proyectos productivos, les han quitado beneficios que tenían cuando llegaron, como el centro de salud. “Ahora viene un médico tres veces al mes, cuando la gente se enferma todos los días”, agrega Teo. Así que en gran medida fueron los organismos internacionales quienes asumieron el apoyo a los proyectos de los exguerrilleros.

El Gobierno también se comprometió con garantizar el acceso a tierras para los excombatientes, ahora campesinos, con el fin de darles continuidad a sus proyectos productivos y procesos de reincorporación. Aunque esto debió estar resuelto el 15 de agosto de 2019, cuando se terminó el marco jurídico que reconocía los ETCR como zonas amparadas por el Estado, los excombatientes de La Plancha continúan viviendo en las casas temporales construidas en un terreno arrendado.

A pesar de las dificultades, a Teo y a Jonathan Gómez, un excombatiente de 21 años que ingresó a las Farc a los 13, les genera esperanza el vínculo que dicen haber establecido en estos dos años con las comunidades aledañas a través de los proyectos productivos y otros recreativos, como la escuela de fútbol Semillas de Paz, creada por Teo, en la que cada domingo entrena a 85 niños y niñas de 10 veredas, y los torneos deportivos en los que participan adultos de Anorí, La Plancha y otras veredas.

En La Plancha los excombatientes dicen estar tranquilos en materia de seguridad. Anderson, Jonathan y Teo coinciden en que no se sienten blanco del ELN, guerrilla que hace presencia en el territorio, o de los paramilitares que, según Anderson, no están en la zona desde 2008.

De las disidencias de las Farc tampoco se sienten blanco.

Aunque algunos dicen respetar su decisión de rearmarse, persisten en su compromiso con los acuerdos. “No me atrevo a decir que voy a dejar esto y que me voy a salir.

Si nosotros luchamos 53 años, cómo vamos a dejar esto tirado en apenas tres años”, concluye Jonathan.

17

TRANSICIÓN en Remedios

UN LLAMADO DE PAZ DESDE LA SERRANÍA Fotografía: Karen Parrado Beltrán

L

a chiva maltrecha y empantanada está varada en la mitad de la trocha y obstruye el paso por el único carril. Esa ruta que parte desde Segovia es la más usada para ir hasta la vereda Carrizal, del municipio de Remedios, en el Nordeste de Antioquia. El paso por allí depende del buen clima y en las caras de la gente se percibe la premura porque el viaje se retome pronto antes de que lleguen las lluvias de la tarde.

Desde el casco urbano de Segovia se necesitan seis horas de viaje hasta el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Juan Carlos Castañeda, al que se llega luego de atravesar un puñado de casas coloridas de madera, varias tiendas y cantinas a lado y lado de la vía central de la vereda Carrizal.

Las paredes de la entrada principal de este ETCR tienen murales con las caras de líderes históricos de la antigua guerrilla de las Farc como Alfonso Cano y Manuel Marulanda; también aves, felinos y animales selváticos comunes en esta zona del país.

“Cultura fariana es tener crítica y autocrítica…”, se lee en uno de los letreros de convivencia hechos a mano por los excombatientes que viven allí desde 2017, año en el que llegaron 250 de ellos provenientes de los Frentes 24, 37 y 4 del Bloque Magdalena Medio de las Farc.

Actualmente, en las cuatro hectáreas que conforman este ETCR viven su proceso de reincorporación aproximadamente 70 personas que habitan las casas temporales construidas por ellos con los materiales que el Gobierno dispuso como parte de los acuerdos de paz en 2016. Buena parte de los excombatientes que inicialmente llegaron a este ETCR han salido hacia poblaciones cercanas para trabajar o reunirse con sus familiares, otros hacen parte de los grupos de escoltas de la Unidad Nacional de Protección.

Uno de los puntos importantes para entender el proceso de reincorporación en este ETCR es la distancia que los separa de centros poblados de la zona y de Medellín. No solo tienen la ruta de acceso más difícil de los cuatro ETCR del departamento, sino que su ubicación está en medio de una de las zonas mineras más grandes de Colombia. Solo la empresa Gran Colombia Gold, de origen canadiense y asentada en Segovia, esperaba que durante 2019 se extrajeran 186.000 onzas de oro, es decir, más de 854.000 millones de pesos.

En un paraje de clima cálido y montañas bajas, en las estribaciones de la serranía de San Lucas, cerca de 70 excombatientes adelantan su proceso de reincorporación. Más cercanía de la sociedad y apoyo del Estado a sus actividades son claves para continuar su camino de paz.

La vocación minera de esta región ha incorporado históricamente actividades violentas de grupos armados que se disputan el control territorial y las rentas ilegales asociadas a la minería. Ante esto, Gustavo Adolfo Palacio, un excombatiente de las Farc conocido como Teo, cree que el ETCR es un lugar incómodo porque los exguerrilleros quieren desarrollar proyectos productivos de ganadería y agricultura, así como iniciativas ambientales y de protección de la serranía de San Lucas, pese a que en el territorio hacen presencia grupos armados como el Clan del Golfo, la banda Pachelly y el ELN. “El Gobierno preferiría que nosotros nos fuéramos a buscar un tugurio al lado de cualquier ciudad grande para ahorrarles los costos de inversión, pero así, ¿cómo va a haber una transformación que incida definitivamente en los factores que influyeron en la violencia?”, dice Teo. Agrega que escogieron esta zona alejada de Antioquia como espacio para su reincorporación con el fin de involucrar a la población civil que convivió con ellos cuando estaban en armas: campesinos, trabajadores y sus mismas familias.

Actualmente, los excombatientes de este ETCR desarrollan actividades agrícolas de autosostenimiento y venta para Carrizal y veredas aledañas. Uno de los proyectos productivos más avanzados es el de piscicultura, con el que producen cerca de 500 kilos mensuales de pescado entre tilapia, cachama y bocachico. Los 12 estanques que componen el proyecto, así como los insumos para la producción y el arriendo del terreno corren por cuenta de los excombatientes, quienes cubren estos gastos con recursos propios y parte de la renta básica que reciben del Gobierno nacional cada mes.

Otros proyectos son una cantina que funciona a las afueras del ETCR como lugar de encuentro y socialización; una ebanistería paralizada porque no cuenta con los permisos ambientales para explotar la madera; una huerta de las

mujeres del ETCR que está en proceso de arado y siembra; y un proyecto de ganadería doble propósito respaldado por la Cooperativa Multiactiva para el Progreso del Nordeste Antioqueño, y al cual pertenecen 76 excombatientes.

La iniciativa ganadera es un proyecto aprobado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que todavía no ha logrado iniciar formalmente. “Hasta el momento el proyecto está y la plata también, pero no se ha permitido que se desembolse de la cooperativa porque el Gobierno no nos ha dado la tierra”, asegura Carlos Iván Peña, a quien sus compañeros llaman Chaparro.

En estos años, Chaparro se ha convertido en el hombre que conoce mejor el estado de los proyectos productivos en este ETCR, pues ha invertido su propio dinero en sembrados de piña, cacao y plátano con los que busca obtener un ingreso fijo que le permita vivir sin depender de la renta básica del Estado, contemplada dentro de los acuerdos de paz como una medida temporal, extendida hasta por ocho años más por el gobierno de Iván Duque.

En la cantina, una mujer excombatiente a la que llaman Juliana expresa que el ambiente está en calma por estos días, pero que entre sus compañeros ronda una incertidumbre constante en especial sobre su futuro y el del ETCR. Esta misma situación, según Teo, “genera en la gente unos comportamientos que uno no alcanza a leer muy bien. Aquí la gente está animada, pero cuando uno menos pensó hay dos muertos, una masacre en Segovia, un operativo militar, dos o tres amenazas y la gente se desmotiva”.

Ahora que han pasado más de dos años desde la firma de la paz entre la exguerrilla y el Gobierno colombiano, Chaparro asegura que hace falta una mejor socialización de los acuerdos y más comprensión sobre cuáles son los puntos que se negociaron en La Habana. Para este excombatiente la pedagogía de la paz sería la mejor manera de hacer que la implementación de los acuerdos obtenga el respaldo efectivo de la sociedad civil y no sea solo una preocupación de la comunidad internacional. Ese, dice, es un punto vital para garantizar que los excombatientes no retomen las armas.

“Vea, hermano, yo aquí soy capaz de juntarme en menos de quince días a diez personas para ir a echar bala, y sé cómo hacer bombas y sé cómo sembrarlas. Pero ahora estoy vendiendo pescado y sembrando árboles, y lo estoy haciendo consciente de la urgencia que esto tiene para la paz”, dice Teo a las afueras de su casa en el ETCR, cuando sus vecinos empiezan a recolectar el agua que necesitarán para lavar los platos sucios de la cena y para bañarse al día siguiente. En la mañana se unirá a las labores de pesca para salir a vender “la tilapia guerrillera” en neveras de icopor.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

18 TRANSICIÓN EN LA MONTAÑA

TRANSICIÓN en Llano Grande

UNA REINCORPORACIÓN SIN PROYECTOS PRODUCTIVOS

Fotografía: Alejandro Valencia Carmona

A dos años de la implementación de los acuerdos de paz, el ETCR Jacobo Arango no cuenta con un proyecto productivo financiado por el Gobierno nacional. La falta de apoyo económico, de tierras para cultivar y los problemas de seguridad son algunos de los puntos que ponen en riesgo el proceso de reincorporación de los excombatientes que aún le apuestan a la paz en este espacio territorial.

No. 98 Medellín, febrero de 2020

A

l finalizar la tarde, la neblina sube por la montaña de la vereda Llano Grande, en Dabeiba, y pasa por el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Jacobo Arango, la mayoría de las 110 personas que viven allí entran a sus casas hechas de placas modulares de cartón y yeso, conocidas como drywall. Casi todas las casas mantienen su gris natural, pero otras fueron pintadas por sus habitantes o visitantes con murales o dibujos. La de Luz Mary Cartagena, alias Yudis, excombatiente del Frente 58, es azul y verde, y tiene pintada en la fachada una rosa, un oso panda y el escudo del Atlético Nacional a medio terminar.

Yudis es una de las lideresas del ETCR y coordina el Comité de Género. Ingresó a las Farc en 1985 y fue combatiente y enfermera hasta 2017, cuando esta guerrilla se desmovilizó tras haber firmado los acuerdos de paz con el Gobierno colombiano en diciembre de 2016. Ella hizo parte de los cerca de 320 guerrilleros que llegaron a este ETCR, antes llamado Zona Veredal de Transición y Normalización. De ellos se han ido más de la mitad. Según Luis Arturo Garcés, alias Harrison, también excombatiente del Frente 58 y presidente del espacio, para septiembre había 89 hombres, 49 mujeres y 75 niños en el lugar.

Aunque muchos de los exguerrilleros han dejado ese lugar, otros han llevado a sus familias a vivir allí. “Una vez se hizo el proceso de dejación de armas, algunos compañeros emigraron a sus lugares de origen: Chocó, Caquetá y Risaralda”, afirma Harrison.

Cada mes los excombatientes forman una fila para reclamar los alimentos suministrados por el Gobierno para ellos y su familia. Esta vez un grupo de mujeres se dirige a la tienda El Serrucho y deja cada una su costal en el suelo. Es el día en el que llega la remesa, la cual es proporcional al número de personas que habitan el hogar y que hace dos meses no recibían. El costal hace la fila por ellas, quienes esperan sentadas en una banca de la tienda y conversan sobre las actividades que se van a desarrollar el próximo fin de semana en el billar. Además de esa renta básica mensual estipulada para los excombatientes en los acuerdos de paz, los proyectos productivos son otro de los puntos clave para la reincorporación. A estos están destinados ocho millones de pesos por excombatiente para que una persona o un colectivo desarrolle un emprendimiento a largo plazo para el sostenimiento propio o de un grupo. Sin embargo, este tipo de iniciativas no se han concretado en este ETCR. “Hasta ahora solo ha habido un proyecto productivo de 200 gallinas ponedoras, dirigido por el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, y como apenas estábamos comenzando no nos dio resultado, así que las repartimos”, cuenta Yudis.

Ella, al igual que otras personas que participaron en esa iniciativa, todavía conserva algunas gallinas, de las cuales recoge aproximadamente 12 huevos diarios que vende en el casco urbano de Dabeiba. Otras personas han aprovechado las siete hectáreas donde se encuentra el espacio territorial para sembrar plátano, lulo o frijol para el autoabastecimiento.

La mayoría de los excombatientes que ahora viven en el ETCR desarrollaban sus operaciones entre Chocó, Córdoba y el norte de Antioquia, por eso Harrison sostiene que la relación con las comunidades aledañas es buena: “Una guerrilla no se sostiene en un lugar si no hay apoyo de la población”, dice. Incluso, hay dos iniciativas que se desarrollan conjuntamente entre los campesinos que viven cerca y los excombatientes: una fábrica de arepas y una despulpadora de frutas; ambas están a la espera del visto bueno del Gobierno nacional para ser aprobadas como proyectos productivos y recibir apoyo económico formal.

Aunque los excombatientes reconocen que los cambios estructurales necesarios para superar un conflicto armado que duró más de 52 años no se conseguirán de la noche a la mañana, los compromisos incumplidos les preocupan. Uno de ellos es la Reforma Rural Integral, pues viven en un predio arrendado, pagado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, y una vez se termine la vigencia de estos espacios, la cual se amplió por un año a partir de agosto de 2019, no tendrán asegurado un predio en el que puedan continuar sus proyectos de vida, muchos de ellos de vocación rural.

La seguridad es otro de los puntos que genera preocupación. Desde que se firmaron los acuerdos, han sido asesinados 173 excombatientes según el Informe Trimestral del Secretario General sobre la Misión de Verificación en Colombia, publicado el 31 de diciembre de 2019. “Nosotros no hicimos un acuerdo para que nos mataran, firmamos un acuerdo para que nos respetaran la vida, para que nos escucharan y nosotros escuchar”, asegura Harrison, quien además señala que aunque actualmente no hay grupos armados ilegales operando en la zona, diariamente enfrentan el miedo de alejarse del ETCR cuando salen a trabajar en cultivos aledaños.

Para Harrison, la clave en el proceso de reincorporación es la incidencia de los individuos y del colectivo en la vida cotidiana del país. Esto implica un camino en el que haya garantías de vivienda, empleo, para el ejercicio político y la vida misma: “Así como la vemos está difícil, no digo que esto es imposible o que se acabó. A esto hay que irle buscando”.

19

“El partido de Gobierno mantiene su consigna de hacer trizas los acuerdos” Entrevista con Pastor Alape miembro del Partido Farc

P

astor Lisandro Alape Lascarro es miembro de la Dirección Nacional del Partido Farc y delegado ante el Consejo Nacional de Reincorporación, el organismo creado a través del Decreto 2027 de 2016 y encargado de hacer seguimiento al proceso de reincorporación que a diciembre de 2019 adelantaban casi 13.000 exguerrilleros en todo el país.

Alape, quien fue comandante del Bloque Magdalena Medio de las Farc, hoy es uno de los líderes de la antigua guerrilla que mejor conoce el territorio y de los más influyentes de su partido político. Conversamos con él y nos dio su lectura sobre la implementación de los acuerdos de paz en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) donde las condiciones de seguridad y la formalización de la tierra siguen siendo los principales retos.

En todo el país han venido asesinando de forma sistemática a miembros de las Farc, se habla de cinco víctimas solo en enero de 2020. ¿Cuál es su lectura frente a las medidas del Gobierno nacional para garantizar la seguridad de los excombatientes?

El debate con el Gobierno es en cuanto a la implementación de las medidas de seguridad que fueron definidas en el acuerdo. Se sabía que tendríamos que enfrentar una situación compleja por los sectores políticos que incitan y promueven el odio, y cuya acción política está basada en la estigmatización y la exclusión del opositor político. En esas condiciones se estableció que debíamos empezar por el acuerdo político nacional contra la violencia y la estigmatización. Sin embargo, ninguno de los gobiernos ha hecho esfuerzos en ese sentido.

Lo que hemos encontrado es que el actual partido de Gobierno mantiene su acción permanente de hostilidad al acuerdo. Ellos mantienen la consigna que se planteó durante la campaña electoral de “hacer trizas los acuerdos” en los diversos escenarios, tanto el ejecutivo como en el legislativo: hablan de desmontar y deslegitimar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), proponen llevar a la cárcel a los dirigentes del partido y sacar nuestra representatividad en el Congreso. ¿Qué impresión le dejaron las elecciones locales de 2019?

Hay que reconocer que en Antioquia no tuvimos reacciones de rechazo u odio por parte de la comunidad. Yo estuve acompañando la campaña electoral en Yondó, Segovia, Remedios, Ituango, Dabeiba y Frontino, y en ninguno de esos municipios sentí hostilidad por parte de ningún poblador. Ni de los sectores de oposición. En el parque de Ituango, por ejemplo, me encontré con el candidato del Centro Democrático y me saludó con respeto, amabilidad y con un mensaje de que había que seguir construyendo la paz en ese municipio.

Por supuesto, los resultados no fueron los esperados, sin embargo, elevamos la votación. Los temas de garantías y recursos de una fuerza política que apenas entra a participar, que venía con una fuerte campaña de estigmatización y exclusión, no son fáciles de superar. ¿Por qué los resultados no fueron los esperados? ¿Qué expectativas tenían?

Se esperaba que en Antioquia hubiera como mínimo cuatro concejales, y solo quedó uno. La mecánica política todavía no la manejamos bien. En Dabeiba se confirmó el concejal porque hubo reconteo de votos. Esa falta del manejo estricto de la mecánica electoral también es parte de ese aprendizaje que estamos haciendo.

Algunos de los ETCR en Antioquia están bastante alejados de los cascos urbanos. ¿Cuáles fueron las razones para ubicarse en esos sitios?

La ubicación de los espacios territoriales se

definió haciendo una lectura a partir de dos realidades. Una era la ubicación estratégica para que, en caso de que fracasara el acuerdo, la gente tuviera cómo replegarse; esa decisión fue tomada desde el punto de vista táctico y estratégico, desde una mirada militar y de seguridad.

El segundo aspecto era el político y tiene que ver con dar un mensaje a las comunidades. Es decir, la paz tiene como objetivo reincorporar la institucionalidad en aquellos territorios que han estado en la marginalidad. Allí tienen que llegar a formalizar las tierras que se establecen en la Reforma Rural Integral, a hacer el catastro multipropósito para conocer quiénes son los propietarios y cómo es que está realmente distribuida la tierra. De igual manera, acompañar a las comunidades para hacer el tránsito de las economías en el marco de la ilegalidad a las economías en el marco de la legalidad, como se establecía en el acuerdo de paz. También para explorar la posibilidad de construir democracia en unas comunidades que estuvieron en la marginalidad, porque era la “Colombia profunda” la que estaba en el conflicto.

Cerca de un 76 % de excombatientes han abandonado los ETCR en el departamento. ¿A qué atribuye esa situación?

La ubicación y permanencia de la comunidad en los ETCR tiene que mirarse de una manera mucho más amplia.

Y esa mirada tiene que ver con parte de la historia de la llegada a los ETCR. Nosotros durante el conflicto hacíamos presencia a nivel nacional en unas 75 u 80 regiones. Y no me refiero a departamentos, sino a regiones porque Colombia es de regiones; el Urabá, por ejemplo, es una región que abarca casi tres departamentos.

Cuando se empezó a demorar la implementación del acuerdo y la reincorporación temprana no avanzaba como lo habíamos acordado, algunos excombatientes terminaron yéndose porque necesitaban realizar actividades productivas, al mismo tiempo que encontraron los mensajes y afectos de las personas de las regiones. Esto lo generó principalmente el incumplimiento del Gobierno, la incapacidad estructural del Estado que no ha garantizado que la implementación se diera al ritmo que requería y exigía el país. ¿Esa migración ha fortalecido o debilitado el proceso?

En términos políticos hay que ver el proceso de manera más amplia porque hoy existen comunidades en proceso de reincorporación que no habían sido incluidas en el acuerdo de paz. La limitación es que no hemos podido lograr que el Gobierno nacional entienda que hay que hacer asistencia e incluir con mucha más fuerza en la reincorporación a esos municipios donde están estas comunidades. En este proceso se habían establecido zonas veredales y no zonas urbanas, por eso la reincorporación urbana hoy es un reto. ¿Cuál es la apuesta diferenciadora que tiene el Partido Farc con respecto a otros procesos que han existido con otros grupos armados?

Lo primero es que en el acuerdo se estableció lo fundamental que es el tránsito de una estructura armada para pasar al ejercicio de la política con garantías, manteniendo el legado histórico del proyecto político de las Farc en el marco de la legalidad.

Por otra parte, se logró establecer un proceso amplio de sanar heridas, de desmontar el odio como práctica política y de desmontar el estigma, el señalamiento y el desconocimiento del otro. El ejercicio de la reconciliación es lo único que garantiza que nos podamos encontrar. Además, se establecieron unos lineamientos dirigidos a garantizar todas las acciones que eviten que se repita el conflicto. Esas acciones o garantías de no repetición implican desarrollar acciones permanentes para lograr en el horizonte más próximo la paz completa.

Finalmente, se estableció un sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición que hace que se cierre el conflicto desde el punto de vista jurídico. ¿Cuál es el panorama de los ETCR en cuanto a su ubicación?

Tenemos un debate con el Gobierno que no ha establecido la normativa de transición de los ETCR que terminaron el 15 de agosto de 2019. No sabemos qué es lo que sigue porque ya vienen los planes de desarrollo municipales y departamentales y se requiere que en esos planes quede establecido qué van a ser esos espacios de la reincorporación colectiva: si van a ser veredas, poblados, barrios, corregimientos, etc.

De igual manera, hay desafíos en materia de seguridad porque en algunos espacios es un tema complejo. Ituango, por ejemplo, es el de más riesgo en Antioquia. Es necesario que el Gobierno garantice todas las medidas de seguridad, protección e implementación integral del acuerdo.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

20 TRANSICIÓN EN LA MONTAÑA

L

a política pública de reincorporación de los excombatientes de la antigua guerrilla de las Farc cumplió tres años de implementación y ejecución, dos de ellos teniendo como eje de ese proceso los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). En el país hay 24 de estas zonas transitorias, las cuales son administradas por la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), encargada de ejecutar los programas socioeconómicos establecidos por los acuerdos para los excombatientes.

Andrés Stapper es el director de la ARN desde marzo de 2018 y el representante del Gobierno en el Consejo Nacional de Reincorporación. Es abogado, especialista en derecho comercial y ha trabajado en procesos de reintegración y reinserción con grupos alzados en armas desde 2007.

Después de que el 15 de agosto de 2019 venciera la vigencia estipulada por los acuerdos de paz para los ETCR, Stapper habla de la política de “paz con legalidad” del gobierno de Iván Duque y de nuevas medidas para los 13.202 excombatientes que están hoy acreditados ante la ARN. También de las cerca de 3000 personas que todavía viven en los ETCR y llevan allí su proceso de transición a la vida civil.

La tierra es un elemento fundamental para garantizar la permanencia en la legalidad de los excombatientes y de sus proyectos productivos y personales. ¿Cómo ha avanzado la formalización de los sitios donde están ubicados los ETCR de Antioquia?

En el componente de tierras no se definió específicamente algún programa de adjudicación especial o una condición diferencial para la población de las Farc, pero hemos avanzado en tres frentes: en lo que tiene que ver con la consolidación de los ETCR, la decisión que tomó el Gobierno es comprar aquellos territorios en los cuales se pueda pasar de lo que era transitorio y volverlos permanentes. Para la compra se gestionaron aproximadamente 16.000 millones de pesos. La segunda decisión es que aquellos predios que sean objeto de extinción de dominio pueden ser puestos a disposición de las cooperativas de los excombatientes para el desarrollo de sus proyectos productivos. La tercera es articular proyectos de cooperación con el sector privado.

Uno de los primeros que tenemos es en Antioquia. Son 270 hectáreas que se compraron a través de Proantioquia y cuya entrega se hará a medida que los excombatientes desarrollen sus iniciativas productivas.

Los ETCR fueron pensados para consolidar el regreso de los excombatientes a la vida civil, sin embargo, estos espacios se fueron transformando y muchos excombatientes migraron en busca de sus familias o de oportunidades laborales. Actualmente, solo el 24 % de ellos viven allí. ¿Esperaban esa migración?

A los ETCR llegaron 6804 personas que realizaron su proceso de desarme y acreditación en esas 24 zonas de carácter transitorio, es decir, no llegó el 100 % de la población acreditada de las Farc. Sí esperábamos que muchos de ellos, una vez se abriera el régimen de las Zonas Veredales, retornaran a sus puntos de origen o donde tuvieran algún familiar o un tema social o comunitario. Actualmente, según nuestro registro, las personas en proceso de reincorporación se encuentran ubicadas en 538 municipios del país.

Esos ETCR eran espacios temporales y por eso fueron hechos en materiales de corta duración, pero ahora que la idea es que algunos sean permanentes, ¿cómo será la adecuación de sus instalaciones?

La instrucción del presidente es hacer la transformación de los espacios a figuras de carácter permanente en el ordenamiento jurídico de cada municipio. Para eso, una vez se formalicen todos los procesos de compra, comenzará la inversión pública para el acceso a vivienda. Eso también conlleva servicios públicos como energía, agua y saneamiento, para lo que tenemos unas mesas de articulación con cada cartera. A finales del año pasado, el presidente firmó un decreto donde se establecieron los primeros subsidios de vivienda para construcción de un sitio propio. Para 2020 se dispusieron 26.000 millones de pesos y 500 nuevos subsidios.

Una de las inconformidades más recurrentes entre los excombatientes es la lentitud del Gobierno nacional para asignar los recursos para los proyectos productivos. Muchos son financiados por los mismos excombatientes ¿Por qué ha sido tan lento ese proceso?

Si bien hay un aporte financiero por parte del Estado, que son los ocho millones de pesos que aparecen en los acuerdos, muchos requieren recursos adicionales que se gestionan para lograr la debida ecuación financiera o presupuestal. No es que los desembolsos se demoren, sino que aparte de los recursos que hay en el acuerdo, nosotros

No. 98 Medellín, febrero de 2020

“La reincorporación es una transición para el Estado y para las comunidades" Entrevista con Andrés Stapper director de la ARN

hemos conseguido que la cooperación internacional nos dé recursos adicionales. Otra dificultad que se presenta es que cuando se van a realizar los desembolsos a las cooperativas de los excombatientes, muchas de ellas no tienen formalizadas sus cuentas. Hemos tratado de mejorar los procedimientos administrativos.

La seguridad de los excombatientes es uno de las preocupaciones más críticas. ¿Qué medidas ha incorporado el Gobierno nacional y la ARN a la política de reincorporación para proteger la vida de los excombatientes?

Aparte de las medidas que se definieron en el acuerdo de paz, como los anillos de seguridad alrededor de los espacios periféricos y los esquemas de protección individual o colectivos autorizados por la Unidad Nacional de Protección, también está todo el fortalecimiento que se ha hecho por parte del Ejército Nacional y la Policía Nacional.

En junio de 2019, el presidente de la república reforzó el componente de seguridad para la población excombatiente con 23 medidas adicionales. Estas tienen que ver con el fortalecimiento de la Fiscalía General de la Nación y de la investigación judicial.

El 29 de enero fue asesinado otro excombatiente de las Farc la vereda Santa Lucía, en Ituango. Con él ya son 12 las personas de este ETCR que han sido asesinadas y 63 excombatientes anunciaron que abandonarán la zona. ¿Qué han acordado hasta ahora sobre ese traslado?

Llegamos a tres compromisos con la comunidad. El primero es que vamos a identificar unos predios que fueron puestos a disposición de toda la colectividad desde el 3 de enero para saber a dónde podemos organizar el traslado de los excombatientes y sus familias; las visitas técnicas a los lugares se realizarán en los próximos días.

El segundo compromiso es realizar un balance de los proyectos productivos y ver las ocupaciones que se están realizando. Otro acuerdo es la realización conjunta de un censo para establecer el número exacto de las personas que se va a trasladar y de las que se quedan en la zona para que a partir de eso tengamos un cronograma muy específico de las actividades que se van a realizar en temas comunitarios y de seguridad.

El concepto de reincorporación parece estar muy claro entre las agencias del Estado encargadas de su gestión, entre los excombatientes y entre académicos o periodistas, pero ¿la sociedad civil sí tiene claro cómo funciona?

No y yo creo que esa es una de las principales debilidades del proceso. Necesitamos divulgar mejor todos los avances y objetivos de este tipo de políticas, así como trabajar de la mano de las comunidades y de las víctimas. Yo sé que en ese tema hace falta mucho y va a ser parte de los objetivos que estamos trazando para el 2020: seguir socializando, trabajando más con las comunidades y dar a conocer lo que hemos hecho en este proceso de construcción de la mano con los excombatientes de las Farc.

Usted visitó los ETCR de Antioquia y del país a mediados del año pasado, cuando estaba próxima a vencerse la vigencia de estos espacios. ¿Qué encontró en estas visitas y cuál es el balance?

Hablamos con las comunidades y con los excombatientes y en algunos espacios se ha generado arraigo, por lo cual venimos trabajando en adelantar las acciones propias para la permanencia de los antiguos ETCR. También hemos visto otras comunidades que han re-

conocido la necesidad de reubicarse para tener un mejor acceso a las cadenas de valor. Cada espacio territorial es diferente, tiene una visión de su reincorporación acorde con las necesidades de su territorio, pero todos están muy metidos en sus procesos de reincorporación colectiva, con sus cooperativas y, algo significativo, con las comunidades que los han recibido en el marco de este proceso de construcción de paz.

Colombia ya ha vivido otros procesos similares de reincorporación. ¿Cuál es el aporte del actual proceso y también sus desafíos?

Hemos construido un modelo técnico reconocido a nivel internacional. Sabemos que las expectativas y los tiempos en esta materia son muy cortos, pero una de las reflexiones es que estos son procesos de transición tanto para los Estados como para las comunidades que siguen afectadas por la violencia y que fueron víctimas de diferentes actores armados. Uno de los principales retos es la articulación a los modelos de desarrollo del país, de las diferentes regiones y municipios. Hace dos años el Departamento Nacional de Planeación hizo la última evaluación de la política de reintegración, de ahí salieron dos datos significativos: el 83 % de la población que ingresa y culmina este tipo de procesos se mantiene en la legalidad y no reincide en ningún tipo de conducta delictiva. Además, la expectativa de vida de esa población creció 28 años. Ese es un dato muy significativo porque son personas que se vuelven productivas en el marco de esos procesos que se desarrollan en sus comunidades.

21

Perfil Álvaro Cogollo Pacheco, el biólogo, el botánico, el científico, el descubridor de plantas, el vallenatero, el enamorado de la naturaleza. En agosto de 2019 dio a conocer su último hallazgo: una nueva especie de palma andina a la que nombró aiphanes cogollo. Esta se suma a los más de 200 descubrimientos que ha realizado en sus 40 años de vida como explorador de los ecosistemas colombianos.

ÁLVARO COGOLLO:

una vida de expedición Carolina Londoño Quiceno carolina.londonoq@udea.edu.co

Ser botánico en un país que no abandona la guerra es una hazaña”, asegura Cogollo. Camina entre los árboles del Parque Nacional Las Orquídeas ayudado por una rama convertida en bastón. Es el año 2015 y regresa a uno de los lugares que tuvo que abandonar en la época de conflicto. Llovizna. El paisaje se torna gris bajo la espesura del bosque. Un hombre de la zona que lo acompaña le dice: “Muy contento, Álvaro, de tenerlo nuevamente por aquí después de 21 años, ahorita que ya hay paz y oportunidades para continuar con estos proyectos”. Álvaro le responde: “Yo también estoy feliz”. *** Llora, llora corazón dale un consuelo a mi alma debajo del higuerón donde siempre te esperaba.

Canción Debajo del higuerón de Abel Antonio Villa.

Ilustración: Andrés Saldarriaga.

Instagram: @andresec_

Cogollo, según la RAE, es un brote que arrojan los árboles y otras plantas. Álvaro nació en 1956 en San Pelayo, Córdoba, para entonces una región llena de cultivos de yuca, plátano, ñame y algodón. Su abuela era yerbatera y curandera. A su casa llegaban los vecinos preguntando por remedios para la fiebre, el dolor de cabeza y el estómago, y él la veía a ella preparar menjurjes con las matas que tenía sembradas en el patio. De su abuelo aprendió los primeros misterios del cultivo y el crecimiento de las plantas y vegetales.

Sembrar, cuidar, ver florecer.

Su primera clase de taxonomía se la dio su mamá.

De niño, Cogollo salía al potrero a recolectar cocorilla —también conocida como gulupa— con sus hermanos.

Un día cogió un fruto y le hizo un corte transversal con una cuchilla que su papá había dejado mal puesta. Se quedó mirando y se maravilló al ver cómo se acomodaban las semillas en el interior. A los días, mientras estaba sentado en la mesa de la casa con su familia, su madre le hizo un corte transversal a una badea. “Yo le dije que eso parecía una cocorilla, y ella dijo: ‘Mijito, serán familia’. Y sí señor: son de la misma familia, de las pasifloráceas”.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

22 Perfil Le interesaron más los cultivos que la ganadería. Su primer sembrado fue de maíz. “Esa alegría de sembrar yo mismo y ver germinar me enamoró mucho de este cuento. Yo me preguntaba cómo era que de una semilla nacía una matica y de esa matica salía un árbol y de ese árbol un fruto. Eso me trajo otra concepción de la vida”.

Creía que iba a ser agrónomo. Le gustaba caminar por entre los cultivos de algodón que tenía su papá e identificar las plagas de las plantas. Llevaba un registro en una libreta. Sabía que había plagas que preferían el tallo y otras las hojas. *** Debajo e’ los campanales a’onde canta el pajarito Si el guayabo me matare, déjenme morir solito.

Canción Los campanales de Alejo Durán.

“A mí me mecían con vallenatos viejos”, cuenta Álvaro. Cuando era pequeño, su papá ponía los discos que compraba en un picó. Los miembros de su familia eran los primeros en escuchar las nuevas canciones antes de que el padre saliera de pueblo en pueblo a animar fiestas.

Los vecinos, llamados por la música, llegaban y armaban una parranda. A Álvaro le gustaba cantar los vallenatos de Alejo Durán, Pacho Rada, Abel Antonio Villa, Julio Enrique Martínez y Julio de la Ossa. Su canción favorita era Alicia Dorada —hoy, a sus 63 años, todavía lo es— y se la cantaba en serenatas a sus primas cuando cumplían años.

En el colegio, Álvaro tenía un profesor llamado Guillermo Valencia que le daba lengua castellana. El hombre también era folclorista. Los últimos minutos de cada clase eran dedicados a hablar sobre la música folclórica. A Álvaro le llamó la atención la relación que las canciones vallenatas tenían con la naturaleza. Muchas de las letras estaban inspiradas en flores, árboles, ríos y pájaros. Entonces comenzó a hacer una lista de plantas que se mencionaban en las canciones: la bonga, el higuerón, el macurucú, el cardón…

En 1979, cuando entró a estudiar Biología en la Universidad de Antioquia, recordó esa lista. “Ahora sí quiero saber cuáles son esas plantas”, pensó. Buscaba su nombre científico, las estudiaba y las iba chuleando.

Apenas iba por el tercer semestre, cuando entró a trabajar en el Jardín Botánico de Medellín como auxiliar del herbario. Antes de graduarse ya era el curador. *** Ahí tengo tu ramillete que es de flor de guayacán.

El guayacán, el guayacán qué bonita es su flor.

Canción El guayacán de Lisandro Meza.

“José Celestino Mutis descubrió nuestra diversidad en el siglo XVIII. En este siglo XXI el botánico Álvaro Cogollo Pacheco continúa la expedición”, dice el subtítulo del libro Inventario vegetal, publicado por Argos en 2009. En la trayectoria de Cogollo se cuentan más de doscientos descubrimientos —entre nuevas especies para la ciencia y nuevos registros para la flora colombiana—, 19 especies botánicas descubiertas por otros y dedicadas en su honor, la participación en más de 60 publicaciones científicas, 80 eventos nacionales e internacionales y más de 50 proyectos de investigación. Fue director del herbario del Jardín Botánico durante 26 años, entre 1988 y 2014, y luego fue investigador sénior de esa misma institución hasta su jubilación en octubre de 2018.

Ahora es miembro honorario.

“El Jardín Botánico me ha patrocinado todas las locuras”, dice Álvaro acerca de sus expediciones y proyectos. Cogollo no es un hombre para quedarse en un laboratorio, a él le gusta es el trabajo de campo. “Cuando conocí la selva tropical me impactó mucho. Fue en Santander, en la región de Campo Capote. Ahora es un paisaje transformado, pero cuando yo lo conocí en 1979 me dije que eso era lo que quería para mi vida. Luego fui a Chocó en 1981 y el explorar y conocer las plantas y la vegetación en los diferentes ecosistemas, en la selva fluvial, el páramo, el Amazonas, la región andina, me acabó de enamorar”.

En 1988, el botánico trabajaba en la conservación de bosques en el Parque Nacional Las Orquídeas, cuya área está repartida entre los municipios de Urrao, Frontino y Abriaquí. En uno de sus recorridos, cuatro guerrilleros lo detuvieron y le ordenaron que fuera con

No. 98 Medellín, febrero de 2020

Ilustración: Valentina Arango Correa

ellos hasta donde su comandante. Fueron alrededor de dos días de camino. Mientras avanzaban, Cogollo hacía comentarios sobre toda la variedad de vegetación que veía. “Creo que ellos no olvidarán ese recorrido porque sintieron que yo era como un profesor. Me decían: ‘Nosotros todo lo que pasamos por acá y no ver lo que usted nos está mostrando’”.

Cuando llegaron al campamento, el comandante le preguntó quién era, qué hacía por ahí, cuál era su opinión sobre el conflicto. Álvaro le dijo que a él no le interesaba nada de eso, que lo suyo era la botánica. “¿A alguno de ustedes les molesta lo que estoy haciendo?”, les preguntó a los guerrilleros que estaban presentes.

Ellos negaron con la cabeza. “En medio de todo me trataron bien. Yo sentí que admiraron mi labor. Incluso el comandante me quiso comprometer a darles una charla en el cambuche, como ellos lo llaman. A los tres días me llevaron hasta cierta parte y me dejaron ir. Te cuento que a los días descubrieron el campamento y yo pensé: ‘¿qué tal que yo hubiera estado allá?’”.

La situación de violencia lo obligó a detener su investigación en 1994. Todavía siente frustración por expediciones que había programado y no hizo. “Por ejemplo, quisimos atravesar el Nudo del Paramillo hacia Córdoba, y la guerrilla no nos dejó pasar. Hoy en día yo me considero un sobreviviente. Si tú estabas en una zona de la guerrilla, los paras te matriculaban allá.

Y también al contrario, era muy inseguro”.

Cogollo es crítico frente a la poca importancia que se le ha dado a la protección de los ecosistemas después de la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc. “Ahora que no hay peligro, la gente llega a los lugares a los que antes no se podía ir porque estaba prohibido o el terreno estaba minado, y están saqueando los recursos. No es que esté de acuerdo con tener guerrilla, solo que también debimos prepararnos para el posconflicto en la parte ambiental”, asegura. *** Eueueú, debajo de la bonga porque la bonga es para reposar [...]

Me sirven de abanico las ramas de la bonga porque la bonga es para reposar.

Canción La bonga de Los Corraleros de Majagual.

Después de 21 años, en 2015, Cogollo regresó al Parque Nacional Las Orquídeas a buscar la Magnolia lenticellata, una especie que se encuentra en vía de extinción. Ese viaje fue registrado por la Corporación Manigua Tatán en un documental titulado Aires de paz, bosque adentro.

En el video, se escucha el gorgoteo de una cascada cercana. Álvaro hace crujir ramas secas con sus botas pantaneras. Se detiene de vez en cuando para observar las hojas de las plantas con una lupa. Saca su cámara y hace una fotografía. Sigue caminando. Se detiene y se agacha para coger entre sus manos un pedazo de musgo sobre el que hay una hoja de la que brota pequeñísima una orquídea morada. Luego de recorrer otro tramo, Cogollo le señala una planta a Saúl, el biólogo que lo acompaña,

y le dice con voz tranquila: “La magnolia de hojas grandes”. Saúl se acerca y con las tijeras toma una muestra. Cogollo la revisa con la lupa al tiempo que comenta: “Hay que examinarla bien, pero creo que sí, estamos delante de una nueva especie de magnolia para el mundo”. *** Destruyeron de manera irresponsable los bosques de dividivi, tu barrera natural y tumbaron esos grandes carretales allá arriba en la Guajira no ha quedao ni un guayacán.

Canción La profecía de Los Hermanos Zuleta.

Cogollo considera que la ciencia es egoísta y por eso intenta, a través del vallenato, acercar sus conocimientos botánicos a la gente. Según él, es una manera de traducir un lenguaje que puede resultar complejo para un público no especializado. “En una conferencia que tuve en Barranquilla, hablé de las especies que inspiraban a los compositores de antaño y que hoy en día están en peligro de extinción y casi nadie sabe.

En la canción “La profecía” de Los Hermanos Zuleta, se habla de que destruyeron los bosques de dividivi, cuando todavía existían, y eso fue lo que pasó. Yo le pregunté a la gente que si alguien estaba haciendo algo por eso, y eso les tocó la fibra”. Cogollo ha viajado por Colombia dando charlas sobre el folclor, la ciencia y la botánica y, en una de ellas en 2007, por cosas del destino, cantó el “Compai Chipuco” con Carlos Vives.

Ahora que está jubilado, pasa más tiempo con su familia, pero no ha dejado de viajar para hacer sus expediciones. Su esposa Nohra dice que para él primero está el reino vegetal... Y luego ellos. Él ríe y dice que eso no es así. Álvaro tiene tres hijos: Oriana, Álvaro Andrés y Érica; además de sus hijos botánicos. El día que nació su primera hija, plantó varios árboles en el Jardín Botánico y en Río Claro. Años después, al pasar cerca de uno, Cogollo le dijo a Oriana: “Este es hermano tuyo”.

23

Entrevista

Cen

a l l o i r c y a r u p a su r n o c a t s i v e r una ent

s a v i R o Sa nt ia g

Fotografía: RTVC

“

Experto en criollismo, sancochero de categoría 1A, con maestría en física del trompo... con ustedes: ¡Santiago Rivas!”, así lo presenta María Paulina Baena, de La pulla, en el video que desató uno de los casos de censura más sonados en los últimos años en Colombia. Si le suena familiar el nombre de Santiago Rivas seguramente es porque lo enganchó alguna vez con alguno de los capítulos de Los puros criollos, la serie documental de RTVC que competía con las noticias de las 7:00 de la noche; porque lo escuchaba en Caracol Radio, o porque estuvo al tanto del alboroto que se armó a principios de 2019.

Los puros criollos, la serie que revelaba los secretos del Chocorramo, la empanada, el jabón Rey y otros símbolos patrios, fue sacada de la parrilla de Señal Colombia el 7 de diciembre de 2018 luego de una “jugadita” de Juan Pablo Bieri, en ese entonces gerente de RTVC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia. Bieri puso mal la mordaza. Un mes después de la censura, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reveló un par de audios que pusieron en evidencia sus intenciones: “Lo cambiamos de horario. Matamos la producción”. Bieri renunció días después y Rivas continuó con la pelea que motivó el intento de censura del gerente: la Ley TIC. Pese a que la norma fue aprobada a mediados del año anterior, organizaciones como la FLIP y la Comisión Colombiana de Juristas la demandaron ante la Corte Constitucional por sus guiños de censura y por aumentar el control del Gobierno sobre los medios públicos.

Luego de su paso por Los puros criollos, Rivas se está dedicando a todo: asesora proyectos, monta exposiciones, participa en Presunto podcast —un proyecto radial que le da madera a los medios cada ocho días— y se mantiene de ciudad en ciudad en conferencias, conversatorios y presentaciones. En Medellín estuvo en la Fiesta del Libro y la Cultura de 2019 como presentador de uno de los eventos, y en un break nos respondió algunas preguntas.

El segundo tiempo de esta entrevista fue a principios de febrero de 2020, después de que la Liga Contra el Silencio publicó una investigación en la que reveló cómo un grupo de tuiteros uribistas diseñaban estrategias de redes sociales para deslegitimar a la oposición y defender al Gobierno. Al frente de la “bodeguita” estaba Juan Pablo Bieri, quien luego de la polémica con Rivas pasó de gerente censurador en RTVC, a asesor de la presidencia con un contrato millonario.

Julio César Caicedo julio.caicedo@udea.edu.co Santiago Zuluaga santiago.zuluaga3@udea.edu.co

Usted estudió en el Gimnasio Campestre de Bogotá, ¿por qué resulta siendo el mamerto de un colegio de ricos?

Hasta donde yo recuerdo siempre fui de izquierda.

Desde que tengo memoria y puedo decidir. Yo era peleón y respondón. Yo creo que sí existen ciertos rasgos del temperamento que lo empujan a uno a ciertas vainas, lo que pasa es que la rebeldía también está tipificada por el contexto, y sin que el colegio se declarara explícitamente de derecha, siempre fue muy conservador.

La plata no genera necesariamente gente de derecha.

En un país como Colombia es muy probable tener plata y ser de izquierda, porque es a los ricos a quienes primero llegan los libros. Si alguien quiere conseguir su libro bueno de El capital, cuesta plata. Si no, tiene que esperar hasta la universidad para conseguirlo en fotocopias. Hay muchos librepensadores ricos porque nacieron con una biblioteca, y también porque es algo de familia. Es una mezcla de elementos que yo he tratado de descifrar sin éxito.

Santiago Rivas es rolo, anarquista e hincha del Santa Fe. Nació en el 82 en una familia a la que no le faltaba nada, pero que sufría para pagar las mensualidades del colegio privado. Desde los 11 años sabía que iba a estudiar artes en la Universidad Nacional porque, como dice él, “la Nacional es la mejor”. Su padre, Alejandro Rivas, es crucigramista desde los 90 cuando decidió sacarle réditos a su pasión de toda la vida en el periódico La Prensa, propiedad de la familia Pastrana. Después de que Ernesto Samper ganó la presidencia, misteriosamente “se fueron todos los que pautaban, la primera censura de la familia”, afirma Santiago. Su madre, Inés Camargo, y su hermano, Juan Antonio, siguieron en el negocio de entretener lectores, mientras que su hermano Daniel cumplió su sueño de ser chef. Santiago es artista y periodista, pese a que el periodismo no lo estudió y le faltó el centavo para graduarse de artista.

¿Cómo llegó a la televisión?

Yo tenía que haberme graduado en el 2004, no teníamos plata y en la Nacional daban ciertas opciones, una de ellas era pagar la matrícula en tres partes y con eso uno solventaba lo que valía, pero nosotros siempre pagamos la tercera parte tarde. Yo pasé los días en el barrio Campanella, en Suba y la papelería y materiales eran caros. En el octavo semestre, la pagada en tres cuotas retrasó la matrícula y perdí la calidad de estudiante.

Luego de salir, di clases en el colegio del que me gradué y en esa época, durante 2007, inicié Parodiario, uno de los primeros videoblogs de Colombia y además mi primer acercamiento con el mundo periodístico y satírico. Yo antes fui satirista que periodista. Parodiario era un empleo de mierda, yo no habría podido sostener esa vaina si no hubiera estado empleado. No nos pagaban un culo, ganamos cierto nombre, pero el internet no le había llegado a mucha gente. Había una pequeña comunidad de Twitter que era más como un culto en Colombia. La red social que usábamos era Flickr.

El cuestionario no escatimaba en detalles. Íbamos a conversar de su mamá, de sus proyectos personales, de su experiencia en el programa En órbita, del Santa Fe, de las elecciones, pero la coordinadora del show que iba a presentar Rivas interrumpió: “Tenemos 20 minutos, Santiago tiene que ir a cambiarse”.

Lo perseguimos hasta una bodega al lado del auditorio. Se quitó la camisa leñadora que tenía encima, la camiseta y el jean. Santiago dejaba ver su barriga en vía de extinción mientras se abrochaba los botones de una camisa de flores. Una muchacha le sostenía un atuendo morado y otra luchaba por ponerle los zapatos. En voz baja le dije a mi compa: “Zuluaga, ¡a lo que vinimos!”.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

Fotografía: RTVC

24 Entrevista

Viene de la página 23. ¿Cree que la censura es una práctica sistemática en Colombia?

Sí, porque vivimos en un país que privilegia el poder por encima de la libertad y que mantiene las formas mientras hace las cagadas. Nosotros tenemos mucha censura de baja intensidad y muy poca censura de alta intensidad. Un montón de microeventos de censura que juntos son un conjunto gigante, en donde el poder local manda bajo cuerda a hacerle daño a alguien, igual que como pasa con los líderes sociales porque los consideran enemigos del poder establecido.

Lo primero es no permitir que a eso se le llame “censura”. Con Los puros criollos lo primero que pasó fue que todo el mundo dijo: “Eso no es censura”. No debemos esperar a que haya censura “de verdad” para que la tengamos que mencionar. La perspectiva es al contrario, porque si nosotros no sabemos reconocer los matices más bajos de la censura, eso nos va a dejar mal parados cuando lleguen los matices más fuertes. Si uno es una voz disidente y disonante en un medio y no le renuevan el contrato por eso, es censura. No importa que sea de un tipo más leve, no importa que sea de baja intensidad. No tiene uno que tener un paramilitar apuntándole a la jeta para estar siendo censurado. ¿En este Gobierno hay más censura o es igual que en los anteriores?

En general, todos los Gobiernos censuran. Los pasados Gobiernos censuraban, el Gobierno de Santos censuraba. Incluso por fuera del Gobierno, políticos como los de la bancada uribista también censuran, porque los señalamientos de: “Usted es el periodista de las Farc”, son censura.

Uribe es un tipo muy poderoso esté o no esté en la presidencia, y los señalamientos que él lanzó eran suficientes para tener un entorno de censura.

No es solamente desde el Estado, el poder es más grande que el Gobierno y está en todos lados. Sin ir muy lejos, Petro censura. Una candidata de la Colombia Humana en Cartagena le quitó los equipos y le borró sus archivos a una periodista. Eso no puede pasar, pero pasa porque nosotros sobrevaloramos el poder, nosotros no entendemos para qué sirve la libertad y tenemos un sistema que colectivamente avala este tipo de comportamientos. ¿Los periodistas como gremio se censuran entre ellos mismos?

Lo que pasa es que tenemos un periodismo que históricamente ha participado del poder. Los canales de televisión pertenecen a alguien que está participando de este, sea una familia política tradicional o alguien que esté montado en el Gobierno. Es gente que tiene una connivencia y convivencia con el poder. El problema es que nosotros tenemos un ecosistema muy fallido en voces independientes, estamos cojos ahí. ¿La TV pública está empezando a sufrir por la censura?

Durante mucho tiempo la gente ha considerado que los medios públicos son medios alternativos, cuando simplemente son medios de todos los colombianos, medios de servicio al público. Uno podía opinar tranquilamente en televisión pública porque nadie le estaba poniendo atención. Las

No. 98 Medellín, febrero de 2020

personas que censuraron a Los puros criollos no lo censuraron por lo que decía, sino porque vieron que yo, como cara de la televisión pública, estaba peleando por un proyecto que se supone no debería ser apoyado por la televisión pública.

Se borró la línea que separa al Estado del Gobierno, y como la televisión pública es del Estado, es natural que uno tenga la libertad de opinar sobre lo que se le dé la gana, y el derecho fundamental de opinar no me lo puede quitar nadie. No importa si soy o no empleado de la televisión pública, eso vale verga, la televisión pública debería ser libre.

La censura empezó desde que decidieron nombrar al gerente de RTVC desde el Gobierno. El gerente debería llegar por concurso público o de una serie de nominaciones que garanticen el equilibrio de poderes y que mantengan la comunicación en lo público, pero pretender que no haya censura cuando cada gerente tiene una pata metida en el Gobierno es ser muy inocente.

El proyecto al que hace referencia Rivas, y que fue aprobado en junio de 2019 por el Congreso, es la Ley de Modernización de las TIC, abreviada como “Ley TIC”. Según varias organizaciones, como la FLIP, la Fundación Karisma y la Comisión Colombiana de Juristas, esta pone en riesgo la libertad de expresión.

En un video difundido en las redes sociales de la FLIP, el mismo Santiago denuncia que con esa norma se genera una excesiva injerencia del poder Ejecutivo en el nombramiento de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC) y en el control del espectro electromagnético, disminución en recursos para la televisión pública y el debilitamiento de las redes de internet comunitarias. Estos argumentos motivaron a dichas organizaciones a entablar una demanda de inconstitucionalidad.

La demanda fue admitida con peros en la Corte Constitucional. La magistrada Cristina Pardo desestimó los argumentos que alegaban limitaciones a la libertad de expresión y exceso de poder por parte de la nueva CRC: “No resulta certero afirmar que tales artículos le reconozcan una facultad al Ejecutivo que vaya en desmedro de la objetividad, del pluralismo informativo y/o del balance de los poderes públicos. Para el despacho, los referidos cargos no se fundan en argumentos que refieran a situaciones fácticas, sino en especulaciones fundadas en presunciones sin sustento objetivo”, afirmó.

Sin embargo, fue admitida para estudiar un posible error de trámite ya que, al tratar temas relacionados con derechos fundamentales como la libertad de expresión, dicha norma habría tenido que tramitarse como ley estatutaria y no como ley ordinaria. Los demandantes, entre ellos Rivas, presentaron un recurso de súplica que busca que los argumentos de fondo no sean descartados cuando se debata en la Sala Plena, que tomará una decisión durante 2020.

Rivas ya también es escritor. Lanzó su libro Acaba Colombia, una crítica orgullosamente destructiva donde postula sus motivos para seguir despechado por ser colombiano, y la necesidad ineludible de acabar con este país. Santiago, a sus 37 años es papá de una niña.

¿Cómo va a ser papá en este país, que usted en su libro tilda de inviable?

Es un reto, porque educar gente decente es una necesidad que el país tiene. Yo no me puedo permitir educar a una niña que se muestre sumisa frente al poder o que repita la dolorosa historia de las mujeres en este país, y eso es difícil. Muchas veces el primer victimario de una mujer está en la casa. Si yo logro crear una mujer que sea libre me voy a dar por bien servido. Y por otro lado, si yo logro que Violeta entienda al país y sea una persona empática y compasiva, pero además inteligente en términos de comunidad, que esté dispuesta a cooperar, que no trace discriminaciones de raza, clase, preferencia sexual o identificación género, creo que con eso ya estoy generando un cambio suficiente.

Meses después de la entrevista, Juan Pablo Bieri, el mismo que sacó a Los puros criollos de la televisión nacional, resultó trabajando como asesor de la Presidencia de la República con un contrato cercano a los 500 millones de pesos. Además, fue el moderador de la “bodeguita uribista”, un comité de tuiteros de derecha que se juntó para sabotear periodistas, medios de comunicación y políticos opositores, según una investigación de la Liga Contra el Silencio publicada el 6 de febrero. Para preguntarle sobre el tema, volvimos a hablar con Santiago, pero esta vez a larga distancia y por mensajes de WhastApp. ¿Cómo ve lo que pasó con Bieri? Después de salir de RTVC por censura, terminó en la presidencia y liderando la “bodeguita uribista”.

El contrato de Bieri es la prueba de lo poco que le importa a este Gobierno la gente y las reglas mínimas de decencia. Es notorio hasta qué punto les importa un culo. No es que ellos crean que Bieri hizo nada malo, es que simplemente no les importa.

Me sorprendió mucho lo de la “bodeguita uribista”. Yo creí que Bieri era un tipo que se había embriagado de poder, había recibido una orden y estaba feliz de ejecutarla, pero veo que es un militante comprometido de la propaganda.

Está incurriendo en un problema ético. Los funcionarios de un Gobierno no pueden hacer ese tipo de cosas. Me parece triste porque estamos sometidos a eso, y en el momento en que no sea Bieri, va a ser el de turno.

Violeta ya nació, ¿cómo han sido sus primeros meses de papá en medio del Paro Nacional?

Obviamente vienen prioridades. Durante el paro conspiré más de lo que marché. Con unos amigos creamos el pódcast La tapa —un espacio de análisis y opinión sobre lo que ocurre en Paro Nacional—, y el Laboratorio de Arengas —un colectivo itinerante que busca formas más poderosas de protesta a través de la creatividad—. Creo que hay que construir proyectos más a largo plazo. Cuando nació Violeta, paré de parar, estoy en licencia autoimpuesta de paternidad y he estado juicioso. No he estado muy revolucionario últimamente.