densidades n°4

ISSN 1851-832X (VERSIÓN ELECTRÓNICA) ISSN 1851-8311 (VERSIÓN IMPRESA)

densidades

eduardo sigal lincoln bizzozero revelez juan manuel sandoval rodolfo lópez natalia acerenza luciana litterio

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diciembre 2009

densidades

ISSN 1851-832X (VERSIÓN ELECTRÓNICA) ISSN 1851-8311 (VERSIÓN IMPRESA)

densidades Director Osvaldo Andrés García Comité Editorial Marina Cifuentes Luciana Litterio Colaboradora Nancy Caggiano contacto@densidades.org

4 diciembre 2009

Editor Responsable Osvaldo Andrés García Tel: (54-11) 4361-5130 Calle Perú 1031 Ciudad Autónoma de Buenos Aires C1068AAK. República Argentina

Sumario 5 9

densidades número 4 - diciembre de 2009

A modo de presentación “El MERCOSUR no se plantea como una forma de aislamiento ampliado”

Entrevista a Eduardo Sigal

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Brasil en el imaginario colectivo de la sociedad uruguaya. ¿Líder regional, mercado potencial o gigante en expansión?

Lincoln Bizzozero Revelez

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Libre comercio y seguridad regional.

TLCAN, ASPAN, ALCA y CPA: proyectos geoestratégicos de la seguridad nacional estadounidense para el Continente Americano

Juan Manuel Sandoval

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Lineamientos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para el sector energético

Rodolfo López

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Los movimientos cooperativos del MERCOSUR: actores dinámicos y en desarrollo continuo

Natalia Acerenza

119

ESPACIOS Logros alcanzados respecto a la temática migratoria en el marco de la Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR y Estados Asociados

Luciana Litterio

129

LECTURAS Diccionario de seguridad y geopolítica latinoamericano, de Miguel Ángel Barrios (dir.)

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CULTURAS Intraculturalidad e Interculturalidad Antonio Peredo Leigue

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DEBATES Guaraní, MERCOSUR Ñeé Teete / Guaraní Idioma Oficial del MERCOSUR Horacio González, Eduardo Leonel Galantini, Cynthia Filartiga Lacroix, Milciades Aguilar y Ovidio Octaviano

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ACCIONES Plan Regional de Inspección del Trabajo del MERCOSUR

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ACADEMIAS Maestría en Integración y Cooperación Internacional

Universidad Nacional de Rosario, Argentina

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DOCUMENTOS Declaración de San Carlos de Bariloche 28 de agosto de 2009

Resolución de la Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de la UNASUR 27 de noviembre de 2009

Comunicado Especial de la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela sobre la República de Honduras 8 de diciembre de 2009

Los contenidos de esta publicación expresan exclusivamente la opinión de sus respectivos autores.

densidades a modo de presentación Al momento que estamos cerrando esta nueva edición de nuestra densidades, tres naciones de la región han respondido a sendas convocatorias electorales. No podrían ser más disímiles los contextos, expectativas y legitimidades de estos procesos.

Por un lado nuestro hermano pueblo oriental ha renovado de manera contundente la confianza a la opción política que encarna la tradición progresista del sólido sistema político uruguayo. Como tantas otras veces, la República Oriental del Uruguay ha dado muestras de su civismo y su cultura democrática renovando su fe en la opción del cambio inaugurado hace ya cinco años.

Por su parte, el hermano pueblo boliviano nuevamente ha otorgado por aplastante mayoría su confianza al presidente Evo Morales, quien encabeza una verdadera revolución democrática que está haciendo de la República Plurinacional de Bolivia un fascinante ejemplo para el resto del mundo.

En el otro extremo de esta imagen, asistimos en Honduras a una farsa electoral sustentada en una impresentable parodia de transición, montada para intentar legitimar el resultado de un golpe de Estado. El rechazo a este ilegítimo proceso electoral fue expresado por muchos países de la región en sendas declaraciones. Sin duda uno de las más contundentes ha sido el Comunicado Especial firmado hace unos pocos días en Montevideo por los Presidentes de los Estados Parte del MERCOSUR y la República Bolivariana de Venezuela, donde claramente se manifiesta “el total y pleno desconocimiento de los comicios electorales realizados el pasado 29 de noviembre por el gobierno de facto”.

El golpe de Estado en Honduras encuentra a la región mayoritariamente comprometida con procesos de profundización de la democracia, pero también con activos actores cuyas estrategias pueden poner en peligro la estabilidad del Estado de derecho a tan alto costo conseguido. Si el régimen golpista hondureño logra finalmente dejar un heredero, y este es reconocido por Estados de la región, dejará un peligroso antecedente que pone en alerta a todas las democracias latinoamericanas.

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Esta situación nos pone a los países del sur de América en la necesidad de reforzar nuestros espacios de integración, sin abandonar la vieja bandera de la unidad latinoamericana, pero teniendo bien en cuenta que hoy una buena parte de nuestros hermanos, están gobernados por elites cuyas prioridades están puestas en profundizar las relaciones asimétricas de subordinación, para las cuales cualquier proyecto de construcción de una integración real, así como el desarrollo de políticas autónomas responsables, son una aberración.

Frente a ello la expectativa está puesta en América del Sur, a pesar de los que juegan a ser free-riders en el vecindario. Nuestra única esperanza es la construcción de una fortaleza democrática en el sur, autónoma, segura y responsable. Para ello es necesario que, sin ningún tipo de egoísmos, cada uno de nuestro países asuma el rol que le corresponde para lograr la integración de todos. Sólo así podremos construir, en nuestra sufrida región, sociedades integradas y soberanas con justicia social y podremos aspirar a constituirnos en una actor relevante en el reordenamiento del sistema mundial que se está gestando.

Queremos expresar un agradecimiento especial a todos los que nos ayudaron a realizar estas casi quinientas páginas que forman nuestros primeros cuatro volúmenes.

Queremos agradecer a todos los que apoyaron este proyecto desde el principio; a aquellos que nos acercaron con la mejor predisposición y de forma desinteresada, su producción intelectual conociendo nuestras limitaciones estructurales, pero confiando y apoyando la construcción de este espacio. Con todos ellos tenemos una deuda de gratitud enorme.

También queremos agradecer a todos aquellos que en la oscuridad de los tiempos del pensamiento único, mantuvieron la coherencia e iluminaron la senda a recorrer; a aquellos que jamás perdieron la fe en que el único camino posible para nuestras repúblicas es la integración y la unión latinoamericana, ambas imposibles sin el protagonismo de los pueblos de nuestra América.

Con este número cerramos dos años de trabajo militante. Todas nuestras expectativas al comenzar este camino, han sido cubiertas. Continuar con este trabajo ya es un logro importante: hemos alcanzado crear y consolidar una revista independiente dedicada íntegramente a dar cuenta de las distintas dimensiones de los procesos de integración regional de América del Sur. Por ello queremos dedicar, con mucho cariño y agradecimiento, este cuarto número a todos nuestros lectores, colaboradores y autores, pasados, presentes y futuros. Nuestro agradecimiento y afecto.

Nancy Caggiano, Marina Cifuentes, Osvaldo Andrés García y Luciana Litterio 10 de diciembre de 2009 6

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densidades

“El MERCOSUR no se plantea como una forma de aislamiento ampliado” Entrevista a Eduardo Sigal densidades: ¿Cuáles son los temas más importantes de la agenda de la Subsecretaría a su cargo en perspectiva a la próxima Presidencia Pro Témpore Argentina (PPTA)?

Eduardo Sigal: Próximos a la Cumbre los temas que nos vienen persiguiendo y de difícil resolución tienen que ver con el perfeccionamiento de la unión aduanera y la zona de libre comercio y dentro de eso, 1 la aplicación de la Decisión 54/04 es el tema central de los temas duros del MERCOSUR que están en debate y que todavía no le encontramos ningún punto de consenso claro entre los cuatro socios.

Sí se ha avanzado en la informatización on-line de las aduanas, que era uno de los tres pilares que componen la Decisión y hemos ido avanzando fuertemente en el tema del Código Aduanero. Nos quedan tres o cuatro aspectos que requieren

decisión política, pero esa decisión hay que tomarla y no creo que lleguemos en estas horas que hay de aquí a la Cumbre.

Por lo tanto será un tema para la Presidencia Pro Témpore Argentina. Y el tema central es la redistribución de la renta aduanera, la fórmula para la redistribución, venimos ensayando distintas propuestas entre Brasil, Argentina, Uruguay, pero no logramos consenso todavía. No sé si en las próximas horas, que tenemos reuniones del Grupo Mercado Común y del Consejo Mercado Común antes de la Cumbre, lograremos encontrar algún denominador común. También me da la impresión que es un tema que va a quedar para la próxima PPTA. Y después hay dos temas importantes de relacionamiento externo que están tomando nuevo impulso en estos días: hoy concretamente hay una reunión en Ginebra de la Unión Aduanera de África

Subsecretario de Integración Económica Americana y MERCOSUR de la Cancillería Argentina (desde 2003). Coordinador Nacional Alterno del MERCOSUR. Ha sido miembro de la Comisión de la Memoria, Diputado Constituyente en la Provincia de Buenos Aires y Senador Provincial en esa Provincia desde 1995 hasta 2003. Entre 1997 y 2003 fue presidente del bloque de Senadores del Frente Grande y actualmente es Presidente de dicho partido a nivel nacional.

1.Decisión N°54 del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR: “Eliminación del doble cobro del AEC y distribución de la renta aduanera”, Belo Horizonte, 16 de diciembre de 2004.

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El MERCOSUR no se plantea como una forma de aislamiento ampliado

del Sur (SACU)2, India y MERCOSUR, en el marco de la reunión de la OMC, donde vamos a ver si sentamos las bases comunes para una negociación triregional que es inédita, que desde el punto de vista de generar condiciones comerciales sur-sur, sería un salto cualitativo importante. Hay que tener en cuenta que ya logramos un acuerdo parcial de preferencias entre MERCOSUR-India y otro entre MERCOSUR-SACU, entonces un poco la intención es ver si podemos profundizar este acuerdo de preferencias entre los tres o si podemos dar pasos más audaces en esto. Y la otra negociación externa fuerte, impactante, de estas horas y que va a ser centro seguramente de la PPTA es la negociación MERCOSURUnión Europea. Yo diría que nos vamos acercando a la decisión política de ambos lados de retomar las negociaciones. Por ahora estamos en una serie de consultas y de reuniones consultivas para ver cuáles son los márgenes de movimiento de las ofertas, que hasta ahora teníamos por parte de los europeos, e internamente en el MERCOSUR hemos hecho varios ejercicios para ver los márgenes que tenemos también en esa negociación. Lo doy en este orden porque es fundamental que Europa haga los principales movimientos; acá el trato especial y diferenciado a partir de que ellos son parte de la economía desarrollada y nosotros de las economías en desarrollo es fundamental, y si eso queda simplemente en una manifestación de

voluntad pero no se traduce concretamente en las ofertas que Europa le haga al MERCOSUR, va a ser una nueva limitante para retomar o llegar con éxito a la finalización de este tratado de asociación. Que también tiene tres patas: por un lado el de la cooperación, capítulo que está con un nivel de avance importante pero quedó estancado cuando se congelaron las negociaciones en el 2006 y el capítulo político que también está muy avanzado aunque no se finalizó por el mismo motivo, cuando no se avanzaba en lo comercial. Si ahora se avanza en lo comercial -yo creo que estamos en condiciones de completar los tres capítulos-, se puede alcanzar un tratado de asociación que, por la dimensión de lo que estamos hablando, es sumamente importante. Imagínense que Europa en general es el principal socio comercial de todos los países de la región, del MERCOSUR por lo tanto también, y la economía de Europa es una economía que por su nivel de desarrollo hoy es superior a la economía de Estados Unidos y a la de China. Entonces hay que prestar mucha atención porque también así como nos podemos beneficiar puede haber sectores que pueden perder y después de la experiencias neoliberales de los '90 no queremos que nos encuentren distraídos. Por ello, hemos iniciado un proceso de consulta con el sector privado previo a establecer la oferta MERCOSUR y previo a arrancar con el proceso de negociación.

Estos serían los temas desde el punto de

2. South African Customs Union: establecida en 1910 y compuesta por Botsuana, Lesoto, Namibia, Suazilandia y Sudáfrica. Ver: http://www.sacu.int/

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Entrevista a Eduardo Sigal

vista económico-comercial. Después hay varios otros temas, entre ellos institucionales, muy importantes. Está el tema del Parlamento MERCOSUR, donde estamos en un acuerdo de los Parlamentarios que hay que traducir en una Decisión sobre la “proporcionalidad atenuada” que ellos han acordado.

Tenemos que ver si el Consejo del Mercado Común coincide con ese sistema de representación que han establecido. Tendremos que ver también los reaseguros desde el punto de vista de que no solo esté planteada la representación sino que esté garantizado que todos los países participen a la hora de tomar una decisión en el Parlamento y no que el Parlamento pueda imponer decisiones, aunque sea por mayoría, a un país o a otro porque eso no es el estilo, ni es viable en el MERCOSUR, que hasta ahora en sus dieciocho años de vida ha funcionado siempre como un acuerdo intergubernamental y por consenso. Todo es más lento pero también es un poco más sólido a la hora de tomar las decisiones. Desde el punto de vista institucional también vamos, en esta próxima reunión del CMC, a una reformulación de la Comisión de Representantes Per manentes del MERCOSUR. Todo indica que va a desaparecer la Presidencia de esa Comisión (que hasta ahora la ejerció durante un período Eduardo Duhalde y después Carlos Álvarez)3, y se irá a una transición hasta que reformulemos todo

el tema de la Secretaría y los órganos del MERCOSUR con asiento en Montevideo. Seguramente la Presidencia va a ser ejercida por el mismo representante de la Comisión del país que ejerce la Presidencia Pro Témpore, o sea, a partir del primero de enero lo ejercería la representación argentina, a partir del primero de julio la representación de Brasil, hasta tanto hagamos una reconsideración global de toda la estr uctura de la Secretaría, las Direcciones, la Comisión de Representantes, del Parlamento, que está en análisis en esta etapa en el Grupo de Alto Nivel para la Reforma Institucional. densidades: ¿Cómo se compatibiliza el avance en la integración sin organismos regionales o supranacionales cuando los funcionarios tienen prioridades nacionales?

Eduardo Sigal: Acá tenemos un problema de matriz difícil de superar. Yo por eso hacía referencia a los dieciocho años de historia del MERCOSUR. Se arrancó con un criterio, en mi opinión, de falso igualitarismo al considerar que todos los países somos iguales, todos aportamos igual, todos tenemos la misma responsabilidad, todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. El modesto presupuesto del MERCOSUR lo pagamos hasta ahora en partes iguales los cuatro países, y no es lo mismo el desarrollo de Brasil, el de

3. La Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR fue creada por la Decisión del CMC N°11/03. Su artículo 3 establece: “El Presidente ejercerá sus funciones por un período de 2 (dos) años pudiendo el Consejo del Mercado Común extenderlo por un año adicional, antes del término de sus funciones”. A la fecha han ejercido la Presidencia el ex presidente argentino Eduardo Duhalde (2003-2005) y el ex vicepresidente argentino Carlos Álvarez (2005-actualidad).

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El MERCOSUR no se plantea como una forma de aislamiento ampliado

Argentina, el de Uruguay o el de Paraguay, entonces había que pensar en un cambio.

Lo mismo pasa con el tema de la toma de decisiones, creo que ningún país o grupo de países le puede imponer al otro pero, preservando el criterio del consenso, debería haber un conjunto de instituciones del MERCOSUR con capacidad de ir avanzando. Voy a decir una cosa que a lo mejor es urticante dicho por un funcionario para otro funcionario: yo creo que hay una gran resistencia en nuestras burocracias nacionales en avanzar en cualquier tipo de órgano regional o supranacional que implique cierta delegación de facultades. Este es un debate permanente que tenemos en el interior de cada una de nuestras cancillerías y es una de las grandes resistencias que aparecen también hacia organismos como el Parlamento, que en definitiva en muy poco tiempo va a tener parlamentarios electos en forma directa por el pueblo y que habrá que reconocer como tal, en la dificultad de la relación entre ejecutivos y legislativos, como ocurre hacia el interior de los países. Pero la verdad no me puse a pensar si la inexistencia de los órganos traba el avance o dificulta la agilidad en la toma de decisiones o es el celo y, a veces, las contradicciones que existen también, sobre todo en las cuestiones económicocomerciales, cuando no hay complementariedad y hay competitividad entre nuestros países. Lo cierto es que el MERCOSUR sigue siendo sumamente imperfecto en sus dos pilares económico-

comerciales: como zona de libre comercio y como unión aduanera. No tenemos la capacidad ni posibilidad de perfeccionarlo y su imperfección justifica que cada uno de los Estados nacionales siga manteniendo políticas autónomas que muchas veces dificultan el desarrollo del propio proceso de integración. Es un poco “el huevo y la gallina” permanentemente dándonos vuelta alrededor de estos temas. Creo que por algún lado hay que destrabarlo, por eso me parece muy importante, por ejemplo, la última 4 Declaración Conjunta de los Presidentes Lula y Cristina Fernandez, donde en dos párrafos plantean retomar el tema de la coordinación macroeconómica entre nuestros dos países. Si se avanza entre los dos países y se avanza en el MERCOSUR en la coordinación macro, estaríamos dando un salto copernicano en la confiabilidad de las relaciones entre nuestros países y estaríamos dando más credibilidad al proceso.

Si nosotros pudiésemos avanzar decididamente en lo que ya es una decisión política y se formula permanentemente, esto es los procesos de integración productiva, que nos permitan superar en aquellos sectores que competimos esa competencia por la asociatividad, y en todo caso no sólo pensamos en el mercado ampliado del MERCOSUR y sus 230, 240 millones de potenciales consumidores, sino que mejoramos nuestra competitividad para abordar terceros mercados, seguramente vamos a hacer más sólido el proceso de

4. Declaración Conjunta de la Visita de Trabajo a la República Federativa del Brasil de la Presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, Brasilia 18 de noviembre de 2009. Accesible en: http://www.mrecic.gov.ar/portal/prensa/comunicado.php?buscar=4091

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Entrevista a Eduardo Sigal

integración y vamos a tener muchas menos oportunidades de pelearnos si entra algún porcentaje más o menos de heladeras, lavarropas, textiles, zapatos, vinos, etc. de un país a otro. Quizás la mejor experiencia que tenemos de acuerdo es la del sector automotriz, si bien eso tiene mucho que ver con las características semi monopólicas del comercio entre las automotrices, pero el acuerdo automotriz se ha demostrado como muy ventajoso para el MERCOSUR. Ha permitido en el caso de la Argentina potenciar fuerte-mente el proceso productivo, por supuesto hace una división que hacen las casas matrices… densidades: está asociado a las estrategias de las multinacionales que tienen un pie en cada país.

Eduardo Sigal: por supuesto. densidades: esta incapacidad del MERCOSUR de redondear ciertos temas económicos como el tema de la Unión Aduanera, que es fundamental, y la propia circulación de bienes, como de personas, en la que por lo menos se avanzó bastante, ¿Cómo juega eso con la estrategia de Estados Unidos de alcanzar los objetivos del ALCA a través de acuerdos bilaterales con cada país del continente? Hoy aparece un espacio de América del Sur que se muestra hacia fuera muy dividido entre dos estrategias diferentes: MERCOSUR por un lado y por el otro tres países que están apostando claramente a los acuerdos bilaterales con Estados Unidos.

Eduardo Sigal: Bueno, ni más ni menos que eso, una división de dos densidades nº 4 - diciembre 2009

concepciones que son, en primer lugar políticas, ideológicas y económicas. En estos tres pilares se asientan las diferencias básicamente que existen entre la mayoría de los países de América del Sur y Chile, Perú y Colombia, como los países que han priorizado los tratados de libre comercio bilaterales. También hay que ver cómo evoluciona en esta etapa la administración Obama con este tipo de cuestiones. En realidad creo que los últimos tratados de libre comercio de Perú y Colombia con Estados Unidos son parte del final de la era Bush, de la era republicana, de la era del ALCA. Hay que ver si logran algún revival en esta nueva época. No lo veo con claridad ese tema, y lo que está claro es que el MERCOSUR, como bien lo decías en la pregunta, no admite posibilidades de negociaciones bilaterales, salvo una posibilidad de cuatro más uno, o sea el MERCOSUR con Estados Unidos. Lo hemos planteado a Estados Unidos infinidad de veces.

Incluso cuando el ALCA había entrado en una etapa de parálisis, nosotros planteamos la negociación cuatro más uno. Nunca tuvimos una respuesta, ni positiva ni negativa. La administración Bush ignoró la propuesta. El MERCOSUR no se plantea como una forma de aislamiento ampliado, sino como una plataforma para incrementar nuestras fortalezas en el proceso de negociación multilateral y también en la posibilidad de las bilaterales o birregionales que puede encarar el MERCOSUR con terceros países o con terceros bloques. Nos planteamos desde el MERCOSUR ser un factor dinámico del reequilibrio del mundo que vamos percibiendo después de esta

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El MERCOSUR no se plantea como una forma de aislamiento ampliado

crisis tan profunda que se manifestó cruelmente desde septiembre del 2008 y que no creo que aún esté resuelta. Va a tener cierta licuación de sus consecuencias en esta primera etapa pero al no desaparecer las causas, estamos siempre con la espada de Damocles sobre la economía mundial pendiente. Ahora, insisto, nosotros tenemos un modelo de un Estado realmente existente en los procesos económicos, de participación activa para mejorar la competitividad de los privados, de regulación en todas las esferas, en las relaciones laborales, en las relaciones interestatales, en las relaciones entre los empresarios cuando no se ponen de acuerdo, y por supuesto, también haciendo valer todo lo que hace a la legislación, tanto desde el punto de vista laboral, como impositiva que existan hacia el interior de cada uno de nuestros países. Esto lo tenemos como cuestión presente hacia el interior de las políticas de nuestros países. No estoy hablando sólo sobre Argentina, algunos con mayor o menor vehemencia, con mayor o menor exteriorización, pero lo tenemos los cuatro países, y eso se manifiesta en la política activa que los gobiernos juegan en la gestación de las políticas del MERCOSUR y a veces en las propias dificultades que existen para destrabar las contradicciones a las que hacías referencia en la pregunta anterior densidades: pareciera que frente a cualquier obstáculo se intentan revitalizar visiones del realismo periférico, esta apuesta a las alianzas bilaterales con los poderes centrales. ¿Cómo observa Ud. las amenazas recurrentes que ha habido a lo largo de todos estos años de patear el

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tablero, sobre todo de parte de los socios más pequeños, pero de las cuales no ha estado tampoco exenta la Argentina en otros tiempos?

Eduardo Sigal: Si siempre tenemos esa amenaza pendiente, ¿el tema cuál es? Hoy tenemos cuatro gobiernos en la región que tienen que dar respuesta a las demandas de la sociedad y que tienen ciertas sensibilidades frente a las presiones de esas demandas. Mal camino podríamos estar transitando si vamos por la recetas del neoliberalismo. En todo caso, creo que el desafío es cómo encontramos, con más dinámica e inteligencia, respuestas dentro de la política de integración, dentro de la política de la asociatividad, dentro de la política de la complementariedad, dentro de la política de ser actores mundiales incluso en la gestación de una nueva entidad política regional a partir del proceso de integración y desde allí poder discutir también las políticas económico-comerciales en los organismos multilaterales, como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio. densidades: ¿En qué foros internacionales el MERCOSUR está presente como bloque con propuestas consensuadas?

Eduardo Sigal: Siempre existe una especie de “habitación de al lado”, de mesa paralela donde tratamos de consensuar en el MERCOSUR. No siempre se logra, pero la mayoría de las veces sí. Eso ocurre hacia la OMC, en la Ronda de Doha, en ALADI, y también en los ámbitos políticos como la OEA,

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Entrevista a Eduardo Sigal

Naciones Unidas, Grupo de Río. En general, no es que hablamos en nombre del MERCOSUR, no hemos llegado a ese nivel, pero siempre o casi siempre nos damos el tiempo de la discusión previa. A lo mejor no en los órganos estables del MERCOSUR, aunque algunos de ellos sí como el tema OMC y la Ronda de Doha, eso si lo discutimos en los órganos de MERCOSUR. Pero a veces más en los temas de discusión política como OEA, Naciones Unidas, Grupo de Rio, nuestras delegaciones que participan en esos eventos tienden a coordinar previamente los posicionamientos que llevamos. densidades: ¿Cómo ve la situación de la inserción definitiva de Venezuela?

Eduardo Sigal: Creo que estamos próximos a un paso sustantivo. El Senado de Brasil tiene en el orden del día tratar el Protocolo de Adhesión. Si se aprueba allí -como todo indicaría de acuerdo a los resultados de la Comisión de Relaciones Exteriores que lo trató hasta ahora y habría amplia mayoría para su aprobación-, estaría faltando que Paraguay lo haga. Eso no creo que sea fácil y va a ser un debate arduo en el curso del año 2010. De todos modos Venezuela en su calidad de socio en proceso de adhesión, está participando en todos los órganos y en todas las iniciativas del MERCOSUR. densidades: ¿Venezuela ha cambiado

la agenda de prioridades?

Eduardo Sigal: Si bien no tiene capacidad de cambiar la agenda al no ser socio pleno y no formar parte del consenso necesario para que esto funcione, sí son muy interesantes las temáticas que permanentemente nos aportan, que coinciden con las visiones actuales de los gobiernos de los países del MERCOSUR, que es no quedarse sólo en lo económicocomercial, sino avanzar en el tema productivo que es una de las grandes inquietudes venezolanas, en las cuestiones sociales, en las temáticas que podríamos hablar en términos genéricos como políticas. También las financieras, aunque aquí hay como una segmentación de los temas que abordamos en el MERCOSUR y los temas que se abordan en otros procesos de convergencia, no se si llamarlos de integración, pero en otros procesos de convergencia como es el caso de UNASUR, la Cumbre de América 5 Latina y el Caribe (CALC) , que tuvo su primer reunión en diciembre del año 2008, y en la que participan los treinta y tres países de América Latina y el Caribe sin Estados Unidos ni Canadá. Son procesos que transitan por carriles complementarios pero diferentes.

Mientras el núcleo duro del MERCOSUR sigue siendo lo económico comercial y ahora lo productivo, sin descuidar (porque nosotros queremos incorporar con fuerza), las dimensiones culturales,

5. La Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC) fue realizada durante los días 16 y 17 de diciembre de 2008, en Costa do Sauípe, Brasil. Participaron todos los 33 países que componen la región: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba, Dominica, El Salvador, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

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El MERCOSUR no se plantea como una forma de aislamiento ampliado

educativas, científico tecnológicas, migratorias, de defensa de la democracia, de los derechos individuales y sociales, etc., sin abandonar esos temas, aparecen otros ámbitos como el caso de UNASUR que transitan más específica-mente por el tema de la conectividad de los países. Y esto tiene que ver con la infraestructura y la comunicación, el transporte de nuestros países, el tema energético como otro de los grandes capítulos, por el que transita UNASUR, el tema del financiamiento de las obras particularmente de conectividad, que ese fue uno de los grandes desafíos y ahí la creación del Banco del Sur, como una de las creaciones a punto de empezar a funcionar -espero- en el transcurso ya del año 2010. También el tema de defensa y de seguridad, que se ha dado con la conformación del Consejo de Defensa del Sur, que es un salto cualitativo muy importante y por eso tanto ruido y tantos problemas ha causado a nivel de UNASUR la instalación de las siete bases de Estados Unidos en Colombia que es un claro resabio de lo que hubiera sido normal durante la guerra fría, durante la existencia de los dos bloques, el capitalista y el soviético, pre-noventa. Creo que estas políticas son resabios del pasado y que son hasta ofensivas con la maduración que han sufrido nuestros países, que están de acuerdo en generar políticas comunes para luchar contra el terrorismo o el narcotráfico, pero que sean políticas genuinas, a tono con las decisiones políticas y con las definiciones de los gobiernos de la región y no por orientación y menos por imposición de alguna potencia, como es en este caso de Estados Unidos hacia Colombia.

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densidades: El tema de las bases en Colombia y de la política de seguridad norteamericana hacia América del Sur, se nos aparece como la otra cara de la misma moneda del tema comercial, son parte de una estrategia que va por los dos lados en paralelo, ¿Cómo lo ve Ud.?

Eduardo Sigal: En general me cuesta, quizás porque buena parte de mi vida he sido bastante determinista, ubicar automáticamente que una trae la otra: ¡Hay políticas! Hay políticas que en este caso ni siquiera puedo decir que es la imposición de Estados Unidos hacia Colombia, es la Administración Uribe con la administración de Estados Unidos, antes la de Bush, ahora la de Obama, que coinciden en firmar un tratado de libre comercio, que coinciden en instalar bases en la región y que eso pone en crisis los procesos de integración regional. Quizás eso esté más emparentado con la inquietud de la reconfiguración que estoy convencido habrá en el escenario mundial post-crisis 2008-2009. Creo que vamos hacia un mundo más equilibrado, vamos a la construcción de un mundo multilateral, donde Estados Unidos va a ser una gran potencia pero va a dejar de ser la única potencia mundial con capacidad decisoria en el escenario internacional como había quedado después de la desaparición de la Unión Soviética, de lo que se llamó el campo socialista. En eso creo que América del Sur es como un estorbo para algunos halcones de Estados Unidos que siempre consideraron a la América latina y el Caribe como su “patio trasero”. Me parece que ese “patio trasero” está adquiriendo cierta autonomía, tiene nuevas políticas de desarrollo, tiene

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Entrevista a Eduardo Sigal

nuevos actores principales como el caso de Brasil, que no necesariamente tiene que ser un actor que confronte con Estados Unidos, pero hay objetivamente un grado de disputa sobre la influencia que cada uno va teniendo en la región. Y esto se llega a expresar en un hecho tan simbólico como que la Embajada de Brasil sea la sede en Honduras donde esta asentado el presidente legítimamente electo, Zelaya. Entonces aparecen claramente diferencias de políticas.

Estados Unidos dice reconocer el proceso electoral de Honduras que terminó en el día de ayer, y el resto de los países de América decimos: esto es ilegítimo, es ilegal, no condice con un valor que hemos incorporado en las últimas dos décadas en la región, que es el de las democracias estables, que no era el rasgo del siglo XX -por lo menos de buena parte del siglo XX- en la región y hoy es un capital. Ese capital lo definimos y los defendemos en la región, no necesitamos que nos vengan a definir o a defender esos procesos desde fuera de la región. Me parece que Estados Unidos debe entender que este mundo que se está construyendo no admite más el rol que tuvieron en buena parte del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI de gendarme mundial. Eso no se admite más. densidades: Si uno considera los procesos electorales de 2002 y 2003 en la región, el MERCOSUR y la integración regional estaba presente como objetivo en todas las propuestas progresistas. Hoy parecería que eso se fue diluyendo de alguna manera, y la repercusión mediática del tema es casi nula y casi siempre

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negativa. ¿Considera Ud. que hay un deterioro de la imagen del MERCOSUR en la ciudadanía?

Eduardo Sigal: No creo que haya a nivel social una regresión de la imagen de la integración o del MERCOSUR. La verdad no tengo de este último año ningún tipo de estudio de opinión pública. Pero si puedo afirmar que los últimos que tenemos es que más del 97 % de la sociedad argentina se manifestaba de acuerdo con el MERCOSUR y con el proceso de integración, muchas veces sin conocer en detalle lo que ocurría, sino desde este principio que casi es identitario y que viene desde el Martín Fierro de “los hermanos se han unido”, y la idea de la Patria Grande, y el “juntos podemos”.

Desde estas ideas más elementales hay una opinión muy favorable hacia el MERCOSUR y la política de integración.

Lo que siempre estuvo, pero ha florecido con mucha fuerza en el último período, son algunas cuestiones conflictivas en la relación comercial y esto es un alimento muy interesante para los medios de comunicación masivos que muchas veces se dejan guiar por los intereses lógicos que defiende una parte, un sector productivo de Argentina o de Brasil y eso genera mucha tensión. Este es un problema y el camino es el que venimos desplegando.

Primero, entendimiento y compromiso de nuestros gobiernos con el proceso de integración. Segundo, trabajar en el marco de la realidad y no de la teoría, la realidad en la construcción de ese proceso de integración. No es lo mismo preseptiembre de 2008, cuando todos veníamos con economías en la región creciendo entre el cinco y el nueve por

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El MERCOSUR no se plantea como una forma de aislamiento ampliado

ciento, donde el comercio intramercosur había llegado a niveles nunca ni siquiera imaginados históricamente donde el comercio entre Argentina y Brasil impoexpo fueron casi 32 mil millones de dólares, que una etapa de la economía mundial recesiva, con un comercio que se achica, con una expresión fuerte en el comercio intramercosur, y no en cualquier comercio, sino en un comercio básicamente asentado en manufacturas de origen industrial -que es lo que más se ha resentido en el comercio mundial y por lo tanto tiene una expresión muy fuerte en la región-, donde los sectores productivos tienden a empujar a los gobiernos a tener políticas más defensivas que ofensivas. Es una coyuntura. Lo que necesitamos es entendimiento político, no descentrarnos de las cuestiones estratégicas, no confundirnos por cada una de las coyunturas y sí encontrar respuestas que lleguen al hombre y a la mujer que a lo mejor no sabe mucho de la teoría de la integración pero que vive si le sirve o no le sirve este proceso. Si se cierra su empresa, porque vienen productos de uno de los países del MERCOSUR, no va a entender ni va a querer la integración. Si su empresa se fortalece, toma más trabajadores, ganamos nuevos mercado mundiales y eso lo hacemos en sociedad con empresas de otros países de la región, va a entender que la integración sirve. Entonces, me parece que lo que tenemos que buscar es mayor aterrizaje a la vida cotidiana de los hombres y mujeres de los países del MERCOSUR de las políticas de integración, me parece que esto es muy importante.

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densidades: Nosotros lo planteábamos por el lado de la estrategia comunicativa de MERCOSUR sobre los logros alcanzados. Hay logros del MERCOSUR que no quedan claros que provienen de una política de integración regional o del marco específico del MERCOSUR. Eduardo Sigal: siempre el tema comunicacional, y más en esta época, es fundamental. Nosotros hemos intentado en distintas ocasiones reactivar la Reunión Especializada de Comunicación Social, y hemos encontrado resistencia en algunos sectores. Durante la última PPTA le dimos un fuerte impulso, hubo distintas reuniones, un encuentro regional, un seminario. Hay un tema importante que es que no hay mucho periodismo especializado en el tema integración, en el tema MERCOSUR. Es importante que avancemos en la propia capacitación del periodismo para que lo que trasmitan, aunque sea un problema, lo trasmitan en el contexto de hacia dónde estamos avanzando, qué es lo que estamos construyendo y por que eso que estamos construyendo no es simplemente un antojo de un gobierno u otro gobierno, es un desafío de época para mejorar la calidad de vida de, en nuestro caso, los argentinos, pero que eso es imposible sino lo hacemos con dimensión regional, sino lo hacemos con fortaleza de negociación mundial en este mundo global.

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2009.

Nota: densidades agradece la colaboración de Germán Celesia y Cristina Marrón Mantiñan para la realización de esta entrevista.

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Brasil en el imaginario colectivo de la sociedad uruguaya. ¿Líder regional, mercado potencial o gigante en expansión?

Lincoln Bizzozero Revelez 1. Actualidad de una preocupación: la marcha de Brasil vista de Uruguay Brasil cubre la mitad del territorio de América del Sur y tiene una población de alrededor de 200 millones de habitantes, lo cual también representa alrededor de un cincuenta por ciento del total del continente sudamericano. Al lado de Brasil, cada una de las repúblicas fronterizas, incluida Argentina, resulta significativamente pequeña en tamaño y población. Esta realidad que se expresa a través de dos indicadores de potencia como lo son el territorio y la población, se acompaña de otros en materia de recursos naturales y también de comportamiento de la economía, que hacen de Brasil una ineludible referencia regional.

Las diferencias culturales entre Brasil y el resto de las Repúblicas de América del Sur se patentaron con nitidez cuando se concretó el traslado por parte de la flota

inglesa de la Corte portuguesa a Río de Janeiro. Desde ese momento, Inglaterra tuvo un interés específico en que la frontera cumpliera su papel de separar y diferenciar el mundo lusitano del hispano en esta región del mundo. Y desde ese momento hasta fines del siglo XIX esa separación significó un obstáculo a todo intento de visualizar como una totalidad la región desde la descolonización. Es recién hacia fines del siglo XIX, como resultado de los avances de Estados Unidos para la Conferencia Panamericana convocada por Blaine, que un movimiento de intelectuales iberoamericanos, llaman a celebrar el IV Centenario del descubrimiento de América en 1892 bajo la bandera de una reafirmación hispánica e ibérica. Este movimiento de intelectuales significó un aporte de suma importancia para cerrar la brecha entre dos naciones, que durante buena parte de la historia constituyeron una unidad en la Península Ibérica.

Doctor en Ciencia Política (Université Libre de Bruxelles, Bélgica). Profesor Catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Uruguay). Profesor del Instituto Artigas de Servicio Exterior de la República Oriental del Uruguay.

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Sin embargo, esta unidad frente al panamericanismo no derivó en una articulación entre ambos espacios culturales, que efectivamente se continuaron viendo como diferentes y enemigos en términos de la seguridad interna de cada una de las Repúblicas. De esta forma, la construcción de Brasil se forjó con la necesidad de afirmar la identidad cultural lusitana frente a un cerco de repúblicas hispanas. De ahí la importancia de la frontera para Brasil, aun cuando tuviera significados diferentes de acuerdo a la geografía humana y a la evolución de los acontecimientos históricos.

En el caso de Uruguay, la frontera no solamente tuvo una connotación de defensa nacional, sino también fue un lugar de encuentro común en la historia debido a que la Banda Oriental fue parte del Imperio de Brasil en tanto Provincia Cisplatina, poco antes de que el imperio inglés interviniera para “crear” un Estado tapón, “algodón entre dos cristales”1.

Otros dos factores explican que Uruguay tuviera un mayor conocimiento de la cultura brasileña que otros países de la región: la participación activa de algunos intelectuales brasileños que residieron en Uruguay y también el golpe de Estado de 1964 en Brasil, que provocó el exilio de varios destacados pensadores, entre los

cuales encontramos a Darcy Ribeiro, Manuel Pedresa, Ferreira Gullar, entre otros. Estos dos factores revelan, como bien señalara Ángel Rama, la difusión de la cultura brasileña en Uruguay como en ningún otro país de América Latina, lo cual contribuyó a un mayor conocimiento y a mitigar la imagen “potencia” de Brasil2.

Si bien en los años cincuenta y sesenta la aproximación con Brasil posibilitó un diálogo y una construcción cultural “cercana” desde el imaginario colectivo uruguayo, el ingreso de Uruguay al proceso de integración regional del MERCOSUR en 1991 potenció el retorno de otras imágenes asociadas al Brasil mercantil, al Brasil continental con sus potencialidades de liderazgo, y también como contraparte, con los peligros inherentes al carácter expansionista. En los inicios del MERCOSUR, el porcentaje de exportaciones de Uruguay a la región, situado en un 35%, y el carácter aperturista y comercial del proceso proveyeron bases para una perspectiva optimista de expansión a un mercado regional de doscientos millones, divulgada por la Cámara de Industrias del Uruguay, la Unión de Exportadores y la Cámara de 3 Comercio . El sistema político acompañó en su mayor parte esta percepción que fue

1. La referencia es de Lord Ponsonby, quien diseñó el estatuto de Estado independiente de Uruguay. Para acceder a una breve historia de Uruguay, pueden consultarse los documentos elaborados por José Pedro Barrán para la Red Académica Uruguaya: El surgimiento del Uruguay y la historia hasta mediados del siglo XIX, accesible en: http://www.rau.edu.uy/uruguay/historia/Uy.hist2.htm; El nacimiento del Uruguay moderno en la segunda mitad del siglo XIX (accesible en: http://www.rau.edu.uy/uruguay/historia/Uy.hist3.htm); Finalmente, El Uruguay del siglo XX (accesible en: http://www.rau.edu.uy/uruguay/historia/Uy.hist4.htm).

2. Ángel Rama (1993): “Esa larga frontera con Brasil” en El País Cultural nº 217, 31 de diciembre. Accesible en: http://letras-uruguay.espaciolatino.com/rama/esa_larga_frontera_con_brasil.htm 3. María Inés Terra (1998): El comercio exterior de Uruguay en los noventa. Creación y desvío de comercio en la región. CEPAL, Oficina de Montevideo. LC/MVD/R.157.Rev.2, julio. Accesible en: http://www.eclac.org/ publicaciones/xml/5/10875/LC-R157.pdf

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incorporada por la sociedad civil. Los resultados negativos del proceso sobre todo a partir de la devaluación del real en 1999 proveyeron a otras imágenes en la sociedad uruguaya de Brasil, asociadas con su falta de compromiso con la región y la incapacidad en liderar el proceso4.

Con los inicios del siglo XXI se potenciaron debates de diferente tenor frente a los condicionamientos externos de Brasil y la repercusión en la política exterior, sobre la expansión de las empresas brasileñas en sectores claves de la economía uruguaya y sobre el papel del país en la región y el mundo5.

La expansión de las empresas brasileñas en la región volvió a potenciar nacionalismos y miedos en el imaginario colectivo uruguayo frente al Brasil “potencia” asociadas al proceso de globalización6. Si bien esa expansión es parte del proceso de transformaciones productivas que a escala mundial están realizando las empresas, la posesión de activos en diversos sectores económicos, reavivó inquietudes sobre las consecuencias que se pudieran generar en el empleo, la seguridad social, la dependencia

productiva y comercial. Inversores y empresas de Brasil se han posicionado en sectores claves de la economía uruguaya en estos últimos años. En poco tiempo, a las inversiones y adquisición de grandes propiedades de tierra, se sumaron la del sector cervecero, la producción de cebada y el malteo, frigoríficos, arroz, estaciones de servicio, sector financiero. En unos años, se modificó el panorama productivo local y se incorporaron en el marketing local varios nombres de empresas y bancos brasileños en el cotidiano vivir como Petrobrás e Itaú. Este crecimiento exponencial frente a las inversiones brasileñas se acompañó de un resurgimiento de un sentimiento nacionalista de protección en la sociedad civil frente a la “dependencia” del gigante del Norte7 .

El gobierno ha buscado limitar los efectos adversos que pudieran generar estos brotes de nacionalismo contra el capital extranjero, haciendo hincapié en que los temas de inversión productiva no atañen la nacionalidad de los inversores, sino el respeto de las normas nacionales, de las directivas gubernamentales y de la respectiva reglamentación8. En filas del

4. Véase el artículo en ADN Mundo “Uruguay reiteró su crítica a Brasil por falta de liderazgo en MERCOSUR”, 7 de diciembre del 2006. Accesible en: http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/uruguay_argentina_ brasil_ce_ 071206.html 5. El Diario El País ha sido el vocero permanente de las señales de alerta frente a los “peligros” provenientes de Brasil para los distintos sectores. Un ejemplo es el análisis de un artículo sobre la inminente reelección de Lula da Silva en Brasil y las consecuencias en distintos sectores de la sociedad uruguaya. Véase Leonel García (2006) “Las complicadas relaciones de Uruguay con su vecino gigante”, 1 de octubre. Accesible en: http://200.40.120.165/ 06/10/01/pinter_239958.asp 6. Ello es fruto de una política de moneda fuerte y de apoyo a través del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES). La proyección regional de las empresas ha llevado a diversos conflictos con los países de la región y provocado un reacomodo en las relaciones a partir de una nueva diplomacia política de la negociación. Véase Raúl Zibechi (2008): “Está construyendo Brasil su propio “patio trasero”? Programa de las Américas Reporte. Accesible en: http://www. ircamericas.org/esp/5722 7. Suplemento Qué Pasa Diario El País, “El gigante despierto”, año VIII, nº 425, del 26 de julio del 2008, páginas 4-8.

Véase la nota “Milagro brasileño” y en particular “Mirando a Lula de reojo”, las cuales dan cuenta de las auspicias nacionalistas frente al denominado milagro económico de Brasil.

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gobierno, la propiedad de sectores claves de la economía por parte de capitales extranjeros, es percibida de diferentes maneras en función de su eficacia en la vinculación con el modelo de desarrollo y la posición estratégica en la economía nacional. Desde una mirada pragmática, el Ministro de Economía de ese momento, Danilo Astori, confirmaba el papel positivo que juega la inversión extranjera complementando la inversión pública, poniendo ejemplos a tales efectos9. Desde una perspectiva diferente, con el énfasis puesto en la importancia de los sectores claves de la economía, José Mujica, que desempeñaba el cargo de Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, planteaba su preocupación con la apropiación por parte de los capitales extranjeros, punto que era compartido por algunos legisladores de la bancada del gobierno (Frente Amplio Encuentro Progresista)10.

Por otra parte, la importancia que han

tomado algunas empresas brasileñas en las cadenas productivas del arroz, cerveza y carne en particular, han planteado en la sociedad civil temas de importancia vinculados con la fijación de precios en los distintos sectores, el respeto de los acuerdos y convenios definidos, la mano de obra y el empleo, la incidencia que puedan tener esas inversiones en el modelo productivo del país, el respeto ambiental y la legislación laboral11.

Estas manifestaciones económicas de empresas brasileñas son motivo de una preocupación social frente a los cambios en un proceso de globalización. En particular, se conjuga esta preocupación frente a la “invasión” de capitales brasileños con el debate sobre la inserción de Uruguay en la región y los costos derivados del “insuficiente” MERCOSUR. El debate concierne en definitiva temas relevantes de la falta de liderazgo de Brasil en el proceso, de los costos negativos de las asimetrías del

8. El marco uruguayo para las inversiones tiene como base la Ley N°16.906. La misma da continuidad a otras leyes anteriores, en que el inversor extranjero es tratado por la legislación uruguaya en forma idéntica al inversor doméstico, no requiriendo ninguna autorización específica para instalarse en el país, para importar o exportar, para hacer depósitos y operaciones bancarias en cualquier moneda, para acceder a créditos o recibir beneficios e incentivos. Lo que empezó a estar en cuestión era la apropiación de sectores claves de la economía (tierras y sectores industriales) por parte de extranjeros (brasileños) y no los principios de la política económica.

9. La reglamentación de la ley de inversiones es, de acuerdo al entonces Ministro de Economía, Danilo Astori, un instrumento de política activa para impulsar el crecimiento con justicia social. En esa dirección la inversión privada, tanto nacional como extranjera, es complementaria de la pública y redunda en beneficio colectivo. Véase la nota en la página de la Presidencia de la República del 28 de noviembre del 2007. Accesible en: http://www.presidencia.gub. uy/_Web/noticias/2007/11/2007112810.htm 10. Las diferencias en el seno del equipo gubernamental obedecen a la posición y funciones que desempeñan, pero no dejan de transmitir una parte de las diversas concepciones sobre la construcción del Uruguay. Por supuesto ello atañe las relaciones con los países vecinos, donde cumple un papel relevante la evolución del imaginario de la sociedad. La Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay reprodujo un artículo del diario El País sobre esas diferencias.

Véase el artículo “Avanzada brasileña puede crecer y en el gobierno debaten su impacto”. El País del 23/8/2007.

Accesible en: http://www.cncs.com.uy/softis/0/nv/5357 11. Una visión de conjunto de los sectores afectados por las estrategias de las empresas brasileñas puede verse en Nicolás Lussich Jorge Chouy (2007) “Brasil y la internacionalización de los negocios. Inversiones bárbaras” El País Digital, 26 de septiembre. Accesible en: http://www.elpais.com.uy/Suple/Agropecuario/07/09/26/agrope_ 304907.asp. Sobre la compra de Saman, principal empresa de arroz en Uruguay, puede leerse: http://comex.infobaeprofesional.com/notas/56370-Invasion-silenciosa-Brasil-compro-la-principal-arrocerauruguaya.html?cookie

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MERCOSUR y los condicionamientos que genera la falta de flexibilidad y opciones frente a las carencias del proceso regional. Estos temas retroalimentan en el imaginario social percepciones y miradas sobre Brasil que se han ido construyendo en el proceso histórico.

El documento expondrá esas construcciones imaginarias de la sociedad uruguaya sobre Brasil, que se han sucedido en la historia, como sustrato base de las miradas actuales y diversas. De alguna forma, la historia se repite, pero renovada y bajo nuevas formas y perspectivas en la percepción del ciudadano, que construye sus imágenes a partir del contexto vigente y de codificaciones heredadas. El trabajo continuará, en el siguiente apartado, con los ejes conceptuales que posibilitan ubicar las principales etapas relevantes en la construcción de imágenes sobre Brasil, que surgen del fluir histórico de Uruguay.

Los parámetros de esas etapas en la elaboración de imágenes sobre Brasil, el gran vecino del Norte, por parte de la sociedad uruguaya, serán analizados en otro punto. Finalmente, se presentarán algunas conclusiones sobre las distintas imágenes que se han ido construyendo en la sociedad uruguaya y la etapa actual.

2.- El fluir de la historia: visiones nacionales del vecino en el siglo XXI Plantear el tema de las configuraciones imaginarias que tiene una sociedad sobre los países vecinos es ubicar previamente las distintas matrices que fue construyendo la misma a lo largo de la historia. Esto lleva a precisar los distintos momentos y etapas de las relaciones bilaterales con los vecinos, pero también y densidades nº 4 - diciembre 2009

sobre todo ubicar el orden histórico en que se procesaron y también los sectores políticos y económicos dominantes que actuaron como constr uctores e intermediarios en el forjamiento de las imágenes.

En cualquier caso no puede hablarse de una única imagen que tenga una sociedad sobre otros países, por lo que las diversas y posibles imágenes que se van forjando tienen necesariamente un sustrato histórico, que se replantea en cada nuevo período. Esto quiere decir que los procesos históricos son construidos desde las propias comunidades humanas y que las mismas van forjando ideas, conceptos, instituciones que marcan instancias diferenciadas y diferenciales en relación a otras comunidades, superando el estereotipo de lo que podría definirse como una naturaleza nacional innata y esencial. En definitiva, las configuraciones iniciales de los imaginarios de cada comunidad “nacional” son válidas en sí y estructurantes, pero no son fijas ni definidas de una vez para siempre tanto en su for ma como en sus mismos contenidos. La sociedad como instancia política de deliberación y definiciones, adquiere su estatuto en tanto sujeto histórico y resulta pasible de ser aprehendida y analizada por los códigos culturales que elabora, pero también, en la medida que se configura como Estado, tiene el potencial de canalizar la lógica de diferenciación interno/externo a través de las políticas públicas y en particular la política exterior.

De esta forma el fluir de la historia tiene un sentido vital y creador en los propios cimientos de las sociedades y de ahí que las imágenes sobre Brasil que se tengan en

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Uruguay en el presente, son resultado de distintas etapas que se han ido articulando y superponiendo. Metodológicamente pueden diferenciarse tres etapas históricas desde sus inicios como Estado independiente que podrían identificarse de la siguiente manera: el Uruguay “fronterizo” 12 y “diferenciado” 13, el Uruguay como problema y el Uruguay regionalizado14.

Cada una de esas etapas históricas del Uruguay definió un marco cultural en el cual canalizar las relaciones externas y regionales. Por ende, la cultura política de cada una de esas etapas históricas resultó significante en cuanto a las bases sobre las cuales se fueron estructurando las imágenes de otros países, entre los cuales se encuentran los países vecinos. Esta construcción de imágenes deja de lado el estereotipo nacional prefijado vinculado al surgimiento de la Nación (y del Estado), que no tiene en cuenta el papel de las relaciones bilaterales y la estructuración de respuestas institucionales, políticas y sociales entre dos países. En otras palabras, las tres etapas históricas también

tienen un correlato histórico en Brasil y a su vez la percepción y miradas que se fueron construyendo sobre Uruguay dan cuenta de la globalidad del fenómeno histórico y cultural en tanto proceso histórico15.

El primer período histórico tiene dos etapas. La primera se inicia con la independencia del Uruguay y continúa en la segunda con la conformación de una identidad nacional y del Uruguay “diferenciado” a inicios del siglo XX. La primera etapa se ubica, en cuanto a la formación de un imaginario, en los inicios de la independencia de los Estados, en donde se gestaron los pilares de cada una de las Repúblicas y los límites políticos, fronterizos, sociales y culturales con el resto de los países limítrofes. El proceso de independencia y los inicios de cada República estuvieron teñidos por los antecedentes del proceso colonial con la partición luso-hispana, pero la marca de las utopías, frustraciones, logros y conquistas estuvo imbuida de los primeros pasos políticos, sociales y culturales que fueron consolidando un

12. El concepto de “frontera” no es solamente geográfica, sino que tiene una connotación cultural importante que separa dos mundos provenientes ambos de la matriz colonial de la Península Ibérica. Resulta muy claro el efecto de esa separación en la cultura entre dos países vecinos durante el siglo XX. Véase Ángel Rama (1993) “Esa larga frontera con Brasil” El País Cultural Nº 217, Montevideo. Disponible en http://letrasuruguay.espaciolatino.com/rama/esa_larga_frontera_con_brasil.htm. Véase también Gerardo Caetano (1993) “Uruguay y la integración regional. Apuntes para una mirada histórica” Red Académica Uruguay. Accesible en sitio: http://www.rau.edu.uy/mercosur/caetano.htm 13. Transcribo el título de un libro de Alberto Methol Ferré. Cf. Alberto Methol Ferré (1971). El Uruguay como problema (Montevideo, EBO).

14. La definición del Uruguay regionalizado da cuenta de todo el proceso de aproximación a la región que se completa con la decisión de integrar el proceso regional. De hecho, si Uruguay no hubiera protestado diplomáticamente por la exclusión de los pequeños países frente al proceso argentino-brasileño, el MERCOSUR no hubiera nacido en ese momento histórico. Cf. Lincoln Bizzozero (2008). Uruguay en la creación del MERCOSUR. ¿Un cambio en la política exterior? Universidad de la República, CSIC, Montevideo, Uruguay.

15. La vinculación entre la política y la cultura en términos de construcción histórica en las relaciones entre países es expuesto críticamente hacia interpretaciones simples, ya sea antropológicas o culturalistas, por Alejandro Grimson.

Cf. Alejandro Grimson (compilador) (2007) Pasiones nacionales. Política y cultura en Argentina y Brasil. Edhasa, Buenos Aires.

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mosaico de Repúblicas. La segunda etapa de este primer período histórico, que también fue relevante en la construcción de las imágenes de los países vecinos de la región, fue durante la consolidación del Estado y la transición a la modernidad.

Este momento se procesa, con diferencias entre regiones, entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. El segundo período histórico, ocurre con posterioridad a la segunda guerra mundial, en la medida que América Latina debe posicionarse y reconfigurarse frente al nuevo orden mundial que se va estructurando a partir de la hegemonía de Estados Unidos. El cambio en la división internacional del trabajo impactó fuertemente en la inserción internacional de Argentina y Uruguay que dejaron de ser abastecedores del mercado europeo.

En el caso de Uruguay, la estrechez del mercado interno coadyuvó a que el país entrara en un estancamiento económico y a que se planteara su viabilidad nacional.

Durante este período es que el estancamiento productivo, la limitación del mercado europeo para los productos provenientes de estas latitudes y las repercusiones internas en las demandas presupuestales van echando las bases de un Uruguay tercermundista. De ahí que comience a bosquejarse como tema central el desarrollo económico y social y las bases para el mismo, en el sistema político y en las organizaciones sociales.

La viabilidad y alternativas que tiene el país se plantean en el debate cotidiano y las propuestas y respuestas políticas de otros países, en especial los vecinos, comienzan a ser analizados en función de una posible aplicación.

Finalmente, el tercer período histórico, densidades nº 4 - diciembre 2009

que identificamos como relevante en la configuración de imágenes de los países vecinos con anterioridad al siglo XXI, se articuló con el nuevo impulso a la regionalización y cooperación regional que se planteó a partir de los procesos de transición democrática. El Uruguay “regional” es una decisión política que se trazó en el país para articular respuestas desde la región frente a los cambios provenientes del contexto internacional derivados de la finalización del sistema bipolar.

Cada uno de estos períodos definió determinados parámetros a través de los cuales se expresaron las relaciones externas del país, su política exterior y los moldes sobre los cuales se fueron configurando las imágenes de Brasil.

3.- Los imaginarios sobre Brasil: de la independencia al MERCOSUR a. La creación del Uruguay: el Brasil frontera El espacio territorial que ocupa Uruguay formó parte, durante la época de la colonia, del Virreinato del Río de la Plata. Desde esa época, Montevideo fue el puerto principal de ingreso y salida y por ello mantuvo una rivalidad con Buenos Aires, por no reunir las condiciones naturales. Además, toda la región sur y litoral del Río Uruguay contaba con praderas que posibilitaban la r e p r o d u c c i ó n d e l g a n a d o. C o n posterioridad, las luchas por la independencia llevaron a que el territorio integrara las Provincias Unidas, pasara a ser luego parte del Imperio Portugués y de Brasil con el nombre de Provincia Cisplatina, antes de concretarse la independencia por mediación inglesa, que

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articuló un territorio tapón entre dos vecinos poderosos que debía ser una garantía para el imperialismo inglés16.

Las bases de cómo el Uruguay se fue constituyendo y mirándose a sí mismo tiene componentes de la época de la Colonia, del período revolucionario de descolonización, de la regionalización de los conflictos, antes de la definición de contenidos de identidad como EstadoNación. La identidad “oriental”17 que se fue forjando en esos orígenes frente al espacio lusitano-brasileño tuvo un componente de seguridad fronteriza por la importancia territorial que asumió el país en la mediación inglesa y otro componente de oportunidad comercial y económica sobre todo para las poblaciones cercanas a la frontera por el contrabando y otras actividades.

Los dos ejes de referencia de la política exterior de Uruguay fueron desde sus inicios la potencia hegemónica marítima (Inglaterra hasta la década de los cuarenta del siglo XX) y los dos vecinos regionales.

Es sobre esta base que se elaboraron los principios que estructuraron la doctrina de la política exterior uruguaya: la política de equilibrio regional que tiene su expresión en el principio de “No Intervención” en los asuntos regionales; la de solidaridad de los países de la Cuenca del Plata en los grandes intereses que son comunes a la región; la de neutralidad que define el rol de Uruguay como articulador regional; y finalmente una política interior de concordia en función de la caracteri-

zación del país como socio pequeño. b.- Uruguay “Suiza de América”: el Brasil atrasado La consolidación de una identidad uruguaya diferente y diferenciada del resto de América Latina se va concre-tando entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. La autoimagen de Uruguay como “Suiza de América” tiene raíces culturales en la inmigración importante de europeos, que proveyeron una mano de obra capacitada y conocimientos para generar una base social y económica y en la reforma educativa que se plasmó hacia fines del siglo XIX y posibilitó una educación gratuita y laica. Por otra parte, los partidos políticos desempeñaron un papel de relevancia en la articulación entre el Estado y la sociedad, que sentó las bases de un sistema político funcional a los intereses de los distintos sectores económicos y también a los intereses de los obreros.

Finalmente, el “batllismo”, en tanto expresión política predominante del Partido Colorado que gobernó y marcó los destinos del país durante los primeros años del siglo XX, fue determinante en definir una orientación progresista de la vida política que se expresó en una legislación laboral y social de avanzada para la época.

Esta matriz civilizada y moderna de la sociedad uruguaya, que se apoyaba en una inmigración europea, contó con un Estado dirigista y benefactor, que proveyó

16. Para ejemplificar el delicado equilibrio de la posición geopolítica del nuevo país, la diplomacia británica en la negociación de la Convención de Paz de 1828, tipificó a Uruguay como “algodón entre dos cristales”.

17. Los uruguayos son conocidos también como “Orientales” por la denominación geográfica de la República: al Oriente del Río Uruguay.

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bases para esa imagen de marca del Uruguay. En esta matriz cultural en que se fue concretando la identidad uruguaya, la frontera de seguridad con el vecino del norte, pasaba a ser también una frontera cultural, que se expresaba institucionalmente y también socialmente. La sociedad uruguaya se percibía a sí misma como moderna, integrada, cultivada, con resultados positivos en materia educativa y social y con un buen funcionamiento de los partidos políticos. Por otra parte, el Estado cumplía con su papel de ordenador de la economía y redistribuidor entre los distintos sectores de la sociedad. En esta cosmovisión de la sociedad uruguaya, Brasil era visualizado en sus atrasos relativos, en sus desigualdades sociales, en los problemas educativos que se expresaban, entre otras cosas, en una alta tasa de analfabetos entre la población activa en las dificultades de expresión de los partidos políticos a partir de los caudillismos regionales. c.- Uruguay como problema: el Brasil, ¿modelo a seguir?

La finalización de la segunda guerra mundial trajo aparejado cambios en la división internacional del trabajo que provocaron impactos importantes en el Cono Sur de América Latina. Entre los años cincuenta y sesenta se va modificando el peso relativo de los países de la región y Brasil comienza a superar a Argentina en los indicadores económicos.

En Uruguay se instala la crisis económica hacia mediados de la década de los cincuenta, una vez finalizada la Guerra de Corea. El estancamiento económico de Uruguay incorpora en el debate político y social el ¿qué hacer? y el

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¿qué camino tomar? El Uruguay comienza a plantarse como problema hacia fines de los sesenta y las opciones y alternativas que se bosquejan dividen a políticos e intelectuales, generándose distintas corrientes de opinión. Uruguay comienza a tener indicadores de país latinoamericano y del Tercer Mundo, como señalan con preocupación, algunos editoriales del periodismo oficial de la época.

La crisis y el estancamiento económico trajeron al foro doméstico respuestas, propuestas y modelos de otros países. Los modelos y respuestas comenzaron a ser visibles y analizados en función de las posibilidades de aplicación en el país.

Desde los años cincuenta y sesenta, se van construyendo otras percepciones de Uruguay sobre Brasil, que incluyeron una visión sobre las distintas propuestas políticas, económicas y sociales que se fueron planteando. La dictadura militar en Brasil y la propuesta de desarrollo basada en la doctrina de seguridad nacional fue asimilada y propulsada por algunos sectores económicos, políticos y militares que pasaron a tener influencia o a dirigir los destinos del Estado en Uruguay, en la década de los setenta. De esta manera, el populismo primero y, posteriormente, el golpe de Estado de 1964 que implantó la doctrina de seguridad nacional, fueron seguidos, analizados e incorporados en los debates políticos. La doctrina de seguridad nacional y el modelo económico que implementó la dictadura brasileña fueron un referente para la dictadura uruguaya.

Durante los años sesenta y setenta la imagen de Brasil estuvo en consonancia con el “Orden y progreso” y fue esa consigna la que buscaron transmitir los

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militares en Uruguay. La flexibilidad política que comenzó a vivirse en Brasil hacia mediados del setenta con el advenimiento del “pragmatismo responsable”, que derivó entre otras cosas en que fuera el primer país en reconocer la independencia de Angola, proveyó bases para comenzar a elaborar la imagen de un Brasil africanista y tercermundista. Esta elaboración comenzó a perfilarse en la sociedad uruguaya entre determinados sectores de oposición, en los años ochenta. La falta de libertades esenciales en Uruguay, cuya dictadura no dejó resquicios para la expresión de las ideas hasta cerca del final de la transición democrática, que se efectivizó en marzo de 1985, conspiró contra las posibilidades de difusión y de debate sobre esta imagen de un Brasil tercermundista. Esta falta de debate no solamente ocurrió por la falta de liberta-des, sino que también fue fruto de una política activa para no propiciar fisuras en el seno del gobierno frente a orienta-ciones de dictaduras de países vecinos. d.- Uruguay regionalizado: ¿Brasil mercado o Brasil líder?

La década de los noventa trajo aparejado un cambio importante del papel de Uruguay en tanto país articulador regional desde el momento que Argentina y Brasil acordaron la conformación de una zona de libre comercio y el objetivo de un mercado común. La protesta de Uruguay para no quedar fuera de este proceso, que tenía como base de sustentación el

Tratado de Montevideo de 1980, origen de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), posibilitó el inicio de negociaciones que incluyeron otros países de la región, que culminaron con la creación del MERCOSUR. Uno de los factores explicativos de ese movimiento de Uruguay fue la “brasil dependencia”, por el eleva-do porcentaje de las exportaciones al mercado brasileño que se situaban en el entorno del 25% del total18.

El Tratado de Asunción y la posterior protocolización en la sede de ALADI rubricaron el inicio del MERCOSUR y plantearon en Uruguay, las posibilidades ofrecidas por la apertura regional del mercado y el significado que tendría la liberalización comercial en la región. Con el paso de los años, las primeras euforias mercantilistas dieron el paso a otros temas y asuntos relevantes vinculados con cuestiones estructurales, el tema del socio pequeño en procesos de integración y la factibilidad de concretar los objetivos definidos de una política comercial común y un mercado común sobre bases que mostraban asimetrías relevantes en los inicios del proceso.

Las reformas económicas impulsadas desde inicios de los noventa en conjunción con el proceso regional proveyeron bases optimistas sobre el MERCOSUR en el imaginario de la sociedad uruguaya. Esas bases se fueron consolidando con el paso de los años en virtud de los buenos resultados que tuvo el bloque regional durante el período de

18. La dependencia del mercado regional de Uruguay, tomando las exportaciones e importaciones, se situaba en el entorno del 45%. Véase el capítulo dedicado al Comercio Exterior de Uruguay, de un resumen que hace la Secretaría General de la OEA a un estudio sobre la integración regional del transporte de carga. Accesible en sitio: http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea75s/ch04.htm

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transición (1991-1994) y los primeros años de la etapa de consolidación. De esta manera, se fortaleció durante esos años la idea de un proceso de integración exitoso basado en los buenos resultados que tuvo la aplicación del Programa de Liberalización Comercial en los cuatro países del MERCOSUR. La política cambiaria y comercial y las restricciones no arancelarias que impuso Brasil afectaron algunos sectores de la industria uruguaya trayendo consigo desempleo y las primeras frustraciones con el proceso regional. La devaluación del real a principios de 1999 aceleró la crisis del MERCOSUR y perturbó los términos de intercambio entre los países.

La devaluación impactó en la economía uruguaya y perjudicó las exportaciones a los países de la región. La imagen de Brasil como socio económico y como opción mercantil se vio erosionada frente a la imagen de un Brasil defensor de sus propios intereses y declinando por ende la asunción de compromisos regionales.

Los primeros años del siglo XXI trajeron consigo varios cambios que contribuyeron a generar una nueva imagen de Brasil, en tanto líder regional en el escenario internacional, en el imaginario de la sociedad uruguaya. Uno de los cambios significativos, se relacionó con los efectos de las sucesivas crisis en la región, que llevaron a cuestionar por parte de las sociedades las bases del modelo económico vigente en los últimos años y afectaron el funcionamiento de las instituciones y de la gobernabilidad democrática. Aunque los efectos de la crisis no fueron similares en todos los países de la región, se produjo una marcada convergencia regional en la densidades nº 4 - diciembre 2009

vulnerabilidad frente al pago del servicio de la deuda y en las consecuencias que deparó en las sociedades los ajustes requeridos por el Fondo Monetario Internacional. El cuestionamiento del neoliberalismo se expresó en los actos electorales de los distintos países aparejando que los gobiernos entrantes fueran de izquierda, trayendo una nueva convergencia políti-ca entre las fuerzas políticas gobernantes en la región.

El protagonismo internacional del Presidente de Brasil, Lula da Silva, y su prédica por el fortalecimiento del proceso regional del MERCOSUR y en acelerar el proceso de confor mación de la Comunidad Sudamericana de Naciones, proveyeron bases para generar una nueva imagen de Brasil en parte de la sociedad uruguaya, vinculada históricamente con la izquierda. Esa nueva imagen, reciente en términos de construcción histórica, visualiza a Brasil como “líder regional” y representante de la región en los foros internacionales.

Esta nueva imagen no logró consolidarse en Uruguay por lo que se entendió una falta de convicción del Presidente Lula da Silva en el conflicto de las papeleras entre Argentina y Uruguay. Una parte importante de la sociedad uruguaya consideró que el conflicto podía y debía ser resuelto regionalmente. Esa perspectiva se afirmó en la medida que la resolución bilateral con Argentina se aleja-ba y que el conflicto mostraba signos de estancamiento. A su vez, el gobierno uruguayo planteó formalmente una dilucidación regional del conflicto y buscó la mediación de Brasil. Como resultado de ello, la sociedad uruguaya tuvo como impresión generalizada, la idea de que

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Brasil debió mediar políticamente en la crisis y plantearse firmemente para encontrar una solución19.

El hecho de que Brasil no hubiese intervenido en la crisis bilateral con Argentina se juntó con reivindicaciones estructurales de Uruguay y demandas por una mayor flexibilidad regional. El cuestiona-miento a la ausencia de liderazgo de Brasil tanto como causa del “malestar” del país en el proceso del MERCOSUR así como por los condicionamientos geopolíticos para posibilitar otras opciones y alternati-vas en la inserción internacional del país se plantearon como las cuestiones más importantes de un debate de mayor alcance sobre el rol del país en la región y el mundo.

Como resultado de estos diferendos y debates sobre el papel e inserción del país en el mundo, surgió la iniciativa para concretar un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Esta iniciativa se planteaba en desmedro del MERCOSUR y en tanto respuesta a la poca importancia

que Argentina y Brasil otorgaban a las demandas de contemplación de las asimetrías y del papel del socio pequeño en el bloque regional20. La propuesta que fue propulsada para que ingresara en el debate político y social desde los Ministe-rios de Economía y de Industria, Energía y Minería por los Ministros Danilo Astori y Jorge Lepra, se correspondió con un cuestionamiento a la falta de liderazgo de Brasil en la región, tanto en la agenda regional como en las relaciones con terceros para concretar acuerdos21. Desde el ámbito político se presentaron otras miradas diferentes frente al MERCOSUR, Brasil y las negociaciones del TLC con Estados Unidos, como alternativas del país en el actual sistema internacional22. En esta aproximación se volvieron a enfocar desde el Uruguay las relaciones bilaterales con Brasil en tanto disparador de varios y diversos ámbitos de inserción regional23.

El anuncio de un posible Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos,

19. Conforme el artículo de Clarín (2006) “Papeleras: Uruguay ahora cuestiona a Brasil y dice que "no tiene liderazgo" 16 de diciembre. Accesible en sitio: http://www.clarin.com/diario/2006/12/16/elpais/p-02201.htm 20. El Ministro de Economía, Danilo Astori, en una entrevista de la BBC afirmó que el conflicto de las papeleras agravó la posición negativa de Uruguay en el MERCOSUR. Esta posición surgía de los costos y consecuencias negativas que aparejaba el funcionamiento “imperfecto” de la Unión Aduanera y la creciente bilateralidad argentinobrasileña en desmedro de los socios pequeños. Redacción de BBC Mundo “Uruguay no desea abandonar el MERCOSUR” Entrevista a Danilo Astori, 24 de marzo del 2006. Véase en sitio: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/ business/newsid_4841000/4841670.stm 21. En ese sentido, las críticas a la falta de liderazgo de Brasil en el bloque se correspondieron con las demandas por flexibilizar las reglas del MERCOSUR en las negociaciones con terceros. Eso significaba cuestionar doblemente a Brasil: en su papel de liderazgo no efectivizado y en sus relaciones con los países de la región. Véase el artículo en ADN Mundo “Uruguay reiteró su crítica a Brasil por falta de liderazgo en MERCOSUR”, 7 de diciembre del 2006 en sitio: http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/uruguay_argentina_brasil_ce_071206.html y el artículo del diario Clarín: “Papeleras: Uruguay ahora cuestiona a Brasil y dice que "no tiene liderazgo" 16 de diciembre del 2006 en sitio: http://www.clarin.com/diario/2006/12/16/elpais/p-02201.htm 22. Las distintas derivaciones de la inserción del país y la evolución de la coyuntura fueron expuestos por el Senador Alberto Couriel en la nota de opinión: “Uruguay: el TIFA, Estados Unidos y América Latina” del 3 de agosto del 2008.

Véase sitio: http://www.bilaterals.org/article.php3?id_article=13130 23. Véase la nota del analista de la Encuestadora de Opinión Factum, Oscar Botinelli “Un lugar entre los grandes” del 2003 en sitio: http://www.factum.edu.uy/estpol/anaobs/2003/ano03049.html

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introdujo con mayor énfasis el debate sobre los compromisos regionales asumidos, el papel de Brasil y las condiciones impuestas. De esta forma, comenzó a forjarse la imagen de un Brasil con actitudes “imperialistas” en algunos sectores políticos que han estado cuestionando el papel dominante sin la asunción del liderazgo correspondiente de Brasil en el continente sudamericano y en el proceso regional del MERCOSUR24.

El posterior acercamiento entre ambos gobiernos a raíz de una visita oficial del Presidente Lula da Silva, en el año 2007, dio lugar a una inflexión en las relaciones políticas bilaterales, sin que ello aparejase una modificación de las imágenes existentes sobre el país vecino. Como resultado de esa visita, los cancilleres rubricaron un memorándum de entendimiento para la promoción del comercio y la inversión, un protocolo de intenciones sobre un programa de cooperación en el área de biocombustibles y dos acuerdos para la construcción de un segundo puente internacional sobre el río Yaguarón y para la restauración del puente internacional Barón de Mauá en Cerro Largo. Además se hizo pública una declaración extensa con todos los temas acordados y a seguir tratando y se definieron algunos sectores en que se concretarían inversiones. Sin embargo, la agenda política continuó salpicada con el tema de las asimetrías al

interior del bloque, la posibilidad de una mayor flexibilidad en las negociaciones con terceros y las consecuencias negativas del acuerdo estratégico entre los dos socios grandes.

4.- El Brasil en el presente del imaginario de la sociedad: entre el liderazgo regional y los peligros del ejercicio de la potencia La imagen actual de Brasil en el imaginario colectivo de la sociedad uruguaya se expresa principalmente en una versión dicotómica entre un país líder regional (o con serias aspiraciones a devenir líder) y un país que ejerce su potencia sin asumir compromisos regionales y costos de los procesos y mismo con actitudes que llegan a calificarse de “imperialistas”. Estas dos imágenes no se encuentran tan lejanas entre sí, ya que corresponden a una opción dicotómica en que se visualiza que si Brasil asume más compromisos, irá consolidando su camino y voluntad de líder regional, y en caso contrario, otorgará prioridad a definiciones nacionales que convalidarán el ejercicio del poder en su proyección de potencia regional.

Estas dos visiones se encuentran en este momento intrínsecamente ligadas y corresponden al núcleo duro del ámbito político donde se define la inserción internacional, la orientación en política

24. Danilo Astori llegó a expresar que Argentina y Brasil tenían una actitud imperialista como consecuencia de la negativa de esos países a las negociaciones emprendidas por Uruguay para firmar un TLC con Estados Unidos. Véase la nota en el diario La Nación del 25 de mayo del 2006 en sitio: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_ id= 808866 La actitud imperialista fue denunciada también con motivo de la definición de la norma de televisión digital.

Brasil optó por la norma japonesa mientras Uruguay por la europea. La opción no impedirá la complementariedad como señaló el Presidente de la Unidad Reguladora de Comunicaciones del Uruguay, León Lev. Véase la entrevista en el diario La República del 1 de octubre del 2007 donde señala que habrá coordinación en todo el MERCOSUR, en sitio: http://www.larepublica.com.uy/politica/277344-leon-lev-brasil-y-uruguay-tendran-una-relacion-decomplementariedad-no-de-bloqueo

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exterior y el papel que juega el país en la región y el mundo. Por otra parte, atañe a temas delicados y sensibles vinculados con los costos del proceso regional, la orientación del MERCOSUR, la estrategia y modalidad para profundizar el proceso, las asimetrías y los fondos estructurales para paliar las mismas. En este ámbito que puede definirse como político mercosuriano, se plantean otras imágenes que surgen de circuitos y redes que son parte del proceso regional y colaboran desde sus respectivos lugares en las definiciones y decisiones del bloque.

Sin embargo, las imágenes vinculadas al liderazgo y a la potencia son las que predominan en el conjunto.

Además de este ámbito central, políticomercosuriano, donde se presentan y enfrentan estas imágenes sobre Brasil, la construcción de imágenes se realiza y concreta en otros ámbitos que tienen significación y proyección en la sociedad.

Estos ámbitos pueden catalogarse de la siguiente manera: el regional sudamericano, el ámbito de la cooperación bilateral, el de la educación y cultura y el ámbito económico.

El regional sudamericano está estrechamente vinculado al políticomercosuriano, pero tiene sus especificidades. En este ámbito las imágenes sobre Brasil se asocian en un sentido positivo a las potencialidades de liderazgo en América del Sur y por ende a la conformación de un polo de poder en el

sistema internacional. En otro sentido, más negativo, se visualizan los conflictos de Brasil con varios países de la región, las dificultades en el ejercicio de la potencia y la falta de “cintura” en algunos casos para la resolución de los conflictos25. Este ámbito aunque está ligado al anterior tiene su especificidad desde dos puntos de vista.

Desde una perspectiva macropolítica, porque es en ese ámbito que se expresan más claramente las diferencias en materia de caminos y modalidades de integración y modelos de desarrollo. Desde una perspectiva vincular, de expresión de las reivindica-ciones nacionales y su expresión en las políticas exteriores, porque la resolución de las mismas resulta fundamental en los contenidos del regionalismo sudamericano. En este panorama, el papel de Brasil en el proceso regional y el camino que tome resultan de suma importancia, tanto frente a las reivindicaciones que se han planteado por parte de varios países como Bolivia, Paraguay y Uruguay en asuntos diferentes, como frente a la orientación global del proceso sudamericano26.

El ámbito de la cooperación bilateral resulta muy poco conocido, aun cuando en este ámbito Brasil ha desarrollado una experiencia innovadora con Uruguay en América del Sur en la frontera. De esta manera la frontera adquiere una dimensión de polo cooperativo y de crecimiento económico y social, que posibilita modificar su situación. En este

25. Es significativo el título de un artículo aparecido en el diario El País: “Todos contra el poder de Brasil” para mostrar los distintos conflictos que se han dado últimamente entre países sudamericanos y Brasil accesible en sitio: http://www.elpais.com/articulo/internacional/Todos/poder/Brasil/elpepiint/20081208elpepiint_10/Tes/ 26. Eduardo Gudynas (2006) “Los fantasmas de la integración regional”, Red del Tercer Mundo nº 166. Accesible en: http://www.redtercermundo.org.uy/revista_del_sur/texto_completo.php?id=3089

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ámbito que es sobre todo territorial, ya que la cooperación se canaliza en proyectos, sobre todo en la frontera, la imagen de Brasil tiene un componente positivo de protección.

El ámbito educativo cultural está constituido por redes y actores del espacio educativo del MERCOSUR, del espacio cultural del MERCOSUR y por distintas redes y manifestaciones del ámbito cultural que se asocian a las modalidades de expresión de los pueblos y que abarcan desde las expresiones típicas culinarias al fútbol. Las redes y actores del espacio educativo van conformando los pilares de la sociedad regional futura, aun cuando, en el presente, no se visualicen los resultados de ese accionar. En este ámbito, la imagen de Brasil resulta más contemporizadora y horizontal, en la medida que las redes y actores se sienten partícipes en la construcción democrática de una región diferente.

El ámbito económico está conformado por actores de la actividad económica. La estrategia de expansión de las empresas brasileñas ha despertado reacciones de preocupación y “nacionalistas”. Este ámbito ha retroalimentado la visión de un Brasil potencia y expansionista, sin mayores contemplaciones para ejercitar un real liderazgo regional.

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Este muestrario de imágenes de Brasil en la actualidad de la sociedad uruguaya resulta demostrativo de la etapa que América del Sur y la región están viviendo en esta transición post-guerra fría y postmodelo neo-liberal. En esta transición, la diversidad de estrategias a seguir, los modelos de desarrollo, las relaciones entre los países y los contenidos que se le otorgue al regionalismo sudamericano resultan relevantes. En todos estos ámbitos, el rol que cumpla Brasil va a ser fundamental y por ello va a afectar cada uno de los países. En el caso de Uruguay, la dicotomía entre un Brasil líder regional y un Brasil potencia que desafía y condiciona las opciones de política del país es la predominante y la que va a continuar expresando las diferencias en el ámbito político y social en los próximos años. Y frente a ello, las políticas que asuma Brasil en los distintos ámbitos, el regional, el político mercosuriano, el educativo-cultural, el de la cooperación bilateral y el económico, resultarán fundamentales para la construcción de una imagen de líder benévolo o bien, en caso de no concretarse, para reforzar una imagen de potencia más conflictiva.

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Libre comercio y seguridad regional.

TLCAN, ASPAN, ALCA y CPA: proyectos geoestratégicos de la seguridad nacional estadounidense para el Continente Americano Juan Manuel Sandoval Palacios 1. Introducción A fines de la década de los 1980s y principios de la de los 1990s, una vez terminada la Guerra Fría, Estados Unidos comenzó a impulsar una estrategia geopolítica para el reordena-miento mundial, en el cual se posicionara como el líder indiscutible en el marco de la lucha interimperialista por el control de los recursos estratégicos y los mercados mundiales (Gowan, 1999; Sandoval y Betancourt, 2005). En la búsqueda por consolidar su desarrollo económico, político y militar en ese nuevo orden mundial, las elites económicas y políticas estadounidenses, junto con los estrategas militares del Pentágono, elaboraron una Nueva Gran Estrategia para consolidar su proyecto hegemónico imperialista global, para lo cual sería fundamental asegurar el control y explotación de recursos estratégicos (humanos y naturales), particularmente del

Continente Americano, imponiéndole su interés nacional mediante una nueva visión de seguridad nacional, pasando por encima de las soberanías de los Estados nacionales afectados.

Uno de los primeros pasos de esta estrategia fue la firma en 1993 y puesta en vigor el primero de enero de 1994, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Estados Unidos, Canadá y México, bajo un modelo de integración asimétrica y subordinada (principalmente de México y en menor medida de Canadá) a los intereses estadounidenses, el cual serviría como patrón para las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y otros tratados bi o multilaterales entre Estados Unidos y diferentes países latinoamericanos y caribeños.

En dicha estrategia, detrás de los aspectos

Profesor Investigador Titular “C” y Coordinador General del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras (Dirección de Etnología y Antropología Social, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México). Miembro del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC). Miembro del Equipo de Trabajo sobre Migraciones Laborales y Libre Comercio de la Alianza Social Continental (ASC). Contacto: spechf@laneta.apc.org *Este ensayo ha sido actualizado al 31 de agosto de 2009. Una versión fue presentada como ponencia en la Conferencia Internacional sobre la OTAN, la IV Flota de Estados Unidos y las Malvinas, organizada por Servicio Paz y Justicia en América Latina (SERPAJ); Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (MOPASSOL). 19 y 20 de marzo de 2009, Buenos Aires, Argentina.Una primera versión se presentó como ponencia en la Mesa 10, en el II Foro Hemisférico frente a la militarización, 2-6 de Octubre de 2008, La Esperanza, Intibucá, Honduras.

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puramente económicos, están los intereses de seguridad nacional estadounidenses. En el caso de México, el TLCAN ha servido para insertar a este país en la esfera de esos intereses (Hinojosa, 1993; Sandoval, 1993), asegura-ndo así los Estados Unidos la estabilidad de su vecino en el sur, y también el acceso irrestricto al petróleo mexicano. Para conso-lidar esta estrategia, actualmente se impulsan mecanismos derivados de dicho tratado, como la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), firmada en 2005 entre Estados Unidos, Canadá y México, por medio de la cual se promueve la integración energética de América del Norte y la regionalización de la seguridad nacional estadounidense (Sandoval, 2008). Pero también el TLCAN es un mecanismo para expandir los intereses de seguridad nacional estadounidenses a todo el continente, en el que México juega un importante papel como eje geoestratégico.

Durante las negociaciones del TLCAN, en abril de 1993, Zbigniew Brzezinski, quien fuera responsable del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense de 1977 a 1981, planteó que este Tratado “corresponde a una tendencia global mayor, en la que el concepto de seguridad también es parte de la integración regional ”, y explicó que en la medida que México, Canadá y Estados Unidos cultiven lazos económicos más íntimos, “se generarán las bases para estrechar la cooperación política y de seguridad y se evitará la posibilidad de conflictos entre las tres naciones, por lo que la estabilidad regional saldrá fortalecida.” En esta perspectiva, y según Brzezinski, el TLCAN atará la política exterior mexicana a la estadounidense en un “Pacto de Seguridad Regional” (Estevez, 1993).

En ese período de negociaciones los estrategas militares también estaban muy activos para que el TLCAN fuera aprobado en el Congreso estadounidense, ya que en el marco de éste se podrían extender los intereses estadounidenses a todo el

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continente americano. Los militares esperaban utilizar el TLCAN como vehículo que permitiera, mediante la integración económica latinoamericana, reorientar la doctrina de seguridad nacional en el hemisferio y crear una fuerza de intervención para proteger y estimular la “democracia de los mercados”. El Pentágono, responsable operativo del rediseño de dicha doctrina c o n s u l t ó c o n d ive r s o s g o b i e r n o s latinoamericanos la posibilidad de crear un brazo armado dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA) que mediara en los conflictos regionales y redefiniera el papel de los miembros del Tratado de Río, el cual se refiere a la seguridad interamericana. De acuerdo con minutas de las discusiones entre altos funcionarios del Pentágono y militares latinoamericanos, la forma en que los primeros pensaban allanar el camino hacia esos fines era con los mecanismos que se crearían a partir del TLCAN, la primera fase de lo que sería la integración económica hemisférica (Rivapalacio, 1993).

En una de esas minutas se menciona que la Subsecretaria de Defensa para Asuntos Latinoamericanos, Mary Lucy Jaramillo, planteó que: los movimientos hacia la ratificación de los acuerdos del TLC, aun si algunos miembros del Congreso se oponen, representa nuestro intento más serio hasta la fecha para abrir mercados y avenidas para un intercambio económico en América del Norte. Al hacerlo estamos agrandando nuestra red de relaciones comerciales entre Estados Unidos, México y Canadá, que es un paso valioso hacia una eventual integración con el resto del hemisferio.

Democracia, desarrollo y seguridad regional van mano con mano.

En las conversaciones con los militares latinoamericanos, Jaramillo recordó que la experiencia del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) demostró los beneficios colectivos del libre comercio y mercados

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Juan Manuel Sandoval Palacios

abiertos para las economías nacionales. En relación a la paz y seguridad regionales, Jaramillo apuntó que “El movimiento multilateral hacia un papel de mantenimiento de la paz, da buenos augurios al Tratado de Río. Siguiendo el ejemplo de las Naciones Unidas, puede servir como el brazo militar de la OEA, ayudando a disuadir y a mediar en conflictos regionales, así como de protección contra amenazas que emanen de fuera del hemisferio” (Ibid).

Una fuente militar latinoamericana explicó que la propuesta del Pentágono pretendía la creación de un ejército de cascos azules, como los que tiene la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que sería una fuerza de intervención rápida donde el papel de Estados Unidos sería mitigado ante la opinión pública, aunque no necesariamente en los aspectos operativos. Para lograr la creación de ese brazo armado, de acuerdo con el Pentágono, se requerirían reformas al Tratado de Río, las cuales no especificaron.

De cualquier forma, añadió esa fuente, los planes habían avanzado de forma importante ya para esas fechas, con Argentina a la cabeza de la redefinición de la estrategia de seguridad nacional en los términos que estaba planteando Estados Unidos. La redefinición por la Subsecretaria Jaramillo, de acuerdo con las minutas, se daría de la siguiente forma: Las fuerzas armadas de la región tendrían que modernizarse, tanto en doctrinas estratégicas como en equipo, según sus nuevos papeles. Esto puede ir acompañado con el proceso de reconversión de la industria militar, donde los que fueron antiguamen-te empresas estatales o manejadas por militares, son cada vez más coinversiones o empresas privadas multinacionales. Esto permite tanto la modernización del equipo como la diversificación económica, requerimientos absolutos para asegurar una paz duradera en la región. Aquí los temas de reconversión de la industria militar y la integración económica regional, por medio de vehículos como el TLC, pueden ir acompañados con una reorienta-ción doctrinal de densidades nº 4 - diciembre 2009

los militares, con los beneficios para todas las partes en este proceso (Ibid).

Una vez aprobado el TLCAN, y ya en 1996, Michael Dziedzic, Coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y experto en cuestiones militares de México, planteó que “la capacidad o incapacidad de México para incorporarse a las vigorosas economías de libre mercado será un factor determinante en la viabilidad que tenga nuestra nueva estrategia de expansión”. Y menciona que México es una “pieza vital” para el éxito o fracaso de la cooperación en materia de seguridad para todo el continente, por lo que: Desde una perspectiva geopolítica, nuestra capacidad para desempeñar un papel preponderante en el escenario mundial resultaría muy afectada si surgieran disturbios graves al otro lado de nuestra frontera sur, y nuestra actual estrategia militar quedaría poco menos que trunca. Sin embargo, igualmente importantes son los resultados positivos que produciría una relación geopolítica estrecha entre Estados Unidos y México. No sólo facilitaría en gran medida la labor de abordar los asuntos mutuos de seguridad a lo largo de la frontera, sino que se lograrían grandes avances en la formación de un régimen de seguridad hemisférica (Dziedzic, 1996).

A partir de esta visión, el gobierno estadounidense ha venido desarrollando un mayor control no sólo económico, sino político y militar en las franjas fronterizas entre Estados Unidos y México (el cual es clave en su estrategia regional de integración del TLCAN por localizarse ahí muchas de las principales industrias de punta y otros recursos estratégicos), bajo el pretexto de detener la inmigración indocumentada, el narcotráfico y el terrorismo. De esta manera ha trasladado su frontera sur geopolítica al Istmo Centroamericano, donde se aplican, para el control de la región que va desde Puebla hasta Panamá, medidas copiadas o made in USA, deviniendo así México en un

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país-frontera, es decir, la frontera entre América del Norte y el resto del continente (Sandoval, 2005), en cuya superficie territorial se busca aplicar programas estadounidenses como el Plan México o Iniciativa Mérida en contra del narcotráfico.

Otro estratega militar, John Cope, experto en las relaciones entre las fuerzas armadas de México y Estados Unidos, y quien se ha convertido en pieza clave en la búsqueda de mecanismos de vinculación entre los ejércitos de ambos países para la integración de México al Comando Norte (NorthCom), al Comando Norteamericano de Defensa Aérea (NORAD, por sus siglas en inglés) y al Perímetro de Seguridad de América del Norte (Cope, 2004), en 1996 apuntaba cómo los países del TLCAN serían el modelo para la cooperación regional en seguridad: Conseguir que los países firmantes del TLCAN participaran conjuntamente en diversos asuntos de seguridad proporcionaría a la OEA un modelo subregional visible con el cual animaría a otros grupos de países vecinos a hacer arreglos para la cooperación en seguridad (Cope, 1996).

Así, de acuerdo con todo lo anterior, se puede observar que detrás de un supuesto tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México se esconde el verdadero rostro del imperialismo estadounidense para extender o alargar sus intereses geopolíticos por medio del control hegemónico sobre los recursos y las fuerzas armadas del continente; y a partir de allí, intentar posicionarse al frente de un nuevo orden mundial, debido a los cambios geopolíticos globales que ya se vislumbraban desde fines de la década de 1980.

En este trabajo analizaremos cómo se han desarrollado los planes geoestratégicos de seguridad hemisférica de los Estados Unidos, a partir de la creación del TLCAN (y de ASPAN), así como de los intentos para crear el Área de Libre Comercio de las

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Américas (ALCA), cuyo eje de seguridad regional ha ido avanzando rápidamente por medio de la Cumbre de Ministros de Defensa de las Américas, la nueva definición de seguridad multidimensional de la OEA, y aspectos como la creación del Comando Norte, la reactivación de la IV Flota, entre otros.

II. El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la seguridad hemisférica La nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos se enmarca en su estrategia de acumulación, para tener acceso irrestricto a los recursos estratégicos que existen en el continente, principalmente en América Latina y el Caribe. Regueiro (2008: 24) apunta que: “La identificación de la integración como estrategia general hacia la región después de la Guerra Fría significa un viraje en la forma de pensar la integración y las relaciones interregionales que, ante la mirada del ciudadano medio latinoamericano, es presentada como la sustitución de las antiguas relaciones verticales por una relación entre socios.” (Cursivas en el original).

Regueiro menciona que este enfoque va a enmascarar la relación de dominación y dependencia a través de formas comerciales.

Y enuncia que la concepción de una forma de integración de Estados Unidos con América Latina funcional a su estrategia de acumulación, requiere un proyecto de largo plazo que permita cubrir necesidades del proceso de reproducción ampliada del sistema (economía y relaciones sociales), tanto desde el punto de vista material (entendiendo por tal las condiciones y requerimientos materiales para este proceso bajo una estructura cualitativa adecuada) como financiero. (Pág. 25) (Cursivas en el original).

Y dando respuesta a la pregunta de ¿qué integración es funcional?, Regueiro plantea: densidades nº 4 - diciembre 2009

Juan Manuel Sandoval Palacios

Una integración que remueva las trabas para el comercio y brinde plenas garantías y libertades al capital; que regule el movimiento de personas y que consagre estos propósitos e instrumentos jurídicos permanentes y con validez internacional.

La reproducción ampliada del sistema supone la reproducción de las relaciones sociales que le son inherentes. Por lo tanto, implica su reproducción como sistema hegemónico y de dominación. (Pág.

25) (Cursivas en el original).

Desde esta perspectiva, dice la autora, “el ALCA es un instrumento para conseguir los objetivos esenciales de una estrategia de acumulación, aunque no el único”. Y es que, continúa Regueiro (pág. 26), tanto “el ALCA como los TLC tienen la ventaja de poder legitimarse jurídicamente con el consenso de las élites empresariales y gubernamentales de la región”.

En suma, el nuevo régimen de seguridad hemisférica considerado por Estados Unidos después del fin de la Guerra Fría, para avanzar en su estrategia de acumulación, estaría inmerso en el proyecto para la integración regional continental mediante la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), propuesto en diciembre de 1994 durante la realización de la Primera Cumbre de las Américas celebrada en Miami, Florida. Este proyecto se desarrollaría sobre tres ejes: la promoción del libre comercio; el reforzamiento de los valores y las instituciones democráticas; y una nueva estrategia de seguridad hemisférica. Entre los aspectos del plan de acción propuestos durante la cumbre para la nueva política de seguridad regional, se planteó combatir conjuntamente el problema de las drogas ilegales y los delitos relacionados con ellas y la eliminación de la amenaza del terrorismo nacional e internacional (Business America, December, 1994). Esta cuestión, por otra parte, ya ha tenido avances sustantivos con el inicio del nuevo siglo, como hemos mostrado en otros análisis (Sandoval, 2004; 2005b; 2006). densidades nº 4 - diciembre 2009

Este proyecto se basaba en la Nueva Gran Estrategia estadounidense, definida a partir del fin de la Guerra Fría, y que sería el marco de un proyecto de seguridad nacional que a partir de 1993 se impulsaría mediante un plan estratégico el cual buscaría: “1) la estabilidad global y regional que alentaría el cambio pacífico y el progreso; 2) sistemas políticos abiertos, democráticos y representativos en todo el mundo; 3) un comercio internacional abierto y un sistema económico que beneficie a todos los participantes; y 4) una fe global perdurable en Estados Unidos que pueda liderear una respuesta colectiva a la crisis mundial ”(The White House, 1993).

Para 1994, este proyecto de seguridad nacional se asumiría como de “compromiso y expansión” (Engagement and Enlargement), con tres componentes centrales: “1) mejorar nuestra seguridad con fuerzas militares que estén listas para luchar y con representación efectiva en el extranjero; 2) reforzar la revitalización económica de Estados Unidos; y, 3) promover la democracia en el mundo” (The White House, 1994).

De acuerdo con dicha estrategia, estos objetivos asegurarían que Estados Unidos permaneciera comprometido en los asuntos de la política mundial y extendiera la c o m u n i d a d d e n a c i o n e s s e g u r a s, democráticas y de libre mercado. Pero lo más importante era que Estados Unidos se consolidara como el país más poderoso en el liderazgo del nuevo orden global emergente, ya que “nunca ha sido el liderazgo estadounidense más esencial ” (Ibid).

Para 1996, Clinton planteaba que su gobierno había trabajado durante tres años diligentemente para proseguir este proyecto de compromiso y expansión y que la línea entre sus políticas domésticas y exteriores estaba desapareciendo en función del avance y ampliación de sus intereses nacionales (The White House, 1996). Al año siguiente ya se hablaba en los círculos neoconservadores de un proyecto de seguridad nacional para un nuevo siglo estadounidense (The Project for the

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New American Century, 1997). Sobre esta visión se elaboraría el proyecto de los neoconservadores que se habían hecho fuertes en el Partido Republicano, para recuperar el poder en el año 2000, mediante el cual lanzarían una de las políticas más agresivas de expansión de sus intereses nacionales. En 2002, La Casa Blanca enuncia que: La estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos se basará en un internacionalismo inconfundiblemente norteamericano, que refleje la unión de nuestros valores y nuestros intereses nacionales.

La meta de esta estrategia es ayudar a que el mundo no sea solamente más seguro, sino también mejor.

Nuestras metas en el camino hacia el progreso son claras: libertad política y económica, relaciones pacíficas con otros países y respeto a la dignidad humana. Para lograr estas metas, Estados Unidos:(…)

- Fortalecerá alianzas para derrotar al terrorismo global y trabajará para prevenir ataques en nuestra contra y de nuestros amigos; - Trabajará con otros para desactivar los conflictos regionales; (…)

- Encenderá una nueva era de crecimiento económico global a través de los mercados y el libre comercio;(…)

- Desarrollará agendas para la acción cooperativa con otros centros principales de poder global; y - Transformará las instituciones de seguridad nacional de Estados unidos para enfrentar los desafíos y oportunidades del Siglo XXI. (The White House, September 2002: 1-2).

(Traducción del inglés de JMSP).

Y en 2006, cuando George W. Bush fue reelecto, su Estrategia de Seguridad Nacional describe un enfoque basado en dos pilares: la promoción de la libertad, la justicia y la dignidad humana trabajando para tirar la tiranía, promover democracias efectivas y extender la prosperidad a través del comercio libre y justo, y de políticas serias de desarrollo.

El otro pilar busca fomentar un mundo de

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estados bien gobernados que puedan satisfacer las necesidades de sus ciudadanos y conducirse responsablemente en el sistema internacional. Para ello, Estados Unidos debe continuar con su liderazgo, siguiendo el mismo plan de acción de la ESN de 2002.

(The White House, March 2006).

Pero regresando a la estrategia para crear el ALCA, los días 25 y 26 de julio de 1995, en base al tercer eje de la misma, la promoción de la seguridad regional, el Pentágono convocó a una reunión de ministros de defensa de las Américas en Williamsburg, Virginia, en donde se establecieron los Principios que serían la guía para todas las conferencias y actividades militares posteriores, articuladas sobre los tres ejes rectores de ALCA, promoviéndose el reconocimiento de que “el desarrollo de nuestra seguridad económica afecta profundamente nuestra seguridad de defensa y viceversa ”. Así como, “una mayor cooperación de defensa en apoyo de la participación voluntaria en operaciones sancionadas por las Naciones Unidas de mantenimiento de paz, y cooperar en un papel de apoyo en la lucha en contra del narcoterrorismo”. (The Williamsburg Principles, 1996) (Traducción al español de JMSP).

En esa reunión, a la que México envió como observador a su embajador en Washington, se evaluaron las distintas experiencias registradas en materia de seguridad en la región, al tiempo que se estudió el papel de las fuerzas armadas continentales “en las democracias del siglo XXI ”.

Los objetivos reales del Pentágono fueron formar un mecanismo de seguimiento de este tipo de encuentros, obtener un “acuerdo” para darle una participación más activa a la Junta Interamericana de Defensa (JID) y “mandatar” a la OEA para que asumiera mayores papeles intervencionistas en la región. Asimismo, se buscó definir mecanismos de persecución del narcotráfico con fuerzas navales y aéreas de interdicción; una especie de “regionalización” del combadensidades nº 4 - diciembre 2009

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te al narcotráfico por áreas, a lo que México se había opuesto en la OEA de forma sistemática (Facio, 1996).

De acuerdo con algunos estrategas militares (Cope, 2004; Manwaring, 2004; Manwaring, Fontela, Grizzard and Rempe, 2003; Nuñez, 2002), en esencia se ha puesto mucho énfasis sobre la cooperación económica (Tratados de Libre Comercio), pero se ha prestado poco interés a la cooperación de seguridad. Según estos estrategas, los sistemas de defensa colectiva existentes (Tratado de Río de Janeiro de la Organización de Estados Americanos) son una reliquia de la Guerra Fría y no son suficientes para los desafíos y las amenazas de hoy en día; por lo tanto, hay que impulsar nuevos mecanismos de cooperación y reestructurar los sistemas de defensa colectiva, bajo la dirección de Estados Unidos.

Es en esta perspectiva que Estados Unidos ha venido impulsando una nueva cooperación sobre seguridad en las Américas, buscando reestructurar a las fuerzas armadas de los países del continente que participan en la reunión de ministros de defensa de las Américas, bajo una nueva estructura organizativa regional diseñada por el gobierno estadounidense y bajo su mando militar. El plan original para esta nueva estructura implica lo que Arturo Núñez, Coronel del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos (U. S. Army War College), ha venido configurando como la estrategia necesaria, donde las naciones líderes subregionales participen bajo el liderazgo de Estados Unidos. De acuerdo con Núñez, Clave para el liderazgo exitoso de Estados Unidos es el reconocimiento de ciertos líderes subregionales Canadá, México, Brasil, Argentina y Chile que pueden añadir significativa legitimidad a una nueva arquitectura de seguridad, junto con las fuerzas componentes para crear unidades multinacionales permanentes. Estas unidades densidades nº 4 - diciembre 2009

constituirían la reactivación de la Primera Fuerza de Servicio Especial (First Special Service Force FSSF), una famosa unidad estadounidensecanadiense del tamaño de una brigada de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos, Canadá y México formarían la Primera Fuerza de Servicio Especial-Norte o FSSF(N) (por sus siglas en inglés) y Brasil, Argentina y Chile formarían la Primera Fuerza de Servicio Especial-Sur o FSSF(S). (Núñez, 2002) (Traducción al español de JMSP).

Según Núñez, estas unidades estarían bajo el control de la OEA por medio de un nuevo consejo de seguridad conformado por los estados FSSF. Tales fuerzas estarían organizadas para ser desplegadas rápidamente para manejar misiones que incluyan asistencia humanitaria, mantenimiento de la paz y otras contingencias de pequeña escala. Una FSSF sólo podría ser desplegada si países miembros aprobaran la misión, la cual “trabajaría para respetar la soberanía de estados individuales e incrementar el alcance de la contribución en el proceso de toma de decisiones ”. El FSSF-N sería operativo bajo el Comando Norte (comandado por un general brigadier de Estados Unidos, con el apoyo de subcomandantes de Canadá y México), aunque en última instancia estaría bajo la responsabilidad de la OEA. El FSSF-S estaría comandado por un general brigadier de Brasil, con subcomandantes de Argentina y Chile.

Operativamente, el FSSF-S estaría bajo un comando regional basado en Brasil.

En su ensayo intitulado Una arquitectura de seguridad del siglo XXI para las Américas: cooperación multilateral, paz liberal y poder flexible, publicado en 2002, Núñez planteaba que es crucial que Estados Unidos tomara el liderazgo para la expansión de la cooperación en seguridad dentro del Hemisferio Occidental. Los siguientes 5-10 años serían críticos para lograr un sentido mayor de comunidad dentro de las Américas. Por ello recomendaba:

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1) Llevar a cabo una conferencia de seguridad hemisférica con el apoyo de la OEA en octubre de 2003. La conferencia se enfocaría en la creación de una nueva estructura de seguridad. Estados Unidos debe enlistar el apoyo de Canadá, México, Brasil, Argentina y Chile como copatrocinadores de la conferencia. Una nueva estructura de seguridad de la OEA debería estar creada y con personal para el 1 de enero de 2004.

2) Reactivar la Primera Fuerza de Servicio Especial, con una unidad norteña que consiste de Canadá, Estados Unidos y México. Esta unidad será conocida como FSSF-N. Una segunda unidad sureña que consiste de Brasil, Argentina y Chile será conocida como FSSF-S. Estas unidades deberán ser operativas para el 1º de octubre de 2004.

3) Asegurar que las FSSF (N+S) estén propiamente completas, aprovisionadas, y entrenadas, de tal manera que estén preparadas completamente para su despliegue en las Américas para una misión potencial el 1º de octubre de 2005.

4) Fomentar a otros estados miembros de la OEA para crear más FSSF para el 1º de octubre de 2005, de tal manera que estén disponibles suficientes unidades para el 1º de octubre de 2006, para manejar misiones dentro y fuera de las Américas simultáneamente. (Núñez, 2002).

(Traducción al español de JMSP).

Como puede observarse, los tiempos previstos para esta nueva estructura de seguridad regional propuestos por este estratega militar, coincidían con los tiempos de negociación del ALCA, la cual debería haber sido creada en 2005. Sin embargo, a partir de 2002 se va a dar un desfase en el avance del eje de seguridad con relación al eje económico de ALCA, ya que las masivas movilizaciones en todo el continente en contra de las negociaciones de ALCA, así como la oposición de diversas naciones, encabezadas por Brasil a la negativa estadounidense de retirar los subsidios a sus productores agropecuarios, frenaron y obstaculizaron la creación formal de ese

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acuerdo en la fecha prevista, lo que llevó incluso a diversas naciones de América del Sur, a partir de la elección de gobiernos comprometidos con sus pueblos, a impulsar una estrategia de fortalecimiento para negociar en mejores condiciones su inserción al proceso de globalización.

Al mismo tiempo, estas naciones iniciaron un nuevo proceso de integración “desde abajo” (y aún algunos de estos países han venido impulsando una alternativa a ALCA denominada Alternativa Bolivariana de las Américas-ALBA), primero, con la creación de la Comunidad Suramericana de Naciones (2004), y luego la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) (2008). Sin embargo, UNASUR tendrá dificultades para rebasar el estadio de las buenas intenciones, pues existen ciertos conflictos regionales y tensiones por el liderazgo entre los países, además de que hay visiones diferentes del carácter del proceso de integración regional, específicamente la visión brasileña versus la venezolana. A eso se añaden los conflictos entre Ecuador y Colombia, entre Argentina y Brasil, entre Chile y Bolivia, entre otros; pero también los esfuerzos de Colombia y Perú por consolidar Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y también con Canadá. A pesar de ello, los países sudamericanos apostarán por la cooperación en materia de defensa, con la creación el 10 de marzo de 2009 en Santiago de Chile del Consejo de Defensa de la Unión de Naciones Suramericanas (CDUNASUR).

Este organismo tiene por principal objetivo promover la cooperación en materia de defensa, para superar diferencias sobre gasto militar, convertirse en plataforma de diálogo en conflictos entre sus miembros y coordinar la seguridad externa (LaNación.com.py, 10 de marzo de 2009; Sánchez, 2008).

III. La OEA y la seguridad multidimensional hemisférica.

A pesar de que el eje económico de ALCA

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disminuyó su paso por los obstáculos mencionados durante los años de negociación de la misma, y posteriormente el fracaso para establecer el acuerdo en su forma original, Estados Unidos inició la negociación de diversos tratados de libre comercio, en los cuales se han ido estableciendo mecanismos para la apropiación de los recursos estratégicos de diversos países de América Latina y el Caribe. Pero, por otro lado, el eje de la seguridad regional hemisférica de ALCA continuó avanzando rápidamente, por medio de las Conferencias de Ministros de Defensa de las Américas, a partir de las cuales se buscó darle impulso a una nueva definición de seguridad regional de la OEA. En la segunda y tercera cumbres de las Américas, llevadas a cabo en abril de 1998 en Santiago de Chile y en abril de 2001 en Québec, Canadá, los jefes de Estado participantes recomendaron la constitución de la Conferencia Especial de Seguridad en las Américas, para revisar y actualizar la estructura general de la seguridad del hemisferio (Declaración de Bridgetown, 2002).

Esta conferencia, a solicitud del gobierno mexicano, se llevaría a cabo en el mes de mayo de 2003 en la Ciudad de México, pero fue pospuesta hasta nuevo aviso a petición del mismo gobierno. Durante el 33° período ordinario de la Asamblea General de la OEA se aprobó que dicha Conferencia se realizara los días 27 y 28 del mes de octubre en la mencionada ciudad.

En ocasión del trigésimo segundo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, realizado en Barbados en junio de 2002, los ministros de relaciones exteriores y jefes de delegación, consideran-do el tema “Enfoque multidimensional de la seguridad hemisférica”, aprobaron la Declaración de Bridgetown que reconoce esta perspectiva amplia y multifacética, y decidieron “incluir el enfoque multidimensional de la seguridad hemisférica planteado por los ministros de relaciones exteriores

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como un punto en el temario de la Conferencia Especial sobre Seguridad y utilizar el compendio de opiniones expresadas por los ministros como documento de base para la consideración del tema ” (Ibid).

El órgano preparatorio de la Conferencia Especial sobre Seguridad fue la Comisión Hemisférica de la OEA, encabezada por el embajador de México ante ese organismo.

Esta comisión, mediante un grupo de trabajo especial encargado de la preparación de dicha conferencia, tuvo varias reuniones para preparar el “Proyecto de Declaración de la Conferencia Especial sobre Seguridad ”, la cual debía estar basada en tres principios: - la seguridad hemisférica debe sustentarse en los conceptos de democracia y derechos humanos; - que la seguridad hemisférica debe ser solidaria, es decir que los países de la región deben de tener un espíritu de cooperación y solidaridad aún con las problemáticas que a ellos no les afectan pero que afecta a otros países americanos; - que la seguridad hemisférica es multidimensional.

(Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, 2003).

Y, efectivamente, la conferencia mencionada se realizó bajo esos 3 principios. La “Declaración sobre seguridad en las Américas ”, aprobada en la tercera sesión plenaria, celebrada el 28 de octubre en la Ciudad de México, plantea que: (...) 2. Nuestra nueva concepción de la seguridad en el Hemisferio es de alcance multidimensional, incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio, incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social, y se basa en valores democráticos, el respeto, la promoción y la defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía nacional.

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3. La paz es un valor y un principio en sí mismo y se basa en la democracia, la justicia, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad, la seguridad y el respeto al derecho internacional. Nuestra arquitectura de seguridad contribuirá a preservarla a través del fortalecimiento de los mecanismos de cooperación entre nuestros Estados para enfrentar las amenazas tradicionales, las nuevas amenazas, las preocupaciones y otros desafíos que confronta nuestro Hemisferio. (...) Corresponde a los foros especializados de la OEA, interamericanos e internacionales desarrollar la cooperación para enfrentar estas nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos con base en los instrumentos y mecanismos aplicables. (...) 18. Afirmamos que las Conferencias de Ministros de Defensa de las Américas y otros foros de consulta en materia de defensa existentes en el Hemisferio se han constituido en un espacio apropiado para promover el conocimiento recíproco, la confianza mutua, el diálogo y la transparencia en materia de defensa. (...) 22. Afirmamos que el terrorismo constituye una grave amenaza a la seguridad, a las instituciones, a los valores democráticos de los Estados y al bienestar de nuestros pueblos. (...) 49. Reiteramos la necesidad de aclarar la relación jurídica e institucional de la Junta Interamericana de Defensa (JID) con la OEA. (...)”

(Declaración sobre Seguridad en las Américas, 2003).

Pero lo cierto es que esta reestructuración de la OEA no es más que la adecuación de la misma a la perspectiva de seguridad regional estadounidense y que esta nueva estructura estará acompañada de la nueva estructura de seguridad de las fuerzas armadas en el continente, impulsada por el Departamento de Defensa estadounidense desde la Cumbre de Williamsburg.

A partir de los ataques del 11 de septiembre de 2001 a las torres gemelas del World Trade

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Center en New York y al edificio del Pentágono en Virginia, el concepto de terrorismo va a jugar un papel central en las definiciones y acciones impulsadas por Estados Unidos dentro de su nueva visión de seguridad regional hemisférica. El 3 de junio de 2002, cancilleres de los países americanos suscribieron la Convención Interamericana contra el Terrorismo, que procura prevenir los financiamientos del terrorismo, fortalecer los controles fronterizos y aumentar la cooperación entre las autoridades policiales y judiciales de diferentes países.

Esta cuestión también tomó relevancia en la V Conferencia de los Ministros de Defensa de las Américas celebrada en Santiago de Chile en noviembre de 2002, donde se estableció: Nuestro absoluto rechazo de todas las formas de terrorismo, ya que sus acciones amenazan los principios más fundamentales de la civilización, e indican que la lucha en contra del terrorismo requiere un esfuerzo especial para incrementar la cooperación internacional globalmente, así como en los niveles hemisférico, regional, subregional y bilateral, para enfrentar conjuntamente este azote, preservando por ello el Estado de Derecho, y la ley internacional en nuestro hemisferio.(Declaration of Santiago, Chile, 2002). (Traducción al español de JMSP).

Y se confirmó en la nueva concepción de la OEA sobre seguridad multidimensional acordada en 2003, al definirse al terrorismo como una grave amenaza a la seguridad regional.

Durante la Séptima Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, realizada del 1º al 5 de octubre de 2006, en Managua, Nicaragua, se estableció el acuerdo de la intervención militar colectiva en la región bajo el disfráz de las operaciones de paz y de operaciones humanitarias. En la Declaración de Managua se destaca: 8. La importancia de la participación activa y densidades nº 4 - diciembre 2009

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voluntaria en operaciones de paz de los países en el Hemisferio, en acuerdo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y las provisiones constitucionales de los Estados Miembros, destacando el excelente trabajo realizado por los Estados Miembros de esta Conferencia que participan en la Misión de Estabilización en Haití (MINUSTAH), la cual ha contribuido al proceso de estabilización en Haití y a la libre elección de sus autoridades democráticas, con total participación del electorado y con el apoyo de la comunidad internacional.

9. Su apoyo para las operaciones de ayuda humanitaria llevada a cabo por las fuerzas armadas inmediatamente después de desastres naturales, fortaleciendo los mecanismos de cooperación para prevención de desastres, alivio y mitigación, obtenidos de recursos científicos y tecnológicos,así como fomentando el intercambio de experiencias y otras actividades para construir capacidades de respuesta subregional para enftrentar tales eventos.

(Declaración de Managua, 2006).

(Traducción al español de JMSP).

En la más reciente reunión (VIII Conferencia de Ministros de las Américas) realizada del 2 al 6 de septiembre de 2008 en Banff, Canadá (la IX se realizará en Bolivia en 2010), se abordó el tema de “Compromiso de Defensa y Seguridad Hemisférica, Regional y Subregional: Construyendo Confianza por medio de la Cooperación y la Colaboración” (Hemispheric, Regional and Sub-regional Defense and Security Enhancement: Confidence Building Through Cooperation and Collaboration); y se acordó impulsar una mayor cooperación en cuestiones de defensa regional. En la Declaración de Banff los Ministros de Defensa de las Américas (CMDA) establecen: 3. Su decisión para instruir al Secretariado Ejecutivo de la CMDA tomar nota del trabajo de la Conferencia Naval Inter-Americana (CNIA), la Conferencia de los Ejércitos Americanos

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(CEA), y el Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas (SCFAA), de promover y fortalecer las otras instancias existentes tales como la Conferencia de las Fuerzas Armadas de América Central (CFAAC), el Comité Permanente de Jefes Militares de la Comunidad Caribeña (CARICOM) y el Sistema de Seguridad regional (SSR), y alentar el apoyo de estos y otros cuerpos regionales, subregionales y bilaterales, para la cooperación en cuestiones de defensa. (Declaration of Banff, 2008) (Traducción de JMSP).

Pero también se ha puesto en marcha otro aspecto de cooperación en cuestiones de seguridad regional, estableciéndose el vínculo entre seguridad regional y seguridad pública a partir de la nueva definición de seguridad multidimensional de la OEA. Para ello el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, en el marco de la sesión de la Comisión de Seguridad Hemisférica llevada a cabo el 17 de septiembre de 2007, donde se destacó el gran desafío que tienen los países miembros de esta organización para enfrentar el aumento de la violencia y criminalidad en la región, así como la obligación de hacerlo con políticas públicas adecuadas, eficientes y coordinadas entre todos, propuso celebrar reuniones periódicas de Ministros de Seguridad Pública en América o Ministerios equivalentes, para enfrentar dicho problema. Y fue otra vez México, a través de su Misión Permanente en la OEA el que solicitó en noviembre de 2007 la realización de la Primera Reunión de Ministros de Seguridad Pública de las Américas, misma que se llevó a cabo en la Ciudad. de México los días 7 y 8 de octubre de 2008 (Misión Permanente de México en la OEA, 2007).

En su intervención final, el Secretario de Seguridad Pública de México, Ingeniero Genaro García Luna, indicó que garantizar la seguridad pública es uno de los temas prioritarios de la agenda continental. Y destacó que al adoptar el Compromiso por la

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Seguridad Pública en las Américas, “asumimos nuestra corresponsabilidad y una sola voluntad de acción para oponer a la criminalidad trasnacional, un frente común de alcance continental ” (Informe del Relator, 2008).

En el documento de “Compromisos para la Seguridad Pública en las Américas” adoptado por los participantes, se destacan los siguientes puntos: - Gestión de la seguridad pública, a fin de fortalecer políticas de Estado, abordar la problemática de seguridad pública con una visión integral, considerando amenazas emergentes y seguridad fronteriza, así como la modernización de los sistemas penitenciarios.

- Con respecto a la gestión de la policía, se estableció el compromiso de promover la modernización, la transparencia y la rendición de cuentas, así como la formación de cuerpos de seguridad.

- Capacitación de personal de seguridad pública, que incluye el Programa Interamericano de Capacitación Policial de la OEA. - Incentivar la responsabilidad social y la cultura de prevención integral de la delincuencia, con la participación ciudadana, además de los medios de comunicación y el sector privado.

- En cuanto a la cooperación internacional, el compromiso es escalar el intercambio de información sustantiva, para el combate a la delincuencia trasnacional. (Ibid).

Como puede observarse el eje de la seguridad regional hemisférica de ALCA ha ido avanzando rápidamente a pesar de que el eje económico de ALCA fue frenado por la oposición de algunos países latinoamericanos a seguir negociando bajo las condiciones impuestas por Estados Unidos, así como por las movilizaciones masivas a lo largo del Continente Americano, lográndose sólo un “ALCA light” en la Cumbre de las Américas en Cancún en 2003, en el marco del cual los países interesados podrían irse integrando en aquellos sectores de su interés; y también

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ante el fracaso de reactivar ALCA en la Cumbre del Mar de Plata, Argentina, en 2005 (aunque Estados Unidos ha avanzado su estrategia integracionista por medio de tratados bi o multilaterales de libre comercio con diversos países de América Latina y el Caribe).

IV. La Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y los caminos hacia la prosperidad de las Américas (CPA).

El 24 de septiembre de 2008, el Presidente George W. Bush, lanzó un Plan B para tratar de avanzar nuevamente en la ruta económica hacia ALCA. Así, aprovechando la visita de algunos presidentes a New York, para participar en la Asamblea de las Naciones Unidas, el gobierno de Bush y el Consejo de las Américas/Sociedad Americana sacaron a la luz pública, el proyecto de “Plan B del ALCA” que han venido construyendo desde 2005 bajo la nueva etiqueta de “Caminos hacia la Prosperidad de las Américas” (CPA). Los cuatro años anteriores, el Presidente y el D e p a r t a m e n t o d e E s t a d o ve n í a n instrumentando, mediante intensa labor de cabildeo en América Latina y el Caribe, un Plan B del ALCA, cuya agenda y acuerdos económico-mercantiles y financieros están disfrazados, encubiertos bajo los nombres de competitividad y prosperidad. En un comunicado de prensa, se da cuenta cabal de esta propuesta y su plan de acción.

Caminos Hacia la Prosperidad en las Américas Para su publicación inmediata Oficina del Secretario de Prensa (La Casa Blanca) 24 de septiembre de 2008 1. Nosotros, los gobernantes y representantes de Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y la República Dominicana, nos reunimos en Nueva York el 24 de

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septiembre de 2008 para resaltar los significativos logros que hemos alcanzado en nuestro hemisferio por medio de un compromiso común con la liberalización del comercio y la inversión, la inclusión social, el desarrollo, el imperio de la ley y la democracia. Recalcamos que cada uno de nosotros ha tomado medidas para suscribir y poner en vigor tratados de libre comercio integrales y de alta calidad que han contribuido significativamente a la reducción de la pobreza, la apertura de nuestras economías y el afianzamiento de nuestras democracias.

2. Nuestra discusión de hoy se centró en la capacidad de nuestra región de lograr y sustentar crecimiento económico y desarrollo de amplia base.

Reconocimos que nuestra región ha progresado significativamente en los últimos años con la implementación de una política pública que promueve el crecimiento y desarrollo social.

Manifestamos que la estabilidad macroeconómica y la liberalización del comercio son herramientas importantes en la lucha contra la pobreza, señalamos desafíos existentes para el crecimiento económico y afirmamos que ciertos sectores de nuestras poblaciones deben beneficiarse más plenamente de la apertura de mercados y el libre comercio. Apoyamos esfuerzos adicionales para promover la justicia social y el bienestar en el hemisferio.

3. Recalcamos la importancia de tratados de libre comercio integrales para promover la liberalización comercial y los regímenes de inversión, proporcionando así nuevas oportunidades económicas para todas nuestras sociedades, incluidos los trabajadores, las personas de negocios y comunidades agrícolas. Declaramos nuestro compromiso con la concertación de un acuerdo ambicioso en las negociaciones de la Rueda de Doha de la Organización Mundial del Comercio, con los objetivos del libre comercio en el hemisferio y una Zona de Libre Comercio de Asia y el Pacífico (Free Trade Area of the Asia Pacific o FTAAP) y la continuación de los esfuerzos para promover la integración económica en el hemisferio, entre otros, por medio del proceso de la Cumbre de las densidades nº 4 - diciembre 2009

Américas, el proyecto del Arco del Pacífico Latinoamericano (Latin America Pacific Arc), el proceso de Integración Económica de Centroamérica (Central American Economic Integration) y el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership). Al mismo tiempo, apoyamos los esfuerzos bilaterales para aprobar e implementar tratados de libre comercio integrales y con altos estándares que promuevan y extiendan el libre comercio, incluidos el Tratado de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia (United States-Colombia Trade Promotion Agreement) y el Tratado de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Panamá (United StatesPanama Trade Promotion Agreement), además de otros que estamos negociando actualmente o se encuentran en proceso de aprobación. Aplaudimos los esfuerzos de Costa Rica por concluir lo antes posible el proceso necesario para poner en vigor el Acuerdo de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (Dominican Republic-Central America-United States Free Trade Agreement).

4. También reconocemos que, para alcanzar plenamente los beneficios de la liberalización comercial y apertura de mercados, debemos promover, integrar y proceder con todos los aspectos del plan económico y para el desarrollo de nuestro hemisferio. Apoyamos mayores esfuerzos por incrementar nuestra colaboración y cooperación a fin de asegurarnos de que los beneficios del libre comercio y la inversión abierta sean compartidos más extensamente en nuestras sociedades.

5. Para lograr este objetivo, complementar los proyectos de cooperación e integración económicas, y promover la convergencia de los esfuerzos a favor del libre comercio, trabajaremos conjuntamente a fin de: (1) aumentar las oportunidades para que nuestros ciudadanos, particularmente los pequeños empresarios y agricultores, aprovechen el comercio por medio del desarrollo del potencial comercial y otros proyectos; (2) promuevan y afiancen una estructura abierta para el comercio regional acorde con el sistema comercial mundial; (3) amplíen la

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cooperación regional en materia de desarrollo económico y competitividad; (4) intensifiquen la cooperación e intercambien prácticas óptimas sobre estándares laborales y ambientales, y la verificación de su cumplimiento, y (5) promuevan la participación del sector privado y la sociedad civil para que vayan en pos de dichos objetivos, lo que incluye la promoción de alianzas públicas y privadas.(6) Pueden participar en este proyecto, como participantes u observadores, todos los países del Hemisferio Occidental que comparten nuestro compromiso con la democracia, la apertura de mercados y el libre comercio. (7) Planeamos reunirnos a nivel ministerial antes de fin de año y regularmente después de ello para formular un plan a fin de promover estos objetivos y determinar las próximas medidas a tomar. También estamos deseosos de volver a reunirnos en el 2009 para analizar los logros alcanzados por nuestros ministros. (http://www.whitehouse.gov/news/ releases/ 2008/09/20080924.es.html) Esta declaración da cuenta del interés de Estados Unidos de reactivar la integración económica del Continente Americano bajo su égida, logrando en esta reunión de New York el apoyo de países clave para la estrategia que venía desarrollando desde unos meses antes en la preparación de la V Cumbre de las Américas, que se celebraría del 17 al 19 de abril de 2009 en la Ciudad de Puerto España, capital de Trinidad y Tobago, bajo el tema de “Asegurar el futuro de nuestros ciudadanos promoviendo la prosperidad humana, la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental ”.

Ya para el 22 de julio de 2008, el Grupo de Revisión de la Implementación de las Cumbres (GRIC), había logrado elaborar un documento de Proyecto de Declaración de Compromiso de esta cumbre, que aún debería ser aprobado en la plenaria el 19 de abril. Este proyecto de declaración, negociado por los gobiernos de los países del Continente (con excepción de Cuba) durante los últimos siete meses, no fue adoptado por consenso al no

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haberse conseguido apoyo unánime, ya que los países del ALBA se negaron a firmarlo.

La Declaración de Compromiso de Puerto España, en la cual, a más de reiterar la necesidad de avanzar en el camino de la prosperidad de las naciones y de la seguridad energética, así como en la sostenibilidad ambiental, también se establece un apartado sobre Reforzar la seguridad pública, en el que se hace énfasis en el reforzamiento de la seguridad pública a nivel hemisférico, en total coincidencia con los acuerdos que se tomaron en la Primera Reunión de Ministros de Seguridad Pública de las Américas (MISPA), llevada a cabo en la Ciudad de México los días 7 y 8 de octubre de 2008; se reafirma el compromiso asumido con la Declaración sobre Seguridad en las Américas, acordado en octubre de 2003 en la reunión especial sobre Seguridad Regional de la OEA llevada a cabo también en la dicha Ciudad de México y donde se adoptó el concepto de Seguridad Multidimensional, resaltando la necesidad de cooperación en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, etc. Además se reafirma la voluntad de instrumentar los acuerdos emanados de las Reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA), al igual que el Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Or ganizada Transnacional, de 2006.

Reconocen, asimismo, la Declaración de la Primera Reunión de Ministros de Salud de las Américas sobre Prevención de Violencia y Lesiones, celebrada en Mérida, Yucatán (México) en marzo de 2008, la cual se “compromete a innovar, desarrollar, implementar y evaluar aún más los planes de prevención de la violencia ”. Reafirman el valor de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA), y su legislación modelo para la cooperación efectiva entre los países

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para prevenir, combatir y erradicar la amenaza de este tráfico. Y enfatizan la decisión de enfrentar el problema de las pandillas delictivas, para lo cual alentarán a la OEA en la elaboración de una estrategia integral y hemisférica para promover la cooperación interamericana en el tratamiento de estos grupos (Declaración de Compromiso de Puerto España, 19 de abril de 2009, pp. 16-19).

Esta declaración de compromiso no sólo incorpora los diferentes aspectos de seguridad acordados en el marco de las Conferencias o Cumbres de Ministros de Defensa de las Américas y de reuniones, convenciones y conferencias derivadas de las mismas, sino del nuevo modelo de tratados, acuerdos y alianzas para la integración impulsados por Estados Unidos, los cuales ya no sólo conllevan explícitamente el aspecto económico del libre comercio, bajo el término eufemístico de “prosperidad”, sino también el aspecto de la seguridad. De hecho, la Declaración de Compromiso de Puerto España trata de establecer la agenda de ASPAN para todo el Continente. ¿Cuál es esta agenda?

El 25 de marzo de 2005 en Waco, Texas, los presidentes George W. Bush y Vicente Fox, de Estados Unidos y México, así como el Primer Ministro de Canadá, Paul Martin, firmaron la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte” /Trilateral Security and Prosperity Partnership of North America (ASPAN o TSSPNA, por sus siglas en inglés), conocido también como el “TLCAN-plus”, mediante la cual se comprometieron a reforzar el comercio trilateral y la seguridad de las fronteras comunes, aspectos que han sido tema central de la agenda estadounidense desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Los sectores más conservadores de las elites económicas y políticas que tomaron o consolidaron el poder estatal a partir de la década del 2000 en los tres países densidades nº 4 - diciembre 2009

comenzaron a impulsar este nuevo proyecto al que se le dieron varias denominaciones antes de su formalización: TLCAN-plus, “integración profunda”, etcétera.

El hecho de considerar este nuevo proyecto estratégico de integración como un paso más del TLCAN (NAFTA, por sus siglas en inglés), llamándolo con otros eufemismos, es sólo una táctica de las elites económicas y políticas de los tres países, vinculadas entre sí (miembros de la elite transnacional como la llama William I. Robinson (2008), hegemonizada por los estadounidenses), para imponer dicho proyecto por sobre los poderes legislativos canadiense, estadounidense y mexicano, ya que al haber aprobado éstos el TLCAN (aún sin que los legisladores conocieran bien a bien qué estaban aprobando, ya que nunca conocieron la versión definitiva del mismo), no tendrían por qué volver a debatir, y en su caso aprobar o rechazar un nuevo acuerdo, cuando éste se presenta como una simple continuación o una profundización del primero, o simplemente una alianza.

En el campo del comercio, los tres mandatarios acordaron mejorar la competitividad de la región para enfrentar a las llamadas potencias emergentes de Asia, en particular China e India. Se trata de reducir las barreras comerciales y agilizar las regulaciones de negocios. Además se promueve la colaboración en energía, transporte, servicios financieros y sectores tecnológicos. En este ámbito, la energía es punto central. En el documento de la alianza se menciona la necesidad de fortalecer los mercados energéticos en la región y, subraya, “colaborando, con apego a nuestros respectivos marcos jurídicos, en el incremento de la oferta confiable de energía”, facilitando “las inversiones en infraestructura energética, mejoras tecnológicas, producción y el suministro confiable” de aquella. Incluye el compromiso de actualizar y hacer más

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eficientes las regulaciones, promover la eficiencia y la conservación de energía y el uso de tecnologías alternas (Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, 23 de marzo de 2005). En otras palabras, Estados Unidos busca asegurar, mediante esta alianza, su control sobre las reservas de petróleo y gas de México y Canadá, que están entre las principales del mundo.

La estrategia para ampliar la cuestión energética de la agenda ASPAN a todo el continente es definitivamente clara si se analiza el apartado de la Declaración de Compromiso de Puerto España relativo a “Promover la seguridad energética ”. Además, en el discurso sustentado en la segunda sesión de esta Quinta Cumbre de las Américas en Puerto España, el Presidente de México, Felipe Calderón, propuso la creación de un mercado continental energético, ya que el continente enfrenta una situación aguda porque carece de los recursos suficientes para satisfacer sus propias demandas energéticas.

La solución a ello, según planteó, es impulsar la interconexión y la integración de un “mercado americano” de energía que sea eficiente. Consideró que la oferta de petróleo y electricidad de varios países puede compensar la demanda de otros que tengan menos recursos o carezcan de ellos.

Mencionó que, aunque México es uno de los mayores productores de petróleo en el Continente, también tiene que importar gas natural de países como Trinidad y Tobago y está por hacerlo del Perú. De la misma manera, dijo que se puede avanzar en la creación de un mercado integrado de electricidad, como sucede con Paraguay, que provee a varios países de la región. Aseguró que México está avanzando en esta materia, ya que se interconectó con Belice y en las próximas semanas podría en marcha la primera red de electricidad hacia América Central, que comenzará a funcionar en Guatemala. Propuso que esta red se extienda

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a todo el continente no sólo en cuanto a electricidad, sino también en cuanto a gas y petróleo. Además expresó su respaldo al uso de biocombustibles en América, y señaló que América Latina y el Caribe tienen un enorme potencial para ser una región fuerte en la materia, ya que dadas las condiciones climatológicas e hidrológicas de la región, sería posible generar biodiesel y etanol suficientes como para ser la zona que más impulse su transporte y parque automotor, como Brasil. Finalmente propuso instaurar un programa continental para hacer uso más eficiente de la energía y ahorrar gas. Para financiar estas iniciativas se constituiría un Fondo Verde con recursos aportados por los países en función de su ingreso per cápita, de sus emisiones y que podrían retirar recursos para promover proyectos de energía renovable (Herrera, 2009).

En el ámbito de la seguridad, con la firma de la ASPAN en 2005, los tres mandatarios se comprometieron a unificar criterios para hacer frente a amenazas externas y dentro de América del Norte, a través de medidas como el establecimiento de procesos compatibles para la inspección antes de la salida de un puerto extranjero y el primer punto de entrada en esta región, el desarrollo de estrategias para combatir las “amenazas extraterritoriales” como el “terrorismo, la delincuencia organizada, las drogas, el tráfico de personas y el contrabando de bienes”.

También consideran fortalecer la cooperación en inteligencia (Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, 23 de marzo de 2005). Es decir, Estados Unidos pretende, mediante esta alianza, que su propia seguridad nacional sea prioridad de los tres países, y que México y Canadá acepten que el espacio aéreo, los aeropuertos, las fronteras y el mar territorial de América del Norte estén bajo el control de Estados Unidos con el pretexto de la guerra contra el terrorismo, lo cual coincide con los objetivos del Perímetro

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de Seguridad de América del Norte y del Comando Norte que analizaremos en el siguiente apartado.

En el orden operativo de la seguridad, la ASPAN significa, por un lado, la regionalización en el nivel trinacional de los diversos aspectos contenidos en los acuerdos de “prosperidad” y seguridad establecidos bilateralmente a partir de comienzos de esta década entre Estados Unidos y Canadá (Canada-U.S. Smart Border Declaration, 12 de diciembre de 2001; Free and Secure Trade-Fast); entre Estados Unidos y México (Pláticas Bilaterales sobre Migración/Bilateral Migration Talks, inauguradas el 16 de febrero de 2001 en San Cristóbal, Guanajuato; Comercio Libre y Seguro/Free and Secure Trade-Fast; Alianza México-Estados Unidos para la Prosperidad/U.S.Mexico Partnership for Prosperity, principios de septiembre de 2001 en Washington, D. C.; Alianza para la Frontera México-Estados Unidos/ Bilateral Border Partnership - “Smart Border” Agreement, 22 de marzo de 2002, en Monterrey, Nuevo León); y entre México y Canadá (Una Alianza Canadá-México/ Canada-Mexico Partnership/Partenariat CanadaMexique, 25 de octubre de 2004 en Ottawa, Canadá). (Sandoval, En prensa).

Por otro lado, la ASPAN significa un importante avance en la regionalización, por la vía de los hechos, de las leyes y las políticas estadounidenses de seguridad (Ley para el Control de los Delitos Violentos y la Aplicación Forzosa de la Ley/ Violent Crime Control and Law Enforcement Act, 1994; Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva/Effective Death Penalty and Antiterrorist Act, 1996; Ley de Reforma a la Inmigración Indocumentada y la Responsabilidad del Inmigrante/Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRIRA), 1996; Ley para Unir y Fortalecer a Estados Unidos Proveyéndole los Instrumentos Apropiados Requeridos para Interceptar y Obstruir al Terrorismo/Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept densidades nº 4 - diciembre 2009

and Obstruct Terrorism Act (Ley Patriota/US Patriot Act), 2001; Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Fronteriza y Reforma de la Visa de Entrada/Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act, 2002; Ley de Reforma a la Inteligencia y Prevención del Terrorismo/Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act, 2004; y Ley REAL ID/REAL ID Act, 2005. (Ibid).

Como puede desprenderse de lo anterior, la ASPAN es un nuevo plan operativo para avanzar en los objetivos de la gran estrategia estadounidense plasmados en el TLCAN y como parte de su estrategia de seguridad nacional, para insertar a México y Canadá dentro de su órbita geopolítica y geoeconómica.

La esencia de esta estrategia en cuestiones de seguridad, como ya lo mencionamos más arriba, está presente en la Declaración de Compromiso de Puerto España, lo que implicaría un intento más de Estados Unidos de ampliar su agenda de seguridad nacional a nivel continental.

V. El Perímetro de Seguridad de América del Norte Estados Unidos trataría de avanzar su Nueva Gran Estrategia para el Continente Americano al mismo tiempo en dos niveles: por un lado, la consolidación de un bloque geopolítico y geoeconómico con sus dos vecinos del norte y del sur (Canadá y México), aunque englobando algunas regiones del Caribe y América Central; y, por el otro, la integración del resto del continente subordinado a sus intereses de seguridad nacional. En el primer nivel, el proyecto estadounidense es el de avanzar en el mediano plazo hacia la creación de una Comunidad Norteamericana de Naciones, protegida por un Perímetro de Seguridad de América del Norte (PSAN), propuesto por Bush después del 11 de septiembre de 2001 y que se inició con las firmas de los acuerdos sobre “fronteras inteligentes” con Canadá y

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México en 2001 y 2002, respectivamente.

En el caso del acuerdo con México, éste se firmó durante un encuentro entre el presidente estadounidense George W. Bush y el mexicano Vicente Fox, en Monterrey el 22 de marzo de 2002, para crear una “frontera inteligente” entre ambos países, es decir, un acuerdo de seguridad fronteriza, por supuesto bajo la hegemonía de Estados Unidos. La Alianza para la Frontera México-Estados Unidos a favor del fortalecimiento tecnológico y la cooperación para promover un flujo seguro y eficiente de personas y bienes a lo largo de la misma (“Alianza para la frontera México-Estados Unidos”, 22 de marzo de 2002) tiene entre las metas propuestas las siguientes: 1) Infraestructura acorde con los niveles de cruces y de comercio bilateral.

- Evaluación conjunta de las condiciones de infraestructura fronteriza, a fin de identificar cuellos de botella que entorpecen el tránsito de personas y mercancías. (...)

- Realización de evaluaciones a la infraestructura estratégica en materia de seguridad, en puentes, presas y plantas generadoras de electricidad, incluyendo las medidas de protección necesarias ante eventuales ataques terroristas. (...)

2) Flujo seguro de personas.

- Desarrollo e instrumentación en puertos de entrada de sistemas que agilicen el tránsito de viajeros que no representen amenazas a la seguridad. Para ello, se establecerán procedimientos de coordinación en nuestra frontera.

- Cooperación para identificar a aquellos individuos que representen una amenaza a nuestras sociedades antes de su arribo a la región de América del norte.

- Ampliación de esfuerzos para abatir el tráfico ilegal de nacionales de terceros países.

- Creación de un mecanismo de Intercambio Bilateral de Información Anticipada de Pasajeros.

3) Flujo seguro de bienes.

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- Puesta en marcha de un programa para compartir tecnología entre ambos países a fin de instalar sistemas de inspección externa en las líneas ferroviarias que crucen la frontera entre Estados unidos y México, así como en puertos de entrada con tránsito intenso a lo largo de la frontera. (...)

Este acuerdo es similar al establecido entre Estados Unidos y Canadá unas semanas antes (diciembre de 2001), con un plan de acción de 30 puntos (mientras que la de Estados Unidos-México tiene 22). De hecho, en el caso de Canadá, además del establecimiento de la “frontera inteligente” entre ambos países, la Ley Patriota (USA Patriot Act of 2001), emitida inmediatamente después de los ataques del 11 de septiembre, ya contiene un capítulo para fortalecer la frontera norte de Estados Unidos (Title IVProtecting the Border, Subtitle A-Protecting the Northern Border) triplicando el personal de la Patrulla Fronteriza, del Servicio de Aduanas y de inspectores del SIN; incrementando el presupuesto para realizar el mejoramiento y adquirir equipo adicional de tecnología para monitorear esa frontera; así como fortaleciendo las provisiones de inmigración (Subtitle B-Enhanced Immigration Provisions) para impedir el paso de terroristas.

El gobierno mexicano del Presidente Vicente Fox estaba totalmente dispuesto a incorporarse al Perímetro de Seguridad de América del Norte. Y así lo plantea en un documento de Diagnóstico Integral de la Frontera Norte, elaborado por el Colegio de la Frontera Norte, con el aval de la Secretaría de Gobernación en 2002, el cual serviría de insumo fundamental para la elaboración del Programa de Desarrollo de la Frontera Norte, del gobierno de Vicente Fox. Aunque los autores reconocen que la magnitud de la empresa hizo que no fuera posible cumplir cabalmente con ese objetivo. El capítulo dedicado a “Gobernación”, fue elaborado por Rodolfo Corona, Jorge Santibáñez (entonces presidente del Colef), y Rafael densidades nº 4 - diciembre 2009

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Vela; y “tiene como finalidad ofrecer un diagnóstico en tres importantes subsectores, como son: migración, población y protección civil. El documento describe por separado cada tema, desarrollando su problemática y presentando algunas estrategias de acción que pudieran implementarse en esas áreas ”.

En el apartado de Migración Internacional, se plantea que: En virtud de que por México transita un número considerable de migrantes de otras nacionalidades, la política migratoria y sus diferentes programas que eventualmente se instrumenten en la frontera norte de México, deberán ser congruentes con los que se implementen en otras fronteras de México. Este es un aspecto no solamente de congruencia ética o moral, sino que para la relación con Estados Unidos, la gestión de flujos migratorios centroamericanos o extra regionales que buscan ingresar a esa nación, necesariamente involucra a México, y se convierte, sobre todo después de los sucesos del 11 de septiembre, en punto central de la agenda bilateral.

En el diagnóstico jerarquizado sobre “las principales temáticas asociadas al proceso migratorio, que sirven de eje articulador de un diagnóstico integral de la frontera y en torno a las cuales deben desarrollarse programas específicos”, dos temáticas se refieren específicamente a la seguridad fronteriza y a la integración de México al Perímetro de Seguridad de América del Norte.

9. Necesidad de Analizar impactos posteriores al 11 de septiembre.

Los Atentados del 11 de septiembre sin duda marcan la vida fronteriza de manera profunda. Sin conocer aún los impactos en el largo plazo de estos acontecimientos, algunos escenarios apuntan a un reforzamiento de los controles de la frontera, en aras de un resurgimiento de las fronteras como garantes de la seguridad nacional y soberanía de Estados Unidos.

Este reforzamiento pasaría por fortalecer a los organismos encargados de la vigilancia de las fronteras, como por ejemplo la Patrulla Fronteriza densidades nº 4 - diciembre 2009

del Servicio de Inmigración y Naturalización del gobierno norteamericano, que propiciaría un mayor número de migrantes detenidos o, en todo caso, una tensión mayor en las dinámicas de cruce, con los ya conocidos efectos laterales: incremento de los tiempos de estancia de los migrantes en Estados Unidos, aumento de los costos asociadosalcruce, particularmente el que se refiere al uso de ”polleros”, incremento de las estancias de los migrantes en las localidades fronterizas antes de emprender el cruce hacia Estados Unidos, etcétera.

De manera preocupante, como ya sucede en el caso del narcotráfico, este reforzamiento de las fronteras, que tiene la legítima finalidad de impedir la entrada de terroristas y otros enemigos de las naciones, independientemente del éxito que en esa misión pudieran tener-, se puede convertir en un obstáculo para la negociación migratoria entre los dos países, ya que tiene el impacto, quizá no deseado, pero igualmente nocivo, de proyectar a la sociedad una asociación entre la migración y el terrorismo, como ya se hizo entre el delincuente y el migrante y, en alguna medida, entre el narcotráfico y la migración.

Estrategias - Análisis del incremento en los riesgos asociados al desplazamiento migratorio.

- Análisis del marco jurídico para extranjeros en Estados Unidos.

- Análisis de los cambios en los flujos: dimensión, redirección y características.

- Seguimiento de los mecanismos acordados binacionalmente en aras de la eficiencia de los mecanismos fronterizos.

- Presión del gobierno mexicano.

- Campañas eficientes de comunicación que sirvan para orientar e informar a las comunidades con alta tradición migratoria a través de los medios masivos de comunicación. (…)

12. Necesidad de la integración de México en el perímetro de seguridad, así como de su posicionamiento con relación a la modalidad de espacio de tránsito Si Estados Unidos decide dar prioridad a su

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seguridad nacional, y para ello México le es de gran utilidad, se hace necesario negociar en ese contexto, sin falsos nacionalismos y abiertos a la discusión; por ejemplo, que haya inspecciones migratorias estadunidenses en México, en nuestros aeropuertoso a que se administre mucho mejor nuestra frontera sur para evitar que México sea país de tránsito, pero si esto se va a otorgar, debe hacerse a cambio de algo, por ejemplo, la flexibilización de nuestra frontera común o la regularización de los millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos.

Estrategias - Debate y socialización sobre el concepto de perímetro de seguridad e integración.

- Debate sobre la gestión de los flujos migratorios regionales y extrarregionales.

- Definir la posición mexicana en torno a la gestión de su frontera sur.

(El Colegio de la Frontera Norte y Secretaría de Gobernación, 2002).

En marzo de 2005 se dio un paso más en la conformación de este Perímetro de Seguridad con la firma de la ASPAN, analizada en el apartado anterior. Y poco antes de que terminara la gestión del Presidente Vicente Fox en 2006, como una recomendación para el siguiente Presidente, el Canciller Luis Ernesto Derbez planteó que: En un contexto de seguridad complejo, es absolutamente vital que las fronteras en América del Norte no se conviertan en un impedimento para el libre flujo de mercancías, y un perímetro de seguridad garantizaría precisamente la agilización del intercambio de bienes, servicios y personas dentro de la región. Éste es un tema que deberemos de abordar internamente, definir qué buscamos de nuestra integración con Canadá y Estados Unidos y qué estamos dispuestos a negociar para alcanzar nuestros objetivos como nación (Derbéz, 2006: 26-27).

En la estrategia de Estados Unidos, este Perímetro de Seguridad de América del

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Norte estaría bajo la cobertura del programa de Defensa de Misiles Balísticos (Ballistic Missile Defense-BMD); del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (North American Aerospace Defense CommandNORAD) (del cual Estados Unidos y Canadá son miembros desde la década de los 1950s); y del Comando Norte del Departamento de Defensa (US Nor ther n CommmandUSNorthCom-, por sus siglas en inglés), creado éste último como parte de los mecanismos de la estrategia de seguridad nacional estadounidense definida por el gobierno de George W. Bush en 2002 (The White House, 2002), y para proteger la seguridad del territorio estadounidense, de acuerdo con los objetivos del Departamento de Seguridad de la Patria (Department of Homeland Security), creado en ese mismo año (President George W. Bush, 2002). El gobierno de Estados Unidos busca incorporar activamente a México y Canadá en esta estrategia.

VI. El Comando Norte (US Northern Commmand/USNor thCom) y el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (North American Aerospace Defense Command/ NORAD).

Ya desde la década de los 90s, con el fin de la Guerra Fría y el desmantelamiento de la política militar de Contención a la Unión Soviética sostenida por Estados Unidos y sus aliados y que implicaba tener el principal frente de defensa o contención en Europa, la nueva política militar estadounidense consistiría en contar con unas fuerzas armadas reducidas, más modernas y que pudieran desplegarse rápidamente en varios frentes al mismo tiempo, lo cual requería una reestructuración de los comandos militares de esa nación para hacerse cargo de estos frentes. En este marco, Estados Unidos consideró al terrorismo internacional como

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el “nuevo enemigo”, el cual podría actuar incluso en territorio norteamericano (como ya lo había hecho en 1993), así que el frente de defensa o contención tenía que ser trasladado a América del Norte; para lo cual se consideraba urgente la necesidad de contar con un nuevo comando que abarcara el territorio estadounidense y sus flancos norte y sur (Canadá y México) para protegerlo de tal enemigo. Esta reestructuración también implicaba un ajuste del Comando Sur. En 1999, el Coronel Arturo Nuñez, del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos (U. S. Army War College), con base en una recomendación hecha en 1997 por un equipo de expertos en defensa, dio a conocer un análisis intitulado “A New United States Strategy for Mexico” (“Una nueva estrategia de los Estados Unidos para México”) publicado por el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos (U. S. Army War College) (Núñez, 1999). En este análisis, sostenía que la estrategia actual de su país hacia México estaba fuera de tono y demandaba grandes ajustes, como la creación de unas fuerzas de paz y un comando militar de América del Norte, integrados por estadounidenses, canadienses y mexicanos. Núñez propuso que el plan para crear un “nuevo comando americano” considerara a su vez el proyecto de incor porar dos “subcomandos unificados”: el Comando de América del Norte y el actual Comando Sur. El comando de América del Norte estaría integrado por Canadá, Estados Unidos y México. La Fuerza Norteamericana de Mantenimiento de la Paz (NAPF, por sus siglas en inglés) estaría compuesta por un regimiento livianopesado, que se congregaría una vez al año para realizar ejercicios de entrenamiento durante un mes. Su financiamiento sería compartido por Washington, Ottawa y México: 60, 25 y 15 por ciento, respectivamente. La jefatura de la unidad se localizaría en Estados Unidos, mientras que la sede de la

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subjefatura rotaría entre Canadá y México.

Esta fuerza multinacional también ayudaría a mejorar el entendimiento y la cooperación entre los países miembros.

Pero echar a andar esta propuesta no sería fácil. Sin embargo los ataques del 11 de septiembre de 2001, vinieron a mostrar fehacientemente lo que se venía manejando en las instancias oficiales de la seguridad estadounidense desde los 80s, que el terrorismo podría llegar al corazón mismo de los Estados Unidos, para lo cual se venían instrumentando medidas militares de prevención, como la Guerra de Baja Intensidad en las regiones fronterizas de Estados Unidos y México (Dunn, 1996; Sandoval, 1993; 1996), pues como lo apuntara un estratega militar experto en acciones contrainsurgentes, Rober t Kupperman: “las operaciones de baja intensidad no se limitan al extranjero, ya que pueden ser necesarias en el interior de Estados Unidos en respuesta a desórdenes civiles y al terrorismo” (Kupperman, 1983) (Cursivas de JMSP). La bomba que estalló en febrero de 1993 en los sótanos del World Trade Center ubicado en las torres gemelas (blanco del 11 de septiembre de 2001), y los fallidos planes para otros ataques en New York unos meses después, fueron, en palabras de un experto en terrorismo, “el preludio de una escalada deliberada de terrorismo islámico en Estados Unidos” (Bodansky, 1993).

Los ataques realizados en 2001, vinieran de donde vinieren, impactaron el corazón del imperialismo estadounidense, el World Trade Center, símbolo del libre mercado; y el Pentágono, símbolo del poderío militar. Y fueron el pretexto perfecto para que George W, Bush, quien comenzaba su gestión gubernamental muy debilitado al no conseguir apoyo del congreso para su política militarista, se afianzara en el poder, recibiendo el mayor presupuesto de la historia para dicha política. Pero también

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fueron la justificación para la creación del Comando Norte, como se menciona en el sitio de internet de éste: Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos por terroristas utilizando aviones secuestrados, en la ciudad de New York, Pennsylvania y en el Pentágono, los principales líderes del Departamento de Defensa comenzaron a planear el establecimiento de un comando combatiente cuya misión principal sería defender la patria estadounidense (US Northern Command, 2008) (Traducción del inglés, JMSP).

El 17 de abril de 2002, ya con la autorización del Presidente George W. Bush, el Departamento de Defensa (DoD), anunció el establecimiento del Comando Norte (U.S. Northern Command-USNorthCom) para consolidar, bajo un único comando unificado las misiones existentes de defensa de la patria y de apoyo civil que eran ejecutadas previamente por otras instancias militares. El 8 de mayo de ese mismo año, el General Ralph E. “Ed” Eberhart, de la Fuerza Aérea, Comandante del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (North American Aerospace Defense Command NORAD) y del Comando Espacial de Estados Unidos (U. S. Space Command), fue nominado por el Departamento de Defensa para ser el primer comandante del Comando Norte, y asumió sus responsabilidades el 1º de octubre de 2002. El Subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz, y el General Richard Meyers, Jefe del Estado Mayor Conjunto (Joint Chief of Staff), participaron en la ceremonia en la cual el Comando Norte fue entregado al General Eberhart, quien continuó sirviendo como comandante de NORAD. En la misma ceremonia, el Comando Espacial fue trasferido en sus misiones y responsabilidades al Comando Estratégico en la Base Offutt de la Fuerza Aérea en Nebraska. El Comando Norte fue ubicado junto con el Cuartel General de

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NORAD en la Base Peterson de la Fuerza Aérea en Colorado Springs, en las montañas del estado de Colorado. El sitio del Cuartel General fue escogido “basado en algunas consideraciones, tales como la efectividad militar, instalaciones existentes, ubicación, protección de fuerza, infraestructura y costos ”. El Secretario de Defensa aprobó la ubicación del comando después de que se llevó a cabo un estudio de impacto ambiental en junio de 2002 (U.S. Northern Command History, 2008) Conjuntamente con su activación, el Cuartel General de las Fuerzas Conjuntas de la Seguridad de la Patria (Joint Forces Headquarters Homeland Security), la Fuerza de Tarea Conjunta de Apoyo Civil (Joint Task Force Civil Support), la Fuerza de Tarea Conjunta 6 (Joint Task Force 6), y el Programa Conjunto de Planificación Médica Regional (Joint Regional Medical Planning Program) fueron transferidos del Comando de Fuerzas Conjuntas (USJFCOM) al Comando Norte (U. S. Northern Command, 2008).

Es importante señalar que el Comando Norte fue establecido en el marco del nuevo Departamento de Defensa de la Patria, creado en la misma fecha, y tiene la misión específica de “conducir operaciones para disuadir, prevenir y vencer amenazas y agresiones dirigidas a Estados Unidos, sus territorios e intereses dentro del área de su responsabilidad (AoR); y, de acuerdo con las instrucciones del presidente o del secretario de defensa, dar respaldo militar a las autoridades civiles...” El área de responsabilidad del Comando Norte incluye aire, tierra y mar que circundan Estados Unidos continental, Canadá, México, Puerto Rico, las Islas Vírgenes, el Golfo de México y hasta 500 millas de océano a su alrededor. Alaska es una responsabilidad conjunta entre el Comando Norte y el Comando del Pacífico, Groenlandia se encuentra en el Comando Europeo.

Todos estos comandos regionales están agrupados, junto a los comandos de operaciones especiales y de transporte estratégico, en el densidades nº 4 - diciembre 2009

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Comando Unificado (U. S. Unified Command).

El área de responsabilidad del Comando Norte es, para Washington, el frente interno (US Northern Comand, 2005).

Al Comando Norte se le han asignado tareas muy importantes dentro de la defensa y la seguridad nacional de Estados Unidos, de las cuales se mencionan algunas de ellas a continuación, de acuerdo con el U.S. Northern Command History (2008): El 27 de abril de 2003, el Comando Norte “publicó su concepto de defensa de misiles balísticos, definiendo la responsabilidad del Comando por el empleo de fuerzas de defensa de misiles balísticos para defender a Estados Unidos” (US Northern Command, 2008). De esta manera, sus funciones se entrelazan con las de NORAD, que existe desde los 1950s y cuya función era prevenir ataques nucleares desde la ex-Unión Soviética utilizando el espacio aéreo de Canadá, por ende, éste país también ha formado parte de NORAD desde entonces.

El 5 de noviembre de 2004, el Almirante Timothy J. Keating, de la Armada estadounidense, reemplazó al Gral. Eberhart como Comandante de NORAD y del Comando Norte. El 8 de julio de 2005 el Almirante Keating y el LTG H. Steven Blum, Jefe de la Oficina de la Guardia Nacional (Chief Nacional Guard Bureau) firmaron un memorandum de entendimiento para delinear la relación entre las dos organizaciones.

Ese mismo año en los meses de agosto y septiembre, el Comando Norte asumió otra tarea clave, su participación en casos de desastres naturales (lo cual ha venido haciendo desde entonces), al apoyar los esfuerzos de recuperación después de los huracanes Katrina y Rita en Louisiana, Mississippi y Texas. El Centro de Operaciones Conjuntas trabajó 24 horas al día para facilitar las demandas de asistencia de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias ( Fe d e r a l E m e r g e n c y M a n a g e m e n t densidades nº 4 - diciembre 2009

Agency/FEMA), cuyo director renunció por las fallas que esta dependencia tuvo en un principio para hacer frente a la contingencia en el caso de Katrina. En el segundo de los huracanes, el Presidente Bush llegó al Cuartel General del Comando Norte para monitorear desde ahí el desplazamiento de Rita hacia Louisiana y la Costa del Golfo de Texas.

El 22 de noviembre de 2005, el Secretario de Defensa aprobó el Plan Conceptual 2002/05 del Comando Norte, para la Defensa de la Patria, el cual detalla las operaciones para impedir, prevenir, y derrotar las amenazas y agresiones dirigidas a Estados Unidos y a sus intereses dentro de su área de responsabilidad. El 28 de julio de 2006, el Almirante Keating anunció la decisión de reubicar y combinar el Centro de Comando NORAD con el del Comando Norte en la Base de la Fuerza Aérea de Peterson.

El 23 de marzo de 2007, el General Victor E. Renuart Jr., de la Fuerza Aérea, reemplazó al Almirante Keating como Comandante de NORAD y el Comando Norte. El 13 de septiembre, el General Renuart dio a conocer el Plan 2020 de NORAD y el Comando Norte, y el desarrollo de un plan de campaña en el teatro de operaciones que sincronizaría la Estrategia de la Defensa Nacional, como guía para el empleo de fuerzas, campañas globales y planes de contingencia, así como la planificación de la Cooperación en Seguridad en el teatro de Operaciones (Theater Security Cooperation). En octubre de ese año se realizaron maniobras de entrenamiento de NORAD y el Comando Norte, vinculadas con otros grandes ejercicios del Departamento de Seguridad de la Patria (TOPOFF 4), del Comando Conjunto (Possitive Response 08-1) y del Comando Estratégico (Global Lightening 08).

El 31 de enero de 2008, el Comando Norte anunció que trabajaría estrechamente con la Oficina del secretario de Defensa en la

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evaluación de las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Guardia Nacional, para facilitar la capacidad nacional para anticipar y conducir misiones de Defensa de la Patria y Apoyo Civil. (US Northern Command, 2008).

En cuanto a la vinculación del Comando Norte con Canadá y México, el 1º de octubre de 2004, dos años después de haber sido creado el Comando Norte, éste dio a conocer su estrategia de Cooperación en Seguridad en el Teatro de Operaciones (Theater Security Cooperation), en donde se delinearon algunas metas para el Comando Norte en el establecimiento de vínculos de cooperación con México, Canadá y naciones del Caribe Desde entonces, el Comando Norte ha venido llevando a cabo acciones que involucran o intentan involucrar a Canadá y a México. Por ejemplo, del 4 de noviembre de 2004 al 5 de enero de 2005, el Comando Nor te par ticipó en la Operación Congelamiento Invernal (Winter Freeze), un ejercicio de 3 meses para prevenir a las bandas de traficantes y a los extranjeros “ilegales” (“Illegal Aliens ”) cruzar la frontera de Canadá-Estados Unidos a New York, Vermont y New Hampshire.

El 15 de agosto de 2006, el Secretario de Defensa seleccionó al Comando Norte como el “sincronizador global” en la Respuesta Global a la Influenza Pandémica (Global Response to Pandemic Influenza). Esto le permitiría al Comando Norte una estrecha vinculación con la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), en cuya cumbre realizada en marzo de ese año en Cancún, México, los Jefes de Estado de Estados Unidos, México y Canadá, se comprometieron a desarrollar un plan “integral, coordinado y científico” con el objetivo de prevenir la dispersión de los virus de la influenza aviar y pandémica en América del Norte (Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, 2007).

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Los días 5 y 6 de septiembre de 2007, el Cuartel General del Comando Norte, albergó a personal de Canadá, México y Estados Unidos en una Conferencia Trinacional sobre Influenza Pandémica, donde se presentaron informes y se intercambiaron experiencias sobre planes y preparación para la influenza pandémica (US Northern Command, 2008).

En 2007, el 28 de agosto, Mr. Paul Mc Hale, Subsecretario de Defensa para la Defensa de la Patria, visitó el Cuartel General del Comando Norte para discutir con el Comandante y su equipo de trabajo sobre el apoyo a DSCA; la Cooperación en Seguridad en el Teatro de Operaciones; la Autoridad de Descargo de Armas para la Defensa de Misiles Balísticos (Weapons Release Authority for Ballistic Missile Defense); la Cooperación en Inteligencia (Intelligence Cooperation), con México y Canadá; y la Coordinación Interdependencias (Interagency Coordination).

Y del 4 al 6 de septiembre, se realizó en dicho Cuartel General el Taller de Planificación de Cooperación en Seguridad Marítima del Teatro de Operaciones (Theater Security Cooperation Maritime Planning Workshop) para elaborar una propuesta de Maniobras Marítimas (Maritime Engagement) del año fiscal 2008 para Estados Unidos y México (Ibid).

En Estados Unidos el año fiscal comienza en septiembre de un año y termina en agosto del siguiente. Entonces, esta propuesta está relacionada con las maniobras de Unitas Gold 50 donde México participaría en abril de 2009, y que analizaremos más abajo.

El 12 de febrero de 2008, el General (LTG) José de Jesús Humberto Rodríguez Martínez, Director General de Educación Militar, de la Secretaría de la Defensa Nacional de México; acompañado por el General José Luis Irineo Saldivar, Comandante de la Academia de la Fuerza Aérea Mexicana, y del General de Brigada Ernesto Pérez Monroy, Jefe de Operaciones de la Fuerza Aérea mexicana, densidades nº 4 - diciembre 2009

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visitaron NORAD y el Comando Norte, donde recibieron informes y discutieron con el personal del Cuartel General explorando áreas de cooperación mutua. (Ibid).

Del 16 al 18 de abril de 2009, diez Senadores de diversos partidos de las Comisiones de Defensa y de Seguridad Pública asistieron a un seminario de Líderes Legisladores organizado por el Comando Norte en la Base aérea Peterson, cuartel general de dicho Comando. Los legisladores fueron invitados directamente por el General Victor E. Renuart, Jefe del Comando Norte, para que asistieran al seminario a tratar temas relacionados con la Seguridad Hemisférica y los mecanismos de combate a la delincuencia organizada, especialmente el tráfico de drogas y de armas. En mayo de 2008 un grupo de Diputados de las Comisiones de Defensa, Marina, y Relaciones Exteriores estuvieron en la base Peterson donde se discutieron los alcances de la Iniciativa Mérida, el tráfico de armas hacia México y la posibilidad de establecer mecanismos trinacionales en materia de seguridad (Becerril, 2009a).

VII. Las Fuerzas Armadas Mexicanas y su acercamiento a las Fuerzas Armadas Estadounidenses.

Como se puede observar en el apartado anterior, el Comando Norte ha venido desarrollando su estrategia para la defensa de Estados Unidos, por aire, tierra y mar, considerando a Canadá y a México dentro de sus planes. Sin embargo, en los intentos por incorporar a Canadá y a México en el Perímetro de Seguridad de América del Norte, por medio del proyecto de Defensa de Misiles Balísticos (BMD), el NORAD y el Comando Norte, Estados Unidos se ha encontrado con algunas reticencias y obstáculos por parte de ambos países.

Canadá, que es miembro del NORAD, se ha opuesto al proyecto de Defensa de Misiles

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Balísticos (aunque el Ministro de Defensa Bill Graham quería apoyarlo; pero bajo presión popular el Primer Ministro, Paul Martín, decidió no participar) y México se ha o p u e s t o a l B M D, a l N O R A D, y principalmente al Comando Norte, al menos en el discurso.

Y es que como apunta Roderic A. Camp (2008), un académico estadounidense experto en las elites políticas y en las fuerzas armadas mexicanas, el papel de la cooperación de militar a militar en México es limitado, y comparte poco en común con otro país latinoamericano con el cual se ha tenido una misión militar. Esto es debido a la histórica relación entre México y los Estados Unidos, y a los conflictos entre los dos países.

A pesar de los esfuerzos de cada régimen político estadounidense en tiempos recientes para incrementar la cooperación entre las dos fuerzas armadas, poco progreso ha resultado.

Con el General Germán Vega, Secretario de Defensa del gobierno del Presidente Vicente Fox, se estableció más contacto en los más altos niveles militares, y la relación es cordial, pero en general, las fuerzas armadas se mantienen con sospechas, cerradas y en gran medida inaccesibles a sus contrapartes de Estados Unidos, así como a la mayoría de los civiles mexicanos. El mejoramiento en estas relaciones también es atribuible a la definición alterada de seguridad nacional de la de protegerse de un ataque del exterior, notablemente de Estados Unidos, y en menor medida de Guatemala, a la de seguridad interna. Pero el mayor éxito de los militares estadounidenses en su relación con las fuerzas armadas mexicanas no es en el nivel personal, sino por medio de programas de entrenamiento y educación militar.

Muchos oficiales, y especialmente los de la Fuerza Aérea y la Armada, han sido entrenados en bases estadounidenses. Las Fuerzas Ar madas mexicanas han incrementado su influencia en la política de

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seguridad nacional por medio de su participación en el gabinete de seguridad como resultado de su creciente papel en el combate a las drogas. No es determinando la política nacional, sino ejecutándola, dice Camp.

Sin embargo, las presiones estadounidenses para impulsar esta cooperación militar han ido en aumento, desde que se puso en vigor el TLCAN en 1994 y se iniciaron las Conferencias de Ministros de Defensa de las Américas en 1995, pero sobre todo después del 11 de septiembre de 2001, y particularmente desde la creación del Comando Norte, y cada vez van ganando más terreno, aunque de manera desigual.

Mientras que la Armada mexicana se ha ido acercando cada vez más a las posturas de seguridad de los Estados Unidos, mediante la discusión de las doctrinas de seguridad nacional en el Centro de Estudios Superiores de Mando y Seguridad Nacional de la Secretaría de Marina, pero también por medio del entrenamiento de oficiales navales y la formación de unidades anfibias de elite en el país del norte, y de la colaboración en diversas actividades y maniobras conjuntas con la Armada estadounidense (U. S. Navy); el Ejército mexicano y la Fuerza Aérea, por su parte, aunque también han enviado oficiales para ser entrenados, así como la formación de unidades de elite en Estados Unidos, varios de sus altos mandos encabezados por el Secretario de Defensa han mantenido la postura mencionada por Camp; pero desde el régimen del Presidente Vicente Fox, en la Secretaría de la Defensa Nacional, de donde dependen el ejército y la fuerza aérea, se han venido marcando dos posturas, en la primera, se ha venido analizando la forma de participar en acciones humanitarias conjuntas, pero dentro del ámbito de las Naciones Unidas, aparentemente para no colaborar directamente con los militares estadounidenses, quienes

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mediante las cumbres de Ministros de las Américas han logrado establecer acuerdos de cooperación para la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia organizada y la participación en intervenciones humanitarias (Cumbre de Nicaragua, 2006, donde el General Vega, Secretario de la Defensa Nacional de México, adoptó tal acuerdo); y la otra postura es la de una mayor colaboración con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Entre las principales formas de vinculación de las fuerzas armadas mexicanas y las estadounidenses para una mayor colaboración conjunta en acciones de seguridad, se pueden mencionar las siguientes: En el caso del Ejército mexicano: - Como resultado directo del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1º de enero de 1994 en Chiapas, declarándole la guerra al gobierno federal y al ejército; a partir del mes de enero de 1995, la cúpula militar puso en marcha una profunda reestructuración de las Fuerzas Armadas mexicanas, con apoyo, asesoría y entrenamiento de militares estadounidenses (y aún de otros, como los kaibiles de Guatemala), cuya máxima prioridad sería integrar comandos de elite adiestrados para realizar operaciones en áreas urbanas y suburbanas, así como actuar en desierto, montaña y selva. Esta estrategia de lucha contrain-surgente se plasmó en el Manual de Guerra Irregular: Operaciones de Contraguerrilla o Restauración del Orden, editado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en 1995. Según este documento, en el corto y mediano plazos las Fuerzas Armadas del país centrarían sus tareas en la contrainsurgencia y la lucha antinarcóticos. En el Programa de Desarrollo del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos y su anexo, se definen los objetivos a corto y mediano plazos: 1- La organización del ejército en comandos pequeños, altamente sofisticados, con gran movilidad, precisión y eficacia. densidades nº 4 - diciembre 2009

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2- La conformación de un verdadero sistema de inteligencia militar.

3- El establecimiento de las bases para la creación futura de un órgano unificado que coordine las acciones de la fuerza aérea, la marina y el ejército.

4- La realización de operaciones conjuntas con la armada de México -las últimas se hicieron en 1964-.

5- El desarrollo de la fuerza aérea, proveyéndola de nuevo equipo.

6- La adquisición de equipo y armamento sofisticado.

7- La “revolución” tecnológica e informática dentro de las fuerzas armadas.

8- La creación de escuadrones de "fuerzas especiales" en cada región militar, con particular énfasis en Chiapas y Guerrero, dotados de equipo y armamento sofisticado.

9- La incorporación de civiles a la nómina del ejército.

10- Y, en última instancia, la redefinición radical del concepto de seguridad nacional que había asumido la jerarquía castrense.

- Durante el gobierno del Presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), los militares asumieron un papel más protagónico en la vida nacional. Y desde que Vicente Fox asumió la Presidencia de la República para el período 2000-2006, se comenzó a plantear el interés por parte de Estados Unidos de que el ejército mexicano se sumara a las fuerzas de paz internacionales (Aranda, 2001b), y en diversas ocasiones el entonces Canciller, Jorge G. Castañeda, planteó la posibilidad de que México participara en el exterior en “misiones de paz” con los cascos azules de la ONU. - El sucesor de Castañeda en la Cancillería, Luis Ernesto Derbez, declaró en 2005 que el gobierno mexicano analizaba participar en maniobras militares conjuntas con las fuerzas de Estados Unidos para la defensa y la seguridad de la región (Ballinas y Becerril, 2005).

- A principios del mes de junio de 2006, el gobierno de Estados Unidos volvió a insistir en que

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México enviara tropas al exterior para sumarse a la tarea de combatir el terrorismo y participar en misiones de paz en el extranjero. Y en abril de 2009, la Senadora Adriana González del Partido de Acción Nacional (PAN), y Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, insistió en que México debe participar en las misiones de paz de la ONU, y propuso que de entrada lo haga en el caso de Haití (dentro de MINUSTAH), con el envío de civiles y militares que colaboren en tareas que no sean bélicas, sino de seguridad pública, protección civil y reconstru-cción de ese país caribeño (Becerril, 2009b).

- En el marco de este debate, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) elaboró (para la discusión interna, entre sus posibles tareas) un manual para participar en este tipo de operaciones, intitulado Compendio de Operaciones de Paz (SEDENA, 2005b), y donde aclara, que no constituye parte de la doctrina militar del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Sin embargo, como ya se mencionó más arriba, durante la Séptima Conferen-cia de Ministros de Defensa de las Américas, realizada del 1º al 5 de octubre de 2006, en Managua, Nicaragua, uno de los puntos centrales que se abordaron fue el de la “importancia de la participación activa y voluntaria en operaciones de paz de los países del hemisferio”, conclusión que fue aprobada por la delegación mexicana, encabezada por el Secretario de la Defensa Nacional, Vega García.

- Una vía para ir acercando a las fuerzas armadas mexicanas a estas operaciones de paz, es por medio de su participación en acciones de ayuda humanitaria en casos de desastres naturales en diversas partes del planeta. El Programa DN-III de la Secretaría de la Defensa Nacional, establecido en México desde hace varias décadas y cuyo objetivo es la participación de militares en ayuda a la población civil en casos de desastres naturales (terremotos, huracanes, etc) en territorio mexicano, fue internacionalizado por el gobierno mexicano del Presidente Vicente Fox al enviar a miembros del ejército con medicinas, alimentos y otros materiales a países donde han ocurrido desastres naturales (El

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Salvador, 2001; Belice, 2001, Honduras, 2001; Irán, 2003; Haití, 2004; República Dominicana, 2004; Jamaica, 2004; Panamá, 2005) (Secretaría de la Defensa Nacional, 2005ª).

- En septiembre de 2005, el Ejército y la Armada mexicanos participaron en acciones de ayuda humanitaria en el sur de Estados Unidos por los estragos que a fines de agosto de ese año provocó el huracán Katrine (Córdoba, 2005). La Armada mexicana ya había participado en Indonesia también en 2005 en apoyo a las víctimas del sunami que asoló una parte de Asia y del sureste asiático.

Los días 7 y 8 de noviembre de 2005 se realizaron maniobras militares con la participación de 10 mil efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea mexicana (aviones y helicópteros), con tropas de elite, y con fuego real en el desierto de Chihuahua, cerca de la frontera con Estados Unidos, con la presencia de agregados y asesores militares de diversos países del mundo (España, Uruguay, Estados Unidos, etcétera). Se hicieron demostraciones de ataques contraterroristas.

- El viernes anterior al lunes 15 de mayo de 2006 en que el Presidente estadounidense George W. Bush hizo el anuncio oficial del despliegue de 6,000 miembros de la Guardia Nacional en la frontera con México para apoyar a la Border Patrol en la interdicción de los migrantes que intentan cruzar la frontera sin documentos, el Secretario de Defensa mexicano, Germán Vega García, se encontraba en el Pentágono recibiendo oficialmente el reconocimiento de la ayuda humanitaria del ejército y la Armada mexicanos por los daños del huracán Katrine. Y ahí mismo se le informó del despliegue militar. Runsfeld y Vega habrían discutido, entre otros asuntos, la posible asistencia estadounidense en la capacitación y el equipamiento de tropas mexicanas en la frontera (Brooks, 2006).

- Con el despliegue de 6 mil miembros de la Guardia Nacional estadounidense (muchos de ellos con experiencia de combate en Afganistán e Iraq) para apoyar a la Patrulla Fronteriza, a partir del mes de mayo de 2006, se buscaba dar un paso más en la participación “conjunta” de las fuerzas armadas estadounidenses con las mexicanas (en este

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caso para “prevenir” el cruce de indocumentados, tráfico de personas y de estupefacientes, además de posibles terroristas), y en las cuales se contaba ya con la presencia de militares mexicanos en la franja fronteriza a lo largo de más de 3 mil kilómetros, en donde habían sido ubicados (como parte de la Policía Federal Preventiva Pfp-, la mayoría de quienes son militares así como todos sus altos mandos, además de tropas de elite que han desplazado en algunos casos a las policías municipales y estatales de la lucha en contra de la inseguridad en la frontera).

- El entonces Jefe del Comando Norte, Almirante Timothy J. Keating, fue invitado oficialmente por el ejecutivo mexicano para presenciar los festejos del 15 de septiembre de 2006 en la ciudad de México.

- Visita al cuartel general de NORAD y del Comando Norte, el 12 de febrero de 2008, del Director General de Educación Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional de México, General José de Jesús Humberto Rodríguez Martínez; el Comandante de la Academia de la Fuerza Aérea Mexicana, General José Luis Irineo Saldivar; y del Jefe de Operaciones de la Fuerza Aérea mexicana, General de Brigada Ernesto Pérez Monroy, donde discutieron con personal de este cuartel áreas de cooperación mutua. (U. S. Northern Command, 2008).

- El 15 de junio de 2009, el gobierno estadounidense indicó que el Ejército de México y agencias mexicanas participarían en el primer mayor ejercicio táctico antiterrorista de fuerzas multinacionales, que sería conducido por dicho gobierno del 27 al 31 de julio de ese año en ese país.

“Este año Estados Unidos da la bienvenida a la participación de Australia, Canadá, México y el Reino Unido en el Ejercicio de Nivel Nacional 2009”, indicó en un informe la Agencia Federal de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) del gobierno estadounidense, dependencia encargada de la respuesta a emergencias por desastres naturales y terroristas. El Ejercicio táctico de Nivel Nacional 2009 (NLE, por sus siglas en inglés) es designado como parte del Programa Tier I del Pentágono (sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos), densidades nº 4 - diciembre 2009

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el cual era conocido antes como “Top Off ” o ejercicio para oficiales de alto rango, y será la primera acción conjunta masiva en territorio estadounidense en la que participarán el Ejército mexicano en su historia, así como las agencias federales. Con este ejercicio se marca el inicio de la nueva etapa de la política de seguridad regional del gobierno de Estados Unidos, integrada en el proyecto Visión 2020 del Comando Norte. Desde 2008 se proyectó que este ejercicio serviría de preparación para los Juegos Olímpicos de Invierno que se efectuarán en Vancouver, Canadá, en febrero del 2010. El informe apunta que las lecciones que se aprendieran del ejercicio táctico proporcionarían ideas valiosas para realizar futuros planes en términos de seguridad de la nación en contra de ataques terroristas, desastres y otras emergencias.

(INFORMADOR.COM.MX, 16 de junio de 2009).

- El 30 de julio de 2009, el Secretario de la Defensa Nacional de México, General Guillermo Galván, fue recibido en el Pentágono por su par estadounidense, Robert Gates, donde pasó revista a la guardia de honor. Ambos se reunieron para tratar “temas de seguridad de interés bilateral” (La Jornada, 31 de julio de 2009, Política, p. 4).

En el caso de la Armada mexicana, - A principios de 2001, la Armada de México comenzó una restructuración para desarrollar un “perfil oceánico” en sus operaciones en altamar con el propósito de incrementar la capacidad combativa y de logística de la flota naval, con miras también a la posible participación de México en “operaciones de paz”.

- En julio de ese año se desplegó el nuevo concepto “operacional definido”, las fuerzas navales contarían con buques, aviones y helicópteros y los grupos elite, que son las Fuerzas de Reacción Anfibia y las Fuerzas Especiales (Aranda, 2001ª).

- En agosto de 2001, la Armada mexicana participó en las maniobras multinacionales conjuntas comandadas por Estados Unidos conocidas como UNITAS (United International densidades nº 4 - diciembre 2009

Antisubmarine Warfare), en aguas colombianas, sin haber solicitado el permiso correspondiente al Senado mexicano (Becerril y Saldierna, 2001).

- Después del 11 de septiembre de 2001, la Armada buscó “reforzar la seguridad de la zona petrolera de Campeche”, para lo cual compró, a comienzos de 2002, 5 lanzacohetes rusos, que pueden derribar helicópteros y aviones que vuelen hasta una altura de 3, 500 metros (Uno Más Uno, 16 de noviembre de 2002).

- El entrenamiento y capacitación de los marinos en diversas maniobras y la modernización del equipo de la Armada para llevar a cabo acciones contraterroristas quedaron de manifiesto el 1º de junio de 2005, “Día de la Marina”, donde la Armada “demostró su nivel de entrenamiento y capacidad de disuasión” ante el presidente de la República para proteger los intereses vitales de México, concretamente las instalaciones petroleras en la Sonda de Campeche que representan más del 80% de la producción nacional, en contra de “posibles agresores”. “Durante estas maniobras se evaluó el resultado del esfuerzo diario en el entrenamiento efectivo de los sofisticados sistemas de armas de las naves que participaron en el evento” (Semar, Comunicado de prensa, 060/05, 3 de junio de 2005). En estas maniobras se hundió un barco de deshecho mediante dos misiles disparados desde una fragata.

- Del 25 al 30 de julio de 2005 la Comisión de Marina del Senado mexicano llevó a cabo una gira de trabajo a la Base Naval de San Diego, así como al Cuartel General del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte es decir el NORAD y del Comando Norte en la Base Peterson de la Fuerza Aérea (Gaceta Parlamentaria del Senado de la República, LIX Legislatura, N° 33, 17 de agosto de 2005).

- Existe desde principios de la década del 2000 una estrecha colaboración del US Navy con la Armada mexicana para la lucha contra en tráfico de estupefacientes, en la cual el primero actúa detectando en aguas inter nacionales a embarcaciones rápidas (incluyendo minisubmarinos) utilizadas por los cárteles de la

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droga colombianos y mexicanos, para introducir estupefacientes a México y desde ahí a Estados unidos, y obligándoles a entrar en aguas mexicanas donde naves rápidas, helicópteros y grupos de elite de la Marina actúan en la captura de las embarcaciones, los hombres y la carga, habiéndose logrando importantes incautaciones de droga, naves, armas y dinero.

- Del de 21 abril al 5 de mayo de 2009, la Armada mexicana participó por primera vez, de manera oficial, en las maniobras conjuntas de UNITAS, en la conmemoración del 50 aniversario de las mismas, y que se realizaron por vez primera en territorio y aguas estadounidenses.

Después de un cierto debate en el Senado mexicano donde hubo oposición a esta participación, finalmente fue aprobada (Becerril y Ballinas, 2009).

También, por primera vez, Canadá se unió a México en el envío de unidades navales para tomar parte en las maniobras (US Southern Command/POA, 2009ª). El Comandante de las Fuerzas navales del Comando Sur, y también Comandante de la IV Flota, Almirante Joseph Kernan, aseguró en conferencia de prensa al inicio de los ejercicios, que “los barcos mexicanos- que vinieron aquí reflejan la manera de trabajar juntos en un futuro y es estratégicamente uno de los aspectos más importantes de los ejercicios este año” (La Jornada, 21 de abril de 2009). Los ejercicios de UNITAS, que son realizados generalmente en dos fases, una en el Atlántico y otra en el Pacífico, en 2009 ambas fueron combinadas en una sola, UNITAS Gold. Participaron en este ejercicio 25 barcos (dos de ellos mexicanos) (US Southern Command/POA, 2009b), 4 submarinos, 50 aviones y helicópteros (2 de la Armada de México), 650 Marines, y 6, 500 marinos (397 mexicanos).

Las fuerzas entrenaron juntas en un escenario de fuego real, en acciones de “guerra submarina, operaciones de abordaje, de interdicción marítima, guerra de defensa aérea y de superficie, operaciones anfibias, guerra electrónica y guerra especial”.

Tropas de elite de la Armada estadounidense (U. S. Marines), marinos de 6 países latinoamericanos (Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay)

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y soldados de Canadá participaron en el ejercicio “Sociedad de las Américas” (Partnership of the Americas-POA) en la Estación Naval de Mayport y en el Campo Militar Blanding, de Florida, consistente en un asalto anfibio como parte del entrenamiento en tierra en apoyo de las maniobras marítimas. Esta ejercicio anual se enfoca en fortalecer la interoperatividad entre los Marines estadounidenses y marinos de naciones socias en las áreas de operaciones anfibias, operaciones de evacuación de no combatientes, y en apoyo en desastres y mantenimiento de paz. Las fuerzas participantes fueron: Por Estados Unidos: - 24th Marine Regiment, Air Test and Evaluation Squadr on ONE (VX-1), Amphibious Squadron 8, Carrier Air Wing 3, Destroyer Squadron Four Zero, Florida Air National Guard, Patrol and Reconnaissance Wing 11 (CPRW 11), Riverine Group One, U.S. Naval Forces Southern Command / U.S. Fourth Fleet, USCGC Thetis (WMEC 910), USS Ashland (LSD 48), USS Donald Cook (DDG 75), USS Doyle (FFG 39), USS Forrest Sherman (DDG 98), USS John L. Hall (FFG 32), USS Kauffman (FFG 59), USS Mesa Verde (LPD 19), USS Oscar Austin (DDG 79) , USS San Jacinto (CG 56).

Por otras naciones: Alemania: FGS Sachsen (F219), FGS Lubeck (F214), y Franfurt Am Main (A 1412); Brasil: BNS Constituicao (F42) y BNS Tikuna (S 34) ; Canadá: HMCS Montreal (336), HMCS Corner Brook (S 878); Chile: CF Blanco (CF15); Colombia: ARC Almirante Padilla (FL 51) y ARC Catagena De Indias (BL 161); México: ARM Mina y ARM Oaxaca; Perú: BAP Palacios (FM 56).

(US Southern Command/POA, 2009c).

VIII. ¿Incorporación de México al Comando Norte y al Perímetro de Seguridad de América del Norte, por vía de la Iniciativa Mérida?

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Felipe Calderón asumió el poder presidencial en 2006 bajo el cobijo de las fuerzas armadas, de las que se valió para llevar a cabo su ceremonia de toma de posesión formal, que no “oficial”; y a partir de ahí, tanto el Ejército (y Fuerza Aérea) como la Armada, han ido asumiendo una mayor presencia en diversos ámbitos de la vida política del país y una mayor colaboración con Estados Unidos. Durante el desfile militar del 16 de septiembre de 2007, participaron unidades del Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal, creadas por decreto presidencial el 10 de mayo de ese año, cuya misión principal es coadyuvar en el combate a la delincuencia organizada en “aquellos actos que atenten contra la seguridad nacional y en la restauración del orden”, lo cual significa que podrán ser empleados en contra de disturbios sociales, continuando con ello la criminalización de la protesta social. El grupo depende de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), pero actúa bajo las órdenes del Presidente (Aranda y Herrera, 2007). Tanto el ejército como la Armada mexicanos comenzaron a solicitar enormes cantidades de recursos económicos para renovar sus equipos, con el argumento de que éstos están ya “obsoletos” (Castillo y Aranda, 2007; Aranda 2007).

El aspecto más importante de esta estrecha colaboración con Estados Unidos es precisamente la necesidad de fortalecer la cooperación en seguridad, y específicamente, en el combate conjunto a la delincuencia organizada, como lo subrayara el Presidente George W. Bush en marzo de 2007, durante un viaje que realizó por México, Guatemala y otros países de Latinoamérica, en sus encuentros con los Presidentes de los países visitados. Con el pretexto de apoyar a México en esta lucha y para “evitar” que llegara a Estados Unidos la inseguridad y la violencia desatadas por el Presidente Felipe Calderón que le “declaró la guerra al narco” desde el principio de su gobierno a fines de 2006, en

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octubre de 2007, durante el encuentro de ambos Presidentes en la Ciudad de Mérida, Yucatán, George W. Bush anunció públicamente el lanzamiento de la Iniciativa Mérida, aunque ésta se presentaba como una solicitud del mandatario mexicano al estadounidense. En algún momento entre estas dos fechas, Bush había mencionado el impulso a un Plan México para llevar a cabo esta estrategia, pero al considerarse que podía ser tomado como una copia del Plan Colombia, se modificó el nombre.

El Presidente Bush incluyó a la Iniciativa Mérida, bajo el rubro de “Iniciativa de cooperación para seguridad regional”, en el presupuesto complementario para la guerra contra Irak. Solicitó 1.400 millones de dólares, a distribuirse en tres años fiscales, de 2008 a 2010. Para México serían alrededor de 500 millones en el primer año, y también 50 millones de dólares para el combate antidrogas de países centroamericanos (Merida Initiative, 2007). Después de un debate en el Congreso, los fondos fueron recortados a 1.200 millones de dólares, aunque el actual Presidente Barack Obama, que ha hecho suya esta Iniciativa, ha demandado más recursos para la lucha contra el narcotráfico y el reforzamiento de la seguridad fronteriza. La ayuda propuesta en la Iniciativa Mérida no se daría en dinero, sino en armas, tecnología, entrenamiento y supervisión para la lucha contra “el narcotráfico y el crimen organizado”. En realidad, como lo reconoció la Canciller mexicana, Patricia Espinosa, además de combatir el narcotráfico, el acuerdo con Estados Unidos en la materia prevé el compromiso de México para detectar “terroristas”; con tal fin, el gobierno del país vecino entregará equipo y tecnología, además de capacitación y adiestramiento para controlar el flujo migratorio de las fronteras norte y sur. El 60 por ciento de esos recursos irá a las Fuerzas Armadas de México. Lo cierto es que, como apunta

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Rodríguez (2008): Con la IM nuestro país iniciaría formalmente la integración a las visiones y esquemas de seguridad de los Estados Unidos en tres rublos claves: combate al tráfico de drogas, al terrorismo y a la migración indocumentada. Esta integración de México sería de carácter subordinado, ya que los objetivos, alcances de corto y largo plazo, estrategias, programas y financiamiento de la IM los discute y aprueba el Congreso estadunidense (sic), incluyendo probablemente condicionamientos -certificaciónpara su cumplimiento demandados por las ONG Human Rights Watch y Amnistía Internacional USA, a las que han secundado conocidas ONG mexicanas de derechos humanos.

Sin embargo, considero que la Iniciativa Mérida va más allá de lo que plantea Rodríguez en cuanto a la subordinación de México a Estados Unidos en cuestiones de narcotráfico, terrorismo y migración irregular; se trata de uno de los mayores intentos de Estados Unidos para llevar a México a integrarse por vía de la Iniciativa Mérida al Comando Norte y al Perímetro de Seguridad de América del Norte. A continuación presento algunos datos al respecto.

Desde que fue propuesta por George W. Bush, la Iniciativa Mérida ha enfrentado altibajos en el Congreso estadounidense en cuanto a la asignación de fondos, lo que ha sido utilizado por diversas dependencias gubernamentales y altos funcionarios de ese país para presionar al gobierno mexicano, el cual ha endurecido y aumentado aún más las medidas en contra de la inseguridad y el narcotráfico, incorporando al 25% del personal del ejército (45 mil militares) (Aranda y Castillo, 2009), y a todo el personal de la Secretaría de Marina (54 mil 313 elementos) (Méndez, 2009) en el combate a la delincuencia organizada; y proponiendo al Congreso darles mayores atribuciones a éstos en cuestiones de seguridad (Becerril,

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2009c), aunque estas iniciativas se han atorado en el Senado (Becerril y Ballinas, 2009b). Todo ello ha provocado una mayor militarización en el país, incrementándose las violaciones de los derechos humanos y las garantías individuales de los ciudadanos, y un aumento en la criminalización de la protesta social.

En 2007 y 2008, la “guerra al narco” declarada por el Presidente Felipe Calderón a los cárteles mexicanos de la droga desde principios de su gestión a fines de 2006, produjo más de 8 mil asesinatos, y una situación de inseguridad y violencia, principalmente en estados fronterizos con Estados Unidos y en entidades con presencia de los cárteles del narcotráfico desde hace décadas, a pesar del despliegue de miles de soldados.

Debido a esta situación, el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas de Estados Unidos (uno de los nueve comandos del Departamento de Defensa), incorporó a México en su sección de estados débiles y fracasados en un informe sobre los problemas estratégicos en los próximos 25 años, el informe Junta operativa ambiental 2008 (JOE, por sus siglas en inglés) fue emitido en diciembre de 2008, y preparado para los altos mandos militares y encargados de la “toma de decisiones” civiles en asuntos de seguridad nacional. En este informe se plantea que entre los peligros mundiales a futuro más preocupantes está el colapso rápido y repentino de Pakistán y México, y que “cualquier descenso de México al caos demandará una respuesta estadounidense basada únicamente en las serias implicaciones para la seguridad de la patria (de Estados Unidos)”. En torno a la región, el informe señala que “los problemas militares que surjan en Sudamérica y Centroamérica probablemente provendrán del interior (de cada país)”, y menciona en particular los cárteles de la droga y bandas criminales, “mientras que or ganizaciones ter roristas continuarán encontrando una sede en algunas de las

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áreas fronterizas del continente que están fuera de la ley” (Brooks, 2009).

En este marco se comenzaron a ubicar las declaraciones de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos para preparar el camino a la visita de la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, y del propio presidente, Barak Obama, en su primer encuentro con Felipe Calderón en territorio mexicano.

En una entrevista realizada en un canal de televisión estadounidense el 1 de marzo de 2009 al Secretario de Defensa, Robert Gates, al abordar el tema de México, se le cuestionó sobre la expansión de la guerra contra el narco en la frontera y qué tan grande era esta amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Gates dijo que lo importante era que el Presidente de México, Felipe Calderón, quizá por la primera vez había asumido la batalla en contra de estos carteles, y debido a la corrupción en la policía había enviado al ejército mexicano a pelear. Que los carteles estaban tomando represalias. Gates dijo “yo pienso que estamos comenzando a estar en una posición para ayudar a los mexicanos más de lo que hemos estado en el pasado. Algunos de los antiguos recelos contra la cooperación entre nuestros ejércitos están siendo superados”. El entrevistador Mr. Gregory insistió ¿Usted quiere decir a p oyo m i l i t a r ? , G a t e s r e s p o n d i ó : “proveyéndolos con entrenamiento, con recursos, con tipos de capacidades en reconocimiento y vigilancia; pero sólo cooperación, incluyendo inteligencia. Pero esto es claramente un serio problema, pero yo pienso que la gente necesita saber el coraje que Calderón ha mostrado en llevar esto adelante, debido a que una de las razones de que haya sido tan malo es que sus predecesores básicamente se rehusaron a hacerlo”.

(U.S Department of Defense, 2009).

A principios de marzo de 2009, el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Almirante Mike Mullen, realizó una gira por América Latina donde visitó Brasil, Chile, Perú y Colombia, antes de llegar a México con una propuesta de incremento en la ayuda densidades nº 4 - diciembre 2009

militar para luchar contra el narcotráfico. Un mes antes de este viaje, en un discurso en la Universidad de Princeton el 5 de febrero, Mullen planteó que el Plan Colombia es un buen ejemplo de colaboración militar de Estados Unidos con un aliado en la región. Y una colaboración militar entre Estados Unidos y México, en territorio de este último, sería una novedad histórica entre dos países que mantuvieron guerras en el pasado. Lo anterior, concluyó el militar, “implica un compromiso, no una actividad militar de alto nivel”, aseguró Mullen en su discurso en Princeton, quizás para suavizar el impacto de la propuesta. El portavoz del jefe militar, capitán John Kirby dijo que “Hay margen para hacer más ” respecto de la actual cooperación que contiene la Iniciativa Mérida, aprobada en 2006 para México y América Central. El objetivo de la gira fue el de acercarse a los altos mandos de las fuerzas armadas de los países visitados. (La Jornada, 5 de Marzo de 2009) Ya en México, el 6 de marzo, el Almirante Mullen, se reunió en privado con los secretarios de la Defensa Nacional (SEDENA), general Guillermo Galván Galván, y de Marina, almirante Mariano Francisco Saynez.

En su encuentro privado con el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, presentó un panorama sobre el avance del crimen organizado en el continente y el peligro de las acciones violentas de los cárteles de las drogas para México y Estados Unidos. Mullen planteó la necesidad de unir esfuerzos contra estos fenómenos y considerar la participación de Fuerzas Armadas mexicanas en acciones conjuntas.

(Morgan, 2009) En el encuentro con Saynez se habló de la necesidad de continuidad en la cooperación entre las fuerzas armadas de ambos países, con el fin de fortalecer la defensa y seguridad bilateral, además de incrementar la colaboración en la lucha contra amenazas comunes que afectan no sólo a Estados

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Unidos y México, sino a toda América. La Secretaría de Marina informó que en la reunión de Mullen y Saynez se trató la importancia de acrecentar en un futuro la “interoperabilidad” entre las fuerzas armadas de los dos estados y fomentar una relación de respeto mutuo. Asimismo, evaluaron algunos puntos de la Iniciativa Mérida, aunque no especificó cuáles. Tras reunirse con Saynez, dictó una conferencia en el Centro de Estudios Superiores Navales a oficiales y mandos de la Armada y el Ejército mexicanos acerca de los escenarios de riesgo y violencia en América Latina derivados de amenazas de narcotráfico y terrorismo. De acuerdo con la Armada de México, Mullen planteó la posibilidad de que la Marina de México y la de Estados Unidos incrementen en un futuro la interoperabilidad para combatir narcotráfico, terrorismo, el tráfico de sustancias ilegales, armas, dinero y personas (Ibid).

En su regreso a Estados Unidos, el almirante Mullen planteó en una teleconferencia que las fuerzas armadas de Estados Unidos están listas para ayudar a México en su guerra contra el narcotráfico, con tácticas de contrainsurgencia como las usadas contra los rebeldes de Irak y Afganistán, y añadió que el Departamento de Defensa está moviéndose para proveer de equipo al Ejército mexicano, incluyendo helicópteros, bajo un programa de ayuda de 1.400 millones de dólares (la Iniciativa Mérida). Dijo que los militares estadounidenses ya están apoyando a México con inteligencia, aunque no dio detalles. Y mencionó que durante conversaciones con oficiales militares de alto rango de México enfatizó la disposición del Pentágono para proveer más ayuda en inteligencia, vigilancia y reconocimiento, en la forma de aviones espías no tripulados, específicamente a lo largo de la frontera entre ambos países (Ibid).

Unos días después de la visita del Almirante Mullen a México, se realizaron

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distintas audiencias convocadas por paneles en las dos cámaras del Cong reso estadounidense sobre temas de México. Ante el Comité de los Servicios Armados del Congreso, para hablar sobre las actuales y futuras amenazas globales a la seguridad nacional de Estados Unidos, el director de Inteligencia Nacional, vicealmirante Dennis C. Blair, dijo que “la influencia corruptora y la creciente violencia de los carteles mexicanos de la droga impiden a la capital gobernar en partes de su territorio”. El teniente general Michael Maples, jefe de la inteligencia para la defensa, del Pentágono, dijo en la misma vista que luego de una visita este mes a México, el jefe del estado mayor conjunto, Mike Mullen, estaba “preparando recomendaciones sobre cómo podríamos proveer algún tipo de ayuda militar a las fuerzas armadas mexicanas”. El senador Carl Levin, presidente del comité, afirmó que “la violencia en México se está volviendo un recordatorio de la situación en Colombia de hace una década”. El senador John McCain, ex candidato presidencial, afirmó en la misma audiencia legislativa que se “está ampliando la guerra de las drogas” al norte de la frontera y recordó que el Departamento de Justicia ya había identificado a los carteles mexicanos como “la mayor amenaza del crimen organizado para Estados Unidos”. El subsecretario de Estado Thomas A. Shannon, quien se presentó ante el subcomité de Operaciones Extranjeras de la Cámara de Representantes para defender el financiamiento de la Iniciativa Mérida, dijo que Calderón enfrentaba el problema de las drogas de una manera “sin precedentes” y que la parte que le corresponde a Estados Unidos “es inmensa”. Shannon concurrió con otros dos funcionarios del Departamento de Estado para defender el presupuesto de la Iniciativa Mérida. Finalmente, David T. Johnson, subsecretario de Estado para asuntos de narcotráfico internacional, dijo que en el negocio de las drogas en México participan directamente unas 150.000 personas que

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mueven capitales hasta por 25.000 millones de dólares. Adicionalmente, unas 300.000 personas intervienen en el cultivo de marihuana y opio (Mex.News.AP, 10 de marzo de 2009).

El Comandante del Comando Norte, General de la Fuerza Aérea, Victor E. Renuart, quien es asimismo comandante de NORAD, planteó en una audiencia del Comité del Senado sobre Servicios Armados (Senate Armed Services Committee) el 17 de marzo que el Comando Norte (NorthCom) estaba trabajando con la Agencia de Cooperación de Seguridad y Defensa (Defense Security Cooperation Agency) para acelerar la entrega de equipo y el entrenamiento financiado a través de la Iniciativa Mérida para ayudar a México a enfrentar la violencia creciente de los cárteles de la droga. Y ese mismo día un equipo de planificación de NorthCom se reunió con funcionarios del Departamento de Seguridad de la Patria para explorar el aumento de la presencia militar en el lado estadounidense de la frontera con México (Miles, 2009a).

El General Renuart mencionó al Comité senatorial, “no puedo decirles qué tan importante es.

Los mexicanos ven esto como una verdadera asistencia y colaboración, y esto hace la diferencia en la confianza”. Renuart dijo que México está progresando en el esfuerzo: “El gobierno mexicano está tomando acciones agresivas para ganar. Están construyendo un momento histórico”. Y comentó al panel que sus interacciones con los líderes militares de México le convencen que han recibido órdenes de movilización del Presidente Felipe Calderón para “ser mucho más agresivos en su presencia (de los narcotraficantes)”. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano está enfrentando el problema de la corrupción del país. Renuart observó que la respuesta mexicana después de un pico en la violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue el despliegue de casi 10, mil soldados y policías federales en la región donde reemplazaron a densidades nº 4 - diciembre 2009

la policía local. “El desafío para el gobierno mexicano es (…) sostener ese esfuerzo, ya que su ejército no es tan grande”, dijo Renuart. “Por eso estamos trabajando con ellos en una relación directa para construir más capacidad que les permita sostener ese esfuerzo en algunas de estas ciudades”.

Mencionó que una colaboración entre el NorthCom y la Guardia Nacional “está proveyendo de entrenadores en capacidades de fuerza única para ayudar a los militares mexicanos a conducir redadas sobre los carteles”. Mientras tanto, “NorthCom está trabajando en cooperación con otras autoridades para asegurar la frontera estadounidense en contra de la infiltración de los carteles”, dijo. Las medidas represivas en sus operaciones han llevado a una “conducta más agresiva de parte de los carteles, y por lo tanto de sus pandillas aliadas aquí, al norte de la frontera”, dijo.

“Por lo tanto, es una preocupación real para la seguridad en nuestro país”. “NorthCom provee de tecnología a los agentes de Aduanas y de la Patrulla Fronteriza, así como a otros funcionarios ejecutores de la ley para identificar túneles excavados debajo de la frontera Estados Unidos-México”, abundó Renuart. Los militares también operan sensores a lo largo de la frontera: cámaras, puestos de escucha, y vehículos tripulados y no tripulados con capacidad de visión nocturna. La información recogida va a las autoridades correspondientes para usarse durante sus operaciones, dijo Renuart.

“Pensamos que podemos expandir eso. Tenemos hoy un equipo de planificación en el Departamento de Seguridad de la Patria buscando justo este tipo de apoyo adicional (…) para asegurar que los gobernadores tengan el tipo de apoyo que sienten que requieren”. Renuart dijo que el apoyo podría consistir de una mezcla de Guardia Nacional, tropas de militares en activo o de reserva, colaborando con las dependencias ejecutoras de la ley y los estados. “Esto es un problema gubernamental total, y pienso que la mejor respuesta es un enfoque integral. Y estamos trabajando agresivamente hacia ello”, concluyó Renuart.

(Ibid).

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Durante la misma audiencia, el General Renaurt, dijo que la amenaza terrorista c o n t i nu a e n c o n t r a d e l a p a t r i a estadounidense “es real,”, al tiempo que describía un agresivo programa de defensa enfocado a prevenir otro ataque como el del 11 de septiembre de 2001. Y mencionó que dos ejercicios a gran escala, Centinela Ardiente (Ardent Sentry) y Escudo Vigilante (Vigilant Shield), probaron esta colaboración en este año así como 30 ejercicios más pequeños a escala regional, estatal y local.

Además, Northcom y NORAD llevaron a cabo ejercicios con Canadá en preparación para los juegos Olímpicos de Vancouver en 2010 (Miles, 2009b).

El 30 de marzo, con el propósito de incrementar el intercambio entre el Pentágono y el Ejército mexicano para combatir al narcotráfico en territorio mexicano, militares de Estados Unidos y México iniciaron en Hermosillo, Sonora, una reunión de cuatro días en los que discutirán dos temas: la situación y problemática en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, y la organización, funcionamiento y experiencia de las Fuerzas de Tarea interagenciales Norte y Sur de los Estados Unidos. La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) aseguró que se trataba de una reunión anual más desde que en 1992 se instaló la Junta de Comandantes fronterizos México-Estados Unidos, sin embargo era la primera vez de que en México se diera difusión a este tipo de encuentro. La delegación mexicana estaba presidida por el general de División Diplomado de Estado Mayor, Sergio Magaña Mier, comandante de la II Región Militar, que tiene su sede en Mexicali, Baja California, mientras que había “diversos organismos” de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Araizaga, 2009). En esta reunión Washington solicitó al gobierno de México que soldados estadounidenses participaran como “observadores” en

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acciones de detección y detención de “células de grupos radicales” que realizaran las fuerzas armadas mexicanas. Sin embargo, los militares mexicanos, encabezados por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guillermo Galván Galván, aceptaron intercambiar información sobre grupos subversivos, cárteles del narcotráfico, presuntos integrantes de grupos terroristas que fueran detectados en territorio mexicano y pandillas como la Mara Salvatrucha, pero no el “acompañamiento” de militares estadounidenses (Castillo, 2009).

Aunque algunos analistas plantean que la integración de facto de México al Comando del Norte (NorthCom), desde 2002, constituye un secreto total del gobierno mexicano; y que cuatro años después se ignora qué actividades realizan el Ejército y la Marina mexicanas en esa coalición trinacional y el papel que desempeñará Felipe Calderón, como comandante supremo de las fuerzas armadas del país (Egremy, 2009), lo cierto es que dicha integración no se ha logrado cabalmente, pese a los esfuerzos del gobierno estadounidense, aunque los niveles de acercamiento y colaboración de las fuerzas armadas mexicanas, particularmente de la Armada, sí se han incrementado exponencialmente en la última década.

Sin embargo, la Iniciativa Mérida puede convertirse en el mecanismo mediante el cual dicha colaboración y acercamiento logren, por la vía de los hechos, que las fuerzas armadas mexicanas actúen en el marco del Comando Norte, bajo el liderazgo estadounidense, como quedó mostrado en la participación de la Armada mexicana en las maniobras de UNITAS Gold 50, y en la participación del Ejército de México y agencias de seguridad pública mexicanas durante el primer mayor ejercicio táctico antiterrorista de fuerzas multinacionales, realizado en territorio estadounidense del 27 al 31 de julio de 2009, junto con Australia, Canadá, y el densidades nº 4 - diciembre 2009

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Reino Unido, y el con cual se “marca el inicio de la nueva etapa de la política de seguridad regional del gobierno de Estados Unidos, integrada en el proyecto Visión 2020 del Comando Norte” (Informador.com.mx, 16 de junio de 2009).

El 18 de agosto de 2009, el Departamento de Estado norteamericano dio a conocer su informe sobre los derechos humanos en la Iniciativa Mérida, certificando a México en esa materia, lo que permitirá la liberación de los primeros fondos financieros para la Iniciativa Mérida, mismos que estaban congelados por el Congreso estadounidense mientras no se certificara que las Fuerzas Armadas mexicanas cumplieran con el respeto a los derechos humanos en su participación en la “guerra contra las drogas”.

Todavía el día 5 de ese mismo mes, el Senador demócrata Patrick Leahy, Presidente del Subcomité de Asignaciones para operaciones en el extranjero, justificó su rechazo en una sesión informativa del Departamento de Estado al borrador de un informe que juzgó lleno de inconsistencias frente a las denuncias presentadas por organismos humanitarios por las violaciones perpetradas por elementos del Ejército mexicano en la lucha contra los cárteles de la droga. El Senador Leahy aseguró, que si bien “Estados Unidos simpatiza con la causa y desea el éxito del presidente Felipe Calderón ”, en su lucha contra los cárteles de la droga, su gobierno aún necesita “mostrar evidencias de que las Fuerzas Armadas están sujetas al cumplimiento de la ley” (Hernández, 2009).

Pero el Departamento de Estado tenía urgencia en que México recibiera la ayuda para la lucha antidrogas lo más rápido posible, como lo hizo saber el 6 de agosto el vocero Robert Word, quien mencionó “estamos trabajando para tratar de llevar la ayuda a México lo más rápido posible ”, afirmando que el informe “aún está en borrador y vamos a asegurarnos de proveer un informe lo más exhaustivo posible para mostrar al Congreso exactamente lo que densidades nº 4 - diciembre 2009

está haciendo el gobierno mexicano en cuanto al respeto de la ley y los derechos humanos” (La Jornada, 7 de agosto de 2009). Ante las críticas de organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como del Senador Leahy, de que en México no han sido sancionadas las graves violaciones a las garantías individuales cometidas por militares, el gobierno mexicano, a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, aseguró que en la lucha contra el crimen (sic) organizado “el Ejército mexicano ha actuado correctamente”, y señaló que “el gobierno reconoce que ocasionalmente y de manera aislada se presentan situaciones que pueden calificarse o catalogarse como abuso de autoridad, violaciones a los derechos humanos o abusos de poder” (Ballinas, 2009).

El jueves 13 de agosto, el Departamento de Estado entregó al Congreso el mencionado informe. El 18 de ese mes, el Senador Leahy declaró su “profunda decepción” porque el Departamento de Estado envió “prematuramente” al Congreso el informe; sin embargo, dio su apoyo para desbloquear 64 millones de dólares que el gobierno estadounidense entregaría a México como parte de la Iniciativa Mérida, al reconocer que Washington debe hacer más para detener la demanda de drogas y armas (La Jornada, 19 de agosto de 2009).

Laura Carlsen, del Programa de las Américas del Center for Internacional Policy, en México, comentó que: El informe del Departamento de Estado sobre la Iniciativa Mérida es una burla a la intención de incluir las cuestiones de los derechos humanos en el paquete de ayuda en seguridad. A pesar de que menciona un aumento en seis veces de denuncias en materia de derechos humanos contra el ejército mexicano, la falta de procesamiento de ni si quiera un solo caso por tortura, y la continúa práctica de inmunidad militar frente a tribunales civilesentre otros funestos indicadoresel Departamento de

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Estado justifica la liberación de los fondos retenidos en base a promesas vacías, en programas que aún deben aplicarse y en reformas políticas que en la práctica han tenido un impacto negativo en los derechos humanos. (…) El informe enaltece el proyecto binacional del combate a las drogas como si este fuera el único medio de confrontación con el tráfico ilícito de drogas, cuando investigaciones demuestran que las estrategias orientadas a la rehabilitación son más rentables y tienden a mejorar en vez de violar los derechos humanos. El informe ni siquiera menciona la preocupación de canalizar grandes cantidades del dinero de los contribuyentes estadounidenses exclusivamente a los militares mexicanos, a la policía y a agencias de inteligencia que en realidad exacerban la violencia, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos (Carlsen, 2009).

Lo cierto es que, con esta certificación los fondos de la Iniciativa Mérida fluirían sin obstáculos y rápidamente a las Fuerzas Armadas y a las policías mexicanas en forma de capacitación, y equipo. Para la fecha del desbloqueo de una parte de los recursos de esta Iniciativa -1.200 millones de dólares, de 1.400 aprobados originalmente-, 70 por ciento ya estaban contratados, lo que no significaba que todos los equipos ya estuvieran en México (aunque algunas capacitaciones y equipos ya habían comenzado a otorgarse), para el otoño de 2009 llegarían los primeros helicópteros, de acuerdo con el Ministro Consejero de la Embajada de Estados Unidos en México, John Feeley (Saldierna, 2009).

Con ello se daba un paso más en el acercamiento de las Fuerzas Armadas mexicanas a las estadounidenses y a su política de seguridad regional, y, por ende, un paso más en la inserción de México al Comando Norte por medio de la Iniciativa Mérida.

IX. A manera de conclusiones A partir del reordenamiento mundial, iniciado después del fin de la Guerra Fría,

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Estados Unidos ha intentado posicionarse como el líder indiscutible en el marco de la lucha interimperialista por el control de los recursos estratégicos y los mercados mundiales. Así, el centro imperialista estadounidense apuesta a una feroz “acumulación por despojo” (Harvey, 2003), intentando incautar los principales recursos minerales, acuíferos, energéticos -en lo que Michael T. Klare (2002) llama “las Guerras por los Recursos”, y particularmente por los recursos petrolíferos mundiales (Klare, 2006)-, para prolongar su dominio. Y es que, como apunta este autor, el petróleo barato y abundante ha jugado un papel central “para el vigor y el desarrollo de la economía estadounidense y la conservación del American Way of Life.

Para asegurarse esta nueva posición, Estados Unidos ha desarrollado una perspectiva geoestratégica, mediante la cual asegurarse por vía consensuada o por vía coercitiva el acceso y el control de tales recursos. En esta perspectiva, la nueva política militar estadounidense consistiría en contar con unas fuerzas armadas reducidas, más modernas y que pudieran desplegarse rápidamente en varios frentes al mismo tiempo, lo cual requería una reestructuración de los comandos militares de esa nación para hacerse cargo de estos frentes.

Esta reestructuración fue llevada a principios de la década de los años 1990s al seno mismo de la Organización del Tratado del Atlántico (OTAN), cuando Washington logró asignarle un mayor peso (utilizándola para evadir el veto de China y Rusia, o la abstención de Francia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas) y conjurar el riesgo de que la Comunidad Europea se planteara una política europea de seguridad al margen del pacto del Atlántico. Esta victoria estadounidense reforzó el papel de la OTAN como instrumento militar hegemónico para subordinar y dominar el proyecto europeo, al densidades nº 4 - diciembre 2009

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tiempo que permitió consolidar la estrategia estadounidense en los Balcanes, una región geoestratégica de enorme importancia por su carácter de bisagra entre la Europa occidental y la del Este (Sandoval y Betancourt, op. cit.).

Años más tarde esta política se vio reforzada cuando algunos países balcánicos y otros de la Ex-Unión Soviética permitieron el establecimiento de bases militares bajo el pretexto de que servirían como plataformas para invadir Afganistan; y posteriormente para lanzar los ataques contra Irak. Estas bases se han extendido a otros países fronterizos con Rusia, lo cual ha cambiado la correlación geopolítica de fuerzas de la región en favor de Estados Unidos.

Aunque recientemente y como producto de la nueva política de Rusia para reposicionarse en el ámbito geopolítico, atrayendo a los países de Asía Central a su lado, en uno de éstos, Kirguistán, el Parlamento aprobó el 19 de febrero de 2009 por amplísima mayoría la propuesta del Gobierno de cerrar la base aérea estadounidense de Manas, una instalación estratégicamente importante para la campaña militar de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán (EuropaPress.Es, 19 de febrero de 2009). En este reposicionamiento, Rusia también anunció que realizaría maniobras militares en Abjazia y Osetia del Sur (donde se instalarán bases militares por medio de la firma de tratados bilaterales) en respuesta a las que efectuaría la OTAN en Georgia (país al que la OTAN decidió admitir como miembro en el futuro) del 6 de mayo a principios de junio de 2009 con 1, 300 soldados de 19 países (Bonet, 2009) En el marco de la conmemoración del 50 aniversario de la OTAN en abril de 2009, el Presidente estadounidense, Barak Obama (además de no variar la posición de Estados Unidos sobre el despliegue de su sistema misilístico), defendió el derecho a la densidades nº 4 - diciembre 2009

expansión de ésta hacia las fronteras con Rusia, siguiendo la línea de su asesor de seguridad nacional, James Jonas, comandante supremo de la OTAN en Europa entre 2003 y 2006, quien es partidario de la expansión hacia el este y el sur, ya que estos pasos reforzarían el control de los suministros de energía de Estados Unidos en Medio Oriente (Jalife-Rahme, 2009; La Jornada, 26 de marzo de 2009). Obama también mantuvo que la Alianza Atlántica requería mejor coordinación para frenar la insurgencia en Afganistán, y en la reunión de la OTAN en Estrasburgo, Francia, el 4 de abril de 2009, el líder estadounidense logró que los aliados apoyaran su nueva estrategia contra los talibanes en Afganistán, al acordar enviar hasta 5 mil soldados más a éste país (La Jornada, 5 de abril de 2009).

Sin embargo, dentro de la OTAN también hay un esfuerzo, encabezado por Francia, para devolver a ésta al seno de las Naciones Unidas y alejarla del poder hegemónico de Estados Unidos. Francia retornó a la estructura militar de la OTAN, después de 43 años de ausencia cuando en 1966 Charles De Gaulle retiró a este país de la estructura del comando (que es responsable de la planeación estratégica) por una disputa sobre la influencia estadounidense en Europa, aunque se mantuvo como miembro de la alianza. El Presidente actual Nicolás Sarkozy anunció el 10 de marzo de 2009 el retorno, aunque anunció que París conservaría su independencia de Washington en materia de defensa (La Jornada, 12 de marzo de 2009).

Sarkozy ha estado buscando adeptos a su postura de fortalecer la ONU, y en su viaje a México a principios de ese mismo mes, planteó una nueva alianza entre México y su país, y que el mundo esperaba más de México, entre ello el envío de soldados mexicanos como cascos azules de las Naciones Unidas a otros países cuando se necesite para preservar la paz (Gómez, 2009). Además, es

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claro que Francia espera tener un aliado en el Consejo de Seguridad, con México nuevamente dentro del mismo.

Volviendo al proyecto geoestratégico de Estados Unidos, en el caso del Continente Americano, ese país trata de asegurar su hegemonía económica y comercial, así como extender sus intereses de seguridad nacional, mediante acuerdos de libre comercio bi y multilaterales (i. e. TLCAN, TLCEUCA, ALCA, por sus siglas en español; NAFTA, CAFTA, FTAA por sus siglas en inglés), alianzas, y otros proyectos geoestratégicos (Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte/ASPAN, Caminos hacia la Prosperidad de las Américas/CPA, Plan Puebla Panamá/PPP ahora Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica-, Plan Colombia, etc).

Estados Unidos requiere, para cerrar el déficit de la balanza comercial, el control de las naciones americanas, como lo planteó en 2004 el entonces Secretario de Estado Colin Powell a los congresistas estadounidenses: “Nuestro objetivo con el ALCA es garantizar a las empresas norteamericanas el control de un territorio que va del Polo Ártico hasta la Antártida, libre acceso, sin obstáculo o dificultad, para nuestros productos, servicios, tecnología y capital en todo el hemisferio.” Pero no mencionó que también requiere un mayor y libre acceso al saqueo de los recursos naturales de este territorio (hidrocarburos, minerales, agua, biodiversidad, etc), pasando por encima de la soberanía de los países en cuyos territorios se encuentran estos recursos, mismos que las corporaciones transnacionales estadounidenses (aunque también europeas y asiáticas) han estado explotando desde hace ya varias décadas (véase, Davis and Mathews, 1976), creando, por otra parte, una serie de conflictos ambientales de gran magnitud, como apunta Cifuentes (2006): Los grandes proyectos de las empresas transnacionales basados en el saqueo de recursos

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naturales y la destrucción del medioambiente a una escala nunca vista hasta ahora, se han convertido en la fuente principal de conflictos ambientales en América Latina. La proliferación de estas operaciones económicas es favorecida por planes que fomentan las exportaciones, fundamentalmente de materias primas, con miras “al crecimiento y el desarrollo” de una región con vastas riquezas minerales, con la mayor reserva de biodiversidad, con un tercio del agua dulce y cerca de un tercio de los bosques del planeta.

Y en este “crecimiento y desarrollo”, apunta Cifuentes, (...) los únicos beneficiados reales resultan ser las empresas inversoras y sus accionistas. En 2004 los ingresos de las 10 empresas mineras más grandes que operan en Latinoamérica fueron de más de 130 mil millones de dólares (Alcoa, AngloGold/Anglo American, Barrick Gold, BHP-Billiton, Meridian Gold, Newmont, Noranda, Phelps Dodge, Placer Dome y Rio Tinto). Cinco empresas forestales productoras de celulosa tuvieron ingresos por US $ 10, 501 millones en 2004 (Aracruz Celulose, Celulosa Arauco, CMPC, Bahia Sul Celulose, Votorantim Celulose). Tres productoras de semillas transgénicas y plaguicidas tuvieron ingresos por US $ 20, 645 millones en 2005 (DuPont Agriculture and Nutrition, Monsanto y Syngenta). (...) Cargill, la empresa de agronegocios señalada como caso ilustrativo de lucro con la destrucción de la Amazonía, tuvo ingresos de más de 63 mil millones de dólares en 2003.

Este despojo está considerado “formalmente” en los tratados, alianzas y planes geoestratégicos mencionados. Así, la integración continental, desde la perspectiva de Estados Unidos, va avanzando en dos vías, que no se excluyen sino que se complementan: la económica, que denominamos formal, “racional” o “consensual”, mediante tratados, acuerdos y alianzas supuestamente comerciales, y la institucional, que denominamos “coercitiva”, densidades nº 4 - diciembre 2009

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mediante: a) La inserción de las fuerzas armadas de diversos países a la nueva visión militarista estadounidense por vía de algunos mecanismos estratégicos (i. e., la Cumbre de los Ministros de Defensa de las Américas) en el marco de la nueva doctrina de seguridad de la Unión Americana; b) Reactivando o activando viejas y nuevas estructuras militares, como la Cuarta Flota y el Comando Norte, respectivamente; y c) Por medio de la instalación o reinstalación de bases militares estadounidenses en diversas regiones estratégicas de América Latina y el Caribe bajo el pretexto de combatir el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia organizada.

El caso de las Cumbres de Ministros de Defensa de las Américas ya las analizamos en el apartado III de este ensayo.

En el caso de la Cuarta Flota, ésta fue inicialmente puesta en operación durante la Segunda Guerra Mundial en 1943, para proteger las costas del Atlántico y el Pacífico del Hemisferio Occidental en contra de posibles ataques marítimos de Alemania o Japón, siendo desactivada en 1950. El Jefe de Operaciones Navales (CNO), Almirante Gary Roughead anunció el reestablecimiento de esta Flota el 24 de abril de 2008 y su reestablecimiento formal el 12 de julio de 2008 durante una ceremonia en la Estación Naval de Mayport, Florida. El nuevo cuartel de la Cuarta Flota está localizado en el Cuartel general de las Fuerzas Navales del Comando Sur en dicha estación naval de Maypor t. Ambas tienen un único comandante, Rear Admiral Joseph D. Kernan (United Status Navy Biography, 2009).

La Cuarta Flota es responsable de los navíos, aviones y submarinos de la Armada estadounidense que operan en el área de foco del Comando Sur, la cual abarca el Caribe, América Central y América del Sur, y sus densidades nº 4 - diciembre 2009

aguas circundantes. La Cuarta Flota está enfocada al “fortalecimiento de la amistad y las alianzas, y tiene cinco misiones: apoyo para mantenimiento de la paz, Asistencia Humanitaria, Ayuda en Desastres, ejercicios marítimos tradicionales, y apoyo en operaciones contra las drogas” (U.S. Southern Command. Fourth Fleet, 2009).

La reactivación de la Cuarta Flota se inscribe en el marco de un plan de control de los mares denominado “Una nueva estrategia de cooperación para el poder marítimo del siglo XXI ” (A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower), dada a conocer en 2007. En esta estrategia se plantea que: Nunca antes las fuerzas marítimas de Estados Unidos (The Navy, Marine Corps, Coast Guard) se han reunido para crear una estrategia marítima unificada. Esta estrategia acentúa un enfoque que integra el poder marítimo con otros elementos de poder nacional, así como los de nuestros amigos y aliados. Describe cómo el poder marítimo será empleado alrededor del mundo para proteger nuestra forma de vida, mientras que nos unimos con otras naciones con la misma mentalidad para proteger, y mantener el sistema interconectado global por medio del cual prosperamos. Nuestro compromiso para proteger la patria y ganar las guerras de nuestra nación se iguala por un compromiso correspondiente para prevenir la guerra. (U.S. Department of the Navy, U.S. Marine Corps, U.S Coast Guard, 2007: 3) (Traducción del inglés de JMSP).

El control de los recursos estratégicos es, por supuesto, uno de los principales objetivos de esta estrategia, según se desprende del mismo documento: La expansión del sistema global ha incrementado la prosperidad de muchas naciones. Pero su crecimiento continuo puede crear una competencia creciente por los recursos y el capital con otros poderes económicos, corporaciones transnacionales y organizaciones internacionales. Elevadas expectativas populares (léase “populistas”, JMSP)

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y una creciente competencia por los recursos, empalmadas con la escasez de éstos, puede alentar a naciones a ejercer reclamaciones más amplias de soberanía sobre mayores extensiones de océanos, vías fluviales, y recursos naturales resultando potencialmente en conflictos. (Ibid: 6).

Esta estrategia reúne entonces las cuestiones de la seguridad de los Estados Unidos y el control de los recursos en una sola: El poder marítimo de los Estados Unidos será asumido globalmente para defender a nuestra patria y a nuestros ciudadanos de ataques directos, y para promover nuestros intereses alrededor del mundo.

En tanto que nuestra seguridad y prosperidad están ligados inextricablemente con los de otros, las fuerzas marítimas estadounidenses serán desplegadas para proteger y mantener el sistema global pacífico compr endido de r edes interdependientes de comercio, información, leyes, gente y governanza (Ibid: 8) (Cursivas en el original).

Con esta estrategia, se trata de cumplir 6 imperativos estratégicos, divididos por igual en términos regionales y globales. En el nivel regional están: 1. Limitar los conflictos regionales con el despliegue de un poder marítimo de avanzada; 2. Impedir guerras de los grandes poderes; 3. Ganar las guerras de nuestra nación. Y en el plano global: 1.

Contribuir a la defensa de la patria en profundidad; 2. Fomentar y mantener relaciones cooperativas con más asociados internacionales; y, 3. Prevenir o contener perturbaciones locales antes de que impacten al sistema global.

Para llevar a cabo los imperativos estratégicos en el plano global, Los Servicios Marítimos establecerán una presencia global persistente utilizando fuerzas distribuidas las cuales están organizadas por misión y comprendidas por capacidades de la Armada (Navy), Cuerpos de Marines (Marine Corps) y Guardia Costera (Coastal Guard). Esta

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distribución global debe extenderse más allá de las áreas de despliegue tradicional y reflejar misiones que van de las operaciones humanitarias a un creciente énfasis sobre contraterrorismo o guerras irregulares. Nuestras fuerzas marítimas serán hechas a la medida para enfrentar los requisitos únicos y de desarrollos particulares para cada región geográfica, frecuentemente en conjunción con fuerzas de operaciones especiales y otros socios Interagencias. En particular, esta estrategia reconoce la ascendente importancia y necesidad de actividades en tiempo de paz en África y el Hemisferio Occidental (Ibid: 10).

Aquí encontramos la justificación para la reactivación de la Cuarta Flota para cubrir el Hemisferio Occidental, y también la creación del nuevo Comando para África. Para instrumentar esta estrategia se habla de capacidades centrales expandidas, y prioridades de instrumentación, en donde se promueve la participación conjunta de los Servicios Marítimos estadounidenses con aliados, como en el caso de las maniobras UNITAS Gold mencionadas más arriba, donde participaron varios países del Hemisferio Occidental (entre ellos, por primera vez, la Armada de México), y Alemania, junto a la Fuerza Naval del Comando Sur y la Cuarta Flota, así como otras fuerzas marítimas estadounidenses, en costas del Atlántico, cerca de donde se ubica el Cuartel General del Comando Sur y de la Cuarta Flota, la Estación Naval de Mayport en Florida (US Southern Command/POA, 2009c).

En el caso del Comando Norte, desde su creación en 2002, como ya mencionamos en el apartado VI de este ensayo, Estados Unidos ha venido presionando a México para que las Fuerzas Armadas de éste se integren al mismo. Y la Iniciativa Mérida apunta a ser el instrumento mediante el cual se incremente la colaboración y el acercamiento entre ambas fuerzas armadas para llevar adelante, por la vía de los hechos, algunos de densidades nº 4 - diciembre 2009

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los planes estratégicos del Comando Norte.

La Iniciativa Mérida no sólo se está formalizando en países de Centroamérica (Departamento de Estado de Estados Unidos/Oficina del Portavoz, 2009a; 2009b), sino también se está ampliando al Caribe (Associated Press, vía Yahoo!

Noticias, 21de mayo de 2009), el cual entra en el Área de Responsabilidad del Comando Norte (US Northern Command, 2005), especialmente Puerto Rico y las Islas Vírgenes que son “colonias estadounidenses”.

En el caso de Puerto Rico, el Comando Norte quiere reactivar la presencia militar estadounidense en la Isla de Vieques, planteando que está bien situada para extender el alcance estadounidense en el Caribe, jugando potencialmente un papel en la vigilancia del espacio aéreo o en la lucha contra los narcotraficantes. En una audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado el 17 de marzo de 2009, el General de la Fuerza Aérea Victor E. Renuart Jr., Jefe del Comando Norte dijo en su testimonio, que el área podría contribuir a la defensa nacional, “sobre una pequeña base”, y mencionó que “estamos buscando trabajar con la Armada (Navy) y la Guardia Nacional para ver cómo podemos aprovechar algunos de los sistemas y equipo que aún están en su lugar en el área de Vieques”. La evaluación fue pedida por el Senador Jim Inhofe, Republicano de Oklahoma, quien dijo en la audiencia que han pasado algunos años desde que “perdimos la batalla de Vieques” (frente a las movilizaciones populares que lograron que la base se cerrara en 2003), y añadió que las instalaciones en Vieques podrían jugar un papel clave en misiones que incluyen el contraterrorismo, la anti-piratería y la asistencia humanitaria (Melia, 2009).

La reactivación de la presencia militar estadounidense en la isla de Vieques es parte también de la estrategia del gobierno norteamericano para instalar nuevas bases densidades nº 4 - diciembre 2009

militares en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, a principios de 2009 se inició, por parte de Estados Unidos, la construcción de una base militar antinarcóticos en Honduras, en las inmediaciones de la Laguna de Caratasca, Departamento de Gracias a Dios, fronterizo con Nicaragua, y que forma parte de un corredor por el cual pasa una gran cantidad de drogas procedentes de Colombia con destino en Estados Unidos. El almirante James Stavridis, jefe del Comando Sur, dijo a fines de enero en Tegucigalpa que Estados Unidos proporcionaría a la base cuatro lanchas rápidas con tecnología de punta, así como avionetas para combatir el tráfico de drogas en esa región. La obra estaría concluida en marzo de 2010 y será inaugurada por el gobierno que asuma funciones el 27 de enero de ese año. En Honduras, Estados Unidos posee desde 1982 la base aérea de Palmerola, situada en el central departamento de Comayagua, donde permanecen unos 900 militares estadounidenses que son rotados periódicamente (Notimex, 6 de febrero 2009).

Resulta claro que Honduras es un país situado en una región estratégica para los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, y que los militares de este país deben estar detrás del Golpe de Estado del 28 de junio de 2009 en contra del Presidente Manuel Zelaya.

De acuerdo con un artículo difundido por TeleSUR en internet el 2 de julio: Fuentes cercanas a Washington han confirmado que el Pentágono, a través de la misión militar (grupo militar) de Estados Unidos en Honduras, ha estado trabajando con los militares golpistas involucrados en el golpe de Estado contra el Presidente Zelaya. El Comando Sur realiza anualmente cerca de 55 maniobras con las fuerzas armadas de Honduras. La misión militar de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa financia a las fuerzas armadas de Honduras aproximadamente con dos millones de dólares cada año, y eso no incluye los millones de dólares que

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Washington suministra a través de otros programas de cooperación con Honduras y la gran inversión en la base militar de Estados Unidos en Soto Cano, Honduras. (TeleSUR, 2 de julio de 2009).

Pero en este artículo también se informó que la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) financia a grupos de la llamada “sociedad civil” en Honduras con más de 50 millones de dólares al año. Estados Unidos también canaliza millones de dólares y ayuda estratégica a los principales partidos y organizaciones políticas en Honduras a través de la National Endowment for Democracy (NED) y otras agencias de Washington. Grupos como Paz y Democracia, que salieron a la luz pública el 1º de julio respal-dando el golpe de Estado en Honduras, reciben parte de ese dinero procedente de los autodenominados “promotores de la democracia” (Ibid).

En el mes de mayo se dio a conocer que Estados Unidos estaba planeando establecer una nueva base militar en Colombia, la cual le daría una gran capacidad para intervenciones militares en la mayor parte de América Latina. Esta nueva base, en Palanquero, no estaría limitada a operaciones antinarcóticos en la región andina, de acuerdo a un documento de planeación del Comando Militar Aéreo (Airlift Military Command)1.

El Comando Sur busca establecer una base con “alcance de movilidad aérea en el Continente Suramericano”, sumada a la capacidad para operaciones antinarcóticos, para el año 2025.

Con la ayuda del Comando de Transporte (Transportation Command) y el Comando Militar Aéreo, el Comando Sur identificó Palanquero, desde donde “casi la mitad del Continente puede ser cubierto por un C-17 sin reabastecimiento”. Si el combustible está

disponible en este destino, “un C-17 podría cubrir el continente entero, con la excepción de la región de Cabo de Hornos”, dice el plan del Comando Militar Aéreo. El presupuesto del 2 Pentágono , presentado el 7 de mayo, incluía US$ 46 millones para el desarrollo de la base de Palanquero, y mencionaba que el Departamento de Defensa busca “an array of access arrangements for contingency operations, logistics, and training in Central/South America.”

Un vocero de la embajada estadounidense en Bogotá mencionó que las negociaciones aún no habían concluido para la base. (LindsayPoland y Vasely-Flad, 2009).

Durante el mes de junio una comisión de funcionarios colombianos y estadounidenses, encabezada por expertos del Pentágono y del Departamento de Estado, estuvo revisando el borrador del nuevo acuerdo de cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia, que permitiría suplir las funciones que venía cumpliendo el Puesto Militar de Operaciones Avanzadas de la base militar de Manta (FOL, por su sigla en inglés), en Ecuador, la cual Estados Unidos tendría que desalojar en noviembre, al negársele la renovación del convenio. Sin embargo, Washington anunció en el mes de mayo que sus efectivos saldrían en septiembre, que en julio harían el último vuelo desde allí y que luego iniciarían el traspaso de las instalaciones y la infraestructura a Colombia (Adital, 22 de mayo de 2009).

Ya para entonces, la comisión mencionada analizaba cómo sería la operación desde cinco bases militares colombianas, definidas por las partes, cuyo uso deberá servir para potenciar operaciones contra el narcotráfico en las dos costas, el acuerdo comprendería operaciones militares estadounidenses en tres de las más importantes bases de la Fuerza

1.Ver: http://www.au.af.mil/awc/africom/documents/GlobalEnRouteStrategy.pdf 2. Ver: http://www.defenselink.mil/comptroller/defbudget/fy2010/fy2010_SSJ_Special_Topics.pdf

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Aérea Colombiana y en dos instalaciones estratégicas de la Armada Nacional: la base de Palanquero o Germán Olano entre Cundinamarca y Caldas; la Alberto Pouwels en Malambo, Atlántico; la base de Apiay o Capitán Luis Fernando Gómez Niño, en Meta; la ARC Bahía de Málaga en el Pacífico, y la ARC Bolívar en Cartagena (Cambio, 2 de julio de 2009).

Al final de las negociaciones entre ambos gobiernos, el gobierno de Colombia anunció el 4 de agosto que Estados Unidos utilizará 7 bases en su territorio (sumándose a las ya mencionadas, las dos bases del ejército, Tolemaida, en Cundinamarca y la de Larandia, en Caquetá), al tiempo que el presidente de ese país comenzó una gira por América Latina para explicar el alcance del plan militar con Washington. El acuerdo para el uso de bases propone llevar a cabo operaciones regionales bajo un mandato amplio y ambiguo, y ha generado preocupaciones en los gobiernos de toda la región. El viernes 14 de agosto el Presidente Obama afirmó “No tenemos la pretensión de establecer una base militar de E.U. en Colombia”.

Pero los presidentes sudamericanos reunidos el lunes siguiente en Quito no estaban convencidos, y acordaron reunirse de nuevo a fines de agosto para discutir el tema de las bases en Colombia. A pesar de una gira del Presidente Álvaro Uribe por siete naciones, solamente Perú respaldó la propuesta (Lindsay-Poland, John, 2009).

De acuerdo con Jorge Rojas (2009) de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, en la cumbre de UNASUR, realizada en San Carlos de Bariloche, Argentina el 28 de agosto se hizo evidente la preocupación de todos los gobiernos que integran esta asociación de países: sobre los alcances del convenio de cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia, en términos de estabilidad política, seguridad, integridad territorial, soberanía, armamentismo y densidades nº 4 - diciembre 2009

paz. En este sentido se explica la convocatoria a una reunión del Consejo Sudamericano de Seguridad, la intención de monitoreo y verificación del convenio entre Estados Unidos y Colombia y la instrumentación de un mecanismo de transparencia, que garantice que no habrán bases militares extranjeras en territorios de los países de América del Sur. Pese a su molestia, el gobierno colombiano cedió en este punto, aun cuando reafirmó que el acuerdo ya está finiquitado y no es sujeto de modificación alguna. Fue clave la intervención del presidente Hugo Chávez para identificar los peligros del convenio de cooperación en términos estratégicos de seguridad del gobierno de Estados Unidos. El presidente Correa de Ecuador demostró que no se necesitan esos acuerdos para combatir el narcotráfico y puso en evidencia el compromiso de su gobierno en la frontera con Colombia (Rojas, 2009).

En esta cumbre, el armamentismo fue tema obligado, así como otros tratados y convenios militares que van a ser objeto de monitoreo por el Consejo de Defensa Suramericano. Rojas apunta que “El presidente Chávez se adelantó a ofrecer toda la información sobre el convenio militar suscrito por Venezuela con Rusia y con Irán”. Rojas también apunta que: Es la primera vez en Sudamérica que un tema de cooperación militar se discute en un espacio multilateral, antes los tratados militares se imponían sin ninguna posibilidad de discusión.

Hay un nuevo escenario político en la región y se reafirma el rol de Unasur, que sale fortalecida de la reunión de Bariloche. La presidenta Bachelet hizo énfasis en la agenda tradicional y la nueva agenda de seguridad en la región y reafirmó la transparencia en el tema de armas y recursos de seguridad y en la cooperación multilateral.

Quedó clara la necesidad de un diálogo político entre Unasur y el gobierno de los Estados Unidos en torno a los temas de seguridad regional y lucha contra las drogas. La propuesta del presidente Lula tuvo acogida entre los mandatarios que integran la Unasur, aun cuando es significativa la oposición del

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presidente de Colombia. Si se mantiene el espíritu de “alianza entre iguales” expresado por el presidente Obama en Trinidad y Tobago, este diálogo es posible (ibid).

UNASUR avanza una propuesta de cooperación regional y multilateral en la lucha contra el narcotráfico, previa evaluación de la eficacia de la militarización y la estrategia instrumentada mediante el Plan Colombia. El papel principal estará a cargo del Consejo Sudamericano de lucha contra el narcotráfico. Por su parte, el presidente Uribe logró incluir a la OEA en los mecanismos que adopte el Consejo Sudamericano de Defensa, así como un consenso en torno a la necesidad de combatir el terrorismo y a los grupos ilegales, que no tuvo objeción en la cumbre. En cambio no fue bien recibida la propuesta de Uribe de declarar terroristas a los grupos guerrilleros colombianos y penalizar el consumo de drogas en los países sudamericanos (ibid).

Estas reactivaciones o activaciones de la Cuarta Flota y el Comando Norte; de la reestructuración del Comando Sur (Miles, 2008); y del establecimiento o reactivación de bases militares o navales, tienen su contraparte con la reactivación de un acuerdo de libre comercio de las Américas (plan B del ALCA) que incorpora la cuestión de seguridad (lo que significa la expansión de la agenda ASPAN para todo el Continente), en la instrumentación de los Caminos para la Prosperidad de las Américas, propuesto por George W. Bush al final de su mandato en 2008, y retomado por Barack Obama en la Cumbre de las Américas realizada en Trinidad y Tobago en abril de 2009.

Durante la Reunión Ministerial de Caminos hacia la Prosperidad realizada en El Salvador un día antes de la toma de posesión de la Presidencia por parte de Mauricio Funes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la Secretaria de Estado norteamericana, Hilary Clinton

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dijo en su discurso que: (…) Este encuentro aprovecha la labor de la anterior administración estadounidense, aunque el presidente y yo estamos también comprometidos con volver a lanzar la iniciativa Caminos hacia la Prosperidad, y a ampliar sus objetivos para repartir entre los ciudadanos más vulnerables y marginalizados de nuestra región los beneficios de la recuperación económica, el crecimiento y los mercados abiertos.

Para alcanzar la prosperidad compartida que deseamos, debemos integrar nuestro compromiso con la democracia y los mercados abiertos con el compromiso con la inclusión social. (…) La crisis económica mundial ha reforzado la manera en que nuestras economías están ligadas, y si antes había alguna duda, ya no puede haberla.

Sabemos que el comercio entre nuestros países es y será un elemento esencial de nuestra recuperación económica, y que el comercio debe ser una parte integral de nuestras estrategias de desarrollo nacional. Para lograr el tipo de prosperidad de gran alcance que los ciudadanos de las Américas se merecen y exigen tendremos que aprovechar el talento de todos nuestros ciudadanos.

El programa Caminos hacia la Prosperidad puede y ayudará a repartir los beneficios del comercio y la participación económica entre las mujeres, los agricultores rurales y pequeñas empresas, los descendientes de africanos, las comunidades indígenas y otros que con frecuencia han permanecido en los márgenes del progreso.

Para tener éxito debemos: - Establecer metas concretas; - Ampliar el alcance y el impacto de nuestros esfuerzos; y - Elaborar un plan con parámetros que nos permita evaluar nuestro progreso. Los 14 países que colaboran en Caminos representan el 34 por ciento del producto interno bruto del mundo, sabemos como conseguir nuestros objetivos. Nuestra labor en esta iniciativa ha de enfocarse en conseguir resultados tangibles. Todos tenemos que participar en lo que yo denomino el negocio de las soluciones. densidades nº 4 - diciembre 2009

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(…) Para Caminos, esto supondrá ampliar la iniciativa más allá de nuestro actual enfoque y nuestra actual afiliación. (…) Además, Caminos debe estar dispuesto a colaborar con nuevos socios, entre estos otros países y bancos subregionales que compartan nuestro compromiso con los mercados abiertos y una mayor inclusión social. Quiero destacar la presencia de dos países observadores: Brasil y Trinidad y Tobago, que están aquí presentes. A partir de ahora, espero que ustedes y otros países de nuestro hemisferio se sumen a nosotros en esta iniciativa como socios plenos.

La región de las Américas está volviendo más interconectada y adquiriendo un mayor dinamismo.

De seguir esta tendencia, nuestra región necesitará aportar mayor liderazgo en diversos temas de alcance mundial. Caminos es un ejemplo del tipo de alianza multilateral que puede contribuir a resolver los complejos desafíos que nos plantea el siglo XXI. (…). (Clinton, 2009).

Frente a esta perspectiva, diversos movimientos sociales del Continente Americano, incorporados a la Alianza Social Continental, han venido planteando una visión alternativa, y han trazado un nuevo plan de lucha que se diseñó en la IV Cumbre de los Pueblos de las Américas, realizado del 15 al 17 de abril antes de la Quinta Cumbre de las Américas, realizada entre el 17 y 19 de abril en Trinidad y Tobago, donde los presidentes no lograron un acuerdo unánime sobre el proyecto de Declaración, en el cual se establece la agenda ASPAN para todo el Continente.

En las Conclusiones de la IV Cumbre de los Pueblos de las Américas, las organizaciones sociales plantean que el fracaso de “la política de relaciones hemisféricas basada en el libre comercio y en la supremacía política y militar de Estados Unidos obliga a un replanteamiento, tal como lo vienen exigiendo los pueblos del hemisferio”. Y añade que, “Este replanteamiento se hace además bajo el signo de la

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crisis que ha conmocionado al mundo y ante la cual son indispensables alternativas distintas a prolongar el actual estado de cosas que descarga sus costos sobre la población empobrecida”.

En cuanto al aspecto de seguridad, en el punto 6 de las consideraciones, se plantea que: 6. Mientras que se fortalece el dispositivo militar de EEUU en la región a través del despliegue de la IV flota y el emplazamiento de numerosas bases militares, el proyecto de declaración (de la V Cumbre de las Américas) apoya el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que ha sido el instrumento de este propósito. Se fortalece el criterio de la cooperación en cuestiones de seguridad basado en la definición de multidimensionalidad adoptado mediante la Declaración sobre Seguridad en las Américas de la OEA en el 2003 y que ha sido extendido al ámbito de la seguridad ciudadana mediante el Compromiso sobre Seguridad Pública en las Américas, aprobada en 2008, y otros compromisos similares, para asegurar al imperialismo estadounidense el acceso (por el consenso o por la coerción) a recursos y territorios estratégicos en América latina y el Caribe. La instrumentación de esta definición y compromisos de seguridad lleva, por un lado, al intervencionismo militar bajo el disfraz de operaciones de paz o ayuda humanitaria, como en el caso de la MINUSTAH en Haití, y, por otro lado, a la criminalización de la protesta social, bajo el pretexto de enfrentar la delincuencia organizada y el terrorismo.

Consideramos que los problemas de seguridad pública deben enfrentarse desde la perspectiva de la soberanía de las naciones, mediante políticas de seguridad ciudadana. (IV Cumbre de los Pueblos de las Américas, 2009).

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Lineamientos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para el sector energético Rodolfo López Introducción En 1960, Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay firmaron en Montevideo, el tratado homónimo, dando origen así a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), al que se sumarían con posterioridad Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia en 1967. Fue el primer tratado de integración entre países latinoamericanos, cuyo objetivo, enunciado en el artículo primero, es el de establecer una zona de libre comercio. Pero en la práctica, la falta de coordinación económica y la rigidez de los plazos y mecanismos que no permitían otras formas de integ ración; además de otras limitaciones importantes cómo que sólo se refería al intercambio de bienes, limitándose a una visión meramente comercialista, y no incluir temas como servicios, infraestructura, inversión extranjera, políticas agrícolas, balanza de pagos, arancel externo común u otras posibles políticas de coordinación económica y/o política. Esto motivó que

algunos países dentro del esquema del tratado constituyeran una organización subregional para superar las limitaciones que suponía su mercado insuficiente y su menor desarrollo con respecto al resto de los países de la ALALC, con esta visión Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela suscribieron el Acuerdo de Cartagena en 1969, creando la Comunidad Andina de Naciones (CAN), también denominado Pacto Andino o Grupo Andino. Posteriormente, en 1976, Chile se retiraría de este Acuerdo.

Ante la imposibilidad de cumplir los plazos de creación de la zona de libre comercio, se efectúa una ronda de negociaciones que termina con la firma del Tratado de Montevideo en 1980 que crea la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Pero el objeto de la ALADI, también está centrado en la promoción y regulación del comercio recíproco, la complementación económica y el desarrollo de las acciones de cooperación económica que coadyuven a la ampliación de los mercados.

En 1986, dentro del marco normativo de

Doctor en Ciencias Sociales. Docente de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Tandil, Argentina). Integrante del Proyecto de Investigación Políticas Exteriores Comparadas de América Latina, Regionalismo y Sistema Mundial (2005-2009/11).

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Lineamientos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para el sector energético

la ALADI, Brasil y Argentina firman el Acta en la que se define el objetivo de conformar un espacio económico común, pero con las características de promover una integración sectorial estratégica, y va a servir de precedente para que en 1991 se firma el Tratado para la construcción del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Al igual que la CAN, el MERCOSUR se encuadra como un proceso de integración subregional, pero siguen manteniendo como característica la preeminencia de una integración basada en el comercio intrarregional, sin considerar las características geográficas (grandes barreras naturales como la Cordillera de los Andes y la Selva Amazónica, y una localización de las grandes metrópolis en las costas Atlántica y Pacífica de Sudamérica) lo que condiciona y eleva considerablemente los costos de transporte para los intercambios comerciales.

No es hasta el año 1969, cuando se firma el Tratado de la Cuenca del Plata entre Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, mediante el cual las partes contratantes convienen en mancomunar esfuerzos con el objeto de promover el desarrollo armónico y la integración física de la Cuenca del Plata y de sus áreas de influencia directa y ponderable, tal como lo establece el artículo primero. Este es el primer tratado de integración que enuncia y pondera la integración física como requisito necesario para promover el desarrollo económico de la región.

En el año 1978, las Repúblicas de Bolivia, del Brasil, del Ecuador, de Guyana, del Perú, de Surinam y de Venezuela, con el objetivo de promover el desarrollo armónico de la Amazonia, que permita una distribución equitativa de los beneficios de

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dicho desarrollo entre los países contratantes para elevar el nivel de vida de sus pueblos y a fin de lograr la plena incorporación de sus territorios amazónicos a las respectivas economía nacionales, firmaron el Acuerdo Amazónico. En este marco las partes contratantes coinciden en la conveniencia de crear una infraestructura física adecuada entre sus respectivos países, especialmente en los aspectos de transporte y comunicaciones. Por consiguiente, se comprometen a estudiar las formas más armónicas de establecer o perfeccionar las interconexiones viales, de transportes fluviales, aéreos y de telecomunicaciones, teniendo en cuenta los planes y programas de cada país para lograr el objetivo prioritario de incorporar plenamente esos territorios amazónicos a sus respectivas economías regionales, tal lo expresado en el artículo décimo del citado acuerdo.

Si bien estos procesos de integración física son firmados por los respectivos países, los proyectos no lograron concretarse por las respectivas hipótesis de conflicto entre los estados de la región, hicieron que en la práctica los esbozos de la integración física fueran meros antecedentes. Se destaca que en la región los estados estaban gobernados, en su mayoría, por regímenes militares de facto, cuyas políticas estaban imbuidas en las visiones realistas de política exterior, la tradición de los geopolíticos y en buena parte por los teóricos latinoamericanos de la dependencia.

No fue hasta la redemocratización de los países latinoamericanos en la década de los 80´, cuando los gobiernos comienzan un proceso de distensión regional, sobre todo entre Argentina y Brasil, posibilita la firma del Programa de Integración y Cooperación entre Argentina y Brasil (PICAB), que si bien se

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enmarca en una integración de tipo comercialista-regulado será el inicio de una nueva relación entre los principales países del Cono Sur americano, y entre Argentina y Chile, se llega al acuerdo por la soberanía de las islas Picton, Nueva y Lenox y el Canal del Beagle, que posibilita un nuevo relacionamiento entre ambos países, luego de varios años de tensiones políticomilitares. A pesas de estos avances, las relaciones entre Chile, Bolivia y Perú; Perú y Ecuador no han alcanzado un nivel de distensión política que permita consolidar un proceso de integración física.

El PICAB fue el antecedente de lo que sería el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) que amplia la integración entre Argentina y Brasil a sus vecinos Paraguay y Uruguay.

En 1998, a iniciativa del presidente brasileño Fernado Henrique Cardoso, y en vísperas de la Segunda Reunión Cumbre de las Américas realizada en Santiago de Chile, se firma en Buenos Aires el Acuerdo Marco para la creación de una Zona de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Comunidad Andina a partir del año 2000, y se opta por la coordinación de posiciones en el proceso de integración hemisférico.

Este acontecimiento político puede considerarse una etapa inicial de la creación de una zona de libre comercio en toda Sudamérica. Dicho proceso queda plasmado el 31 de agosto y 1 de septiembre del año 2000 en la Cumbre de Brasilia, que convoca el entonces presidente Fernando Enrique Cardozo a todos los jefes de Estado sudamericanos, que reafirmaron su intención de unir el MERCOSUR y la CAN mediante un acuerdo de libre comercio en el cual, incluyendo Chile, Guyana y Surinam, estarían representados los 12 países sudamericanos. Este proyecto se

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basó, además de la creación de un nuevo espacio común sudamericano apoyado, además de la conformación de un Area de Libre Comercio (ALCSA), en la elaboración de un Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur (IIRSA). Bajo este nuevo marco se promoverá la integración económica, la cooperación y la concertación política, dando especial r e l e va n c i a a l a i n f o r m a c i ó n , e l conocimiento y la tecnología, todo esto en el ámbito de Estados democráticos.

Cabe destacar que en el contexto histórico del lanzamiento del ALCSA, servía de contrapeso a la propuesta norteamericana del Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) en el aspecto económico, en el sentido de que como zona de libre comercio tiene que ser vir principalmente a objetivos comerciales.

Pero el dato distintivo con respecto a otros procesos de integración con preeminencia comercialista, en que en este nuevo emprendimiento conf luyen principalmente dos vertientes en un mismo acuerdo multilateral, por un lado el aspecto comercial y por el otro el soporte en infraestructura física para lograr una mayor viabilidad al comercio intrarregional y extrarregional, además de incorporar espacios económicamente vacíos dentro del continente sudamericano y a su vez promover el desarrollo de regiones “periféricas” de los distintos países miembros del acuerdo.

En el año 2004, en el marco de la reunión de presidentes sudamericanos en Cusco (Perú) se redefinió la iniciativa ALCSA, p a ra co n f o r m a r un a C o mun i d a d Sudamericana de Naciones, con la idea de conformar un “espacio sudamericano

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integrado”, destacándose entre otros temas la integración física, energética y en comunicaciones. A pesar de esto, las acciones concretas propuestas en Cusco fueron escasas. Ante esto, los presidentes de Venezuela y Uruguay, Hugo Chávez y Tabaré Vazquez manifestaron su preocupación sobre el proceso de integración regional. Estas inquietudes hicieron que se comenzara a debatir y definir los alcances del proceso de integración a fin de garantizar la construcción de un nuevo modelo, que aproveche efectivamente las experiencias positivas de los mecanismos de integración subregionales existentes, como el CARICOM, la CAN y el MERCOSUR, esto determinó que en mayo del año 2008 se constituyera en Brasilia la Unión Sudamericana de Naciones, considerando entre los temas prioritarios a la integración física y la integración energética, aunque con el transcurrir del tiempo ambas temáticas todavía no han tenido un abordaje concreto.

La energía en Sudamérica La región sudamericana cuenta con vastas reservas energéticas de distinto tipo, pero al no encontrarse distribuidas de manera uniforme en el territorio, determina que, como señala Sennes (2007), al mismo tiempo, casi todos los países tienen niveles superavitarios o deficitarios, ya sea en el rubro del petróleo, del gas o de la energía eléctrica. Esto significa que son importadores o exportadores potenciales de esos insumos. Así tenemos que la República Bolivariana de Venezuela es el país que posee las mayores reservas de petróleo y gas de la región (aunque todavía sea un importador neto de gas al no explotar sus ingentes recursos gasíferos), Bolivia posee la segunda reserva de gas

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natural, que exporta a Brasil, y en menor medida a Argentina. La Argentina tiene la tercera reserva más grande de gas natural, y la cuarta de petróleo. Chile es un importador neto de insumos energéticos, sobre todo de gas de Argentina. Brasil por su parte, posee la tercera reserva de petróleo de la región, pero es un importador neto de gas, principalmente de Bolivia y en menor medida de Argentina.

Colombia es autosuficiente en petróleo y exporta el excedente de su producción.

Paraguay no posee reservas de petróleo ni gas natural para su consumo interno, pero cuenta con un gran superávit de energía hidroeléctrica que exporta a Brasil y Argentina. Ecuador es un importante exportador de petróleo y Uruguay, por su parte, no posee reservas de petróleo ni de gas, e importa esos insumos para su consumo interno.

A mediados de la década de los noventa, según el informe elaborado por Wiegers (1996, p. 1) para el Banco Interamericano de Desarrollo, expresa que Argentina y Bolivia presentan situaciones energéticas equilibradas ya que se abastecen y tienen recursos exportables, mientras que Chile muestra una situación deficitaria en general puesto que, disponiendo de una variedad de recursos básicos, los mismos no son suficientes o su explotación es antieconómica lo que hace conveniente su importación; mientras que Brasil, a pesar de producir y contar con petróleo y gas, sus recursos no cubren los requerimientos de la demanda, sólo es superavitario en materia de energía hidroeléctrica. Perú, por su parte, cuenta con una importante reserva de energéticos, siendo la más abundante la hidroeléctrica, y dispone también de reservas de gas natural aún sin explotar como es el yacimiento de Camisea.

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Venezuela es un exportador neto de hidrocarburos, sobre todo petróleo al mercado internacional1.

Las interconexiones energéticas Las primeras interconexiones energéticas en Sudamérica correspondieron al sector gasífero, conectando a través de gasoducto Bolivia-Argentina desde 1975 a 1993, reanudando en for ma reciente la importación por parte de la Argentina del gas proveniente de Bolivia. Este sector tuvo especial dinamismo a mediados y fines de la década de los noventa, cuando se produce la reforma estructural del sector energético.

En la actualidad la República Argentina cuenta con 10 conexiones a través de gasoductos, discriminándose 7 con Chile, 2 2 con Uruguay y 1 con destino a Brasil . Por su parte Bolivia está unido entre Santa Cruz de la Sierra-São Paulo por el gasoducto Bolivia-Brasil, que opera a partir del año 1999, y el Cuibá que entró en operación en el año 2000.

Como señala Kozulj (2004, p. 51) la región presenta considerables asimetrías tanto en la producción de gas como en los respectivos países importadores, siendo Bolivia y Argentina el principal proveedor del energético en el ámbito del Cono Sur, aunque con dispares oportunidades, hacia fines de la década de los 90´; mientras que Chile y Uruguay son grandes deficitarios del recurso gasífero. Brasil, que si bien cuenta con reservas probadas, por características técnicas y económicas, siguió

dependiendo de la importación del gas boliviano.

Con respecto a la interconexión eléctrica, los mayores vínculos se han concretado mediante la construcción de dos aprovechamientos hidráulicos compartidos, como son la represa de Salto Grande, entre Argentina y Uruguay, situada sobre el río Uruguay, entrando en operaciones en 1979, y la presa de Yaciretá, entre Argentina y Paraguay, que entró en funcionamiento en 1985, contraída sobre el río Paraná. En el alto Paraná, un emprendimiento compartido entre Paraguay y Brasil, dio lugar a la construcción de la represa más grande del mundo Itaipú, que en entró en funcionamiento en mayo de 1984, culminando su producción al 100% de sus generadores en abril de 1991.

Cabe destacar que los emprendimientos e interconexiones energéticas entre los distintos estados sudamericanos se enmarcaron en proyectos promovidos por los gobiernos de los países involucrados, hasta la década de los años ochenta del siglo pasado.

Las políticas promovidas por el Banco Mundial Desde principios del siglo pasado, el sector energético fue una cuestión de Estado. La exploración, explotación y distribución de los recursos energéticos hidrocarburíferos y eléctrico estaban en manos de empresas estatales monopólicas, la participación privada era marginal en el

1. El presente trabajo no contempla las otras formas de energía como la biomasa, nuclear, eólica, carbón. Aborda la integración energética del gas y vinculación con la energía eléctrica, cuando esta es generada por usinas termoeléctricas de ciclo combinado abastecidas por gas natural.

2. Los gasoductos con Chile son: Norandino, operativo a partir del 10/1999; Atacama, operativo el 6/1999; Gasandes, operativo el 7/1997; Pacífico, operativo el 12/1999 Mathanex YPF, operativo 5/1999; Mathanex SIP, operativo el 8/1999; el gasoducto de Argentina con destino a Brasil es el TGM, operativo el 1/1997 y con Uruguay es el Petrourugay, operativo a partir del 10/1998 y el Cruz del Sur, operativo a partir de 12/2002.

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conjunto del negocio. Este modelo estatal obedecía a dos principios, por una parte, la energía era considerado un recurso estratégico para el desarrollo de los países y un tema de “seguridad nacional”, por lo cual no podía estar en manos del sector privado; y por otro lado, las grandes obras de infraestructura que el sector energético demandaban, desalentaba en buena medida al capital privado por los altos costos de inversión que requerían y la incertidumbre política y económica que envolvieron a los países sudamericanos a lo largo del siglo XX, que le asegurara obtener una rentabilidad a mediano y largo plazo.

La banca multilateral, como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) eran los agentes financieros que posibilitaban la construcción de la infraestructura y los activos energéticos que quedaban bajo el control estatal (HONTY, 2006, p. 123).

El modelo de empresa estatal de energía en los países sudamericanos comienza a modificarse en el año 1982 con la experiencia chilena en el sector eléctrico.

En esta instancia los promotores de la reforma aducían que representó una transformación profunda que cambió de manera fundamental el modo de mirar el sector y su regulación. De hecho, el modelo chileno sirvió de inspiración para las reformas seguidas en otros países de América Latina, tales como Argentina en 1992, Perú en 1993, Bolivia y Colombia en 1994 y posterior mente países de Centroamérica como El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica en 1997 (SANCHEZ, p.236). Este nuevo modelo emergente prometía “eficiencia” “competencia” y “cobertura universal del servicio eléctrico”. Por otra parte implicaba una comercialización a precios “reales”, la

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corporatización, desconcentración y desintegración del sector y por último su privatización. Pero hay que destacar que en los basamentos corría un nuevo paradigma económico denominado comúnmente como “neoliberalismo” que emergió en la región en la década de los noventa. Los bancos multilaterales acogieron y ponderaron el experimento chileno y los diseñadores originales se convirtieron en los consultores más buscados por los países que pensaban reformar el sistema.

No es hasta el año 1993 cuando el Banco Mundial en el documento oficial The World Bank´s role in the electric power sector: policies for effective institucional, regulatory, and financial reform, sienta las directrices que impulsarán las reformas del sector eléctrico, y luego es tomado como base para todos los sectores energéticos. En su informe el BM señala que la situación macroeconómica se ha deteriorado en los países en vías de desarrollo y el pago de la deuda externa de la década de los 80” exacerbaron los problemas financieros. En los noventa, los problemas macroeconómicos continuos en muchos de los países en vías de desarrollo reducirán la disponibilidad de fondos públicos para financiar programas de inversión planificados en el sector eléctrico.

Además, el ambiente global ha cambiado en los noventa y habrá una competencia por el acceso a los recursos financieros, los que se destinarán prioritariamente para la adquisición de alimentos. Por lo tanto dadas las circunstancias, ni los países en vías de desarrollo ni las políticas del banco pueden seguir con el antiguo enfoque de otorgamiento de créditos al sector energético.

El informe se concentra en los temas de la reforma institucional, reguladora y financiera, de manera interrelacionados que

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son la esencia para mejorar el rendimiento del sector eléctrico.

El doble papel de los gobiernos como operador y propietario de los servicios energéticos, ha provocado que las administraciones realicen permanentes intervenciones en el sector. Por lo tanto hay necesidad de formar un cuerpo regulador como parte de un esfuerzo gubernamental más amplio para redefinir los roles respectivos del gobierno, los servicios públicos y los consumidores. Esto implica un cambio del control monopólico del estado hacia un sistema descentralizado y de mercado. El gobierno conservará la responsabilidad para fijar los objetivos y articular las políticas en conjunto y para planear y coordinar el desarrollo del sector.

También establecerá la base legislativa y legal para proteger los intereses públicos y privados. Pero los enfoques reguladores deben establecer un equilibrio entre la protección del interés público con la necesidad de interpretar la autonomía apropiadamente. Esto podría requerir cuerpos reguladores independientes tanto de los ministerios de gobierno como de las mismas empresas. Con un cuerpo más independiente y transparente, los consumidores, inversionistas y ambientalistas podrán ser escuchados en determinadas políticas relacionadas con los programas de inversión, la fijación de precios, el acceso para los servicios, la conservación de la energía, la ubicación de las plantas y los asuntos de desarrollo. Las características esenciales para un marco regulador sano incluyen: transparencia y franqueza; articulación clara de los objetivos de la reforma, incluyendo las políticas arancelarias; una estructura legal que define las reglas y los procedimientos para reducir el nivel de participación del

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gobierno e incrementar la autonomía y la rendición de cuentas por parte de los directores de las empresas. Tal marco regulador debe inculcar la confianza al inversionista y facilitar por lo menos la competencia entre los proveedores.

También destaca que la efectividad de las instituciones reguladoras de los países en vías de desarrollo tomarán tiempo, y existen preocupaciones por las interferencias políticas y la corrupción que entorpecen la eficiencia del proceso. Pero los beneficios de abandonar las prácticas ineficientes actuales, superan ampliamente los gastos de implementar las reformas estructurales.

En el documento, también se expresan las condiciones que deben cumplir los gobiernos para recibir nueva financiación al sector energético, quedando condicionado éste a la privatización de las empresas estatales. Por lo tanto, el sector privado debe participar en la comercialización y corporatización del sector energético en los países en vías de desarrollo. Las empresas privadas deben ganar tasas de rentabilidad comercialmente competitivas sobre el capital social; deben tener la autonomía para dirigir sus propios presupuestos, préstamos, la adquisición, los sueldos y las condiciones en relación con su personal. El BM, puede facilitar la comercialización y la corporatización del sector energético vinculando el apoyo para la reforma del sector financiero con la financiación del sector energético. Esto podrá ser hecho canalizando alguna parte de la concesión de préstamos del banco a las empresas del sector a través de inter mediarios financieros de conformidad con las pautas del banco existentes. Teniendo en cuenta la importancia potencial del sector energético para el desarrollo del mercado de capitales y la estabilidad de los precios y ganancias

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comparativas, que sobrevivirá a las reglas más transparentes y a la comercialización, el sector energético podrá estar mejor posicionado para canalizar los ahorros internos hacia los bancos y fondo de pensiones e inversiones en bonos a largo plazo, y las emisiones patrimoniales de las compañías de energía eléctrica. La competencia en el suministro de energía dependerá de las presiones sobre el mercado de capitales, para poder ampliar su financiamiento, y ésta puede proveerse de la mayor participación del sector privado solamente. Esto puede incluir la participación de compañías privadas y la privatización completa del sector. Por lo tanto el compromiso de financiar nuevos emprendimientos para la generación de energía eléctrica por parte del BM se concentrará en países con un claro compromiso para mejorar la performance del sector de acuerdo con los principios ya enunciados. El BM ha dejado de financiar los emprendimientos del sector energético en varios países debido al incumplimiento persistentes con la fijación de precios y los acuerdos financieros acordados (Brasil desde 1986, Egipto entre 1980-89, México entre 1972-88, entre otros). El BM brindará créditos solamente cuando los gobiernos hayan realizado las reformas institucionales y estructurales del sector energético.

De este modo el BM decidió que no iba a seguir sustentando las inversiones energéticas de la región y que los países debían atraer fondos privados para financiar las obras del sector.

Este modelo de inversión de la banca multilateral, se adapta al nuevo “paradigma” para la triunfadora economía capitalista, comúnmente denominado Consenso de Washington, cuya primera formulación se debe a John Williamson, y

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data de 1990. “Washington” significa el complejo político-económico-intelectual integrado por los organismo internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el Congreso de los Estados Unidos, la reserva Federal, los altos cargos de la Administración y los grupos de expertos, cuyos temas centrales sobre los cuales existiría acuerdo eran: disciplina presupuestaria, cambios en las prioridades del gasto público, de áreas menos productivas a sanidad, educación e infraestructura, liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés, búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos, liberalización comercial, apertura a la entrada de i nve r s i o n e s e x t r a n j e r a s d i r e c t a s, privatizaciones, desregulaciones, garantía de los derechos de propiedad.

Bajo el nuevo paradigma del denominado Consenso de Washington, y el documento oficial del Banco Mundial que condicionaba los préstamos a los países en “vías de desarrollo” a la adopción de medidas impuestas por los organismo internacionales, sumado al aumento del consumo y producción de petróleo en América Latina y el resto del mundo en desarrollo, ha venido de la mano de un proceso de reestructuración del sector energético que significó la desmonopolización, y en la mayoría de los casos la privatización de las empresas del sector.

“Este nuevo modelo de desarrollo energético está basado en la integración regional, la extensión del uso del gas natural y el ingreso de compañías privadas en todas la áreas del negocio energético.

Este fenómeno no es casual, sino que responde a las nuevas tendencias económicas e ideológicas de la globalización, y a condiciones establecidas por la banca multilateral de desarrollo para financiar las necesidades del sector. (…) A partir de la década de

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1990, los bancos multilaterales de desarrollo percibieron que las necesidades energéticas del Tercer Mundo eran crecientes, y que las grandes empresas de energía encontrarían excelentes oportunidades de ganancias que las llevaría a invertir en esos países. La lógica de los bancos fue entonces, cortar el estilo de financiamiento impulsado hasta ese momento, que tenía a las monopólicas empresas estatales de energía como destinatarias de sus proyectos, y promover una reforma del sector que le fuera atractiva a las grandes empresas de energía”. (HONTY, 2002, pp. 28-29).

En algunos países de la región, sobre todo Bolivia, Argentina primero al que se le suma Perú, adoptaron acríticamente este modelo atraídos por la idea de que la inversión extranjera directa era beneficiosa para el desarrollo del sector y dejaron a merced del mercado el desarrollo del sector energético.

Como señala Honty (2002), el primer resultado de esta política es que de cada 10 proyectos que financia el Banco Mundial en el sector energía, 9 benefician a grandes corporaciones de los países industrializados. Las alianzas empresariales dentro del sector son muchas y variadas.

Gasoductos y ter moeléctricas son construidas por holdings de varias empresas en los cuales algunas veces participan empresas estatales. El centro de las preocupaciones de los dirigentes de estos países dejó de ser el aumento de viviendas con servicio eléctrico o la autosuficiencia energética y pasó a concentrarse en la atracción de la inversión privada.

Cabe destacar que no todos los Estados adhirieron fer vientemente a los lineamientos de la nueva política, así en Colombia y Ecuador el sector energético, más precisamente el hidrocarburífero presenta una gestión mixta con predominio estatal. La República Bolivariana de

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Venezuela sigue el modelo estatal; Brasil, a través de Petrobras sigue controlando el sector energético de gas y petróleo en manos del Estado, a pesar que dicha empresa cuenta con capitales privados.

Las políticas promovidas por el Banco Interamericano de Desarrollo El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no tuvo hasta el año 2000 una estrategia formal del sector energético hasta la elaboración del documento Estrategia para el sector energía editado en marzo del 2000.

Tradicionalmente el enfoque del BID en el sector energético estuvo dictado por las características específicas del sector, pero principalmente por el paradigma económico reinante que consideraba el sector de energía como un sector estratégico en el que el servicio era prestado por monopolios de propiedad estatal, generalmente vertical y horizontalmente integrados, y de hecho autorregulados dada la falta de separación de los papeles del Estado.

Las políticas más directamente relacionadas con el sector energético fueron la “Política de Electricidad” en noviembre de 1977; la “Política de Tarifas de Servicios Públicos” de 1982, reemplazado por la “Política de Servicios Públicos Domiciliarios” en octubre de 1996 y la “La Política de Energía” en abril de 1985.

En general las políticas de energía y electricidad definen un amplio campo de acción que le ha permitido al BID apoyar la expansión de los sistemas energéticos de los países, siempre que los proyectos formaran parte de un plan de inversiones j u s t i f i c a d a s, s e a c o m o d e n a l o s requerimientos genera-les de la eficiencia económica -solución de menor costo- y

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contribuyan a la protección del medio ambiente.

Con el paso del tiempo, la evidencia acumulada demostró la poca efectividad de las políticas para tratar los problemas del sector eléctrico en los distintos países de la región, hasta que los cambios implementados en la estructura del mismo, como resultado de la crisis de los años ochenta volvieron irrelevante la mayoría de las políticas implementadas anteriormente.

Durante la última década del siglo pasado el BID fue adoptando cambios en sus procedimientos operativos y en su organización administrativa que pudieran incorporar las necesidades de un sector sujeto a cambios drásticos y continuos en su paradigma.

A partir del año 1994, la agenda del BID para el sector energía, se enmarca por las grandes áreas prioritarias de la Octava Reposición de Recursos (BID 8), siendo éstas el tema de la pobreza, el medio ambiente y el sector privado.

El mandato para el sector energía en el BID 8 se encuentra en forma explícita en los mandatos más generales de: 1) Apoyar el proceso de modernización del sector de infraestructura; 2) Fomentar la participación del sector privado; 3) Apoyar el desarrollo e implementación de marcos reguladores, y; 4) Ayudar a los países a desarrollar planes, programas y financiar proyectos para la incorporación de energías limpias, la eficiencia energética y la integración energética.

Dos nuevos documentos coadyuvaron a sentar las bases de los nuevos lineamientos del BID, como fueron la estrategia y políticas tales como la Política de Servicios

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Públicos y la Estrategia de Fomento al Desarrollo de Infraestructura en América Latina y el Caribe de agosto de 1995.

La nueva política fomenta la separación de funciones del Estado y la adopción de estructuras del sector que separen los segmentos competitivos de aquellos que son un monopolio natural. Esta separación permite buscar la eficiencia a través de la competencia, donde esta sea posible y deseable, y a través de la regulación en los segmentos que sean monopolio natural; la regulación es también el instrumento adecuado para alcanzar objetivos complementarios en los campos ambiental y social. La política promueve la utilización de nuevas formas empresariales, dando preferencia a la participación privada, y establece normas para el uso de subsidios y regulación en la obtención de los objetivos sociales y ambientales.

Esta estrategia se comienza a consolidar desde el año 1996, cuando el BID crea el Departamento del Sector Privado (PRI), mediante el cual el Banco asume un nuevo rol, convirtiéndose en un agente catalizadores el financiamiento directo del sector privado.

Si bien los problemas o desafíos que experimentó cada país en sus sectores energéticos dependieron en gran medida de sus condiciones particulares, el BID los agrupó en cinco temas principales: 1) la consolidación de las reformas estructurales y reguladoras emprendidas durante la primera mitad de la década de los noventa (sostenibilidad económica, financiera, ambiental, social y política); 2) la extensión de las opciones modernas de energía en términos accesibles a todos los habitantes (sostenibilidad social); 3) el desarrollo de patrones de

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producción y uso de energía eficientes y compatibles con el medio ambiente (sostenibilidad ambiental); 4) la atracción de capitales extranjeros y nacionales necesarios para el financiamiento del sector (sostenibilidad financiera), y 5) la integración de los mercados energéticos de la región como elemento clave en sus procesos de integración económica (sostenibilidad económica y financiera).

El grado de avance de la reforma del sector energético en la región fue heterogéneo y su consolidación demandó continuos y considerables esfuerzos, según los criterios enunciados. Aún países pioneros como Chile y Argentina han encontrado oportuno revisar sus sistemas para impulsar una segunda generación de reformas que incorpore elementos no considerados en for ma adecuada inicialmente y que son claves para garantizar la sostenibilidad social y ambiental y para extender la competencia en el suministro de energía a los pequeños y medianos consumidores. A principios del año 2000 varios de los países más grandes de la región (Brasil, México y Venezuela) apenas empezaron el proceso de reforma, y otros países que habían avanzado enfrentan problemas en su implementación. La sostenibilidad de la reforma en cada país depende de la evolución de cada uno de sus cinco elementos claves: el tránsito del Estado empresario al Estado regulador, la búsqueda de la eficiencia mediante la competencia, la participación empresarial del sector privado, el manejo de los aspectos sociales y el impacto ambiental.

Estos temas coinciden en términos generales con los mandatos de las sucesivas Cumbres de las Américas, realizadas en las densidades nº 4 - diciembre 2009

ciudades de Miami 1994, Santa Cruz de la Sierra 1996 y Santiago de Chile1998.

La interrelación entre el sector eléctrico y gasífero El proceso de electrificación ha sido en sus comienzos (principios del siglo pasado) focal y orientado a las g randes concentraciones humanas y económicas.

Luego, se ha ido desarrollando la red eléctrica configurando, en algunos países, el sistema interconectado nacional. Dicha expansión estuvo asociada principalmente en Argentina, Chile y Brasil, por el aprovechamiento de los grandes recursos hidroeléctricos, en general distantes de los centros de consumo, y en algunos casos a los objetivos de desarrollo de la industria nacional. A la hidroelectricidad se le sumaban las usinas termoeléctricas de ciclo común, abastecida por derivados del petróleo o carbón.

Los cambios tecnológicos hicieron posible la revolución en el mercado de electricidad y su convergencia con el mercado del gas. Esto estuvo dado por la eficiencia de las turbinas de gas logradas en la industria que permitieron eliminar el cuello de botella de las economías de escala en la generación e hicieron viable la competencia en el mercado mayorista de electricidad. El ulterior desarrollo del ciclo combinado y la existencia de un mercado para la energía al por mayor hicieron que la cogeneración de electricidad y vapor se convirtiera en una proposición atractiva para muchas industrias, con los consiguientes beneficios ambientales implícitos en la duplicación de la eficiencia en el uso de la energía primaria (LLABRÉS, 1999, p. 6).

A esto se le sumó el crecimiento de la demanda, tanto de electricidad como del

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hidrocarburo y los requerimientos de sustitución de la infraestructura de oferta existente debido a su baja eficiencia y la existencia de ingentes reservas de gas natural, pero que no se encuentran distribuidas uniformemente en el territorio sudamericano.

Como señala la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE, 2003), en su informe final a la Cooperación Andina de Fomento (CAF): “En la expansión de la oferta de electricidad de la región existen dos opciones básicas en lo que se refiere a su ubicación física. Si bien la producción actual del subsector eléctrico en la región es mayoritariamente hidráulica, su expansión en la mayor parte de los países se desarrollará sobre la base de centrales térmicas cuyo combustible es el gas natural. Una forma para suplir la creciente demanda es generar la electricidad cerca de los centros de consumo, lo cual requiere transportar el gas hasta esa planta. Alternativamente, es posible expandir la oferta en localidades cercanas a las fuentes de energía, sean centrales térmicas cercanas a la ‘boca de pozo’ o centrales hidráulicas cercanas a los ríos. Para ello es requerido construir líneas de transmisión desde centrales con capacidad disponible, ampliar centrales existentes, reforzar o construir nuevos enlaces entre los centros de generación y los centros de consumo. Por el otro lado, una vez definida una alternativa para suplir la demanda, el crecimiento de la capacidad instalada va a conllevar un aumento del uso del gas natural, lo que indica la complementariedad de ambas fuentes energéticas” (OLADE, 2003, p.12).

Esta interrelación entre ambos sectores energéticos, promovió la integración física para transportar electricidad y gas natural, sin ningún compromiso político y sin aspiraciones de proyectar un desarrollo regional sustentable. Su objetivo principal es lograr el acceso a las fuentes energéticas disponibles a los precios más bajos, Según

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la teoría “integracionista”, de esta manera se optimizarán los recursos energéticos, entendiendo por esto que en cada momento se toma la fuente de energía más barata, independientemente del país donde se encuentre, por lo cual se hace más “eficiente” todo el sistema. Aunque esto puede ser cierto, si no se acompaña con una política común para la distribución de los beneficios del uso de la energía, entonces resulta en un mero abaratamiento de los costos de producción para las grandes industrias (HONTY, 2006, p. 126). Con este modelo impuesto y aceptado, sobre todo por la Argentina y Bolivia como exportadores de gas natural, hacia fines de los noventa, el sector privado ejecutó las obras ya señaladas. Cabe destacar que la interconexión, no logró consolidar un mercado energético subregional, además la exportación-importación del gas natural en la década de 1990, se realizaba entre empresas privadas, en muchos casos entre filiales de la misma empresa, aprovechando los distintos marcos regulatorios de diferentes países.

El impacto de las reformas en los países sudamericanos En la década de los noventa se llevaron a cabo importantes reformas legislativas que involucraron cambios significativos en los regímenes relativos a la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos en la Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú para otorgar incentivos a la inversión privada en el upstream del gas natural. En septiembre de 1999, Venezuela promulgó la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos (LOHG), (DL Nº 310), que establece la liberalización y la expansión de la industria del gas natural, c o n e l o b j e t ivo d e i n c r e m e n t a r significativamente el consumo de gas densidades nº 4 - diciembre 2009

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mediante la inversión nacional y extranjera.

A diferencia de la Ley de Hidrocarburos, el capital privado puede participar hasta con un 100% de participación en cualquier actividad del sector. (CAPODONICO, 2004, p. 13).

Después de Chile, que fue el país pionero en las reformas estructurales de la economía, la Argentina en la década de 1990 realizó importantes reformas legales para liberalizar el sector energético, en particular el petrolero e incentivar la inversión privada. Uno de los principales incentivos lo constituyó la privatización de la empresa estatal de petróleo.

La reforma del sector de petróleo y gas se realizó dentro del marco global de la Ley de la reforma del Estado (Ley Nº 23.696/89) y la Ley de emergencia económica (Ley Nº 23.697/89) que marcan el punto de partida de la liberalización y apertura al capital privado y extranjero del conjunto de la economía Argentina en 1989.

La reforma petrolera en Argentina se inserta en la primera “oleada” de privatizaciones, que estuvo fuertemente condicionada por objetivos macroeconómicos, y siguió acríticamente los postulados del Banco Mundial y que se consolidó con las políticas explícitas del BID. El objetivo principal de la política petrolera fue la maximización del valor presente de los hidrocarburos, a través del aumento de la producción con el propósito de generar un saldo exportable de no menos de 10 millones de metros cúbicos por año, lo que ayudaría a equilibrar las cuentas externas del país. Además, se esperaba que la reforma petrolera, junto con una política de fuertes incentivos para la inversión extranjera en general, provocara una afluencia de capitales que, además de sus efectos positivos sobre las densidades nº 4 - diciembre 2009

cuentas externas, tendría un importante efecto multiplicador sobre el resto de la economía, y contribuiría a mejorar la imagen del país frente a potenciales inversores extranjeros.

La refor ma estableció la libre disponibilidad del petróleo en el mercado, la desregulación de los precios del crudo y sus derivados y, antes de privatizar YPF, procedió a la reconversión en concesiones a todos los contratos de producción que unía a YPF con empresas privadas, la licitación de algunas áreas de YPF, y la venta de algunos de los activos que tenía esta empresa en el downstream.

En el año 1991 la Argentina dio por finalizada la política exploratoria del Plan Houston y se estableció el Plan Argentina que definía nuevas reglas para la exploración en nuevas áreas. A diferencia del Plan Houston, en este plan, las empresas que descubrieran crudo no deberían compartirlo con YPF. El titular del contrato -convertido en concesionario a partir del descubrimientoexplotará los hidrocarburos, dispondrá libremente de los mismos, y sólo retribuirá al país pagando la regalía petrolera a la provincia correspondiente, así como los impuestos a las ganancias que impone toda actividad comercial.

El principal icono de las reformas estructurales que se desarrollaron en la Argentina, sin lugar a dudas, fue el proceso de privatización de la principal empresa del país, YPF. El largo proceso comenzó el 31 de diciembre de 1990, cuando el Poder Ejecutivo a través del decreto Nº 2.778 reglamentario de la Ley Nº 23.696 transformó a YPF Sociedad del Estado en YPF S.A. De esta manera, pasaba a dominio privado todo el capital social de la empresa, asumiendo el Estado Nacional la deuda que

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existía hasta la promulgación del citado decreto reglamentario.

Los argumentos eran: mayor eficiencia en la producción (o explotación), mayor eficacia y por ende mayor calidad del producto a menor precio y la privatización mejoraría la situación social ya que al producir más disminuiría el desempleo.

Pero en realidad, lo único que se buscaba eran beneficios a corto playo, ya que la venta inicial se hizo por sólo 2.000 millones de dólares, destinados a cubrir los rojos de los intereses de la deuda pública.

El proceso de venta seguiría en octubre de 1992, que por la Ley Nº 24.145/92 se privatizó el resto del capital social disponible de la ahora YPF S.A. y se transfirió el dominio público de los yacimientos de hidrocarburos. Este traspaso, dos años antes que lo hiciera la constitución reformada, originó un grave inconveniente a los gobiernos provinciales, ya que tenían el recurso, pero no podían explotarlo porque no contaban con una empresa estatal para lograrlo. Además, el sector de hidrocarburos está regulado por la Ley 17.319/67 que establece que el recurso hidrocarburífero es de dominio nacional.

De esta manera quedaba afectado el ordenamiento jurídico, puesto que la Constitución reformada en 1994 otorgaba el dominio de los recursos a las provincias, al igual que la mencionada 24.145/92, la ley vigente 17.319/67 consagraba dominio nacional, y mientras que la gestión que se plantea por medio de las leyes 23.696/90 y 24.145/92 es de iniciativa privada en la 17.319/67 se mantiene la gestión estatal.

Esta verdadera maraña legislativa no logra ningún objetivo para atraer inversiones al sector.

En 1993 YPF S.A. coloca en la Bolsa de Comercio de Nueva York y Buenos Aires

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un paquete accionario del 54,5% del total que es comprado por fondos mutuales de los Estados Unidos por 3.400 millones de dólares. En 1998 aparece la española Repsol que a fines de ese año adquiere el 5,01% de las acciones del Estado; a principios de 1999 compra el 14,99% restante por 2.010 millones de dólares. En junio de 1999 compró el 55% de YPF S.A. y el 11% de las provincias con lo que sumó casi el 90% del total del paquete accionario.

De esta manera, los 2.000 millones de dólares iniciales, YPF se terminó vendiendo en más de 17.000 millones de dólares.

Si bien en sus inicios la apertura y liberalización de los hidrocarburos en Argentina no despertó gran interés por parte de las empresas extranjeras, la situación cambió una vez consolidado el proceso. A partir de 1996, se inició un masivo movimiento de adquisiciones de empresas petroleras nacionales por compañías extranjeras que lleva al control de la producción y de las reservas de gas y petróleo del país por empresas extranjeras.

En 1996, Repsol adquirió el 37,7% de Astra por 361 millones de dólares.

Posterior mente, fue subiendo su participación en varias compras sucesivas hasta llegar a tener en el 2000 el 99,4% de las acciones de la empresa. La compra incluyó participaciones en la distribuidora de combustibles y refinadora, la distribuidora de gas natural Metrogas S. A. y la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S. A. (Edenor).

En diciembre del 2000 se fusionaron YPF, Astra y Repsol Argentina S. A., compañías controladas por Repsol YPF, mediante la absorción de Astra y Repsol Argentina S. A. por parte de YPF. En 1997, REPSOL adquirió, a través de densidades nº 4 - diciembre 2009

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Astra, el 45% de Pluspetrol Energy por 340 millones de dólares, lo que le permitió participar en la Central Térmica de Cogeneración Tucumán S. A., contar con yacimientos del noroeste que son de gran importancia para la provisión de gas natural al norte chileno a través del gasoducto Atacama en donde Pluspetrol tenía participación.

En 1997, Amoco Argentina OIL (filial de British Petroleum) fusionó los activos de petróleo y gas que tenía en Argentina con los activos de Bridas, propiedad de la familia Bulgheroni, formando la empresa Panamerican Energy, en la cual Amoco tenía una participación del 60% y Bridas el 40%.

En 1999, Chevron adquiere Petrolera San Jorge. San Jorge poseía el último gran descubrimiento de petróleo en Huantraico.

En 1999, Petróleo Brasileiro S. A. (Petrobras) y Repsol intercambiaron activos por un total de mil millones de dólares. Petrobras adquirió la refinería EG3 y 610 estaciones de servicio. Esta adquisición se realizó en el marco del compromiso de Repsol con el gobierno argentino de desprenderse de ciertos activos, para poder adquirir el paquete mayoritario de YPF. En el año 2002, Petrobras adquirió el 58,62% de las acciones de Pérez Companc, empresa argentina que controlaba el 98,21% del paquete accionario de Pecom Energía S. A. La operación ascendió a un pago de 1.125 millones de dólares por parte de Petrobras.

Así, en el año 2002, las empresas extranjeras controlaban cerca del 88% de la producción y el 91% de las reservas de petróleo, y alrededor del 70% de la producción y de las reservas de gas del país.

Pero en Argentina, a partir de la densidades nº 4 - diciembre 2009

devaluación del año 2002, el nuevo gobierno introduce la pesificación de las tarifas, el congelamiento temporal de los precios en boca de pozo y se llevan a cabo diversos acuerdos entre el Estado y las empresas petroleras para mantener restringido el precio de los combustibles.

Además, se dictaron medidas para obtener mayores ingresos tributarios, estableciéndose impuestos a las exportaciones de petróleo (retenciones), con lo que se logró aumentar la recaudación fiscal y consolidar el nivel de precios internos de los combustibles.

Estas políticas comenzaron a generar un proceso de desinversión en exploración y explotación de los hidrocarburos, limitándose las empresas privadas a extraer gas y petróleo de los yacimientos existentes, lo que provocó a partir del año 2004, una profunda crisis energética en el país, con el corte del suministro a sectores industriales, cortes de suministro a Chile, que dependía del gas argentino, y tensiones diplomáticas entre la Argentina y el país trasandino. Para paliar el déficit energético, la Argentina comienza ser un impor tador de combustibles, gas de Bolivia, fuel-oil de Venezuela y posteriormente gas licuado desde Trinidad y Tobago.

Indudablemente hacia el año 2000 el modelo que impulsó inicialmente las reformas estructurales de la economía en general y del sector energético en particular, comenzaron a evidenciar signos de agotamiento.

Para intentar revertir parcialmente la profunda crisis energética que sufrió y continúa en la actualidad, la administración de Néstor Kirchner creó la empresa Energía Argentina S. A. (Enarsa), que puede participar en toda la cadena de la industria hidrocarburífera, aunque se

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estableció que su misión principal es impulsar una mayor explotación. En octubre del 2006 se aprobó la Ley N° 26.154, que brinda beneficios fiscales a la exploración y explotación, siempre y cuando las empresas se asocien con Enarsa.

En cuanto al sector gasífero en la Argentina, se desarrolló básicamente a partir de la creación en 1946 de la empresa estatal Gas del Estado y mantuvo un carácter de estructura estatal y monopólica hasta la reforma introducida en el año 1992, cuando se promulgó la ley Nº 24.076 de Marco Regulatorio y Privatización de la empresa Gas del Estado. Antes de esta Ley, las actividades del upstream se hallaban a cargo de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la cual no obstante mantenía contratos con empresas privadas que le vendían su producción. Las reformas abarcaron a la totalidad de las empresas del sector energético comprendiendo la concesión de las áreas centrales y marginales; la reconversión de los contratos en asociación y concesión; la venta de reservas en áreas centrales; y finalmente la privatización de la empresa reestructurada y redimensionada. El proceso culminó en 1999 cuando es totalmente adquirida por la empresa española Repsol, transformándose en Repsol-YPF. Estas transformaciones en el upstream implicaron la creación de un mercado oligopólico concentrado y totalmente compuesto por actores privados.

En el caso del downstream, el transporte y la distribución -que antes era realizada por Gas del Estado- fueron separados y convertidas en diez unidades de negocios: dos transportadoras y ocho distribuidoras.

Se creó también el Ente Regulador de Gas (ENERGAS) cuyas funciones son verificar

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el funcionamiento de la industria, realizar controles y dictar normas técnicas y de seguridad y establecer la regulación de la actividad mediante la revisión quinquenal de los cuadros tarifarios. La regulación introdujo las figuras de comercializador y almacenador y limitó la integración vertical de la industria. Sin embargo en la práctica las empresas lograron un elevado grado de integración a través de la creación de otras sociedades.

Desde el inicio de las reformas, los mercados de exportación fueron creciendo hasta representar cerca del 18% de la demanda total, como así también las ventas para generación eléctrica, dado que el proceso de reformas en el sector eléctrico creo una sobrecapacidad de oferta considerable, parcialmente basada en la instalación de Ciclos Combinados de alto rendimiento. Por lo tanto la exportación de gas con destino a la generación eléctrica presenta un virtual grado de competencia con la exportación de electricidad en el mediano plazo (KOZULJ, 2004, p. 11-12).

Bolivia inició el período de reformas del sector energético en 1994, a través de la Ley Nº 1.544, que autoriza al Poder Ejecutivo a aportar los activos de las empresas estatales para la constitución de nuevas sociedades de economía mixta, con la participación de los trabajadores. Para el caso de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB) la reforma estableció la venta del 50% de las acciones a un socio operador estratégico y el 50% restante a los ciudadanos bolivianos a través de un fondo fiduciario administrado por los fondos de pensiones privados.

Con la reforma se desintegró verticalmente la cadena gasífera y se crearon sociedades mixtas en los distintos eslabones. En el upstream se crearon dos densidades nº 4 - diciembre 2009

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unidades de exploración y producción de hidrocarburos denominadas Andina y 3 Chaco . Estas empresas también se hicieron cargo de la zona gasífera tradicional de Bolivia ubicada en el Departamento de Santa Cruz, en la región de Pie de Monte. Como consecuencia de la apertura producida por la Ley Nº 1.689 de 1996, así como por el contrato firmado en 1997 para exportar gas natural a Brasil, se produjeron importantes inversiones en exploración de gas natural por empresas petroleras mayores (Exxon Mobil, British Petroleum, Total-Fina-Elf, las española Repsol-YPF, así como Petrobras) (CAMPODONICO, 2004, p. 41). La ley promulgada en 1996 determina que los productores deberán satisfacer las necesidades de gas natural en que incurra el Estado boliviano en sus compromisos de exportación, pero a su vez claramente excluye a YPFB de realizar actividades directamente, en toda la cadena productiva, ahora estas podrán ser realizadas por cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera. Cabe destacar que en 1996 comienza la construcción del gasoducto Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) São Paulo (Brasil) siendo uno de los proyectos energéticos más importantes en el ámbito continental. Fue terminado en 1999, y tiene una longitud total de 3.069 km.

El gasoducto tiene un diámetro de 32 pulgadas y una capacidad de transporte de 30 millones de metros cúbicos diarios.

Comenzó a operar en 1999. La participación societaria de la empresa transportadora en el lado boliviano está constituido por el consorcio Transredes, sus socios

mayoritarios son Enron y Shell y por Gaspetro (filial de la estatal Petrobras).

También tiene participaciones minoritarias British Gas y El Paso Energy (BBPP). En Brasil, el consorcio está formado por Petrobras-Gaspetro, a través de su filial Transportadora Brasileira Gasoducto Bolivia-Brasil S.A. (TBG), también participan el consorcio BBPP, Transredes, Fondos de Pensiones de Bolivia, Enron y Shell.

La Superintendencia de Hidrocarburos regula las tarifas de transporte y distribución por lo que el precio final resulta de la sumatoria de tres componentes básicos distribuidas entre los diversos usuarios con el objetivo de recuperar la totalidad de los costos, pero con el objetivo simultaneo de obtener el costo menor para los usuarios, El segmento de grandes usuarios se halla desregulado mediante el libre acceso a la infraestructura de transporte.

La apertura petrolera de Brasil se inició formalmente en noviembre de 1995 cuando el Parlamento aprobó la Enmienda Constitucional Nº 09, que permite el ingreso de capitales privados a las actividades hidrocarburíferas. Su objetivo declarado era impulsar las inversiones en el sector con el fin de llegar al autoabastecimiento total del país cuya producción, en manos exclusivas de la empresta estatal Petrobras, alcanzaba en 1995 a abastecer un poco más de la mitad de sus necesidades de consumo.

Después de más de dos años de un intenso debate público, a mediados de

3. El 50% de las acciones de Andina fue adquirido por un consorcio de empresas argentinas (con YPF como accionista mayoritario y operador, integrando también el consorcio las empresas argentinas Pérez Companc y Pluspetrol).

Mientras Chaco fue adquirida por Amco (Estados Unidos; esta empresa fue luego comprada por British Petroleum) y la empresa argentina Bridas.

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Lineamientos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para el sector energético

1997, la nueva Ley de Petróleo (Ley Nº 9.478) desreguló el sector petróleo, pues se abrieron al sector empresarial privado, nacional y extranjero, la exploración y explotación de campos petroleros, terminando así con el monopolio que tenía Petrobras desde 1988.

Asimismo, se creó la Asociación Nacional de Petróleo (ANP), ente regulatorio de la industria del petróleo, dependiente del Ministerio de Energía. La ANP tiene como objetivo promover la regulación, contratación y supervisión de todas las actividades económicas de la industria del petróleo. En 1998, la ANP realizó la primera ronda de licitación de campos petroleros para la exploración, en la cual participaron una serie de empresas extranjeras y, también lo hizo Petrobras. La ANP también autoriza las actividades de refinación, transporte, importación y exportación.

La ANP autorizó a Petrobras a quedarse con gran parte de las áreas que reclamaba y que incluían la gran mayoría de las reservas probadas. En contraparte, le impuso plazos para empezar sus actividades en las áreas concedidas como condición para preservar su control sobre ellas, poniendo así a prueba cu capacidad técnica y financiera.

Con la nueva legislación, las empresas extranjeras quedaron habilitadas para extraer y procesar petróleo en Brasil a través de contratos de exploración en nuevas áreas o como socios de Petrobras en las zonas que le quedaron asignadas.

Desde la apertura petrolera en Brasil, no se pueden estudiar las inversiones de Petrobras sin tomar en cuenta su creciente asociación con una gran gama de empresas petroleras tanto nacionales como extranjeras. Y viceversa, no se puede analizar la inversión privada en el sector

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petrolero de Brasil obviando las estrategias de inversión de Petrobras y su gran peso en el sector petrolero del país.

La apertura petrolera se ha realizado, a diferencia de Argentina que privatizó YPF, respetando el gran poder de Petrobras, pero, a la vez, exponiéndola a la competencia. La nueva ley le exige a Petrobras plazos para el cumplimiento de ciertas metas, a la vez que le abre la posibilidad de asociarse con otras empresas.

Para poder cumplir con las exigencias normativas, y para poder financiar sus proyectos de exploración y desarrollo en sus áreas de concesión, Petrobras firmó acuerdos de join venture con empresas privadas en 36 de las 86 áreas que le fueron concedidas por la ANP. Las empresas de menor rango fueron las primera que se asociaron entre octubre de 1998 y marzo de 1999, constando de 12 contratos, y recién en julio de 1999 Exxon inauguró los dos primeros contratos firmados entre Petrobras y una o más major petrolera. Las otras grandes empresas trasnacionales siguieron rápidamente el ejemplo de Exxon; en el mismo mes de julio, Texaco, Esso, Mobil y shell firmaron cada uno 2 contratos, y Elf firmó 1.

Luego, entre diciembre de 1999 y enero de 2000, se firmó otra tanda de contratos entre Petrobras y las major petroleras: BP, Esso, Elf, Chevron, Shell y Texaco. Entre las empresas de menor rango, se destacan las estadounidenses Unocal y Paso/Coastal.

Conclusiones La integración económica en Sudamérica data de una larga tradición, pero cuya característica ha sido los continuos fracasos en alcanzar las ambiciosas metas que se densidades nº 4 - diciembre 2009

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proponían. Los procesos como la ALAC, ALADI, MERCOSUR, siempre privilegiaron el modelo integracionista de tipo comercial, pero en general, siempre colisionaron con los intereses particulares de los estados miembros en dichos procesos integratorios. A esto coadyuvó las tradiciones geopolíticas expresadas en durante muchos años en las hipótesis de conflicto, los grandes espacios “vacíos” al interior sudamericano, la desigual distribución de la población y centros de producción y consumo localizados sobre la costa atlántica y pacífica, las grandes barreras naturales como la cordillera de los andes, la selva amazónica o los desiertos, hacían muy elevados los costos de transporte; además de las asimetrías económicos dentro de la región y la nula voluntad por parte de los gobiernos para articular y consensuar políticas macroeconómicas que brindaran un horizonte de previsibilidad a cualquier proceso de integración económico basado en el libre comercio como punto de partida. A esto se le debe sumar la inestabilidad política, la región ha sufrido continuas interrupciones de los procesos democráticos, produciendo cambios radicales en sus políticas económicas.

En la década de los ochenta, con la redemocratización, que continúa hasta la actualidad, sembró las bases para un nuevo proceso de integración, dando el primer paso los gobiernos de Argentina y Brasil conformando el PICAB, para en los noventa dar paso al MERCOSUR con la incorporación de sus vecinos Uruguay y Paraguay. Pero como consecuencia de las debacles económicas producto de la crisis de la deuda, con sus procesos inflacionarios e hiperinflacionarios, se la considera desde el punto de vista económico, como un “década perdida” para la región densidades nº 4 - diciembre 2009

sudamericana. Para subsanar los problemas de la década anterior, la banca multilateral de crédito, el gobierno de Estados Unidos y académicos de los países desarrollados y sus adherentes en nuestros países (como la llamada Escuela de Chicago) diseñaron un nuevo paradigma a ser implementado en los países subdesarrollados, denominado común-mente como el Consenso de Washington explicitado por John Williamson en 1990.

El Banco Mundial, parte formulante de las nuevas políticas a implementarse, diseñó una serie de estrategias para el sector energético que debía implementarse por parte de los Estados subdesarrollados a los fines de continuar solicitando financiamiento externo preferencial. Los países de la región recibieron con beneplácito el nuevo modelo para el “desarrollo” e impulsaron los cambios radicales en el sector energético, tradicionalmente en manos de empresas monopólicas estatales.

Si bien el acatamiento a las nuevas premisas no fue uniforme, países como Argentina, Bolivia, Perú impulsaron reformas de la legislación para permitir el ingreso del capital privado a las firmas dedicadas a la exploración, explotación y distribución de recursos energéticos. Chile había sido pionero en la década de los ochenta en el sector eléctrico, que también se tomó como modelo. Brasil también permitió el ingreso de capitales externos, pero su burguesía nacional, más que a trasnacionalizar el sector, apuntó a consolidarla y asociarse con el capital privado. Distintos fueron las políticas en el sector petrolero de Venezuela y Ecuador, que siguieron manteniendo el monopolio del sector, pero lo abrieron para el sector gasífero.

Indudablemente la Argentina fue uno de los mayores exponentes de la aplicación

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Lineamientos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para el sector energético

acrítica del modelo impulsado por el Banco M u n d i a l , e l Fo n d o M o n e t a r i o Internacional, en el marco del modelo “neoliberal”.

Siguiendo dichos lineamientos la Argentina emprendió el más profundo modelo de reconversión productiva y económica de su historia, pero hay que destacar que los debates en torno a si la producción de bienes energéticos debe estar en manos estatales o privadas se remontan a inicio de dicha actividad en las postrimerías del siglo pasado. De hecho, buena parte de la faena de desmantelamiento de YPF es su propia historia, desde sus comienzos hasta la privatización final en la década de los noventa donde se efectiviza dicho proceso bajo el amparo del paradigma dominante en el ámbito global.

Cabe destacar que un cambio tecnológico como el desarrollo de las termoeléctricas de ciclo combinado, acercaron al sector eléctrico con el gasífero como combustible, lo que determinó una nueva dimensión para el negocio energético, que por las sucesivas crisis económicas-financieras y la propia ineficiencia de las empresas estatales, hacían ineficiente al sector, según los dictados del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.

A esto se le sumó un nuevo potencial para el negocio energético, pero se requería una economía de escala, por lo cual era necesario interconectar a través de ductos las reservas de gas con los centros de consumo, sean éstos para la generación de electricidad, o para la demanda domiciliaria e industrial. Pero ante la reticencia de los organismos de crédito internacional a otorgar a los estados nacionales los fondos para el desarrollo de la infraestructura necesaria, los gobiernos decidieron privatizar sus empresas estatales de energía

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y de esa forma obtener las ganancias de la exportación en el ámbito regional e internacional de energéticos Esto originó que muchas empresas transnacionales del sector energético pasaran a controlar de manera oligopólica, la exploración, explotación, transporte y distribución del gas en los países del Cono Sur sudamericano, si bien se computa como inversión extranjera directa en las cuentas nacionales, las g randes empresas transnacionales no hicieron más que comprar por valores, en muchos casos irrisorios, los activos de las empresas estatales, y se dedicaron a la explotación de los yacimientos existentes, sin realizar mayores inversiones en la exploración de nuevos depósitos de hidrocarburo. Las mayores inversiones que realizaron apuntaron a la construcción de gasoductos como los que se construyeron entre Argentina y Chile y entre Bolivia y Brasil, países con superávit energético a países con déficit. La consecuencia es que ante la falta de inversión directa en exploración provocó que los yacimientos se fueran agotando, lo que generaron fuertes crisis en el sector energético en muchos países de la región, como es el caso de la Argentina, Chile, Brasil e incluso Bolivia. Estas crisis impactaron fuertemente en las distintas administraciones e incluso fuertes tensiones políticas entre los países.

En cambio en Brasil, Petrobras no sufrió la misma suerte de su homónima YPF, pero también se la sometió a la apertura, pero con un largo debate y un marco regulador y protector del Estado brasileño que le permitió continuar con su identidad, aunque compartido con el sector privado, pero siendo el principal exponente de la empresa de economía mixta más importante del país.

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Pero indudablemente cuando en modelo comenzó a mostrar sus debilidades por sus impactos sociales, económicos y político, el Banco Interamericano de Desarrollo intentó reflotar, apuntalar y reforzar el modelo implementado en la década de los noventa, con su documento fundacional denominado Estrategia para el sector energía. No es causal el año en donde el BID emite un instructivo que sustenta los mismos principios ordenadores para el sector que el formulado por el Banco Mundial en el año 1993.

En el año 2000, el gobierno brasileño le encomienda al BID, el documento base para la instrumentación de un nuevo modelo de regionalismo, basado en la promoción y financiación de mega obras de infraestructura bajo el denominado proyecto Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), el mismo redefine la región de América Latina, segmentándola en Sudamérica, es en este contexto en donde el sector energía debía ser reforzado, bajo los principios ordenadores de modelo aperturista y desregulatorio de la década pasada, ante los costos sociales, económicos y políticos que trajo aparejado el modelo privatista aplicado en algunos países de la región, con Argentina, Bolivia y Perú como pioneros en su aplicación.

Brasil no adhirió con plenitud a los postulados en boga de los noventa, pero no pudo evitar la presión de transformar a su principal empresa estatal de energía mediante una Enmienda Constitucional, pero siguió apoyando y protegiendo a la misma, y la utilizó como instrumento de su política sectorial y regional, para que en la actualidad se consolidara como una de las principales empresas energéticas en el ámbito global, la obligó a transformarse en una empresa competitiva con las del sector

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privado, reconocida hoy en día por su tecnología en exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos en aguas ultraprofundas. Eso se debió a la asociación con otras empresas del sector y a los contratos financieros que le permitieron obtener recursos económicos de la banca multilateral para afrontar las inversiones de riesgo que implica el sector de los hidrocarburos, además la empresa Petrobras realizó acuerdos en el ámbito sudamericano con YPF y Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), entre los más significativos, adquirió activos en distintos países de la región, pero el Estado brasileño no descuidó el rol estratégico de la empresa como promotora de los intereses económicos y políticos de Brasil.

En contraposición en el año 2000 la Argentina comienza el proceso de descomposición del modelo económico basado en el modelo de convertibilidad que implosiona en la crisis del 2001 y provoca la devaluación de la economía del país. A esto sumado con la nueva normativa para el sector energético desalienta la inversión, cuyo cenit se manifestó en el año 2004 con la agudización de la crisis energética, que perdura hasta la actualidad, y desalienta cualquier inversión tanto del sector público como privado.

Indudablemente el BID trató de continuar con las políticas de la década de los noventa, pero no logra alcanzar sus objetivos en los distintos países de la región al no poder cumplir las metas que el modelo “neoliberal” había promovido e impulsado para superar los problemas estructurales de las economías sudamericana; factores endógenos y exógenos hicieron inviable el desarrollo de las distintas economías de la región, que se vieron envueltas en continuos conflictos internos e internacionales.

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Lineamientos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para el sector energético

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Los movimientos cooperativos del MERCOSUR: actores dinámicos y en desarrollo continuo Natalia Acerenza El escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien en 2008 fuera declarado primer ciudadano ilustre del MERCOSUR, denuncia que “El poder económico está más monopolizado que nunca por las corporaciones, pero los países y las personas compiten en lo que pueden: ver quién ofrece más a cambio de menos, a ver quién trabaja el doble a cambio de la mitad. A la vera del camino van quedando los restos de las conquistas arrancadas por dos siglos de luchas obreras en el mundo.” Para enfrentar a este br utal cor porativismo capitalista neoliberal, el cooperativismo como parte de la economía social y solidaria del MERCOSUR debe profundizar su accionar y promover la integración regional.

Las cooperativas del MERCOSUR se encuentran en una etapa de reconversión, revisión de modelos y creación de nuevos espacios de acción donde el factor integración aparece como una guía rectora de todas las dimensiones de la actividad y estrechamente vinculada a una visión

amplia de la misión, en tanto organizaciones de economía social y solidaria, responsables del desarrollo sustentable.

El cooperativismo en la región tiene una importante presencia a través de sus más de 20.000 entidades (registradas) con aproximadamente 19 millones de asociados con una larga trayectoria de desarrollo autónomo. El potencial cooperativo actúa como elemento dinamizador de las economías de los respectivos países y de la región en su conjunto, logrando una alta participación en la industria agroalimentaria, en la banca, en los servicios públicos, en los seguros y en el trabajo; además de las relevantes experiencias cooperativas en la solución a la problemática de la vivienda, la distribución de alimentos, la salud y la generación de empleo productivo.

Sin embargo, no siempre se entiende a las cooperativas como actores socioeconómicos de relevancia, y menos aún como capaces de desarrollar estrategias de incidencia sobre el entorno más allá de sí mismas. Tanto desde la órbita empresarial

Diplomada en Diseño Estratégico de la Comunicación Organizacional (Universidad Católica del Uruguay). Licenciada en Ciencias de la Comunicación (Universidad de la República, Montevideo).

Responsable de Comunicación de la Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR (RECM).

Integrante del Equipo de Comunicación para países de habla inglesa de la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas (ACI - Américas).

Contacto: natiace@gmail.com / Sitio de internet: http://www.mercosur.coop

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Los movimientos cooperativos del MERCOSUR: actores dinámicos y en desarrollo continuo

Número de Cooperativas

Número de Asociados

12.412

9.282.551

7.672

7.687.568

Paraguay (3)

1.121

899.013

Uruguay (4)

1.000

1.000.000

Chile (5)

2.314

1.180.692

Venezuela (6)

254.528

1.968.897

TOTALES

22.205

18.869.132

País Argentina (1) Brasil

(2)

Datos aproximados al año 2007. Cooperativas organizadas en sistemas de representación gremial y económica.

Fuentes: 1- Reempadronamiento Nacional de Cooperativas y Mutuales. INAES. (Primera edición). Septiembre 2007.

2 - Unidades Estatales y Sistema OCB Nacional. Los datos corresponden solamente a las cooperativas afiliadas a la OCB. 3 - INCOOP. De ese universo de cooperativas registradas, 650 son las activas. La cantidad de afiliados corresponde a 368 cooperativas, que fueron las que enviaron la información.

4 - CUDECOOP. Datos aproximados.

5 - DECOOP. Cantidad de cooperativas que mantienen su personería jurídica, no implica operatividad.

6 - Fuente: SUNACOOP Cooperativas registradas. Agosto 2008.

como sindical, muchas veces se ha estigmatizado al movimiento, producto de una suma de errores conceptuales y desconocimiento del desarrollo real de los emprendimientos.

En el caso particular del MERCOSUR, éste encuentra en el movimiento cooperativo de sus Estados Parte un actor articulador de la sociedad civil, que en su actividad social, económica e institucional se viene transformando paulatinamente en un motor del desarrollo local más allá de las fronteras nacionales. Este bloque regional comprendió el rol dinámico del cooperativismo y sus posibilidades de aporte real a la profundización del proyecto estratégico de la integración.

Desde 1998 los movimientos cooperativos de la región, representados por sus Confederaciones nacionales ( C U D E C O O P d e U r u g u a y, C O N PA C O O P d e P a r a g u a y, CONINAGRO y COOPERAR de Argentina, y luego, OCB de Brasil), se han

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insertado progresivamente en el proceso de integración a través de su participación activa en el Foro Consultivo Económico y Social del MERCOSUR (FCES).

El Grupo Mercado Común (GMC) resolvió con fecha 10 de octubre de 2001 crear la Reunión Especializada en Cooperativas (RECM), como órgano con representación gubernamental de los cuatro Estados Parte, que actúa en coordinación con las entidades privadas del sector cooperativo de carácter nacional de cada país. La Resolución 35/01 de la XLIII reunión del GMC, desarrollada en la ciudad de Montevideo creó este órgano, recogiendo la Recomendación 05/99 del Foro Consultivo Económico y Social, en ese sentido.

En la práctica, esto se traduce en un funcionamiento bipartito, con la presencia de los máximos órganos estatales vinculados con el cooperativismo y las confederaciones respectivas. Este órgano no dio lugar a la creación de estructuras burocráticas, sino a la institucionalización de una situación pre-existente donde estaba expresada en los hechos la voluntad de trabajo común entre los órganos gubernamentales nacionales de la región con responsabilidad en materia cooperativa, y en coordinación con las organizaciones nacionales representativas del sector.

Los cuatro Estados Parte y los países asociados, históricamente han reconocido en sus legislaciones nacionales la peculiaridad de este fenómeno de la economía social, legislando y creando múltiples instancias de promoción y/o contralor. La reciente aprobación del Estatuto de las Cooperativas del MERCOSUR -que se ha transformado en el primer anteproyecto de norma aprobado

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Natalia Acerenza

por el Parlamento del MERCOSUR- así como la Ley Marco para las cooperativas de América Latina, constituyen dos positivos instrumentos para el proceso de armonización legislativa en el ámbito regional.

Una vez que el Estatuto se encuentre incorporado a la legislación nacional de cada Estado Parte, las cooperativas de los países miembros podrán extender su actuación a otros países de la región prestando sus servicios a asociados domiciliados en ellos. De esta manera podrán ampliar sus actividades a la vez que contribuirán eficazmente a la integración económica regional.

Por su parte, la Ley Marco para las cooperativas de América Latina, constituye una ratificación de la necesidad de contar con una legislación sobre cooperativas que sirva adecuada-mente al propósito de facilitar su desarrollo. Esta necesidad está reconocida, además, por la Resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas de 2001 y por la Recomendación 193/2002 de la OIT sobre la Promoción de las Cooperativas.

No se trata de considerar que las cooperativas surgen y se desarrollan por virtud de las disposiciones legales, sino de reconocer que un contexto legal apropiado es una condición para que las cooperativas puedan cumplir eficazmente su misión.

No obstante, en estos nuevos tiempos de integración, en el MERCOSUR existe una deuda pendiente y es la de integrar en las políticas nacionales a los movimientos

cooperativos en su real dimensión y potencialidad para colaborar en el desafío de transformación que implica la integración. Se mantiene la cultura institucional de consultar a sectores empresarios y sindicales, en tanto el movimiento cooperativo recién en estos últimos años comienza a ser tomado en cuenta como actor especifico de consulta y aporte.

El apoyo de la casi unanimidad de los Estados, con la única abstención del gobierno australiano a la Recomendación 193 de OIT1, da cuenta del reconocimiento internacional a la importancia y el papel del cooperativismo en el mundo actual, aunque no se traduce necesariamente en una visión uniforme desde los Estados.

Para la elaboración de políticas públicas permanentes, de carácter nacional y regional, la primera barrera a superar es la invisibilidad del cooperativismo en el ámbito público, como fenómeno diferenciado. Esta invisibilidad de la naturaleza cooperativa, conduce a un tratamiento de las mismas como un componente inespecífico de los diversos sectores de la actividad económica y social o como un instrumento de aplicación de políticas sociales que se utiliza pero sin el reconocimiento de su perfil.

La aprobación de la Recomendación 193 de la OIT ha generado un nuevo marco teórico reconociendo que es indispensable la generación de políticas públicas modernas que integren conscientemente la

1. La Recomendación de la OIT núm. 193 sobre la Promoción de las Cooperativas supuso la primera ocasión en casi 40 años en la que la Conferencia Internacional del Trabajo abordó directamente el papel de las cooperativas en el ámbito del trabajo. Estas entidades constituyen un sector que, considerado colectivamente, es mucho más significativo en términos de empleo que el conjunto de todas las corporaciones multinacionales existentes. En la nueva Recomendación (adoptada en 2002) se definen las cooperativas como asociaciones autónomas de personas "unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común a través de una empresa de propiedad conjunta, y de gestión democrática", y se establece un marco en el que se anima a gobiernos e interlocutores sociales a trabajar en la promoción del desarrollo de cooperativas.

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Los movimientos cooperativos del MERCOSUR: actores dinámicos y en desarrollo continuo

visión que, además del sector público y el privado de capital, hay un tercer sector con rasgos propios que es de la economía social y solidaria, en particular las cooperativas.

Las cooperativas del MERCOSUR, en el marco de la RECM, tienen por delante una agenda de trabajo sostenida en un ambicioso proyecto “Promoción de los movimientos cooperativos del Cono Sur”, cuyo objetivo es el diseño e instrumentación de políticas de incidencia ante los organismos del MERCOSUR, los gobiernos y Estados nacionales, y la generación de condiciones adecuadas para la promoción y fortalecimiento del cooperativismo como instrumento de inclusión social, laboral y de desarrollo regional.

Este proyecto se encuentra dividido en cuatro áreas: asuntos productivos, formación, integración socio laboral y políticas públicas. Cuatro pilares para un accionar que, acompañados de un fortalecimiento de la Secretaría Técnica de la RECM, garantizarían la capacidad de llegar a importantes acuerdos para una mejor inserción en el actual esquema integracionista.

Actualidad regional de la problemática de las cooperativas Como se señaló anteriormente, las cooperativas en el MERCOSUR tienen una larga trayectoria de desarrollo autónomo y diversidad en la gestión de experiencias en las más variadas áreas de la economía. Su flexibilidad organizativa y vinculación efectiva al territorio han sido en general acompañadas con prácticas de honestidad y transparencia por lo cual cuentan en su haber con un “capital intangible”: la credibilidad pública.

Asimismo, las cooperativas se han ido transformando paulatinamente en valiosos

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instrumentos de desarrollo local que recogen, organizan y aplican eficientemente el capital y los recursos (en for ma amplia) de cada localidad.

Coordinan entre sí, integrándose en redes e interviniendo en nuevas áreas de la economía nacional y cooperando a nivel regional a partir de la reestructura de las funciones del Estado.

Durante los últimos años se han generado nuevos espacios para la promoción y el desarrollo de las cooperativas, al tiempo que se han acentuado algunas dificultades, algunas preexistentes y otras que se generaron en esta etapa. En una reciente entrevista, Daniel Bentancur, Secretario Técnico de la RECM, explicó que a pesar de la existencia de gobiernos progresistas en la región, sigue habiendo cierta dificultad para entender conceptualmente el rol que tiene el movimiento cooperativo y sus empresas en función de gobernabilidad, inclusión social y laboral y desarrollo con autonomía.

“Creo que ha habido dificultad para entender el fenómeno, que nace de la gente organizada, generando una empresa que muchas veces empieza en la informalidad. Es el caso de las fábricas, muchas veces abandonadas por capitalistas inescrupulosos. Los trabajadores tuvieron que mantener su empleo, y la forma que encontraron fue la de asociarse en cooperativas. Generan otra forma de economía social. Sin políticas públicas, la gente se organizó. Y ha habido experiencias muy exitosas en el cumplimiento de las metas que se fijaron. Este tipo de emprendimientos han sido leales con el Estado, con trabajo formal, sin evadir, transparentando la actividad del resto de los emprendimientos económicos capitalistas, preocupándose socialmente con la suerte de las comunidades. Y son la base del desarrollo sustentable. Pero si no se las integra y se las considera al igual que cualquier otra empresa capitalista en nombre de una supuesta igualdad de

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Natalia Acerenza

condiciones del funcionamiento de la economía, se las liquida. Porque las cooperativas no nacen del capital, sino de una necesidad insatisfecha de la gente. Se trata de un emprendimiento distinto que debe tener un régimen de tributación distinto, y políticas miroeconómicas que consideren la diferencia. Esto, en general, no se ha dado. No existen políticas públicas globales que entiendan este fenómeno. Los gobiernos progresistas, a distintos niveles, no las han logrado desarrollar. Sin embargo en Brasil, por ejemplo, la banca del Estado promueve la actividad cooperativa particularmente en las poblaciones de menor tamaño. Y Argentina parece seguir el camino de Brasil. Los países más chicos están más rezagados ”. (Daniel Bentancur, Secretario Técnico de la RECM).

Por tanto, resulta evidente que una de las principales dificultades de las cooperativas es que las políticas públicas de promoción y/o supervisión (en varios de los países) tienen escasa coherencia y no están suficientemente jerarquizadas, al tiempo que paralelamente la legislación existente es inarmónica.

Paralelamente, los Estados no miden cuánto ahorran en intervenciones no necesarias en las áreas donde operan este tipo de empresas tanto en lo económico como en lo social. Tampoco consideran la implicancia que tendría la no existencia de cadenas de valor cooperativizadas en sectores básicos de la economía.

En otro orden, pese a que los Estados miembros del MERCOSUR tuvieron una acción protagónica en la discusión y aprobación de la Resolución 193 de la OIT a través de sus Ministerios de Trabajo, no han internalizado la misma en las políticas nacionales.

Asimismo, no hay identificación fidedigna a nivel regional del universo cooperativo ni conocimiento exhaustivo densidades nº 4 - diciembre 2009

del alcance de su actividad en lo económico y social. Además, prácticamente no existe un seguimiento cuantitativo y cualitativo de su evolución, perspectivas y oportunidades.

Otra de los problemas que enfrenta el movimiento, es que la actividad económica de las cooperativas está insuficientemente integrada en cadenas productivas y su aporte al desarrollo local y regional es supletoria a la planificación central de los Estados e inconexa con las estrategias de desarrollo planificadas por las autoridades públicas locales.

Por último, la escasa renovación dirigencial y la pobre participación con equidad de género en las instancias de decisión, tanto a nivel del sector privado como el gubernamental, redunda en falta de innovación y debilitamiento de los modelos de gestión. Se estima que, en promedio, hay menos de un 15% de participación de mujeres en consejos directivos de cooperativas en toda la región lo que trae aparejado una pérdida importante de puntos de vista y ángulos en el enfoque de lo asociativo.

El futuro posible para los movimientos cooperativos Es posible vislumbrar oportunidades de crecimiento, ya que este movimiento ha aprendido a reconocer sus debilidades, a c t u a r e n p r o c e s o s d e c a m b i o, identificando las potencialidades a partir de s u s e x p e r i e n c i a s e x i t o s a s. L a s circunstancias por las que atraviesa el MERCOSUR están encontrando en el cooperativismo un instrumento de afirmación democrática, defensa de las economías nacionales y mantenimiento de los aparatos productivos.

En el corto tiempo transcurrido desde la creación de la RECM se ha constatado un

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Los movimientos cooperativos del MERCOSUR: actores dinámicos y en desarrollo continuo

crecimiento y maduración de este órgano.

Desde la RECM se ha favorecido la asunción de posiciones comunes en la discusión de la Recomendación de la OIT sobre Promoción de las Cooperativas, se han efectuado seminarios y publicaciones sobre la legislación cooperativa y los regímenes tributarios en los países miembros, se ha creado un portal de la RECM, se intercambian informaciones sobre las situaciones respectivas y los planes de promoción que se vienen desarrollando en cada uno de los Estados, se han desarrollado encuentros intercooperativos en zonas de frontera, se han suscrito acuerdos interinstitucionales para actuar en coordinación y cooperación y se han recibido reconocimientos expresos acerca de la importancia del cooperativismo como herramienta para el desarrollo.

Actualmente, la RECM se propone una serie de desafíos que buscan dar respuesta a las principales dificultades que enfrenta el sector. Se realizará un programa de desarrollo y armonización regional de las Políticas Públicas en materia de Cooperativas dando difusión a la Recomendación 193 de OIT para su internalización. En esta misma línea, se desarrollará un plan de incidencia MERCOSUR sobre autoridades públicas locales, nacionales y regionales.

Como parte del proceso de construcción de una cultura de la integración de los movimientos cooperativos y la economía solidaria, se ha generado un espacio formativo MERCOSUR en Economía Social y Solidaria (EMFESS) como ámbito de articulación y sistematización de procesos de formación en gestión, el que se pretende consolidar.

Para cualquier estrategia regional de desarrollo cooperativo es imprescindible el

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establecimiento, seguimiento y evaluación de los principales indicadores de la evolución del sector. Difícilmente exista integración entre organizaciones que la mayoría de las veces no se conocen a cabalidad. Para ello, se está trabajando en la creación del OMERCOOPES, un observatorio activo y proactivo sobre el desarrollo del cooperativismo y la Economía Social y Solidaria en el MERCOSUR. A partir de una política permanente de información y comunicaciones y del desarrollo de sub-programas de promoción en sectores y áreas innovadoras, así como de un programa de innovación y complementación productiva y comercial regional, se hará hincapié en la promoción del cooperativismo en tanto generador de trabajo, empleo, riqueza e inclusión social.

Se está organizando la instalación, a partir del 2010, de una Oficina de negocios con sede en DENACOOP de Brasil y con referentes de todos los países del bloque, a los efectos de articular una estrategia integradora generando alianzas estratégicas entre empresas cooperativas.

La RECM asume con la integración un compromiso que va más allá de los límites del Mercosur. Su identificación con el fenómeno de la integración es resultado de una práctica llevada adelante más allá de las fronteras. La gente organizada haciendo economía se vincula entre sí más allá de las comunidades en las que actúa. El proyecto de integración que defiende es político. El Mercosur es concebido en tanto proyecto multifacético, no como un simple tratado intergubernamental. Se busca que el mismo sea un espacio de confluencia para darle solución a los problemas de la gente.

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espacios Logros alcanzados respecto a la temática migratoria en el marco de la Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR y Estados Asociados Luciana Litterio Dentro de la estructura institucional del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el Consejo del Mercado Común (CMC) es el órgano máximo al cual le incumbe la conducción política del proceso de integración y la toma de decisiones para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Tratado de Asunción.

El 17 de diciembre de 1996, el CMC creó por Decisión 07/96 la Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR y Estados Asociados (RMI), ámbito donde se debaten los temas migratorios, de seguridad y otros de competencia de estos ministerios, con el fin de avanzar en la cooperación, coordinación de políticas y elaboración de mecanismos comunes tendientes a profundizar la integración regional.

Es importante destacar que la RMI cuenta con la participación de diez países:

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en calidad de Estados Parte; y Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela en condición de Estados Asociados. Los instrumentos que se negocian en este ámbito son vinculantes para los países que los suscriben y sientan las bases de la política migratoria de América del Sur. Asimismo, es necesario mencionar que la temática migratoria también es abordada en otras instancias del MERCOSUR desde otras perspectivas relacionadas con los ámbitos de competencia de las mismas, como es el caso de la Reunión de Altas Autoridades Competentes en Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR y Estados Asociados, o del Subgrupo de Trabajo 10 del Gr upo Mercado Común del MERCOSUR: “Asuntos Laborales, Empleo y Seguridad Social”, donde se aborda la dimensión específicamente laboral del fenómeno migratorio.

Licenciada en Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires, Argentina). Funcionaria de la Dirección de Asuntos Internacionales y Sociales de la Dirección Nacional de Migraciones de la República Argentina.

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Logros alcanzados respecto a la temática migratoria en el marco de la RMI

Además, el tratamiento del tema migratorio en el bloque del MERCOSUR y Estados Asociados convive junto con la Conferencia Sudamericana sobre 1 Migraciones (CSM) , proceso consultivo no vinculante, donde se discuten posiciones acerca de diferentes aspectos de la problemática migratoria, se intercambian experiencias y se aconsejan buenas prácticas que suelen servir como base al tratamiento de los asuntos migratorios abordados por la RMI. El primer gran salto cualitativo en la cuestión migratoria de la región se produce precisamente en el marco de la RMI, mediante la aprobación, en el año 2002, del Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile. Este Acuerdo -refrendado por los Presidentes a través de un Comunicado Conjunto que suscribieron en diciembre de ese mismo año- constituye la norma intergubernamental más importante en la materia e implica un cambio fundamental en el abordaje de las políticas migratorias de la región, abandonando la visión que las delegaba a la agenda de seguridad y poniendo el acento en la protección de los derechos humanos de los migrantes y sus familias, en un marco de integración regional ampliado.

Respecto al tratamiento de los asuntos migratorios en el ámbito de la RMI, entre los años 1998 y 2003, se llevó a cabo a través de tres instancias: Grupo Migratorio de la Subcomisión de Seguridad y Control, Comisión Técnica y Gr upo Especializado de Trabajo Migratorio.

2 El 21 de noviembre de 2003 , la Comisión Técnica decidió la creación del Foro Especializado Migratorio del MERCOSUR y Estados Asociados, dada la importancia de los temas migratorios en el bloque regional y la necesidad de centrar la problemática migratoria en una sola estructura institucional. Las delegaciones decidieron elevar dicha iniciativa a consideración de la Reunión de Ministros mencionada, así como también su reglamento de funcionamiento.

Los objetivos del Foro Migratorio son los siguientes: i) estudiar los impactos de las migraciones regionales y extraregionales en el desarrollo de los Estados Partes y Asociados; ii) analizar y presentar propuestas o recomendaciones sobre armonización de legislación y políticas en materia migratoria; iii) elaborar acciones regionales para el

1. La Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (CSM) es un proceso consultivo regional, de carácter “no vinculante”, que asegura la inserción de la región sudamericana en la corriente internacional de mecanismos de diálogo y concertación en materia migratoria que se vienen dando a nivel mundial. La CSM tuvo sus inicios en Lima, en 1999, en donde los gobiernos reconocieron la importancia que revisten los movimientos migratorios dentro de la región y la necesidad de mantener consultas regulares, a partir de las cuales se organizarían las futuras conferencias.

Este proceso consultivo regional continuó con la realización en Buenos Aires, en el año 2000, de la I Conferencia Sudamericana sobre Migraciones. Posteriormente, se llevaron a cabo en Santiago, Quito, Montevideo, La Paz, Asunción, Caracas, y nuevamente en Montevideo y en Quito la «II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX Conferencia Sudamericana sobre Migraciones», en los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008 y 2009 respectivamente.

Más información accesible en: http://www.csmigraciones.info/ 2. MERCOSUR/XIVRMI/ACTA 02/03 - Anexo VII, XIV Reunión de Ministros del Interior.

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espacios

mejoramiento de la gobernabilidad migratoria; iv) elaborar proyectos de Acuerdos o Recomendaciones que, emergentes de la agenda de trabajo, sean elevados a consideración y aprobación de la Reunión de Ministros del Interior, y v) dar seguimiento y evaluar los resultados de los Acuerdos migratorios aprobados en el ámbito del MERCOSUR. El Foro Migratorio está integrado por “Secciones Nacionales” que representan a cada uno de los Estados Parte y Asociados. Estas Secciones están integradas por un alto funcionario de los respectivos Ministerios del Interior y por funcionarios de organismos competentes en materia migratoria de otros Ministerios u organismos que cada Estado considere conveniente.

Las reuniones del Foro se realizan tres veces por semestre, bajo la coordinación del Estado Parte en ejercicio de la Presidencia Pro-Témpore del MERCOSUR. La agenda de trabajo y el cronograma de encuentros se establecen en ocasión de la última reunión del semestre sobre la base de temas pendientes y propuestas presentadas por las diferentes delegaciones.

Las conclusiones, recomendaciones, iniciativas o proyectos de acuerdos a los que arriba el Foro se adoptan por consenso y se elevan a la Reunión de Ministros del Interior para su consideración, evaluación y posterior aprobación en ocasión de su sesión

ordinaria.

En el marco de la Reunión de Ministros del Interior, primero en el ámbito de las Comisiones mencionadas y luego en el seno del Foro Especializado Migratorio, se han adoptado varios Acuerdos y Declaraciones, entre los cuales podemos destacar los mencionados a continuación: - Acuerdos sobre Residencia para Nacionales: Estos compromisos -los cuales ya mencionamos que constituyen la norma regional más importante en materia migratoria- fueron aprobados por la Reunión de Ministros del Interior, la cual puso a consideración del Consejo del Mercado Común los proyectos de Acuerdos Nº 13/02 sobre “Residencia para nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR” y Nº 14/02 sobre “Residencia para nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile”, en el marco de la XXIII Reunión del CMC, celebrada en Brasilia el 6 de diciembre de 20023.

La adopción de ambos instrumentos se debió a la necesidad de avanzar en el fortalecimiento y profundización del proceso de integración mediante la implementación de mecanismos ágiles de acceso a la regularidad migratoria tendientes a una futura libre circulación de personas en la región. Con el fin de alcanzar estos objetivos se acordó que “los nacionales de un Estado Parte o Asociado que deseen residir en el territorio de otro Estado Parte o Asociado, podrán obtener una residencia legal en este último, mediante la acreditación de su

3. Decisión del Consejo del Mercado Común Nº 28/02 por la que se aprueba la firma de los Acuerdos emanados de la XXII Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR (MERCOSUR/CMC/DEC Nº 28/02).

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Logros alcanzados respecto a la temática migratoria en el marco de la RMI

nacionalidad ”. Asimismo se establece que las personas que hayan obtenido su residencia conforme lo dispuesto en los citados Acuerdos, tienen “derecho a entrar, salir, circular y permanecer libremente en el territorio del país de recepción” y a “acceder a cualquier actividad, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, en las mismas condiciones que los nacionales de los países de recepción, de acuerdo con las normas legales de cada país”.

Además, ambos Acuerdos detallan una serie de derechos de los inmigrantes y sus familias, entre los que podemos mencionar: - Igualdad de derechos: Los nacionales de las partes y sus familias que hubiesen obtenido residencia gozarán de los mismos derechos y libertades civiles, sociales, culturales y económicas de los nacionales del país de recepción, en particular: el derecho a trabajar y ejercer toda actividad lícita en las condiciones que disponen las leyes; peticionar a las autoridades; entrar, per manecer, transitar y salir del territorio de las Partes; asociarse con fines lícitos y; profesar libremente su culto.

- Reunificación familiar: Los miembros de la familia que no ostenten la nacionalidad de uno de los Estados Partes podrán obtener una residencia de idéntica vigencia de aquella que posea la persona de la cual dependan.

- Trato igualitario con nacionales: Los inmigrantes gozarán, en el territorio de las Partes, de un trato no menos favorable que el que reciben los nacionales del país de recepción en lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral, especialmente en materia de remuneraciones, condiciones de trabajo

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y seguros sociales.

- Compromiso en materia previsional: Las Partes analizarán la factibilidad de suscribir convenios de reciprocidad en materia previsional.

- Derecho a transferir remesas: Los inmigrantes de las Partes tendrán derecho a transferir libremente a su país de origen sus ingresos y ahorros personales, en particular los fondos necesarios para el sustento de sus familiares, de conformidad con la normativa y la legislación interna en cada una de las Partes.

- Derecho de los hijos de los inmigrantes: Los hijos de los inmigrantes que hubieran nacido en el territorio de una de las Partes tendrán derecho a tener un nombre, registrar su nacimiento y tener una nacionalidad, de conformidad con las respectivas legislaciones internas.

Asimismo gozarán en el territorio de las Partes del derecho fundamental de acceso a la educación en condiciones de igualdad con los nacionales del país de recepción. El acceso a las instituciones de enseñanza preescolar o a las escuelas públicas no podrá denegarse o limitarse a causa de la circunstancial situación irregular de la permanencia de los padres.

Los mencionados Acuerdos también disponen diversos mecanismos de cooperación tendientes a impedir, detectar y sancionar a personas físicas o jurídicas que empleen nacionales de las Partes en condiciones ilegales. Dichas medidas no afectarán los derechos que pudieren corresponder a los trabajadores inmigrantes como consecuencia de los trabajos realizados en estas condiciones.

Por último, ambos Acuerdos establecen

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espacios

que los mismos serán aplicados sin perjuicio de las normas o disposiciones internas de cada Estado Parte que sean más favorables a los inmigrantes.

- Acuerdo sobre regularización migratoria interna: En el año 2002, la Reunión de Ministros del Interior puso a consideración del CMC los proyectos de Acuerdos Nº 11/02 sobre “Regularización migratoria interna de ciudadanos de los Estados Partes del MERCOSUR” y Nº 12/02 sobre “Regularización migratoria interna de ciudadanos de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile”.

Estos Acuerdos tienen el objetivo de permitir a los nacionales de un Estado Parte que se encuentren en el territorio de otro Estado Parte, la tramitación migratoria de su residencia en este último, sin necesidad de egresar del mismo. Es decir que, facilitan la regularización migratoria sin la necesidad de que los inmigrantes regresen a sus países de origen. Estos instrumentos también fueron aprobados en el marco de la XXIII Reunión del CMC, celebrada el 6 de 4 diciembre de 2002 en Brasilia .

- Declaración de Santiago sobre Principios Migratorios: El 17 de mayo de 2004 se realizó en Santiago de Chile la Reunión Extraordinaria de Ministros del Interior del MERCOSUR, Bolivia, Chile y Perú, donde se abordaron problemas comunes de la región respecto a la temática migratoria. Durante el encuentro, los funcionarios de los países

mencionados suscribieron la Declaración de Santiago bajo las premisas de reconocer los importantes aportes de los migrantes a la conformación de las sociedades y de reafirmar el compromiso de respetar los derechos humanos de los mismos y sus familias.

En la Declaración, los países signatarios destacaron los siguientes puntos sobresalientes: los temas migratorios de la región se deben abordar a través de mecanismos de diálogo multilateral abierto como forma de fortalecer el proceso de integración; el MERCOSUR debe reafirmar ante el resto del mundo su vocación de trabajar hacia una nueva política migratoria, fundamentada en la dimensión ética del respeto a los derechos humanos y en su inserción en las relaciones internacionales entre los países; la eficiencia de la política migratoria dependerá de su adecuación a la realidad regional e internacional y a la aceptación de que la regularidad migratoria del migrante es el único camino para lograr su plena inserción en la sociedad de recepción; el trato que se otorgue a los nacionales de los Estados Parte y Asociados del MERCOSUR en terceros países debe ser recíproco al que reciben los nacionales de esos países en nuestro territorio y; es responsabilidad de los Estados Par te y Asociados del MERCOSUR trabajar en for ma coordinada en el combate y prevención del tráfico de personas y de los abusos inherentes a la inmigración clandestina en la región.

4. Decisión del Consejo del Mercado Común Nº 28/02 por la que se aprueba la firma de los Acuerdos emanados de la XXII Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR, de la República de Bolivia y de la República de Chile (MERCOSUR/CMC/DEC Nº 28/02).

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Logros alcanzados respecto a la temática migratoria en el marco de la RMI

Asimismo reconocieron el importante aporte de los migrantes en la formación de nuestros Estados y reafirmaron seguir recibiendo a los migrantes y asegurando a los mismos el respeto a los derechos humanos y todos aquellos reconocidos por las Convenciones internacionales vigentes en la materia. Acordaron también coordinar medidas policiales y judiciales para combatir el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, el tráfico de menores y otras formas de delitos trasnacionales; convinieron en la necesidad de fortalecer las iniciativas para facilitar y regular los flujos migratorios en la región y se comprometieron a asegurar a los emigrantes el respeto a los derechos humanos, refirmando el compromiso de los Estados a brindar y promover la protección internacional a los refugiados.

Demandaron a las naciones que no integran el MERCOSUR a otorgar un tratamiento justo y humanitario a los emigrantes de la región, en concordancia con el trato que se otorga a sus nacionales.

Reconocieron, además, el derecho de los Estados a ejercer el adecuado control de sus fronteras, pero sin tratar la irregularidad migratoria como hecho punible de derecho penal y condenaron las prácticas de xenofobia, deportaciones en grupo o en masa y detenciones sin respaldo legal.

Por último reafirmaron la promoción de iniciativas para facilitar los flujos migratorios entre los Países de la región, entendiendo que la regularización migratoria es el único camino viable para lograr la plena inserción del migrante en

las sociedades de recepción y destacaron la importancia de la reunificación familiar, como elemento necesario para la estabilidad plena de los inmigrantes, reconociendo a la familia como base fundamental de la sociedad.

La Declaración de Santiago sobre Principios Migratorios fue la plataforma con la cual el MERCOSUR inició las negociaciones con la Unión Europea para un futuro acuerdo entre ambos bloques regionales que aborde la temática migratoria. El Foro Migratorio Especializado ha participado activamente en esas negociaciones.

- Acuerdos contra el Tráfico Ilícito de Migrantes: En 2004, la Reunión de Ministros del Interior puso a consideración del Consejo del Mercado Común (CMC) los proyectos de “Acuerdo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, entre los Estados Partes del MERCOSUR” y de “Acuerdo contra el Trafico Ilícito de Migrantes, entre los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile”, los cuales fueron aprobados, en el marco de la XXVII Reunión del CMC, en Belo Horizonte, Brasil, el 16 de diciembre de 5 2004.

Estos Acuerdos consideraron que las acciones para prevenir y combatir eficazmente el tráfico ilícito de migrantes requieren la cooperación, el intercambio de información y la acción conjunta de los Estados de la región. Es indispensable adoptar medidas para prevenir, detectar y penalizar esta conducta delictiva y contar con un procedimiento común para actuar en esta materia, a través de la participación

5. Decisión del Consejo del Mercado Común Nº 37/04 aprobatoria de los Acuerdos contra el Tráfico Ilícito de Migrantes del 16 de diciembre de 2004(MERCOSUR/CMC/DEC Nº 37/04).

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coordinada de las Fuerzas de Seguridad y/o Policiales y demás organismos de control.

Respecto a los propósitos, ambos Acuerdos tienen por finalidad prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes así como promover la cooperación e intercambio de información entre los Estados Parte. Los instrumentos recogen las definiciones y diversas disposiciones del Protocolo de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de migrantes.

- Declaración de Montevideo contra la Trata de Personas en el MERCOSUR y Estados Asociados: Esta Declaración fue aprobada el 18 de noviembre de 2005 en el marco de la XVIII Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR y Estados Asociados, en Montevideo, 6 Uruguay.

Los funcionarios par ticipantes, preocupados por el crecimiento internacional de un delito complejo que afecta a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres y niños; conscientes de la importancia de aunar esfuerzos a través de una efectiva cooperación entre los países de la Región y comprometidos en buscar mecanismos conjuntos para prevenir y combatir con éxito las redes organizadas que lucran con la explotación de personas, decidieron suscribir la Declaración de Montevideo, en la cual enunciaron: a) su condena al delito de la trata de personas; b) la adopción de

enérgicas medidas para prevenir y combatir el flagelo de la trata de personas en la región; c) la necesidad de la tipificación penal del delito de trata de personas en las legislaciones de los Estados que suscriben la Declaración; d) el desarrollo de programas de fortalecimiento institucional, a fin de mejorar la eficiencia y eficacia de las estructuras organizativas dedicadas al control migratorio, prevención, asistencia a las victimas y combate a las redes que lucran con la explotación de personas; e) la adopción de acciones encaminadas a proteger y dar asistencia a las victimas de la trata de personas; f) el establecimiento de medidas legislativas para confiscar los medios utilizados y las utilidades que se obtengan de este delito, g) la generación de campañas de difusión en medios masivos de comunicación tendientes a concienciar a la sociedad y alertar a las potenciales víctimas; h) el incentivo de acciones de capacitación para la formación de los funcionarios y agentes públicos; i) el fomento de la cooperación regional para erradicar el delito de trata, estrechando la colaboración interinstitucional, el intercambio de información, optimizando los recursos informáticos existentes y la elaboración de propuestas conjuntas.

Esta Declaración fue acogida con satisfacción por los Presidentes de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados en el marco de la XXIX Reunión del Consejo Mercado

6. La misma fue suscripta por el Ministro del Interior de la República Argentina, el Vice Ministro de Justicia de la República Federativa del Brasil, el Vice Ministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior de la República del Paraguay, el Ministro del Interior de la República Oriental del Uruguay, el Ministro de Gobierno de la República de Bolivia, el Subsecretario del Interior de la República de Chile, el Representante del Ministro del Interior de la República de Perú, el Ministro del Interior de la República de Ecuador, el Vice Ministro del Interior de la República de Colombia y el Ministro del Interior y Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

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Logros alcanzados respecto a la temática migratoria en el marco de la RMI

Común celebrada en 2005 en Montevideo.7 - Acuerdo sobre procedimiento para la verificación de la documentación de egreso e ingreso de menores entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados: En 2006, la Reunión de Ministros del Interior puso a consideración del Consejo del Mercado Común (CMC) el proyecto de “Acuerdo sobre procedimiento para la verificación de la documentación de egreso e ingreso de menores entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados 8 Asociados.”

Común (CMC) el proyecto del Acuerdo mencionado, el cual fue aprobado, en el marco de la XXX Reunión del CMC, celebrada en Córdoba, Argentina, el 20 de 9 julio de 2006.

Este Acuerdo otorga un plazo de permanencia de 90 días a nacionales de las Partes que sean admitidos para ingresar al territorio de alguna de ellas en calidad de turistas. Asimismo las Partes conservan el derecho de no admitir el ingreso de personas a sus territorios, de conformidad a lo establecido en sus legislaciones internas.

Este Acuerdo tiene por objeto desarrollar acciones tendientes a evitar el tráfico de menores de edad entre los países de la región. Para el logro de tal fin se propone la adopción de medidas efectivas y coordinadas en el ámbito regional que incrementen la protección de los menores que se desplacen entre los países, mediante la armonización de la normativa vigente y el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación entre los organismos de control migratorio en la verificación documental establecida para el egreso e ingreso de menores de edad, sean éstos nacionales o residentes.

- Acuerdo para la Concesión de un Plazo de 90 días a los turistas nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados: En julio de 2006, la Reunión de Ministros del Interior elevó al Consejo del Mercado

- Acuerdo sobre Documentos de Viaje de los Estados Parte y Asociados del MERCOSUR: En ocasión de la XXII Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR y Estados Asociados se aprobó en el año 2007 el Acuerdo RMI Nº 5/07 sobre Documentos de Viaje.

Asimismo en el marco del Foro Migratorio Especializado del MERCOSUR y Estados Asociados, celebrado en Buenos Aires en junio de 2008, se modificó formalmente este Acuerdo Interministerial, por lo cual un nuevo Proyecto de Acuerdo fue elevado por los Ministros del Interior a consideración del CMC. El mismo mantiene el alcance y efectos de aquel que fuese aprobado como Acuerdo RMI Nº 05/07 e incorpora a la República del Perú y a la República de Colombia, conforme la

7. Párrafo 23 del Comunicado Conjunto de los Presidentes del MERCOSUR y Estados Asociados, XXIX Reunión del Consejo del Mercado Común, Montevideo, Uruguay, 9 de diciembre de 2005.

8. XIX Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR y Estados Asociados, celebrada en Buenos Aires, Argentina, el 8 de junio de 2006 (MERCOSUR/RMI/ACUERDO Nº 02/06).

9. Decisión del Consejo del Mercado Común Nº 10/06 aprobatoria del Acuerdo para la Concesión de un Plazo de 90 días a los turistas nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados del 20 de julio de 2006 (MERCOSUR/CMC/DEC Nº 10/06).

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solicitud de adhesión que dichos países efectuaran y que fuera aceptada por los restantes Estados Parte del referido Acuerdo.

De esta manera, en el seno de la XXXV Reunión del Consejo Mercado Común, celebrada en San Miguel de Tucumán, Argentina, el 1 de julio de 2008 fue aprobado el Acuerdo sobre Documentos de Viaje de los Estados Parte y Asociados del MERCOSUR.10 Este Acuerdo reconoce la validez de los documentos de identificación personal de cada Estado Parte y Asociado como documentos de viaje hábiles para el tránsito de nacionales y/o residentes regulares de los Estados Partes y Asociados del MERCOSUR por el territorio de los mismos.

Los extranjeros con residencia regular en algún Estado Parte o Asociado del MERCOSUR pueden transitar con los documentos de viaje válidos por el territorio de los Estados Partes y Asociados del MERCOSUR, siempre que, por motivo de su nacionalidad, la visa consular no fuese requisito en el Estado al cual ingresa. En este último supuesto debe utilizar el pasaporte de su nacionalidad y visado correspondiente.

Este Acuerdo establece la creación de un registro informático compartido con información sobre niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, adoptando medidas efectivas y coordinadas en el ámbito regional que incrementen la protección de los menores que se desplacen entre los países del bloque regional. Las Partes deben intercambiar la información que registren en sus bases de datos respecto a solicitudes de paradero y/o búsqueda y las solicitudes que impliquen restricciones de egreso de menores emanadas de las autoridades competentes correspondientes.

El Acuerdo se origina a partir de la necesidad de los Estados Partes y Asociados del MERCOSUR de avanzar en una mayor cooperación, compartiendo información en resguardo del interés superior de los menores y desarrollando acciones dirigidas a evitar delitos aberrantes como el tráfico ilícito, la trata y la sustracción de menores, teniendo presente los compromisos asumidos respecto a la protección y cuidado de los niños, necesarios para asegurar su bienestar y el respeto de sus derechos.

- Acuerdo para la Implementación de Bases de Datos Compartidas de Niños, Niñas y Adolescentes en situación de vulnerabilidad del MERCOSUR y Estados Asociados: En junio de 2008, la Reunión de Ministros del Interior puso a consideración del

- Acuerdo sobre Simplificación de Legalizaciones entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados: En el marco de la XXV Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR y Estados Asociados, celebrada en mayo de 2009

Consejo del Mercado Común (CMC) el 11 proyecto de este Acuerdo .

10. Decisión del Consejo Mercado Común Nº 18/08 aprobatoria del Acuerdo sobre Documentos de Viaje de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados del 1 de julio de 2008 (MERCOSUR/CMC/DEC Nº 18/08).

11. XXIII Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR y Estados Asociados, celebrada en Buenos Aires, Argentina, el 13 de junio de 2008.

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en Asunción -Paraguay-, se aprobó este 12 Acuerdo .

El Acuerdo sobre Simplificación de Legalizaciones se aplica respecto de los documentos expedidos en el territorio de una de las Partes, que deban ser presentados por nacionales de las Partes en territorio de la otra, o ante sus agentes diplomáticos o consulares con fines migratorios y de identificación posterior.

Las Partes pueden eximir de toda forma de inter vención consular a los documentos que deban ser presentados ante una de las Partes para trámites migratorios y de posterior identificación.

En tal caso, la única formalidad que se exige para la legalización de estos documentos, es un sello con condiciones de seguridad, que debe ser estampado gratuitamente en el cuerpo del mismo documento por la Cancillería de la Parte donde el documento se haya originado. El sello instituido en reemplazo de la intervención consular del país de destino es suficiente para trámites a realizar ante los ser vicios migratorios y de identificación del país de recepción.

Asimismo, el Acuerdo establece que si el trámite se realiza en sede consular del país de destino, los documentos emitidos por el país del solicitante, se tienen por legalizados con la sola intervención de la autoridad consular de aquel país con jurisdicción en el país de origen. Si el trámite se realiza ante los servicios migratorios y de identificación de una de las Partes, los documentos emitidos por la otra Parte, se tienen por legalizados con la

sola certificación de la autoridad consular del país de origen del documento con jurisdicción en el país de recepción.

Todos los Acuerdos y Declaraciones enumerados precedentemente permiten vislumbrar los avances sumamente importantes respecto a la temática migratoria alcanzados en el marco de la Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR y Estados Asociados.

Precisamente, esta recopilación intenta dar cuenta de estos logros de suma importancia para todos los ciudadanos de nuestros países.

Mientras en el aspecto económicocomercial se hace más difícil el logro de progresos y consensos sustantivos entre los países, en lo que respecta a asuntos migratorios y de circulación de personas se han logrado compromisos de relevancia para toda la región, que han repercutido en el bienestar de nuestros pueblos.

12. XV Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR y Estados Asociados, celebrada en Asunción, República del Paraguay, el 29 de mayo de 2009 (MERCOSUR/RMI/ACUERDO Nº 01/09).

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lecturas Diccionario Latinoamericano de Seguridad y Geopolítica Miguel Ángel Barrios (dir.) presentación de Helio Jaguaribe; prólogo de Andrés Rivarola Puntigliano; introducción de Rafael Calduch Cervera.

Editorial Biblos Buenos Aires, 2009 ISBN: 978-950-786-683-8 www.editorialbiblos.com info@editorialbiblos.com

Presentadora: Tengo el honor de darle la bienvenida al acto de presentación del Diccionario Latinoamericano de Seguridad y Geopolítica, editado por Biblos, que ha sido escrito y dirigido por el Director Académico de la Maestría en Relaciones Internacionales; el Profesor Dr. Miguel Ángel Barrios y prologado por el Dr. Helio Jaguaribe, miembro de la Academia de Ciencias de Brasil; por el Dr. Rafael Calduch Cervera, Profesor de la Universidad Complutense de Madrid; y por el Dr. Andrés Rivarola

Puntigliano del Instituto Latinoamericano de la Universidad de Estocolmo.

A continuación hará uso de la palabra el Dr. Carlos Alberto Fernández Pardo, Director del Doctorado en Ciencia Política y del Doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador.

Carlos Alberto Fernández Pardo: Buenas tardes a todos. Es oportuno que empiece yo porque no soy un especialista en la materia, soy un comentarista de la teoría, nada más. Yo quiero resaltar dos cosas del aporte de Barrios. Este tipo de presentaciones, son ceremoniales y políticas, no son necesaria-

Presentación realizada en Buenos Aires, el 4 de septiembre de 2009, en el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina.

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Diccionario de Seguridad y Geopolítica Latinoamericano, Miguel Ángel Barrios, dir.

mente académicas. Y el valor de lo político aquí esta dado en la producción de un material de muy fácil acceso para la gente que está interesada y que quiere entrar a ver el significado de una serie de categorías, que Barrios se ha encargado de alinear en forma prolija en un diccionario, de esclarecer su definición y su contenido y, en muchos casos, de darle una versión del significado de muchos términos, que en cualquier enciclopedia y diccionario, pueden plantearse en términos parciales o, por lo menos, distorsionados. El orden de las palabras de un diccionario no parece una cosa complicada.

Pero el significado de este tipo de obras, donde hay que definir conceptos y categorías, que las vamos a usar para analizar la propia realidad, tienen que haber salido de nuestra propia realidad de alguna manera. Yo lo miré al trabajo, supe cuando lo estaban redactando, lo primero que me impactó fue la oportunidad, porque verdaderamente no hay un material de este tipo. No es enciclopédico, porque la idea de una enciclopedia, todavía está pendiente de hace doscientos años, y bueno, todos ustedes saben que no hay peor negocio que comprar enciclopedias, como hacíamos antes cuando uno las compraba en cuotas, porque la verdad es que hay que escribirla todos los años. En este caso, este tipo de trabajo lo va escribiendo la política internacional, a veces muy rápido, a veces muy lento, por eso saludo el trabajo y lo recomiendo en el sentido de que abre el abanico conceptual. Estamos para entender una serie de realizaciones, acciones, decisiones políticas internacionales, sentido de lo que es un Tratado, de lo que es un Organismo, una Institución. Este es el gran valor que yo le encuentro: su función didáctica. Y por el tipo de trabajo también ha habido un trabajo de crítica política y teórica importante, porque no ha cedido a la definición fácil de cosas que se tratan de definir: seguridad internacional, comunidad y seguridad, todas cosas que vienen de otras

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épocas y sobre las que siempre hay debate.

Acá no hay debate, él ha tomado verdaderamente categorías muy nítidas y muy claras, y ha elaborado en muchos casos información. Así que yo saludo la obra, creo que es de gran utilidad, viendo las distintas ventanas, las distintas voces del diccionario. Y realmente es oportuno el título también.

Porque hoy es cierto, el problema de la seguridad ha dado lugar a un cuerpo de teorías generales o parciales, de muchos estudios empíricos, es una problemática omnipresente en algunas tradiciones. Se ha reconocido que es un tema verdaderamente central, alrededor del cual probablemente se alinean muchos problemas y teorías de las relaciones internacionales. Así que este es mi aporte a esta presentación y agradezco a Barrios que me haya elegido para comentarla.

Simplemente comentar esto: la utilidad y la oportunidad.

Presentadora: tiene la palabra el Dr. Adolfo Koutoudjian, Profesor de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, de la Escuela de Guerra Conjunta, de la Escuela de Guerra Naval y de la Escuela de Defensa Nacional.

Adolfo Koutoudjian: Muchas gracias. Le señalaba recién a Barrios, yo me había hecho, sin hablar con Fernández Pardo, una serie de ítems como para recordar en la charla, y el primer punto que puse fue la oportunidad, la oportunidad de este trabajo. Realmente nos viene muy bien a los docentes, a los profesores del tema, es un elemento recomendable para la bibliografía. Así que vamos a tratar de venderlo todo lo que se pueda. Pero también quería reflexionar, Barrios me hizo leer bien el libro, lo leí con entusiasmo, y leer un diccionario no es fácil, ustedes saben, es más o menos como leer la guía un sábado a la noche. Lo primero que a mi se me ocurrió pensar y analizar, es el honor que tiene Barrios de escribir con Helio Jaguaribe. Que Helio Jaguaribe le prologue

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este trabajo. Y por lo tanto me permití señalar algunos de los aspectos que señala Helio, donde dice por ejemplo: “Las principales características del diccionario consisten, por un lado, en constituir un intento inusitado de abordar la unicidad y la originalidad de la cultura latinoamericana desde un enfoque compartido, y desde una perspectiva global de los desafíos geopolíticos y geoestratégicos que afronta América del Sur, y por otro, en alcanzar una lograda síntesis abarcativa de la situación mundial del siglo XXI con un escenario de incertidumbres más que de certezas ”. Está perfectamente señalado el objetivo de este trabajo. Y entre otras cosas, Jaguaribe habla de la UNASUR, que acabamos de ver el protagonismo de esta reunión que tuvo lugar en Bariloche hace unos días, donde dice hay tres cuestiones vitales, que obviamente este libro no trata, para la UNASUR: 1) la adopción de una visión común sobre los desafíos de este siglo; 2) la formación de una resultante voluntad política, no sólo de sus gobiernos sino también de los sectores sociales más relevantes, y 3) la formulación e implementación de un programa común de los ámbitos económico, diplomático y de seguridad regional. Miren que oportuno para hablar ahora de lo que acaba de ocurrir en Bariloche, cuando claramente, y esto ya es un adelanto personal, ha habido un verdadero misil, no sé si debajo de la línea de flotación, pero si por arriba, de la UNASUR. Esto es lo que ocurrió justamente, con lo que estamos conversando respecto al acuerdo de seguridad Colombia y Estados Unidos.

Pero después, otro gran aporte que tiene el honor también de recibir Barrios, es de Andrés Rivarola, que hace una exegesis incluso del análisis geopolítico tradicional y rescata la figura del creador del término geopolítica que es el sueco Kjellén, donde justamente desmitifica muchos de los aspectos que se trató acerca del organicismo que por ejemplo planteaba Kjellén que no es tan así. En uno de sus últimos párrafos, Rivarola señala y rescata y dice: “Nos viene aquí

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a la mente la obra de autores como Vivian Trías, Alberto Methol Ferré y Luiz Alberto Moniz Bandeira”. Los chicos y chicas jóvenes que veo acá, por ahí ni saben quiénes son, lo saben de alguna bibliografía. Pero nosotros que peinamos canas, sabemos que estos hombres son verdaderas estatuas vivientes del pensamiento latinoamericano que en los medios actuales no aparecen en la discusión pública.

Quiero señalar también lo que Rafael Calduch Cervera dice en su introducción sobre el diccionario: “Como puede apreciarse, la realidad estratégica mundial está sometida a un profundo proceso de transformación, ante el cual los países de América del Sur deben adoptar sus decisiones políticas y desarrollar sus propias doctrinas estratégicas. Para esta tarea resulta especialmente útil la disponibilidad de diccionarios que, como el Diccionario latinoamericano de seguridad y geopolítica, dirigido por Miguel Ángel Barrios, recompilen el significado preciso de los diversos términos que utilizan los estrategas y los dirigentes políticos en la definición de sus políticas de seguridad y de defensa”. También acá la oportunidad, porque esto justamente es el background que deben tener aquellos que han participado en la reunión de la UNASUR en Bariloche y de la que tendrán que participar el 23 de septiembre. Y por último no quiero dejar de señalar, en este profundo estudioso de la geopolítica y de la estrategia, yo diría, si me permitís, este humilde trabajador de la geopolítica y de la estrategia, este humilde trabajador intelectual del tema, alguna de sus reflexiones que me parecen muy importantes.

Algunas se podrán compartir, otras quizás no tanto, pero Barrios lo señala. Dice por ejemplo: “El Estado continental industrial supone la articulación del poder tangible o núcleo duro económico, militar, poblacional- con el poder intangible núcleo blando que es la cultura”.

Obviamente que él está abogando por un Estado continental industrial y así está viendo a Sudamérica. “La soberanía ya no podrá poseerse en términos de autonomía posible en los límites

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encajonados del Estado Nación clásico westfaliano y menos de los microestados monoéticos”, dice, “Únicamente los Estados continentales industriales poseen y poseerán, capacidad de autonomía en el siglo XXI, ya que la soberanía no es únicamente un concepto jurídico, sino el resultado de un comportamiento empírico y de capacidad operativa ”.

Es decir, habla concretamente, del “Estado continental industrial sudamericano...”, que entre otras cosas, él lo rescata, “...como planteó y buscó materializar desde la teoría y la praxis, con el nuevo ABC el General Juan Domingo Perón”, allá por el año 53'. Donde destaca aún más, y porque él la vive en ese corazón verde de la América del Sur, que es la Cuenca del Plata, porque dice: “la Cuenca del Plata es el centro y eje de esa rearticulación”. Me gusta mucho esto porque digamos, yo he trabajado mucho en el área y trato de hacerlo todavía, habrán visto ustedes que la Cuenca del Plata está medio fuera de moda hoy, es decir ahora es el MERCOSUR. cosa que está bien, el MERCOSUR es MERCO-SUR, mercado del sur. No estamos hablando de un mercado, estamos hablando de una realidad geoeconómica, geográfica y que en algún momento, lo pensamos como geopolítica. “En síntesis,...”, dice Barrios, “...América Latina es nuestra nación cultural, y América del Sur el espacio geopolítico del macizo sudamericano por donde debe materializarse la unión sudamericana hacia la unidad latinoamericana”.

Como programa. Es más, y ahora dice algo que realmente llama profundamente la atención, tanto para el latinoamericano, para el argentino, para el brasileño, dice: “Repetimos, solo habrá integración latinoamericana unificada entre todos los caminos estratégicos, a partir de la reintegración de la América del Sur, que ya estuvo unida en la época de los Habsburgos entre 1580 y 1640”. Muy poca gente sabe eso, muy poca gente. Y ahí recuerdo una nota de la semana pasada, no sé si del ABC, El País, donde señala que el 50 % de la población portuguesa vería con agrado reintegrarse a la Península Ibérica, es decir España. Un detalle a tomar en cuenta que viene desde allá, y acá, digamos

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que él lo recupera. Entonces señala, por último, respecto a su trabajo, “Desde esta perspectiva y contenido hemos realizado el Diccionario Latinoamericano de Seguridad y Geopolítica. Como perspectiva, lo hemos planteado desde una óptica sudamericana, que es aquella desde la cual miramos y analizamos, pero también sufrimos y amamos al ritmo del sistema-mundo, y, como contenido, a partir de la necesidad de establecer un vocabulario propio, para que sirva de insumo, entre otros muchos que existen y que vendrán, para el futuro Consejo Sudamericano de Defensa”. Y él, termina señalando entre tantos otros elementos, “Entendemos la geopolítica del siglo XXI como el pensamiento geopolítico insertado en el espacio y el tiempo latinoamericanos ”. Estos son alguno de los principales conceptos. A la gente joven, a los que estudian, a los que le interesa, y yo diría que está todo acá, ¿no?, desde lo que es obviamente la geopolítica, desde lo que son sus principales publicaciones, las distintas acepciones de la estrategia, es decir, realmente es un machete bárbaro para los chicos porque acá tienen todo. Y por último, perdónenme que me extienda quizás un poquito en lo que voy a decir. Dije lo mismo que Fernández Pardo, la oportunidad de este trabajo, viene justo, este es el momento, porque revaloriza la geopolítica moderna. Y acá, perdónenme esto que voy a decir: a pesar de la negación académica porteña, ustedes saben que en todas las universidades del área porteña y metropolitana, privadas y estatales, la materia geopolítica no se da, que yo sepa. Se sigue pensado que es una materia de los militares o del fascismo y el nazismo alemán, es absurdo. ¿Puede negarse que los más grandes pensadores y estrategas norteamericanos, Brzezinski, Kissinger, los más grandes actores de la escena internacional, el propio Bush y todo su grupo Rumsfeld etc., viven y piensan en términos geopolíticos? Brzezinski está diciendo desde hace diez años: la clave del poder mundial está en Eurasia y en el tema de los recursos estratégicos. Lo viene diciendo, y nuestros cientistas políticos

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siguen negando, siguen pensando que esto es de los militares, que esto es de los fascistas, que esto fue la doctrina de la expansión alemana previa al 45'. ¿Se puede ser tan necio?

Por eso me pareció tan importante esta revalorización de la geopolítica, que por supuesto no puede venir de Buenos Aires.

Tenía que venir del corazón de la América del Sur y de la Cuenca del Plata. Y obviamente él también lo dice, lo decimos todos, desde una óptica sudamericana. Permítanme una pequeña anécdota: estaba yo en clase de la Escuela de Defensa Nacional, obviamente hablábamos de política mundial, la caída del muro de Berlín, sería el año 94', 95', se para un comodoro alemán, que luego fue agregado militar en la embajada alemana en la Argentina, y me dice: sabe señor, ustedes aquí, pensando en Argentina, Uruguay, una parte de América del Sur, ustedes piensan en norteamericano. Los conceptos que ustedes tienen en general, son bajados de la bibliografía o de los autores norteamericanos.

Yo le puedo asegurar que, nosotros los alemanes, además pensamos como alemanes, los franceses desde Francia, los rusos desde Rusia, y ni sé lo que piensan los chinos, los japoneses y los indios. Señor, les aconsejo que empiecen a pensar, o por lo menos a plantear, otras ópticas del mundo. Y entonces cuando hablábamos de lo que está ocurriendo en Europa en se momento, de la primera guerra de los Balcanes, uno pensaba o se paraba desde el mundo del socialismo soviético, a lo sumo la Segunda Guerra Mundial, el decía: no señor el problema de los Balcanes empieza muchos siglos antes, pero quien lo termina de descuajeringar (diría en términos porteños), es Napoleón y su concepto de las nacionalidades y el reverdecer de las naciones en los Balcanes. A nosotros ni se nos ocurrió que, desde Europa, es más importante lo que hizo Napoleón que lo que pudo haber hecho, en parte, la revolución rusa.

Entonces esta óptica sudamericana, que toma Miguel Ángel, a mi me parece, es el

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punto desde donde nos tenemos que parar.

Por ahí nos equivocamos, pero por lo menos es una visión desde nosotros. Por supuesto, per mítanme también una pequeña revalorización de un hombre que desde la política a Miguel Ángel y a mi nos une muchísimo, como a Fernández Pardo, que es la figura de Perón. Y Perón no es una calle, no es solamente el nombre de un movimiento, es el único gran estratega sudamericano y latinoamericano que trazó, cincuenta, sesenta años atrás, lo que estaba por ocurrir a fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Cuando yo leo a nuestros alumnos en la Escuela de Defensa, la conferencia que nos dio en el 53', en la Escuela de Defensa Nacional, cuando dice: la restructuración mundial viene desde la geopolítica. Vienen por nuestros recursos.

América del Sur va a ser valorizada por sus recursos. Reitero, 1953, un pequeño detalle, cuando se menciona a esta conferencia, ni siquiera se pone el nombre, a veces se lo menciona como el Teniente General Perón, el presidente de turno o el presidente de entonces.

Por supuesto hay un cuarto aspecto de enorme importancia para mí, que es el equipo interdisciplinario y la gente que participó acá: venezolanos, paraguayos, uruguayos, argentinos, brasileños, ¡que maravilla!, ojalá uno pudiera tener un equipo del valor que Miguel Ángel logro reunir. Eso me pareció de enorme importancia. Uno a veces le dice a nuestros alumnos: tenemos que ver cómo piensa la otra persona. Cuando yo empecé a trabajar en Paraguay, nosotros íbamos con la idea de que Belgrano era el libertador, que había ido en 1810-1811 a Asunción. Y resulta que para los paraguayos era un porteño que venía con ideas de la libertad con un ejército atrás. Entonces cuando usted ve esas dos visiones, empieza a darse cuenta de que necesitamos conversar nuestra idea. Una pequeña anécdota: cuando hace diez años atrás, a través de la Comisión de Cultura del MERCOSUR, se reunieron historiadores

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argentinos y chilenos para tratar historias comunes, de aquí fueron, yo diría, los más liberales de la Universidad de Buenos Aires, con los más liberales de la Universidad Católica, no se pusieron de acuerdo. Los más liberales, imagínense si tenemos que hablar de los que de alguna manera, están en la onda más nacionalista o más dura.

También dije: la enorme utilidad para los interesados y especialistas de este trabajo. A veces uno escribe y dice ¿Esto servirá para algo?, ¿Alguien lo leerá? Y uno puede decir, pero seguro que sirve. Entonces, ya de por sí, esto tiene un enorme valor, hasta desde un punto de vista personal, no es una, digamos, una disgresión intelectual lo que está haciendo Miguel Ángel, no, está haciendo un trabajo que lo necesitamos todos.

Y por último quiero hablar, quiero terminar con esto que estaba viendo del libro. Tiene un espíritu. ¿Y saben cuál es el espíritu del libro?, es el espíritu de su autor y de sus autores: hay un gran amor a nuestro pueblo, a nuestros pueblos, hay amor al pueblo y no hablo de la gente, el pueblo, el concepto de pueblo. Hay amor a nuestro suelo sudamericano. Hay amor por nuestra geografía, por nuestro territorio, por nuestros recursos, por nuestros deltas, por nuestros ríos, se nota en sus páginas. Y obviamente hay amor a nuestra historia, él es un enamorado de nuestra historia. Y en cada punto sale algún tema, porque como lo dijo fulano o como mencionó mengano. Pero más allá de quedarse en esa verdad plañidera de algunos historiadores y poetas, hay una visión de futuro. Nos está diciendo que en este mundo que estamos viviendo o nos hacemos fuertes desde un núcleo duro sudamericano por lo menos o realmente no vamos a entrar en la conversación mundial, ahora que se está definiendo un nuevo orden mundial. Porque se está definiendo un nuevo orden mundial.

No es casualidad la vida del G 20 o del G 7, o del G 8, o del G2, todos estos, pero que hay

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algo que va a tener una proyección de los próximos veinte o treinta años, yo diría que es casi indudable. Y por supuesto tiene una enorme ventaja también ¿no?: desarticula los viejos chauvinismos de nuestras pequeñas patrias. Todos los tenemos: los argentinos, los brasileños, los chilenos, los uruguayos, todo el mundo tiene: “no, pero esto favorece a Paraguay, Bolivia o Brasil”. No, esto en buena medida ayuda a pensar desde otra plataforma, que es la plataforma que todos compartimos en esta mesa, que es la plataforma de la Sudamérica más integrada como la soñaron nuestros hombres, de Mayo, por lo menos, de la libertad de 1810. Nuestro Bolívar, nuestro San Martín, nuestro Artigas, nuestro Sucre.

Es decir, acá flota la imagen de la Batalla de Ayacucho. Allá en los campos de Ayacucho pelearon sudamericanos contra el realismo monárquico español de entonces. Creo que estos son algunos de los elementos más importantes que a mi criterio tiene este libro.

Lo único que quisiera decirles es darle una enorme felicitación a Miguel Ángel porque esto es un aporte a la geopolítica nuestra, a la geopolítica sudamericana. Gracias.

Miguel Ángel Barrios: Les agradezco en nombre del grupo al Dr. Fernández Pardo y al Dr. Koutoudjian, al mismo tiempo a los legisladores que están acompañándonos hoy, amistades, profesionales, diplomáticos, amigos, amigas que nos atañen sueños compartidos y esta temática que hoy nos convoca. Agradecer también al Círculo de Legisladores por supuesto la oportunidad de estar acá. Agradecer asimismo a los colaboradores y a su equipo, porque generalmente hay diccionarios donde evidentemente se reparten las palabras y no hay un hilo conductor a veces entre algunos conceptos y otros. Nosotros hemos tratado, y hemos discutido e investigado cada concepto con una particularidad: el grupo se compuso de integrantes de fuerzas militares o de seguridad, que al mismo tiempo son

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académicos y por cientistas sociales. Quiero nombrar a uno por uno: A Santiago Jacobo Atencio, él es Comandante Mayor (RE) de la Gendarmería Nacional Argentina, hoy no nos pudo acompañar, y fue interventor jefe de la Policía de Santiago del Estero y al mismo tiempo en este momento es el coordinador del Puente Posadas- Encarnación; Lucio Benítez quien es Licenciado en Ciencias Jurídicas, Políticas y Diplomáticas y Capitán de Navío de la Armada del Paraguay; Raquel Careaga, gendarme, Licenciada en Relaciones Internacionales. Hoy en Misiones, está trabajando en El Dorado; Patricio Carbajal Aravena, es el Jefe del Departamento de Investigaciones de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos del Ministerio de Defensa de Chile e investigador de muchísimo prestigio; Gustavo Cardoso, Licenciado en Relaciones Internacionales, que acá nos acompaña, es de la Universidad Nacional del Centro y especialista en Asia; Clemente Antonio Díaz, Capitán de Navío de la Armada de la República Bolivariana de Venezuela; Ezequiel Escudero, Licenciado en Relaciones Internacionales y al mismo tiempo especialista en áreas de África. Esto también quisiera destacarlo, como decía con Cardoso, porque en el ámbito hay muy pocos especialistas en la materia; José Jesús García Rivero, Capitán de la Guardia de Venezuela y Licenciado en Artes Militares; Hernán Hómez, también venezolano; María Florencia Incarnato, Licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y especialista en temas europeos; Juan Carlos Márquez Fermín, Profesor de la Escuela de Guerra de Venezuela; Silvio Medina, un antropólogo de la Universidad Nacional de Misiones; Alfonso Henrique Pedrosa, es un Coronel del Ejército brasileño y Doctor en Historia Militar y es analista de la Subjefatura de Política y Estrategia del Estado Mayor del Ejército brasileño; Carmen Elena Mouchet, abogada, Profesora Titular de la Escuela de

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Guerra de Venezuela, como el caso también de Armando Eloy Prieto Ventura; David Ríos Durán, es una Capitán de la Policía Nacional de Panamá y en este momento está a cargo de la custodia del canal; el General Víctor Manuel Roa, es paraguayo, estuvo hasta hace dos meses de Director del Instituto de Altos Estudios Estratégicos del Paraguay que sería el equivalente acá en la Argentina de la Escuela de Defensa; Víctor Armando Rutschman, Comisario General de la Policía de Misiones y actual subjefe de la policía de Misiones; Beltrán Sabatini, quien también nos acompaña y es Lic. en Seguridad del Instituto Universitario de la Policía Federal y asesor y consultor en seguridad privada; Jackson Sánchez, Coronel del Ejército de Venezuela, Rubén Darío Santiago, Capitán de la Guardia de Venezuela y por último, José Vieira, Capitán de Navío de la Armada Venezolana.

El libro, nosotros lo hemos dedicado al Profesor Methol Ferré porque hemos hecho un rescate y una reivindicación de todo su pensamiento, como hablaba recién Adolfo, en sus ochenta años de vida. A la memoria de Oscar Raúl Cardoso, que superviso este diccionario hasta poco antes de su muerte. Y también especialmente a ese gran patriota obligado del Río de la Plata, Bernardo de Monteagudo, que fue y tuvo el honor de ser Ministro de Guerra, primero de San Martín y luego, de Bolívar. Perdón, me saltee, por suerte lo vi, en mi opinión uno de los geopolíticos más importantes que tiene hoy la Argentina, es Carlos Alberto Pereyra Mele, que está acá entre nosotros, licenciado en Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba y especialista y analista en geopolítica y geoestrategia suramericana, muchas gracias por haber colaborado, Carlos.

Sencillamente quería decir dos o tres cuestiones, simplemente, para que, luego, quienes estén interesados en el diccionario por supuesto lo leerán. Me llamó la atención

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en el día de ayer que salió un reportaje en el diario La Nación a un antropólogo brasileño, Renato Ortiz, en el cual explica, creo que le da una explicación e pistemológica al diccionario, sin querer porque en realidad es un reportaje, en el cual el sostiene que no son lo mismo en el mundo actual dos conceptos que se utilizan como sinónimos: integración y conectividad. Que lo que existe es una conectividad mundial pero no existe una integración mundial porque el sistemamundo sigue estando fragmentado en función de entidades culturales y geopolíticas.

Y da un ejemplo: el libro de él que acaba de salir se llama “La supremacía del inglés en las ciencias sociales”; en el cual sostiene, por ejemplo, que si uno va a Internet y va a Google y pone la palabra “globalización”, en inglés tiene 31.500.000 entradas, en español 6.410.000 entradas, en portugués 183, y en francés tiene un error ortográfico.

Entonces lo que dice él es que Internet, o sea el continente virtual, en realidad no es un espacio democrático, sino que es un espacio que ya esta estructurado de antemano y que establece una geocultura de contenidos, estructurados dentro de ese continente virtual. Y por otro lado, hace un llamado de atención a las ciencias sociales porque dice que las ciencias sociales en América Latina están desacopladas de la realidad, se han burocratizado, y que hoy el único objetivo de los cientistas sociales pasa por escribir un artículo que pueda ser traducido al inglés para estar en las bases de datos de las universidades vinculadas al mundo angloparlante. Y por lo tanto, solamente lo que aparece en inglés es lo que hace visible, diríamos, la agenda de las ciencias sociales.

Eso es lo que, de alguna manera, es el espíritu que acompañó al diccionario, porque nosotros pensamos, cuando lo empezamos a hacer hace dos años, que evidentemente estamos pasando de un sistema-mundo, donde la globalización tuvo un

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exacerbamiento unilateral como consecuencia de las políticas de George Bush luego del 11 de septiembre. Eso ha fracasado, hoy estamos en un proceso de transición hacia un mundo multipolar. Y observábamos que desde las ciencias sociales existían una serie de categorías conceptuales que van creando un caos ininteligible a los alumnos de las carreras de relaciones internacionales, de historia, de ciencia política, y al mismo tiempo se produce un divorcio entre ese saber académico con el saber fáctico de la política, y que no hay una alianza entre la ciencia y la práctica.

Entonces en ese caso, por ejemplo, hemos rescatado conceptos que nos parecían fundamentales. Por ejemplo el concepto de Estado, en el sentido que todo el mundo habla de Estado, en función de los tres elementos (territorio, población y gobierno) pero en el mundo existen diferentes tipologías de Estado. Y solamente poseen soberanía los Estados de dimensiones continentales. Hay Estados-ciudades, en América Latina somos Estados-ciudades, Estados fragmentados, que Brasil es un Estado semicontinental y que nuestro gran desafío consiste en lograr un equilibrio entre ese polo hispánico y ese polo portugués. Que debemos recuperar a nuestros Estados frontera en la Cuenca del Plata -en el caso de Bolivia, Paraguay y Uruguay-, una política de reintegración. Y al mismo tiempo que los caminos a la unidad latinoamericana se iniciaban solamente por donde se pueden iniciar, que es el macizo sudamericano, y dentro del macizo sudamericano la Cuenca del Plata. A pesar de que existe una abundante bibliografía, todo el mundo habla del Estado, pero sin una jerarquización. También hemos tratado de desterrar mitos, que se fueron incorporando en ciertas opiniones respecto a que existe un vacío a partir de la implosión de la doctrina de la seguridad nacional en los campos de estudio de la seguridad internacional y en los campos de estudio de la defensa nacional; que es que se produce, lo que Perón

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llamaba un trasvasamiento generacional, en el cual muchísimos científicos y cientistas sociales han ido a estudiar a los centros de estudios hemisféricos dos o tres meses becados y vuelven a dictar los cursos de seguridad internacional en las universidades latinoamericanas o, en el caso acá de Argentina, muchos de ellos residen en academias militares o en diplomáticas. Y repiten acríticamente los conceptos que emanan de las doctrinas estratégicas de los Estados Unidos, como por ejemplo: Estado fallido, zona de caos, áreas sin gobierno, triple frontera como área de cultivo del terrorismo.

Y sin embargo, en el caso por ejemplo, de Estado fallido, es un concepto que emana de un centro de estudios estratégicos norteamericano, llamado Foreign Policy, que fundó Samuel Huntington, del cual emanan una serie de indicadores y en función de esos indicadores toda América Latina, toda América del Sur, excepto Argentina y Brasil, son Estados fallidos.

Y esos especialistas vienen, repiten esos conceptos, inclusive han escrito en revistas militares norteamericanas que está Al Qaeda en la Triple Frontera.

Esto quiere decir que cuando hablamos de seguridad internacional, no hay una seguridad internacional en abstracto, como no hay una geopolítica en abstracto, sino que hay una seguridad en función de un Estado. En este caso, nosotros hemos rescatado el concepto de seguridad en función de Sudamérica. Y por el otro lado, sigue justificando la necesidad de que no puede haber un Consejo Sudamericano de Defensa que funcione, en una doctrina como necesariamente hoy se necesita, si no hay un vocabulario que nos vaya aunando propiamente las palabras, los conceptos, o se transforman en palabras trampas que nos separan. Como por ejemplo, en el equipo nos costaba mucho que, según la ley argentina, el campo de la seguridad y la defensa estaba muy delimitado, y en otros

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países sudamericanos las fuerzas armadas participan en tareas de seguridad y viceversa.

Y en este caso, sin embargo y para ventaja de la Argentina, esos países no tienen gendarmería, tienen una fuerza de seguridad militarizada intermedia. Entonces una manera de cómo ir creando una doctrina común, que vaya más allá de las medidas de confianza mutua, y que involucre al mismo tiempo la necesidad de que emanen de esa doctrina las amenazas reales que nosotros tenemos. Amenazas que en realidad significan, no peligro, sino señales que nos obligan a generararnos un planteo de nuevas doctrinas en función de nuevos desafíos. Y en ese caso emergen amenazas endógenas, no repetir las nuevas amenazas que emanan de la doctrina de seguridad de los Estados Unidos.

Para Estados Unidos las denominadas nuevas amenazas son el terrorismo, el narcoterrorismo y el crimen organizado, cuestiones que tenemos que ponerlas en el laboratorio, pero tampoco eso no nos dice por ejemplo que en la Triple Frontera el verdadero problema no es el terrorismo, como se repite siempre, el problema en la Triple Frontera, que además no se llama Triple Frontera, fue siempre el Hito de las Tres Fronteras. Triple Frontera, en realidad nace luego, es un concepto que nace luego de los atentados de la AMIA y de la Embajada de Israel. Sino que es el hito de la Tres Fronteras porque de Iguazú para ir a Ciudad del Este primero se pasa por Foz, o sea que no son una triple frontera en el sentido de que están interconectados geográficamente los tres caminos. Y lo que quería decir es que el verdadero problema en la zona de las tres fronteras no es el terrorismo, como aparece cada quince días en informes de cadenas internacionales, sino el problema de la trata de personas y el problema de la pobreza.

Puerto Iguazú por ejemplo es la segunda ciudad de la Argentina con necesidades básicas insatisfechas. Entonces esto quiere decir que recrear un concepto doctrinario a partir de generar insumos con vocabulario

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común, es necesario más que nunca, por ejemplo, tener un observatorio estratégico del Consejo Sudamericano de Defensa que funcione en Puerto Iguazú o en Foz do Iguaçu, o en Ciudad del Este, como para que desde allí al mundo informemos realmente lo que allí está pasando.

Porque ha ocurrido que cuando Estados Unidos invadió Afganistán (esto ha salido en los diarios de sesión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos) Estados Unidos manejó la hipótesis de bajar en la Triple Frontera. Es decir, que no estamos hablando simplonamente de supuestas guerras en función de una mesa de café, sino que estas guerras que es la guerra por los recursos -que son las guerras que se vienenestán en el informe que le entregaron a Barack Obama el Consejo de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, que no es un órgano de la CIA, sino es un ámbito académico donde está la verdadera inteligencia estratégica de los Estados Unidos, que a cada Presidente cuando asume le hace un informe en función del mundo en los próximos 25 años. En ese informe que le entregan a Obama y que ha sido publicado, además de estar en los sitios del Consejo de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos en Internet, se sostiene que hay un año clave -el 2025- que Estados Unidos va a entrar allí en un proceso que no significa su desaparición, sino la necesidad de que Estados Unidos realice un aterizaje suave como para lograr un equilibrio de poder con China, Rusia y Europa. Y al mismo tiempo que el problema central es el agotamiento del petróleo y la crisis central por el agotamiento de los recursos y el tema de los minerales. Y que las futuras guerras que se vienen no son las guerras convencionales clásicas, sino guerras asimétricas, y por eso acaban de escribir un manual de contrainsurgencia, y toman como antecedente y están estudiando en este momento las academias militares norteamericanas que el origen de las guerras no convencionales han

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sido las guerras de las guerrillas españolas contra el invasor Napoleón en el siglo XIX. Y todas nuestras guerras de independencia son guerras de guerrillas. Esto implica que la resistencia, reitero, de que por eso nosotros en este diccionario, como para ir terminando, hicimos movibles las palabras, hablamos del Estado continental, hablamos de que ya existió un ejército sudamericano en la época de la Guerra de la Independencia, el ejército de San Martín y Bolívar, porque no existían los Estados tal cual hoy existen y el antecedente más remoto de lo que hoy sería el ejército sudamericano fue el ejército de las misiones jesuíticas.

Y por otro lado, no aludimos otro problema fundamental que es el tema de la seguridad ciudadana, en el sentido que no desconocemos que uno de los riesgos que corre América Latina y el mundo es que el crimen organizado, no en función de las nuevas amenazas en la lógica de la doctrina de la guerra preventiva, sino en función de las necesidades endógenas de nuestros pueblos, el crimen organizado y el tema de la droga, son amenazas donde uno no puede permanecer indiferente. Y más aún en el cual, por ejemplo, la Universidad de Massachusetts acaba de publicar hace dos días que el 75% de los dólares circulantes en los Estados Unidos tienen rastros de cocaína.

Entonces esto implica que en el tema del narcotráfico, hay una corresponsabilidad entre mercado productor y mercado consumidor. Hoy hasta que punto hay un mercado productor y un mercado consumidor con las drogas sintéticas. Al mismo tiempo ¿Qué significa las FARC?, ¿Qué significa Sendero Luminoso?, ¿Son g r upos guer rilleros?, ¿Son g r upos narcoterroristas?, ¿Son grupos funcionales a los Estados Unidos?, En la medida que nosotros tengamos palabras que nos reorienten, serían también un insumo para las academias policiales.

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Uno de los problemas en la Argentina y aparentemente tiende a ser en América Latina es la posibilidad de que las organizaciones criminales vayan transformando a América Latina en Estados narco-democráticos o en Estados criminales. Por ejemplo el caso de México es un caso testigo, o el caso de Guatemala con el asesinato que ocurrió por la denuncia de un abogado, o el fenómeno que dice Jaguaribe que el problema en Brasil es que los presos son ricos y los penitenciarios son pobres.

El tema de la seguridad exige que si no hay una real readecuación de los planes de estudio de las escuelas de cadetes en función de las nuevas lógicas estratégicas actuales, se produce un desgobierno político de la seguridad porque la dirigencia política, y en esto nos incluimos todos, no sabe nada de seguridad y hay un auto gobierno policial en el cual se deposita la dirigencia policial, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y en ese caso existe un divorcio con la comunidad.

Más que nunca es necesario estudiar en conjunto nuestras fuerzas de seguridad, pero al mismo tiempo nuestras fuerzas militares, en un diccionario en el cual nos lleve a un mapa estratégico común, a decisiones estratégicas comunes y a un mapa criminal estratégico común. No hay un mapeo de inteligencia criminal en América del Sur, hay avances positivos que han llegado a ocurrir como hacer una corte suprema de justicia de MERCOSUR, posiblemente, etc.

Esto era un poco lo que nosotros quisimos realizar, pero al mismo tiempo -y con esto termino- un diccionario vinculado al mundo, es decir, qué pasa en Asia, qué pasa en África, qué pasa en Europa, qué pasa en el ámbito de la seguridad privada, qué pasa en el campo específico del narcotráfico en sus diferentes vertientes, cuál era el espacio otorgado al tema de la seguridad en el campo de las relaciones internacionales y de las ciencias sociales, como para abordar sin miedo desde

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las ciencias sociales estas temáticas que no podemos dejar en mano de sólo un inspector, ya que existe una aversión ideológica de no incluir estos temas, porque supuestamente son ámbito de estudio de temáticas represivas, y por lo tanto, estamos regalando la geopolítica y el estudio de la seguridad internacional y de la seguridad pública solamente al poder duro, en este caso a la policía en sí, cuando en realidad el tema de la seguridad va mucho más allá de la policía.

Cuando estamos hablando de seguridad ciudadana o de seguridad comunitaria o cuando estamos hablando de seguridad nacional estamos hablando del viejo concepto de defensa nacional, de la nación en armas.

Así que bueno, muchísimas gracias. Espero que disfruten del diccionario aquellos que lo quieran tener y agradezco de nuevo a los que me antecedieron en la palabra, a los que nos acompañan hoy y a los colaboradores.

Muchas gracias.

Nota La presentación fue desgrabada, resumida y editada por densidades, sin la supervisión o corrección de los expositores.

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culturas Intraculturalidad e Interculturalidad Antonio Peredo Leigue El tema que nos ha traído aquí era un asunto que yo suponía iba a concertar la presencia de un auditorio muy heterogéneo y me asombra, me sorprende muchísimo tener un auditorio tan seleccionado que me permite llegar a países alejados, a través de sus representantes en la Argentina. Así que no solamente les saludo, sino les agradezco especialmente su presencia en esta sala hoy día.

Interculturalidad, un tema que parece ser en este momento algo así como la intención de los pueblos de lograr entrelazar sus diferentes culturas. Creo que hay un sostenido intento, una capacidad de los pueblos que estaba oculta, estaba guardada, estaba a la expectativa de integrar realmente nuestra América Latina, y esto no es posible, es decir, la interculturalidad nos es posible si no hablamos al mismo tiempo, y como base de eso, de la intraculturalidad, ¿Qué significa fundamentalmente esto? Reasumir la personalidad de cada uno de nuestros pueblos. ¿De cuáles pueblos? Hablamos mucho de los pueblos originarios, pero lo cierto, lo real, es que vivimos en una sociedad que tiene que integrar a quienes llegaron primero a nuestro continente hace veinte, veinticinco mil años, y quienes fueron llegando posteriormente en sucesivas etapas, incluyendo el siglo XX. Si no lo hacemos así, no habremos avanzado mucho.

Y en Bolivia, especialmente como lo señalaba

el Embajador Ojea Quintana, es de primera importancia establecer esto, porque se ha intentado de muchos modos lograr que Bolivia sea una entidad homogénea y nunca ha podido serlo por la simple razón de que Bolivia no es una nación integrada por una sola cultura.

Estimo que no deben haber muchos países, salvo quizás Mónaco, que tengan una sola cultura. Nuestros países en América Latina son el producto de la incorporación de varios elementos culturales, pero en Bolivia ha ocurrido que durante ciento ochenta años una cultura de tipo europeo moderno, una cultura que proviene fundamentalmente de la revolución francesa, se impuso a las culturas más antiguas, a las culturas originarias, para decirlo con simplicidad, de una manera impositiva, de una manera autoritaria, sin que esto hubiese logrado que esas culturas excluidas o impuestas a vivir de otra manera hubieran dejado sus costumbres, sus formas de vida, sus usos. Es un hecho evidente que gran parte del desarrollo de la sociedad boliviana precisamente está en los usos y costumbres que hacen ver una falsedad en la exposición de las informaciones sobre nuestro país.

Bolivia es un país pobre. A nosotros en la escuela nos enseñaban que Bolivia era un pordiosero sentado en una gran bola de oro.

Muy triste la figura que se estaba planteando,

Conferencia efectuada por el Senador de la República Plurinacional de Bolivia, por el Departamento de la Paz, en el marco de la jornada dedicada a Bolivia en el Foro Latinoamericano por la Identidad y la Integración, celebrado en la sede de la Cancillería Argentina, Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.

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que se planteaba, pero lo cierto es que la creíamos nosotros. Cuando en enero de 2006, el presidente Evo Morales asume el gobierno, sabiendo cuánta corr upción, cuánto negociado se había producido durante la etapa del neoliberalismo -que se desarrolló de 1985 a ese año precisamente, enero de 2006-; suponíamos que eran necesarios unos tres años para lograr nivelar nuestra economía.

Con las medidas que tomó el compañero Evo Morales esto se logró en un año. No es un prodigio, no es la obra de un estadista extraordinario, Evo Morales es un hombre común y corriente, representante de los pueblos originarios, con una capacidad intuitiva de ver el futuro político del país, pero que no podía o no puede hacer milagros. Y lo que ha ocurrido es que nos hemos dado cuenta que la realidad boliviana permitía lograr objetivos que durante ciento ochenta años los grupos de poder nos dijeron que eran imposibles de lograr.

De manera que esto nos está diciendo a nosotros que es necesario recuperar nuestra cultura, es decir, buscar lo que yo calificaría como la intraculturalidad. Lograr que esos pueblos que fueron constantemente agredidos en sus formas de ser, criticados porque no sabían pronunciar correctamente, para decir por ejemplo el castellano, porque eran incapaces de seguir las leyes que estaban establecidas en la Constitución, comiencen a reconocer que no hacían ni una ni otra cosa porque sus formas de actuar, sus formas de ser, su propia conciencia era diferente a eso, y no solamente diferentes sino con capacidades, con virtudes que eran necesarias recuperar en beneficio del conjunto del país.

Hay costumbres en Bolivia que logran por ejemplo que una buena parte de las rencillas, de los problemas que se presentan dentro de la población se solucionen fuera de los estrados judiciales. Se acude a los estados judiciales cuando no hay otra alternativa. Pero en la generalidad de los casos, el pueblo resuelve de otra forma. En la comunidad campesina, el

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idioma nativo, el hallu, no es solamente una forma que se ha anquilosado en el campo, es una forma que ha comenzado hace muchísimo tiempo a tener su réplica en las organizaciones sociales de tipo urbano.

En Bolivia, en las zonas periféricas de las grandes ciudades, existe lo que conocemos allá como “junta de vecinos”. Yo estimaba que las “juntas de vecinos” habían comenzado a organizarse en los años cuarenta. Hace un mes más o menos recibí una invitación para celebrar el 93º aniversario de juntas vecinales de la ciudad de La Paz, o sea que para entonces las juntas de vecinos ya tienen unos 100 años. ¿Qué es una junta de vecinos? Es una representación de un barrio, cuyos dirigentes conocen que van a ser dirigentes con anticipación, que se preparan para ser dirigentes, porque no van a recibir estipendio alguno y tienen que gastar porque van a dedicar todo su tiempo al mejoramiento de todos los problemas del barrio, y que al término de su mandato de un año van a tener que rendir cuentas ante un barrio que no les ha dado absolutamente nada pero que les ha dado responsabilidad y sobre todo confianza, y esas son virtudes que han salido de la comunidad agraria. Del aihu o los sindicatos en los que el dirigente, como en cualquier sindicato en cualquier parte del mundo, negocia, actúa de una forma responsable como dirigente, pero no tiene la capacidad, no le han dado la capacidad de tomar una decisión; cuando llega a un punto que se ha establecido un acuerdo con el patrón o con el gobierno, él pide un cuarto intermedio, convocará a la asamblea de su sindicato y será la asamblea la que decidirá si esto es o no aceptable para llevar adelante un acuerdo. ¿Qué quiero decirles con esto? Que en nuestro país, en Bolivia, la concepción comunitaria de la vida es algo permanente que no solo está presente en los pueblos originarios sino en el conjunto de la sociedad y que curiosamente no solo que estaba ausente, sino que estaba rechazada por las leyes. La

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culturas

necesidad de una asamblea constituyente que modificara sustancialmente no los términos, sino la concepción básica de la Constitución política del Estado, no surgió de una corriente política de un grupo de intelectuales. Fue en el año 1991 que una marcha indígena de los pueblos minoritarios de las tierras llanas de Bolivia hizo una marcha forzada que cruzó todo el país trayendo hasta la ciudad de La Paz una demanda importante: Asamblea Constituyente. La reclamación de una nueva Constitución surgió de los sectores más marginados de la población boliviana.

Ahora estamos en una etapa en la que estamos buscando la integración de estos sectores, integración que no es fácil porque indudablemente habrá -no solamente con los gr upos de poder que han quedado desplazados, sino incluso entre las organizaciones básicas de la sociedadconfrontaciones, enfrentamientos de intereses. Hace pocos días se ha producido un enfrentamiento sangriento entre una población indígena originaria que vive en un parque, el Parque Nacional Isiboro Secure, contra un grupo de campesinos que ilegalmente ingresaron a ese parque y comenzaron a sembrar coca. Ha habido un muerto y hay tres heridos. Ciertamente el cultivo de la coca es un cultivo generoso, mucho más generoso que cualquier otro cultivo, pero no es posible, y aun cuando este gobierno ha sido muchas veces acusado de ser propiciador de un aumento del cultivo de coca, pero más que del cultivo de coca, de la fabricación de cocaína. Hay con este gobierno una verdadera lucha contra el tráfico de las drogas.

Quiero decir que el reconocimiento de los usos y costumbres de cada uno de nuestros pueblos, treinta y seis etnias -de las cuales dos son ampliamente mayoritarias, la quechua y la aymara- que tienen formas de ser, formas de vivir, lenguaje propio, que durante, no solamente ciento ochenta años, sino que durante los tiempos de la colonia, fueron

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rechazados, fueron vilipendiados y que estuvieron permanentemente ocultos, han ocurrido en Bolivia por estas razones. Una serie de hechos históricos de primerísima importancia, habría que recordar nada más, la Revolución Nacional de 1952, en la que se acabó con el sistema feudal que subsistía en la mayor parte de la agricultura, sobre todo en la parte occidental del país. Se hacía agricultura con, así se llamaba, los colonos, es decir, los campesinos que eran “contratados”, entre comillas, que les entregaban una pequeña parcela para su uso personal a cambio del trabajo en los cultivos del patrón y el trabajo de servidumbre de los hijos y las hijas de este comunario, de este colono en la casa del patrón. Esto subsistió en Bolivia hasta el año 1952. Sin embargo, se dio un salto importante con la participación de ese hombre, de esa mujer, más allá de sus precariedades en la vida política del país. Lógicamente se sufrió deformaciones, se sufrió obstáculos que llevaron a retroceder, y curiosamente, paradójicamente, los mismos líderes que llevaron adelante la Revolución de 1952 estuvieron encargados en 1985 de iniciar uno de los procesos más retrógrados en la historia de Bolivia, que conocemos nosotros como la etapa neoliberal.

El año 2006 hemos comenzado con un proceso de intraculturalidad, no con el objeto de que cada uno de nuestros pueblos tenga su identidad y la profundice y se convierta en un sector aislado de la sociedad, esa intrainterculturalidad es condición básica para lograr la interculturalidad. ¿Con qué objetivo?

Hacer una nación grande. Sería absolutamente insuficiente que el desarrollo de nuestro país, la integridad de nuestro país, la soberanía de nuestro país. Tienen una condición mayor la integración de los pueblos latinoamericanos.

Para nosotros UNASUR no es uno más de los intentos que se han hecho a través del siglo XX de integrar, de lograr la unidad de los pueblos y de los países latinoamericanos, para nosotros UNASUR es un desafío histórico que fracasado no va a volver a repetirse en los

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próximos treinta o cuarenta años. Para nosotros UNASUR significa la posibilidad, la voluntad de lograr nuestro desarrollo en el corto plazo, porque en el corto plazo, somos uno de los países más atrasados de América latina.

Un gobernante boliviano a la chanza fue capaz de decir: “yo debo estar agradecido a Haití porque eso nos permite no ser los más pobres de América Latina”. Una ironía bastante cruel para con un pueblo que está sufriendo mucho precisamente la explotación internacional de lo que fue una de las naciones más prometedoras de América latina. Pero Bolivia ha mostrado en estos pocos años que tiene la capacidad de ir de la intraculturalidad a la interculturalidad y esto se demuestra a través de esa participación muy activa en la vida política del país. En este periodo pocos países de América latina han tenido la obligación o el desafío de participar en siete consultas nacionales durante poco más de tres años, pero no se trata de participar solamente quienes quisieron, la participación en todos los casos ha estado por encima del ochenta por ciento de la población inscrita en el padrón electoral. Para nosotros que votara o que participara en una consulta el sesenta por ciento de la población sería un fracaso y sabemos que en América latina hay países donde se elijen presidentes con la participación de un electorado que no alcanza al cuarenta por ciento del padrón electoral, pero esto está demostrando que en Bolivia hemos logrado una participación excelentemente masiva de la población. Y esto ha sido posible porque estamos viviendo en una atmósfera en la que muchos pueblos latinoamericanos, cada uno con su propia visión, cada uno al paso que le corresponde está yendo hacía el mismo objetivo: la integridad, la integración, por lo menos de la zona, por lo menos de la región para ampliarla posterior mente. Pasos que en otros continentes han tenido que darse durante muchísimos años, en nuestro continente se están dando aceleradamente en menos de una

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década, y si no lo hacemos así vamos a tener nuevamente la seguridad de que continuaremos siendo países que tan simpáticamente somos calificados como subdesarrollados o como en vías de desarrollo, cuando la realidad es que somos países empobrecidos para mantener el enriquecimiento de los países que se benefician con la explotación de nuestras riquezas.

Termino, planteando, en síntesis, la intraculturalidad es la base de la interculturalidad que es una de las formas de encontrar la integración de esta gran región, de este continente, que era uno solo cuando llegaron los conquistadores. Tenemos que vencer muchas dificultades ciertamente, hay dificultades prácticas que las vamos venciendo una a otra, pero hay otro tipo de dificultades que pueden ser explosivas, y estas dificultades se basan en lo que en términos generales podemos clasificar como la intolerancia. Hay intolerancia dentro de nuestros países y entre nuestros países. Para los bolivianos son enemigos los vecinos, los países vecinos; para los peruanos son enemigos los países vecinos, y esa intolerancia todavía no ha sido superada.

Tenemos que aprender a superarla, y creemos que esencialmente esto se está produciendo a través de un dialogo que va acercándonos, no en el sentido de las declaraciones, sino en el sentido del desarrollo práctico. Argentina y Bolivia han dado ejemplos muy importantes, pasos decisivos en ese sentido, pero no solamente son dos países los que pueden hacer el desarrollo de esta lucha contra la intolerancia, tienen que hacerlo todos los países de la región y la interculturalidad entonces, y solo entonces, será una realidad en América Latina, muchas gracias.

Nota La exposición fue desgrabada y editada por densidades, sin la supervisión o corrección del expositor.

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debates Guaraní, MERCOSUR Ñeé Teete Guaraní Idioma Oficial del MERCOSUR Biblioteca Nacional Argentina, Buenos Aires, 19 de octubre de 2009

Horacio González (Director de la Biblioteca Nacional Argentina): Me parece de gran importancia seguir promoviendo los intereses idiomáticos de los pueblos originarios, y eso bajo las condiciones de la construcción y reconstrucción de la d e m o c r a c i a e n nu e s t r o s p u e b l o s sudamericanos. La importancia del guaraní la sabemos y no la sabemos, de algún modo lo hablamos sin conocerlo -los que no lo conocemos-, pero todos decimos las palabras que son palabras profundas del idioma guaraní y que al mismo tiempo designan a las naciones modernas, Paraguay, Uruguay, el nombre de nuestro ríos, los animales. Quienes leímos en nuestra adolescencia aquel gran libro sobre el delta del Paraná, de Marcos Sastre, El Tempe Argentino, recordamos la gran presencia que ahí tiene el mamboretá. Cuando leíamos esos libros no imaginábamos el guaraní, porque somos producto de la escuela laica argentina, que es hija también del idioma castellano, a veces impuesto a través de fórmulas que arrastraban convicciones, quizás sin desearlo o sin proponérselo, que aparecían constituidas a través de formas imperativas, de educación, de pedagogías.

Un idioma deber ser libre, deben ser libres sus hablantes y cuando un idioma presume que se sitúa en un lugar de la universalidad y trata de ejercerse a través de normas de superioridad, ese idioma pierde la libertad y la pierden también sus hablantes.

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De modo que la reconquista del guaraní como idioma oficial, como idioma que conecte el mundo con sus hablantes, es un síntoma de liberación para sus hablantes que no en todos los momentos de la historia gozaron de esa libertad para hablar y se constituyeron muchas veces en secreto en depositarios de un tesoro. Al liberarse un idioma, libera a todos los demás idiomas.

La historia de la humanidad está hecha, que no es una historia necesariamente afortunada, por países que conquistan países, culturas que conquistan culturas, idiomas que conquistan idiomas. Esa situación es una situación muy profunda que todos la conocemos, los hablantes de determinados idiomas, muchas veces no tenemos conciencia de que lo hablamos también sobre el sacrificio de muchos otros idiomas que se han producido en virtud de la supuesta superioridad de un habla, de un idioma, de una gramática, de una ortografía.

Incluso dentro de los mismos idiomas hay luchas en relación a cómo utilizarlo, qué palabras son las más convenientes, de qué modo hay que hablar, y en la era de los medios de comunicación desde la globalización, aparecen nuevamente, los problemas vinculados a la incomodidad que se produce cuando se construyen idiomas universales artificiales. Puede haber un idioma universal, puede imaginarse una humanidad que quiera formas libres de comunicación que atañan o represente los intereses de todos los pueblos, puede haber

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Guaraní, MERCOSUR Ñeé Teete

idiomas regionales que sin ser artificiales surjan del convenio de las naciones. Lo que no puede haber es idiomas que son tesoros de la humanidad, idiomas milenarios con los que se ha nombrado la naturaleza, se han nombrado las relaciones amorosas, se han nombrado las formas políticas, idiomas que en sí mismos cargan la responsabilidad de toda una cultura, que no tengan el goce de la libertad por parte de sus hablantes y que ellos mismos sean considerados idiomas subordinados. Como eso ha pasado y hubo desafortunadamente en la historia del español en América la carga de una dominación, que tuvo sus matices a lo largo de la historia, esta historia es bien conocida, y todos la sabemos.

Es necesario entonces, llamar nuevamente al reconocimiento de un modo en que los que hablamos el castellano no nos damos cuenta de que también hablamos el guaraní.

Simplemente al estudiar nuestras lecciones en la escuela primaria sobre los ríos y sobre los insectos estábamos hablando guaraní sin saberlo y sin saberlo estábamos homenajeando a uno de los pueblos fundamentales de la historia americana que recorre desde el Río de la Plata hasta el Caribe, como es el caso de la cultura Tupí Guaraní. De modo que digo estas breves p a l a b r a s d e r e c o n o c i m i e n t o, d e señalamiento de la importancia que tienen reuniones como esta, que son el largo camino que atraviesan nuestros pueblos para reconocerse en identidades que siempre están en movimiento. El Guaraní es legado de la historia. Tiene que ser también el idioma de la política, de la diplomacia, de la naturaleza, de la poética, de la ciencia, y eso es posible porque no hay ninguna imposibilidad, salvo los intentos de hegemonía que se producen en los momentos más indeseables de la historia de la humanidad que suponen que hay idiomas que no tendrían derecho a la profundidad de

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la filosofía o a la metafísica. Un idioma que le ha dado los nombres que seguimos usando cotidianamente y que entrañan también costumbres entrañables tiene los mismos derechos que los idiomas que hasta el momento aparecían como siendo los más importantes, simplemente porque los r e s p a l d a b a n e j é r c i t o s, a r m a d a s y tecnocracias, pero que un idioma haya podido subsistir sin esos respaldos, es verdad que lo respaldaba algo aún mucho más fuertes que los ejércitos, que es la memoria del pueblo. De modo que festejo que en la Biblioteca Nacional, a la que le compete tratar estos temas por ser la Biblioteca Nacional, se haga esta reunión que cuenta absolutamente con el respaldo de esta institución, muchas gracias.

Eduardo Leonel Galantini (Intendente electo de la Ciudad de Monte Caseros, Provincia de Corrientes, Diputado Nacional por la Provincia de Corrientes del Congreso Nacional Argentino): Voy a comenzar contando cómo nació esta idea de juntarnos acá en la Biblioteca Nacional, de hacer esta Jornada por la lengua guaraní como lengua oficial del MERCOSUR. El año pasado vinimos a buscar un material al archivo de la Biblioteca Nacional y pasamos a saludar a Horacio González. Le contamos nuestro proyecto, nuestra idea de generar condiciones para un bicentenario plurilingüístico. Confesamos en ese momento que para nosotros el plurilingüísmo obliga a una acción política concreta de reparación para la lengua de los más humildes, de los mestizos, de los pueblos originarios en nuestra región.

Horacio nos escuchó y nos obsequió un libro de Marcos Sastre, El tempe argentino, que tiene innumerables referencias a la toponimia, la fauna y la flora del Tigre. En los capítulos de El Tempe Argentino se lee, por ejemplo: “el mante de los naturalistas y densidades nº 4 - diciembre 2009

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mamboretá de los guaraníes”, “El mburucuyá de los guaraníes”, “El irupé de los guaraníes” y así siguen las innumerables referencias cuando habla del chajá, del biguá, del caburé, del macá, del yaguareté. Este libro, importante como texto escolar durante varias décadas, fue rescatado por la Biblioteca Nacional, que lo editó en una hermosa colección llamada Los Raros. Y acá nos encontramos con dos sucesos: el primer suceso es la inevitable analogía entre un Director de la Biblioteca Nacional que me obsequia un libro raro, y un legislador nacional que le habla de un proyecto raro, que la lengua guaraní sea oficializada en los documentos del MERCOSUR. Esa analogía, nos complicó, nos hizo cómplices y esa complicidad nos permite hoy estar aquí con la presencia de correntinos, paraguayos y otros defensores de la diversidad lingüística y cultural.

El otro suceso es más potente aún. Ese gesto de Horacio consistió en obsequiarnos un libro que es la prueba de que el camino de la celebración del Bicentenario estaba en el tesoro que el pueblo más celosamente resguardó: su lengua materna, y que ese tesoro es muy evidente para Marcos Sastre cuando dice: el irupé de los guaraníes, el mburucuyá de los guaraníes. Y así como le resultaba evidente ese tesoro a Marcos Sastre en 1850, en 1860, el tesoro de la lengua guaraní nos resulta evidente aquí y ahora. Nos resulta evidente su expansión y vitalidad, su uso cotidiano aquí y ahora. Aquí en Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Y ahora, a poco de la celebración del Bicentenario de la Patria.

En esa lógica pensamos: si la lengua indígena, la lengua de allá ité, se habla “donde atiende Dios” -se habla en la metrópolis argentina-, entonces puede ser escuchada por políticos, intelectuales, empresarios, artistas, obreros que hablan guaraní y trabajadores que no hablan

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guaraní. Por lo tanto puede ser objeto de una seria acción política con respecto a su estatus jurídico, más allá de los poblados antecedentes en materia internacional y el auge de los derechos “de tercera generación”, como se denominan a los derechos culturales.

A partir de estos dos sucesos, anecdóticos si se quiere, podemos tomar nota de que la lengua guaraní fue lengua de resistencia y también lengua de ofensiva. Lengua de resistencia resguardada en la toponimia popular, en el uso cotidiano de las familias, en el uso de la medicina tradicional, de la gastronomía regional, del folclore del área MERCOSUR, lengua de resistencia de los pueblos testimonios originarios del área MERCOSUR: mbyá, chiriguanos chanes, avá guaraní, tupinambá y muchas otras naciones originarias. Lengua de resistencia en la mitología y en las sacralidades sincréticas que abundan en nuestra tierra.

Lengua que sobrevivió tanto a la prohibición legal de su uso a mediados del siglo XIX, el proceso “civilizatorio” de la generación de los ochenta, la ola normalista de la educación del siglo XX que condenó al fracaso escolar a los alumnos guaranihablantes de las zonas rurales, y el auge del posmodernismo que solo concibió la mirada plurilingüística como un dato exótico y vacío.

Por suerte estamos en América, y las instituciones y las políticas se replantean en la medida que avanzan los proyectos populares con matices y con diferencias.

Nos encontramos entonces en un momento diferente en lo que podemos decir es una etapa de ofensiva, de experiencias de gobiernos con proyectos populares y de presencia de frentes u organizaciones con demandas muy concretas, preservadas, guardadas, en la etapa de resistencia. Uno de esos frentes es el de las naciones indígenas en Latinoamérica que impulsaron las experiencias de plurilinguismo e

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interculturalidad en Bolivia, Ecuador, sur de México, e incipientemente por lo que nos estamos enterando en la hermana República del Paraguay. ¿Y qué clase de oportunidad es esta? Para nosotros, los mestizos, que también podemos considerarnos el resultado de una historia y de una presencia de resistencia, es la oportunidad para establecer nuestras demandas culturales inmemoriales, para defender los derechos culturales de nuestra región, para reivindicar la cultura de ese peón tardío que es el mencho correntino y jerarquizarla para reivindicar nuestro hablar en guaraní. No es la primera vez que se vive una etapa así. Uno de los antecedentes históricos sin dudas más interesantes es la celebración del primer año de la Revolución de Mayo, que hizo Juan Jose Castelli en el lugar sagrado del pueblo aymara, en el Tiahuanaco, declarando que “los indios son y deben ser reputados con igual opción que los demás habitantes nacionales a todos los cargos, empleos, destinos, honores y distinciones por la igualdad de derechos de ciudadano”. Este discurso se plasmó en lo que conocemos como la Proclama de Tiahuanaco y que fue traducida al quechua, al aymará y al guaraní.

Este es uno de los antecedentes más importantes para nosotros porque la reivindicación más clara de esa igualdad de derechos ciudadanos de la que habló el revolucionario Castelli hace doscientos años, es la del derecho lingüístico. Y con saltos en el tiempo, encontramos en los albores de esta nueva etapa de ofensiva dos antecedentes que nos parecen pilares de este proyecto como son las oficializaciones del guaraní tanto en la República del Paraguay en su Convención Nacional Constituyente de 1992, como en la Provincia de Corrientes en el 2005, la Ley 5.598 donde se declara al guaraní como idioma oficial alternativo.

Estos antecedentes, estos actos de voluntad de política, a su vez tienen reflejo en un espacio de vital importancia, que para

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nosotros fue un poco como encontrar el sujeto colectivo, que expresa la vanguardia de este proyecto. Me refiero al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, organización regional de defensa de los derechos de la comunidad guaraní hablante. Esta organización nacida en Paraguay tiene delegaciones o representaciones en muchos lugares de la Argentina, varios en Corrientes e incluso una delegación regional aquí en la Ciudad de Buenos Aires, cuyo Director es el Licenciado Ignacio Báez. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní es como les decía el espacio colectivo que nos inspiró y nos animó a sumarnos a esta ofensiva. Haciendo caso omiso a las fronteras de los estados nacionales, expandiéndose por el territorio de la lengua guaraní, el Ateneo de Lengua y Cultura motoriza, promueve, lucha por la oficialización de la lengua en el MERCOSUR desde 1996 y lejos de ver una dilación en sus demandas consecuentes en el tiempo, todas las acciones y actividades del Ateneo no hacen más que llenarnos de entusiasmo y convencimiento de que seguimos en el camino correcto.

En esta etapa de ofensiva podemos decir que el objetivo político es lograr una documentación de la región, en manos de cada ciudadano de la región en las tres lenguas en que los habitantes del MERCOSUR hablamos: el castellano, el portugués y el guaraní. Y acá nos estamos encontrando con una cuestión que no podemos pasar por alto y que también involucra lo que conocemos como voluntad política. Refiriéndonos concretamente a la voluntad política en esta etapa, el principal obstáculo no es sin embargo la promoción de derechos de esta lengua vital y en expansión, sino que debemos hablar de las dificultades con la que nos encontramos en este proceso para aplicar una lengua de un gran Tekoha, de una Nación sin Estado, a un protocolo terminológico institucional de densidades nº 4 - diciembre 2009

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asociación entre Estados como es lo que precisa el MERCOSUR. El guaraní debe ser lengua de trabajo en el MERCOSUR, y se precisa una institución rectora regional. Una convención para los términos jurídicos, políticos, legales y comerciales que el Mercado Común exige. Si dejamos volar la imaginación, yo imagino como una de nuestras metas que en el mediano plazo el pasaporte de todos nosotros esté también en lengua guaraní.

Esta dificultad también estamos dispuestos a afrontar basándonos en dos experiencias.

La primer experiencia que quiero comentarles es la de la Convención Constituyente de la Provincia de Corrientes.

En el año 2007 tuve el honor de ser Convencional Constituyente para la reforma de nuestra Constitución Provincial. Propuse a mis pares que el texto de nuestra Carta Magna se tradujera al guaraní. Para ellos se convocó a dos prestigiosos eruditos correntinos, Silvio Liuzzi y Gavino Casco, que establecieron una mínima convención para hacer accesible el texto constitucional en lengua materna. La mínima convención propuesta por estos eruditos se basó en préstamos lingüísticos y en la guaranización de algunos términos. Como bilingües estos eruditos han pensado en guaraní, utilizando las formas guaranizadas de la gramática de tradición oral. Por ejemplo “Reforma de la Constitución” en este texto figura como “Constitución Reforma” tal y como han sido construidos muchos nombres de lugares en la gramática guaranizada: Cambá Punta, Ramada Paso, San Roque Pueblo.

Luizzi y Casco también se han permitido desechar algunos vocablos arcaicos, en desuso, como angaipá, que significa “pecado” y que en Corrientes tiene connotación moral, lo que impide que sea utilizado como el equivalente “delito”. Mas allá de las rigurosidades técnicas, encontramos en este antecedente una clara densidades nº 4 - diciembre 2009

manifestación de voluntad política, la voluntad de que el pueblo hablante de guaraní pueda acceder al texto de la Constitución que rige sus vidas. Y hoy por hoy, no sólo Corrientes sino el país cuenta con una Constitución Provincial en lengua guarani.

El otro antecedente que sí nos parece importante es el Seminario Internacional de terminología para las lenguas del MERCOSUR, que se realizó en Paraguay, orientado a f o r m a r l éxi co s esp eci a l i z a d o s d e terminología del Mercado Común y generando antecedentes para una cátedra permanente de terminología.

Estos dos acontecimientos auspiciosos en términos de hacer posible la lengua de trabajo, insisto, nos dan esperanzas y nos señalan una vez más que estamos en el camino correcto. Y si pensamos en la lógica de nuestra lengua materna, no sería correcto tal vez utilizar el término “ofensiva”. Tal vez lo más adecuado sería “celebración”. La celebración del lenguaje es la celebración del camino recorrido por una lengua compleja y ágrafa hasta su reconocimiento como lengua de tratados y de trabajo en el Mercado Común del Sur. Nos resta sumar voluntades, sensibilizar al respecto. Nos interesa que esta cuestión resulte visible para el Poder Ejecutivo, no solamente para los parlamentarios. Nos interesa que para este tema no haya problemas de agenda para su tratamiento.

Por eso Horacio, nos interesa también resemantizar el peronismo con estas preocupaciones, siguiendo tal vez algún rastro de las inquietudes de Perón con la toponimia araucana, nos interesa que los intelectuales de Carta Abierta tomen o profundicen este tema. Nos interesa, estimados amigos representantes de países latinoamericanos y del MERCOSUR, impulsar los espacios para allanar el camino

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y que no falte mucho para que nuestros presidentes puedan establecer verdaderas políticas regionales plurilingüísticas. Nos interesa amigos que se sumen con entusiasmo a esta propuesta, y lo visibilicen ya sea como antecedentes o con una adhesión explícita a la oficialización de la misma. Así como lo han hecho los parlamentarios del MERCOSUR en su Recomendación del 28 de abril del 2009, que fue votada en forma unánime por los legisladores argentinos, ur uguayos, paraguayos y brasileños. Nos interesa que celebremos el lenguaje, desarrollando acciones que impulsen su reconocimiento y promoviendo el uso público de la lengua madre. Somos concientes que nuestro aporte es pequeño y que ese pequeño aporte nos da la oportunidad de hablarles a ustedes.

Para finalizar les quiero presentar un pequeño aporte en este sentido. Se trata de una propuesta que hemos trabajado con mi equipo y que creemos que puede sumar voluntades y generar espacios de ejercicio pleno de los derechos lingüísticos. He presentado el Proyecto de Ley Programa de asociativismo y cooperación para la lengua guaraní, que consta en el Expediente 5.008 de este año en la Cámara de Diputados de la Nación, con el acompañamiento de legisladores misioneros y correntinos y de la Comisión de Asuntos Municipales que presido. Se trata de un proyecto basado en la posibilidad de que cada municipio genere sus propias políticas lingüísticas, atendiendo a la realidad de los trabajadores de habla guaraní que viven en Corrientes, en Formosa, en Misiones, en el conurbano bonaerense, en el cordón industrial de Rosario, Chaco, en la selva salteña, todas esas realidades económicas, sociales y culturales diferentes a las que hay que atender con estrategias diversas para lograr el ejercicio pleno de los derechos culturales, los derechos de la comunidad hablante guaraní.

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Hemos pensado con mi equipo una confluencia entre posibilidades de cooperación municipal y derechos lingüísticos. Hemos propuesto un programa de cooperación municipal para la lengua guaraní, que los municipios cercanos o quienes tengas realidades análogas puedan cooperar para financiar o intercambiar bienes y servicios con el objetivo de revitalizar la lengua guaraní. Y me parece que es un buen camino para discutir que se puede hacer en cada lugar, financiar políticas cercanas al que habla, a la familia que aún resguarda esa lengua. Estas políticas pueden abarcar una amplia gama de iniciativas, desde impulsar la toponimia guaraní original de algunos lugares o financiar un pequeño centro de lengua y cultura guaraní para un barrio. Todas iniciativas que pueden ser coordinadas por la Secretaria de Cultura de la Nación que consideramos el organismo más pertinente y competente para llevar adelante esta propuesta. A todo esto nos impulsa el guaraní, nuestra lengua materna, y que como toda madre es bastante insistente en su mandato. En esta madre encontramos la historia de nuestra creación, la verdad de nuestra presencia en el mundo. El relato mítico de nuestra creación es el siguiente: “En la noche originaria, antes que la tierra existiera, Ñamandú Rú Eté, el padre verdadero, desplegó ya en la soledad el fundamento de la palabra futura. En la cosmogonía pai tavyterä se dice que en un principio solo existía una sustancia impalpable llamada Jasuka, que es como una llovizna cargada de electricidad. De esa materia primigenia surgió una voz que cantaba, y que se fue desarrollando de a poco, hasta convertirse en un cuerpo, que tomó formalmente la forma de un hombre. Este se perfeccionó luego mediante su propia voz, iluminando tal sustancia neblinosa. De dicho relato se desprende que el hombre se acerca a sí mismo mediante la palabra, y al aclarar el entorno hace que aparezca la tierra bajo sus pies. La palabra, entonces, nace ya como un canto puro, no emitido por densidades nº 4 - diciembre 2009

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nadie, que genera la vida.”

Para finalizar quiero pedir también un fuerte aplauso en reconocimiento al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, cuyo representante en Buenos Aires es el Licenciado Ignacio Báez. Muchas gracias Ignacio y un fuerte aplauso para nuestros amigos y para la Biblioteca Nacional que nos ha acogido en esta velada de resignificación de nuestra lengua. Muchas gracias.

Cynthia Filartiga Lacroix (Consejera Embajada de la República del Paraguay en Argentina): Quiero agradecer en nombre de la Embajada de Paraguay a los organizadores de este encuentro que se centra en un tema que es fundamental, no solamente para el Paraguay sino para nuestra región, pues trasciende en nuestra visión la identidad paraguaya, para ser un patrimonio intangible de todos nuestros pueblos, de la Argentina, del Brasil, del Uruguay, de Bolivia y del Paraguay. Esta idea que fue bien sustentada y argumentada aquí por el señor diputado.

Como bien se sabe tiene estrecha relación con nuestro pasado histórico, aquel que nos une desde antes de la historia, desde antes de la colonia, desde tiempos en los que el guaraní era la lengua común. Y aquí quería recordar que cuando me pidieron que viniera a representar a la Embajada, me puse a leer unos textos del sabio Moisés Bertoni, y en uno de sus libros el recuerda que Álvar Núñez Cabeza de Vaca citó en uno de sus escritos “esta generación de los guaraníes es una gente que se entiende por su lenguaje, todos de las otras generaciones en la provincia”. En una palabra el guaraní era el francés del Atlántico como el quichua lo era del Pacífico y asimismo reconoce que la nación guaraní era la más civilizada de cuantas se conocen en la parte oriental de nuestra América. En ese sentido para el Paraguay es fundamental cumplir con la preservación y con la defensa y el desarrollo de las lenguas originarias, es

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un eje de nuestra política exterior. Y como dijera el Canciller de mi país en el momento de presentar al Parlamento esta propuesta de oficialización de la lengua para el MERCOSUR -quiero hacer un paréntesis al decir que el actual Canciller de Paraguay, Héctor Lacognatta, fue parlamentario del MERCOSUR y fue el que hizo una de las defensas de la argumentación para esta propuesta-, entonces, él (lo cito), dijo: “el Guaraní es una lengua viva, no sólo en el Paraguay sino en un vasto territorio de nuestra región. Por tanto, considerar al mismo como idioma oficial del MERCOSUR, no debe ser un mero trámite administrativo, sino más bien un acto de justicia histórica, de equidad social y de consolidación de la diversidad cultural de la región”.

Como ya se dijo, el guaraní es el idioma oficial de la República del Paraguay desde la Constitución de 1992, y hay dos artículos que consagran la condición de país bilingüe, y así también la obligatoriedad de la enseñanza de la lengua materna en los inicios de la lecto-escritura. En materia educativa el Plan Estratégico de Educación Paraguay 2020 plantea que para ese año, toda la población entre 15 y 50 años de edad debe comunicarse fluidamente en castellano y en guaraní. Debe saber leer y escribir con expresividad en los dos idiomas y debe tener sentido de pertenencia a una cultura en un contexto multicultural. Desde el punto de vista institucional también cabe señalar que en el Paraguay existe una Comisión Nacional del Bilingüismo, que es un órgano que depende del Ministerio de Educación y Cultura, y que trabaja con el objetivo de planificar y organizar con todos los sectores y a nivel transversal las políticas de la lengua guaraní y de la enseñanza de los dos idiomas.

Además el Plan Nacional de Educación Bilingüe que es llevado por el Ministerio de Educación, son simplemente unas referencias y unos comentarios que quería hacer desde nuestro punto de vista, porque

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más allá de todas estas consideraciones, la palabra de los expertos y de los estudiosos que me han precedido, y cómo los que dedican sus jornadas a estudiar la lengua guaraní y a difundirla como el profesor Báez, esta voz se seguirá escuchando y se va a hacer cada vez más fuerte gracias a eventos como el que nos convoca.

Ante la celebración de los próximos Bicentenarios, desde el Paraguay más que nunca estamos convencidos de que la integración pasa, de cualquier concepto político o económico, por el reconocimiento de la identidad cultural y de las raíces comunes que tenemos. Por todo ello, yo les agradezco y los felicito por la realización de este encuentro y garantizo el respaldo de la Embajada de Paraguay en todo lo que esté a su alcance para eventos como este. Muchas gracias.

Milcíades Aguilar (Encargado de Asuntos Culturales de la Casa de la Provincia de Corrientes en Buenos Aires): Nosotros en Corrientes estamos haciendo lo necesario para que esa Ley que planteaba hace un rato Eduardo Galantini, empiece a dar curso y que nuestro niños empiecen a estudiar y aprender esa lengua madre nuestra que, lamentablemente por esas cosas que pasan quedó en el tiempo y solamente escuchamos a veces cuando vamos al campo. En alguno de los lugares donde se habla guaraní podemos recrear ese lenguaje tan nuestro, un lenguaje que nos da una identidad, y un lenguaje que todavía perdura en el tiempo.

Yo quiero plantear esto desde un hecho cultural pero que tiene una raíz en las Misiones, es una experiencia importante para la historia de nuestros pueblos, que le da un marco de raíces comunes. Ese generador de cultura que fueron las Misiones guaraníes luego de la expulsión de los jesuitas, dejó rasgos en una cultura viviente. Ese tipo cultural común que integró desde abajo la

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cultura de extensas regiones tenía y tiene una escala de valores que forman parte de nuestra cultura. El espacio cultural es donde la gente se reencuentra como pueblo.

Debemos promover toda la participación popular posible para que la creatividad fortifique nuestra identidad, reafirmando así nuestra soberanía cultural. Nuestros pueblos tienen identidad, que no respeta los límites geográficos, se sienten pueblo, viven así profundamente un sentido casi religioso de pertenencia, no hay que inventarles nada.

La identidad existe y existe por abajo, antes que las fronteras, hay que abrir las compuertas de la creatividad y ahí emerger más fuerte que nunca. Yo creo que todo esto que es parte del compromiso que desde Corrientes estamos asumiendo para que la cultura que nos pertenece -que es el potencial más importante que tenemos-, pueda trascender y pueda ser un modelo para que nuestros hermanos de otras regiones también lo puedan aceptar. Y el guaraní es la base fundamental de esta Provincia a la cual represento. Muchas gracias.

Ovidio Octaviano (Representante de la Fundación Augusto Roa Bastos en Argentina): Realmente, si bien es cierto que soy representante de la Fundación Augusto Roa Bastos aquí en la Argentina, subo aquí a compartir con ustedes, como un ciudadano paraguayo que la vida le dio en suerte el pasar gran parte de su vida en este querido país que es la Argentina y haberme criado en la región del litoral, en el Chaco argentino para ser más preciso y además porque la vida me dio en suerte, de muy niño poder conocer y convivir en muchas oportunidades con los grandes creadores de nuestro acerbo, de nuestro patrimonio artístico-musical, artístico-cultural de mi país el Paraguay. Y también de esta inmensa región que podemos denominarla -por usar alguna

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denominación- como guaranítico jesuítica, que toma a todo nuestro país del Paraguay yo diría hasta como epicentro-, a todo el litoral argentino, a parte del sur de Brasil, a parte del Uruguay y a parte de Bolivia. Y cuyo mensaje idiomático, cuyo mensaje que llega a través de nuestro idioma ancestral se extiende por toda América. Este patrimonio común que constituye el guaraní se ha seguido manifestando y ha seguido estando presente de una forma que prácticamente no nos damos cuenta pero que nos acompaña permanentemente, nos viene acompañando a través de la obra creada por los artistas relevantes que ha dado el Paraguay y que ha dado la Argentina, fundamentalmente desde el punto de vista de la música, de la canción para ser más preciso.

Daría toda la impresión que nuestra música de raíz folclórica, nuestra composiciones folclóricas primero y nuestras creaciones de raíz folclórica responden a un patrón melódico rítmico que nos ha venido con la conquista y nos ha venido con la negritud fundamentalmente.

Pero no hay ninguna duda que el carácter que asume esa música, el carácter que asume esa canción y que la palabra que trasmite esa canción fundamentalmente, aunque esa palabra también sea compartida por el idioma español, es fundamentalmente el idioma guaraní. Y ese idioma guaraní está en todas las letras que se escuchen en las canciones con ritmos comunes similares como son la polca, el chamamé, la guaranía, el rasguido doble el valseado, por citar algunos de los ritmos principales de esta gran región cultural.

Nosotros los paraguayos que damos un aporte muy importante a través de nuestros grandes poetas -porque el Paraguay, si bien al igual de los demás países hermanos tiene una expresión poética, una alta poesía en idioma español, y doy fe de esto en plumas como la de Josefina Plá, Campos Cervera, densidades nº 4 - diciembre 2009

Augusto Roa Bastos, Elio Romero, Manuel Ortiz Guerrero, por dar algunos nombres, Carlos Miguel Jiménez-, también el Paraguay posee una alta poesía en idioma guaraní. No sólo letras y textos de canciones. Tenemos poetas como por ejemplo Félix Fernández, Teodoro S. Mongelos y tenemos poetas populares que han combinado maravillosamente al idioma guaraní con el idioma e s p a ñ o l c o m o E m i l i a n o R iva r o l a Fernández. Y esto es lo que fundamentalmente quería significar, tenemos un legado común, tenemos un patrimonio en común, tenemos ritmos comunes y tenemos también un idioma común.

Es un halago para mi venir hoy acompañando a la Consejera de la Embajada del Paraguay. Y es un doble halago primero por la idoneidad con que ella expresa desde sus palabras y en segundo lugar por que ella simboliza hoy algo que es primordial en la preservación de nuestro idioma guaraní, fundamentalmente en el Paraguay, la presencia de la mujer. No podría haber llegado hasta nuestros días nuestro idioma, como hoy lo tenemos, con un alto porcentaje aún de nuestra población que habla solamente el idioma guaraní, no podíamos haber llegado a esta situación y a este reverdecer, y a este recobrar bríos de nuestro idioma si la mujer paraguaya no hubiera cumplido ese papel fundamental en la transmisión de nuestra lengua. Muchas Gracias.

Nota Las exposiciónes fueron desgrabadas y editadas por densidades, sin la supervisión o corrección de los expositores.

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acciones Plan Regional de Inspección del Trabajo del MERCOSUR La inspección del trabajo es una herramienta fundamental para garantizar el ejercicio de los derechos que las normas laborales reconocen a los trabajadores.

Como otras tantas instituciones, la actividad fiscalizadora laboral no fue exenta de la oleada desregulacionista y flexibilizadora que azotó la región en la década pasada.

Con diferentes matices, a la par que infinidad de reformas desarticulaban el cuerpo jurídico de protección de derechos laborales alcanzados por los trabajadores después de más de un siglo de incasables luchas, la acción de la inspección del trabajo fue tratada como un “costo” más que el capital debía enfrentar, costo que restaba competitividad a las economías de la región. Se le adjudico como objetivo casi exclusivo el de actuar cotra las condiciones de trabajo en ciertas actividades para evitar efectos de “dumping social” en el comercio internacional.

Una de las primeras consecuencias del desmoronamiento de las economías producto de las políticas desregulacionistas neoliberales en la región y la asunción de gobiernos comprometidos con devolverle al Estado un papel articulador y garante de derechos, fue la revalorización de la actividad inspectiva

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como herramienta fundamental de la política laboral.

Esta revalorización tuvo su correlato en el ámbito regional, donde finalmente se comienza a trabajar en propuestas dirigidas a dotar al proceso de integración de instrumentos regionales para la inspección del trabajo. En este sentido aparece el Plan Regional de Inspección del Trabajo del MERCOSUR (PRITM) como uno de los esfuerzos más importantes en esta dirección. El PRITM fue aprobado en Asunción del Paraguay por el Grupo Mercado Común (GMC) mediante Resolución N°22 del 2 de julio de 2009.

El PRITM fue una iniciativa de la sección gubernamental argentina del Subgrupo de Trabajo 10: “Relaciones laborales, Empleo y Seguridad Social” del MERCOSUR, que presentó un conjunto de acciones articuladas en un Plan de Trabajo dirigidas a reforzar la presencia de la inspección del trabajo en la agenda regional.

El PRITM se estructura sobre el marco normativo regional alcanzado a través de las Decisiones del Consejo del Mercado Común (CMC) N°32 “Condiciones mínimas del procedimiento de inspección” y N°33 “Requisitos mínimos de perfil del Inspector del Trabajo en el MERCOSUR”, ambas del año 2006. densidades nº 4 - diciembre 2009

Plan Regional de Inspección del Trabajo del MERCOSUR

La primera establece las condiciones mínimas que deben ser verificadas por los servicios de inspección del trabajo en los operativos fiscalizadores que realice, tanto en lo que se refiere a condiciones generales del trabajo como el registro de los trabajadores de acuerdo a la documentación laboral exigible en los organismos de la seguridad social, cumplimiento de jornada de trabajo, cumplimiento de las edades mínimas de admisión al empleo y todas aquellas condiciones referidas a la higiene y seguridad en el trabajo, provisión de elementos de protección personal para los trabajadores, controles de contaminación ambiental, de protección contra riesgos, etc.

Por su parte la Decisión del CMC N°33/06, tomando como referencia el Convenio N°81 sobre Inspección del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, establece una serie de requisitos mínimos de formación de los inspectores de trabajo al momento de ser incor porados a los sistemas de fiscalización. Asimismo, promueve el acceso igualitario de hombres y mujeres a los puestos de inspección del trabajo y el desarrollo continuo de planes de capacitación del personal inspectivo.

Teniendo como marco conceptual estas dos decisiones, trabajadas y elevadas desde el seno del SGT10, se elaboró y presentó una propuesta de Plan Regional estructurado sobre dos ejes temáticos básicos: Acción fiscalizadora y formación y capacitación del inspector del trabajo.

En materia de acción inspectiva, el PRITM tiene como objetivo recuperar las experiencias de operativos de fiscalización conjunta que se efectuaron en el pasado en

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el seno del SGT10, aunque modificando sus objetivos y refor mando su metodología. Este aspecto es muy importante. Entre los años 1997 y 2001 se efectuaron una serie de rondas de inspección conjuntas focalizadas en diferentes actividades económicas, como el sector de la construcción o el de la alimentación y la agroindustria. Estos operativos conjuntos sirvieron para conocer las distintas metodologías y logísticas utilizadas por cada servicio de inspección del trabajo en territorio, así como las distintas normas que rigen la actividad.

Durante estos operativos el servicio de inspección anfitrión mostraba a los representantes de los servicios de inspección de los otros países participantes, cómo se realizaba un operativo de rutina sobre una actividad previamente seleccionada.

Esta metodología, que tuvo su utilidad, esta agotada al no tratarse de operativos reales. En este sentido, la propuesta del PRITM es realizar operativos conjuntos coordinados y simultáneos sobre áreas de fronteras y actividades económicas preseleccionadas con presencia e importancia real a ambos lados de los límites nacionales. La idea es que pueda lograrse una coordinación entre los servicios de fiscalización participantes, nacionales y provinciales, con el objeto de realizar un operativo a ambos lado de la frontera que busque un efecto integral sobre actividades que tienen presencia significativa en los países.

Estos operativos serán encarados teniendo como objetivo la creación a mediano plazo de áreas geográficas de coordinación estratégica fiscalizadora,

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acciones

áreas donde pueda consolidarse una real coordinación y cooperación entre los servicios de inspección de los países, un área que sea el embrión de una región integrada en materia de fiscalización laboral que pueda plantearse en un futuro no muy lejano una efectiva coordinación y políticas comunes. El PRITM plantea que cada país debe identificar al menos una de estas áreas de coordinación para poder comenzar a trabajar en los objetivos del Plan.

El PRITM crea para su implementación una Comisión Operativa Coordinadora, formada por funcionarios de los servicios de inspección de cada país, con rango no inferior a Director, quienes estarán a cargo de llevar a cabo las acciones que contempla el Plan. En este sentido el PRITM pretende que se logre una sinergia entre la política nacional y local en materia de inspección, y la regional, evitando que las acciones llevadas a cabo en el marco regional sean simplemente puestas en escena, sino por el contrario, que sean parte de los objetivos estratégicos de la política fiscalizadora laboral.

El PRITM también establece una serie de dimensiones para trabajar desde la inspección del trabajo en el marco regional: la producción de estadísticas sobre acción fiscalizadora (punto en el cual se trabajó en el pasado pero cuya producción y consolidación a nivel regional fue discontinuada).

Asimismo se establece la posibilidad de la producción de documentos que sean de interés para la acción inspectiva, así como la elaboración de encuestas que puedan servir de insumos para la misma. Se plantea la posibilidad de que esta producción de documentación podrá ser

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accesible a través de la página del Observatorio del Mercado de Trabajo del MERCOSUR (OMTM).

La segunda dimensión del PRITM dedicada a la formación y capacitación del inspector del trabajo tiene como objetivo avanzar en el cumplimiento de la Decisión Nº33/06 del CMC, a través de la elaboración de un plan específico que liderará la sección gubernamental brasileña reconociendo, de este modo, los avances que a nivel formativo ha alcanzado dicho país. Poniendo especial énfasis en el intercambio de experiencias en aspectos técnicos y metodológicos de la actividad fiscalizadora sobre problemáticas específicas.

El PRITM se plantea también como objetivo en el mediano plazo, trabajar la posibilidad de crear una plataforma virtual para la capacitación y formación de los inspectores de trabajo que sea concebida como la base para la creación de un Centro Virtual de Formación y Capacitación Regional.

Los objetivos del PRITM son ambiciosos pero posibles. El Plan no sólo implica una clara declaración de principios sobre los consensos alcanzados sobre la naturaleza y objetivos de la inspección del trabajo, sino que además pretende convertirse en una política regional que de cuenta claramente de las diferencias cualitativas del proceso de integración del MERCOSUR, el único esquema regional entre los países en desarrollo que se ha planteado y ha avanzado en estas dimensiones.

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academias Maestría en Integración y Cooperación Internacional Centro de Estudios Interdisciplinarios y Centro de Estudios en Relaciones Internacional de Rosario. Universidad Nacional de Rosario (Argentina).

1. Origen La Universidad Nacional de Rosario creó la Maestria en Integración y Cooperación Internacional en el ámbito del Centro de Estudios Interdisciplinarios (CEI), y organizada por el Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR).

El CERIR aporta su apoyo académico con la colaboración de otras instituciones y pone a disposición de la Maestría su bibliotecahemeroteca, base de datos y recursos humanos.

El Plan de Estudios y el Reglamento de la carrera fueron aprobados por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario, el 22 de diciembre de 1995 (Res. 350/95).

El Ministerio de Cultura y Educación de la Nación reconoció oficialmente y otorgó validez nacional al grado académico de Magister en Integración y Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de Rosario, el 26 de agosto de 1996 (Res. 902).

En 1998 el Magister en Integración y Cooperación Internacional se presentó a la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) para su evaluación y acreditación.

La Maestría obtuvo la categorización B (Muy Buena) de la CONEAU por resolución 628 del 20 de octubre de 1999. densidades nº 4 - diciembre 2009

2. Objetivos - Formar investigadores con dominio en el abordaje interdisciplinario de la problemática de la integración y la cooperación internacional.

- Estudiar y evaluar los procesos de cooperación e integración internacional, abordándolos en sus aspectos políticos, económicos, jurídicos, socio-culturales y de relaciones internacionales, de manera interdisciplinaria, para comprender su desarrollo e impactos en nuestra región.

- Profundizar y actualizar los conocimientos sobre diversos procesos de integración regional, con especial énfasis en el desarrollo del MERCOSUR y sus implicancias para los países miembros y para el contexto regional, así como en su relación con la formación de otros bloques a nivel internacional.

- Investigar acerca de la negociación internacional, la gestión económica, el comercio internacional, los cambios que se generan en las organizaciones públicas y privadas así como los aspectos científicotecnológicos y educativos que hacen a los diversos ámbitos de la integración y la cooperación internacional.

OBJETO DE ESTUDIO El objeto de estudio de la carrera de postgrado de Maestría en Integración y

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Maestría en Integración y Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de Rosario

Cooperación Internacional abarca los diversos fenómenos y problemáticas relativas a la integración y la cooperación internacional en sus múltiples dimensiones, así como los efectos sobre las estructuras sociopolíticas y los diversos actores sociales.

3. Organización del Plan de Estudios El plan de estudios está diseñado sobre la base de un enfoque multidisciplinario, en el cual se integra el análisis teórico y empírico y se aborda la más amplia gama de procesos de integración y cooperación en ámbitos y temas diversos. En ese sentido se tienen en cuenta como referentes distintas experiencias internacionales para, desde allí, desembocar en un estudio pormenorizado y en perspectiva de la realidad latinoamericana y los procesos en marcha relativos a la integración y la cooperación internacional.

La Maestría en Integración y Cooperación Internacional tiene una duración de dos años y está estructurada en dos ciclos y cinco áreas temáticas.

El plan de estudios consta de: a) Dos ciclos: Ciclo de nivelación y ciclo de Profundización. b) Cinco áreas: que contienen once asignaturas, tres Seminarios, taller de tesis y tesis. a) El Ciclo de Nivelación tiene por objetivo complementar los conocimientos, dado el carácter interdisciplinario de esta carrera y la diversidad de formación de los graduados que pueden ser admitidos.

Este ciclo está conformado por la asignatura “Relaciones Internacionales Contemporáneas” a los fines de obtener una plataforma de conocimientos, básica y común sobre aspectos políticos, jurídicos, socio-económicos del actual sistema internacional, visualizando los diferentes fenómenos que hacen a la integración y cooperación internacional para posibilitar

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la profundización de la temática específica que constituye el núcleo de esta Maestría.

El Ciclo de Profundización brindará los conocimientos que permitan la adquisición de las herramientas conceptuales y marcos teóricos para desarrollar el análisis de la problemática de la integración y cooperación internacional, como también en el desarrollo de la capacidad de trabajo investigativo sobre los procesos que plantea la presente carrera de postgrado b) Las áreas que se contemplan en la Maestría son cinco: a. Área epistemológica-metodológica: Metodología de la investigación en Ciencias Sociales; Epistemología; Teorías de la Integración y la Cooperación Internacional; Taller de Tesis. b. Área Relaciones Internacionales: Relaciones Internacionales Contemporáneas; Organizaciones Internacionales de Integración y Cooperación; Política Exterior Latinoamericana e Integración Regional. c. Área Jurídico-Institucional: Derecho de laIntegración; Estado y Sociedad en los procesos de Integración; Instituciones Públicas y privadas en el marco de la Integración. d. Área Económica: Economía de la Integración; Desarrollo Exportador y Políticas Públicas; Seminario sobre “La Empresa y los procesos de Integración y Cooperación”. e. Área Temáticas Específicas: Seminario I; Seminario II; Seminario sobre “Cooperación Internacional e Integración en Educación, Ciencia y Tecnología”.

Las asignaturas aportarán los conocimientos teórico-prácticos a los fines de la adquisición de las herramientas conceptuales y la elaboración de marcos teóricos.

Simultáneamente se desarrollará el análisis de experiencias concretas de integración y cooperación, así como el estudio

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academias

pormenorizado de los actores condicionantes de dichos procesos, las modificaciones que éstos producen, el impacto de las instituciones, la creación de nuevas formas de organización social, política, económica, científica-tecnológica y cultural.

Los seminarios serán pertinentes a los contenidos necesarios para la elaboración de la tesis. Ellos reforzarán, en un nivel de mayor especificidad y profundización, aquellas temáticas propias de la integración y cooperación internacional, que permitan al maestrando trabajar concretamente sobre algunos de los procesos elegidos.

Los mismos se desarrollarán bajo la forma de sesiones de discusión y producción y sus trabajos de investigación, informes y actividades adicionales serán pasos necesarios en la evolución gradual hacia la elaboración de la tesis.

El Taller de Tesina, tendrá por objeto el asesoramiento e información acerca del proyecto y seguimiento de los avances de la futura tesis.

4. Articulación con otras instancias académicas La transferencia de las actividades desarrolladas en la Maestría se realizan a través de docencia de grado y postgrado, conferencias y presentaciones a Congresos, publicaciones en revistas especializadas del país y del extranjero, asesoramiento al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, funciones en la Agencia de Cooperación Internacional de la Secretaría de la Producción de la Provincia de Santa Fe, participación en los distintos Comité y grupos de trabajo del Consejo Argentino para las Relaciones Exteriores (CARI), actividad en los Comités de Pares de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), funciones desempeñadas como evaluadores, densidades nº 4 - diciembre 2009

miembros y cargos en la Comisión Asesora de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales y en la Junta de Calificación y Promoción del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Se concretó la articulación con otras entidades a través de acuerdos y convenios, como por ejemplo la creación de la primera red de Maestrías en Estudios Internacionales y Regionales, el Proyecto ALFA de la Unión Europea, y la extensión áulica con la Universidade da Região da Campanha, Brasil.

4.1. Creación de la primera red de maestrías en estudios internacionales y regionales Por iniciativa de la Maestría en Integración y Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de Rosario, se convocó a una reunión de maestrías afines en la ciudad de Rosario el día 7 de agosto de 1998, con el objetivo de intercambiar puntos de vista, experiencias y posibilidades de cooperación.

En ese mismo día se programaron paneles destinados al tratamiento de distintos temas que constituyen el objeto de estudio en cada una de estas experiencias de postgrado.

Finalizada la reunión de directores de maestrías se elaboró una carta de intención sobre los objetivos propuestos.

Continuando esta iniciativa se realizó en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba la segunda reunión el 4 de diciembre de 1998.

En la segunda reunión se establecieron los objetivos de la Red y la creación de una base de datos que podría ser consultada por las maestrías y que estaría centralizada en nuestra Maestría en Rosario.

El tercer encuentro se organizó a través de la Secretaría de Postgrado y Graduados de la Universidad Nacional de La Rioja, donde se cursaba una Maestría en Relaciones

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Maestría en Integración y Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de Rosario

Internacionales. La reunión se realizó los días 14 y 15 de mayo de 1999.

La cuarta reunión se llevó a cabo en Rosario el día 6 de noviembre de 2003, en oportunidad de realizarse en esta ciudad el VI Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP). Se determinó que el seguimiento de la red estuviera a cargo del Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, donde se cursa la Maestría en Relaciones Internacionales.

4.2. Integración al Programa ALFA de la Unión Europea El programa ALFA (América Latina Formación Académica) fue creado por la Comunidad Europea el 10 de marzo de 1994 para contribuir al desarrollo óptimo del potencial científico, académico y tecnológico de América Latina a través de la cooperación y el intercambio entre instituciones de educación superior de ambas regiones.

La Red Desarrollo Económico e Institucional mediante Procesos de Integración Regional (DEIMPIR) seleccionó a la Maestría en Integración y Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de Rosario, como centro de estudios para profesores y egresados extranjeros que integran esta Red. Las Universidades que integran el proyecto son: Por Europa: Università degli Studi di Padova (Italia); Università di Torino (Italia), Università degli Studi, Brescia (Italia), Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) e Institute of Social Sciences, La Haya (Holanda).

Por América Latina: Universidad Católica de Santa María, Arequipa (Perú), Universidad de Lima (Perú), Centro de Estudios Sociales Universitarios, Cochabamba (Bolivia), Universidade do Estado de Santa Catarina (Brasil) y Universidad Nacional de Rosario (Argentina).

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Características del proyecto: Institución coordinadora: Università degli Studi di Padova.

Interlocutor: Al inicio del programa, el interlocutor fue el Prof. Grabiele Orcalli de la Università di Padova y, con posterioridad, el Dr. Francisco Leita de la Cátedra Jean Monnet, Dipartamento di Studi Internazionali de la misma Universidad. Por la UNR, la Magister Gladys Lechini.

El programa de formación, que quedó establecido en el marco del proyecto ALR/B7 3011/94.04-1.289, consta de una Maestría de 24 meses de duración en Integración y Cooperación Internacional con especialización en Desar rollo Económico e Institucional, y de actividades de investigación en el tema de la integración regional de seis meses de duración.

Así los becarios cursan tres semestres en su Universidad de origen y el último semestre en otras universidades de la Red. Desde agosto de 1999 hasta julio de 2002, los alumnos han cursado en las siguientes universidades europeas: Los becarios destinados a la Katholieke Universiteit de Lovaina se integraron en “The European Master of Public Administration Programme” del Institute for European Policy. Los becarios destinados a las Universidades de Brescia y de Padova se integraron en el “Master in Diritto, Economia e Política dell´Únione Europea” de la Universidad degli Studi di Padova.

Desde el 7 de julio de 2001 hasta el 6 de enero de 2002 la becaria Elisa Chiaretto de la Università degli Studi di Padova, Italia, realizó actividades de investigación en las Universidades de América Latina de la Red DEIMPIR. Las tesis de los becarios podrán consultarse en la página respectiva del CERIR. 4.3. Extensión áulica. Universidade da

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academias

Região da Campanha, Brasil El 19 de diciembre de 1995 se aprueba el Convenio Marco entre la Universidade da Região da Campanha, ciudad de Bagé, Brasil, y la Universidad Nacional de Rosario.

A partir de este convenio marco se resuelve autorizar la realización de un Curso de Especialización en Integración y Cooperación Internacional, el 6 de mayo de 1998. Con posterioridad el curso de Especialización se convirtió en una extensión áulica.

Dentro de ese marco se completó el cursado y los alumnos realizaron la defensa oral y pública sus tesis en la Universidad Nacional de Rosario.

5. Perfil del título El Magister en Integración y Cooperación Internacional es un postgraduado con una sólida formación en la investigación y comprensión de los diversos fenómenos de integración y cooperación internacional, adquirida a partir de una perspectiva interdisciplinaria, que le permite evaluar el desarrollo de los mismos y sus implicancias para nuestra región.

Es capaz de emplear los conocimientos científicos e instrumentales en el análisis y resolución de cuestiones relativas al ámbito de aplicación de la metodología propia de la integración y cooperación internacional.

Posee, además, la capacidad necesaria para aplicar la metodología de la investigación específica de los procesos de integración y cooperación internacional.

Tiene una actitud crítica, reflexiva y flexible que le permite reconocer la necesidad de actualización permanente de los conocimientos y trabajar en equipos interdisciplinarios.

6. Dimensiones sociales y políticas de la integración Los procesos de integración que densidades nº 4 - diciembre 2009

inicialmente comienzan con acuerdos económicos, con el transcurrir del tiempo se van haciendo más abarcativos y se van adecuando a las necesidades de los pueblos.

De esta manera las dimensiones sociales, políticas, educativas y culturales pasan a forman parte del proceso de integración. Es por ello que en el Plan de Estudio de la Maestría se incluyen los seminarios que abordan distintos aspectos de grupos, comisiones y organismos no gubernamentales. Se desarrollan además actividades extracurriculares sobre temas de actualidad.

7. Los procesos de integración y los medios de comunicación masiva La inserción internacional de nuestro país como miembro pleno del MERCOSUR y del UNASUR son pasos trascendentales para la proyección de nuestro país frente a otros países o regiones. En este sentido consideramos que los medios de comunicación están evolucionando favorablemente hacia una mayor comprensión de la situación internacional de Argentina reflejando profusamente los avances y la trayectoria de integración en la cual nuestro país está comprometido.

Dentro del ámbito regional, las actividades desarrolladas por la Maestría han tenido una fuerte demanda en los medios gráficos, radiales y televisivos Informes Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR) Oficinas: Maipú 1065. - piso 3 - oficina 301 (S2000CGK) Rosario, República Argentina.

Tel/fax. (54-341) 4201 231 E-mail: abologna@unr.edu.ar mici@ unr.edu.ar Página web: www.cerir.com.ar Correspondencia: CERIR. San Juan, 2000 Rosario, República Argentina

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documentos Declaración de San Carlos de Bariloche 28 de agosto de 2009

Declaración conjunta de Reunión Extraordinaria del Consejo de Jefes y Jefas de Estado de la Unión de Naciones Suramericanas Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR) reunidos en sesión extraordinaria el 28 de agosto de 2009 en San Carlos de Bariloche, República Argentina; Reafirmando nuestro compromiso con los principios de Derecho Internacional referentes a la relaciones de amistad y cooperación entre Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas; Reconociendo, igualmente, que los acuerdos de cooperación militar deben regirse por el respeto estricto a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y a los principios fundamentales del Tratado Constitutivo de la UNASUR; Enfatizando que el irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los Estados, la no injerencia en asuntos internos y la autodeterminación de los pueblos son esenciales para consolidar la integración regional; Reiterando nuestra disposición de consolidar en Suramérica una zona de paz, fundamento para el desarrollo integral de nuestros pueblos y la preservación de sus recursos naturales, a través de la prevención de conflictos, la solución pacífica de las controversias y la abstención de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza; Subrayando la vocación de la UNASUR por la solución pacífica de las controversias y la promoción del diálogo y el consenso en materia de defensa mediante el fomento de medidas de cooperación, confianza y transparencia; DECIDEN: Fortalecer a Suramérica como zona de paz, comprometiéndonos a establecer un mecanismo de confianza mutua en materia de defensa y seguridad, sosteniendo nuestra decisión de abstenernos de recurrir a la amenaza o al uso de la

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Declaración de San Carlos de Bariloche

fuerza contra la integridad territorial de otro Estado de la UNASUR. Reafirmar nuestro compromiso de fortalecer la lucha y cooperación contra el terrorismo y la delincuencia transnacional organizada y sus delitos conexos: el narcotráfico, el tráfico de armas pequeñas y ligeras, así como el rechazo a la presencia o acción de grupos armados al margen de la ley.

Reafirmar que la presencia de fuerzas militares extranjeras no puede, con sus medios y recursos vinculados a objetivos propios, amenazar la soberanía e integridad de cualquier nación suramericana y en consecuencia la paz y seguridad en la región.

Instruir a sus Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa a celebrar una reunión extraordinaria, durante la primera quincena de septiembre próximo, para que en pos de una mayor transparencia diseñen medidas de fomento de la confianza y de la seguridad de manera complementaria a los instrumentos existentes en el marco de la OEA, incluyendo mecanismos concretos de implementación y garantías para todos los países aplicables a los acuerdos existentes con países de la región y extrarregionales; así como al tráfico ilícito de armas, al narcotráfico y al terrorismo de conformidad con la legislación de cada país. Estos mecanismos deberán contemplar los principios de irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial y no injerencia en los asuntos internos de los Estados; Instruir al Consejo Suramericano de Defensa, para que analice el texto sobre Estrategia suramericana. Libro Blanco, Comando de Movilidad Aérea (AMC) y realice una verificación de la situación en las fronteras y eleve los estudios resultantes al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, a fin de considerar cursos de acción a seguir.

Instruir al Consejo Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico que elabore en forma urgente su Estatuto y un Plan de Acción con el objeto de definir una estrategia suramericana de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y de fortalecimiento de la cooperación entre los organismos especializados de nuestros países.

San Carlos de Bariloche, Argentina, 28 de agosto de 2009

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documentos Resolución de la Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de la UNASUR Quito, 27 de noviembre de 2009 Los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), en su Reunión Extraordinaria, celebrada en Quito, Ecuador, el 15 de septiembre y el 27 de noviembre de 2009, en cumplimiento del Mandato Presidencial consignado en la Decisión de Bariloche, Argentina, de 28 de agosto de 2009, y reiterando la decisión de fortalecer a Suramérica como zona de paz, resuelven: Establecer el siguiente mecanismo de Medidas de Fomento de la Confianza y Seguridad, incluyendo medidas concretas de implementación y garantías.

1. Descripción de medidas de fomento de la confianza I. Intercambio de información y transparencia A. Sistemas de defensa: Crear una red para intercambiar información sobre políticas de defensa.

Información sobre organización, funciones y procedimientos de los ministerios de defensa.

Información de fuerzas militares: efectivos, armas y equipo.

Establecimiento de un Banco de Información de los países de la UNASUR sobre registro de transferencia y adquisición de equipos y Armas Convencionales, en adición a la información que se debe remitir a la ONU y a la OEA. Desarrollo de un mecanismo de notificación y registro ante la UNASUR del texto integral de los acuerdos de cooperación intrarregionales y extrarregionales en materia de defensa y seguridad una vez aprobados, incluyendo los objetivos generales, alcance y vigencia de los mismos, así como el registro de adquisiciones y transferencias de armas y equipos. Dicho mecanismo, a solicitud de la parte notificante, respetará el principio de confidencialidad.

Responder a cuestiones que les sean requeridas por otros Estados Miembros y efectuar consultas sobre los temas de defensa que consideren pertinentes.

B. Gastos de Defensa: Informe sobre gastos de defensa del ejercicio fiscal precedente, sobre la base de las categorías enunciadas en el “Instrumento para la presentación internacional normalizada de informes sobre gastos militares”, de las Naciones Unidas.

Remisión de los presupuestos de defensa de los 5 últimos años al CDS, en forma gradual.

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Resolución de la Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de la UNASUR

Informar el presupuesto nacional de defensa en todas sus etapas: formulación, aprobación, ejecución y control y homologar la información por parte del Consejo de Defensa Suramericano sobre los gastos de defensa para establecer una medición estandarizada de los mismos.

Las informaciones y notificaciones presentadas en el ámbito de este capítulo I podrán igualmente estar disponibles en los sitios electrónicos de los respectivos Ministerios de Defensa.

II. Actividades militares intra y extrarregionales.

Notificar, con antelación, a los respectivos Países Miembros limítrofes y a la UNASUR, cualquier maniobra, despliegue o ejercicio militar, terrestre, aéreo o naval planificado y oportunamente, tan pronto como sea posible, los no planificados que se realicen en las zonas fronterizas en cuanto a número de efectivos, ubicación respecto a las fronteras, naturaleza y cantidad de equipo que se utilizará. A solicitud de la parte notificante, las partes notificadas respetarán la estricta confidencialidad de la información.

Notificar a UNASUR el desarrollo de ejercicios militares sea con países regionales o extrarregionales.

Invitar a observadores militares de países de la UNASUR a los ejercicios internacionales anteriormente mencionados.

Establecer mecanismos de comunicación entre fuerzas militares de frontera, a fin de coordinar e informar sus actividades.

III. Medidas en el ámbito de la seguridad: Coordinar las actividades entre dos o más países de UNASUR con miras a aumentar la eficiencia del control y vigilancia en la zona de frontera y de la prevención y represión a ilícitos transnacionales.

Desarrollar y perfeccionar sistemas nacionales de marcaje, rastreo de armas y activa colaboración entre los Estados Miembros de UNASUR en la aclaración de casos de desvíos, contrabando y usos ilegales de armas bajo su custodia o provenientes de su territorio, sobre lo cual se informará periódicamente a UNASUR. c. Adoptar las medidas necesarias para prevenir e impedir la presencia o acción de grupos armados al margen de la ley que ejerzan la violencia cualquiera que sea su origen.

Abstenerse de proporcionar cualquier tipo de apoyo, activo o pasivo, a las organizaciones o personas que participen en la comisión de actos de terrorismo, denegar acogida a quienes financian, planifican o cometan actos de terrorismo, e impedir que quienes financian, planifican o cometan actos de terrorismo utilicen sus territorios para esos fines, en contra de otros estados o de sus ciudadanos, de acuerdo con los instrumentos internacionales y la legislación nacional aplicable. Igualmente investigarán y enjuiciarán a todas las personas relacionadas con las actividades señaladas.

Los Países Miembros de UNASUR reafirman su compromiso inquebrantable con el fortalecimiento de la democracia y la defensa de los derechos humanos y en ese sentido reiteran su más vehemente repudio a toda ruptura del orden constitucional y democrático y a cualquier intento de golpes de estado, así como su compromiso de no proporcionar ningún tipo de apoyo a organizaciones o personas que participen de golpes de estado, denegándoles acogida a quienes colaboren, financien, planifiquen o cometan, brindando cooperación judicial para que respondan por sus actos, de conformidad con el Derecho Internacional y la legislación nacional densidades nº 4 - diciembre 2009

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documentos

aplicable. Asimismo reiteran su determinación de no reconocer gobiernos surgidos de golpes de Estado o que alteren el orden constitucional.

IV. Garantías: Queda proscrito, entre los Estados Miembros de UNASUR, el uso o la amenaza del uso de la fuerza, así como cualquier tipo de agresión militar o de amenazas a la estabilidad, la soberanía y la integridad territorial de los demás Estados Miembros.

Garantizar que Suramérica se conserve como una zona libre de armas nucleares y asegurar que la tecnología nuclear sea utilizada exclusivamente para fines pacíficos, de conformidad con el Tratado de Tlatelolco y demás convenciones internacionales sobre la materia.

Los acuerdos de cooperación en materia de defensa celebrados por los Estados miembros de UNASUR incluirán una cláusula expresa que asegure respeto a los principios de la igualdad soberana de los Estados, de la integridad e inviolabilidad territorial y de no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

Los Estados miembros de UNASUR garantizarán formalmente que los acuerdos de cooperación en materia de defensa de los cuales sean Partes y que impliquen algún grado de presencia en sus territorios de personal militar o civil y/o de armamento y de equipos provenientes de Estados de la región o extrarregionales no serán utilizados de forma que atenten contra la soberanía, la seguridad, la estabilidad y la integridad territorial de los Estados Suramericanos. Asegurarán que las actividades emanadas de dichos acuerdos no tendrán efectos de ninguna naturaleza sobre el territorio y el espacio soberano de otro Estado de la UNASUR. V. Cumplimiento y verificación: Mecanismo voluntario de visitas a instalaciones militares con el objetivo de promover el intercambio de información y de experiencias en lo que atañe a estrategias, métodos y políticas de control de fronteras.

Programas de contactos y cooperación militar.

De acuerdo al mandato recogido en el párrafo cinco, de la Decisión de Bariloche, se realice la verificación de las situaciones en las fronteras y eleven los estudios resultantes al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, a fin de considerar cursos de acción a seguir.

Se propone solicitar al CDS la elaboración de procedimientos que se consideren más apropiados para hacer efectiva la verificación de los compromisos del párrafo IV. d.

Se propone solicitar al CDS la elaboración de procedimientos que se consideren más apropiados para hacer efectiva la verificación de los compromisos de los numerales IIIb.; IIIc., IIId; y, al Consejo Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico en lo que corresponde.

2. Problema mundial de las drogas.

Considerando la incidencia del problema mundial de las drogas y la corresponsabilidad de países productores y consumidores sobre la seguridad regional, celebran la próxima convocatoria, por parte de la Presidencia Pro Tempore de Ecuador, del Consejo Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico para los fines dispuestos en la Decisión de Bariloche.

Entre tanto, promoverá y verificará la cooperación de los países miembros de UNASUR en la lucha contra el tráfico de estupefacientes o drogas ilícitas en todos los eslabones de su cadena (cultivo, producción fabricación, tránsito, tráfico, y distribución).

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Resolución de la Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de la UNASUR

3. Disposición finales y transitorias.

Los órganos encargados de garantizar la efectiva materialización de las medidas consensuadas en este documento, y con la intención de respetar las diferentes normativas vigentes al interior de los Estados de UNASUR, serán el Consejo de Defensa Suramericano, el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, el Consejo Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico, de acuerdo a sus respectivas competencias.

La instancia ejecutiva del Consejo de Defensa Suramericano podrá contemplar, otros asuntos que exijan garantías efectivas de cooperación regional en el marco de la creación de confianza, para ser consideradas por los Cancilleres y Ministros de Defensa Sin perjuicio de las medidas reseñadas, la instancia ejecutiva del CDS podrá sugerir toda otra medida necesaria no expresamente contemplada en este documento, para ser considerada o aprobada por el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores o el Consejo de Defensa Suramericano.

Se recibió con beneplácito las siguientes propuestas elevadas a la consideración de los Estados Miembros: Proyecto de Protocolo de Paz, Seguridad y Cooperación de la UNASUR, formulado por el Gobierno de Perú; Proyecto de Decisión para la apertura de un proceso de debate y negociación de una Arquitectura de Seguridad para UNASUR, elevado por el Gobierno de Chile; y, Proyecto de “Código de Conducta Sobre Cuestiones de Defensa y Seguridad”, sometido por el Gobierno del Ecuador.

Acordaron encargar al Consejo de Defensa Suramericano elabore un Protocolo de Paz, Seguridad y Cooperación en la UNASUR, que constituya además una Arquitectura de Seguridad Suramericana y sirva de Código de Conducta para la región. Dicho instrumento deberá contemplar la promoción de medidas de fomento de la confianza, las políticas de transparencia en aspectos de defensa y seguridad, incluyendo los gastos de defensa, el rechazo a la amenaza o uso de la fuerza, el respeto a la integridad territorial y a la soberanía de cada uno de los Países Miembros de UNASUR, la no intervención en asuntos internos y la solución de cualquier controversia por medios pacíficos, entre otros.

Los Estados Miembros aunarán esfuerzos en aras de convertir a la UNASUR en un espacio por excelencia para el diálogo y la cooperación política para la convivencia pacífica de los pueblos. En función de ello, la UNASUR fortalecerá a Suramérica como zona de paz.

UNASUR considera importante invitar al Gobierno de los EEUU a un diálogo sobre cuestiones estratégicas, de defensa, paz, seguridad y desarrollo, en una fecha a convenir que coordinará la Presidencia Pro Témpore.

El Consejo de Defensa Suramericano se abocará a completar las tareas contempladas en su Plan de Acción 2009/ 2010 que incluyen varias de las medidas señaladas precedentemente.

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documentos Comunicado Especial de la República ARGENTINA, la República Federativa de BRASIL, la República del PARAGUAY, la República Oriental del URUGUAY y la República Bolivariana de VENEZUELA sobre la República de HONDURAS Montevideo, 8 de diciembre de 2009 La Presidenta de la República Argentina, el Presidente de la República Federativa de Brasil, el Presidente de la República del Paraguay, el Presidente de la República Oriental del Uruguay y el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, reiteran su más enérgica condena al golpe de estado en la República de Honduras y consideran inaceptables las graves violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales del pueblo hondureño. Por consiguiente, ante la no restitución del Presidente José Manuel Zelaya en el cargo para el que fue democráticamente elegido por el pueblo hondureño, manifiestan el total y pleno desconocimiento de los comicios electorales realizados el pasado 29 de noviembre por el gobierno de facto, los cuales fueron desarrollados en un ambiente de inconstitucionalidad, ilegitimidad e ilegalidad, constituyendo un duro golpe a los valores democráticos para América Latina y el Caribe.

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densidades

El número cuatro de la revista densidades fue impreso en Buenos Aires, República Argentina en el mes de diciembre del año 2009.