De la Urbe 89

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Ilustración: Karen Parrado Beltrán

Del paramilitarismo a la paramilitarización Gisela Aguirre y yo hablamos por teléfono. Las dos tenemos una entrevista luego de mi visita, días antes, a la oficina del profesor Pachón, días antes. Ella es la analista cualitativa del CNMH y lideresa del componente político de la investigación adelantada en conjunto con los grupos de Física Atómica y Molecular, y de Física Teórica y Matemática Aplicada de la U. de A. Mientras me habla del periodo, la intensidad y la naturaleza del conflicto armado en Medellín, en términos políticos y sociales, yo sigo pensando en la neurona que vi en el computador del profesor. El discurso de Gisela me ayuda a conectar esa neurona con la realidad social. Su visión acoge los datos y códigos cuantitativos del profesor Pachón para ubicarlos en el contexto político; es decir, con el devenir del conflicto armado en los barrios, donde las condiciones de pobreza y exclusión se convierten en mano de obra disponible para sobrevivir, a veces, a cualquier precio.

Con el fin de comprender mejor el proceso de acción criminal de las bandas de la ciudad, y su perfeccionamiento por medio de la “consolidación de mafias del narcotráfico” después de los años setenta —como señala Gisela—, la investigación desarrolló una matriz delimitada, esencialmente, por seis periodos:

Dos grupos de investigación en Física de la Universidad de Antioquia y el Centro Nacional de Memoria Histórica diseñaron una matriz estadística para desentrañar las redes criminales de los paramilitares en Medellín, entre 1996 y el 2006.

En una experiencia pionera para Colombia, físicos e investigadores sociales elaboraron esta evidencia empírica para comprender la expansión del conflicto paramilitar en la ciudad.

Karen Parrado Beltrán Estudiante de Periodismo piedemosca@gmail.com

E

so es una neurona, pienso. Los puntos y flechas de colores de la gráfica en la pantalla de un computador equivalen, para mí, al núcleo, a los axones y a las dendritas de una neurona. Ese es el reflejo primario que tengo ante una información que no logro procesar a primera vista. Está nadando, pienso otra vez, al verla en la ventana de un software especializado en el que Leonardo Pachón, profesor del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia, programó los datos de cerca de 700 bandas paramilitares que operaron en Medellín durante diez años.

La neurona es mi traducción de uno de los clusters — gráficas— elaborados por el software para sintetizar las relaciones entre las bandas criminales, desde poco antes la aparición del Bloque Metro, en 1996, hasta el proceso de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) de los paramilitares, en 2006. “Relaciones de confrontación, padrinazgo, subordinación o sometimiento, y con terceros legales”, como describe el documento metodológico de la investigación adelantada entre dos grupos del Instituto de Física y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

La investigación se originó en 2016, cuando, impulsado por la inquietud de aplicar las metodologías de los físicos a la realidad social, el profesor Pachón se encontró con un grupo del CNMH que necesitaba agilizar la búsqueda de archivos noticiosos para una investigación sobre grupos paramilitares. Aunque en principio la colaboración tenía un intención diferente, el encuentro suscitó una investigación

No. 89 Medellín, abril de 2018

que pasó de la programación de un buscador de noticias a elaborar una matriz que sistematiza las relaciones criminales de los grupos paramilitares en Medellín, a partir de los relatos orales de desmovilizados de este grupo armado.

El reto cautivó el esfuerzo intelectual del profesor por meses. En un principio, fue él quien condensó el vasto tejido de información recopilado de los relatos orales en una matriz codificada en letras, signos y números. Más adelante, los demás investigadores —miembros de dos grupos de investigación en Física, el estudiante de doctorado del Instituto de Física, Juan David Botero, y algunos profesionales auxiliares— se entrenaron en la lectura de estos códigos y se acercaron a los relatos de manera abstracta, estableciendo el tipo de relaciones que se daban en la macroestructura criminal de los grupos paramilitares en Medellín.

Este trabajo conjunto de meses se concentró en una tabla que relaciona a cada banda con sus diferentes redes de criminalidad en el territorio; todo escrito en el sistema de códigos propuesto por el profesor. Es abrumador. Lo que yo observo como neurona nadando en un computador es el tejido microscópico de una ciudad enferma.

“Uno de los primeros ejercicios fue tomar esa red y construir clusters, que son subunidades de la red que están fuertemente arraigadas. En el caso de confrontación, estos clusters señalan las guerras que pudieron haber ocurrido en la ciudad por zonas”, explica Pachón. La información fue obtenida de las 120 entrevistas aplicadas a paramilitares desmovilizados, las cuales constituyeron la muestra de la investigación.

“Cada categoría tiene subestructuras —continúa Pachón—: si la confrontación era entre bandas iguales o entre una banda que fue cooptada por una macroestructura contra otra que no o entre bandas que pertenecían a macroes-

tructuras (…) si el tipo de confrontación era por economías locales, de carácter contrainsurgente…”.

La ley y el orden El trabajo de recolección y sistematización de la información de estos clusters constituyó una labor de verdadera filigrana. A pesar de que la investigación inició en 2016, todo se desató en 2010 a partir del mandato de la Corte Constitucional de dictar “disposiciones de justicia transicional” para garantizar “verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley”.

Estas disposiciones de la Corte quedaron consagradas en la Ley 1424 de 2010, como un mecanismo para conceder beneficios jurídicos a los paramilitares vinculados al proceso de Justicia y Paz. Sin embargo, la Ley también ordenó la recolección de testimonios de los desmovilizados para reconstruir el accionar violento de los grupos paramilitares en el país y así aportar al esclarecimiento de la verdad y a la reparación de sus víctimas.

El CNMH logró recolectar 10 mil testimonios a nivel nacional, 900 de ellos en Medellín. Una de las tareas más importantes era hacer la interpretación y análisis de toda esta información, considerando que el conflicto armado colombiano adoptó diferentes rasgos dependiendo de dónde se instalaba. En estas condiciones, el CNMH acudió a alianzas inexploradas para tratar de estudiar el caso concreto de la región central de Antioquia.

La tarea era propicia para que distintos profesionales, desde distintas disciplinas, se involucraran, aunque Pachón reconoce la dificultad del proceso: “Yo nunca había hecho nada de esto. Este es el primer esfuerzo en el país. Empezamos de cero, por eso también nos ha costado tanto porque ninguno [ni los grupos de Física ni el CNMH] tenía

1. Antes del Bloque Metro (antes de 1996) 2. Durante el Bloque Metro (1996 – 2002) 3. Durante la guerra entre el Bloque Metro y el Cacique Nutibara (2002 – 2003) 4. En el Cacique Nutibara (2003 – 2204) 5. En el Héroes de Granada (2004 – 2006) 6. En el DDR hasta 2006 Todos estos periodos “variables según la zona de la ciudad donde hicieran presencia” —explica Pachón— permiten hacer una lectura diferencial de cómo se daban las confrontaciones entre bandas, y de qué manera el paramilitarismo logró posicionarse hegemónicamente a través de los años, alimentado por el crecimiento interrelacionado de éstas en los barrios de Medellín.

“En un momento de transición del paramilitarismo, que se da a principio de los noventas después de la guerra contra el cartel de Medellín, las bandas se vuelven estructurantes de la organización paramilitar para la región central de Antioquia. En Medellín, particularmente, esto estaba obedeciendo a una organización en red que siempre había estado disponible en la ciudad pero que los paramilitares, muy ágilmente, lograron cooptar y poner al servicio de sus intereses”, explica Gisela.

Establecer la diferencia entre “paramilitarismo” y “paramilitarización” de la ciudad resultó crucial para acotar el alcance de la investigación. Gisela subraya que uno de los objetivos claves fue “responder cuáles fueron las estrategias a través de la cuales el paramilitarismo se posicionó territorialmente y empezó a competir con los otros actores armados”.

El modo en que ella explica el ascenso del conflicto armado por los barrios apunta a que Medellín sufrió un proceso de “paramilitarización” desde la década de los noventa. Varios minutos al teléfono fueron dedicados a explicar que así —por la “paramilitarización”— es posible entender por qué, en su interior, Medellín soporta una macroestructura criminal que engulle y desplaza actores ilegales diseminados por las comunas.

Inagotable, esta macroestructura se reproduce a un ritmo infinito, en especial porque “las bandas quedan ahí a disposición, y mientras haya macroestructuras con capacidad de compra de mano de obra de las bandas, estas siempre seguirán allí”, asegura Gisela.

Choque de universos —¿Y cómo lograron dialogar sobre esa “paramilitarización” y las bandas criminales con los investigadores en Física del profesor Pachón? —le pregunto a Gisela.

—A ellos les correspondió estudiar sobre conflicto armado y a nosotros, despolitizar el diálogo para poder llegar al punto de la creación de un lenguaje técnico común, que nos permitiera trabajar en equipo y cooperar en la construcción de la metodología, en la elaboración de la investigación y, posteriormente, en la interpretación de la información.

La colaboración para analizar la criminalidad, entre una ciencia dedicada al análisis abstracto y otra de tipo social, desató una fuerza intelectual interesante, pero sensible.

En principio, la relación entre contexto social y aplicación social del conocimiento propició muchas discusiones al interior de la investigación, especialmente a la hora de definir las categorías de análisis para la matriz estadística.

Determinar, por ejemplo, las categorías de control de recursos y actividades ilegales de las bandas —que involucran desde lavado de buses, reventa de huevos y arepas, “pagadiarios” y “deshuesaderos” hasta casas de juego, extorsión, secuestro, plazas de microtráfico y cooptación de recursos públicos, entre otros— resultó definitivo a la hora de elaborar la matriz alfanumérica que permitió sistematizar

esta información de índole económica, y estudiarla junto con los datos sobre la participación de las bandas en estructuras criminales y el área de influencia de las mismas.

“Yo entiendo esto que está aquí —dice el profesor Pachón señalando una tabla de códigos que mezcla letras, signos y números—. Yo prefiero esto a los relatos, pero sé que esto no es tan rico como los relatos (…). Cuando iniciamos, era muy divertido, cada uno tenía impresa la guía metodológica en papel; entonces, era con el relato, a un lado, y luego, buscando los códigos, al otro, a ver qué correspondía con qué”.

Gisela, al otro lado del teléfono, dice: “El primer momento fue el más difícil porque hasta que nosotros no logramos abandonar el análisis político, es decir, no darle tanta relevancia y no ser demasiado puntillosos, no avanzamos.

En la medida en que ellos también lograron comprender de una manera más global la complejidad del problema, fuimos creando el lenguaje en común”.

Inagotable, esta macroestructura se reproduce a un ritmo infinito, en especial porque “las bandas quedan ahí a disposición, y mientras haya macroestructuras con capacidad de compra de mano de obra de las bandas, estas siempre seguirán allí”.

La potencia Cuando a Camila Montoya la invitaron a hacer parte de una investigación entre físicos y el CNHM, se confundió un poco. “Fue algo extraño cuando recibí el correo y decía ‘física atómica’. Yo dije: ‘Bueno, se equivocaron de persona’”, confiesa. Camila es politóloga y fue una de las profesionales contratadas como auxiliares de investigación.

Ella y yo hablamos sobre su experiencia por chat de WhatsApp. Entró a la investigación en mayo de 2016 y participó durante dos meses. Su trabajo fue leer las entrevistas que le asignaban por zonas de Medellín, codificar la información para la matriz y escribir un informe final. El paso por la investigación le permitió reflexionar sobre el pasado del conflicto en la ciudad; desde su perspectiva, el paramilitarismo en Medellín no se limitó al narcotráfico, sino que “fue algo social y político muy importante de lo que, incluso hasta hoy, se ven las consecuencias”.

Camila cree en la potencia que tiene la integración de miradas de las ciencias exactas y las ciencias sociales en una investigación sobre conflicto armado. Para ella, la Física, en el caso de esta investigación, permitió “hacer patrones para poder entender la información mucho más fácil” y poder tomar decisiones con una información más eficiente. “El proyecto es crucial para la ciudad y para los investigadores, pero también para los actores políticos que son quienes deciden”, dice.

Eso es Eso es una neurona, pienso. Si no estuviera en el computador del profesor Pachón, podría ser la portada de The 2nd Law, uno de los álbumes de la banda Muse, divago. La llamada con Gisela terminó hace mucho, y la conversación con el profesor ahora es un archivo de Word en mi computador. En reposo, las dos proyectan miradas sobre un conflicto que ha desatado la muerte entre hermanos, amigos y vecinos.

“Se trata de una guerra fratricida. Lo que se ve en las redes es bandas contra bandas eliminándose en favor de uno u otro ‘señor de la guerra’ (…) y los costos que eso tiene en la resignificación simbólica de la vida y de la posibilidad de ejecutar la violencia cuando se van corriendo los márgenes morales sobre la vida del otro. Eso ha venido evolucionando desde que empezamos a hablar de sicariato en Medellín”, reflexiona Gisela.

El profesor Pachón, luego de meses dedicados a interpretar cuantitativamente un fenómeno social, carente de precisión matemática, esboza otra reflexión: “Me pasó a mí… Empieza uno a mirar estas cosas y se da cuenta de que esa gente también puede considerarse como víctima.

Están inmersos ahí como sin oportunidades, sin que esto los justifique, y a pesar de que son parte del problema, en cierto grado son víctimas también de todo el conflicto”. *** Semanas después esbozo una epifanía: paramilitarismo, redes criminales, desmovilización, entrevista, llamada telefónica, clusters, neurona, disco de Muse… Tengo la impresión de que Medellín palpita a corazón abierto sobre una mesa de cirugía, con un ser de ojos compuestos clavándole la mirada desde arriba, observando ese corazón con sus múltiples ocelos. La ciudad es un Guernica.

L a ciudad es un Guernica.

la experiencia en lo que se necesitaba. Cada uno tenía su propio acervo de herramientas, pero teníamos que ponerlos a conversar y eso pasó por muchas discusiones”.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

4 Opinión

Opinión Editorial

Laboratorio De la Urbe Dirección Periódico De la Urbe: Juan David Ortiz Franco Coordinación General del Laboratorio: Juan David Alzate Morales Coordinación Digital: Juan Camilo Arboleda Alzate Coordinación Radio: Alejandro González Ochoa Coordinación Televisión: Alejandro Muñoz Cano Auxiliares: Elisa Castrillón Palacio, Karen Parrado Beltrán, Santiago Rodríguez Álvarez, Alejandro Valencia Carmona, Daniela Sánchez Romero, Laura Camacho Gutiérrez.

Colaboradores: Karen Parrado Beltrán, Luisa María Valencia Álvarez, Danilo Arias Henao, Elisa Castrillón Palacio, Alejandra Vanegas Bonilla, Andrea Acevedo Molina, Laura Herrera Ortega, Natalia Hernández Berrío, Ana María Gómez Uribe, María Paola Aristizábal Jaramillo, Antonia Mejía Benjumea, Ana María Trujillo Zuluaga, Valentina Herrera González, Daniela Sánchez Romero, Danielas Velasco Escobar, Natalia Duque Vergara, Karen Sánchez Palacio, Laura García Giraldo, Alejandra Zapata Quinchía, Leonardo Álvarez Arango, Daniel Uribe Uribe, Maira Alejandra Giraldo Naranjo, Santiago Rodríguez Álvarez, Laura Valentina Cardona Correa.

Caricatura e ilustración: Karen Parrado Beltrán, Átomo, Daniela Jiménez González, Mauricio Franco, Matador, Truchafrita, Esteban París.

Asistencia Editorial: Eliana Castro Gaviria Corrección de textos: Alba Rocío Rojas León Diseño y Diagramación: Sara Ortega Ramírez y Cristina Montoya Ramírez Impresión: La Patria Circulación: 10.000 ejemplares Comité consultor Heiner Castañeda Bustamante, Raúl Osorio Vargas, Gonzalo Medina Pérez, Ana Cristina Restrepo Jiménez.

Impresión: La Patria, Manizales Circulación: 10.000 ejemplares Universidad de Antioquia Rector: John Jairo Arboleda Céspedes Decano Facultad de Comunicaciones: Edwin Carvajal Córdoba Jefe Departamento de Comunicación Social: Juan David Rodas Patiño Coordinador Pregrado en Periodismo: Juan David Londoño Isaza Comité de Carrera Periodismo: Juan David Londoño Isaza, Juan Camilo Arboleda Alzate, Alejandro Muñoz Cano, Raúl Osorio Vargas, Carlos Alejandro Hincapié, Juan David Alzate Morales, Luisa María Valencia Álvarez.

Los clics de la política

“

Creo que en la última entrevista que les di a ustedes, dije que justamente por esta forma de hacer periodismo es que uno se cansa. Entonces yo digo: me tengo que dedicar a las redes sociales, en vez de dar este tipo de entrevistas”, respondía el senador Álvaro Uribe a la directora de RCN Radio, Yolanda Ruiz, en la mañana del 26 de marzo. Estaba molesto por el abordaje a las relaciones que establecía el periodista Yohir Akerman, en su columna “Asesoría Secreta”, entre la cuestionada compañía Cambridge Analytica y el Centro Democrático. La primera, acusada de manipular votantes para campañas políticas, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, a partir del uso ilegal de información de más de 50 millones de usuarios de Facebook; el segundo, cuestionado por dirigir una campaña (el No para el Plebiscito de 2016) que se enfocó en atacar los miedos de la gente, en gran medida por medio de redes sociales, para que esta saliera a votar “berraca”.

En esa corta entrevista, entre la directora de uno de los medios más grandes y tradicionales de Colombia, y un senador, expresidente y líder de opinión del partido con mayor votación en las pasadas elecciones legislativas, se muestra el panorama mediático de la frenética carrera hacia las elecciones presidenciales.

La posición del expresidente Uribe sobre migrar de los grandes medios a pequeños medios regionales y las redes sociales, no solo revela cuál es su estrategia de comunicación y la de su candidato, Iván Duque, sino que es un común denominador de las demás campañas, incluso a nivel global. Estas han privilegiado el uso de redes sociales como plataformas para establecer un canal más directo con sus seguidores y atacarse entre ellos mismos, en cualquier momento.

Todos recurren a esta misma estrategia, pero no solo desde sus cuentas personales. Publican sus propuestas, comentarios de actualidad y críticas a los demás candidatos; pero a su vez, también lo hacen en las cuentas de sus partidos y movimientos, así como sus militantes e incluso ciudadanos sin un vínculo formal con las campañas, que repostean y hacen eco y parlante de los contenidos. Así, se va creando una red en la que se dice cómo, cuándo y qué de los candidatos, directamente a los ciudadanos.

Esto enfrenta a unos medios tradicionales y a una forma de hacer periodismo que históricamente ha hecho cubrimiento tipo horse race o “carrera de caballos” de las temporadas electorales. Esos medios, bajo esa dinámica, jugaban un papel preponderante en lo que dice este o aquel candidato minuto a minuto.

Con la función de mediador disputada por una nueva forma de relacionarse con la política, aun así los medios insisten en las encuestas, las entrevistas y los debates, que generan reacciones y miden el termómetro electoral del momento. Eso permite a los políticos hacer un doble juego: decir algo ante las preguntas de los periodistas, pero promover otras posiciones en redes.

Entonces, los ciudadanos van eligiendo qué leer, escuchar o ver según sus creencias y gustos, así los clics se van convirtiendo en datos valiosos para Google o Facebook. Información que empresas como Cambridge Analytica recoge para saber cómo influenciar a los votantes en determinada campaña. Por ejemplo, los analistas de Cambridge le recomendaron a Trump manipular a unas audiencias específicas a través del miedo, de difundir rumores y desinformar.

La efectividad de esta estrategia convirtió a Donald Trump en presidente, pero dejó a Estados Unidos bajo un ambiente de polarización reflejado en un nacionalismo xenófobo y racista. En esto se parece al Plebiscito por la Paz de 2016, en el que ganó el No por un estrecho margen y que, una vez más, dividió al país a través de nuestros propios miedos. Los directivos de Cambridge Analytica han dicho que campañas políticas colombianas han utilizado sus servicios. Precisamente, sobre esto le preguntaba Yolanda Ruiz a Álvaro Uribe, pero la respuesta fue un rechazo al periodismo que le es incómodo.

Hoy, el ambiente político sigue polarizado y el periodismo no ha comprendido su nuevo papel bajo estas reglas de juego, que va más allá del rating. Frente a un flujo irresponsable de desinformación, el periodismo no puede olvidar que es servicio, es pensar en el otro y en los otros, en el marco de la construcción de una sociedad pluralista y democrática.

Una oportunidad que Colombia no ha vivido.

Hoy, el ambiente político sigue polarizado y el periodismo no ha comprendido su nuevo papel bajo estas reglas de juego, que va más allá del rating.

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La infancia está

hambrienta

Luisa María Valencia Álvarez

Estudiante de Periodismo luisa.valenciaa@udea.edu.co

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l futuro del país todavía muere de hambre, pero tranquilos: no es cuestión de desigualdad. Es que esos niños solo tuvieron la mala suerte de nacer en la región o en la etnia equivocadas, y su falta de recursos no se debe más que a las oportunidades desperdiciadas por sus padres. Los niños todavía mueren de hambre, en especial en los departamentos más perjudicados por el conflicto, el desplazamiento y el bajo acceso a los alimentos (inseguridad alimentaria). Pero, hombre…, es que las casualidades existen.

Al finalizar los primeros tres meses de 2018 ya se encontraban en estudio 67 casos de muerte probable por y asociada a desnutrición en menores de cinco años. Se está muriendo la primera infancia, pero no nos damos cuenta porque esos niños habitan en las regiones que siempre han sido relegadas por los medios de comunicación y el Estado; en esos lugares que, a distancia, conocemos en cifras, pero que no son “nosotros”. Y si “nosotros” estamos bien, pues todo está bien, ¿no?

Esto no es cuestión de desigualdad, pero las ciudades que registraron mayor pobreza monetaria en 2017 –Quibdó (47,9%) y Riohacha (46,9%)– pertenecen a dos de los departamentos que han reportado los más altos porcentajes de desnutrición. Por no ahondar en que, según cifras del DANE, $250.620 al mes son suficientes para dejar de ser considerado pobre. Obvio, cualquiera podría garantizar su canasta básica (alimentación, vivienda, salud, vestuario, educación, etcétera) con $8.354 al día.

El futuro del país se muere de hambre y aquí todavía creen que aquellos niños tienen las mismas opor t u n idades que los demás, aun cuando viven en zonas rurales afectadas por el conflicto y pertenecen a grupos étnicos históricamente marginados. De acuerdo con el informe sobre El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (2017), el desplazamiento forzoso en Colombia no es solo el principal efecto del conflicto armado, sino también la principal fuente de inseguridad alimentaria.

Uno de cada diez menores de cinco años padece desnutrición crónica en Colombia. El retraso en talla es mayor entre los indígenas (29, 6%) y en los lugares con índice de riqueza más bajos (14,1%); además, ocho de cada diez hogares liderados por indígenas tienen los niveles más altos de inseguridad alimentaria y más de la mitad de los hogares colombianos (54,2%) presentan dicha situación. Todo esto, según la tercera Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia (2015), que enfatiza en que la situación nutricional de un niño o niña y su sobrevivencia hasta los cinco años, dependen, de forma directa, de sus prácticas alimentarias.

Y así seguimos insistiendo en “el que quiere, puede” y nos rehusamos a ver que detrás de eso también hay falta de oportunidades y acceso desigual a los servicios esenciales; nos negamos a reconocer la gran brecha que existe en el mismo país donde la guerra tampoco fue tan grave porque no nos afectó a nosotros. Es que la desnutrición, si no lleva

a la muerte, sí afecta la vida de todas las personas que la padecen: incluidos esos adultos que hoy son menos productivos y tienen problemas de cognición, pero que ayer pudieron sumarse a las cifras de mortalidad archivadas.

La desnutrición es un eufemismo de los expertos para no hablar de hambre, diría Héctor Abad Gómez, y en Colombia sí que le encontramos eufemismos a cada problemática social. El futuro del país no puede seguir muriendo de hambre; no se pueden cobrar más vidas de niños que, por el azar, nacieron en los lugares más desprotegidos. Sí, es cuestión de desigualdad. Y nosotros alimentamos la desidia cada vez que la negamos.

Capítulo Antioquia

Comunicado de la Red Colombiana de Periodismo Universitario El ejercicio libre del periodismo es condición fundamental para la democracia La Red Colombiana de Periodismo Universitario se reafirma en su convencimiento de que el ejercicio libre del periodismo es condición fundamental para la existencia de una sociedad regida por los principios de la democracia. Por esta razón, ha visto con profunda preocupación los recientes acontecimientos de violencia registrados en la zona fronteriza de Colombia y Ecuador.

La Red expresa su profundo sentimiento de solidaridad con los familiares y colegas del periodista Javier Ortega, el reportero gráfico Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra, trabajadores del diario ecuatoriano El Comercio, recientemente asesinados en cumplimiento de su misión periodística.

En su condición de iniciativa académica, que promueve espacios y actividades a favor del ejercicio libre de la prensa por parte de los periodistas en formación, la Red Colombiana de Periodismo Universitario reclama de los estados colombiano y ecuatoriano la garantía plena de las condiciones que permitan, por parte de la prensa, el conocimiento y la comprensión de los complejos acontecimientos que se presentan en la frontera entre ambos países.

Tal como lo han demandado los medios integrantes de la Sociedad Interamericana de Prensa, en su más reciente reunión en Medellín, la Red hace votos para que se garantice la labor conjunta de la prensa colombiana y ecuatoriana para informar sobre la situación que se vive en esa región.

Capítulo Antioquia

ISSN 16572556 Número 89 Abril de 2018

A los miembros de la Red, como formadores de periodistas, nos preocupa que estas situaciones de violencia ensombrecen el panorama para el libre y juicioso desempeño del periodismo.

Los medios de prensa que hacen parte de la Red, pertenecientes a 24 universidades en Colombia, trabajaremos en afianzar los lazos de colaboración en favor de la comprensión de estos retos. Extendemos la invitación a los colegas ecuatorianos a colaborar en estos propósitos, ahora que el asesinato de los miembros del diario El Comercio nos llama a imponer la solidaridad más allá de las fronteras.

Abril 16 de 2018 Firman equipos de dirección de los medios adscritos a la Red de Periodismo Universitario:

Fotografía de Portada: Santiago Rodríguez Álvarez Diseño de Portada: Karen Parrado Beltrán

No. 89 Medellín, abril de 2018

Unimedios Universidad Santiago de Cali Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín) Contexto Agencia Central de Noticias (ACN) Universidad Central Uniminuto: Datéate al minuto Corporación Universitaria Minuto de Dios (sede principal) Programa de Comunicación Social Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN Estación V - Revista Plataforma Universidad Pontifica Bolivariana (Bucaramanga) Unidad de Investigación Periodística Universidad Politécnico Grancolombiano Unisabana Medios Facultad de Comunicación Universidad de La Sabana

Periódico Página Escuela de Comunicación Social y Periodismo Universidad de Manizales Periódico 15 Programa de Comunicación Social Universidad Autónoma de Bucaramanga Revista digital Dosis Programa Comunicación Audiovisusl y Digital Fundación Universitaria del Área Andina, seccional Pereira Periódico UniDiario Escuela de Comunicación Social y Periodismo Universidad de Manizales El Anzuelo Medios Programa de Comunicación Social y Periodismo Universidad de Ibagué Expresión Programa de Comunicación Social-Periodismo Universidad Católica de Pereira

Revista Ciudad Vaga Escuela de Comunicación Social Universidad del Valle Asociación Cultural Periódico Nexos Universidad Eafit UM Central Universidad de Manizales Revista Un Pretexto Universidad de Boyacá Laboratorio De la Urbe Universidad de Antioquia Revista Pasá La Voz Pontificia Universidad Javeriana (Cali) Revista Bitácora Universidad Eafit Medios Universitarios Programa de Comunicación Social Universidad Católica Luis Amigó (Medellín)

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

6 Investigación

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#LascuentasdeFico

Juan David Ortiz Franco Profesor de Periodismo david.ortiz@udea.edu.co

E

l primer trino de la mayoría de los perfiles es alguna frase célebre o un mensaje de superación. Casi todos coinciden en que su fecha de creación es julio de 2017, se siguen entre sí y durante sus primeras semanas se dedicaron a reproducir publicaciones de otros usuarios.

Tienen otros aspectos en común: son cuentas de Twitter falsas dedicadas a intervenir en política y fueron creadas por el equipo de redes sociales de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín.

De la Urbe conoció parte de la lista de ese entramado de perfiles falsos detrás de los cuales está Mateo Gómez Vahos, estratega de redes sociales del alcalde Federico Gutiérrez. Gómez es un joven tecnólogo en Análisis y Sistemas de Información del Sena, nació el 26 de abril de 1991 y trabajó en las campañas de Gutiérrez a la Alcaldía de Medellín en 2011 y 2015. Ha sido el estratega de sus redes personales y, desde 2016, es contratista de la administración municipal.

En un encuentro sobre gobierno digital convocado por el Idea, Gómez destacó como uno de sus logros que para el momento en el que empezó a trabajar con Gutiérrez, junio de 2011, el hoy alcalde tenía poco más de 2.200 seguidores en Twitter. En la actualidad, la misma cuenta, @FicoGutierrez, es seguida por más de 467 mil usuarios.

Entre marzo y diciembre de 2017, su contrato con la Alcaldía fue por valor de $38’512.873, con una asignación mensual de $3’929.885. Sus actividades fueron, entre otras, “desarrollar, obtener, preparar y publicar contenido audiovisual en las diferentes redes sociales de la Alcaldía de Medellín y/o del señor Alcalde [y] Brindar asistencia y apoyar la coordinación de la labor de acceder y monitorear permanentemente las diferentes redes sociales (…)”.

Fue durante la vigencia de ese contrato, en mayo de 2017, cuando Gómez Vahos les solicitó a siete personas, que junto a él integraban el equipo de redes sociales de la Secretaría de Comunicaciones, crear cada uno semanalmente cinco perfiles falsos en Facebook y Twitter. Serían en total 50 cuentas por cada contratista.

“Hubo un momento en que nadie los había entregado y, en una reunión, Teo dio un ultimátum para que cada uno le entregara por lo menos 25”, explica una de las personas de ese equipo. Así, contando los que él mismo crearía, serían 200 perfiles falsos. Según esa fuente, el objetivo, les dijo Gómez, era reportar otras cuentas falsas que estaban dedicadas a atacar la gestión de la administración municipal.

Aunque formalmente no es el jefe de ese equipo, varias fuentes de la Secretaría de Comunicaciones coinciden en que su cercanía con el alcalde Gutiérrez lo ha posicionado como el encargado de tomar las decisiones. “Teo es el que manda allá”, dijo una persona que asiste al consejo de redacción semanal en donde se reúnen los encargados de comunicaciones de las secretarías de despacho.

Fue él, además, quien estructuró la actual estrategia de redes sociales de la Alcaldía. En el caso de Twitter, el cambio que propuso, aprobado por el alcalde Gutiérrez e implementado en 2017, implicó la desaparición de

No. 89 Medellín, abril de 2018

Ilustración: Daniela Jiménez González

A mediados de 2017, el estratega de redes sociales del alcalde de Medellín ordenó a un equipo de la Secretaría de Comunicaciones crear cerca de 200 perfiles falsos en Twitter. Las cuentas defienden a Federico Gutiérrez, promueven las campañas del Centro Democrático y atacan a Gustavo Petro.

trinos arroja 39 resultados idénticos, pero todos publicados por diferentes cuentas.

las cuentas institucionales de la mayoría de las secretarías; asimismo, unificó las redes en un menor número de cuentas y su operación en el equipo de redes que él mismo conformó.

Los contratistas del equipo de redes sociales no recibieron instrucciones adicionales sobre el uso de las cuentas.

Su tarea culminó con la instrucción por parte de Gómez Vahos de registrar los datos de cada perfil en un documento compartido y administrado desde el correo electrónico unificación.redes@gmail.com.

Mateo Gómez Vahos trabaja con Federico Gutiérrez desde su primera campaña a la Alcaldía de Medellín. Ha sido el estratega de sus redes personales y, desde 2016, es contratista de la administración municipal.

Ataques a concejales y defensa a Uribe En agosto de 2015, Gómez Vahos publicó en un blog de El Espectador una columna de opinión en la que se refería al papel de internet y las redes sociales en la política contemporánea. Planteaba una asociación entre la legalidad y la transparencia en la política y en el uso de redes. En concreto, cuestionaba el uso de perfiles falsos para impulsar campañas, aunque al mismo tiempo ofrecía en su texto lo que llamó “un consejo para los políticos”: “No hay que temer a los fakes, es mejor dejarlos que existan, son validadores de lo bueno que se hace”.

Esos “validadores” que dos años después ordenó crear tuvieron unos primeros meses sin mucha actividad. De forma esporádica, alguno de esos usuarios hacía una mención a los perfiles de varios concejales de Medellín. Entre finales de septiembre y principios de octubre de 2017, se enfilaron en contra de la concejala del Polo Democrático Luz María

Múnera. Según explica la concejala, los ataques empezaron en el contexto de los acercamientos entre Jorge Enrique Robledo, Claudia López y Sergio Fajardo para elegir un candidato presidencial en coalición. La llamaron “oportunista” e impusieron la etiqueta #Fajardistacamuflada.

Entre otros señalamientos, aseguraron que apoyaría a Fajardo para cuidar el cargo de su esposo en UNE. Una de las cuentas insinuó que se trataba de un alto directivo de esa empresa de propiedad compartida entre la multinacional Millicom y el Grupo EPM. En realidad Aldemar González, esposo de Múnera, trabaja en el área de telefonía y comunicaciones de EPM hace 36 años. Su salario, para el momento de los señalamientos en Twitter, no alcanzaba los dos millones de pesos.

Además, la concejala ha sido una de las voces más críticas de su partido en contra de esa alianza con Fajardo.

Algo similar ocurrió una semana después de los ataques a Múnera. En medio del escándalo por una intervención del concejal del Centro Democrático Santiago Jaramillo, quien en una sesión sobre arte y cultura habló de su perrita y de su “rincón uribista”, denunció amenazas y repartió insultos. Pocos días después agredió a un periodista en el edifico del Concejo y luego terminaría por afirmar que el expresidente Álvaro Uribe es el “principal obstáculo para la paz”. La actuación del concejal le costó la expulsión de su partido, mientras que el mismo ejército de falsas cuentas hacía circular la etiqueta #SantiElLocodelCD. Pese a su participación en esas controversias, en el segundo semestre de 2017 los perfiles podían pasar semanas enteras inactivos; pero un día, de repente, compartían noticias de cualquier medio de comunicación o trinos de otros usuarios. Sin embargo, sus temas se transformaron en febrero de 2018. A un mes de las elecciones legislativas y de las consultas del 11 de marzo, la mayoría de sus publicaciones se involucraron en la agenda política y el debate electoral.

Primero, se concentraron en la discusión entre el expresidente Álvaro Uribe y el periodista Daniel Coronell por una columna publicada en la revista Semana el 11 de febrero. Coronell reveló un correo del extraditado jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, a la investigadora María McFarland.

Afirmaba que la muerte en 2006 de Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno de Antioquia durante la administración de Uribe Vélez, fue consecuencia de un saboteo, ordenado por el mismo Uribe, al helicóptero en el que viajaba.

Los perfiles de Twitter se pusieron en acción con la etiqueta #ApoyoaUribe y se dedicaron a publicar las réplicas del expresidente sobre la columna de Coronell. Lo mismo hicieron menos de una semana después: el 17 de febrero la Corte Suprema de Justicia ordenó, con base en varias interceptaciones telefónicas, investigar a Uribe por manipulación de testigos en contra del senador Iván Cepeda Castro. Ese tribunal invirtió los papeles de una investigación iniciada contra Cepeda, por solicitud del exmandatario, y Uribe pasó de acusador a acusado. Entre tanto, los falsos perfiles de Twitter de la Alcaldía se pusieron, de nuevo, al frente de la defensa de Uribe y calificaron el caso como una persecución.

Solo la cuenta de ‘Celeste Henao’ (@HenaoCelesteh2) publicó el 18 de febrero 33 trinos con la etiqueta #CreoenUribe y, de paso, empezó su incursión en la campaña invitando a votar al Senado por el expresidente. Una búsqueda en Twitter con la redacción exacta de uno de sus

El negocio de los fakes En febrero de 2018, Rodolfo Correa, abogado y exsecretario de Productividad de la Gobernación de Antioquia, dijo en un programa del canal Cosmovisión, a modo de “primicia”, que Gustavo Petro tenía en Bogotá una bodega en la que 300 personas se dedicaban a promover su campaña en Twitter usando cuentas falsas. No mostró ninguna prueba y sus comentarios se transformaron en una burla en las redes sociales. Incluso, los seguidores del candidato acuñaron la etiqueta #LabodegadePetro en sus publicaciones.

Aunque la idea de la bodega es por lo menos una exageración, a finales de enero la firma de seguridad informática Adalid y la empresa Loor, una agencia de comunicaciones y relaciones públicas enfocada en la reputación de marca, presentaron los resultados de una investigación en la que identificaron el porcentaje de seguidores falsos en redes sociales de los aspirantes a la Presidencia de la República. El primer lugar en seguidores falsos se lo llevó Petro, con un 40% de perfiles sospechosos. El mejor parado en ese estudio fue Humberto de la Calle, con un 2%.

Esa es la expresión en Colombia de un fenómeno mucho mayor que involucra no solo a personalidades de la política, sino a artistas, celebridades, periodistas y líderes de opinión en todo el mundo. El esquema es simple: a mayor número de seguidores, mayor influencia en las redes.

Muchos están dispuestos a pagar por paquetes de falsos perfiles que se encarguen de posicionar sus nombres, impulsar su imagen o atacar a sus contradictores. Entre tanto, el mercado de internet tiene una oferta acorde con esas necesidades. Un rastreo rápido en la red arroja servicios de personas y empresas que desde 10 euros, poco más de 30 mil pesos, ofrecen paquetes de 1.000 seguidores en Twitter.

En abril de 2017, Jack Dorsey, uno de los fundadores de Twitter, reconoció que detrás del 5% (más de 16 millones de usuarios) de las cuentas activas en esa red no estaba una persona real, sino que se trataba de bots; es decir, sistemas automatizados para publicar e interactuar. Sin embargo, en enero de 2018 una investigación de The New York Times indicó que esa cifra podría ascender a los 40 millones de usuarios.

Ese panorama demuestra que la existencia de cuentas falsas no es una novedad en las redes sociales y que la práctica de obtener seguidores por paquetes se ha extendido en el mundo del marketing electoral; pero otra cosa es el uso de recursos públicos para crear un ejército de falsos usuarios al servicio de intereses políticos. ¿Una actriz muerta haciendo campaña al Congreso?

Otra de las coincidencias entre las cuentas falsas creadas por la Alcaldía de Medellín es que las fotografías de los supuestos usuarios existían en internet mucho antes de la fecha de creación de los perfiles. En el de ‘Aaron López’, por ejemplo, los rasgos del hombre que aparece en la fotografía y los intereses que expresan sus trinos son de difícil asociación: la imagen sí corresponde a un Aaron, pero a Aaron Tveit, un actor estadounidense que tuvo apariciones esporádicas en la serie Gossip Girl y cuya única relación aparente con Colombia es que también actuó en un capítulo de Ugly Betty, la versión estadounidense de Yo soy Betty, la fea.

Pese a la distancia entre el hombre de la foto y la política colombiana, el 22 de febrero la cuenta @Aaronlopez892 publicó ocho trinos intercalando las etiquetas #Petrodictador y #Petromentiroso. Así defendía la postura del alcalde Gutiérrez en el enfrentamiento que sostuvo con el candidato presidencial Gustavo Petro. Uno de sus trinos citaba un comunicado de la Alcaldía de Medellín.

85 cuentas publicaron exactamente el mismo trino.

La labor de ‘Daniela’ parecía haber terminado justo el día de elecciones. Ese 11 de marzo, en el último trino desde su cuenta en varias semanas, citaba una publicación del alcalde Gutiérrez y acusaba a la Registraduría de fraude por la falta de tarjetones para votar en la consulta en la que resultó elegido Iván Duque como candidato presidencial. Pocas horas después, en la madrugada del 12 de marzo y cuando recién se definía la conformación del nuevo Congreso, Mateo Gómez Vahos, el estratega digital de Gutiérrez, publicó una fotografía en su cuenta personal en Instagram en la que aparece con un computador y un celular, junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Dos personas más aparecen cubiertas con una bandera. “Gran reto, mucho aprendizaje. Meta cumplida”, escribió en el mensaje que acompaña la foto.

Ese día Petro visitó Medellín y, antes de su aparición en plaza pública, aseguró que la Alcaldía le había impedido hacer una concentración política en el sector de Carabobo Norte. Dijo que “con o sin permiso” estaría allí junto a sus seguidores. El alcalde respondió que la convocatoria de Petro no correspondía solo a una concentración política, sino a un evento público masivo, con tarima y sonido a bordo, y que para ello su campaña no había solicitado las autorizaciones necesarias. Gutiérrez responsabilizó a Petro de cualquier alteración en el orden público.

Entre las falsas cuentas que apoyaron al alcalde en ese episodio está también ‘Daniela Pérez’, quien publicó nueve trinos con las mismas etiquetas usadas por ‘Aaron López’ y por decenas de cuentas más de idénticas características.

Su foto corresponde, en realidad, a la de la bailarina y actriz brasileña Daniella Ferrante Perez Gazolla, asesinada en 1992, a sus 22 años, por un actor con quien compartía set en la que era, en ese momento, la telenovela más vista en Brasil. La cuenta @Daniperez245, que hace parte de la lista de falsos perfiles creados en la Alcaldía de Medellín, ha sido utilizada, sobre todo, para defender la gestión de la administración municipal y promover las candidaturas del Centro Democrático.

“No tengo conocimiento de esas cuentas” Se mantuvo inactiva desde el 11 de marzo, pero el pasado 16 de abril, apenas unos minutos después de que De la Urbe remitió a Mateo Gómez Vahos y al secretario de Comunicaciones, Jorge González, dos cuestionarios sobre este caso, la cuenta de ‘Daniela Pérez’ volvió a trinar: “Independiente y con ideales muy profundos ... si no le gusta .. no me sigua... ¡Nos leemos luego!” (sic). Lo mismo ocurrió con otras cuentas que después de más de un mes volvieron a publicar el mismo día del envío de las preguntas.

Más allá de esa coincidencia, Gómez Vahos asegura que no es cierto que haya solicitado la creación de cuentas falsas: “No tengo conocimiento de esas cuentas”, afirma.

Y a la pregunta sobre si esa estrategia está avalada por la Alcaldía de Medellín entre sus protocolos de comunicación, insiste en que “no se usan este tipo de perfiles”.

En cuanto a su relación con el Centro Democrático, Gómez asegura que su vinculación con esa colectividad fue solo a través de “una asesoría en marzo en diferentes temas digitales: desarrollo de contenidos, tendencias, usabilidad, insights. Crear identidad digital en los canales. No tengo ningún vínculo contractual, tengo varios amigos”.

Mauricio González, coordinador nacional de Estrategia y Comunicaciones del Centro Democrático, le dijo a De la Urbe que “el señor Mateo Gómez Vahos asesoró al Partido en la estrategia digital para la campaña institucional de Centro Democrático desde 1 al 11 de marzo de 2018. Las actividades que realizó fueron: diseñar post para redes sociales (Instagram, Twitter y Facebook) Verificar la cantidad y la calidad de los post [y] asesorar y focalizar la pauta en redes sociales institucionales”.

Por su parte, Jorge González, secretario de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, aseguró que “no se usan perfiles falsos. La información que se entrega solo es institucional y a través de las cuentas oficiales de la Alcaldía”. Agregó que el uso de ese tipo de estrategias no está avalado “bajo ningún concepto”.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

8 Portada

Universidad

n e n la P l e d a ic n á c e m La

Mano a mano; voluntad por voluntad La expedición de normas como la Ley 388 de 1997, que establece los parámetros del urbanismo moderno en Colombia, y el primer Plan de Ordenamiento Territorial que tuvo Medellín en 1999, propició la aparición del Plan Parcial de Renovación Urbana de Naranjal. Desde entonces, el Plan se ha movido según las voluntades políticas y los intereses de las administraciones municipales, que cambian cada cuatro años.

Según David Ocampo, experto en urbanismo, este tipo de planes “lo que buscan es tumbar lo que hay para generar estructuras nuevas, imponentes y modernas, que permitan la llegada de otro tipo de habitantes al barrio”. En este proceso, asegura, no se lleva mucho control, pues el Estado les ha delegado esta tarea a particulares a quienes poco o nada les interesa el bienestar común. Por eso, explica el experto, la comunidad intervenida termina siendo la más perjudicada.

Federico Aguilar advierte que durante la administración de Juan Gómez Martínez (1998-2000), cuando se comenzó a hablar del Plan, se pactó con el alcalde “no realizar nada en contra ni a escondidas de la gente”. Según Aguilar, con previa consulta a la ciudadanía, se acordó en aquellos años que los primeros reubicados serían los propietarios de los talleres mecánicos, y que hasta que no terminara esta primera etapa no seguirían con las demás, que involucraban a otras unidades comerciales y residentes del barrio.

Por su parte, Rodrigo Gómez, comerciante, comenta que cuando los constructores se dieron cuenta de que tenían responsabilidades con la reubicación de los talleres, desistieron de sus ambiciones y el proyecto se estancó un tiempo. Luego, la administración de Luis Pérez (2001-2003) no mostró mucho interés por retomar las intervenciones en Naranjal.

Casi una década más tarde, mediante el Decreto 1309 de 2009, durante la alcaldía de Alonso Salazar, se incluyeron algunas modificaciones en el documento del 2000 y un año antes de que expirara el proyecto, volvió a dársele vida hasta 2019. Este decreto es el que actualmente está vigente y muchos habitantes del barrio coinciden en que la modificación más importante introducida es la que garantiza que los todos los habitantes y quienes desarrollan sus actividades económicas en el sector sean reubicados allí mismo, luego de ejecutarse el Plan de Renovación.

“El 1309 dice que van a existir viviendas de interés social en todas las unidades intervenidas. Nosotros le exigimos a la administración que cumpla el Decreto como está plasmado en el papel porque ese documento fue construido en concertación y a nosotros nos parece que si se cumple, todo puede salir muy bien”, declara Nancy Maya, directora de la Corporación para el Desarrollo de Naranjal (Cornaranjal), una entidad que nació en mayo de 2007 y que vela por los intereses de los comerciantes del barrio.

En 2014, ante varios incumplimientos, sobre todo en temas de la reubicación en el mismo sector y en la compensación en la compra de predios, la comunidad impulsó una Acción Popular para que fueran respetados sus derechos al

No. 89 Medellín, abril de 2018

De reubicados a desplazados El Caracol es un terreno ubicado al costado sur de la Terminal de Transporte del Norte, que en su momento perteneció a la Secretaría de Tránsito y cuyo propietario actualmente es Empresas Varias de Medellín. Allí, en octubre de 2013, llegaron cerca de 23 comerciantes, entre mecánicos de vehículos pesados, livianos y tenderos, que fueron reubicados por la EDU para darle continuidad al Plan Parcial de Renovación Urbana de Naranjal.

“Hemos pasado de ser reubicados a desplazados”, dice Gildardo Cardona, mecánico, la primera persona en ser reubicada. Más que por voluntad, Cardona llegó a El Caracol porque un incendio consumió su taller. Aunque manifiesta que su experiencia fue positiva porque tuvo buena clientela en su nueva ubicación, acepta que otros de sus colegas no corrieron con la misma suerte por la falta de voluntad de la EDU para adecuar las condiciones del lugar.

En varias oportunidades, los comerciantes pidieron que se abriera una entrada más visible sobre la Autopista Norte o que se interviniera el entorno; pero nada de esto pasó. Incluso, en algunos operativos, la Secretaría de Salud cerró locales por no cumplir con normas sanitarias.

Pese a las dificultades, durante estos años los comerciantes reubicados y la EDU mantuvieron una actitud de diálogo y conciliación para buscar un lugar al cual llegar cuando se cumpliera el plazo en El Caracol. A mediados de diciembre, sin embargo, fueron citados a una reunión en la que les informaron a los 16 comerciantes que aún permanecían en el sector que estarían allí hasta el 31 de diciembre y que recibirían como indemnización 8 millones de pesos.

Ante la noticia, Cardona y otros comerciantes decidieron volver a Naranjal. No obstante, ahora se enfrentan a otros problemas que van más allá de empezar de nuevo con sus negoEl orige n d e u n barrio cios o conseguir clientela. La situación ahora se trata de cuándo y en dónde serán Hasta bien entrado el siglo XX, la actual Comuna reubicados. Según el subgerente de Ope11 de Medellín era una zona casi deshabitada. ración Urbana e Inmobiliaria de la EDU, Un hombre llamado José Domingo Garcés Naranjo, terrateniente, cuyas propiedades llegaron esa entidad no puede hacer nada por estos a ser más de 300, muchas de ellas cacharrerías, comerciantes hasta que no se construya el era el único dueño de aquellas 21 hectáreas; lo Centro de Oficios que ordena el fallo de la que hoy es Naranjal. A pesar de no tener desAcción Popular y que también especifica cendencia, sus sobrinos y los hijos de ellos fueel documento del Plan Parcial. ron los primeros habitantes del sector y quienes se encargaron de darle forma.

Entre los años 60 y 70, Barrio Triste, la tradicional zona de talleres mecánicos de la ciudad, llegó a su límite. Fue entonces cuando muchos comerciantes que querían montar sus negocios miraron hacia el frente, al costado occidental del Río Medellín. Así se consolidó la actividad comercial de Naranjal.

De los cerca de 500 predios que tiene el barrio, 350 son establecimientos comerciales y solo 150 son viviendas. Los talleres de mecánica automotriz, pesada y liviana, y los negocios conexos como restaurantes o tiendas, representan el 70% de su actividad económica.

El futuro de Naranjal Para el urbanista Ocampo, los planes parciales en Medellín han funcionado bajo dos lógicas que destruyen en muchas ocasiones los proyectos de vida y las relaciones vecinales de comerciantes y moradores de los sectores intervenidos. Por un lado, está la idea de que “nada funciona, todo está malo y hay que hacerlo de nuevo”; por el otro, se viene aplicando “un modelo arbitrario de limpieza urbana” en el que se quiere vender la ciudad al mundo como un espacio ordenado, moderno y limpio.

Si bien el Decreto 1309, asegura la comunidad, tiene una mejor versión que la del año 2000, aún tiene dificultades como la reubicación de personas y negocios del barrio en otros sectores de la ciudad y todavía no reconoce a muchos de los habitantes que el proyecto ha dejado por fuera.

Respecto a este último punto, Gladys Toro, trabajadora social de la EDU, manifiesta que el censo de inclusión de estos proyectos se ha ajustado y por ello se pasó de 107 a 162 incluidos en vivienda, de 99 a 198 en talleres de vehículos livianos, de 75 a 100 en talleres de vehículos pesados y de 11 a 15 en reciclaje.

“Valoramos mucho el papel de la comunidad, especialmente en el tema del censo de los habitantes del barrio, donde hemos incluido a mucha gente que en una primera instancia había quedado por fuera. A riesgo, tomamos la decisión de volver a realizar el proceso, aunque significara mayores cargas”, declara Toro.

Mientras tanto, comerciantes y habitantes de Naranjal siguen sin ver un futuro claro. Lo único seguro es que la construcción de proyectos inmobiliarios en dos de las cinco unidades de actuación sigue avanzando, y en las otras tres unidades la negociación de predios continúa. Ante la inminente renovación del proyecto por lo menos por diez años más, muchos habitantes siguen pidiendo, ante todo, participación.

“La renovación del barrio es necesaria e inevitable; sin embargo, no entendemos cómo nosotros no vamos a ser partícipes de proyectos tan grandes y rentables como los que se están construyendo, —concluye Federico Aguilar—. Queremos que nos repartan un pedazo justo de la torta que nos garantice una vivienda y trabajos justos, y aquí mismo porque en Naranjal estamos y en Naranjal nos quedamos”.

Muchos agradecimientos, por supuesto”: John Jairo Arboleda Elisa Castrillón Palacio / castrillonelisa@gmail.com Alejandra Vanegas Bonilla / mariaa.vanegas@udea.edu.co Estudiantes de Periodismo

E

l 9 de abril, el médico veterinario John Jairo Arboleda Céspedes asumió como rector de la Universidad de Antioquia para el periodo 20182021. Su aspiración no fue una novedad: desde la elección de Mauricio Alviar en 2015, Arboleda se perfilaba como el candidato del sector liderado por el exrector Alberto Uribe Correa para retomar la Rectoría en 2018.

Arboleda está vinculado con la U. de A. desde 1994 como profesor y ha asumido diferentes cargos directivos en la administración central; todos ellos durante la administración de Uribe Correa. Su campaña, le dijo a De la Urbe en febrero, costó $200.000 que pagó por unos plegables: “Siempre recurro al cara a cara y a los canales que la institución dispone. Todo lo demás es conversar con la gente, acercarnos a ella, conocerla, generar confianza y eso no vale plata”. Esta vez habló del proceso que llevó a su elección, la conformación de su equipo, el ambiente político que lo rodea y de la influencia del exrector Alberto Uribe.

El Consejo Superior Universitario (CSU) votó por usted de manera unánime. ¿A qué atribuye esta decisión?

Creo que hubo un respaldo a los resultados de la consulta, pero es pura especulación. Lo que sí tengo claro es que es un enorme honor tener ese respaldo; eso legitima el nombre, la propuesta y la trayectoria que he tenido en la Universidad.

¿Por qué decidió ser rector?

Es imposible desligarme de mi trayectoria. Uno logra entender la importancia de ser rector de una institución como esta cuando ha podido conocerla en los diferentes niveles de decisión. Esta es la mejor forma de retribuir a la Universidad todo lo que hizo por mí, porque existen las ganas y la formación.

¿Cómo y quién lo ayudó a llegar a la Rectoría?

Muchas personas por fuera y un grupo cercano de personas universitarias con el que estamos tratando de acertar. Yo sé que no digo mucho, pero revelar nombres no es importante. Hay gente de adentro que tiene, en términos generales, mi misma visión de la Universidad.

Fotografías: Departamento de Información y Prensa U. de A.

L

os días en el barrio Naranjal transcurren entre grasa, reciclaje, volquetas, herramientas en el piso y carros en mantenimiento a lado y lado de las calles. En algunos rincones, se ven casas construidas con palos, plásticos y algunos materiales reciclables.

La vocación hacia oficios como la mecánica y el reciclaje hicieron que Naranjal no tuviera un desarrollo urbano similar al de otros sectores de la comuna 11: Estadio, Laureles, San Joaquín o Los Colores. Por eso, desde el año 2000, en este barrio aledaño a la estación Suramericana del Metro, se habla de un Plan de Renovación Urbana, cuyo propósito es reemplazar las antiguas fachadas de casas y talleres mecánicos, así como sus acabadas calles, por estructuras modernas que puedan producir mayores réditos económicos.

La iniciativa de ‘modernizar’ el barrio con llamativos proyectos inmobiliarios y comerciales no incomoda a sus habitantes. Sin embargo, siempre han exigido que lo planeado y lo ejecutado cuente con su participación y que ellos no sean desplazados de su territorio. “Nosotros no nos oponemos al progreso. Sabemos los intereses y la cantidad de dinero que se mueve en esta intervención, pero lo que queremos es que nos tengan en cuenta. Que si nos van a sacar de nuestras casas y nuestros negocios, nos den una justa compensación y que nos reubiquen aquí mismo. Queremos ser partícipes y beneficiarios del progreso; no víctimas de él”, argumenta Federico Aguilar, habitante y uno de los líderes sociales de Naranjal.

trabajo y a la vivienda. Tres años después, a finales de octubre de 2017, el Juzgado 28 Administrativo de Medellín falló a favor de la comunidad ordenando, según el censo elaborado por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), la construcción de 162 viviendas de interés social (VIS) y prioritario (VIP), así como un centro de reparación de vehículos livianos para los más de 200 habitantes antiguos del barrio, que tuvieron que salir del sector al iniciarse el Plan Parcial de Renovación.

Pero lo que parece bueno para unos, para otros no lo es.

Según Andrés Uribe, subgerente de Operación Urbana e Inmobiliaria de la EDU, el mismo fallo de la acción popular ha retrasado el proceso de negociación de predios y eventual inicio de los proyectos inmobiliarios en cada uno de los cinco sectores para intervenir que tiene el Plan, que en total contará con 1.500 apartamentos. “Aunque ya hay dos unidades que están en proceso de construcción, la Acción Popular nos tiene un poco enredados porque nos está restringiendo lo que podemos hacer.

Hay intervenciones y negociaciones de predios que ya habíamos acordado con los líderes y con la comunidad que hoy legalmente no podríamos hacer por este fallo. Ahora, estamos esperando su resultado en segunda instancia”, explica Uribe.

Fotografía: Santiago Rodríguez Álvarez

Danilo Arias Henao Estudiante de Periodismo danilo.arias@udea.edu.co

Desde su formulación, en el año 2000, el Plan de Renovación Urbana del barrio Naranjal se ha enfrentado a cambios en las voluntades políticas. Casi dos décadas después, las promesas no se materializan y aún tienen en vilo a la comunidad.

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¿Durante su campaña hizo promesas administrativas o de puestos a alguna persona en la Universidad?

No tengo compromisos con nadie. Muchos agradecimientos, por supuesto, porque esto no es una labor de una sola persona, pero de allí a tener compromisos, no, con ninguno de los integrantes del Consejo Superior. Lo único que he recibido de parte de ellos es su respaldo, sus voces de aliento y los mejores deseos de que nos vaya muy bien, porque si me va bien, le va bien a la Universidad y le va bien a la sociedad.

versidad, pero él ya hizo lo que tenía que hacer y yo en este momento soy el que está encargado del asunto. Siempre serán valiosos los consejos y las conversaciones, pero quien finalmente toma las decisiones es el rector, y en este caso soy yo. ¿Qué le gustaría retomar del periodo de Uribe Correa?

El sentido humanitario de la administración universitaria me gusta, me suena, hace parte de mi ser. Mantener la Universidad en los primeros lugares de los criterios de evaluación de la sociedad. Me gusta que la Universidad siga siendo una presencia institucional fundamental para la sociedad, hay que defender la universidad pública. Creo también que es absolutamente necesario mantener el factor de la equidad. ¿Hay capital humano, propuestas, ideas o proyectos de la administración del rector saliente, Mauricio Alviar, que podría tener en cuenta?

Yo estuve en la administración de Alberto Uribe durante muchos años. Después de que Mauricio Alviar asumió la Rectoría, un grupo de directivos decidimos regresar a nuestras facultades a los que somos: profesores. Dejamos de lado la administración que estaba en otras realidades. Me alejé mental y físicamente de todo y dejamos que las personas que estaban hicieran las cosas de acuerdo a su criterio. Por esto desconozco mucho de los cargos intermedios, pero yo sé que hay una estructura administrativa que es la que tiene la memoria de los procesos de la Universidad y es muy estable.

“Yo no estuve ahí y no sé cómo fue ese proceso de designación, pero quiero pensar que fue un proceso transparente y no he escuchado ningún comentario distinto”.

En la Universidad está muy claro el nivel de cercanía entre usted y el exrector Alberto Uribe Correa, ¿qué influencia tuvo él en la construcción de su candidatura y en su elección?

Yo siempre he dicho que soy amigo del doctor Alberto Uribe.

Me siento muy orgulloso de contar con su amistad.

Mi carrera administrativa, la mayor parte del tiempo, ha sido al lado de él.

Creo que hizo una excelente administración en la que tuve la enorme fortuna de participar y aprendí mucho de lo que es la administración de la universidad pública. Dentro de ese mismo marco de relacionamiento, tenemos muy claro que él es un ser humano autónomo e independiente y yo soy otro ser humano autónomo e independiente.

Compartimos muchos asuntos del deber ser de la Uni-

¿Cómo es su relación con el gobernador Luis Pérez?

Respetuosa. Es la primera autoridad política en el departamento y el presidente del Consejo Superior Universitario. Con él hay que tener buenas relaciones por lo que representa, por lo que es y por esas decisiones que tienen que ver directamente con la Universidad. El gobernador ha sido muy respetuoso, y yo encuentro en eso una enorme consideración por la importancia de la Universidad. ¿Cree usted que el gobernador tuvo alguna influencia en los votos de los demás miembros del CSU? No sé. Lo que sé es que en la democracia representativa, el voto de un gobernador vale lo mismo que el voto de un representante estudiantil, si lo tuviéramos. Conozco el talante de los representantes de cada estamento y siempre toman decisiones que son muy a su voluntad. Yo no estuve ahí y no sé cómo fue ese proceso de designación, pero quiero pensar que fue un proceso transparente y no he escuchado ningún comentario distinto. ¿Qué puede esperar la Universidad de usted?

Una relación muy cercana, un compromiso irrenunciable a mantenerla como pública y un acercamiento a las comunidades más necesitadas como es el deber ser desde lo público. Creo que una universidad pública es un imperativo social dentro de un país tan desigual. ¿Reelección o no reelección?

Decidí conscientemente postularme al cargo de rector bajo los estatutos de esta universidad y bajo la reglamentación de la Ley 30, que permite la reelección. Me debo enfocar estos tres años en hacer bien la tarea, y, si no alcanza el tiempo, pensar en qué tan necesario es un segundo periodo.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

10 InfogrĂĄfico

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Especial salud mental

¿Esto es una enfermedad?

Una lucha más:

contra el sistema de salud

El 9,6% de los colombianos entre 18 y 44 años dice padecer enfermedades mentales, según la última Encuesta Nacional de Salud Mental. Pero en el mundo, de acuerdo con datos de la OMS, solo el 1% del personal sanitario presta sus servicios en ese campo. Casi la mitad de la población mundial vive en países donde hay menos de un psiquiatra por cada 100 mil habitantes.

Agendas de citas que nunca están disponibles, esperas eternas en urgencias, filas para reclamar medicamentos… Una persona que sufre depresión u otro trastorno mental no solo debe aprender a vivir con sus recaídas, sino con un servicio de salud que no está preparado para atender la salud mental.

Andrea Acevedo Molina / kayra.acevedo@udea.edu.co Laura Herrera Ortega / laura.herrerao@udea.edu.co Natalia Hernández Berrío / natalia.hernandez5@udea.edu.co Estudiantes de Periodismo

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maniaco depresivo— dependen de las combinaciones y la intensidad de las fases depresivas y maniacas.

Son tres tipos, el tercero es el más complicado para el diagnóstico y tratamiento, explica el psiquiatra. No hay un patrón definido en las fases y se puede pasar de un estado a otro incluso en un mismo día.

Andrés Villegas Lanau, doctor en Neurociencias, docente e investigador del Grupo de Neurociencias de Antioquia, dice que estudios recientes asocian el TAB tipo III a enfermedades neurodegenerativas como demencia temprana y pérdidas de memoria espacio temporales.

Villegas recalca que es diferente una enfermedad psiquiátrica —no mental, aclara— que una neurodegenerativa en la que hay un daño directo del sistema nervioso.

Esto no implica que no se deban atender con cuidado las psiquiátricas o que no puedan tener consecuencias en el desempeño normal de las personas en su entorno.

Señala, además, que el suicidio es consecuencia de estas enfermedades y que se puede evitar.

Diego fue a consulta médica la primera vez por acidez y taquicardia, ambos síntomas tenían que ver con su salud mental. En la EPS, le hicieron estudios del corazón; pero como no le encontraron nada, no le hicieron nada.

Tras su primer intento de suicidio, buscó ayuda en Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia, donde adelantaba estudios de Filología.

Primero fue atendido por un psicólogo, quien, a su vez, lo remitió donde el psiquiatra de su EPS, pues necesitaba medicación para su tratamiento. El proceso fue difícil: empezó a recibir medicamentos en diferentes dosis para saber qué era lo mejor para su condición.

Algunos tenían efectos con los que se le dificultaba seguir sus actividades normales porque se sentía “atolondrado”.

Andrés Villegas y Alfredo de los Ríos coinciden en que es necesario acompañar las enfermedades mentales con tratamiento psicológico y psiquiátrico: el primero porque ayuda al individuo en la parte conductual, es decir, a recuperarse internamente para fortalecer relaciones con los demás. El segundo porque la medicación puede ayudar a estabilizar químicamente el cerebro. Sin embargo, muchas veces la principal barrera de acceso al tratamiento está en el sistema de salud.

En Colombia, la Ley 1616 de 2003 le garantiza el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la población colombiana mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental. La norma estipula que la salud mental es “un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción” y que le permite a los sujetos individuales y colectivos “desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, establecer relaciones significativas y contribuir a la comunidad”.

Periódicamente, la Alcaldía de Medellín publica boletines epidemiológicos que incluyen información sobre la salud mental en la ciudad. Sin embargo, la mayoría de ellos solo aportan las cifras de suicidios e intentos de suicidio, no precisan cuántas personas padecen estos trastornos y de qué tipos. El único dato que ayuda a dimensionar el tamaño de la problemática, más allá del suicidio, se desprende de uno de los boletines de 2015, según el cual en 2014 se

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Ilustración: Mauricio Franco

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a tenido tres intentos. No sabe si es fortuna o mala suerte, pero la muerte parece negarse a recibirlo.

Entre risas, recuerda la primera vez: cuando decidió ahorcarse, la rama del árbol se quebró. Buscó un método más silencioso. En el segundo intento, falló en la cantidad de píldoras ingeridas y estuvo dormido casi una semana sin que nadie se diera cuenta. El coctel de medicamentos que se preparó para la tercera era infalible, pero sus amigos lo encontraron a tiempo. Estuvo en coma una semana y quince días más en hospitalización.

“Soy como un diabético que depende de los medicamentos para vivir”, dice Diego*, politólogo de la Universidad Nacional, docente y estudiante de maestría en la Universidad de Antioquia. Acepta que a sus 29 años debe medicarse por una condición de salud que, aparentemente, no ataca su cuerpo, pero sí su mente y, en últimas, también puede llevarlo a la muerte.

La prevalencia de los trastornos mentales, dice la Organización Mundial de la Salud (OMS), no solo causa efectos considerables en la salud de las personas, sino graves consecuencias a nivel socioeconómico y en cuanto a derechos humanos en todos los países. Solo la depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y es la principal causa de discapacidad. 60 millones de personas más padecen Trastorno Afectivo Bipolar (TAB).

Existen muchos tipos de enfermedades mentales y se manifiestan de distintas formas. La OMS las define como “alteraciones del pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás”.

Estas enfermedades se agrupan dependiendo de sus síntomas. Hay trastornos del estado ánimo que afectan emocionalmente a las personas, ahí están la depresión y el TAB. Los trastornos de ansiedad están relacionados con el miedo y la inseguridad: las fobias, el trastorno de pánico y el obsesivo-compulsivo. Mientras que la esquizofrenia es el ejemplo más conocido de los trastornos psicóticos: el enfermo se separa de la realidad y tiene delirios. Hay trastornos ligados al consumo de alcohol y sustancias psicoactivas y, en otros, las personas se distancian de lo socialmente aceptado: el trastorno límite de personalidad o el antisocial de personalidad, por ejemplo.

Cualquier persona en cualquier momento de su vida puede padecer alguna de estas alteraciones. En Colombia, según la Encuesta Nacional de Salud Mental, realizada en 2015, un 4,7% de los niños de siete a once años presentó una enfermedad mental. El déficit de atención y el trastorno de ansiedad de separación fueron los más comunes. Según la misma encuesta, un 7,2% de los adolescentes y un 9,1% de los adultos del país padecen una enfermedad de este tipo. Las más afectadas son las mujeres, a excepción del TAB que padecen más los hombres.

Diego fue diagnosticado precisamente con TAB tipo II. Hasta ese momento, para él había sido completamente normal ser muy activo —en extremo—, pasar días de largo sin dormir, realizar varias actividades al tiempo como estudiar dos pregrados, hacer ejercicio, integrar varias agrupaciones de rock y, además, “pegarle fuerte a la fiesta”.

Después se enfrentaba a periodos en los que no quería ni siquiera salir de la cama.

Alfredo de los Ríos, psiquiatra, psicoterapeuta y docente jubilado de la Universidad de Antioquia, explica que los tipos en el TAB —anteriormente conocido como trastorno

Ana María Gómez Uribe / ana.gomez16@udea.edu.co Antonia Mejía Benjumea / antonia.mejia@udea.edu.co Ana María Trujillo / anam.trujillo@udea.edu.co María Paola Aristizábal Jaramillo / mpaola.aristizabal@udea.edu.co Estudiantes de Periodismo

registraron 162.899 consultas en instituciones de salud asociadas con trastornos mentales y del comportamiento.

En el caso de Diego, la dificultad radicaba en que se negó a la medicación y a la ayuda psiquiátrica y psicológica.

Desconoció su tratamiento y esto lo llevó a dos intentos de suicidio más. Los periodos de depresión eran los que más lo inquietaban. Tras fallar con el último coctel de medicamentos, tomó consciencia plena de su condición.

Ahora, asiste cada mes donde sus especialistas. Sabe que tiene periodos de hipomanía, en los cuales tiene cambios de humor, duerme poco y realiza varias actividades simultáneamente. Por lo menos una vez al año entra en una fase de depresión profunda y prolongada. Sabe que su cuerpo necesita el ácido valproico para compensarse y que las dosis pueden ir variando con el tratamiento. No consume drogas y evita el alcohol porque sabe que no son convenientes para su enfermedad.

De los Ríos dice que las personas se niegan muchas veces a recibir tratamiento porque asocian al psiquiatra con los locos y esa idea genera miedo. Pero la realidad está muy lejos de aquellos dementes que están en las películas o desnudos en la calle gritando o caminando amenazantes con un palo. Y sí, aclara el psiquiatra, hay pacientes que, en casos extremos, requieren ser internados para recibir tratamiento y así evitar que se hagan daño a sí mismos o a otras personas. La mayoría, sin embargo, asiste a consulta por síndromes de ansiedad, angustia o melancolía que pueden parecer parte de la cotidianidad. Eso, dice el psiquiatra, es más común de lo que se cree. *Nombre cambiado por solicitud de la fuente.

Ponga de su parte, es que eso depende de usted”, me decían. Pero eso no es así, yo trato de estar bien, ¿quién quiere estar mal?, ¿cómo voy a querer estar triste y aburrida? Yo considero que he sido una persona alegre, pero hay momentos en los que me siento muy sola. Mis días cambian. Puede que no tenga ningún problema, solo estoy enferma.

Mi primer cuadro de depresión coincidió con el embarazo de mi segunda hija, en el 2000. Me sentía extraña, mal, pero yo sabía que el embarazo no era la causa; en realidad, tampoco sabía qué me pasaba. Una sensación de desasosiego, de tristeza y de desespero comenzó a ser habitual en mí.

Hace aproximadamente 17 años fue la primera vez que acudí a un médico de familia para consultar esos síntomas. Quería desahogarme, contarle a alguien que lo que me estaba pasando no era normal porque siempre he sido muy alegre y me gusta estar rodeada de gente. Estaba conociendo un lado de mí que no me gustaba y que hubiese preferido omitir de mi vida.

En la cita comencé a manifestar todos mis síntomas: estrés, dolor de cuello, tristeza y mucha tensión.

Cuando terminé de hablar, el médico me dijo que podría tratarse de un cuadro de depresión y me remitió a cita con un psiquiatra y un psicólogo. Desde ese momento, comencé a lidiar con esta enfermedad. O más bien, a aprender a vivir con ella. A veces me diagnostican con depresión severa y otras veces con bipolaridad; aún no veo la diferencia. Con ambas, me siento igual.

Melissa Aguirre, médica general de Coomeva Medicina Prepagada: La consulta general para pacientes psiquiátricos es un espacio de control. En promedio, un 25 % de las consultas son de personas con enfermedades mentales. De 14 pacientes que veo diarios, solo he tenido que remitir cinco en dos años y es porque llegan con su trastorno depresivo descompensado y con claras ideas suicidas.

Como no contamos con una ambulancia ni servicio de urgencias, entonces contactamos al 123 al servicio de ambulancia medicalizada para que procedan con la remisión y también para que provean sedación en caso de necesitarse. También sucede que el paciente debe ser remitido, pero no es agresivo ni necesita drogas; en este caso, se le explica a la familia a dónde debe llevarlo. Esto depende de la red de apoyo familiar, a veces no es buena y debemos reportar eso a la Secretaría de Salud para hacerle un seguimiento exhaustivo a ese paciente.

Al psiquiatra le dije lo mismo que al médico general.

Inmediatamente, me mandó medicamentos para la depresión. Los rechacé y, aunque me insistió, no acepté. Yo estaba embarazada, no quería que le pasara nada a mi bebé.

También acudí a un psicólogo. Esas citas no me sirvieron para nada más que para perder tiempo. El psicólogo me preguntaba bobadas sobre mi grupo familiar, mi vida, mi familia, mis pasatiempos y mis terapias para relajarme; no me decía nada más. A estas citas, fui muy poco. Sin embargo, con el pasar de las semanas comencé a sentirme mejor, mi inexplicable tristeza fue desapareciendo y seguí tranquila con mi embarazo. Este primer episodio de depresión me duró dos meses.

Marisol Ortega, psicóloga, especialista en Psicología Clínica:

médicos) y por eso en cada cita tenía psiquiatra y medicamentos diferentes. En el 2016, mis medicamentos pasaron a ser no POS, lo que significa que la EPS me los cubría, pero reclamarlos era complicado.

Ese año tuve una crisis nuevamente. El hecho de que mis medicamentos fueran no POS me estresaba bastante. Me deprimía nada más de pensar en todas las vueltas por hacer: autorizar la orden médica, llamar todos los días porque nunca había el medicamento, ir hasta seis o siete veces a reclamar una fórmula médica.

La solución era comprar los medicamentos y esperar el reembolso de la EPS; pero eso era peor.

Lo primero que se hace es un diagnóstico desde lo que llamamos salud mental positiva. Esto es, enfocarse en las capacidades y no en lo que no se tiene. Lo importante es rescatar lo que el paciente puede hacer por él mismo, así tenga una enfermedad mental. Hay algunos casos de depresiones mal tratadas porque no se identifican esos puntos problemáticos que pueden estar causándola y, desde el punto de vista relacional, siempre hay algo por hacer.

Lo siguiente es descartar que sea una afección orgánica, como una descompensación química o un desequilibrio hormonal. Para eso, se hacen algunos exámenes médicos y, si efectivamente los niveles están alterados, se puede optar por un tratamiento psiquiátrico acompañado con fármacos, aunque puede ser mucho más efectivo si se combina con uno psicológico y ambos se comunican.

Dentro del tratamiento psicológico se busca también fortalecer las relaciones con la familia. Para esto, a ellos se les enseña cómo vivir con alguien que tiene una afección mental. Hay que entender que algunas personas no tramitan sus problemas a través de la palabra y por eso se les puede sugerir que acuda a otro tipo de ayudas, desde las transpersonales, como tomas de Yagé, hasta la medicación.

Paola Gutiérrez, médica psiquiatra. Ha trabajado en el Hospital Mental de Antioquia y en varias instituciones de urgencias psiquiátricas:

Del 2000 al 2009, no estuve en tratamiento. Acudía de vez en cuando a citas con el psiquiatra y el psicólogo, y solo cuando me sentía mal tomaba medicamentos. En el 2009, la enfermedad me golpeó con más dureza. Tanto así que por primera vez en mi vida tuve que ir a urgencias en una institución de salud mental. Ahí esperé mucho tiempo para ser atendida y me dijeron que llamara a un familiar. Yo llamé a mi hermana y a ella le pidieron autorización para que me internaran.

Me acuerdo que ese sitio tenía gimnasio y lugares para la integración. Pero integrarse era casi que una amenaza porque de eso dependía ser dado de alta o permanecer allá.

Fui dada de alta a los dos días. No sé cómo, pero al salir me sentí mucho mejor, y desde ahí comencé un tratamiento con un psiquiatra que me medicaba. Estuve muy juiciosa en el tratamiento desde el 2009 hasta el 2016.

En esos siete años, mis medicamentos eran del Plan Obligatorio de Salud (POS), me los cubría la EPS (Entidad Promotora de Salud) y eran fáciles de reclamar. Sin embargo, una falla enorme de las EPS es que cambian constantemente de IPS (los lugares donde se prestan los servicios

En marzo de 2016, acudí de nuevo a urgencias, esta vez en la Clínica Saludcoop de la carrera 80. Volvieron mis síntomas inexplicables, mi tristeza, mi desgano, mi aburrición y mis ganas de morirme. Estaba desorientada y desconcentrada.

En urgencias, no fui atendida por un psicólogo o un psiquiatra, sino por un médico general que me dijo que necesitaba ser hospitalizada nuevamente. Ese día llamé a otra hermana y una enfermera habló con ella, le dijo que yo estaba muy mal y que así no me podían dejar ir. Mi hermana llegó para acompañarme. Si yo hubiera estado sola habría podido decidir que no me internaran después de firmar un montón de papeles y hacerme responsable de lo que pase fuera de la clínica. En mi caso, mis hermanas han decidido por mí.

Todo el día estuve en la clínica y me pusieron medicamentos, supongo que suero o algo para tranquilizarme. Ni camilla me dieron; permanecí de un día para otro sentada en una silla. Me dejaron en urgencias esperando la evaluación del psiquiatra, quien nunca llegó.

Las drogas que se recetan dependen de las guías de manejo. Puede que dos pacientes tengan el mismo diagnóstico, pero no respondan al mismo medicamento. En realidad, los medicamentos de psiquiatría inscritos en el POS están bien, porque hace tres años se le hizo una modificación que incluyó algunos nuevos.

Para establecer el medicamento, uno empieza con un algoritmo de manejo normal, pero cuando ve que el paciente no mejora y que necesita medicamentos adicionales, hay que comenzar a escalar y es ahí cuando se llega a los no POS. Muchas personas piden que no les receten medicamentos que no están en el Plan y es ahí cuando nosotros entramos a dialogar con el paciente para hacerle entender por qué los necesita, aunque en realidad muchas veces es más costoso hacer las vueltas que comprarlos particular. Cuando es así, siempre les recomiendo que los compren ellos.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

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Especial salud mental

Juan Pablo López, médico urgentólogo, jefe de urgencias en la Clínica Las Américas: En urgencias, tenemos unas guías de práctica clínica que son un derrotero de todo lo que se tiene que hacer con los pacientes dependiendo de su enfermedad. Constantemente, debemos atender a estas personas, pero no contamos con los recursos estructurales ni humanos para hacerlo de forma adecuada. De hecho, la mayoría de los hospitales no cuentan con un espacio de hospitalización psiquiátrica, principalmente porque no emplean psiquiatras ni psicólogos.

Cuando un paciente llega, primero hay que descartar algo llamado organicidad; es decir, que no tenga una infección o esté drogado; descartar cualquier otra cosa que pueda explicar los síntomas. Una vez se confirma que es

psiquiátrico se procede a tratarlo con medicamentos (sedarlos si muestran agresión a ellos mismos o hacia los demás), se llama a la familia en caso de que la persona esté alterada y no tenga consciencia de sus actos, y se determina si requiere hospitalización o se puede enviar a casa bajo supervisión y acompañamiento familiar.

Cuando vemos que, en realidad, es necesario internar a la persona, pasamos a remitirlo a una clínica especializada, pero debido a que la red de enfermedad mental en Medellín —y en el mundo— es ineficiente, esto puede tardar semanas. Nuestros pacientes se quedan incómodos en un cubículo de urgencias o en sillas en los pasillos, muchos de ellos sedados solo porque no saben cómo tratarlos.

Mi EPS siempre ha sido Cruz Blanca y únicamente me atienden en Saludcoop de la 80 y del Centro. Las dos veces que he ido a urgencias me he deprimido bastante.

Todo tipo de urgencias se encuentran revueltas en la sala.

Es peor para mí ver al enfermo, al quebrado, al accidentado o al de la silla de ruedas mientras espero dos o tres horas para ser atendida.

Traté de acostumbrarme a las fórmulas médicas no POS, pero en el 2017 mis medicamentos volvieron a ser cubiertos por la EPS y eso me ha mantenido mucho mejor. Lo que sigue siendo tortuoso es conseguir las citas para los controles. La cita para que el psiquiatra me vea nuevamente tiene quince días de atraso. Todos los días llamo y no suena nada diferente a la contestadora. Tener una enfermedad mental en este sistema de salud es asumir, aparte de tu enfermedad, una lucha más.

QUINCE DÍAS PARA UNA CITA QUE NO PUDO SER En De La Urbe contactamos a la EPS Medimás, empresa que asumió la atención de los usuarios de las desaparecidas Saludcoop y Cafesalud. Junto a Cruz Blanca, esas dos EPS conformaban al antiguo grupo Saludcoop. En la actualidad, Medimás y Cruz Blanca se ubican en los primeros lugares de quejas y denuncias por parte de los usuarios ante la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud).

La idea era agendar una cita de medicina general, exponer los síntomas de una crisis depresiva y conocer de primera mano la atención que recibe un paciente en esa condición.

La primera llamada la hicimos el 9 de octubre de 2017. Luego de aproximadamente diez minutos de espera y preguntas de rutina, nos dijeron que no había agenda disponible, pero que en las próximas 24 horas se comunicarían para agendar una cita. Pasaron dos días y no lo hicieron. Volvimos a llamar, la respuesta fue la misma y tampoco se comunicaron.

El 17 de octubre llamamos por tercera vez. En esa ocasión, una de nuestras periodistas, afiliada a esa EPS, manifestó que presentaba una crisis de depresión y que llevaba ocho días tratando de conseguir una cita. Asignaron una para el lunes 23. Sin embargo, el día de la cita, llamaron de Medimás para cancelar la consulta. La solución que ofrecieron fue la de volver a llamar para agendar una nueva cita. En total, pasaron 15 días y fue imposible conseguir una cita de medicina general en esa EPS.

UNA LÍNEA PARA AYUDAR A SALVAR VIDAS

Ilustración: Mauricio Franco

Desde 2004, la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín cuenta con la “Línea Amiga” 4444448.

Según explica la administración, “es un servicio gratuito de escucha, acompañamiento, asesoría y orientación telefónica para consultas, en especial las relacionadas con la salud mental, sexualidad y farmacodependencia”.

Como en el caso de la cita con Medimás, hicimos el ejercicio de llamar para conocer la atención que recibe un usuario. Una de nuestras periodistas marcó a la línea un día de mediados de octubre a las 5:30 p.m.:

No. 89 Medellín, abril de 2018

La respuesta fue inmediata. Luego de una serie de preguntas para entender en qué estado me encontraba, qué generaba mi sensación de tristeza, estrés y angustia, la psicóloga encargada me dijo que iba a tener que interrumpirme por momentos porque desde ese momento se quedaba sola en la línea. Pero me aseguró que tendríamos todo el tiempo que quisiera para conversar. Lo hicimos por 30 minutos. Me preguntó qué creía que me estresaba, cómo estaba mi sueño, por mi alimentación y por la relación con mis familiares. Me recomendó que buscara ayuda en las personas más cercanas, que hiciera ejercicio y que pidiera una cita con mi EPS pues, si era necesario, me recetarían medicamentos para tranquilizarme. Le dije que no quería medicarme y me respondió que no podía tener miedo, pues podría tener falta de dopamina o serotonina, y porque en un momento de inconsciencia podía hacerme daño. Esa línea de ayuda gratuita recibe un promedio de 20 llamadas diarias.

‘En la U. de A., uno primero se mata y después viene la cita’ Las enfermedades mentales son una de las causas por la que los estudiantes de la Universidad de Antioquia más asisten a programas de promoción y prevención.

Valentina Herrera G. / valentina.herrera@udea.edu.co Daniela Sánchez R. / daniela.sanchezr@udea.edu.co Daniela Velasco E. / daniela.velasco@udea.edu.co Estudiantes de Periodismo

S

tiven Rodríguez y Brayan Banguero son de Toribío, Cauca. Ambos estudian en la Universidad de Antioquia. El primero, Ingeniería Mecánica, y el segundo, Ingeniería Civil. Además de los números y sus raíces indígenas, comparten otro aspecto: la depresión.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 80 % de las más de 300 millones de personas afectadas por este trastorno mental en el mundo viven en países de bajos y medianos ingresos.

Su depresión, dicen ellos, es consecuencia de su estadía en Medellín. A 481 kilómetros de sus familias y su pueblo, nueve horas y media de viaje en bus, Brayan y Stiven se enfrentan diariamente al caos, el estrés, el ruido y la indiferencia de la ciudad. Se enfrentan también a la educación superior, pues no esperaban sentirse tan confundidos y hasta inútiles en los primeros semestres de universidad. Mientras sus compañeros recordaban temas vistos en sus colegios, ellos debían esforzarse más. “Yo en mi colegio nunca había visto cosas así, entonces me tocaba prácticamente aprender desde cero y nivelarme”, dice Stiven, de 18 años.

La situación de Brayan, de 17, es parecida: no puede negar que sintió felicidad al llegar a Medellín para estudiar en la Universidad de Antioquia. Pero ese sentimiento duró poco. “Me dio duro. Vengo de un pueblo donde la educación es muy básica”. Reconoce que tiene muchas falencias en las materias que ve en la universidad. “No sé qué hacer, a veces considero que no soy competente con los demás, he tenido muchas depresiones…, he tenido ganas de suicidarme, también”.

A mediados de septiembre de 2017, Brayan trató de quitarse la vida porque se sentía frustrado. A pesar de vivir con una prima, se siente solo. “Una vez salí bravo de la Universidad porque perdí un parcial que casi todos ganaron. Llegué a la casa, le pegué a la pared. Lo primero que vi fue un cuchillo, me encerré en la pieza y lo único que quería hacer era enterrármelo”, confiesa. Su prima lo encontró en ese estado, le recordó a su madre y le habló de aspectos positivos de su vida hasta que logró calmarlo.

Pero, ¿hasta dónde puede llegar la universidad en situaciones como estas? Las funciones de Bienestar Universitario no son del todo claras para buena parte de los estudiantes.

Muchos, por ejemplo, creen que presta los mismos servicios que una IPS. Y no es así. Su función, según lo estipula la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior en Colombia, es la de adelantar programas y actividades orientados “al desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo”. Mientras tanto, los servicios de atención médica que se encuentran dentro de la Ciudad Universitaria están dirigidos de manera exclusiva a los afiliados a la IPS Universitaria.

En el primer semestre de 2017, 1.128 estudiantes ingresaron al proceso de psicoorientación, según el Sistema de Información de Bienestar Universitario. De ellos, 654 consultaron a Ánimo, el servicio de salud mental del Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad de la Dirección de Bienestar.

La Universidad, explica Juan Guillermo Hernández, psicólogo y jefe del departamento, cuenta con 17 psicólogos y 23 practicantes de Psicología distribuidos en las diferentes

facultades, quienes, además, se encargan de actividades diferentes a la psicoorientación. En este sentido, afirma Adriana Arcila Rojas*, directora de Bienestar Universitario, “no podemos hacer mucha intervención, pero sí hacemos acompañamiento”.

Por eso, cuando Stiven se dirigió al cuarto piso del bloque 22 —donde funciona el programa Ánimo— para pedir una cita con un psicoorientador, le respondieron que se tardaría cerca de un mes: “La cita con la psicóloga me la estaban dando prácticamente para cuando ya iba a terminar el semestre, no me servía para nada”, manifiesta.

Una de las practicantes, Yulisa Martínez, estudiante de noveno semestre de Psicología de la Universidad de San Buenaventura y quien acompaña la Coordinación de Bienestar de la Facultad de Ciencias Económicas, aclara que los servicios de Bienestar son de asesoramiento y no de salud.

“Cada que se presenta un caso en el que un estudiante pretende hacerse daño o está pasando por una crisis, lo primero que debe hacerse es llamar desde cualquier teléfono fijo institucional a la línea de emergencia del área protegida de la Universidad. Nosotros acompañamos al estudiante mientras recibe atención del paramédico”.

Cuando un estudiante entra crisis, se recomienda que esté acompañado por un psicólogo, quien inicia un proceso de diálogo y contención verbal hasta convencerlo de que acceda a hacerse una evaluación física por parte del paramédico del área protegida de la Universidad, un espacio en donde se brinda atención prehospitalaria en casos de emergencias médicas.

David Hernández, único paramédico del área en Ciudad Universitaria y quien también debe atender urgencias en la seccional Oriente, situada en Carmen de Viboral, explica que en las emergencias se toma el pulso, la presión, se pregunta al paciente si ha dormido bien y así se determina el tipo de urgencia y el paso a seguir.

Población en riesgo Para la OMS, las Enfermedades No Transmisibles (ENT) y de salud mental representan uno de los mayores desafíos del siglo XXI para la salud y el desarrollo humano, tanto por el sufrimiento que provocan “como por los perjuicios que ocasionan en el entramado socioeconómico de los países, sobre todo de los de ingresos bajos y medianos”, sostiene en su informe sobre las ENT de 2014.

Según Juan Guillermo Hernández, dado que los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 representan casi el 70 % de la población estudiantil, Bienestar trabaja en el desarrollo de capacidades para la vida en los estudiantes; es decir, para que tengan la capacidad de tomar buenas decisiones no solo en su ámbito académico, sino en los demás aspectos.

Para Hernández, la Universidad es un constante laboratorio: “Estamos en interacción con los estudiantes, con los coordinadores, con los docentes, escuchamos esas situaciones y generamos acciones específicas como talleres y programas de salud, deportivos y culturales”.

Por su parte, Arcila afirma que desde allí han creado talleres de acompañamiento para entender y buscar soluciones a los duelos amorosos, el desarraigo, la ansiedad en las pruebas académicas, el manejo del dinero, entre otros.

Además, explica que la caracterización que la comunidad hace en los primeros semestres a través del portal de la Universidad arroja factores de riesgo en los que la Dirección de Bienestar formula una especie de derrotero. Este, sin embargo, es dinámico como las situaciones socioafectivas que atraviesan los estudiantes a lo largo de su proceso formativo.

A pesar de esto, Stiven asegura que tuvo que lidiar solo con su depresión. Brayan también buscó ayuda, pero, como le ocurrió a su compañero, la cita con el psicoorientador tardaba mucho: “Da más fácil la cita el Sisbén que Bienestar… Entonces, uno primero se mata y ya después viene la cita”. *** Al finalizar el segundo semestre de 2017, Brayan y Stiven se retiraron de la Universidad y regresaron a sus casas en Toribío. Brayan no se retiró formalmente de sus estudios, pues “eso no tenía salvación”, dice. Decidió comenzar un negocio de comidas rápidas con su madre. Stiven, por su parte, se encuentra estudiando Ingeniería de Materiales en la Universidad del Valle. A pesar de que terminó su semestre en la U. de A. y aprobó todas las materias, dice que por ahora no quiere regresar ni saber nada de Medellín.

Ilustración: Mauricio Franco

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*Este trabajo fue desarrollado a finales de 2017 antes de la elección de rector en la U. de A. para el periodo 20182021 y de la designación de su equipo rectoral. Al cierre de esta edición, Marcela Ochoa Galeano, nueva directora de Bienestar Universitario, no había tomado posesión del cargo. La propuesta del nuevo rector hace una sola mención a la salud mental de los universitarios en el apartado referido al Bienestar Universitario: “(…) será prioritario fortalecer el acompañamiento en los procesos de aprendizaje, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el apoyo sicológico”.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

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Especial salud mental

LA GUERRA en los laberintos mente Ilustración: Mauricio Franco

de la

Natalia Duque / natalia.duquev@udea.edu.co Karen Sánchez / karen.sanchez@udea.edu.co Laura García / lauraa.garcia@udea.edu.co Alejandra Zapata / darly.zapata@udea.edu.co Estudiantes de Periodismo

La Florida - Corregimiento Altavista, Medellín. Agosto de 2017.

Son las 9:37 de la noche. Mientras Diego Alzate* está preparando su comida, un golpe seco interrumpe el leve sonido del fogón. La habitación se ilumina ligeramente y los golpes se vuelven cada vez más constantes, como si alguien estuviera dando pisadas fuertes desde el cielo. Diego continúa cocinando, desearía que el sonido fuera tan solo un fantasma en su mente.

En Altavista, hay disparos en la noche. Pese a semanas o hasta meses de relativa calma, esa zona es, en la actualidad, una de las más conflictivas de Medellín. En los últimos enfrentamientos, el primer fin de semana de abril, tres personas fueron asesinadas. Allí, y en buena parte de la ciudad, el control de los territorios se lo disputan estructuras

No. 89 Medellín, abril de 2018

Las secuelas de la guerra permanecen en la mente de aquellos que la han padecido. Sin importar si es en medio de la ruralidad o de la ciudad, si es una víctima civil o un excombatiente, hay huellas de la violencia que alteran su cotidianidad. armadas que, en muchas ocasiones, ejercen el papel del Estado, sobre todo en los barrios de la periferia. Las balaceras son asunto de casi todos los días entre combos o entre los combos y la Fuerza Pública. “Ya uno sabe que se tiene que ir tempranito para la casa para evitar un poco el peligro”, dice Diego, de 26 años.

“Medellín, la ciudad más violenta en el mundo”, titulaban los periódicos en 1991, cuando fueron asesinadas 6.349 personas. Veintiséis años después, 2017 cerró

con 577 homicidios. A pesar de que la diferencia es abismal, los homicidios siguen siendo parte de la rutina. Son naturales las balaceras y es natural forzar la mente a elaborar una ruta segura a casa. En ese trayecto, se omiten personas, letreros o lugares.

La violencia ha permeado sistemáticamente la cotidianidad de quienes habitan la ciudad.

“La consecuencia es que la violencia se inserta en el imaginario colectivo como una entidad

de entendimiento y se la adscribe a un universo simbólico adulterado, asociado a nuevas significaciones culturales. Esto provoca una insensibilidad ante la violencia real”, afirman Johandry A. Hernández y José Enrique Finol, investigadores de la Universidad de Zulia, quienes se han dedicado al estudio semiótico de la violencia.

Y no solo se trata de una ciudad violenta, sino del conflicto que se ha extendido por todo un país. Tras más de un siglo de guerra y cinco décadas de un conflicto armado interno, es necesario preguntarse por las secuelas que nos ha dejado la guerra. A todos: combatientes y no.

Secuelas que no han sido únicamente materiales ni se pueden medir solo en vidas perdidas, sino también en efectos sociales, culturales y mentales. “En un país como Colombia con problemas de violencia derivados del conflicto, se ha encontrado variada sintomatología clínica, desde el estrés postraumático a trastornos afectivos bipolares tipo II, entre otras”, explica Johanna Herrera, neuropsicóloga.

En 2016, Herrera realizó un estudio con la Universidad Cooperativa de Colombia acerca de las consecuencias en la salud mental de actores y víctimas del conflicto armado. Para la neuropsicóloga, el Estado sigue sin invertir lo debido en la salud mental de los colombianos: “La salud mental termina siendo la cenicienta del conflicto armado. Con actores que muestran evidentes daños en su salud mental, es imposible replantearse la utopía de la paz. La psicología, además, aún no ha tomado la importancia que tiene en este tipo de situaciones”. ***

Toribío, Cauca. Julio de 2011.

Es sábado en la mañana y se escuchan los disparos. Mecánicamente, Daniela agarra a su hermana y a su primo con quienes se dirige a la casa de la vecina, que tiene un techo más firme. Se escucha un golpe que viene desde distintas direcciones y se transforma en un silencio que amarra los oídos de todos en el pueblo. Afuera, los gritos, las sirenas y los sollozos comienzan a abrirse paso, mientras ella abraza con fuerza a su familia.

El estrés postraumático es una de las problemáticas que más afecta a quienes han padecido la violencia. Así lo explica Mercedes Jiménez, doctora en Psicología Clínica y experta en duelos: “Estos impactos pueden estar asociados a las percepciones de amenaza y a las experiencias de miedo ante situaciones concretas que pueden prever. O de manera indeterminada frente a muchas situaciones que podrían ocurrir y que no pueden prever, teniendo como consecuencia la desconfianza en los demás y las rupturas de los lazos sociales y del tejido social”.

Daniela, por ejemplo, siente que años después la persigue el mismo estruendo y el mismo silencio. Ahora que estudia en la Universidad de Antioquia, el sonido de los explosivos que son utilizados en los enfrentamientos entre estudiantes encapuchados y la Policía la devuelven a su pueblo, a los días en los que debía huir de las explosiones. “A los capuchos los asocio mucho con los grupos insurgentes que actuaban en mi pueblo y las papas bombas me hacen acordar cuando yo salía corriendo en busca de refugio”, dice.

En 2014, un estudio realizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) arrojó como resultado que el 20 % de las víctimas del conflicto armado colombiano tienen un trauma profundo que modificó exponencialmente su cotidianidad. Aun así, la salud mental no es un elemento primordial en los planes de acción para las comunidades rurales o las víctimas del conflicto.

Delcira Palacio, 51 años, vivió en La Caucana, corregimiento de Tarazá, durante el tiempo en el que los paramilitares empezaban a dominar el

pueblo. Comenzaban los años dos mil: “Una vez entraron los paras al pueblo y empezaron a sacar a todas las personas de los negocios para el parque, que para que viéramos cómo era que pagaban los traicioneros. En esas, cogieron a un señor que días antes le había dado posada y había curado a un muchacho que salió herido del monte. Lo arrodillaron en frente de todos nosotros. Él pedía piedad porque solo había hecho una obra de caridad; pero ellos no dejaban de tratarlo mal. Y así, arrodilladito, le dieron un tiro en la cabeza y a nosotros nos obligaron a ver”.

Reconociendo que las secuelas de la guerra van más allá de las pérdidas materiales, en el 2010 la Corte Constitucional promulgó la sentencia T-045 sobre el derecho a la salud de las víctimas del conflicto armado interno. Con esa decisión, la Corte especifica la necesidad de brindar atención psicológica y psiquiátrica a las víctimas. Juan David González, integrante del equipo psicosocial de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, explica que su trabajo psicológico se da a partir de “grupos cooperativos donde las personas tienen un espacio para resignificar esa historia que han vivido alrededor del conflicto, transformar esos miedos, simbolizar el dolor y dignificar su historia”.

a la cabeza imágenes de cuando estaba en el monte y pienso en tirarme al suelo”, afirma.

Tomás*, compañero de vida y de combate de Manuela, dice tener una sensación similar.

Miles de excombatientes como ellos están en proceso de reintegración con la implementación de los Acuerdos de Paz. Entre lo negociado, no se especifica la atención psicológica dentro de los programas de seguridad social a los que accederán los desmovilizados.

Sin embargo, el punto de planes y programas sociales sí establece que recibirán acompañamiento psicosocial según las necesidades de cada quien.

Según el informe de estrés postraumático realizado por la Fundación para la Salud Mental en 2014, “los momentos límites vividos en combate lastiman y les duelen a los soldados aún décadas después de la batalla”. Asimismo, se menciona que en otros países en los que los excombatientes no se trataron adecuadamente, las secuelas mentales de la guerra conllevaron a que algunos de estos terminaran suicidándose.

“Cuando el cansancio me cogía, las pesadillas eran terribles, a veces despertaba asustado, pensando que cualquier ruido que sonaba era una explosión parecida a la de la mina”.

Delcira afirma que mucho tiempo después aún le cuesta conciliar el sueño por esa imagen que vuelve una y otra vez a sus recuerdos: “Uno queda marcado por toda la vida porque esta es la hora que uno todavía recuerda eso tan triste”. ***

Montañas de Colombia. Marzo de 2010.

Son las dos de la mañana. Silencio. La mayoría duerme en el campamento. Lo primero que escucha Manuela* es un zumbido similar al de los mosquitos. Después escucha las botas de quienes se levantan y los murmullos que aumentan de volumen. Un estruendo le revienta los oídos y la hace dar un salto desde su hamaca hasta la trinchera.

Las explosiones comienzan y la tierra cae sobre quienes lograron salvaguardarse. Bajo el avión, entre el plomo, caen árboles, rocas y cuerpos.

Los combatientes que han estado en la selva durante años también enfrentan episodios traumáticos que, en muchos casos, desencadenan en un trastorno mental. Basta recordar el gesto de Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, máximo comandante de las Farc, al escuchar el ruido del avión que sobrevoló Cartagena el día que firmaba la primera versión del Acuerdo de Paz que esa guerrilla negoció con el Gobierno.

Aquel gesto, inseguro y vulnerable, es el mismo de Manuela, quien estuvo en la selva durante los diez años que hizo parte de las Farc. “Cuando escucho pasar un avión e incluso alguna explosión o sonido fuerte, se me vienen

Diego Trujillo Peña, quien hizo parte del Ejército durante diez años, recuerda cada detalle de la mañana de marzo de 2011 cuando cayó en un campo minado. “Llevábamos cuatro días sin víveres, sin nada que comer; estábamos en jurisdicción del Batallón Girardot por el sector de Ituango. Ese día me marcó porque hasta ahí llegué como militar”.

Sus heridas fueron graves: pérdida de medio labio, perforación de ambos oídos y múltiples lesiones en todo el cuerpo debido a las esquirlas que arrojó la mina. Diego también asistió a consultas con un psiquiatra. En un principio, le recetaron medicamentos para dormir, pero afirma que tenía pesadillas continuamente. “Cuando el cansancio me cogía, las pesadillas eran terribles, a veces despertaba asustado, pensando que cualquier ruido que sonaba era una explosión parecida a la de la mina”. Sufría de depresión y sus nervios se encontraban alterados. Con el tiempo, estos síntomas disminuyeron. “Sin embargo, uno no vuelve a ser el mismo. Esa enfermedad no se erradica: está con uno pa’ toda la vida”. *Nombres cambiados por solicitud de las fuentes.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

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Especial salud mental

Diagnóstico: imbecilidad Óscar Leonardo Álvarez Arago / oleonardo.alvarez@udea.edu.co Daniel Uribe Uribe / daniel.uribeu@udea.edu.co Estudiantes de Periodismo

Ilustración: Mauricio Franco

L

No. 89 Medellín, abril de 2018

os griegos la veían como una elección de los dioses.

En la Edad Media, se la juzgó como una posesión demoníaca.

Los árabes trataron esta condición de forma humana a partir de la música y una dieta saludable. Durante años, no hubo palabra para aquellos delirios, esa sabiduría, esos ataques o ese torrencial verbal propios de algunos.

Finalmente, el término locura abarcó estos trastornos y permitió que se los reconociera como un problema físico.

Con ello, a finales del siglo XIX, surgió la necesidad de crear recintos apropiados para el tratamiento de este nuevo tipo de pacientes. La única posibilidad de atajar la locura, se pensaba, era el aislamiento. El primero en Antioquia fue el Hospital para Locos, construido en 1878 y hoy conocido como Hospital Mental de Antioquia.

En aquel lugar, las personas que sufrían trastornos eran valoradas y sometidas a procedimientos acordes con la época. Antioquia, explica Alberto Ferrer, profesor de Historia de la Psicología en la Universidad de Antioquia, ha sido propensa a replicar trastornos genéticos y mentales debido a la endogamia característica de esta región.

Algunos de los métodos más comunes eran los electrochoques, el shock insulínico (aplicar insulina al paciente hasta que se desmayara) y la hidroterapia (chorros de agua contra el enfermo). Los médicos buscaban curar a sus pacientes a través del impacto. “La idea fundamental era que el cerebro en esos estados cuando se producía el shock cambiaba y volvía al funcionamiento normal. Sin embargo, prácticas como los electrochoques evolucionaron y ahora se aplican a pacientes con condiciones de depresión específicas”, explica Ferrer.

En la década de los setenta, aparecieron los neurolépticos, un tipo de fármaco que afecta directamente el sistema nervioso. La gran revolución: ese descubrimiento le permitió a la psicología empezar a hablar de un tratamiento medicado para este tipo de trastornos.

Actualmente, en el Centro de Documentación Histórica de la Universidad Nacional, reposan las historias clínicas de muchos pacientes que buscaron el Hospital Mental a mediados del siglo XX. El Centro de Documentación ha digitalizado 8.492 historias clínicas entre 1903 y 1950. En los archivos, aparecen desde diagnósticos de imbecilidad, tratamientos de choque justificados en los que la paciente “parece boba” y muertes por “diarrea final de los enajenados”. Entre otros datos, se destaca que solo 2.462 pacientes salieron curados del sanatorio, mientras que 3.165 murieron por diversas causas, la mayoría por desnutrición o caquexia (disminución de la masa corporal producida por la falta de nutrientes).

¿Qué pasaba con los hombres y las mujeres que eran acusados de locura en Antioquia a comienzos del siglo XX? ¿A dónde iban? ¿Cuáles tratamientos recibían? Estos son algunos de los casos que guarda el Centro de Documentación Histórica de la Universidad Nacional.

En el hospital no le estorbo a nadie El 16 de octubre de 1926, Rosario Toro* fue llevada por primera vez al Manicomio Departamental. Era una muchacha de 19 años, tez blanca, encargada de oficios domésticos. La causa de su internamiento: “Enajenación mental con ideas delirantes y alucinaciones en principio místicas y hoy día amorosas, haciéndose agresiva a los que se oponen a la satisfacción de sus delirios”.

En sus primeros días, los médicos la describieron como una paciente de “verbosidad torrencial”, pues profería insultos a diestra y siniestra. El diagnóstico, en su momento, fue manía aguda con “terreno histérico”. Su estadía, consta en los expedientes, se caracterizó por la agresividad, la ira contra su padre y las constantes quejas de la monja del servicio por su hostilidad.

Nueve meses después, su conducta mejoró notablemente. La hermana del servicio ya no tenía que preocuparse por sus reacciones; había desaparecido su agresividad. Justo, su padre, decidió llevarla a casa confiado en que lograría adaptarse a la familia.

En enero de 1928, Rosario volvió al hospital por un estado de excitación nerviosa. A su familia, le preocupaba su locuacidad, sus deseos de diversión y baile, y sus intenciones de fuga. Estas conductas, decían ellos, podían hacerla recaer en la enajenación.

Tras varias entradas y salidas del hospital, en 1935 fue internada debido a su locuacidad y enajenación mental. “No le chucen los ojos, no le chucen los ojos”, decía la paciente ese 9 de enero cuando los médicos indagaron sobre su padre. Su estadía esta vez fue de diez años, pero el 29 de diciembre de 1945 salió otra vez.

Poco menos de un año después de su última salida, su hermano Horacio le escribió una carta al Manicomio Departamental para definir el futuro de su hermana. Rosario ya no podía vivir con su familia y era necesario que la internaran de nuevo: “Nuestra madre adoptiva murió hace más de dos años, nuestro padre también falleció y únicamente somos los dos en este mundo. Yo estoy casado y ella soportando su enfermedad (…). Nadie más que yo quisiera que su curación fuera total y que pudiera vivir en nuestra casa, pero las circunstancias anteriores me llevan a mirar con recelo esta curación”, dicta la carta.

A mediados de 1955, Rosario regresó alterada al hospital, tenía ganas de matarse y le había hecho daño a un familiar. “Yo en el hospital no le estorbo a nadie, llévenme para allá”, alegaba. Vivió el resto de su existencia en el manicomio. Durante estos años, fue tratada con 18 electrochoques que buscaban corregir su enajenación. Todo fue inútil. Su estado físico se había deteriorado con cada ingreso y cada salida; además, padecía una diabetes que nunca se trató adecuadamente. En 1973, a sus 66 años, murió de un paro cardíaco.

No logro entenderme con nadie, son inferiores Recuerdo que ingresé al manicomio el 18 de febrero de 1961. No tenía idea que saber más cosas que los otros era estar loco y por eso estoy aquí. Mi nombre es Carlos Mario Pulido* y hasta hace un tiempo creía que era una persona normal. Aprendí a caminar a los 15 meses y a los dos años empecé a hablar, pero los médicos que me tratan me han hecho entender que mi salud mental falla y que realmente tengo un problema.

La realidad es que mi situación ha empeorado desde que me realizaron una lobotomía** hace seis años, antes de ingresar a este hospital. Y la verdad no entiendo por qué realizaron ese procedimiento conmigo, supongo que

“He de aceptar que mi comportamiento no siempre es el adecuado, en ocasiones me paso de la raya con doctores y enfermeras, y ellos me castigan aislándome del cuarto de comida. Por ello, cuando esto sucede, envío cartas al Dr. Velásquez implorando su perdón”.

fue por capricho de los doctores. El caso es que ahora hay cicatrices en mi cabeza en ambos lados y en la frente tengo otra cicatriz más reciente que mide siete centímetros.

Aunque me faltan algunos dientes, siento que mi aspecto es normal. Mido 1,65 cm y peso 76 kilos. Tengo solo un poco de barriga y los doctores dicen que todo en mi cuerpo funciona correctamente, ¿nada mal, eh? Siempre hemos sido sanos; de mis cuatro abuelos, ninguno fue loco y de mis 11 tíos tampoco. En la familia, antes de mí solo una persona tuvo una enfermedad similar, casualmente era mi papá, Jesús María, que tenía epilepsia.

De mis siete hermanos soy el mayor, sólo hice hasta quinto de primaria por vago y peleador, según mi padre.

Pero desde los 18 empecé a trabajar en el Ministerio de Comunicaciones sin mucho éxito. La ineptitud de mis compañeros y mis jefes hacía que me echaran de todos los trabajos, eso me irritaba y yo los golpeaba. Luego vinieron el insomnio, los dolores de cabeza y las rabias y por eso me hicieron la lobotomía. Después, todo empeoró.

Ahora sufro ataques epilépticos, todo me duele y no puedo dormir, no puedo trabajar porque todos me persiguen, además no logro entenderme con nadie porque son inferiores a mí. Intento hablar de todos los temas pero nadie es tan sabio como yo. He leído a Nietzsche, a Ortega y Gasset, y a Schopenhauer, además leo libros de psiquiatría de autores como López, lo que me ha permitido entender mi enfermedad.

He de aceptar que mi comportamiento no siempre es el adecuado, en ocasiones me paso de la raya con doctores y enfermeras, y ellos me castigan aislándome del cuarto de comida. Por ello, cuando esto sucede, envío cartas al Dr. Velásquez implorando su perdón y comprensión por mis actuaciones ridículas, pero él no responde mis cartas.

Les digo a los doctores que no me explico por qué toda la gente habla mal de mí, ellos saben que uno no es igual física o mentalmente y aun así me humillan y me dicen monstruo, pero espero algún día recuperarme.

Imbecilidad “Es imbécil”, dijeron los doctores.

Anastacia Gómez* nació en 1894 con apariencia normal. Los problemas surgieron cuando no pudo ingresar a la escuela por un supuesto retraso mental. Según su madre, nunca quiso aprenderse los días de la semana; a lo mejor, nunca pudo. A los siete años, se le dificultaba cualquier tipo de esfuerzo mental que le representara aprender algo. Intentó con la costura y tampoco se le dio; sin embargo, aprendió a hablar lo básico y su vocabulario fue suficiente para comunicarse.

Sus condiciones mentales le impidieron llevar una vida normal. Su salud física era óptima; pero su mentalidad, no. Anastacia empezó a ser agresiva con sus parientes y su lenguaje era soez. Vivió aislada del mundo por decisión de sus familiares hasta que cumplió 53 años. El 18 de diciembre de 1947 decidieron internarla. El diagnóstico: Imbecilidad.

Cuatro años más tarde, salió del hospital. Pero a los 28 días, el 17 de agosto de 1951, regresó por un ataque físico a sus familiares, con depresión, melancolía y una crisis de furia e ira. Estuvo tres años más aislada hasta que el 30 de noviembre de 1954 los doctores recomendaron hacerle una lobotomía.

Anastacia gritaba día y noche y difícilmente se calmaba con medicamentos.

“Creo que a esta enferma se le debe practicar una lobotomía, con el fin de reducir su movilidad y lograr en esta forma que sus familiares la reciban de nuevo en la casa”, consignó su médico en la historia clínica.

A pesar de que nunca se le realizó este procedimiento, no pudo salir con vida del mental. Cinco meses después, mientras recibía un tratamiento quirúrgico de electrochoques, murió a los 61 años. Así concluyó su tratamiento.

*Los nombres fueron modificados por protección a la intimidad de los pacientes. **Lobotomía: Proceso quirúrgico. Después de aturdir a los pacientes mediante electrochoques, se usaban instrumentos parecidos a los picahielos para introducirlos por la órbita ocular, entre el ojo y la parte de hueso sobre el que está la ceja. Se removían tejidos tratando de “barrer” partes de los lóbulos frontales.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

Especial salud mental

Informe calle ni acariciar a sus hijos. Con cada embarazo, lloró. Ella tiene un temperamento fuerte, se irrita fácilmente al hablar y a los “te quiero” responde “gracias”.

No acepta que tuvo depresión, dice que “eso es estar uno aburrido”. De los psicólogos, no quiere saber nada: “¿Qué hace un psicólogo? Escuchar los problemas de los demás; pero, ¿qué puede hacer por uno? No manda pastillas, no hace nada”.

El psiquiatra Duque y el psicólogo Ferrer coinciden en que para tratar la depresión es necesario mezclar ambos campos.

El tratamiento psiquiátrico es una ayuda médica, mientras que en las relaciones del paciente con su entorno ayuda el psicólogo.

“Yo no le hago caso a los problemas”, dice mi tío Uriel, del otro lado del mostrador en la ferretería de la familia. Mi tío ha estado donde psicólogos y psiquiatras; luego de algunos meses, abandonó el tratamiento y la ayuda. “Yo nunca he tenido nada de eso”, repite. Ferrer explica que existe una estigmatización de la enfermedad: “Yo he tenido pacientes que me dicen que prefieren tener cáncer a tener depresión”.

Mi prima Cristina actualmente se trata de un trastorno bipolar que le diagnosticaron tras el parto de su hija Valentina: “A los dos meses de haber nacido la niña y de haber pasado por una cesárea, mi cerebro no resistió tanta carga dolorosa en mi cuerpo”.

Las crisis la tumban a la cama, hay días en los que no despierta y el cansancio es algo con lo que debe lidiar continuamente.

En la oficina donde trabaja Cris, casi le dejaron de hablar tras conocer su situación.

Ella se enoja y dice que es gente ignorante, que no hay que hacerles caso. Mi familia, en cambio, se ha informado, confían en ella y la acompañan al médico. Por estos días, está sola en casa mientras su madre y su hermana viajan de vacaciones a México.

“A una persona con depresión, no se le debería tratar con exigencia: “Usted tiene que mejorar”, “usted no está haciendo nada por ayudarse”, “usted tirado en la cama no hace absolutamente nada”. Tampoco con compasión. La persona depresiva tiene que hacer tareas porque si se paraliza la depresión va aumentar”, afirma Ferrer.

Según cifras del Sistema Integral de Información de la Protección Social, en Colombia la mayor proporción de casos atendidos por depresión moderada o severa corresponde a mujeres. Duque señala que pueden existir distintas causas para esto: la primera es que hay una mayor cantidad de mujeres que hombres en el mundo; la segunda es que las mujeres se ven afectadas por constantes cambios hormonales, mientras que los hombres se mantienen estables durante el tiempo.

Finalmente, considera que las mujeres tienen más capacidad de expresión emocional que los varones.

“La de-presión es una olla que sirve para cocinar los alimentos rápidamente”, me dice mi papá cuando le pregunto por aquellos siete años. Mi padre, un ingeniero de Sistemas que, tras perder y perder, terminó estancado durante tres años en una tienda naturista. Yo le ayudaba a vender los baños del dinero y la buena suerte, mientras él seguía sin asimilar su divorcio, vivía sin sus hijos y raspaba lo poco que ganaba para sobrevivir.

Jhon Fredy, mi papá, no sabía nada.

Solo recurrió al médico cuando las crisis de ansiedad se le hicieron insoportables en su nuevo trabajo como profesor de secundaria: “Yo, en este momento, puedo tener una depresión y no darme cuenta; uno cree que está bien y mentiras”.

Yo también me acostumbré a ella durante cuatro años. No la disfruté ni cuando estuve mirando fijamente los rieles del metro ni cuando quise saltar por el balcón de la casa en un noveno piso. De ella, algo aprendí. Conocí mis miedos, encontré lo que escondía de mí misma, me vi vulnerable y, aun así, comencé a quererme de a poco.

Ahora estoy en tratamiento psiquiátrico y me siento bien.

Aún me cuesta concentrarme y volver a escribir, cantar, bailar, dormir y comer; pero ahí voy. La siento cerca de vez en cuando; pero ya no me asusta ni me silencia. ¿Hablamos de ella?

Ilustración: Mauricio Franco

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Hablemos de ella Natalia Hernández Berrío Estudiante de Periodismo natalia.hernandez5@udea.edu.co

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uando pienso en ella, me imagino sentada sobre el suelo en una esquina de mi cuarto. La esquina es negra y ahí vive ella, una cosa pegajosa que durante los últimos cuatro años se fue comiendo partes de mí, hasta casi no dejar nada. Yo no estoy loca, estoy enferma, como una gripe, aunque más serio.

Soy ese uno de cada diez colombianos que sufre una enfermedad mental: la depresión.

Distinta de los estados de ánimo normales y las emociones que nos generan los problemas de la vida diaria, la depresión es un trastorno mental que causa dolor, angustia mental y que interfiere con el desarrollo de la vida de quienes la padecemos. En el peor de los casos, también puede llevar al suicidio, la segunda causa de muerte en el mundo de las personas entre 15 y 29 años, según la Organización Mundial de la Salud.

En 2015, la Encuesta Nacional de Salud Mental en Colombia señaló los trastornos más reportados: ansiedad y depresión. Un 16 % de los encuestados presentaron más de cuatro síntomas de depresión. El de los adolescentes fue el grupo poblacional con mayor prevalencia en los síntomas, con el 15,8 %.

La enfermedad tiene una sintomatología variada que cambia dependiendo de cada persona. Sin embargo, el psiquiatra Santiago Duque explica que el trastorno se caracteriza principalmente por un ánimo depresivo y puede afectar el apetito, el sueño, la capacidad cognitiva y la manera de relacionarse con otros. De acuerdo con estas señales, la depresión puede clasificarse entre leve, moderada o severa; también existen otro tipo de clasificaciones al relacionarse con otros problemas como los cuadros psicóticos o el trastorno de ansiedad.

En mi familia, no soy la única con esta enfermedad.

Vamos ocho sin contar a mi abuelo Miguel, quien murió en 2002. Era un mono desabrido como dice mamita Aura, tenía los ojos verdes y le encantaba ‘jalar’ los cachetes. La única vez que mis tíos y tías recuerdan un cuadro depresivo de mi abuelo fue hace casi 21 años.

No. 89 Medellín, abril de 2018

Durante seis meses, se le trastocó el hambre y el ritmo del sueño. Todos los días se levantaba después de las nueve de la mañana, algo tarde en la casa. No quería salir ni siquiera para ir a trabajar. Cuando mi abuela le servía la comida, dejaba casi todo en el plato. Ella insistía en servirle de vez en cuando un buñuelo, un café, un chorizo con arepa, un plato de frijoles con chicharrón; pero no evitó que rebajara casi 20 kilos. En las noches, tampoco podía dormir, por lo que se sentaba en una mecedora en la sala hasta que en algún momento le llegaba el sueño. A veces, quiso tirarse a los carros y buses que bajaban por la colina en la que está la casa en la que aún vive mi abuela, en Santo Domingo Savio.

“Eso viene de mucho más atrás”, dice mi tío Fáber cuando piensa en la depresión de nuestra familia. Según el psicólogo clínico Alberto Ferrer, quien lleva treinta años tratando enfer medades mentales, en el trastorno depresivo existen dos tipos de causas: una hereditaria, conocida como vulnerabilidad biológica, y otra asociada a los aprendizajes, vulnerabilidad psicológica. Ambas causas pueden combinarse e interactuar entre sí. Con respecto a esta última, los aprendizajes se dan generalmente en la infancia y se relacionan con pérdidas. Dependiendo de cómo la persona interprete sus vivencias, desarrolla pensamientos negativos sobre sí misma, el entorno y el futuro, como le pasó a mi abuela.

La vida se le cayó cuando tenía cinco años. Teresa, su mamá, murió en el parto de su tercera hermana, Dolores, quien también murió un mes después. Mi mamita nunca perdonó que otra mujer ocupara el “puesto” de su mamá.

“Yo hacía los oficios ligero y me iba a esconderme por allá a llorar, lo más bueno para mí era llorar”, recuerda. A mi abuela nunca le gustó nada, ni viajar al campo ni salir a la

A mi abuela nunca le gustó nada, ni viajar al campo ni salir a la calle ni acariciar a sus hijos. Con cada embarazo, lloró.

Ella tiene un temperamento fuerte, se irrita fácilmente al hablar y a los “te quiero” responde “gracias”.No acepta que tuvo depresión, dice que “eso es estar uno aburrido”.

El arte de

levantar ampollas Los ataques contra el caricaturista Matador pasaron de la judicialización a las amenazas. Así es el oficio de quienes usan el humor para cuestionar los vicios del poder.

Maira Alejandra Giraldo Naranjo Estudiante de Periodismo malejandra.giraldo@udea.edu.co

A

l contestar el teléfono y ante mi pregunta sobre su estado de ánimo, Julio César González Quiceno responde, sin mucha preocupación, “entutelado, pero bien”. González, más conocido como Matador, caricaturista de El Tiempo, recibió el 24 de marzo la notificación de una tutela en su contra por haber publicado una caricatura de un cerdo, en representación del candidato presidencial Iván Duque. Para José Luis Reyes, el abogado que interpuso la tutela, la caricatura estaba dañando el buen nombre del candidato del Centro Democrático. Dos días después de la conversación que tuve con Matador, la jueza cuarta del circuito de ejecución de sentencias de Bogotá falló a favor del caricaturista. Según la jueza Hilda María Saffon, la creatividad y el ingenio no debe limitarse por quienes no comparten su opinión.

Pero faltaban dos semanas para que la intención de silenciarlo pasara de los estrados judiciales a las amenazas.

El 2 de abril, el caricaturista anunció su determinación de dejar de publicar contenido en sus redes sociales por cuenta de las agresiones de las que ha sido víctima. Una de ellas, de Ariel Ortega Martínez, quien en su perfil de Twitter aparece en una foto junto al expresidente Álvaro Uribe y dice ser abogado. “Matador es un canalla q falta nos hace castaño para callarlo” (SIC), escribió Ortega.

No es ninguna novedad esta relación de tensión entre caricaturistas y círculos de poder. En Colombia, las caricaturas con intenciones políticas, satíricas y burlescas aparecieron tímidamente en la prensa en el siglo XIX. En su artículo “Caricatura en Colombia: entre la intolerancia y la resistencia”, la historiadora Angélica María Díaz explica que desde aquella época fue muy común atribuirles características animales a los personajes de la vida pública con el propósito de exaltar los odios partidistas, “pero como estos dibujos aparecían en la prensa sin el nombre del autor, era muy difícil hacer acusaciones directas por ellos”.

Así, los primeros años de la caricatura política en el país fueron desarrollados desde la clandestinidad, al filo del exilio, en medio de la represión. Entre las primeras víctimas de los señalamientos están Alberto Urdaneta y Alfredo Greñas, perseguidos y exiliados por las sátiras publicadas en sus periódicos El Mochuelo y El Zancudo, respectivamente. Álvaro Vélez, más conocido como Truchafrita, historiador, caricaturista y dibujante de historietas, cuenta que la caricatura ha sido un problema para el poder desde dos siglos atrás. Durante la violencia bipartidista, por ejemplo, se cerraban periódicos por las críticas que hacían a dirigentes políticos y los caricaturistas que estaban en contra de los gobiernos de turno eran excomulgados, se obligaban al exilio o se judicializaban, y les prohibían a las empresas pautar en los periódicos que los publicaban. Así era como se acallaba la voz de la opinión y la crítica.

Estas trabas no han sido, ni mucho menos, exclusivas de Colombia. En todo el mundo la prensa, y en este caso la caricatura, ha sido censurada de diversas formas y no solo por temas políticos, sino también religiosos y culturales.

Hace apenas dos años, el semanario francés Charlie Hebdo fue víctima de un atentado. Doce de sus trabajadores fueron asesinados por yihadistas “inconformes” con las publicaciones que ese medio hizo sobre Mahoma.

Justo en tiempos electorales, con un país dividido por miedos, ideologías y noticias falsas que ganan cada vez más terreno, ¿cuál es el papel que puede cumplir la caricatura? Carlos Esteban París, caricaturista de El Colombiano, considera que la caricatura es un comentario sobre los aconteceres tanto políticos como sociales de un país: “Como yo veo la caricatura, su propósito no es tanto movilizar masas, sino ideas, el cuento de hacer notar lugares grises, lugares no muy claros en todo el discurso y toda la acción de lo político y lo social”.

Matador, por su parte, cree que el caricaturista cumple un papel pedagógico, pues su trabajo busca mostrar la verdad de los diferentes actores que confluyen en las campañas electorales, por ejemplo, desnudando a través del humor a los políticos que se muestran de una manera diferente a lo que son. Porque al final para él, mucho de lo que dicen representar es “pura mierda”.

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Desde su origen, la gran virtud de la caricatura política está en su capacidad de síntesis.

“Como la caricatura es más fácil de entender que una columna de opinión, la gente se apersona más de eso; por ejemplo la tutela que me pusieron a mí fue por haber ilustrado a Duque, el candidato de Álvaro Uribe, como un cerdito y la gente ya empezó a apropiarse de la imagen.

Todos los días me mandan memes de cerditos, entonces se volvió una bola de nieve, incluso la gente dice que ya ven a Duque no como una persona, sino como un cerdito, el poder de la imagen es ese y a los uribistas no les gusta ni mierda, pero en este mundo actual esas son las cosas que pasan”, dice Matador.

Con la aparición de las redes sociales estos dibujos burlescos se han hecho cada vez más visibles y populares.

Pero su carácter crítico, puntilloso, también hace que muchas personas rechacen su contenido, con el argumento de ser denigrante y violar el derecho al buen nombre de quien se caricaturiza.

Para Andrés Mauricio García, caricaturista aficionado, el único límite que tiene la caricatura es la vida privada de las personas porque, precisamente, su trabajo es resaltar el sentido de lo público, tomar esos personajes relevantes para la política y comentar su oficio.

Matador no caricaturiza a las personas. Su objetivo al dibujar, explica, es tocar temas políticos o personajes públicos que quiere dejar en evidencia por su accionar; también considera que el único límite que debe tener la caricatura es la vida privada de las personas; de lo contrario, sería coartar la libertad de expresión y el derecho a la opinión. Se entraría en el campo de condicionar la caricatura a lo políticamente correcto.

Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), piensa que la caricatura no debe tener ningún tipo de límites, salvo que sea un discurso racista o que apele al genocidio. Según Vaca, solo hay un límite para la libertad de expresión en la Constitución colombiana y es referente a la veracidad e imparcialidad de los contenidos informativos, pero la caricatura no es contenido informativo y, por lo tanto, a su juicio, no debe cumplir con estos requerimientos.

“El caso de Matador no tiene lugar en una sociedad democrática, porque la pretensión de la persona que puso la tutela es una suerte de arrepentimiento y a nadie le pueden obligar a que se arrepienta de sus opiniones. No es inconstitucional, sino atrevido”, dice Vaca.

Lo que genera la tutela a Matador es un ambiente de judicialización de la opinión. En este sentido, comenta Vaca, es muy importante que los jueces respalden la libertad de opinión y no avalen ninguna pretensión de silenciar a quienes abiertamente expresan sus ideas. Ya suficiente tienen los caricaturistas con las posiciones ideológicas y la agenda de cada medio de comunicación, que muchas veces deben seguir si quieren publicar, para agregar otra dificultad más a su trabajo.

Entre tanto, en lo que coinciden estos cuatro dibujantes es en la capacidad que tiene la caricatura para incomodar desde los márgenes. Como el “hijueputa” de la familia, el hijo calavera, el más jodido, dice Matador; como el locato que no atiende a lo convencional, explica Paris; como a la tía imprudente que dice la verdad sin pelos en la lengua, según García; o el hijo del medio, el más loco, el que no sigue el poder y está en contra de él y las autoridades, a decir de Truchafrita; como un caramelo envenenado porque propone un juego con la realidad.

truchafrita Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

22 Crónica

23 Fiscalía mandó el proceso; entonces, salen rápido”. Otros, en cambio, llegan con una fecha o un periodo estimado.

“Ellos se pueden demorar una hora, dos horas, un día, una semana; he visto personas que vienen hasta un mes. Eso sí, casi todos encuentran los casos”.

No solo son importantes los archivos de procesos penales en este cuarto. Las personas que más visitan el archivo, de acuerdo con López, son quienes denunciaron el robo de carro hace 20 años y que en la actualidad siguen teniendo problemas legales con los papeles. La pregunta de estas personas, de la mujer que aún busca a su padre y hasta mía es por qué no se ha digitalizado este registro. La respuesta espontánea del asistente administrativo es que no hay recursos para hacerlo. La respuesta oficial de Rosina Giraldo, coordinadora de la Oficina Judicial de Medellín, es parecida: “No se ha contemplado por cuestión presupuestal”.

Según los datos de dicha Oficina, solamente el archivo penal de esta ciudad tiene aproximadamente 350.000 procesos, anteriores al 2002, año en el que empezó a funcionar el sistema digital. También, están los archivos de procesos civiles, laborales, de familia, entre otros. Estos documentos no solo se guardan en el sótano del José Félix de Restrepo; en la ciudad existen cinco sedes más, destinadas para el archivo de los procesos terminados. Cada una tiene personal propio y demanda costos de mantenimiento.

l a i c i d u j o del archiv

E

n una letra cursiva, casi ilegible, se alcanzaba a leer la palabra “homicidio”. Se repetía hasta llegar a un punto en donde la caligrafía cambiaba y los arabescos se volvían trazos más sencillos. Homicidio, homicidio, tentativa de homicidio, homicidio… y seguía así, hacia abajo, en la columna “Delito” del libro de “Repartos judiciales sin detenido del año 1986 a 1989 de los juzgados de Medellín”. El libro, escrito a mano, contiene un listado de casos que fueron llevados a los estrados judiciales, pero por los cuales nadie ha sido capturado. Por eso, en la columna “Sindicado”, hay pocos nombres y muchos N.N. En la cabecera de otra columna, se leía “Ofendido”, pero la palabra variaba por intervalos a “Occiso”. Allí, todos los nombres se referían a las víctimas, personas asesinadas entre 1986 y 1989. Esa era la columna que me interesaba. Ya llevaba media hora buscando 18 nombres: estudiantes, profesores y personas vinculadas a la Universidad de Antioquia que fueron asesinados en 1987, a causa de la violencia paramilitar desatada contra la institución académica y las diferentes causas sociales y políticas que estas personas representaban.

Treinta años después de los hechos, en la columna de “Occiso” hurgaba rastros de esos crímenes que marcaron parte de la historia del conflicto armado en Colombia. Me interesaba, sobre todo, conocer el estado de sus investigaciones para arrojar más luz a la memoria de Edison Castaño Ortega, José Abad Sánchez Cuervo, Jhon Jairo Villa Peláez, Yowaldin Cardeño Cardona, José Ignacio Londoño Uribe, Carlos Alonso López, Pedro Luis Valencia, Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancur Taborda, Rodrigo Guzmán Martínez, Luz Marina Ramírez Giraldo, Francisco Gaviria Jaramillo, Luis Fernando Vélez Vélez, Darío Garrido, Gustavo Franco Marín, Luis Felipe Vélez, Hernando Restrepo y Orlando Castañeda Vargas.

Sin embargo, los nombres del 87 se mezclaban con otros y entre ellos se perdían. Víctor Hugo Ospina, María Graciela Arboleda, José Luis Cardona, José Elkin Londoño… casi encuentro al primero. Si Elkin fuera Ignacio y después de ese Londoño hubiera un Uribe habría dado con José Ignacio Londo-

No. 89 Medellín, abril de 2018

En el sótano del Palacio de Justicia José Félix de Restrepo, en Medellín, se encuentra el archivo judicial de la ciudad. Entre las páginas de los libros de reparto, se halla la memoria de muchas víctimas de la violencia.

Allí también se esconde el testimonio de la violencia paramilitar desatada contra la Universidad de Antioquia en 1987. ño Uribe, estudiante de Comunicación Social asesinado el 2 de agosto de aquel año. Su nombre sigue perdido entre los libros del archivo de los juzgados de Medellín. *** Era un lunes por la mañana cuando llegué al edificio del Palacio de Justicia José Félix de Restrepo. Ya había preguntado en el puesto de información del Palacio, el viernes anterior, por los registros de homicidios del año 87. Me dijeron que podía ir las mañanas de los lunes, miércoles y viernes al archivo judicial ubicado en el sótano de dicho edificio.

Regresé el lunes y me dirigí a aquella esquina que tenía arriba del marco una gran mancha de humedad extendida por lo alto de las paredes del cuarto.

Al entrar, se veían los anaqueles que contenían los libros gordos y viejos del archivo judicial. A un costado, en un escritorio, estaba Javier López, asistente administrativo encargado del archivo judicial, dependencia de la Oficina Judicial. Cuando le comenté que estaba buscando los procesos de unas personas asesinadas en 1987, preguntó: —¿Es para reparación de víctimas?

—No, es para una investigación periodística sobre personas vinculadas a la Universidad de Antioquia que fueron asesinadas ese año —respondí.

—¡Ah! ¿Y sabe las fechas de los asesinatos?

—Sí, claro, todos del 87.

—Entonces, le toca buscar en estos libros porque el sistema electrónico funciona a partir del 2002 —mientras me explicaba, se paró a buscar las fechas en los lomos de los libros. Entonces, me preguntó—: ¿con detenido o sin detenido?

—Pues yo creo que sin detenido.

—Vea, este es sin detenido de agosto de 1986 a abril de 1989. Le toca buscar a partir de la fecha del asesinato en adelante, a veces se encuentra unos tres años después de que se cometiera el crimen. Es más fácil si tiene la fe-

Aquella habitación pequeña y húmeda guarda el registro judicial de una ciudad en donde la violencia se ha ejercido de diferentes maneras y por la que miles de hombres, como ese guardia de seguridad, han perdido su vida. Solo en el año 87, hubo 922 víctimas mortales en Medellín, según cifras del Registro Único de Víctimas.

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Fotografías: Santiago Rodríguez Álvarez

Santiago Rodríguez Álvarez Estudiante de Periodismo santiago.rodrigueza@udea.edu.co

Análisis y Contexto de la Fiscalía (DINAC). En 2014, la DINAC, encargada de investigar magnicidios, consideró el asesinato de Vélez Vélez como un crimen de lesa humanidad, según el Boletín 7901 de la Fiscalía.

Aquellos nombres tan públicos y tan recordados contrastan con los casos de Darío Garrido, Gustavo Franco Marín, Luis Felipe Vélez, Hernando Restrepo y Orlando Castañeda Vargas, de los cuales no hay señal alguna ni en los expedientes del archivo ni en los de Medicina Legal. Al parecer, la memoria judicial, como la que todos cargamos en el interior, también puede ser selectiva.

cha en que la Fiscalía mandó el proceso a los juzgados porque, a partir de ahí, se hacía el reparto que usted va encontrar en estos libros.

No tenía el dato. Entonces, recibí el libro y lo apoyé en uno de los tres escritorios que había en el cuarto. Los muebles eran casi igual de viejos que las hojas roídas que pasaba con cuidado sobre la mesa. Las páginas escritas, en una caligrafía heterogénea, le decían al lector cuál juzgado había sido el encargado de cada caso y en cuál semana había sido asignado. Así, las personas pueden solicitarle al juzgado correspondiente el desarchivo del proceso. Es la primera huella de la memoria judicial de cada persona. *** Cuando llegué, una mujer de no más de 40 años ya estaba sentada revisando uno de los tomos de homicidios.

Ella buscaba a su padre, asesinado también hace más de veinte años en Medellín. Según su relato, a su padre le habían quitado la vida “nada más por robarle el arma”.

Era guardia de seguridad privada, me explicó. La mujer ha estado buscando el nombre de su padre durante casi un mes para acceder a los documentos del proceso judicial, que aún está inconcluso.

Aquella habitación pequeña y húmeda guarda el registro judicial de una ciudad en donde la violencia se ha ejercido de diferentes maneras y por la que miles de hombres, como ese guardia de seguridad, han perdido su vida.

Solo en el año 87, hubo 922 víctimas mortales en Medellín, según cifras del Registro Único de Víctimas (RUV). Ese cuarto, entonces, tiene un recurso que las víctimas necesitan para acceder a la memoria de sus familiares perdidos y así tener una reparación que garantice su dignidad, de acuerdo con la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas.

Pero, para encontrar a estas personas, primero tienen que indagar en medio de unos libros difíciles de leer y en donde la suerte hace parte de la ecuación. Javier López lo dice: “Hay algunos que vienen con la fecha en que la

Empecé la búsqueda de las víctimas del año 87 desde el reparto de la primera semana de julio de ese año, mes en el que asesinaron a Darío Garrido, profesor de la Facultad de Odontología y la primera víctima de la U. de A. en 1987.

Después de una hora, ya había terminado el primer libro y pedí el tomo de “Homicidio con detenido” del mismo periodo. Sin embargo, cada cierto tiempo sentía un impulso por repasar otra vez las listas de nombres del primer tomo en procura de que no se me hubiera escapado alguno.

Me atrapó la duda. ¿Y si el nombre no está? ¿Y si está escrito en una letra indescifrable? ¿Y si logro descifrarla, pero el nombre está mal escrito? Entonces, José Elkin podría ser José Ignacio, pero yo habría pasado de largo sobre el rastro de su memoria.

—Amigo, ¿y puede que los nombres de las personas que busco no estén aquí? —le pregunté a Javier.

—Si a esas personas las asesinaron en 1987, tienen que estar ahí. Por procedimiento legal, eso siempre lo mandaban para el reparto en los juzgados.

—¿Y es posible que los nombres estén mal escritos o que las personas no estén en la columna correcta?

—No es común, pero también pasa.

Después de una hora de la búsqueda, terminé el libro que abarcaba tres años después de los asesinatos. La búsqueda la había fijado a ese tiempo, pero la expandí a cinco y de cinco a siete. Revisé una y otra vez, volví acompañado de varios compañeros y buscamos de nuevo. Nada. Solo dudas. Aun así, repasamos los nombres: José Wilson Giraldo, Francisco Javier Gómez, Bella Paz González. ¡Mierda!, hasta Bella Paz es víctima de esta guerra.

El Archivo judicial de Medellín cuenta con registros de aproximadamente 350.000 procesos penales anteriores a 2002, cuando empezó a operar un archivo digital. Allí, entre miles de folios, se esconden los nombres de los estudiantes y profesores de la Universidad de Antioquia asesinados en 1987.

*** En una bodega azul, por Itagüí, a dos cuadras de la discoteca Mangos, está la sede del archivo de la Fiscalía Seccional Medellín. Afuera no hay ningún aviso y ningún logo del ente investigador. Adentro, mientras el guardia de seguridad privada me pedía mis datos, por el monitor de seguridad veía las hileras de repisas repletas de cajas con papeles. Otro archivo.

Allí había llegado después de no haber encontrado ningún rastro de los nombres del 87, luego de tres mañanas de búsqueda, una de lunes y dos de miércoles, en el sótano del Palacio de Justicia de Medellín. Había dejado de revisar entre los libros de homicidios, pues sin el dato de la Fiscalía era probable que expandiera mi búsqueda hasta el 2002. Por recomendación de López, fui hasta el Archivo General de la Fiscalía, entidad que había heredado los procesos de la antigua Instrucción Criminal de Medellín (esa vieja institución en la que reposaban las investigaciones penales hasta la creación de la Fiscalía con la Constitución Política de 1991).

En la oficina del archivo, me atendió Gladys Castillo, encargada de la gestión documental. Al escuchar el nombre de Héctor Abad Gómez, me explicó sobre la posibilidad de que el caso aún siguiera en investigación por un tema de derechos humanos. Los crímenes de lesa humanidad, como declaró la Fiscalía en 2014 el asesinato de Abad, no precluyen ni se archivan, quedan a cargo de la Fiscalía hasta que por gracia de un testimonio o una revelación se concluyen los casos.

Castillo quedó encargada de buscar los estados de las investigaciones a partir de los nombres y las fechas que le di. En la lista que me entregó posteriormente, la mayoría de los casos habían sido archivados por los extintos juzgados de Instrucción Criminal. Solo los casos de Héctor Abad, Leonardo Betancur Taborda, Pedro Luis Valencia y Luz Marina Ramírez siguen vivos en las Fiscalías especializadas en Derechos Humanos. El caso de Luis Fernando Vélez Vélez había sido desarchivado hace tres años por la Dirección Nacional de

A finales de 2017, De la Urbe remitió a la Fiscalía una solicitud de información en el marco de una investigación desarrollada con el proyecto Hacemos Memoria sobre los asesinatos de 1987. Esta fue la respuesta: “En respuesta a la ubicación de las investigaciones por los homicidios de 18 personas vinculadas con la Universidad de Antioquia en el año 1987, me permito informarle que revisados los archivos y libros radicadores de los extintos Juzgados de Instrucción Criminal de Medellín se encontró lo siguiente: Edison Castaño Ortega: Archivado por el Juzgado 44 Instrucción Criminal de Medellín.

José Abad Sánchez Cuervo: Archivado por el Juzgado 73 Instrucción Criminal de Medellín.

Jhon Jairo Villa Peláez: Archivado por el Juzgado 4 Instrucción Criminal de Medellín.

Yowaldin Cardeño Cardona: Archivado por el Juzgado 23 Instrucción Criminal de Medellín.

José Ignacio Londoño Uribe: Archivado por la Unidad de Descongestión.

Carlos Alonso López: Archivado por el Juzgado 13 Instrucción Criminal de Medellín.

Pedro Luis Valencia: Remitido por la Fiscalía

Especializada en febrero 28 de 2002, a la Unidad de Derechos Humanos.

Héctor Abad Gómez: Remitido en mayo 22 de 2008 a la Fiscalía 91 Especializada de la unidad de Derechos Humanos.

Leonardo Betancur Taborda: Remitido en mayo 22 de 2008 a la Fiscalía 91 Especializada de la unidad de Derechos Humanos.

Rodrigo Guzmán Martínez: Archivado por el Juzgado 28 de Instrucción Criminal de Medellín.

Luz Marina Ramírez Giraldo: La Fiscalía Especializada remite a la Fiscalía 90 Especializada de Derechos Humanos.

Francisco Gaviria Jaramillo: Archivado por el Juzgado 43 Instrucción Criminal de Medellín.

Luis Fernando Vélez Vélez: Proceso archivado por el Juzgado 49 Instrucción Criminal de Medellín, remitido por el Archivo en febrero 2 de 2015 a la Unidad Nacional de Análisis y Contexto DINAC en Bogotá.

Los casos de Darío Garrido, Gustavo Franco Marín, Luis Felipe Vélez, Hernando Restrepo y Orlando Castañeda Vargas no fueron encontrados por la Sección de Gestión Documental del Archivo Central de Medellín.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

24 Ciudad

T

¿De qué color es la

Iglesia de Manrique?

Fotografía: Alejandro Valencia

Laura Valentina Cardona Correa Estudiante en movilidad académica Comunicación Social Periodismo (UPB) laura.cardonac@upb.edu.co

No. 89 Medellín, abril de 2018

odas las mañanas, faltando un cuarto para las cinco de la mañana, Gladys Rodríguez se fuma un Marlboro y abre el ventanal del balcón de un séptimo piso, sobre toda la carrera 45, justo al frente de la estación Palos Verdes del Metroplús. A tres cuadras de su casa, entre la calles 67 y 68, está erguida la iglesia del Señor de las Misericordias, más conocida como la Iglesia de Manrique. Desde su balcón, se puede detallar cada balaustre de ese imponente fortín de arquitectura gótica que dibuja el paisaje de la zona nororiental de Medellín.

“La iglesia es arte e historia”, dice mientras se toma un café y sus ojos, enmarcados por sus gafas rojas, contemplan la parroquia desde su comedor. Gladys tiene 51 años y llegó a Manrique Pomar siendo una adolescente, cuando “todas las casas en Manrique Central eran como las de Prado, grandes y hermosas” y “bajar” a la iglesia “era como ir al Centro”, recuerda. Todos los lunes acompañaba a su mamá a la iglesia del Señor de las Misericordias, tradición que todavía mantiene.

Hace catorce años vive con sus dos hijos y su esposo en este apartamento, el 701, con vista hacia el cerro El Volador, la calle Barranquilla y la Iglesia de Manrique. Acostumbrada a ver los tonos grisáceos, gris metalizado y gris cemento de su fachada, en febrero fue sorprendida por una iglesia muy diferente, delineada de un blanco esplendoroso.

La construcción de la iglesia, con su torre alta ornamentada de 60 metros, sus picos y puntas, balaustres y rosetones, empezó en los años veinte y fue terminada aproximadamente una década después. La obra fue ordenada por los Carmelitas Descalzos y en la actualidad esa comunidad la sigue administrando.

“Lo que se hizo fue hacer reposición y restauración de algunas piezas faltantes de la construcción y se pintó”, explica el párroco Milton Moulthon Altamira. “Yo, como todos, también pensaba que la iglesia era gris, pero cuando se hizo el lavado de la fachada nos dimos cuenta de que el gris de las torres y los balaustres era mugre”. La iglesia no se pintaba hace unos veinte años. Los especialistas de la empresa Habitat Construcciones, encargada de la restauración, al remover las capas de pintura que tenía por arreglos anteriores, concluyeron que los colores más parecidos a los originales de la construcción eran el blanco y el azul.

“A mí no me gustó el cambio; era mejor gris, se veía rústica”, comenta Gladis. Lo mismo dice Olga Posada, de 74 años, detrás del mostrador de la caseta donde vende tintos, confites y cigarrillos. Olga vive hace 13 años a una cuadra de la iglesia: “Mija, si la iglesia toda la vida ha sido gris, ¿por qué pintarla blanca?”, se pregunta con un tono de voz agudo y regañón. Como Olga, muchos en el barrio siguen sin saber que el gris de la mole era producto del paso del tiempo, la humedad, el clima y la contaminación que fueron desgastando sus piezas y el color de la fachada.

Las hermanas Jurado Flórez: María Silvia, Teresa, Luz Emilia y María Ligia, viven en Manrique Central desde 1972, en una casa con unas seis habitaciones, patio trasero, sala de estar, dos baños y cocina. Cada silla, porcelana o cuadro están perfectamente ubicados y se reflejan en la baldosa de mármol. María Silvia, la menor, a sus 65 años, es la encargada de la casa y de estar pendiente de las diligencias de sus hermanas, reclama la pensión, paga las cuentas o pide citas médicas.

A las Jurado les gusta el cambio de la iglesia. “Nosotras nos sentimos muy orgullosas, la celebración de las fiestas de la Virgen del Carmen, la patrona de la iglesia, y la misa del Señor de las misericordias son muy bonitas. Ella necesita muchos arreglos y la iglesia normalmente no tiene los recursos para hacerlo”, dice María Silvia.

En 1999, un acuerdo del Concejo de Medellín declaró la construcción de 1.216 metros cuadrados, junto al Convento de los padres Carmelitas, contiguo a la iglesia, patrimonio cultural, arquitectónico y religioso de Medellín. El dinero para la restauración, sin embargo, salió del bolsillo de los vecinos.

“Yo no perdí el tiempo yendo a la Alpujarra a pedir ayuda o recursos. Yo sabía que había que hacer muchos trámites y, que al final, me iban a decir que los presupuestos estaban congelados por estar en periodo electoral. El mantenimiento de la iglesia se pudo hacer gracias a la sana administración de la parroquia desde años anteriores, las donaciones de los feligreses, las ofrendas y diferentes actividades que realizamos el año pasado con el fin de recoger fondos para arreglarla: rifas, bazares…”. dice el párroco. Poco más de 35 millones de pesos costó el proceso: pintura, resanado, lavado, reposición y lijado de piezas. Aunque el presupuesto no alcanzó para lavar la primera planta, que es en granito y que, con el paso del tiempo, también cambió de color y se manchó.

La nueva cara de la iglesia de Manrique es azul, blanca y gris: acabados azules; cúpula, balaustres y torres blancos; y sus paredes, grises. Según la empresa restauradora, el color blanco puede permanecer por unos cinco años, tiempo en el que, los que están a gusto con el cambio, podrán disfrutar de la renovación del templo. Los que no, teniendo en cuenta la contaminación de la ciudad, no tendrán que esperar mucho para que vuelva a lucir su característico gris mugre.