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Editorial
“Pública la recibimos,
Laboratorio De la Urbe
pública
Dirección Periódico De la Urbe: Juan David Ortiz Franco Coordinación General del Laboratorio: Juan David Alzate Morales Coordinación Digital: Juan Camilo Arboleda Alzate Coordinación Radio: Alejandro González Ochoa Coordinación Televisión: Alejandro Muñoz Cano Auxiliares: Elisa Castrillón Palacio, Karen Parrado Beltrán, Santiago Rodríguez Álvarez, Alejandro Valencia Carmona, Daniela Sánchez Romero, Karen Sánchez Palacio Diseño, Diagramación e Infografía: Sara Ortega Ramírez Asistencia Editorial: Eliana Castro Gaviria Corrección de Estilo: Alejandra Montes Escobar Impresión: La Patria Circulación: 10.000 ejemplares Comité consultor Patricia Nieto, Heiner Castañeda Bustamante, Raúl Osorio Vargas, Gonzalo Medina Pérez, Ana Cristina Restrepo Jiménez Universidad de Antioquia Rector: John Jairo Arboleda Céspedes Decano Facultad de Comunicaciones: Edwin Carvajal Córdoba Jefe Departamento de Comunicación Social: Juan David Rodas Patiño Coordinador Pregrado en Periodismo: Juan David Londoño Isaza Comité de Carrera Periodismo: Juan David Londoño Isaza, Juan Camilo Arboleda Alzate, Alejandro Muñoz Cano, Ximena Forero Arango, Raúl Osorio Vargas, Heiner Castañeda Bustamante, Juan David Alzate Morales, Luisa María Valencia Álvarez. Calle 67 N° 53-108, Ciudad Universitaria, bloque 10-126 (segundo piso) 10-12 LAB Tel: (57-4) 219 5912 delaurbeprensa@udea.edu.co delaurbe.udea.edu.co Medellín, Colombia
Capítulo Antioquia
ISSN 16572556 Número 92 Septiembre de 2018
Fotografía de portada: Andrea Orozco Sáenz
la entregaremos” E
sta edición surgió en un salón de clase el mismo día que los estudiantes se declararon en asamblea permanente. Nos encontramos para conversar sobre la situación, para tratar de entenderla y, quizá, encontrar una forma de aportar: “¿Y qué hacemos?”. Pasó poco más de una semana. “Pública la recibimos, pública la entregaremos”, gritaban miles de estudiantes y profesores que marcharon el 11 de septiembre por las calles de Medellín. Marcharon porque las universidades públicas no aguantan más. Desde 1992, cuando se aprobó la Ley 30, la educación superior pública fue sentenciada al desfinanciamiento. Los efectos no hay que buscarlos solo en el riesgo futuro de privatización —que existe—, porque con una educación universitaria calificada por ley como un servicio y no como un derecho, cada año miles de jóvenes que terminan su secundaria y no cuentan con los recursos para pagar una universidad privada se quedan por fuera de la educación superior. No, no lo hacen por elección. Las universidades, y la educación pública en general, son la vía por la que un joven puede aspirar a ser menos pobre que sus padres, alcanzar su realización personal y aportar al bienestar de su comunidad. La política educativa colombiana le ha negado ese derecho a generaciones enteras. El origen de esta protesta se encuentra en las condiciones laborales y salariales de los docentes. Este año, los profesores de las universidades públicas empezaron a sentir los efectos de la reforma tributaria de 2016 que limitó las exenciones para el cálculo del impuesto de renta; muchos de ellos han tenido que pagar cifras muy superiores a las que acostumbraban. Un asunto gremial, que por serlo no es menos legítimo, y que de paso plantea una discusión más amplia sobre las condiciones estructurales de financiación de la educación superior pública. Mientras en 1993 el Estado transfería ochenta y cuatro de cada cien pesos que gastaban las universidades públicas, en la actualidad aporta cuarenta y nueve de cada cien. Con el paso del tiempo, las universidades pasaron asumir la mitad de los gastos con los recursos que son capaces de generar. Eso se tradujo en matrículas más altas, en la venta de bienes y servicios, en el endeudamiento y en el deterioro de las condiciones laborales de profesores y trabajadores. El conocimiento le pertenece a la humanidad y está a su servi-
cio. Buena parte del desarrollo de los países se explica por la solidez financiera de sus sistemas educativos, porque impactan positivamente en la cultura, la ciencia, la tecnología y, claro, en la economía. La diferencia radica en cómo se le entrega ese conocimiento a una sociedad: si el Estado asume la financiación de la oferta educativa o si, por el contrario, es remplazada por la oferta privada. De quien oferte y difunda el conocimiento depende qué tan provechoso pueda ser para la gente. En el caso de la oferta pública, la transmisión y apropiación del conocimiento se reconoce como un derecho que la sociedad demanda y puede recibir de manera masiva. En la oferta privada, el acceso se limita a la capacidad económica y se restringe solo a quien puede pagar. ¿Por qué la universidad requiere financiación pública? Los costos de la educación son crecientes y su calidad es proporcional. En ese caso, lo que pague una familia por la educación de sus hijos determinará su calidad. Esta no debe ser la regla general, sobre todo en un país con índices de pobreza, informalidad e inequidad tan altos como el nuestro. Le corresponde al Estado asumir el financiamiento de la oferta universitaria y garantizarla como un derecho. Entre 2005 y 2016, los recursos públicos que recibió la Universidad de Antioquia disminuyeron 26%, mientras que los recursos propios aumentaron 88%. Para 2018, el déficit financiero de la institución es de 181.528 millones de pesos. Ese dinero alcanzaría para que ningún estudiante de pregrado o posgrado pagara su matrícula durante seis años. En Colombia hace años se enterró la gratuidad universitaria y se incentivaron los créditos educativos que, como los otorgados por el Icetex, implican intereses entre dos y tres veces más que el monto recibido. El criterio de una buena administración ya no consiste en brindar la mejor educación, sino en obtener el mayor rendimiento de los recursos conseguidos por medio de la autofinanciación. Entre tanto, el profesorado de tiempo completo y dedicación exclusiva se convirtió en minoría y el profesor de cátedra dejó de ser reconocido como el profesional destacado que dedicaba unas horas a la docencia en virtud de su experiencia, reconocimiento y prestigio, para convertirse en el salvavidas de las universidades a la hora de ofertar materias con menor costo salarial. Solo en la UdeA, en el segundo semestre de 2017, cerca del 77% de los profesores estaban contratados con la modalidad de cátedra. ¿Pero cómo llegamos a este escenario?, ¿por qué lo permitimos? En los últimos años, después de las movilizaciones de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil contra la reforma de la Ley 30 propuesta de manera unilateral por el Gobierno, y de la negativa para que las trasformaciones en la educación superior se construyeran de forma democrática, el sector universitario entró en un letargo que lo llevó a formular demandas dessus Esta edición extraordinaria de De la Urbe y ordenadas y, por ejemplo, a ser apenas un actor de contenidos asociados para redes sociales se dede 13 reparto en la movilización jueves el y 3 lunes el entre laron sarrol ciudadana a favor de los anestudi ntes siguie los iparon Partic mbre. septie acuerdos de paz. sidad tes del pregrado en Periodismo de la Univer A pesar de esto, en las de Antioquia: últimas semanas, directivos, docentes, estudiantes Mateo Ruiz Galvis y trabajadores pasaron de Luis Bonza Ramírez Natalia Duque Vergara la coincidencia en el diagAmaury Núñez González nóstico a la coincidencia Loaiza Mesa Paulina Andrea Orozco Sáenz en la movilización. Es Correa Arango na Valenti Andrea Vivas Molina precisamente el impulso Valentina Pineda Lamus Andrés Uribe Vasco de estas semanas el que Jose Daniel Acevedo Yepes motiva esta edición de Daniel Uribe Uribe Alejandro Diosa Muñoz De la Urbe. “¿Qué haceDaniela Sánchez Romero mos?”, nos preguntábaGiraldo Aguirre ía Estefan Jennifer Mejía Giraldo mos. No seremos la genes Tabare Ortiz Valeria Juan Carlos Toro Castillo ración que verá morir la Daniel Osorio Posada. Juan David Tamayo Mejía universidad pública. Que estas páginas aporten a la María Isabel Montoya Pérez conversación. Fotografía: Andrea Orozco Sáenz
No. 92 Medellín, septiembre de 2018
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Opinión En todo el periódico encontrarás algunas palabras clave resaltadas. Su explicación la puedes encontrar en el glosario de la página 16 de esta edición. #Másqueunparo
Tirapiedras María Yesenia Alzate Ospina myesenia.alzate@udea.edu.co
C
uando me matriculé en la Universidad de Antioquia alguien me dijo “ya la veo tirando piedra”. Después me llegaron más calificativos: guerrillera, marihuanera, atea… Poco a poco comprendí una de las muchas misiones que exige la universidad pública: educar a las personas frente a la percepción que tienen de ella y frente a esos estigmas que desestiman el valor que tiene aprender. Alguna vez nos decía el profesor Heiner Castañeda que “los prejuicios son etiquetas que les ponemos a las personas para evitar conocerlas”, pues, quien desconoce es vulnerable a creer en lo primero que le dicen o lo primero que percibe. Ingresar a la Universidad de Antioquia ha sido uno de los retos más grandes de mi vida y una de las experiencias más enriquecedoras. No es fácil siempre, ¡existen las verracas notas! Son reglas tortuosas que aún cuantifican el conocimiento como si de aquello se tratara aprender. Fue en la universidad donde entendí que de nada vale una nota si el conocimiento que la amerita no nos ha atravesado o no nos ha sensibilizado un poco. En el colegio, por ejemplo, me enseñaron que las notas más altas debían ser las de matemáticas para evaluar mi nivel de inteligencia, pero si recordaba algo de álgebra era para el examen final y ahí quedaba todo. La educación tradicional no induce a amar la academia, sino a embutir el conocimiento como si fuéramos un salchichón. Eso no es enseñar, es fatigar la capacidad de aprendizaje. En décimo grado perdí la materia de emprendimiento por no hacer un “proyecto de vida” y lloré porque era la única materia que había perdido hasta entonces. ¿Qué iba a saber yo de un proyecto de vida si en ese momento quería tener un esposo e hijos? Hoy quiero vivir andando el mundo, mañana no sé. Lo único que sé de eso es que valió la pena haber perdido esa materia. La educación tradicional acostumbra, es monótona, pero la universidad puede ser una aventura constante. Para eso educa la U: para hacer preguntas, no para asegurar respuestas. Esa es la razón por la que amo la Universidad de Antioquia. A mis trece años, llena de curiosidad por todo, me mudé del campo a la cabecera municipal de Sonsón con el propósito de terminar la secundaria. Siempre había pensado en la universidad, pero no en lo bello que sería estar ahí, sino en lo difícil que sería pasar o en lo costoso que sería permanecer. Eso hasta que pasé y me encontré con que a partir del segundo semestre pagaba mil pesos de matrícula y tenía la posibilidad de acceder a becas que suplían mis necesidades económicas. Sin embargo, muchos jóvenes campesinos siguen creyendo que no es posible ir a la universidad. De acuerdo con el Ministerio de Educación, en 2016 solo el 1% de las matrículas universitarias correspondieron a estudiantes que provenían del campo. Si a los estudiantes de la UdeA Sonsón nos pagaran por las veces que nos preguntan desde cuándo hay sede de la Universidad de Antioquia en el municipio, estuviéramos supliendo una parte del desfalco económico que tiene la educación pública en Colombia. ¿Tan chiquitos nos vemos? ¡Pero si somos la segunda mejor universidad del país! Nos vemos tan aparte que algunos no creen que las clases en una seccional sean de tanto valor como en la sede principal. Lo sé porque también me han preguntado: “¿Y aprende igual?”. Claro, ¡somos Universidad de Antioquia! No somos la Universidad de Bajo Cauca o la de Amalfi o la de Turbo, o esa universidad que queda llegando al páramo de Sonsón. No. Las sedes no son ajenas, nos duele igual la universidad aquí o allá. En la fachada de la UdeA en Sonsón hay una frase de Jaime Garzón que dice: “Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselos. ¡Nadie!”. Los jóvenes no dejaremos de existir, ojalá que la universidad tampoco. Somos miles aferrados a la luz de la educación pública y, por lo menos yo, la defenderé tanto como me duela. ¿Tirando piedras? No. Tirándome yo.
Déficit por lado y lado Santiago Rodríguez Álvarez santiago.rodrigueza@udea.edu.co
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l dato es escandaloso: quince billones de pesos de déficit acumulado tienen las universidades estatales en Colombia para 2018. La cifra salió de un comunicado del Consejo Académico de la Universidad de Antioquia e ilustra “la urgente necesidad de atender la crisis del desfinanciamiento de las universidades públicas en Colombia”. Este pronunciamiento, emitido el 28 de agosto de este año y dirigido a la comunidad universitaria, también instaba al presidente Iván Duque a tomar medidas en contra de una situación que, para algunos, está conduciendo a la privatización de la educación superior en el país. El quid del asunto subyace en que los aportes financieros de la nación a las universidades públicas, estipulados en la Ley 30 de 1992, no aumentan con el gasto de las mismas. En el caso del Alma Mater el crecimiento ha sido considerable durante los veintiséis años que lleva funcionando esta ley: ahora tiene casi el triple de los estudiantes que tenía en el 92. Esto equivale a necesitar una planta docente más grande y una infraestructura mayor, lo que implica endeudarse, estrecharse y buscar constantemente nuevas formas de financiamiento en aras de responder al crecimiento natural de una institución que trata de seguirle el ritmo a una sociedad que necesita de más profesionales. Las universidades entonces han desarrollado la investigación, la extensión y las asesorías para venderlas a instituciones estatales o privadas y así generar recursos. Un ejemplo de esto fue el examen que la Universidad Industrial de Santander (UIS) realizó a los aspirantes a contralor general en agosto de este año. Además, la venta de conocimiento les genera a las universidades, en ocasiones, más de lo que reciben por aportes
del Estado, como el caso de la UdeA. Este escenario de venta del conocimiento ha sido calificado por el movimiento estudiantil como “privatización de la universidad pública”. El modelo de educación terciaria en Colombia, que se ha privilegiado desde César Gaviria hasta Juan Manuel Santos, ha favorecido a la universidad privada ya que se ha enfocado en subsidiar la demanda, es decir el estudiante, y no la oferta, es decir la institución. Un dato que corrobora esto es que desde 1991 el número de universidades privadas ha aumentado de once a cuarenta y nueve, mientras que las públicas siguen siendo las mismas: treinta y dos. El programa Ser Pilo Paga promovido por Santos en su segundo periodo presidencial y la reforma tributaria de 2016 que repartió el antiguo impuesto a la renta, CREE, entre universidades públicas, Icetex y el programa antes mencionado, ahondaron los sentimientos de rechazo frente a las políticas públicas que favorecen a las universidades privadas. La misma exministra de Educación, Yaneth Giha, dijo en una entrevista en CityTv en el 2017 que “el 80% de los estudiantes de Ser Pilo Paga llegan a universidades privadas”. Gracias a la baja gobernabilidad y al poco apoyo legislativo de Santos en su último año de gobierno, el proyecto de ley que pretendía volver política de Estado a Ser Pilo Paga no prosperó. Entonces, el actual gobierno ya anunció que este programa conservaría a los beneficiados actuales, pero que su continuidad es inviable tal y como está, por eso propone cambiarlo por otro que logre promover la educación superior pública. Pero lo preocupante es que Ser Pilo Paga no se acaba porque Duque haya considerado que es importante financiar más a las universidades públicas, no, Ser Pilo Paga es inviable porque el programa tiene un déficit de setecientos ochenta mil millones de pesos. Es decir, la educación superior en Colombia tiene déficit por lado y lado.
La defensa de la
universidad pública
abierta y funcionando D
efender la universidad pública como principio de nación, como garantía de derecho y como manifestación concreta de la intención del Estado colombiano de garantizar el derecho humano fundamental de las y los colombianos a formarnos integralmente, no solo como profesionales destacados y ciudadanos ejemplares — que es una urgencia en la actual coyuntura del país—, no requiere mucho debate. La cuestión es por dónde empezar. Empecemos por entender que la Universidad de Antioquia es una institución estatal de educación superior de carácter departamental, que se ocupa de formar alrededor de cuarenta mil estudiantes de pregrado, cinco mil de ellos ubicados en las regiones, cinco mil más en posgrados y cuenta para hacerlo con prácticamente la misma planta docente de hace veinticinco años. Entendamos también, en gracia a esta discusión, que, pese a ingentes esfuerzos, la información compartida por la Vicerrectoría Administrativa muestra que hay un desfinanciamiento histórico y estructural en la universidad porque para su funcionamiento básico se recibe por estudiante la misma cantidad de dinero desde hace catorce años. Solo el programa de regionalización, que cuenta ya con diez mil egresados, cuesta cuarenta y siete mil millones de pesos al año y no recibe para su funcionamiento ni un peso de cuenta de la Gobernación de Antioquia. Los gastos de nómina de la universidad cada mes implican treinta y ocho mil millones de los cuales solo recibe de la nación veintidós mil millones, lo que equivale al 33% de su presupuesto. La universidad se autofinancia en un 55% y de la Gobernación no recibe más del 3% de lo que gasta, esto sin mencionar que el municipio de Medellín, aduciendo que la institución es de carácter departamental, no eroga un solo peso para su funcionamiento, pero cobra puntualmente servicios públicos e impuestos. Este año, por ejemplo, la universidad pagó ciento setenta y ocho millones de pesos por un solo trimestre del impuesto predial de la sede central que cumplió cincuenta años de fundación. Son alrededor de treinta y cinco mil personas, que pueden representar treinta y cinco mil familias que viven en Medellín. Estudian y trabajan en la Universidad de Antioquia, consumen, producen y permanecen en la ciudad y no reciben del municipio un solo peso que garantice la educación superior
Sara Yaneth Fernández Moreno Profesora Titular FCSH UdeA Académica y activista sara.fernandez@udea.edu.co
de la que el mismo municipio suele presumir, porque tiene la segunda mejor universidad pública del país, la primera en educación, la más innovadora y la de excelencia académica. A este paso, la crisis de financiación que se ve venir es innegable. Por eso es importante que la ciudadanía en general conozca esta situación, apoye y respalde a la universidad, a su universidad, y le exija al municipio y al departamento estar a la altura de las circunstancias, apruebe partidas que vayan directamente a base presupuestal para que la institución pueda funcionar y garantizar los ejes misionales para los que fue creada. Se requieren dineros frescos con urgencia para que antioqueños y medellinenses, hombres y mujeres, reciban la garantía efectiva del derecho a la educación y tengan una institución de primer nivel que les garantice formación integral, profesional, ciudadana y humana de excelencia. En la gobernación de Sergio Fajardo se prometieron cincuenta plazas docentes para la Seccional Oriente (ampliada físicamente y pensada para acoger a quince mil estudiantes) y cincuenta plazas para la Seccional Urabá (también ampliada físicamente y pensada para acoger a diez mil estudiantes). Esos nuevos docentes se han ido incorporando de a poco y la proyección incluye pregrado, posgrado y los ejes misionales de docencia, investigación y extensión, lo cual muestra a todas luces que Oriente y Urabá, más que ser regionales, están destinadas a ser Universidad de Antioquia en sí y para sí. Esa discusión por demás necesaria e interesante podrá abordarse en otro espacio. Así como también será motivo de otra columna hablar de otros componentes esenciales de la universidad como la inclusión, la equidad, la paz y la convivencia, la promoción de la equidad de género como principio rector para que hombres y mujeres gocen de pleno reconocimiento y garantías en su trabajo académico en todos los niveles, conozcan y defiendan la paridad salarial en su desempeño profesional, reconozcan sus capacidades plenas para los cargos de responsabilidad y muestren sus capacidades en investigación, extensión y docencia. Entre tanto la movilización nacional es inminente, pronunciarse es necesario y unirse a la movilización es recomendable, sensato y civilizatorio. ¡Sean bienvenidas y bienvenidos a la defensa de la universidad pública abierta y funcionando!
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Reforma parcial a la Ley 30
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Los profesores de la Universidad de Antioquia se declararon en asamblea permanente por la afectación sobre sus ingresos por la reforma tributaria de 2016 y por la desfinanciación de la educación superior pública.
Fotografía: Andrea Orozco Sáenz
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Ante la noticia de un déficit acumulado de 15 billones de pesos, estudiantes y profesores de por lo menos 10 universidades públicas iniciaron procesos de movilización para llamar la atención sobre la crisis.
Para 2018, los beneficiarios del programa son cuarenta mil jóvenes de los cuales el 82% estudian en universidades privadas. Menos del 2% de los recursos del programa llegan a las universidades públicas. Según el SUE, con lo que se financia a estos cuarenta mil estudiantes, se podrían financiar a cuatrocientos mil en universidades públicas. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunció la finalización del programa y la presentación de uno nuevo en octubre.
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Luis Pérez Gutiérrez Gobernador de Antioquia
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