Densidades n°16 by Revista Densidades

ISSN 1851-832X ISSN 1851-832X (VERSIÓN (VERSIÓN ELECTRÓNICA) ELECTRÓNICA)

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mariela verónica rocca lisandra pereira lamoso marcela croce julieta nicolao mara juanena daniela garcia da silva rodolfo lópez pablo asa

16 septiembre 2014

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Director Osvaldo Andrés García Comité Editorial Juan Guevara Luciana Litterio Juan Carlos Moraga Colaboradores Marcelo Bancalari Solá Nancy Caggiano Cristina Marrón Luciano Tosco

contacto@densidades.org

16 septiembre 2014

Editor Responsable

Osvaldo Andrés García Tel: (54-11) 4361-5130 Cel: 15-6815-7961 Calle Perú 1031 Ciudad Autónoma de Buenos Aires C1068AAK. República Argentina osvaldoagarcia@densidades.org

densidades número 16 - septiembre de 2014

Sumario 9 13

A modo de presentación Algunas consideraciones sobre la integración ferroviaria en la Unión de Naciones Suramericanas

Mariela Verónica Rocca

As influências de um modelo neodesenvolvimentista na integração regional

Lisandra Pereira Lamoso

La dimensión cultural del MERCOSUR: un proyecto inconcluso

Marcela Croce

¿Hacia una mayor visibilización de las demandas de los pueblos indígenas en el MERCOSUR?

Julieta Nicolao y Mara Juanena

Análise dos aspectos históricos das relações exteriores entre o Brasil e os países da América do Sul (1822 y 2009)

Daniela Garcia da Silva

107

América Latina y el multilateralismo global. El caso del G-20

Rodolfo López

131

ESPACIOS “Cambiar la frontera es uno de los mayores desafíos para la integración regional”

Entrevista a Pablo Asa Osvaldo Andrés García y Luciana Litterio

147

ACCIONES Oitava Capacitação Regional de Mercocidades

Ronaldo Lopes Garcia

155

LECTURAS América Latina. Tiempos de violencias, de Waldo Ansaldi y Verónica Giordano (coordinadores)

169

ACADEMIAS Centro de Integração do MERCOSUL Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil

172

DOCUMENTOS Comunicado especial del MERCOSUR sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados Caracas, 29 de julio de 2014

174

DOCUMENTOS Comunicado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en respaldo a la posición de la República Argentina en la reestructuración de su deuda soberana San José de Costa Rica, 20 de junio de 2014

Los contenidos de esta publicación expresan exclusivamente la opinión de sus respectivos autores.

densidades a modo de presentación Estimados Lectores: Es una gran alegría para nosotros estar aquí nuevamente. Este número dieciséis que comenzamos a hacer circular hoy, con bastante retraso -nos disculpamos por ello-, es un paso muy importante para nosotros en este siempre difícil camino de intentar construir un espacio para el debate sobre la integración regional de nuestro continente. Esta publicación no cuenta con ningún apoyo institucional, público o privado, para su existencia, sólo se mantiene número a número gracias a todos aquellos que nos acercan sus trabajos y que con una paciencia infinita toleran nuestras “limitaciones estructurales”. Este proyecto no hubiera sobrevivido seis años y dieciséis números sin ese aporte desinteresado, nuestro agradecimiento a todos ellos. En los últimos meses, finalmente, las instituciones regionales pudieron cumplir con compromisos básicos para su funcionamiento. El MERCOSUR volvió a reunir a las máximas autoridades nacionales después de una larga e inexplicable interrupción. Por su parte la UNASUR logró construir el consenso necesario para darse un nuevo Secretario General en la persona del ex presidente colombiano Ernesto Samper. Es fundamental para el fortalecimiento de los espacios de nuestra integración regional y la construcción de nuestra autonomía que puedan evitarse estas desprolijidades institucionales, que sólo sirven para alimentar los argumentos de la activa oposición anti integracionista. En el momento en que escribimos estas líneas, se está decidiendo el futuro político de algunos de los países de nuestro continente. Lejos de ser un tema acotado a las realidades nacionales, la interdependencia profunda que han alcanzado, vuelve a cada una de las citas electorales en un acontecimiento de importancia fundamental para la región y el futuro de su integración. Es preocupante constatar,

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después de tantos años y tantos esfuerzos dirigidos a consolidar espacios propios de integración en nuestro continente, que en los discursos de aquellos que ejercen de oposición a los proyectos progresistas, se recurra reiteradamente a una retórica anti integracionista en sus propuestas de política exterior. Negar o desvalorizar lo construido en los últimos años por simple ejercicio opositor nos parece una pésima estrategia política, cuya primera víctima es la seriedad y previsibilidad con la que esos mismos actores pretenden ser identificados en sus esfuerzos por erigirse como reales alternativas de poder. Una hipótesis apresurada sobre los procesos electorales que se avecinan, basándose simplemente en las proyecciones previas que se están haciendo, es que allí donde mayor profundidad han alcanzado las reformas democratizadoras de la última década, más contundente debería ser el apoyo popular que se expresará en las urnas. En pocas semanas sabremos si esto tiene algún reflejo en la realidad, o si, como sostienen muchos analistas de esos que abundan en los grandes medios internacionales, estamos frente al agotamiento de los proyectos democratizadores y a una nueva regresión conservadora. Por último referirnos brevemente a una situación local, pero que creemos implica una gran lección para toda la región. La situación que está viviendo la República Argentina en relación a su deuda reestructurada y los tenedores de bonos que no entrarán a dicha reestructuración o “fondos buitres”, es un excelente ejemplo de los resultados que las políticas de renunciamiento a la propia soberanía y autonomía que abrazó la región, y especialmente la Argentina, en la larga noche neoliberal han dejado para la capacidad de llevar adelante políticas mínimamente autónomas en nuestros países. Pero también es una alerta sobre el tiempo perdido en la última década para la construcción de instancias regionales que puedan ayudar a la recuperación de ese grado mínimo de autonomía perdido. Hoy al igual que ayer, la región no cuenta con instituciones financieras propias a las que recurrir, en caso de ser necesario, y eso es una deuda que la región tiene con la construcción de su propia autonomía, pilar esencial de cualquier intención integradora. Osvaldo Andrés García 26 de septiembre de 2014

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artĂculos

Algunas consideraciones sobre la integración ferroviaria en la Unión de Naciones Suramericanas Mariela Verónica Rocca Introducción La integración de América del Sur ha concitado a lo largo de su historia diversidad de ideas compartidas y enfrentamientos, formas y deformaciones, logros y fracasos respecto de su concreción. Sin lugar a dudas, el siglo XXI trajo consigo nuevas discusiones y acciones para avanzar en su construcción. Tras el paso devastador del neoliberalismo por la región, las experiencias iniciadas por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) dan cuenta de la búsqueda por trascender el modelo de regionalismo abierto característico de los años noventa. Los desafíos presentes y futuros son múltiples, pero aquí interesa abordar, particularmente, la integración surame-

ricana en materia de infraestructura física. Y dentro de estas grandes obras, aquellas que vuelven a colocar al ferrocarril como protagonista, después de décadas en que la premisa fuera su desmantelamiento. Esta recuperación resulta clave para avanzar en la integración física de los territorios, el abaratamiento de los costos de transporte, la mejora del comercio y del desplazamiento de los habitantes de la región. El carácter estratégico junto a la vasta cantidad de fondos requeridos, plantea necesariamente un rol activo de los Estados Nacionales. Sea mediante la inversión directa o la búsqueda de capitales privados, la intervención estatal marca el ritmo de la reconfiguración del sector. Asimismo podrá observarse cómo las inversiones en infraestructura ferroviaria trascienden

Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesora a cargo de la materia Análisis de Políticas Públicas, Maestría en Intervención Social, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Contacto: maveroc@yahoo.com.ar

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los objetivos regionales pues abonan también los intereses comerciales, económicos y políticos de otros Estados, siendo paradigmático el caso de China. Integración en infraestructura física: de IIRSA al COSIPLAN Después de décadas de propuestas particulares con mayores o menores resultados, fue a partir de agosto de 2000, con la puesta en marcha de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) que se inició un trabajo sistemático para alcanzar ese objetivo1. Su creación se basó en tres consensos fundamentales. “En primer lugar, el amplio acuerdo […] sobre la necesidad de mantener y ampliar la dinámica de crecimiento del mercado intrarregional y lograr competir en mejores condiciones en el mercado global. Segundo, la existencia de un déficit creciente en materia de infraestructura […] [fundamentalmente] de integración, producto de la reducción en la inversión pública de las décadas anteriores. Por último, la necesidad de ampliar las facilidades de financiamiento y desarrollar mecanismos novedosos que permitieran aumentar los flujos de financiamiento público y privado”

(IIRSA, 2011: 49). Establecida la IIRSA como mecanismo institucional de coordinación de acciones intergubernamentales, se logró consensuar una cartera de más de 500 proyectos de infraestructura de transporte, energía y comunicaciones, sistematizada en diez Ejes de Integración y Desarrollo (EIDs)2. Se conformó también una Agenda de Implementación Consensuada (AIC) 2005-2010, con 31 proyectos prioritarios de alto impacto en el territorio, se realizaron proyectos en materia de Procesos Sectoriales de Integración (PSIs)3 y se desarrollaron y aplicaron nuevas herramientas y metodologías de planeamiento. En cuanto a su organización, la IIRSA no posee instancias formales propias sino que se basa en las organizaciones nacionales ya existentes para actuar en espacios ad-hoc. De acuerdo con lo enunciado, con esta decisión se procuró una gestión ágil y de bajo costo pues no se constituiría una nueva burocracia para desarrollar las tareas previstas. Asimismo, las decisiones se establecerían por consenso entre los Estados y los organismos multilaterales de crédito participantes (IIRSA, 2011). Es así que pueden reconocerse en su estructura

1. La información aquí presentada fue relevada de la página de la IIRSA. <http://www.iirsa.org/> 2. Los EIDs son: 1) Eje del Amazonas, 2) Eje Andino, 3) Eje Andino del Sur, 4) Eje de Capricornio, 5) Eje del Escudo Guayanés, 6) Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná, 7) Eje Interocéanico Central, 8) Eje MERCOSUR-Chile, 9) Eje Perú- Brasil-Bolivia y 10) Eje del Sur. 3. Los PSIs “[tienen] por objeto identificar los obstáculos de tipo normativo, operativo e institucional que impiden el uso eficiente de la infraestructura básica en la región y proponer acciones que permitan superarlos” <http://www.iirsa.org/Page/Detail?menuItemId=59>. Siete tipos de PSIs son los que inciden transversalmente sobre los EIDs: 1) Instrumentos de financiamiento, 2) Integración energética, 3) Pasos de frontera, 4) Tecnologías de la información y de las comunicaciones, 5) Transporte aéreo, 6) Transporte marítimo y 7) Transporte multimodal.

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institucional, dos ámbitos diferenciados: uno directivo y otro técnico. En el primero se encuentra “el Comité de Dirección Ejecutiva [CDE], integrado por representantes de alto nivel de los gobiernos y se constituiría como espacio para construir consensos políticos y diseñar mandatos” (IIRSA, 2011: 50). En el ámbito técnico interactúan, las Coordinaciones Nacionales (CNs)4, los Grupos Técnicos Ejecutivos (GTEs) y el Comité de Coordinación Técnica (CTT)5, integrado por representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA). Siguiendo a IIRSA (2011), es posible identificar tres momentos de innovación institucional y tres de gestión desde su lanzamiento. Respecto de las etapas de innovación institucional, el primer momento se presentó en el año 2000 cuando se definieron los principales lineamientos y se diseñó su plan de acción. Dado su carácter multisectorial, multinacional y multidisciplinario, la definición del plan representó importantes desafíos. Sobre todo era necesario incrementar la coordinación entre los gobiernos y lograr instrumentar las decisiones colectivas dentro de

cada país. En 2003 se produjo el segundo momento, con el establecimiento de la Planificación Territorial Indicativa. Dicha metodología facilitó la constitución de una cartera de proyectos común y consensuada junto a la determinación de las prioridades. Así para 2004 quedaría establecida la AIC. Por último, el tercer momento de innovación institucional se presentó a fines de 2005, cuando se definieron los nuevos objetivos estratégicos 2006-2010 y se buscó profundizar los resultados logrados a partir de la incorporación de nuevas metodologías. Los tres momentos de gestión abarcaron, 1) 2000-2002: la puesta en funcionamiento de la estructura organizativa, con la propuesta y discusión de los EIDs y PSIs y la identificación preliminar de proyectos; 2) 2003-2004: el ordenamiento de la cartera de proyectos en base a la Metodología de Planificación Territorial Indicativa y 3) 2005-2010: se avanzó en la capacitación de los cuadros técnicos gubernamentales y se concretaron una importante cantidad de reuniones entre las CNs y los GTEs, respecto de la definición y ejecución de los proyectos. Cabe agregar que con la institución del Consejo de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), en el marco de la UNASUR6, se inició una

4. Estas Coordinaciones “[cumplen] la doble función de coordinar el intercambio con las restantes coordinaciones nacionales y catalizar la participación de los distintos organismos gubernamentales al interior de cada país [...] Fuera del ámbito gubernamental, también deben facilitar la participación de otros actores como son el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil” (IIRSA, 2011: 53). 5. El ejercicio de la Secretaría del CCT recae sobre el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (BID/INTAL), con sede en Argentina. 6. El Tratado Constitutivo de la UNASUR fue aprobado el 23 de mayo de 2008 y entró en plena vigencia el 11 de marzo

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nueva etapa en el trabajo de la IIRSA, pues fue incorporada como foro técnico de infraestructura de ese Consejo. Este tema será retomado en párrafos siguientes. Por último, si se analiza la composición de la Cartera de IIRSA a 2010, el sector transporte representó el 86% frente al 12% de los proyectos en energía. Particularmente, el subsector ferroviario ocupó el tercer lugar en cuanto a cantidad de proyectos de transporte (con 61) pero el segundo, en cuanto al monto invertido, 12.746,9 millones de dólares. Aunque no se posee el dato abierto por subsector, es significativa la participación pública en materia de transporte, con una inversión del 64%, seguida por un 20,4% de inversión privada y un 15,6% de origen públicaprivada (IIRSA, 2011). En cuanto al COSIPLAN, éste es “la instancia de discusión política y estratégica, a través de la consulta, evaluación, cooperación, planificación y coordinación de esfuerzos y articulación de programas y proyectos para implementar la integración de la infraestructura regional de los países Miembros de la UNASUR”. Entre sus objetivos generales se encuentran: a)

desarrollar una infraestructura para la integración regional continuando lo realizado por la IIRSA; b) fomentar la cooperación regional en planificación e infraestructura; c) promover la compatibilización de los marcos normativos que regulan el desarrollo y operación de la infraestructura y d) identificar e impulsar la ejecución de proyectos prioritarios para la integración y evaluar alternativas para su financiamiento (Estatuto del COSIPLAN). Está integrado por las Ministras y los Ministros de las áreas de infraestructura y/o planeamiento o sus equivalentes de los Estados Miembros (Art. N° 5). Asimismo cuenta con tres instancias de apoyo (Art. N° 6): 1) el Comité Coordinador, integrado por delegadas y/o delegados ministeriales y es presidido por un delegado del país que ejerce la presidencia del Consejo9; 2) la IIRSA como Foro Técnico y 3) los Grupos de Trabajo que se creen en las áreas temáticas de su competencia10. Su trabajo se encuentra enmarcado por dos instrumentos: el Plan de Acción Estratégico 2012-2022 (PAE) y la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API).

de 2011. El COSIPLAN fue instaurado por la Tercera Reunión del Consejo de Jefas y Jefes de Estado en agosto de 2009. 7. A pesar de este bajo porcentaje, implican una inversión elevada por el tipo de obras (el 42% de la Cartera). 8. El primer lugar es ocupado por el subsector carretero con 207 proyectos por un monto de 32.991,1 millones de dólares y le sigue el subsector fluvial con 74 (2.837,4 millones de dólares) (IIRSA, 2011). 9. “La Presidencia del Consejo corresponderá al mismo país que ejerza la Presidencia Pro Témpore de UNASUR, salvo que previa propuesta de éste, el Consejo acuerde por consenso designar a otro país que haya ejercido la presidencia anterior” (Art. 7). Hasta el momento las presidencias estuvieron a cargo de: Brasil (2011), Paraguay (2012), Perú (2012- 2013) y Chile (2013-2014). 10. Cuenta con cuatro Grupos de Trabajo: 1) sobre Integración Ferroviaria, 2) sobre Mecanismos de Financiamiento y Garantías, 3) sobre Telecomunicaciones y 4) sobre Sistema de Información Geográfica (SIG) y Página Web.

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Específicamente respecto de la temática ferroviaria, en la Segunda Reunión Ordinaria de Ministros/as del COSIPLAN (Acuerdo COSIPLAN Nº 3/2011, noviembre de 2011) se creó el Grupo de Trabajo sobre Integración Ferroviaria (GTIF). Este acuerdo estableció también la incorporación al GTIF, del Grupo del Corredor Bioceánico Ferroviario (CBF) Argentina-Brasil-Chile-Paraguay, cuyos trabajos servirían como punto de partida para analizar las posibilidades de desarrollo e integración de otras redes ferroviarias en la región. Fue en la Te r c e r a R e u n i ó n O r d i n a r i a d e Ministros/as del COSIPLAN (noviembre de 2012) donde se encargó a Uruguay la coordinación del GTIF. Asimismo, se aprobó, dentro del Plan de Trabajo 2013 para COSIPLAN, la realización de un diagnóstico de las redes de infraestructura. Debían evaluarse los avances de CBF y relevar la existencia de otros proyectos ferroviarios binacionales o multinacionales. La primera reunión del GTIF se desarrolló el 26 de septiembre de 2013 en Santiago de Chile y contó con la presencia de las delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representantes de la Secretaría General de la UNASUR y del Comité de Coordinación Técnica de la IIRSA. Los objetivos planteados para esta primera reunión fueron: “(i) presentar la situación de los proyectos ferroviarios incluidos en la Cartera de Proyectos del COSIPLAN, individualmente y como estructurados en el marco de

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la API; (ii) evaluar avances y proyección del CFB; (iii) Identificar otros emprendimientos ferroviarios binacionales o multinacionales y evaluar posibles sistemas conectados al CFB; y (iv) Acordar próximas acciones hacia la concreción de la Integración Ferroviaria Suramericana” (Notas de la Primera Reunión del GTIF, 2013: 1). Como resultado del intercambio se establecieron cinco acciones para continuar con el trabajo del Grupo: 1) Completar y actualizar la información de los proyectos ferroviarios en la Base de Datos de Proyectos. 2) Intentar consolidar un mapa de redes ferroviarias existentes, tomando en cuenta los mapas producidos por la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles (ALAF) y destacando los proyectos de la Cartera de COSIPLAN y de la API. 3) Buscar los mecanismos para iniciar un análisis de aspectos regulatorios vinculados al transporte ferroviario que tiendan a facilitar los movimientos en los pasos de frontera y la operativa ferroviaria de los servicios. 4) Solicitar a cada país que presente los planes nacionales de desarrollo ferroviario para sus redes, incluyendo la información sobre la demanda actual y potencial identificada y haciendo foco en los puntos de interconexión con otros países. 5) Realizar una reunión del Grupo de Trabajo en el primer semestre de 2014. (Notas de la Primera Reunión del GTIF, 2013).

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Las principales exposiciones coincidieron en señalar el rezago del sector respecto de otros transportes en la región y por ello, hicieron hincapié en la necesidad de promover su optimización y modernización como también avanzar en la armonización de las regulaciones y los procedimientos para facilitar su operación. En un contexto regional de crecimiento sostenido de la producción agrícola, agroindustrial, industrial y minera, el transporte de carga suscitó el mayor interés debido a sus ventajas para fomentar el intercambio comercial (es más seguro, eficiente, competitivo y menos contaminante). Resulta clave entonces tener una agenda y un plan de trabajo comunes en materia ferroviaria. Así en la segunda reunión del GTIF, realizada el 21 de mayo de 2014 en Montevideo11, se buscó consensuar mecanismos para consolidar un mapa de redes ferroviarias existentes hasta la implementación del SIG, acordar descriptores e indicadores de resultado, intercambiar información sobre los Planes Nacionales de Desarrollo Ferroviario de cada uno de los países y avanzar en las actividades del Plan de

Trabajo 2015 del COSIPLAN. La puesta en común de estas cuestiones muestra significativos progresos respecto del compromiso de sus integrantes con el desarrollo del sector. El sector ferroviario en Suramérica: cuadro de situación Como se planteara en el apartado anterior, el sector atraviesa importantes dificultades pero, a la vez, se presentan notables posibilidades para avanzar en la mejora de la infraestructura y la revitalización de los servicios. Los problemas existentes son en gran parte consecuencia de las reformas estructurales implementadas en la región a partir de fines de los ochenta y principios de los noventa. En la mayoría de los casos, se promovió ampliamente la transferencia de los servicios al ámbito privado bajo el supuesto de que las prestadoras públicas eran inherentemente ineficientes. La propuesta neoliberal de fomentar y reintroducir una mayor participación privada se relacionó con la exigencia de reducir el déficit público en el sector e incrementar su eficiencia y calidad. La actividad ferroviaria regional presenta diferentes situaciones según el

11. Participaron de las delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, y los representantes de la Secretaría General de la UNASUR y del Comité de Coordinación Técnica de IIRSA. 12. “Los ferrocarriles de cargas se dedican fundamentalmente a los tráficos masivos: en particular, la minería aporta alrededor de 390 millones de toneladas de los 626 millones de toneladas transportados por ferrocarril en 2008, poco menos de dos terceras partes del total. La mayor parte del tráfico minero está constituida por mineral de hierro y carbón (más de 370 millones de toneladas). El resto está compuesto principalmente por otros tráficos masivos (granos y sus subproductos, materiales de construcción) y, en muchísima menor medida, por tráficos de carga general, con mayor capacidad de pago, en cuyo caso el camión ejerce una fuerte competencia. Adicionalmente a los ferrocarriles de oferta pública, es decir, aquellos que transportan cargas de terceros, la región cuenta con alrededor de una veintena de ferrocarriles industriales en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Venezuela. Estos surgieron asociados principalmente con la minería, pero también con la producción agrícola, y fueron diseñados como parte integral de las explotaciones a las que sirven” (Kohon, 2011a: 15).

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ámbito de que se trate (cargas, larga distancia y urbano/suburbano). Siguiendo a Kohon (2011a), el transporte de cargas se presenta como la actividad ferroviaria regional más relevante y creciente, que se encuentra mayoritariamente bajo gestión privada12. Estos concesionarios realizaron inversiones en cuanto al mantenimiento y rehabilitación de las redes y del material rodante, y la construcción de nuevas terminales que redujeron los tiempos de carga y descarga. Sin embargo, se trata de mejoras que contribuyeron directamente con su rentabilidad y no contemplaron mejoras estructurales relevantes o expansiones del sistema ferroviario13. “La opción consistente en la rehabilitación del material rodante en mal estado proveniente de las empresas estatales se agotó: todo el material que podía ser rehabilitado fue rehabilitado […] Así, los ferrocarriles de cargas presentan importantes requerimientos de financiamiento para continuar su crecimiento” (Kohon, 2011a: 17). Por su magnitud, todas estas obras requieren necesariamente del financiamiento público y de la modificación de los marcos regulatorios. En segundo lugar en importancia, se ubica el transporte de pasajeros urbanos

y suburbanos. Su crecimiento se encuentra limitado a pocas ciudades. Buenos Aires, Río de Janeiro y San Pablo, concentran más del 95% de este tráfico. De su gestión, participan operadores públicos y privados, con desempeños bastantes dispares (Barbero, 2011). La potencialidad que conllevaría la creación de nuevos sistemas en estos ámbitos no se ha explotado plenamente en la región14. Uno de los problemas que afecta a los ferrocarriles urbanos y suburbanos “es la falta de integración entre planificación del transporte y uso del suelo. Los procesos desordenados de creación de nuevos desarrollos urbanos y suburbanos, disper-sos y de baja densidad, privilegian la movilidad en vehículos particulares sobre los sistemas de tránsito, entre los que el ferrocarril tiene gran potencial” (Barbero, 2011: 52). Otro factor clave es el financiero pues requieren altos montos iniciales de inversión y se presentan importantes “dificultades para cubrir los costos de operación con los ingresos por venta de boletos y los ingresos colaterales” (Kohon, 2011a: 18). En lo que respecta a los servicios de pasajeros de larga distancia, éstos fueron drásticamente reducidos en la década del noventa15, por lo que, en la actualidad, su

13. Barbero (2010: 44) refiere a “renovaciones masivas, cambios en la tecnología y en el modelo operativo (mayor peso por eje, trenes más largos, mayores frecuencias, pasos a nivel, accesos a puerto, cinturones alrededor de áreas metropolitanas)”. 14. “Los sistemas ferroviarios poseen un rol estructurador de las ciudades y regiones a las que sirven, y contribuyen a densificar y relocalizar las actividades económicas y los lugares de vivienda, generando nuevos destinos y, consiguientemente, nuevas demandas. También disminuyen los tiempos de viaje de los usuarios que emplean sus servicios, contribuyen a atenuar la congestión en las calles y avenidas alternativas al trazado ferroviario, reducen la contaminación, promueven un mejor uso del espacio público y una disminución del número de accidentes, y brindan un mayor acceso a la movilidad a los sectores de menor capacidad de pago” (Kohon, 2011b: 40). 15. De acuerdo con Kohon (2011a) la discontinuidad de estos servicios es el aspecto más controvertido de la reforma

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participación en los movimientos de pasajeros interurbanos es menor al 1% (Kohon, 2011b). La circulación de formaciones a velocidades superiores a los 100km/h, demanda vías de calidad muy superiores a aquellas que se utilizan para los trenes de carga. Por esta razón, los costos de infraestructura, de material rodante y de operación se tornan sumamente elevados. Al respecto Kohon (2011a) señala que, en términos de mercado, para que sean financieramente viables, las tarifas necesarias resultan muy elevadas en relación con las de los micros interurbanos. Agrega que estas dificultades también se plantean respecto de su viabilidad social, pues las bajas densidades poblacionales de los países de la región llevan a que sean muy limitados aquellos corredores concentrados que pueden originar altas demandas, y con ellas, altas frecuencias. “Los proyectos de pasajeros de larga distancia presentan muy altos costos y bajas demandas, por lo que las decisiones sobre su implementación deben tratar de asegurar que se cumplan los objetivos sociales perseguidos” (Barbero, 2011: 52). Tal como se presentara, en todos los ámbitos, la activa participación estatal resulta fundamental para llevar adelante los proyectos de mayor envergadura en

materia de infraestructura y de compra de nuevo material rodante. Es que sólo los Estados estarían dispuestos a afrontar los largos plazos que conllevan las obras y los elevados montos iniciales de inversión que requieren. En este sentido, se plantea como una alternativa, el desarrollo de Asociaciones Público Privadas y/o la ampliación de las fuentes de financiamiento a través de instituciones multilaterales de crédito (Kohon, 2011a, 2011b). Asimismo, este nuevo rol en la actividad ferroviaria requiere mejorar la cantidad y calidad de los recursos profesionales para poder afrontar los desafíos de su crecimiento (Kokon, 2011b). Considerando el diagnóstico expuesto, a continuación, se caracteriza el escenario regional, a partir de los proyectos vigentes en el marco del COSIPLAN y otros de importancia estratégica para los Estados. Asimismo se indaga respecto de las fuentes de financiamiento de las obras a fin de dar cuenta de los actores involucrados en el actual desarrollo del sector. En materia ferroviaria, el COSIPLAN contempla 69 proyectos16, que pueden ser divididos en obras de circunvalación ferroviaria (6), construcción de ferrovías (30) y rehabilitación de ferrovías (33). Dentro del primer grupo, se

implementada en el sector. “Argentina […] [discontinúo] la mayoría de los servicios en la década de los años noventa. Brasil lo hizo principalmente durante la década de los setenta, mientras que Uruguay los discontinuó durante los ochenta, si bien no reformó los servicios de cargas. Perú se concentró fundamentalmente en los servicios turísticos de Cusco-Puno y Cusco-Machu Picchu. Chile fue el único país que estructuró su proceso de reforma de las cargas sobre la base de la continuidad de los servicios de pasajeros de larga distancia, así como del mantenimiento de la empresa estatal Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) para prestar el servicio” (Kohon, 2011a: 14). 16. Los datos aquí expuestos fueron relevados de la Base de datos de la cartera de proyectos del Cosiplan. Disponible en: <http://www.iirsa.org/proyectos> (Último acceso: 14/02/14).

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presentan proyectos nacionales por un total de US$ 1.873 millones, 3 en Argentina y 3 en Brasil. De este total, 1 ya fue concluido, 1 está en etapa de perfil, 3 en pre-ejecución y 1 en ejecución17. En lo que refiere a la construcción de ferrovías, 28 son proyectos de carácter nacional y los dos restantes son binacionales. Brasil, es el país con mayor cantidad de proyectos (14), le sigue Argentina con 7, Paraguay y Uruguay con 2 y Bolivia, Chile y Venezuela con 1 respectivamente. El monto estimado para estas obras asciende a US$ 17.289.300 millones, habiéndose concluido 2 de ellas, 13 se encuentran en etapa de perfil, 9 en preejecución y 4 en ejecución. Los proyectos binacionales se encuentran en etapa de perfil, uno se desarrollará entre Bolivia y Perú y el otro entre Brasil y Paraguay, ambos por un valor de US$ 430.971 millones. La rehabilitación de vías comprende 30 proyectos nacionales (US$ 5.448.131 millones) y 3 proyectos binacionales (US$ 5.271 millones). En este caso, es Argentina la que lidera en cantidad de proyectos pues éstos ascienden a 22, mientras que Uruguay presenta 4, Brasil 2 y Chile y Paraguay 1. Entre éstos, 2 ya fueron concluidos, 11

están en la etapa de perfil, 15 en preejecución y 2 en ejecución. Entre los proyectos binacionales, Argentina comparte dos proyectos, uno con Paraguay y el otro con Chile, ambos en pre-ejecución y el restante entre Brasil y Uruguay, ya fue concluido. Si se considera la Agenda de los Proyectos Prioritarios de Integración (31 proyectos), los del ámbito ferroviario representan más del 50% de esta agenda (16 proyectos). Esto muestra la importancia estratégica que los Estados le asignaron al desarrollo de la infraestructura en el sector. La necesidad de abaratar costos para el intercambio es una de las principales razones que explican esta reconfiguración como así también la mejora en el desplazamiento de las poblaciones sobre todo en las grandes ciudades. En lo que refiere específicamente al financiamiento de los proyectos, como se señalara, la participación estatal es clave para efectuar estas inversiones por la envergadura de los montos implicados. En la mayoría de los proyectos (44) aún no se ha iniciado ninguna acción formal para obtener financiamiento, 1 sólo se encuentra en trámite, es decir, que se iniciaron gestiones para conseguirlo, 6 de ellos lo

17. Las etapas identificadas son: 1) perfil, se estudian los antecedentes que permitan formar juicio respecto de la conveniencia y factibilidad técnico-económica de realizar la idea del proyecto; 2) pre-ejecución, consta a su vez de tres fases: a) pre-factibilidad (se examinan con detalle las alternativas consideradas más convenientes en la etapa de perfil), b) factibilidad (examen detallado y preciso de la alternativa que se consideró viable en la etapa anterior. Se analizan todos los aspectos relacionados con la obra física, el programa de desembolsos de inversión, la puesta en marcha y operación del proyecto), c) inversión (incluye dos aspectos i-financiamiento: se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas a la obtención de los fondos necesarios para financiar la inversión y ii- estudio de ingeniería: conjunto de estudios detallados para la construcción, montaje y puesta en marcha); 3) ejecución, representa al conjunto de actividades necesarias para la construcción física en sí como puede ser la firma del contrato e instalación de maquinarias y equipos, instalaciones varias, etc. y 4) concluido, refiere a la finalización de la construcción de la obra física en su totalidad <http://www.iirsa.org/proyectos/Principal.aspx#>.

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tienen asegurado, en 12 proyectos se están realizando los desembolsos de recursos y en 6 ya fueron otorgados el 100% de los fondos requeridos. En tal sentido, como se observa en el Cuadro N°1 del Anexo, la mayoría del financiamiento proviene de los Tesoros Nacionales, siendo en algunos casos complementada por fondos de Organismos Multilaterales de Crédito. La participación de estos últimos como única fuente de aportes no sólo es reducida en los proyectos del COSIPLAN (con 2 casos) sino que también, tal como se consigna en el Cuadro N°2 del Anexo, son pocos (17) los proyectos ferroviarios que financian18 si se los compara con iniciativas en otros ámbitos19. Asimismo pueden destacarse las acciones que vienen desarrollando conjuntamente los Estados suramericanos y las compañías y bancos chinos. A través de préstamos o mediante la intervención directa en proyectos de

construcción y/o rehabilitación de líneas ferroviarias y la venta de material rodante han ido incrementando, en los últimos años, su participación en el sector ferroviario regional. De acuerdo con los datos relevados20, es posible presentar sintéticamente las principales gestiones y los proyectos existentes en cada país. La Argentina muestra una significativa cantidad de operaciones, que contemplan principalmente préstamos para la renovación de líneas y la compra de formaciones y rieles. Con el objeto de rehabilitar el Ferrocarril Belgrano Cargas21, se firmó, hacia junio de 2012, un contrato de financiamiento por 9500 millones de dólares con el Banco de Desarrollo y el Banco de Industria y Comercio de China22. Asimismo, se compraron, a la empresa CSR Sifang Co Ltd., 709 coches para los ramales Mitre, Roca y Sarmiento. El desembolso de 841 millones de dólares, representaron el 25 por ciento de la facturación anual de la

18. Durante la década del noventa algunos de estos organismos impulsaron la concesión privada de los ferrocarriles en la mayoría de los países de la región. En el caso argentino, por ejemplo, también contribuyeron con fondos para financiar los “retiros voluntarios” y despidos de los trabajadores ferroviarios que se implementaron a partir de esa política. 19. Los proyectos fueron contabilizados a partir del año 2000, para considerar el mismo período en que se inició la IIRSA. El estado de los proyectos (activos, completados, etc.) no fue contemplado como variable pues no era posible aunar criterios entre las bases (sí se excluyeron aquellos que fueron cancelados). Cabe agregar que las iniciativas viales y de transporte terrestre financiadas por estos organismos son mucho más numerosas. 20. La información que se presenta fue principalmente relevada a partir de notas periodísticas por lo que resulta difícil hacer estimaciones regionales respecto a las inversiones totales en sector. La presentación no tiene la pretensión de ser exhaustiva sino ilustrativa de algunos de los proyectos nacionales de mayor notoriedad. 21. El 5 de febrero de 2013 el Estado Nacional argentino retomó la operación del ferrocarril con el objeto de mejorar su competitividad. “El transporte de cargas moviliza alrededor de 450 millones de toneladas al año. El 90 por ciento de los fletes se realiza en camiones y el resto se distribuye en partes iguales entre trenes y barcos. Los granos y subproductos representan alrededor del 50 por ciento de la carga trasladada por los ferrocarriles, mientras que el cemento y materiales de construcción contabilizan un 15 por ciento cada uno” (Página 12, 14/02/13). 22. “El plazo del préstamo es de 15 años y Argentina recién comenzará a devolver los fondos a partir del quinto año de firmado el contrato, pagando un interés equivalente a la tasa de referencia Libor más 2,9 por ciento anual” (Página 12, 26/06/12).

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firma, por lo que el país se convirtió en su cliente más importante. El gobierno argentino también le propuso a CSR la posibilidad de instalar una fábrica a fin de “realizar el mantenimiento de los vagones, brindar asistencia técnica, transferir tecnología, y […] [constituirse en la] plataforma para ingresar al mercado regional” (Página 12, 23/09/13). Por último, en lo que refiere a la compra de rieles, el Estado recibió, a principios de enero de 2014, las primeras 10 mil toneladas23 de rieles de origen chino para la renovación de las vías de los ramales Buenos Aires-Mar del Plata y Buenos Aires-Rosario. El Estado brasileño planea, en el transcurso de 2014, realizar las licitaciones para la construcción de una red ferroviaria de alcance nacional, dentro del marco del Programa de Inversiones en Logística24. La participación de empre-sas chinas es considerada clave en su asociación con empresas brasileñas, dados los beneficios mutuos a obtener. La mayoría de los ferrocarriles proyectados estarán próximos a los principales centros de producción de granos y minerales, contribuyendo directamente al abaratamiento de sus precios. Por su parte Brasil podrá incorporar la expertise china en materia ferroviaria (América Economía, 17/11/13). Con similares motivaciones, el gobierno chino está

interesado también en financiar el ferrocarril interoceánico para conectar Bolivia con el Pacífico. De concretarse, esta obra (con un costo aproximado de 10 mil millones de dólares) cubriría 1.500 kilómetros desde la ciudad de Puerto Suárez (en la frontera con Brasil) hasta el Puerto de Ilo en Perú25. De este modo, “Bolivia podría canalizar la producción agrícola brasileña con destino al mercado asiático, acortando distancias y abaratando costos respecto a la vía marítima por el Cabo de Hornos” (Telesur, 29/12/13). En el caso colombiano la motivación a invertir se vincula con la búsqueda de una alternativa terrestre al canal de Panamá. A partir de febrero de 2011, resurgió el proyecto de establecer un “canal seco”. Éste consiste en la construcción de 220 km de vías desde la costa del Pacífico hasta una nueva ciudad atlántica edificada al sur de Cartagena, con capacidad para el transporte de hasta 40 millones de toneladas de carga al año. Contaría con el financiamiento del Banco de Desarrollo Chino (7.600 millones de dólares) y sería operado por el Grupo Ferroviario de China. Como en los casos anteriores, el fin principal es reducir los costos de transporte, permitiendo la colocación de los productos chinos en la cuenca del océano Atlántico sin tener que pasar por

23. La compra efectuada totaliza 120 mil toneladas. 24. “El Programa tiene como objetivo la reducción de los costos y la mejora de la eficiencia de los servicios logísticos por medio de la ampliación y modernización de la infraestructura logística brasileña” (América Economía, 17/11/13). 25. Paralelamente, la China Harbour Engineering Company (CHEC) quiere invertir alrededor de 300 millones de dólares en obras portuarias en Ilo (El Economista.es, 10/05/13).

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Panamá. Asimismo como quinto productor mundial de carbón, Colombia podría dar prioridad a la creciente demanda asiática. Es para destacar también la participación de China en la revitalización del ferrocarril transandino ecuatoriano. Mediante un acuerdo comercial con la China Electronic Information Technology Ltd., se estableció la provisión de los suministros y rieles necesarios para mejorar el tramo que une Durán con Quito. En Venezuela, la China Railway Engineering Corporation (sucursal Venezuela), está a cargo de la ejecución del tramo ferroviario Tinaco-Anaco que comprende más de 460km de construcción ferroviaria. La Administración de Ferrocarriles del Estado uruguayo prevé mediante la constitución de un fondo fiduciario, una inversión de US$ 1.443 millones para reacondicionar 2.000 kilómetros de vías férreas. El financiamiento provisto por el Banco de Desarrollo Chino, también “incluye la importación e instalación de plantas para la fabricación de durmientes monobloque de hormigón […] y […] la importación de los kits para fijaciones elásticas del riel para dichos durmientes” (El Observador, 31/07/13). Por último, en el marco de la ampliación de la red de trenes de la región metropolitana de

Santiago de Chile, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado destacó que el tramo Santiago-Malloco despertó interés entre empresas chinas, siendo a su vez, la primera vez que se presentarían a la licitación (Sociedad de Fomento Fabril, 5/02/14). De acuerdo con lo expuesto, es evidente que, a diferencia de lo que ocurrió en la región en décadas pasadas, la mejora de la infraestructura y prestación de los servicios ferroviarios es una política de Estado tanto a nivel nacional como regional. El financiamiento necesario no sólo muestra el protagonismo estatal sino que parece plantear nuevos términos y desafíos en la dinámica de poder regional. La participación de actores extraregionales como China, sea a través de sus empresas (realización de obras, prestación de servicios y/o insumos necesarios) o sus bancos (otorgamiento de préstamos) parece anticipar nuevos reposicionamientos de los actores estatales. Máxime en un tablero donde los grandes proyectos de infraestructura, y en este caso particular ferroviaria, inciden directamente sobre el desarrollo integral y el equilibrio de poder en la región. Construyendo poder A partir de la teoría intergubermentalista, Quispe et al. (2013) señalan la

26. “Las contribuciones al Fondo Fiduciario en este modelo estarán determinadas por 'valores futuros derivados de los tributos que gravan los incrementos previstos, previsibles y negociados en los volúmenes de intercambio bilateral entre Uruguay y la República Popular de China, así como las rentas generadas por importaciones y exportaciones participantes a dicho incremento'[…] La propuesta abarca una proyección sobre el intercambio comercial entre ambos países entre los años 2013 y 2028, donde se estiman las contribuciones anuales al Fondo Fiduciario. Precisamente, en un lapso de tres años este instrumento generaría recursos por US$ 1.240 millones, por lo que prácticamente podría amortizarse la inversión en la reconstrucción de las vías” (El Observador, 31/07/13).

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necesidad de considerar el trasfondo político en el proceso de integración en infraestructura, haciendo hincapié en el rol de Brasil y sus empresas públicas y privadas (las llamadas “translatinas”27 brasileñas). Para estos autores, el surgimiento de la IIRSA junto a la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones (antecedente de la UNASUR) constituyeron una plataforma privilegiada para su expansión en la región vía el proceso de integración. Sin embargo, a mitad de la década del 2000, la política exterior brasileña cambió esta proyección regional por una mundial. “[Orientado] a convertirse en un global player de relevancia en el sistema internacional, las prioridades son satisfacer sus requerimientos y necesidades nacionales de carácter económicos antes que liderar una región en búsqueda de la integración económica, y mucho menos política. América del Sur es funcional a sus propósitos […] [Su] participación […] ha estado concentrada más en el beneficio de sus transnacionales que en el resto de los países” (Quispe et al., 2013: 183). En este sentido, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) tiene un papel fundamental debido a su capacidad de financiamiento. Facilitó así las posibilidades de adjudicación de proyectos de infraestructura y energía a empresas brasileñas especializadas en servicios de ingeniería. Si bien puede apoyar otros

proyectos de integración, siempre se asegura que se efectúen con la participación de las compañías brasileñas. Asimismo exige que los bienes y servicios cubiertos por su financiamiento estén integrados a la cadena productiva nacional de Brasil (Quispe et al., 2013). En esta misma línea, Perrota et al. (2011: 2) analizan este proceso de internalización de las firmas brasileñas, mostrando como entre los años 2001 y 2008 “el 78,6% del total [de las inversiones brasileñas en América Latina] tuvo como destino a los países del MERCOSUR, [el] segundo destino […] fue Chile (7,6%), seguido por los países de la Comunidad Andina (7,5%)”. Los autores destacan que la principal estrategia de estas compañías se caracterizó por adquirir empresas existentes o ampliar su capacidad instalada, concentrándose “en sectores asociados a la explotación de recursos naturales (minería, hidrocarburos, actividad agropecuaria) y sus manufacturas (alimentos y bebidas, materiales para la construcción, siderurgia y metalurgia, calzado y cueros, etc.), en servicios (bancos y entidades financieras, transporte y correos, servicios de agua, electricidad y gas, actividad inmobiliaria, comercio, etc.), y en pocas industrias con contenido tecnológico medio (productos químicos)”. De esta manera, Brasil pasó a tener el

27. “Se trata básicamente de empresas que nacen en el seno de un Estado, empresas que han sido privatizadas por éste o que mantienen fuertes vínculos con éste. Los principales sectores en los que se desempeñan son la construcción, la energía, los hidrocarburos, el cemento, la siderurgia, entre otros […] Los países con mayor cantidad de translatinas a nivel sudamericano son Argentina, Chile, pero sobre todo Brasil. El sector infraestructura es uno de los más importantes, junto con el de energía” (Quispe et al., 2013: 180).

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control de grandes firmas en sectores estratégicos de las economías de sus vecinos. Ahora bien, si se analiza su influencia en materia ferroviaria, esta estrategia no posee el mismo alcance regional. A la luz de los datos relevados, China con sus empresas y bancos parece perfilarse como el jugador preponderante para impulsar las inversiones en el sector28. Esto debe ser contemplado en el marco de las crecientes inversiones de este país en América Latina. Siguiendo lo expuesto por ECLAC (2013)29, a partir de 2010, las firmas chinas (fundamentalmente estatales) han venido invirtiendo en los países latinoamericanos, en promedio, cerca de US$ 10 mil millones por año. Casi el 90% de las inversiones chinas estimadas se efectuaron en recursos naturales. Aun cuando está muy lejos de ser una de las mayores fuentes de inversión extranjera directa en la región30, sus compañías tienen una importante participación en las industrias petrolera y minera locales. Las mayores inversiones en petróleo y gas han sido realizadas en Argentina, Venezuela, Brasil, Colombia y Ecuador. En materia de minería se han concentrado en Perú y en menor medida en Brasil, donde también están operando empresas manufactureras y una compañía de electricidad.

Existe otro dato que también ayuda a explicar el interés en el transporte ferroviario. El 70% de las importaciones chinas procedentes de Latinoamérica son materias primas (petróleo, hierro, cobre, soja, etc.) por lo que cualquier alteración en su demanda puede originar un gran impacto en los precios internacionales y con ello, en los términos de intercambio de la región. Así la búsqueda de abaratamiento de los costos de flete, es una necesidad no sólo para mejorar la integración de los propios países sino también para favorecer las condiciones comerciales chinas. Como se observara, algunos de los proyectos enunciados tienden a acortar y facilitar las distancias de traslado. En otros casos, las iniciativas están vinculadas directamente con las industrias extractivas pues construyen sus propios transportes para realizar los traslados hacia los puertos. Como consecuencia de la veda impuesta por los circuitos internacionales, las facilidades de préstamos y negocios brindadas por China posibilitaron el desarrollo de diferentes áreas de las economías de los países suramericanos. Aunque aún incipiente, el sector ferroviario no fue la excepción. Abordar su estudio permitió proyectar la dimensión de la participación china en un ámbito donde Brasil y sus translatinas

28. Esta afirmación no se contradice con lo expuesto respecto del papel activo de los Estados nacionales pues de lo que se trata aquí es de un actor que interviene transversalmente en diversos proyectos nacionales, algunos con alcance regional estratégico. 29. Traducción propia. 30. Las principales fuentes siguen siendo la Unión Europea (40% del total) y Estados Unidos (25%). La parte de China y otras economías asiáticas sigue siendo modesta (7%) (ECLAC, 2013).

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parecieran no estar en condiciones de competir al mismo nivel. El accionar chino trasciende la mera cuestión sectorial y pone en juego nuevas relaciones de poder en la región. La concreción de los proyectos ferroviarios previstos, conllevaría un importante impacto sobre las condiciones de comercialización con los Estados de la región pues, el abaratamiento de los costos de traslado, podría impulsar un aumento en las compras de productos primarios31. Se le abre así otra vía más por donde afianzar sus vínculos y profundizar su inserción en Suramérica. Dado este marco, surgen necesariamente interrogantes respecto de cómo seguirá desenvolviéndose la dinámica de integración y más específicamente, en materia de infraestructura física ferroviaria. ¿Será posible avanzar en la infraestructura requerida más allá de los intereses chinos? ¿Qué posibilidades tiene Brasil (asociado con alguno de sus vecinos) de impulsar la industria en el sector? ¿Qué margen de maniobra e injerencia real puede tener el GTIF en este contexto? ¿Podrán los Estados de la UNASUR obtener financiamiento sin resignar una “construcción regional soberana”? ¿Podrán articular una estrategia conjunta para evitar negociaciones bilaterales con consecuencias no deseadas a nivel regional? Las respuestas a estas preguntas escapan el alcance de este ensayo y pueden ser materia de futuras indagaciones. Aquí el objetivo

fue trazar algunas aproximaciones respecto del desenvolvimiento del sector ferroviario en Suramérica teniendo en cuenta principalmente a los actores clave involucrados y cómo su accionar posee repercusiones sobre la integración.

Bibliografía Barbero, J. (2010). “La logística de carga de cargas en AL y el Caribe: una agenda para mejorar su desempeño”. Documento BID. Barbero, J. (2011). “La Infraestructura en el Desarrollo Integral de América Latina. Diagnóstico estratégico y propuestas para una agenda prioritaria”. IDeAL 2011. CAF. ECLAC (2013). “Chinese foreign direct investment in Latin America and the Caribbean. China-Latin America crosscouncil taskforce”. Working Document, November. Kohon, J. (2011a). “Más y mejores trenes. Cambiando la matriz de transporte en América Latina y el Caribe”. Documento BID. Kohon, J. (2011b). “La Infraestructura en el Desarrollo Integral de América Latina. Diagnóstico estratégico y propuesta para una agenda prioritaria. Transporte. IDeAL 2011”. CAF. Martínez, M. (2012). “Apoyo a la creación de una red regional IIRSA de

31. Desde hace varios años, la CEPAL viene advirtiendo del proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas y con ello, la necesidad de desarrollar productos con mayor valor agregado.

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intercambio de casos exitosos en la provisión de servicios de infraestructura”. Documento BID. Perrotta, D., Fulquet, G. e Inchauspe, E (2011). “Luces y sombras de la internacionalización de las empresas brasileñas en Sudamérica: ¿integración o interacción?”. Nueva Sociedad. Accesible en: <http://www.nuso.org/userView/ notas/fulquet.pdf> Quispe, L., Loncharich, I., Espinoza, L. y Mormontoy, E. (2013). “La integración en infraestructura sudamericana: un análisis a partir del liderazgo regional brasileño”. En Revista Andina de Estudios Políticos. Vol. III, N° 1, 166-185. Documentos Estatuto del Consejo de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN). IIRSA 10 años después: sus logros y desafíos (2011).Buenos Aires: BIDINTAL. Notas de la Primera Reunión del Grupo de Trabajo sobre Integración Ferroviaria. Reglamento del Consejo de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN). Artículos periodísticos (selección) “Alternativa al Canal de Panamá”, El Espectador, 15/02/11. Disponible en: <http://www.elespectador.com/impreso /temadeldia/articulo-251042-alternativaal-canal-de-panama> “Bolivia construirá con China proyecto de ferrocarril interoceánico”, Telesur, 29/12/13. Disponible en: <http://www. telesurtv.net/articulos/2013/12/29/bolivi a-presentara-a-china-proyecto-deferrocarril-interoceanico-5798.html>

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Anexo Cuadro N° 1 Proyectos en infraestructura ferroviaria COSIPLAN: etapa y financiamiento (monto, tipo, estado y fuente) PROY ECT OS NACIONALES Financiamient o País/ Nombre del proy ect o

Et apa

Mont o (en Tipo millones, (1) US$ )

Est ado

Fuent e (2)

ARGENTINA Rehabilitación operativ a del Ferrocarril Belgrano Cargas

Pre-ejecución

3 50 P

en desem bolso TN

Rehabilitación del ram al ferrov iario C1 4 : Salta - Socom pa

Pre-ejecución

60 P

en desem bolso TN

Rehabilitación del ram al ferrov iario C1 8: Joaquín V. González - Pichanal

Pre-ejecución

50 P

en desem bolso TN

Rehabilitación del ram al ferrov iario C: Santa Fe - San Salv ador de Jujuy

Pre-ejecución

27 0 P

en desem bolso TN

Reordenam iento de los accesos ferrov iarios a la ciudad de Rosario (*)

Ejecución

92 P

en desem bolso TN

Reconstrucción de la ferrov ía Garupá - Posadas

Pre-ejecución

1 00 P

aprobado

CAF

Ram al ferrov iario Paraná - Concepción del Uruguay

Pre-ejecución

80 P

aprobado

Ruta Nacional N° 7 : construcción de v ariante ferrov iaria Laguna La Picasa

Concluído

30 P

com pletado

Renov ación y rehabilitación de los ram ales A2 , A1 0, A7 del Ferrocarril Belgrano Cargas Perfil

225 P

en desem bolso TN

Pre-ejecución

6 ,7 P

en desem bolso BID

Construcción de la ferrov ía Cascav el - Guaira - Dourados - Maracajú

Pre-ejecución

2 .000 P/P

en desem bolso v arios

Ferrov ía nov a transnordestina fase I (Suape - Salgueiro/Pecém - Eliseu Martins)

Ejecución

3 .000 PR

en desem bolso PR

Ferrov ía norte-sur fase II (Açailândia - Palm as)

Concluído

2 .500 P

com pletado

Ferrov ía de integración oeste - leste fase I (Ilhéus - Barreiras)

Ejecución

2 .000 P

en desem bolso TN

Ferrov ía norte - sur fase III (Palm as - Cam pinorte)

Ejecución

Anillo ferrov iario de San Pablo

Pre-ejecución

Contorno ferrov iario de Cam po Grande

Concluído

31 P

com pletado

TN/TM

Mejoram iento del tram o ferrov iario Corum bá - Cam po Grande (ferrov ía del Pantanal)

Concluído

2 2 P/P

com pletado

v arios

BOLIVIA Corredor ferrov iario bioceánico central BRASIL

6 00 P

aprobado

1 .500 P/P

TN TN

en desem bolso A/D

CHILE Corredor ferrov iario bioceánico, tram o Chile (Antofagasta – Socom pa) (**)

Concluído

Rehabilitación y concesión del ferrocarril Arica - La Paz (tram o chileno)

Ejecución

/ 50 P

en desem bolso TN

URUGUAY Rehabilitación y m ejora del tram o Piedra Sola - Salto Grande

Pre-ejecución

1 2 7 ,3 P

aprobado

TN/FOCEM

Reacondicionam iento de la ferrov ía entre Montev ideo y Riv era (*)

Pre-ejecución

1 3 4 ,83 1 P

aprobado

TN/FOCEM

Pre-ejecución

1 66 P

aprobado

CAF/TN

com pletado

PROY ECTOS BINACIONALES ARGENTINA-PARAGUAY Construcción y rehabilitación de la ferrov ía Asunción - Posadas BRASIL- URUGUAY Reacondicionam iento de la ferrov ía Riv era - Santana do Liv ram ento - Cacequi

Concluído

5 PR

(1) P= Público, PR= Privado, P/P= Público/Privado. (2) A/D= A designar, BID= Banco Interamericano de Desarrollo, CAF= Corporación Andina de Fomento, FOCEM=Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR, PR= Privados, TM= Tesoro Municipal, TN= Tesoro Nacional, TP= Tesoro Provincial. (*) En la base de datos el tipo de financiamiento se consigna como P/P. Sin embargo, al abordar los detalles del proyecto resulta ser sólo P. (**) Obra preexistente. Eventualmente se definirán las acciones requeridas para que el tramo se incorpore al corredor ferroviario bioceánico. La línea férrea tiene larga data. No se esperan mejoramientos futuros por lo que la inversión es nula. Fuente: Elaboración propia en base a la Base de datos de la cartera de proyectos del COSIPLAN (http://www.iirsa.org/proyectos/Principal.aspx)

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Mariela Verónica Rocca Cuadro N° 2 Créditos de organismos multilaterales para proyectos ferroviarios suramericanos Créditos de organismos multilaterales Corporación Andina de Fomento (CAF) País

Año de aprobación

Proyecto

Monto

Argentina

2011

Proyecto de recuperación y mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano

Argentina

2005

Proyecto Viaducto Ferroviario La Picasa

Perú

2010

Tren Eléctrico Urbano de Lima

300

Perú

2006

Rehabilitación del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica

14,89

Venezuela

2004

Proyecto Ferrocarril Caracas - Tuy Medio

200

(en millones de US$)

326

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) País

Año de aprobación

Proyecto

Monto

Argentina

2013

Proyecto de Mejora Integral del Ferrocarril Gral Roca: Ramal Constitución

300

Argentina

2012

Preparación de Primera Operación del Programa de Recuperación Ferrocarriles Metropolitanos

Bolivia

2010

Programa de Preinversión en Proyectos Estratégicos de Transporte

15,8

Brasil

2011

Apoyo al Fortalecimiento Institucional de la ANTT para la Gestión del Transporte de Alta Velocidad

Brasil

2011

Desarrollo de un Plan de Fortalecimiento Institucional para la Gestión del Servicio de Alta Velocidad

0,19

Brasil

2010

Contrapartida local ATN/KK-12380-BR

4,75

Brasil

2010

Apoyo a la ANTT para la Gestion del Proyecto del Tren de Alta Velocidad

Brasil

2008

Contrapartida Local ATN/OC-10699-BR

7,3

Brasil

2007

Estudio Demanda y Alternativas Tren Alta Velocidad Rio de Janeiro- San Pablo

1,5

Uruguay

2012

Programa de Infraestructura Vial II

Financiamiento adicional para el Proyecto para mejorar y hacer más ecológico el sistema ferroviario urbano de Río de Janeiro

600

(en millones de US$)

Banco Mundial (BM) Brasil

2012

Fuente: elaboración propia en base a la cartera de proyectos de los Organismos. http://www.caf.com/es/proyectos http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html http://www.bancomundial.org/projects/sector?lang=es&page=

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As influências de um modelo neodesenvolvimentista na integração regional1 Lisandra Pereira Lamoso Introdução A expressão “Novo Desenvolvimentismo” ganha visibilidade a partir do artigo de Bresser-Pereira, publicado na mídia jornalística em 20042. Estavam propostos os princípios do corpo teórico que procura explicar o modelo de desenvolvimento econômico vigente na economia brasileira nos primeiros anos do século XXI, em contraponto a um momento econômico de alguma semelhança, ocorrido entre 1930 e 1980, de intenso crescimento econômico, que foi seguida pela “onda ideológica globalista neoliberal que vinha do norte” (Bresser-Pereira, 2004). Não há consenso sobre as características do Neodesenvolvimentismo

brasileiro, embora autores como Bresser-Pereira (2004) e Sicsú (2007) concordem que há diferenças entre o modelo nacional-desenvolvimentista e o adotado desde o segundo Governo do Presidente Lula da Silva. Entre várias, uma das correntes que se propõe a caracterizar o que seja o Neodesenvolvimentismo, está o conjunto de intelectuais que compõe a Rede Desenvolvimentista3. Há quem entenda que, nos últimos anos, tenha ocorrido um “nacional -desenvolvimentismo às avessas”, com desativação da indústria, inversão da política de substituição de importações, ênfase à exportação de produtos primários, e dominância financeira -esta

Doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Docente nos cursos de Geografia (Mestrado e Doutorado) e Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Bolsista de Produtividade em Pesquisa II, do CNPq. Correio eletrônico: lisandralamoso@ufgd.edu.br. 1. Pesquisa realizada com apoio do CNPq e Fundect. 2. Trata-se do texto “O Novo Desenvolvimentismo”, publicado no Jornal Folha de São Paulo em 19 de abril de 2004. 3. Ela resulta da parceria de três instituições: o Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica (CECON) da

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é a opinião de Gonçalves (2012). Outra interpretação sobre neodesenvolvimentismo foi apresentada por Boito (2012), que a considera um “modelo capitalista neoliberal reformado”4 liderado por uma fração da burguesia formada pela quase totalidade das classes dominadas, do operariado urbano ao campesinato, passando pelas legiões de desempregados e semiempregados, que sustentou os Governos Lula e sustenta o Governo Dilma porque percebe corretamente que é beneficiada econômica e politicamente por essa nova versão do neoliberalismo. Almeida chama de “Neonacionaldesenvolvimentismo” a política estatal e a ideologia encarnadas pelo Governo Lula, que não somente “manteve a hegemonia do grande capital, em especial de seus segmentos mais ligados à atividade especulativa, como foi intensa a participação direta das frações burguesas, inclusive via representação parlamentar, na definição da política de Estado”. (Almeida, 2012, p.700). É sobre esse processo ainda controverso que este texto pretende caminhar, trazendo à discussão alguns elementos em curso do Neodesenvolvimentismo no Brasil, para refletirmos sobre as implicações desse modelo no processo

de integração regional, nas ações e estratégicas do Brasil no continente sulamericano. Este texto está dividido em duas partes, além deste introdução. Na primeira, buscamos caracterizar as variáveis-chave do que nomearemos Neodesenvolvimentismo. Neste item daremos destaque ao papel do BNDES como braço executor financeiro da política macroeconômica e apresentaremos algumas considerações sobre a política externa brasileira. Na segunda parte, à luz de alguns exemplos selecionados, pensamos encaminhar a discussão sobre o papel híbrido que tem exercido o Estado Brasileiro, com posicionamentos pró-mercado, considerados “imperialistas” e, concomitantemente, com ações de viés social, com objetivo de exercer seu papel de líder continental valendo-se do peso de seu orçamento e da capacidade de dedicar recursos às iniciativas integracionistas. O Neodesenvolvimentismo na Formação Socioespacial Brasileira Iniciemos por Bresser-Pereira e suas interpretações sobre o que considera como características de um novodesenvolvimentismo. Para o autor, o

UNICAMP, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) do MCTI e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, com o objetivo de colaborar na promoção de debates, seminários e publicações, sobre ampla agenda de pesquisa: temas conjunturais, dimensões de natureza estratégica que podem vir a se constituir, no futuro, em obstáculos para o desenvolvimento do país e desdobramentos como o desenvolvimento latino-americano, a integração regional, as relações Sul-Sul e os BRICS. Site disponível em <http://www.reded.net.br/>. 4. Entrevista publicada no jornal Brasil de Fato, n. 475 (5-11/4/2012), Disponível em: <http://www.brasildefato. com.br/content/%E2%80%9C-economia-capitalista-est%C3%A1-em-crise-e-contradi%C3%A7%C3%B5estendem-se-agu%C3%A7ar%E2%80%9D>

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principal é a opção por uma estratégia nacional de desenvolvimento, que tenha o ponto de partida na discussão de um projeto nacional que prioriza o uso da poupança interna. O Novo-desenvolvimentismo deve ser preocupar com a manutenção de uma estabilidade macroeconômica, equilíbrio fiscal, redução do déficit público, com o superávit, o Banco Central deve envidar esforços no controle da inflação, pois isso implica na manutenção do nível de atividade e, consequentemente, do emprego. Também se ocupa da redução do déficit público e com o financiamento do desenvolvimento com recursos da própria nação. (Bresser-Pereira, 2004). Se o desenvolvimento econômico brasileiro Para Sicsú et al. (2007), o novo desenvolvimentismo tem origens teóricas na perspectiva keynesiana baseada na complementaridade entre Estado e mercado e na visão cepalina neoestruturalista, que compartilha a análise de que a industrialização latinoamericana não foi suficiente para resolver a desigualdade e por isso tornase necessária uma estratégia de transformação produtiva com equidade social que permita compatibilizar crescimento econômico sustentável com distribuição de renda (Sicsú et al., 2007), embora não se saiba ao certo o que é esse crescimento econômico sustentável. As teses dos autores são compostas pelos seguintes elementos: “(i) não haverá mercado forte sem um Estado forte; (ii) não haverá crescimento sustentado a taxas elevadas densidades nº 16 - septiembre 2014

sem o fortalecimento dessas duas instituições (Estado e merca do) e sem a implementação de políticas macroeconômicas adequadas; (iii) mercado e Estado fortes somente serão construídos por uma estratégia nacional de desenvolvimento; e (iv) não é possível atingir o objetivo da redução da desigualdade social sem crescimento a taxas elevadas e continuadas”. (Sicsú et al. 2007, p.509). A visão de um Estado forte passa pela qualificação do Estado não apenas enquanto instituição política mas também enquanto instância de administração e gestão, com a profissionalização da gestão pública e uma certa descentralização e transferência de algumas funções para agência autônomas (as agências reguladoras estão inspiradas nesse modelo). Não por acaso, ser um “bom administrador”, agir nos limites da racionalidade administrativa passa a ser uma característica almejada e propagada nas campanhas de marketing eleitoral. Muitos candidatos, de vereador a presidente da República, se autoproclamam bons administradores, como se quisessem ocultar a importância de ser político, no sentido pleno da palavra. Em contraposição ao Estado reduzido, do Neoliberalismo, a proposta de um Estado forte serve para: regular a concorrência; executar políticas macroeconômicas defensivas contra ataques especulativos, bem como políticas de caráter expansionista, que possam promover pleno emprego principalmente em contextos de recessão. A crise internacional de 2008

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colocou à prova toda capacidade do Estado de reagir na defesa de sua economia. As torneiras do crédito foram irrigadas pela ação dos bancos públicos brasileiros, notadamente Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES. A justificativa para um Estado forte, diferente de um Estado empresário e/ou proteccionista é a necessidade de que seja atuante nos planos político, regulatório, administrativo, além de financeiramente sólido, com capacidade de promoção do progresso técnico e do desenvolvimento do capital humano através da educação pública (Sicsú et al., 2007). O necessário fortalecimento do Estado, no modelo Nodesenvolvimentista, também é necessário para que o mesmo possa exercer a função de coordenação dos vários instrumentos os quais pode dispor para realizar os objetivos propostos no desenvolvimento econômico. O Estado pode valer-se de políticas fiscais, monetárias, cambiais sempre como parte de um conjunto orgânico, que permita avaliar os impactos de cada uma delas e delas no conjunto, em função da almejada estabilidade macroeconômica. Um outro ponto de destaque, paralelo ao fortalecimento do Estado diz respeito ao empresáriado, lado privado do capital. O projeto do Neodesenvolvimentismo é o projeto de fortalecimento do capitalismo, do desenvolvimento das forças produtivas e não há capitalismo forte sem empresário forte. Nas palavras de Sicsú et al. (2007), sem o empresariado nacional forte e competi-

tivo, não se criam condições para participar em igualdade de condições do pesado jogo da competição internacional de comércio e investimentos. A desigualdade social, secundarizada na pauta até então, ganha papel de destaque no debate econômico. A proposta é uma conjugação de ações visando: qualificação de mão-de-obra, reformas na legislação trabalhista, políticas sociais, com a perseguição de taxas elevadas e permanentes de crescimento econômico para assegurar uma melhora no perfil distributivo, bem como possibilitar a “geração empregos e arrecadação tributária que pode er utilizada na implementação de programas sociais universalizantes”. (Sicsú et al., 2007, p.523). Essas características são definidas pelos economistas mais como uma expectativa do que seja o modelo do que propriamente o modelo em curso no Brasil atual. É importante registrar que o debate e as proposições elaboradas no plano teórico são extremamente importantes para a reflexão de diretrizes, encaminhamentos, estratégias e para mapear a zona política de intervenção mas as discussões que se elaboram no plano teórico raramente encontram seu respaldo em condições objetivas, no jogo de forças entre classes e na configuração da representação política de classes. As características, que apresentamos de forma bastante sintética, sobre o que se espera ser um modelo Neodesenvolvimentista (que também recebe nomes variados como Neonacional-desenvolvimentismo, densidades nº 16 - septiembre 2014

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Novo Desenvolvimentismo) são moldadas pelas relações sociais desiguais, pelos interesses econômicos os mais divergentes, pelo poder de interesses econômicos hegemônicos e por frações dele. Os modos de acumulação não se impõe puros. A categoria marxista da Formação Econômica e Social já apregoava que o modo de produção capitalista é uma possibilidade, que, ao ser realizada, caracterizará a Formação Econômica e Social, para uma dada sociedade, em dado tempo e espaço. Para Santos (2005, p.27-28): “Modo de produção, formação social, espaço - essas três categorias são interdependentes.Todos os processos que, juntos, formam o modo de produção (produção propriamente dita, circulação, distribuição, consumo) são histórica e espacialmente determinados num movimento de conjunto, e isto através de uma formação social”. O que pretendemos explicar quando trazemos para a discussão a categoria da Formação Econômica e Social, é que há um modelo econômico no momento chamado Neodesenvolvimentista, que possui características particulares, definidas no plano teórico, que considera o conhecimento teóricoempírico acumulado mas é um modelo. O que o Estado brasileiro e o Governo brasileiro implementam é algo que tem características predominantes do que se convencionou chamar Neodesenvolvimentismo mas, ao mesmo tempo, é profundamente modificado pelas condições objetivas que estão postas no

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país. Estas condições objetivas são as lutas de classe, o estágio do desenvolvimento das forças produtivas, as distribuição variada de recursos naturais pelo território brasileiro, as relações políticodiplomáticas com os demais países, notadamente, os vizinhos sul-americanos, o embate entre diferentes projetos políticos de nação realizados no palco das instituições em vigência, nesta democracia representativa. São esses, entre muitos, fatores que transformam/ reafirmam características de um modelo Neodesenvolvimentista. Nosso marco analítico remete ao período de Governo do Presidente Luis Inácio Lula da Silva pois já há amparo na literatura que indique ser o modelo algo delineado nesses dois Governos e continuado na gestão Dilma Rousseff. Os autores Boito (2012) e Almeida (2012) já citados neste texto, concordam com essa avaliação. Não se pretende, em tão breve espaço e com tão pouco distanciamento dos fatos, fazer uma análise aprofundada dos avanços e das críticas do que foi/tem sido o governo mais popular. O que pretendemos é extrair alguns elementos sobre o modelo e sua realização concreta e associarmos com as implicações para uma política de integração regional que tem sido permeada por críticas quanto as estratégias do governo brasileiro sobre outros países sul-americanos (a discussão sobre o Imperialismo).

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Cuadro 1 Síntese de características Neodesenvolvimentistas em 4 dimensões Dimensões

Características

Economia

Manutenção de uma estabilidade macroeconômica, equilíbrio fiscal e redução do déficit público, necessita da participação ativa do Banco Central no controle da inflação. Perseguir taxas elevadas e permanentes de crescimento econômico para assegurar uma melhora no perfil distributivo.

Estado

Estado forte. Aperfeiçoar as competências de gestão e administração. Estado forte serve para: regular a concorrência; executar políticas macroeconômicas defensivas contra ataques especulativos; colocar em prática políticas de caráter expansionista; coordenação dos vários instrumentos os quais pode dispor para realizar os objetivos propostos no desenvolvimento econômico. Utilização eficiente de políticas fiscais, monetárias, cambiais combinadas.

Empresariado

Fortalecer o empresariado para competir no mercado internacional, realizar investimentos em inovação tecnológica, aumento dos ganhos de produtividade, colaboração na balança comercial através da exportação de manufaturados.

Classe trabalhadora

Políticas de qualificação de mão-de-obra, reformas na legislação trabalhista, políticas sociais, crescimento econômico para possibilitar a geração empregos e arrecadação tributária.

Questão social

Crescimento econômico com melhoria da distribuição de renda, políticas inclusivas com foco na contrapartida da responsabilidade familiar. Esta questão é contemplada se asseguradas elevadas taxas de crescimento econômico.

Muito sinteticamente, o quadro apresenta o que se espera do modelo. A seguir, traçaremos considerações sobre o que temos, que resulta na formação socioespacial. Do modelo que se define na teoria para o modelo que se tem em curso A Economia talvez seja a seara não de maior importância mas com certeza de maior debate a respeito dos interesses e da disputa ideológica sobre qual fração do capital proteger e privilegiar. A primeira crítica feita aos Governos Lula é não ter rompido com a hegemonia do capital financeiro em sua modalidade especulativa (Sader, 2009). Sader critica não só o não rompimento como o fato

de ter-lhe dado continuidade e consolidado a independência do Banco Central, que o autor julga ser a expressão política e institucional da hegemonia do capital financeiro. O Estado tem cumprido seu papel histórico, não diferente de momentos históricos anteriores, com a “novidade” do enaltecimento da “competência administrativa” que é exaltada pelo marketing eleitoral como um adjetivo positivo quando se pretende a promoção de políticos para cargos tanto para o legislativo e executivo municipais quanto para a presidência da república. Esse comportamento esvazia o conteúdo do debate político que requer a defesa de opções e prioridades, portanto não são densidades nº 16 - septiembre 2014

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questões meramente técnicas que tem que ser resolvidas. A política implica em elencar prioridades, fazer opções. Optar pela maior ou menor integração no âmbito do Mercosul não é uma decisão exclusivamente técnica, sobre a qual pesam os efeitos da balança comercial. A opção é política e resulta de um jogo de forças entre interesses de capitais privados nacionais, que buscam as melhores condições de acumulação. A crise de 2008 fez emergir o Estado forte e interventor, que se valeu de todos os instrumentos para a manutenção dos níveis de emprego e da atividade industrial. Foram colocadas em prática políticas fiscais, isenções, estímulo ao crédito, programas de incentivo à constru-ção civil como forma de manter a geração de empregos em níveis satisfatórios. Programas como “Minha Casa Minha Vida” de cunho habitacional foram expandidos, assim como foi dada devida atenção ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com investimentos em infraestrutura os mais diversos. A manutenção do crescimento econômico também se vale do Estado forte que transborda para o entorno e dá suporte ao financiamento de obras nos países vizinhos que utilizam os serviços de empresas de construção civil brasileiras, como é o caso da Odebrecht, Camargo Correia. Estimular a participação das empresas estrangeiras no Mercosul é trabalhar pela demanda das

mesmas no interior de um projeto político de desenvolvimento econômico, condizente com o Neodesenvolvimentismo. O Governo Federal retomou estratégias de planejamento de médio e longo prazos, principalmente relativas à política industrial5. No primeiro Governo Lula (2003-2006) foi elaborada a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) e, posteriormente, no período 2007-2010, a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP). A PITCE buscou: a) promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação, b) melhorar a eficiência do sistema produtivo e c) expandir as exportações. Tais objetivos estavam na pauta da preocupação do Governo Federal que era manter a “sustentabilidade macroeconômica”, que passaria pela obtenção de um elevado superávit comercial. O superávit serviria para “reduzir a vulnerabilidade do balanço de pagamentos, recuperar um volume expressivo das reservas próprias de divisas e viabilizar uma queda segura e irreversível da taxa de juros” (Coutinho, 2003, p.334). A segunda política industrial, a PDP, traçou quatro macrometas: a) Aumento da taxa de investimento, ou seja, da formação bruta de capital fixo; b) Ampliação das exportações brasileiras no comércio mundial; c) Elevação do investimento em Pesquisa & Desenvolvimento e d)Ampliação do número de

5. Críticas a política industrial do Governo Lula podem ser encontradas em Almeida (2003).

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Pequenas e Médias empresas exportadoras. (MDIC, 2010). Na PDP, o destaque ficou para o papel que o comércio exterior tem no crescimento econômico. Estimular o crescimento da participação brasileira no comércio internacional foi necessidade e estratégia. O comércio exterior demanda ampliar a escala de produção e conjuga esforços com os objetivos do Governo. Para o Presidente do BNDES, Luciano Coutinho, “a arte da política industrial e de comércio exterior reside precisamente em combinar a captura de novas oportunidades sem abandonar as bases da competitividade já adquiridas nas commodities intensivas em recursos naturais, escala, energia e trabalho” (Coutinho, 2003, p.339). Como as bases da competitividade estavam dadas pelas commodities intensivas em recursos naturais, sem dúvida, o agronegócio exportador entrou na pauta como elemento garantidor de superávits comerciais. Isto abriu um ponto de clivagem no interior da própria esquerda, historicamente defensora de um modelo que deve conferir prioridade à agricultura familiar, com avanços na reforma agrária. O Governo vai se construindo entre interesses divergentes de sua base e do projeto econômico que coloca em vigor, não sem deixar sequelas que ainda não é possível mensurar.

Como a política industrial e o agronegócio estão intrinsecamente ligados ao papel do empresariado na economia, o fortalecimento desse agente tornou-se prioridade. O entendimento é que um capitalismo forte necessita de uma classe empresarial forte, que deve ser a responsável pelos investimentos que geram efeitos multiplicadores para o restante da economia, ao demandar energia, matéria-prima, meios de transporte, aparato financeiro, mão-de-obra qualificada, serviços cada vez mais especializados. Fortalecer o empresariado significa, por extensão, apoiar suas ações inclusive fora do território nacional. O empresariado forte faz parte do modelo e comparece como algo paradoxal na medida em que o governo de esquerda pleiteia pelo seu fortalecimento, com estímulos à formação de capital e acesso às melhores condições de competição internacional ao mesmo tempo em que os representantes políticos da oposição fazem críticas contundentes aos gastos públicos, principalmente via bancos de fomento6. Em termos gerais, há um governo liderado pelo Partido dos Trabalhadores, historicamente envolvido em um espectro de centro-esquerda, no ideário político e uma movimento de oposição liderado pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) que faz

6. Fazemos menção a reportagem do Jornal Valor Econômico, veiculada em 11 de dezembro de 2013, com o título “As idéias dos economistas que fazem a cabeça de Aécio Neves”. Aécio Neves foi Governador de Minas Gerais, filiado do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) é um dos principais expoentes do partido para concorrer à Presidência da República, em oposição ao Partido dos Trabalhadores (PT). Disponível em <http://www.valor.com.br/politica/3334126/conselheiros-tucanos-querem-rever-desoneracoes-e-reajuste-dominimo>

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críticas ao modelo de desenvolvimento econômico em vigor. À medida em que se aproximam períodos de decisões eleitorais, tende a ocorrer maior distinção dos projetos políticos para o país e, como consequência, dos projetos de integração e relacionamento com os demais países sul-americanos. Alguns dos economistas que elaboram as propostas para o Partido da Social PSDB, oposição do Partido dos Trabalhadores (PT) na futura disputa eleitoral pela presidência da república, apontam a necessidade de rever as desonerações, que são os estímulos pela via da renúncia aos impostos, empreendido pelo Governo Federal como forma de manter e aumentar o nível de demanda e de empregos formais. Segundo reportagem do Jornal Valor Econômico7, “Uma posição que Almeida8 diz ser unânime entre os interlocutores de Aécio é uma reversão da política adotada, sobretudo, no governo Lula de ajuda a empresas privadas a se tornarem líderes em seus setores, as chamadas campeãs nacionais. 'Ficar transferindo recursos para o BNDES e do BNDES para as campeãs nacionais, isso acabou', disse Almeida”.

expandindo para os países vizinhos, principalmente no caso das empresas de construção civil. Então, é possível afirmar que a maior presença de empresas brasileiras nos vizinhos sulamericanos é faz parte de uma estratégia de desenvolvimento nacional brasileira, com apoio institucional do Governo Federal, embora esse transbordamento já tenha se iniciado antes mesmo de qualquer contorno Neodesenvolvimentista nas políticas do Governo Federal Brasileiro. Enquanto a questão fiscal gera debate, a questão social permanece sem propostas significativas de alteração. Os dados obtidos pela política do crescimento com distribuição de renda e expansão das políticas de inclusão social são todos positivos. Segundo o IPEA (2013), entre 2002 e 2012, o Bolsa Família respondeu, de forma relativa, por 12,2% da queda na concentração de renda medida pelo índice de Gini. Nesse período, a renda real média entre os 10% mais pobres no país avançou 120%, contra 26% entre os 10% mais ricos. A Figura 1 demonstra a evolução do índice de Gini desde que se iniciaram os cálculos, em 1960.

O apoio do BNDES foi importante para a internacionalização das empresas de capital privado nacional e muitas fortaleceram sua internacionalização se

7. Jornal Valor Econômico, veiculada em 11 de dezembro de 2013, com o título Disponível em: <http://www.valor. com.br/politica/3334126/conselheiros-tucanos-querem-rever-desoneracoes-e-reajuste-do-minimo> 8. Mansueto Almeida, técnico do Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada (IPEA).

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Figura 1 Visão de Longo Prazo da Desigualdade (GINI)

Fonte: IPEA a partir dos microdados da PNAD, PME e Censo / IBGE e Langoni 1973. Extraído de IPEA, 2012, p.8.

Movimentar o índice de desigualdade social em um país das dimensões continentais como o Brasil, com 198 milhões de habitantes e diferenças regionais de distribuição demográfica, concentração de investimentos, estrutura fundiária concentrada, exclusão social historicamente construída, é uma tarefa difícil. Os dados também apresentam o que significaram os anos oitenta para as questões sociais, pois 1990 marca o maior pico da desigualdade no país. Transbordamento do Neodesenvolvimentismo para além da fronteira nacional A ação, senão mais visível, pelo menos a mais criticada do transbordamento do Neodesenvolvimentismo para os países vizinhos é a ação de empresas multinacionais brasileiras, criticado como forma de imperialismo. Imperialismo, neste

texto, não significa um conceito teórico fundamentado nas tradicionais correntes de pensamento, mas um termo que representa a o resultado da promoção de uma política de expansão do domínio cultural e econômico na América do Sul e até mesmo da forma como exerce sua liderança regional, que passa pela defesa do empresariado nacional. Santos (2012) analisou os espaços de acumulação das multilatinas e suas considerações finais são pertinentes à compreensão do processo de expansão das empresas brasileiras para os países vizinhos, quando chama a atenção para os novos contornos trazidos pelo aparato de Estado. “Vivemos, assim, um momento de forte entrelaçamento entre as lógicas do poder e do capital, de modo que são cada vez mais tênues os liames entre a geoecono-

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mia e a geopolítica. Na América Latina, sobretudo no Brasil, mas com alguns lampejos recentes no México e na Colômbia, a multinacionalização de empresas e grupos passou a ganhar novos contornos com o apoio de aparatos do Estado (bancos de desenvol-vimento e agências de promoção do comércio)” (Santos, 2012, p.514). Necessário registrar que não se trata de um viés exclusivo de proteccionismo do capital privado nacional mas que essa estratégia se conjuga com a expertise das empresas em buscarem nichos de atuação, buscarem pela ampliação das escalas de atuação, com investimento e domínio de técnicas e de serviços que têm demanda nos países vizinhos. O

fortalecimento dessas empresas que se instalam fora do Brasil também não é recente, mas uma construção que tem início ainda nos anos sessenta. O Quadro 2 apresenta as aquisições realizadas por empresas brasileiras, de ativos localizados em países sulamericanos para o ano de 2000, antes da retomada da intervenção do Estado de forma mais intensiva nos rumos do crescimento econômico, antes da vigência das três políticas industriais, antes mesmo que o modelo Neodesenvolvimentista tivesse seus contornos delineados. Isto significa que havia um processo de internacionalização já em curso, se valendo da concentração e centralização de capitais bastante representativo.

Cuadro 2 Aquisições de empresas brasileiras na América do Sul em 2000 Setores

Adquirentes

Adquirida

Sede dos ativos

Petróleo, petroquímica e química

Petrobrás Petrobrás Petrobrás Petrobrás

El Tordillo y La Tapera Peréz Companc Santa Fé Ativos da Shell

Petrobrás Petrobrás Artecola Artecola Artecola Artecola Artecola

Ativos da Repsol YFP Esso Chile Petrolera Química Madepa Empresa Pin Asequim Artequim Pegamentos Sintéticos S.A Subsidiária da Arch Chemicals

Argentina Argentina Argentina Colômbia, Paraguai e Uruguai Argentina Chile Argentina Colômbia Argentina Chile Peru Venezuela

Mineração

Alimentos e bebidas

Camil Minerva Independência

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Ativos de carvão da Argos Samam

Colômbia Uruguai

Tucapel Friasa Fernando de La Mora

Chile Paraguai Paraguai

As influências de um modelo neodesenvolvimentista na integração regional Cuadro 2 (cont.) Aquisições de empresas brasileiras na América do Sul em 2000 Setores

Adquirentes

Adquirida

Sede dos ativos

Auto-peças e equipamentos

Lupatech Lupatech

Argentina Argentina

Lupatech Lupatech

Itasa Válvulas Worcester de Argentina Esferomatic Jefferson Susamericana S.A

Calçados

Vulcabrás

Indular Manufacturas

Argentina

Farmacêutico

Eurofarma Eurofarma Eurofarma

Quesada Farmacéutica Laboratórios Gautier Voltae e Famindustria

Argentina Uruguai Chile

Argentina Argentina

Adaptado de Santos (2012).

A estratégia de defesa e estímulo a constituição de um empresariado forte está inerente ao Neodesenvolvimentismo, nem mesmo se restringiu a ele, esteve presente nos anos setenta, período de implantação da indústria de bens de capital no país. Mais recentemente, dados citados por Bava (2009)9 informam que a filial boliviana da Petrobras, em 2006, respondia por 24% da arrecadação de impostos, 18% do Produto Interno Bruto total e 20% dos investimentos estrangeiros diretos da Bolívia. No Paraguai, os brasileiros se tornaram os principais produtores de soja, respondendo por mais de 80% da safra nacional. Durante o período 20032007 os empresários brasileiros investiram US$ 8,4 bilhões na compra de empresas argentinas, algo como 24% de todas as aquisições feitas no período por

estrangeiros. Os números não causam surpresa, dado que a economia brasileira é a mais forte do continente em termos de PIB, de produção industrial, de contingente demográfico, de extensão territorial e também de uma política externa que se preocupou não apenas com a dimensão política mas com a dimensão econômica. A base econômica da economia brasileira é que tem lastreado o almejado papel de liderança regional na América do Sul. Segundo Bandeira (2012), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), sob a direção do professor Carlos Lessa, desempenhou importante papel no adensamento dessa política. O BNDES abriu uma linha de crédito para financiar a venda ao mercado brasileiro de máquinas, componentes e peças fabrica-

9. BAVA, Silvio Cassa. Gigante pela própria natureza. Dossiê Brasil Imperialista. Le Mond Diplomatic. Disponível em:<http://www.diplomatique.org.br/editorial.php?edicao=20> (Acesso em 2 fev. 2013 às 14h).

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das no Mercosul e tratamento semelhante aos do produto nacional nos financiamentos da Finame bens de capital fabricados na Argentina, Uruguai e Paraguai. “O BNDES também aprovou um crédito de US$ 200 milhões para a ampliação de um gasoduto na Argentina, com a construção e montagem da tubulação, em um trecho de 508,85 quilômetros, expandindo a capacidade de transporte de gás natural da Companhia de Investimentos de Energia (Ciesa), ligada à filial da Petrobrás (Petrobrás Energia S/A, exPerez Companc), através dos gasodutos General San Martín e Neuba II, e ampliando a oferta de gás natural e eletricidade na região da Grande Buenos Aires” (Bandeira, 2012, p.92). Mesmo tendo o BNDES como braço financeiro da política de expansão e internacionalização de empresas brasileiras, a interferência política na atuação do banco foi limitada. Em outras palavras, o suporte financeiro do banco apenas foi concedido após análise do risco financeiro, das taxas de retorno e da exposição dos investimentos. A maturidade do planejamento econômico se superpôs os interesses da política externa brasileira. O Banco não financia obras e empresas exclusivamente para atender aos interesses de integração, fortalecimento do empresariado nacional. O Banco manteve o receituário da cartilha de empréstimos, com rígido padrão de avaliação. Segundo Alves (2008), os embates e acertos encontravam uma definição no próprio interesse densidades nº 16 - septiembre 2014

comercial nacional, e, para isso, “aparentemente não prevaleceram diretrizes de ordem ideológicas que surtissem em impactos diretos no processo” (Alves, 2008, p.205). Segundo o autor: “A prioridade dada para a integração regional ajustou-se, portanto, à coincidência e causalidade de interesses de certos setores econômicos e também de certos arranjos institucionais financeiros do Brasil. Ao mesmo tempo, legitimou-se, para fins internos e externos, uma política pública e externa que defendia a clássica correlação internacional do Brasil ao objetivo de desenvolvimento econômico(Alves, 2008, p.205). São importantes as contribuições de Alves para desmistificar a idéia de que há um mecanismo automático no Governo Brasileiro que utiliza seus bancos de fomento para subordinar as economias nacionais vizinhas aos interesses imperialistas de seu processo de acumulação. Trata-se de algo mais complexo, que tem por base a estrutura de funcionamento do processo de acumulação, das trocas comerciais, dos interesses privados, dos recursos naturais, numa ordem emaranhada que se materializa no transbordamento de ações para os países vizinhos. Como afirmou Moniz Bandeira (2008), extensão territorial, poder econômico e militar são os três fatores a ser considerados para qualificar um país como potência e compreender sua posição na hierarquia entre os Estados, não se trata apenas de um projeto de Governo ou de um modelo econômico

As influências de um modelo neodesenvolvimentista na integração regional

ainda por ser consolidado. O que se coloca em questão é o quanto essas ações inibem o desenvolvimento dos países que os recebem e a partir de quais regras devemos nos opor a eles, quais critérios devem ser os balizadores da expressão de investimentos de um país no outro. Essas respostas não estão apenas do lado brasileiro mas devem ser respondidas de forma compartilhada pelos países envolvidos. É de Moniz Bandeira, um trecho um tanto longo que reproduzimos na íntegra, pela fiel expressão que guarda com as orientações deste texto, que comenta os propósitos brasileiros e justifica suas ações em termos de política externa: “O Brasil, ao encorajar, na reunião de Cuzco, o lançamento da União SulAmericana de Nações, depois denominada União de Nações Sul-Americanas (UNASUL), teve um objetivo estratégico, visando a tornar não propriamente a si próprio, mas o conjunto dos países do subcontinente, uma potência mundial, não só econômica, como também política. Sua dimensão ultrapassava, de longe, o caráter meramente comercial. O Brasil não abdicara do projeto de tornar-se potência mundial, porém, compreendera que a consecução de tal objetivo passava pela sua integração com a Argentina e, em uma segunda etapa, com todos os demais países da América do Sul. A união da Argentina e do Brasil

não significava uma soma de dois países, mas uma multiplicação de fatores, como certa vez o presidente Arturo Frondizi (1958-1962) ressaltou. E a união dos demais países da América do Sul com o Brasil e a Argentina, em uma comunidade econômica e política, conformaria uma grande potência, como enorme peso no cenário mundial” (Bandeira, 2008, p.28). As propostas de integração como IIRSA10 devem preservar as peculiaridades regionais e buscar pelas complementaridades, o que pode interessar aos objetivos internos de cada país, sem aprofundar as desigualdades regionais já postas. Considerações finais Neste texto, apresentamos um breve panorama sobre a discussão acerca do modelo Neodesenvolvimentista em curso, com seus princípios e suas materializações concretas em território brasileiro, como parte da formação socioespacial. Refletimos sobre alguns dos avanços ocorridos no Brasil na primeira década do século XXI e concluímos que as relações que o Brasil mantém com os países vizinhos sul-americanos são resultado das estratégias que fazem parte do projeto Neodesenvolvimentista mas não exclusivamente deste. O estímulo à internacionalização das empresas brasileiras, o fortalecimento do capital privado nacional, do empresariado, os

10. Sobre a questão do financiamento da infraestrutura, ver Deos & Wegner (2010).

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projetos de integração regional via infraestrutura, apoiados pelo braço financeiro representado pelo BNDES são transbordamentos do modelo Neodesenvolvimentista mas também são resultado de processo histórico que vem acumulando capacidade de expansão nos grupos industriais e o crescimento econômico que demanda uma rede material de circulação e integração. Os pontos centrais do modelo tem potencializado o transbordamento das ações brasileiras para os vizinhos sulamericanos, a saber: a) estabilidade econômica e perseguição de elevadas taxas de crescimento econômico, estímulo para a expansão de mercado, oferecimento de serviços e venda financiada de produtos por bancos públicos brasileiros, buscando mercado nos países vizinhos; b) Estado forte e retomada da elaboração do planejamento de médio e longo prazo, para os projetos de integração e para a produção industrial, estimula a internacionalização e várias empresas buscam mercados próximos em suas estratégias de crescimento; c) estratégias do Governo Federal em fortalecer o empresariado nacional, também provoca a expansão do raio de ação de empresas de capital privado nacional nos países vizinhos; d) melhoria das condições de vida com maior inclusão social, faz as políticas públicas se voltarem para a faixa de fronteira e para as condições sócioeconômicas nas populações fronteiriças, com políticas públicas de maior receptividade à populações dos

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países vizinhos, como iniciativas de integração dos serviços de saúde e educação. O ponto central, ainda por ser melhor refletido, é quanto esse transbordamento prejudica o desenvolvimento dos países vizinhos, quanto interfere nas relações políticas entre as classes sociais e a quem interessa. O segundo ponto é a importância de projetos de inclusão social, redução das desigualdades e políticas integracionistas dialogadas e consensuadas entre as partes. A coesão de uma rede de presidentes com inclinações políticas para o espectro político de Centro-esquerda permanece como uma possibilidade concreta de que os interesses de acumulação possam ter a mediação do Estado a favor de prioridades sociais. Como inclusão social não se constrói apenas no âmbito dos desejos e boas intenções, o velho dínamo da economia gerando investimentos, empregos e oportunidades ainda nos parece a via mais concreta dentro do modo de produção capitalista, para gerar receitas para melhor distribuição de renda. Assim, investimentos, criação de demandas, expansão de serviços, formação de capital, devem merecer a atenção adequada e fóruns de discussão democráticas para que os diferentes interesses nacionais sejam colocados pauta e discutidos. Consideramos que o Neodesenvolvimentismo tem potencializado as ações brasileiras e que as mesmas tem aspectos negativos (quando os interesses privados se impõe em território estrangeiro justificados

As influências de um modelo neodesenvolvimentista na integração regional

pela necessária integração regional) e positivos, quando permitem organizar a base produtiva a partir de prioridades regionais intra-sul-americanas e não subservientes a interesses geopolíticos externos à sul-américa.

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La dimensión cultural del MERCOSUR: un proyecto inconcluso Marcela Croce Desde hace unos años, la convicción de que los aspectos culturales del MERCOSUR se encontraban en notoria disimetría respecto de los avances de su costado mercantil me impulsó a ocuparme del tema en algunos artículos puntuales y en seminarios de grado y de posgrado dictados en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Para no desperdiciar tales oportunidades en un mero lamento y a fin de darle un marco adecuado al planteo cultural, el punto de partida era la discusión de la idea misma del MERCOSUR, cuyo nombre tan ostensiblemente comercial resulta una

ofensa para cualquier tentativa de integración que exceda los códigos aduaneros y la vocación de Zollverein que palpita en su creación, desde los preliminares asociativos formulados en la Declaración de Foz do Iguazú de 1985 firmada por los presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney con vocación bilateral, hasta el Tratado de Asunción de 1991 que representó la puesta en marcha con los cuatro países iniciales. En el transcurso de dos décadas se produjeron nuevas adhesiones y solicitudes de ingreso que situaron a Chile, Bolivia, Venezuela, Ecuador y México en la órbita del emprendimiento,

Doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Docente de Problemas de Literatura Latinoamericana y profesora del Posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras. Además de colaborar con revistas nacionales y extranjeras, ha dictado cursos en la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil y dirige un equipo de investigación sobre literaturas comparadas en América Latina. Es autora de CONTORNO. Izquierda y proyecto cultural (1996), Osvaldo Soriano, el mercado complaciente (1998), David Viñas. Crítica de la razón polémica (2005) y las compilaciones Polémicas intelectuales en América Latina (2006) y La discusión como una de las bellas artes (2007). Dirigió y colaboró en la trilogía Latinoamericanismo que comprende Historia intelectual de una geografía inestable (2010), Una utopía intelectual (2011) y Canon, crítica y géneros discursivos (2013). En otro orden, publicó el ensayo cultural El cine infantil de Hollywood (2008) y el ensayo biográfico Jacqueline du Pré, el mito asediado (2009). Ha desarrollado dos diccionarios de autores: la Enciclopedia de Borges (2008) en colaboración con Gastón Gallo y el Diccionario razonado de la literatura y la crítica argentinas (2010).

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aunque sin el carácter fundacional que asiste a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En 1993, un suplemento humorístico ironizó con los gentilicios que deberían aplicarse a los miembros de este grupo: “mercosureros” y “mercosureños” eran las denominaciones más previsibles y gramaticalmente aceptables; otras opciones declinaban hacia la pura comicidad –el caso de “mercosuretes”–; y algunas más se empeñaban en la provocación, como “merqueros”. Lo cierto es que el gentilicio sigue pendiente, y así como tenemos “latinoamericano” para identificarnos como parte de un continente que resiste el dominio y el avasallamiento imperial (en el siglo XIX, cuando Francisco Bilbao creó el concepto de Latinoamérica, como reacción al avance francés; poco después, cuando Torres Caicedo insistió en imponer el término para el campo cultural; desde entonces, con un ímpetu unificador que encarnó en la Unión Latinoamericana y en figuras aisladas reconocidas como “maestros de la juventud” y que se enfatizó a modo de proclama rebelde ante las iniquidades de Estados Unidos), carecemos de un nombre comunitario para el Cono Sur. Acaso tal carencia no sea relevante, sino más bien tranquilizadora. Quizás las alternativas regionales, que se postulan como un modo de ordenamiento y aprovechamiento en la extensión continental, no deban promover una identidad propia si eso redunda en aislarse de la condición latinoamericana. La situación del

MERCOSUR no puede ni debe desprenderse del marco amplio que le provee América Latina. En este punto quisiera adherir a la estipulación de Roberto González Echevarría según la cual si lo que nos habituamos a llamar el Descubrimiento de América fue “el primer Big Bang histórico”, el segundo radica en “la fragmentación de América Latina, inmediatamente después de la independencia, en la constelación de naciones que hoy la componen” (González Echevarría, 2002:130-131). Lejos de avalar una nueva balcanización, a las organizaciones regionales les corresponde operar como embriones de unidad. Más aun: en estos recortes a veces apresurados, agrupados acaso por un único interés que poco tributa a la historia común y mucho a la necesidad de agremiarse frente al acoso y al abuso de metrópolis poderosas, es posible practicar la complicidad de la lengua compartida. No atenderé la objeción que se empeña en remarcar que el portugués rompe la homogeneidad comunitaria, y estimo que tal desatención es mucho más efectiva que una razonada defensa de la latinidad. Por otra parte, se trata de un obstáculo precario –además de malintencionado– que reduce la lengua a sintaxis y vocabulario y que elude por voluntad o por ignorancia lo que Ángel Rama llamaba “la complicidad del mutuo conocimiento de una realidad, donde las palabras parecen ver reforzada su función referencial, no habiendo por qué explicarlas a quienes son extranje-ros, como ellos no se han puesto a prever la

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recepción de sus obras dentro de las zonas marginales” (Rama 1998:147-148). El concepto de “marginalidad”, si alguna vez tuvo pretensiones estables, hoy queda sometido a una rigurosa relativización. Lo central ha demostrado su condición parcial, de modo que los centros culturales y los económicos no se superponen con la misma facilidad con que se invitaba a homologarlas hasta no hace tanto. La periferia que acentúa el componente espacial del margen ya no se define como décadas atrás y las irradiaciones que convidaban a la mímesis insustancial resultan debilitadas en su afán. Incluso la más reciente apropiación de los centros culturales en términos críticos, el poscolonialismo, además de adscribirse a un origen periférico que se incorpora a la academia metropolitana hasta el punto de su anulación o su tergiversación, recibe el merecido vituperio por parte de quienes se niegan a leerse y estudiarse en función de categorías impuestas de manera imperial. El Tercer Mundo que en los años 60 unificó al norte de África con el impulso revolucionario latinoamericano y generó un ensayo que antes que en la interpretación nacional militó en la identidad sectorial, vira en los 90 hacia la producción de centros urbanos superpoblados que plantean con su sola presencia las urgencias de una teoría propia. El poscolonialismo se pliega a las comodidades de la cátedra universitaria prestigiosa tras surgir en la inmediatez de Bombay y Calcuta, con las ambigüedades derrideanas de Homi Bhabha –devenido figura de Harvard– y

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las originalidades de Partha Chatterjee que trocó las remanidas ideas de margen y periferia por la de “subalternidad”. Pero más allá de las tentaciones –ocasionales y permanentes– que ofrecen los espacios consagrados a la emanación intelectual, el modelo que perfilan estos grupos poscoloniales y subalternos es el de un emprendimiento radicado fuera de la metrópoli y dedicado a elaborar y desarrollar categorías propias para abordar una realidad a la que no le convienen los conceptos ajenos o, para decirlo con la frase de Roberto Schwarz que se erigió en manifiesto, “las ideas fuera de lugar” (Schwarz, 1977). Lo cierto es que Schwarz no fue el único en condenar la adopción acrítica y el ajuste forzado de categorías. En el campo de la filosofía latinoamericana su enunciador principal es Arturo Andrés Roig, militante indeclinable de esa esquiva disciplina que juzgo insoslayable. No hay “crítica de la razón pura” (Roig 2009:15), desafía Roig a Kant sobre la convicción de que no hay pensamiento ajeno a un sujeto, descartando de plano la posibilidad de una filosofía objetiva. En esa recuperación belicosa de la subjetividad se inscribe el planteo que apela a lo que reiteradamente se ha negado –con sorna, resignación o desesperación– hasta adquirir el equívoco aspecto de una segunda naturaleza: la existencia de una filosofía latinoamericana. La historia de tan obstinada negación tiene su contrapartida ya en el tono plural que elige el filósofo para encarar su tarea construc-

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tiva, confiado en el desarrollo de todo pensamiento consustancial a un pueblo y con subrayada suspicacia hacia los valores que sostienen la inmutabilidad desde la pretensión trascendentalista, más enconada y soberbia cuanto menos justificada. No es, ciertamente, el único obstáculo que debe sortear Roig en su defensa de la independencia del pensamiento que lo lleva a concebir la ontología latinoamericana como deontología, como “deber ser” que en la humildad voluntariosa de su proyecto descalifica la calculada brillantez del que revela un enigma o descifra una clave hermética. El tono de la escritura de Roig reproduce la sosegada escansión que registraba su oralidad, la plácida exposición de su teoría como un hilvanamiento reposado de preferencias, la entusiasta recuperación de una serie de nombres que se agrupan en sus investigaciones: Bolívar, Bilbao, Martí, Rodó... Sobre tal rosario nominal se asientan los antecedentes en los cuales radicar valores propios y “organizar una posición axiológica desde nuestra propia empiricidad histórica” (Íbid.:17), conjurando la clausura monadológica que el filósofo admite como renuncia del pensamiento. Dije inicialmente que las agrupaciones regionales debían ser modos de parcelar (en términos instrumentales y metodológicos, de ningún modo políticos) un continente extenso, formas de organizar un conjunto y no estrategias divisionistas. El marco latinoamericano es un amparo y provee el mejor contexto para pensar alternativas localizadas de un

mismo empeño. Pero fundamentalmente, desde la enunciación defensiva de Bilbao hasta la convicción militante de Rama, pasando por el desafío ontológico de Roig, Latinoamérica es el nombre de una unidad cultural (aunque utópica) que es la que todavía no logra alcanzar el MERCOSUR. Los enfrentamientos futbolísticos –elevados a antítesis irreductibles en el fanatismo nacionalista–, los conflictos de la balanza comercial, la competencia en el orden turístico, la pugna por la instalación de industrias en ríos compartidos, las complejas administraciones de recursos comunes (tipificadas en las centrales hidroeléctricas) y otras rispideces de la cotidianidad, sepultan aspectos auspiciosos como la libre circulación de bienes culturales. Las comunicaciones y las industrias culturales superan cualquier política de origen nacional para especializarse en un transnacionalismo que cuestiona incluso la existencia de las aduanas y de todo contralor del intercambio. Si no estuvieran digitadas por poderosos intereses empresariales, constituirían la utopía de una ciudadanía amplia; fogoneadas por los esquemas financieros y la presión impuesta por las publicidades, se convierten en focos de irradiación de lo que esos capitales promueven. Como es sabido, las grandes cadenas de comunicaciones y noticias, aliadas o dueñas de editoras de libros y de discográficas, no se han entusiasmado en poner sus recursos al servicio de un proyecto como el MERCOSUR, que sólo lentamente además ha sido impulsado por los

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estados nacionales de sus propios miembros, siempre más atentos a rivalidades ancestrales o a competencias despiadadas que a un conocimiento mutuo y a un intercambio genuino. La idea liberal del mercado como regulador universal, en vez de funcionar como sostén pretendidamente lógico, es uno de los principios que deben ser revisados en cualquier proyecto de integración efectiva. Sobre todo cuando se requiere una intervención visible de los estados para instalar una cultura que se ofrezca como alternativa a la pretenciosa homogeneidad de los gigantes mundiales de las comunicaciones y el entretenimiento. Brasil ostenta una ventaja sobre los otros miembros del MERCOSUR en este aspecto: la Ley de Mecenazgo, que reduce cargas impositivas a aquellas empresas que inviertan en proyectos culturales, convierte al Estado no sólo en un soporte de la producción cultural sino asimismo en un evaluador imprescindible de las propuestas, al tiempo que favorece la difusión de una política cultural que no responda estrictamente a los intereses ideológicos de las empresas. Mediante tal instrumento legal, el Estado vuelve a ser el garante de la cultura y las empresas limitan su participación a aquello que redunda en un beneficio inmediato. Desembozadamente se restituyen en su función excluyente de máquinas de ganancias –con lo que esto implica acerca de su participación en las finanzas nacionales y regionales–, y abandonan (o al menos relegan) el rol de reguladores de una cultura mercantilizada.

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Cierto es que esto no representa una solución a todos los conflictos. Por el contrario, semejante situación favorece el desarrollo de un mercado regional al que siempre acecha la tentación de inscribirse en un regionalismo llano. Eso ocurre en aquellas alternativas que enfatizan las identidades nacionales y eligen transmitirse a través de estereotipos, generalmente para consumo de turistas, que suelen ser refrendados en los centros imperiales siempre proclives a apropiarse de semejantes simplificaciones. Lo que todavía no está resuelto, lo que constituye un desafío tan intenso y urgente como el de instalar la educación bilingüe (e incluso trilingüe, incorporando el guaraní al español y el portugués) es el modo de establecer una suerte de equivalente interMERCOSUR, un modo de trazar equivalencias que garanticen y afiancen las traducciones culturales en las cuales deberá asentarse la integración. Admitir las diferencias nacionales, entendiendo que renunciar a ellas implica hipotecar la identidad, y lograr una sumatoria de todos esos rasgos para llegar a una transnacionalidad que parece bastante más viable en el orden mercosureño que en el latinoamericano, donde la diversidad étnica, la distancia geográfica y las disimetrías culturales vuelven más precaria la voluntad de congruencia. Mejor dicho: si en Latinoamérica la comunidad debe asentarse fundamentalmente sobre aquello que fue el impulso inicial del MERCOSUR, la alianza de no alineados –por una historia común de explotación y avasallamiento, por el

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modo en que sus economías se han sometido a los dictados de los organismos internacionales, por la forma en que Estados Unidos ha invadido sus territorios ya sea mediante desembarco de marines o a través de la instalación de empresas en el despliegue más desfachatado de la diplomacia del dólar que ahogó cualquier vocación de industrialismo local, por las figuras de la resistencia que se han destacado en todo ese inmenso espacio que se extiende al sur del Río Bravo–, en el MERCOSUR pueden madurar relaciones más estrechas, más intensas, que reclaman iniciativas intelectuales como la creación de un Colegio Universitario que complemente a los ya existentes y que inscriba como principio básico el trilingüismo y la vocación de traducción cultural, aunque sin perder de vista el marco provisto por los estudios latinoamericanos. El antropólogo argentino Gabriel Omar Álvarez, escribiendo desde la Universidad de Brasilia, sostenía una década y media atrás que el MERCOSUR “como proceso político no está predeterminado y puede en un futuro diluirse en una serie de acuerdos comerciales o, lo que es peor, fracasar como proyecto económico-político y nacionalismos de exclusión” (Álvarez, 1999). Tan incierto porvenir reclama una intervención decidida para sostener el proyecto inconcluso. No postulo que la única incidencia efectiva la representan los intelectuales, pero exijo que la intelligentzia asuma su responsabilidad y cumpla una función unificadora. Como

declaraba Jean-Paul Sartre, la inteligencia no es una virtud que invite al asombro; mucho menos una distinción que amerite atenciones especiales que conviertan al intelectual en una especie de estrella de la dudosa constelación promovida y sostenida por los medios masivos. Al contrario, exige de sus depositarios una responsabilidad permanente, una obligación constante de prestar su capacidad de organización y su poder de intervención. Los intelectuales deben diseñar y establecer los fundamentos de las “comunidades imaginadas” que Benedict Anderson pensó en términos nacionales y que pueden extender su concepción al transnacionalismo de la integración regional. El del MERCOSUR es un mercado que moviliza millones de libros, de discos, de revistas, que atrae públicos masivos en los museos y los recitales, que llena las salas cinematográficas con producciones vernáculas y limítrofes. Pienso, en años recientes, en el fenómeno de Cidade de Deus y en el de Tropa de élite; en la seducción de Hamaca paraguaya; en el humor trágico que practica El baño del Papa para certificar que argentinos y uruguayos continuamos practicando ese género que llamamos “grotesco criollo”, desde sus inicios con el montevideano Carlos Mauricio Pacheco hasta su configuración más difundida en las obras del porteño Armando Discépolo. Promediando el siglo XX, Néstor García Canclini y Carlos Monetta (1999) se ocuparon de la integración densidades nº 16 - septiembre 2014

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latinoamericana a través de las industrias culturales; mucho más recortado, el mercado regional ofrece una aptitud mayor para desarrollar ese aspecto. Creo que lo fundamental es comenzar a descartar las excusas que impiden que tales industrias se expandan. Argentina y Uruguay deben zanjar la discusión sobre los autores propios, sostenida con un criterio nacionalista restrictivo que ignora la voluntad integradora y reclama indulgencia a las picardías locales que se adjudican a Horacio Quiroga, al propio Pacheco, a Elías Castelnuovo bajo el gentilicio indeciso de “rioplatense”, devenido categoría más afín a la posesión que a la identificación. La permanente presencia de Juan Carlos Onetti en las librerías de las principales ciudades argentinas, la reciente edición de textos de Mario Levrero, la constante reedición de Ángel Rama, la búsqueda apasionada de ejemplares de Marcha como trofeo codiciado son signos ineludibles en cualquier balance de la relación bilateral a los que debe añadirse el reconocimiento inmediato de nombres femeninos que van desde Delmira Agustini a Armonía Sommers; de nombres masculinos que en la inmediatez se detienen en Mauricio Rosencof y Tomás de Mattos; de figuras entrañables indeclinablemente frecuentadas como Mario Benedetti. Para no abundar con los actores transplantados como China Zorrilla, con locutores últimamente discutidos como Víctor Hugo Morales y con la contrapartida que constituye la superflua concurrencia de tantos argentinos a la vidriera exitista de Punta del Este.

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A Paraguay se le debe una indemnización moral por el oprobio que significó la Guerra de la Triple Alianza, y ya es auspicioso que el liberalismo histórico haya perdido su lugar hegemónico en los otros tres países como un principio de reparación, todavía demasiado elemental y mezquino, pero al menos dispuesto a no obstinarse en el error y el falseamiento. La circunstancia de que exista una librería porteña llamada Cerro-Corá, cuya propietaria es la hija del poeta Elvio Romero, es un dato que debería multiplicarse y extenderse a nivel editorial para que la imperceptibilidad de la literatura paraguaya derive en pura anécdota y para que la nómina de autores conocidos no se agote en el monumental Augusto Roa Bastos o en el canónico Gabriel Cassaccia; en el premiado Rubén Bareiro Saguier o en el laborioso Hugo Rodríguez Alcalá. La nómina de autores brasileños traducidos por editoriales como Corregidor y Adriana Hidalgo (más sesgadamente por Norma, que se ocupó de la obra de Rubén Fonseca) pone en contacto a los lectores hispanoparlantes con una producción que nunca logró competir con la penetración extraordinaria y merecida que tuvo la música de Brasil desde la bossa nova hasta el tropicalismo (a veces en forma correlativa con la literatura, desde los poemas de Vinícius de Moraes musicalizados por Tom Jobin hasta las novelas de Chico Buarque arrastradas por su fama como compositor e intérprete). Y si la literatura corre el riesgo de generar un canon particular, en función de lo que se escoge

La dimensión cultural del MERCOSUR: un proyecto inconcluso

para difundir (en los 30, los escritores realistas de compromiso social, publicados en Buenos Aires por la editorial Claridad; posteriormente, otras variantes cuya amplitud recorre el aticismo de Machado de Assis, el naturalismo de orfebre de Graciliano Ramos, la obra íntegra de Clarice Lispector, los textos mayores de Ferreira Gullar, las vidas de escritores que despliega Silviano Santiago), en el orden musical en cambio los socios del MERCOSUR recibieron las grabaciones y los recitales con el mismo desprejuicio e idéntica ausencia de jerarquía que la Música Popular Brasileña (MPB) proclamó y ejercitó. Como se ve, no repudio la faz comercial del MERCOSUR; condeno en cambio su exclusividad y, desde ya, la abominable manifestación de sus restricciones. Y simultáneamente reclamo que ese ingreso de divisas mutuo no se oriente de manera preferencial hacia lo que tiende a dividir a las poblaciones sino que encare proyectos culturales que pueden ser menos redituables, que obligan a un plazo mayor para recuperar la inversión, pero que cimentan un arraigo regional que sería difícil alcanzar con la sola reunión de voluntades en épocas en que la prosperidad comercial parece amenazada por esa forma de la importación involuntaria que es la crisis mundial. También convoco a una integración a partir de la crítica, mediante el ejercicio peculiar del método de la literatura y las artes comparadas que se resista a la idea canónica de enfrentar una producción

central con su presunta reelaboración periférica. La comparación debe tener otro signo en este contexto: la de la verificación del modo en que se resuelve un problema narrativo, la de la originalidad con que se aborda una circunstancia histórica, la de la creatividad con que se produce un fenómeno novedoso. Entregada al furor geométrico, apelo a una reivindicación de las potencialidades del Cono Sur en lugar de la consabida triangulación con un punto metropolitano por el cual deba pasar toda habilitación. No postulo –por una vocación integradora mayor, no por ausencia de voluntad ni por falta de ímpetu– una teoría y una crítica originales del MERCOSUR; sí defiendo una teoría propia de América Latina que practique en cada recorte regional, en cada espacio de los que Rama designó “comarca”, su viabilidad. Sigo insistiendo en un proyecto de historia comparada de la literatura argentina y la brasileña como punto de partida hacia una postulación más general y sobre la verificación de las coincidencias históricas, culturales y políticas de ambos países. No creo descabellado extender el planteo a este cuarteto fundador del MERCOSUR que, como en la música, sólo puede sonar correctamente en la integración y sólo puede atribuirse la melodía en forma intermitente, ya que el equilibrio de la composición requiere un reparto del protagonismo respectivo y la perfecta concordancia del diálogo instrumental. Convoco, entonces, a esta militancia intelectual que aspira a hacer de la reunión un concierto.

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Marcela Croce

Bibliografía Álvarez, Gabriel Omar (1999). “Integración regional e industrias culturales en el MERCOSUR: situación actual y perspectivas”, en Néstor García Canclini y Carlos Monetta (coords.), Las industrias culturales en la integración latinoamericana. Buenos Aires, Eudeba. Anderson, Benedict (1992). Comunidades imaginadas. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. García Canclini, Néstor y Carlos Monetta (1999). Las industrias culturales en la integración latinoamericana. Buenos Aires, Eudeba. González Echevarría, Roberto (2002). Crítica práctica / Práctica crítica. México, Fondo de Cultura Económica. Rama, Ángel (2008). La riesgosa navegación del escritor exiliado. Montevideo, Arca. Roig, Arturo Andrés (2009). Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano. Buenos Aires, Una ventana (Colección Contracorriente). Schwarz, Roberto (1977). Ao vencedor as batatas. São Paulo, Duas Cidades.

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¿Hacia una mayor visibilización de las demandas de los pueblos indígenas en el MERCOSUR? Julieta Nicolao y Mara Juanena Introducción El objetivo de este artículo es aportar una serie de reflexiones en torno a la situación de los pueblos originarios dentro del bloque regional del MERCOSUR y a la atención que se le dispensa a sus reclamos y demandas históricas en el marco de un nuevo ciclo integracionista iniciado a principios del siglo XXI. El trabajo parte de asumir que en los últimos años, la emergencia de modelos de desarrollo alternativos al paradigma neoliberal a lo largo y a lo ancho de América Latina, se ha traducido en la

adopción de un nuevo proyecto integracionista que quita el eje en el campo exclusivamente económicocomercial, avanzando hacia metas de integración social y cultural, y en ese marco, a una mayor contemplación o al menos, visibilización, de las demandas y problemáticas de distintos sectores vulnerables. Vale preguntarse en este contexto, el lugar que se le otorga a los derechos de los pueblos indígenas en el bloque mercosureño, un asunto que ha sido subabordado desde los ámbitos académicos que se dedican a los estudios del regionalismo latinoamericano, como

Julieta Nicolao: Lic. en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, Provincia de Buenos Aires, Argentina (UNICEN). Dra. en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín, Argentina (UNSAM). Miembro de la Planta Estable del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales (CEIPIL-UNICEN-CIC). Becaria Posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina (C ONICET). Contacto: nicolao_j@yahoo.com.ar Mara Juanena: Lic. en Relaciones Internacionales (UNICEN). Maestranda en Educación (UNICEN). Miembro de Comunidad Mapuche Urbana “Pillan Manke” de la Ciudad de Olavarría, Provincia de Buenos Aires (Argentina). Miembro de la Mesa Autogestionada de Educación Intercultural en la Provincia de Buenos Aires (Argentina). Contacto: marabj_2@hotmail.com.ar

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consecuencia de la tradicional invisibilización de estos pueblos en los modelos integracionistas de la región. Estas reivindicaciones, desde lo que aquí se plantea, no se limitan a cuestiones estrictamente territoriales (elemento primordial de las demandas históricas de estos pueblos), sino que abarcan aspectos relacionados a diversas esferas, tales como educación, cultura, identidad, justicia, salud, medioambiente, entre otras. Por tal motivo, el presente análisis involucra, sin ánimos de exhaustividad, la labor y dinámica de trabajo de algunos espacios e instancias de la institucionalidad del MERCOSUR, en tanto primera aproximación al relevamiento de programas, documentos, y políticas que atiendan directa o indirectamente la situación de los pueblos originarios en el transcurso del último decenio. 1. Pueblos originarios y lazos culturales en el MERCOSUR Para lograr comprender la evolución del MERCOSUR hacia un proyecto de integración que toma en consideración la dimensión cultural y social, y en este marco, analizar la atención que se le concede a los derechos y demandas históricas de los pueblos originarios, vale destacar a priori los lazos culturales que identifican y unen a los países miembros y asociados, a partir de los cuales es posible hablar de una identidad cultural común, a pesar de la diversidad prevaleciente, y esbozar una caracterización breve de la situación de las comunidades indígenas en la región.

En principio, es importante mencionar siguiendo a Cabral (1995), que existen tres puntos históricos claves de cohesión cultural en la región: la cultura ibérica, la América indiana y la presencia de afro-descendientes. En cuanto al carácter ibérico, como entiende Viva (2011), los hombres llegados de la metrópoli traían consigo una simbiosis de etnias dispersas (moros, judíos, vascos, entre otros) y al desembarcar en América produjeron un lógico desequilibrio del orden preexistente, no sólo a partir de la introducción de nuevas creencias, valores, una nueva lengua o sus conquistas técnicas, sino que también tuvo su impacto en el plano biológico a través del mestizaje. No obstante esta influencia, claramente “no somos una prolongación ultramarina de Europa” y ello se hace evidente en el fuerte elemento indígena y -en menor medida, africano, persistente en la región. En efecto, en el mundo selvático, del Amazonas al Río de la Plata, se encuentran los guaraníes (tupí guaraní o arawak) que constituyen la raíz vernácula común de los países del MERCOSUR. Al no existir rastros de monumentos grandes (como en el caso de los aztecas) ni de documentos escritos, comúnmente no suele dimensionarse la rica tradición oral y mitológica que el período preibérico ha legado en este espacio geográfico. A esto se le debe sumar el componente africano que aporta otro elemento a la simbiosis cultural de la sub-región (Viva, 2011: 161-162). En la misma línea, esta autora pone de

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relieve que un importante elemento de conjunción cultural histórico estuvo dado por las Misiones Jesuitas, y explica al respecto que cuando los jesuitas llegaron a América del Sur y se encontraron con los guaraníes, se enfrentaron a una “etnia organizada”, con sus propias leyes, costumbres e idioma, y lo utilizaron para poder comunicarse y encontrar sentido a sus actos. Los jesuitas estudiaron, estructuraron y difundieron el idioma, pero, fundamentalmente, lo respetaron como medio de comunicación cotidiano y lo institucionalizaron como el idioma general de las Misiones Jesuíticas. Este hecho es de suma importancia en términos de cohesión cultural en este territorio (Viva, 2011). Ahora bien, es cierto que como resultado de la conquista y colonización, existe una fuerte unidad cultural en Latinoamérica y esta realidad está directamente asociada al exterminio perpetuado sobre las poblaciones indígenas. Aún a pesar de ello, subsiste una importante población indígena en varios Estados latinoamericanos: es claro el predominio indígena en Paraguay o la presencia africana en Brasil, mientras que en Argentina y Uruguay predomina más lo ibérico otorgándole al bloque regional un tinte fuertemente multicultural. En efecto, en este espacio, se hablan 200 lenguas debido a la existencia estimada de 206 pueblos indígenas distribuidos en 5 países (exceptuando a Uruguay). En todas ellas existe una alta diversidad cultural interna que involucra aproxima-

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damente a 7 millones de indígenas (Valenzuela Fernández, 2000). Si se toma en consideración en términos más amplios a la región de América Latina y el Caribe, el número total de indígenas se estima en más de 40 millones de habitantes, lo que equivale a más de un 10% del total de la población. Existen al mismo tiempo alrededor de 400 grupos étnicos diferentes, cada uno de los cuales habla un idioma distinto, posee una cosmovisión y organización social diferente, e inclusive diversas formas de organización económica y modos de producción adaptadas a los ecosistemas que habitan. Estos pueblos viven en zonas consideradas como las menos acogedoras del continente: las regiones montañosas áridas de los Andes y Mesoamérica, el Chaco Paraguayo y las zonas remotas de selva tropical de las cuencas del Amazonas y Orinoco y de América Central (Deruyttere, 2001). Como es sabido, México tiene la población indígena latinoamericana más numerosa, que supera los 7 millones de personas, pero sólo representa el 8% de su población total. En contraste, los indígenas de Guatemala y Bolivia que superan los 4 y 5 millones de personas respectivamente, alcanzan a representar, en el primer caso, al 40% de la población nacional, y en el segundo, a la mayoría de la población con un 66%; otros países asociados del MERCOSUR como Ecuador cuentan con una población indígena que alcanza al 7% del total de habitantes (Del Popolo y Oyarce, 2005). Asimismo, se estima que más del 90%

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de los indígenas en la región son agricultores sedentarios de subsistencia, descendientes de las grandes civilizaciones precolombinas incas, mayas y aztecas y otras sociedades más pequeñas de meseta árida interandina y la región montañosa de Mesoamérica. Estos pueblos indígenas, que suelen agruparse con agricultores no indígenas bajo el concepto de “campesinos”, cultivan minifundios y complementan sus escasos recursos con los ingresos que obtienen como trabajadores asalariados de temporadas en actividades mineras, de cría de ganado y/o producción de artesanías. Aproximadamente el 10% vive en zonas húmedas o secas, la mayoría de ellos cazadores y recolectores con un modo de vida seminómada y con una organización tribal basada en pequeños grupos independientes y poco cohesionados. Como dato fundamental, si bien estos pueblos viven en las regiones más remotas y vírgenes, se han vuelto cada vez más vulnerables como resultado de las presiones sobre sus tierras y recursos naturales por la exploración petrolera, las empresas mineras y de explotación forestal, la ampliación de la frontera agropecuaria o las líneas de fuego como resultado de conflictos fronterizos de guerrilla y de narcotráfico (Deruyttere, 2001). Vale advertir en el marco de esta caracterización, que la definición de indígena ha sido y continúa siendo objeto de intenso debate y claramente

excede los objetivos de este trabajo ahondar sobre esta cuestión. De acuerdo a los dispuesto en los principales instrumentos internacionales -tales como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante, OIT) aprobado en 1989, la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2006 y la Declaración Universal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- la definición de indígena incluye a los descendientes de los habitantes originales de una región geográfica antes de la colonización, la conquista o la demarcación de las actuales fronteras estatales, y que han mantenido total o parcialmente sus características lingüísticas, culturales y de organización social, resultando, a su vez, la autoidentificación como otro criterio primordial de la condición de indígena (Deruyttere, 2001)1. No es un dato menor que las poblaciones originarias de la región se encuentran dentro de aquél porcentaje indicado por las estadísticas nacionales afectada por la exclusión, la desigualdad y la pobreza. Si bien no se puede afirmar que todos los miembros de comunidades originarias son pobres, sí es posible argumentar que en los diversos contextos sociales en que éstos se encuentran,

1. Vale aclarar que para la recopilación de datos censales, los países de la región utilizan distintos criterios tales como el idioma, la ubicación geográfica o la autopercepción.

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tienen más posibilidades de ser pobres que aquellos ciudadanos que no son indígenas (Cimadamore, Eversole y Mc Neish, 2006). En efecto, en el año 2010, las Naciones Unidas destacaron que: “Los Pueblos indígenas siguen siendo los más numerosos entre los pobres, los analfabetos y los desempleados (…) suman unos 370 millones [y] pese a que constituyen aproximadamente el 5% de la población mundial (…), constituyen el 15% de los pobres del mundo… [y ] también representan la tercera parte de los 900 millones de indigentes de las zonas rurales”. A nivel latinoamericano, “ser indígena equivale a ser pobre” y con el tiempo esa situación se ha perpetuado: en Paraguay, por ejemplo, un indígena tiene una probabilidad 7,9 veces más alta de ser pobre que el resto de la población (ONU, 2010). En la misma tesitura, la OIT ha reconocido la situación de profunda vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos indígenas, advirtiendo que “las comunidades indígenas no tienen las mismas oportunidades de empleo ni el mismo acceso que otros grupos a los servicios públicos y/o a la protección de la salud, de la cultura, de la religión, como tampoco a la administración de la justicia”. Incluso la misma Organización Mundial de la Salud, a fines de la década del 90’, dio a conocer una estadística en la que se indicaba que la esperanza de vida de los pueblos indígenas era de 10 a 20 años menor que la del resto de la población, la mortalidad infantil de 1,5 a 3 veces mayor y la malnutrición y las enfermedades tales como la malaria o

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fiebre amarilla continúan afectando a una gran proporción de estos pueblos alrededor del mundo (Cimadamore; Eversole; Mc Neish, 2006). En suma, las poblaciones indígenas en general, y en la región latinoamericana en particular, constituyen un grupos social en situación de alta vulnerabilidad, lo que se vincula a diversos factores, entre ellos, a la injusticia histórica que yace sobre estas comunidades desde la época de la conquista y colonización, pasando por el despojo de sus tierras, territorios, recursos y, fundamentalmente por la situación de marginalidad, exclusión y discriminación que padecen en las sociedad actuales. 2. Los pueblos originarios en un escenario de integración. El avance del movimiento indígena en el marco del neoliberalismo A modo de contextualización de la temática abordada, pueden realizarse algunas consideraciones referidas al avance del movimiento indígena en el decenio de 1990 en el marco del auge del paradigma neoliberal en la región. Precisamente, para poder comprender la incidencia de los movimientos sociales en el MERCOSUR, y del indígena en particular, es importante remitirse al contexto político y económico en el que este bloque fue creado, cuya característica central fue la consolidación de las políticas económicas de corte neoliberal en los países miembros, al amparo de las recetas del Consenso de Washington, y como corolario, el desarrollo de un modelo de integración basado en el

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paradigma del regionalismo abierto. El concepto de regionalismo abierto surge de conciliar la interdependencia nacida de acuerdos especiales de carácter preferencial y aquella impulsada básicamente por las señales del mercado resultantes de la liberalización comercial en general. De acuerdo a este enfoque, el regionalismo es viable en la medida en que confluya con la apertura comercial y formando parte de la misma (CEPAL, 1994). Desde esta óptica, por ejemplo, el proyecto de integración del MERCOSUR no entraba en contradicción con el ALCA, sino por el contrario, la iniciativa continental era considerada un escalón más en la liberalización comercial. Las metas sociales y otras dimensiones de la integración jugaban un papel marginal o directamente nulo en tal modelo de integración. Lo cierto es que en este primer decenio de vida del MERCOSUR, los procesos de modernización económica y las reformas de ajuste estructural implicaron invasiones a territorios ancestrales, desplazamientos forzosos y explotación de sus recursos, lo que condujo y acentuó la situación de pauperización de los pueblos originarios caracterizada precedentemente (Carmona, 2000). En efecto, mientras las poblaciones indígenas sufrían las consecuencias del modelo económico imperante, las multinacionales avanzaban con absoluta libertad, destruyendo los ecosistemas, hostigando a las comunidades originarias y contribuyendo a una profunda transformade la naturaleza económica extractiva en estos países (OMAL, 2010), situa-

ción que no ha sido erradicada por completo en la actualidad. A su vez, el paradigma globalizador generó y/o acentuó situaciones extremas de inequidad e insustentabilidad y tuvo un impacto fuertemente negativo en términos de la invasión de la cultura extranjera, generando serios riesgos a la diversidad cultural propia de los países latinoamericanos. A ello se le suma el entendimiento de la cultura como un bien económico, es decir, su identificación con productos que pueden ser objeto de transacción dentro del mercado, lo que genera un serio riesgo para las comunidades originarias de convertirse “en un producto folclórico susceptible de ser desechado” (Valenzuela Fernández, 2000). Por otra parte, dentro de este proceso, los países del MERCOSUR, especialmente Argentina y Brasil, realizaron grandes inversiones energéticas cuya consecuencia inmediata fue el reasentamiento involuntario de poblaciones indígenas y el despojo de sus tierras y patrimonios. Ante esta realidad, los movimientos sociales, y entre ellos el indígena, lograron progresivamente alzar su voz contra el sistema neoliberal imperante. Como interpreta Mondragón, este contexto altamente desfavorable para la las poblaciones originarias, provocó su “despertar” y “Los conflictos por el reconocimiento de la propiedad de las tierras indígenas, por la construcción de represas o por proyectos mineros o del agronegocio en sus territorios, han llevado a los indígenas de la región a organizarse densidades nº 16 - septiembre 2014

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cada vez con mayor notoriedad” (2010: 78). La emergencia de estos movimientos de carácter étnico en toda la región latinoamericana se manifestó, entre otras expresiones, en la irrupción del movimiento zapatista en Chipas en 1994, el día que entraba en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés); en el marcado acento multicultural del Acuerdo de Paz Firme y Duradera en Guatemala en 1996; en la articulación y protagonismo de la Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador (CONAIE); en la intensa movilización de las organizaciones aimaras y quechuas en Bolivia; en la presencia organizativa de los mapuches en Chile; en el impacto mediático adquirido por algunos líderes de distintos pueblos amazónicos en Brasil, Venezuela y Colombia, entre otras muestras de la trascendencia que este fenómeno ha venido cobrando (Marti Puig, 2009). En sentido más amplio, se sucedieron varios hechos que favorecieron el desarrollo de diversos movimientos sociales en la década del 90’, que se asociaron a la crisis de 2001 en Argentina y la caída del gobierno del presidente Fernando De La Rúa, el triunfo del Partido de los Trabajadores en Brasil y del Frente Amplio en Uruguay, la derrota del Golpe de Estado en Venezuela y el triunfo del líder cocalero, Evo Morales, en Bolivia, entre otros. Todos ellos, trasladados al ámbito regional, confluyeron en el fracaso de la densidades nº 16 - septiembre 2014

creación del ALCA en la Cumbre de las Américas en 2005 (Mar del Plata, Argentina), momento en que el MERCOSUR pasó a convertirse en “un centro de resistencia a los tratados de libre comercio” (Mondragón, 2010: 74), y se consolidó un nuevo rumbo para la integración regional sudamericana, que ha se había iniciado en 2003. A nivel internacional, en este decenio, hubo una fuerte tendencia hacia el reconocimiento de los derechos indígenas, lo que fue transformando las normas, los procedimientos y las instituciones internacionales (Juanena, 2011). En 1993 las Naciones Unidas declararon el Año de los Pueblos Indígenas y luego la Década de los Pueblos Indígenas (1994-2004); el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas –fundado en 1983– se convirtió en una reunión internacional de los derechos indígenas celebradas anualmente y que derivó en un borrador de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. La OEA también preparó su propia Declaración e incorporó la temática indígena a su agenda de derechos humanos y de desarrollo. Muchos de los países que conforman el MERCOSUR fueron acompañando esta corriente global que reconocía los derechos de los pueblos originarios, y esto se tradujo en una oleada de reformas constitucionales y legales reconociendo los derechos de los indígenas como el caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Colombia, entre otros. Los reclamos de los pueblos origina-

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rios, más allá de las divergencias que puedan existir entre cada una de las comunidades, son básicamente los mismos y es por eso que se los trata como un único movimiento y como una única voz. Además de centrarse en la autonomía y la identidad, sus reclamos giran fundamentalmente en torno al reconocimiento de sus territorios. Desde los años 70’ ya las organizaciones indígenas –desde el ámbito regional, nacional e internacional– han alentado reivindicaciones de carácter colectivo cuyo primer objetivo es la recuperación de los territorios tradicionales. Dichos reclamos, desde el punto de vista del derecho, pueden sintetizarse en dos puntos claves: 1) reconocimiento constitucional de la existencia de estos pueblos como sujetos específicos al interior de la nación y 2) el establecimiento del derecho de los pueblos indígenas a disponer de los medios materiales y culturales necesarios para su reproducción y crecimiento. Se trata en sí de complejas demandas que, en palabras más simples, buscan enfatizar lo importante que es para estas poblaciones tanto el reconocimiento de sus raíces históricas e identidad así como su pertenencia al Estado-Nación. Por ello, cuando apelan al territorio “lo hacen involucrando el conjunto de recursos naturales (además del suelo) y atan su recuperación y mantenimiento al control sobre el espacio” (Bayardo y Spadafora, 2000: 7). Esta es la base de todos los conflictos étnicos pues, por un lado, los territorios son la condición de existencia de los

pueblos originarios y, por otro, sirven como fuente para generar las mercancías esenciales para la economía internacional en la actual fase del capitalismo globalizado, tales como las derivadas de la industria petroquímica, celulosa, la minería, entre otras. En la medida en que los recursos necesarios para estas actividades extractivas se extiendan sobre las tierras reclamadas o habitadas por las poblaciones aborígenes, el estado de vulnerabilidad de éstas dentro del MERCOSUR sigue en aumento. Lo cierto es que el MERCOSUR ha mantenido una profunda invisibilización de la realidad y reivindicaciones de estos pueblos durante su primera década de vida, indiferencia que no sólo se advierte en la ausencia de instancias especializadas que atiendan la situación de estos grupos, sino que también se pone de manifiesto, por ejemplo, en la ausencia de datos censales, demográficos e información específica sobre estas poblaciones en los países de la región (Mombello e IDES, 2002). Pero en paralelo a este contexto desfavorable, y cómo respuesta y reacción al mismo, los pueblos originarios han ido logrando resignificar su propia historia, insertándose en un mundo global altamente complejo; lograron insertarse desde el discurso de la sustentabilidad y la democracia, se posicionaron frente a las estrategias de control de sus territorios y de los instrumentos normativos existentes tanto a nivel nacional como regional e internacional, reclamando autonomía, identidad y territorio. 3. El nuevo ciclo de la integración densidades nº 16 - septiembre 2014

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regional: hacia un MERCOSUR social y cultural La renovación política que experimentó América del Sur a inicios del nuevo siglo, con la emergencia de nuevos gobiernos de tinte “progresista” (Friedrich Budini, 2010) o “neodesarrollista” (Boschi & Gaitán, 2008; Alves & Desiderá, 2012) fue una consecuencia directa de la crisis del modelo neoliberal que experimentaron muchas de estas naciones desde fines de los años 90’. Este proceso, que se desarrolló con distintos grados de intensidad de acuerdo a cada contexto nacional, se manifestó a través de fuertes crisis económico-sociales, duras resistencias y cuestionamientos protagonizados por distintos sectores y movimientos sociales, y en algunos casos, crisis de legitimidad. Con diferencias de estilo, los nuevos liderazgos políticos iniciaron la construcción de proyectos alternativos en lo económicosocial, como en el plano jurídico institucional, con un claro correlato en sus estrategias de inserción internacional (Colombo, 2011). Fue así que a partir del nuevo milenio, los gobiernos sudamericanos se definieron, principalmente, por una fuerte crítica al Consenso de Washington, por la reivindicación del rol del Estado en la construcción de sociedades más equitativas, y por la búsqueda de posiciones de mayor autonomía en el escenario internacional (Maira, 2008). Una de las singularidades del mencionado proceso político fue la coincidencia en la concepción del valor estratégico que reviste la integración y densidades nº 16 - septiembre 2014

cooperación regional para el desarrollo de sus países y para plantarse y reposicionarse más fortalecidamente en las distintas negociaciones del mundo político y económico-comercial globalizado. En efecto, en la década de 2000, se inauguró un nuevo ciclo para la integración regional sudamericana, que ha sido conceptualizado de diferentes maneras, entre ellas, regionalismo estratégico (Bizzozero, 2008), regionalismo desarrollista (Teixeira & Neto, 2012), regionalismo posliberal (Veiga & Ríos, 2007; Soares de Lima, 2012), o regionalismo estructural (Ribeiro & Kfuri, 2010) entre otros. Grosso modo, esta nueva etapa de la integración da cuenta de la recuperación de metas esenciales para el desarrollo equilibrado y sostenible de sus sociedades, como el incremento de la infraestructura y la interconexión, la coordinación energética, la integración productiva, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la promoción de políticas con inclusión social, el incentivo a las actividades de ciencia y tecnología, entre otras (Colombo & Frechero, 2009). Desde 2003, el estrechamiento de los vínculos entre los dos principales socios del MERCOSUR (Brasil y Argentina) se materializó en la adopción de compromisos como la firma del Consenso de Buenos Aires (2003) o el Acta de Copacabana (2004), que vinieron a imprimirle al relanzamiento de la integración regional una dimensión de justicia y participación social hasta entonces solapada por el factor comercial (ALOP, 2011). La necesidad

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de adoptar una postura común sobre diversos tópicos e impulsar la integración con un enfoque más amplio y estratégico fue compartida por los gobiernos de los países del bloque, de modo paralelo a una redefinición de las prioridades políticas de sus agendas domésticas. Fue así que a través de distintos compromisos y declaraciones, se introdujo la necesidad de priorizar la dimensión social del proyecto para incentivar el desarrollo con equidad, con énfasis en aquellas medidas tendientes a propiciar la inclusión social y económica de los grupos más vulnerables de la población. Como instancias y avances más significativos reveladores de esta transformación, pueden citarse, por ejemplo, la adopción del “Programa de Trabajo 2004-2006” (Decisión CMC 26/03), en el que se definió un espectro temático de la integración que quitó el eje de acción en el campo exclusivamente comercial y diversificó notablemente la agenda (incluyendo tópicos como las asimetrías entre los países, la generación de fondos estructurales, la agenda social, el apoyo a pequeñas y medianas empresas, la soberanía alimentaria, entre otras); la Cumbre de Tucumán del MERCOSUR (2008) en la cual existió una fuerte condena a la política migratoria europea por la adopción de la restrictiva Directiva de Retorno2 y se

desarrollaron progresos en el ámbito de la circulación de personas con la eliminación de la exigencia del pasaporte para el movimiento intrarregional; el “Plan de Acción del Estatuto de C i u d a d a n í a d e l M E R C O S U R” (Decisión CMC 64/10), cuya entrada en vigor está prevista para el año 2021 y avanza en la construcción de una ciudadanía regional en términos de reconocimiento progresivo de derechos a las poblaciones de los Estados miembros y asociados; o la adopción del Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR que define ejes, objetivos y directrices que atañen a aspectos de los más diversos tales como la educación, el trabajo, la cultura, entre otros (Decisión CMC 12/11). Entonces, esta nueva concepción de la integración en términos de proyecto político, con sus avances, retrocesos, y desafíos pendientes, ha dado lugar al tratamiento de tópicos postergados y /o marginados en los modelos de integración del decenio precedente y es desde esta óptica que debe interpretarse y evaluarse la atención que se le otorga a la situación y demandas de los pueblos indígenas. Si bien aún no existe en la estructura institucional del MERCOSUR ningún espacio especializado para el abordaje de las demandas e intereses de estos grupos, cuestión que sigue constituyendo un desafío central para la

2. Aprobada por el Parlamento Europeo el 18 de junio de 2008, constituye una norma que marca un fuerte endurecimiento de la política migratoria europea, fundamentalmente por disponer la criminalización de la inmigración irregular. Prevé, entre otras cosas, la posibilidad de expulsar a todo inmigrante indocumentado que no acepte partir por propia iniciativa, con posibilidad de detención máxima de dieciocho meses si el inmigrante y el país de origen no cooperan, y una prohibición de cinco años de regresar a la Unión Europea.

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consideración de estos pueblos como grupo en situación de vulnerabilidad, la presencia indígena se ha ido visibilizando en algunas instancias del bloque y en algunos documentos declarativos (no vinculantes) que se mencionan y analizan a continuación. 3. a. MERCOSUR Social, Cumbres Sociales y pueblos originarios El avance en la democratización del proyecto de integración del MERCOSUR fue de la mano de la profundización de la agenda social del bloque. En efecto, ya en el Programa de Trabajo 2004-2006 del MERCOSUR, en la segunda sección “MERCOSUR Social”, los Estados parte acordaron trabajar en la tarea de propiciar la ampliación de la participación de la sociedad civil en el ámbito regional. Uno de los mayores avances en esta línea fue la iniciativa pública Somos MERCOSUR, impulsada por la Presidencia Pro Témpore de Uruguay en el año 2005, con el apoyo de la FESUR3, que tiene como objetivo “involucrar a la ciudadanía en el proceso de integración regional, generando nuevos espacios para que la sociedad civil y los gobiernos locales puedan debatir, formular demandas y participar de los procesos decisorios”. Somos MERCOSUR “pretende articular la agenda de los gobiernos y la

sociedad civil mediante un programa de acciones sociales, políticas y culturales”4 y con ese objetivo ha llevado adelante en estos años diversas acciones tendientes a democratizar el proceso de integración, organizando Cumbres Sociales que se desarrollan dos veces por año, en paralelo a las cumbres presidenciales, constituyendo espacios de encuentro para pensar la región y elaborar propuestas para la profundización de la integración con un sentido inclusivo. Es precisamente en el marco de estas Cumbres Sociales que se registra por primera vez la presencia indígena en instancias del MERCOSUR. A saber, en el marco de la Cumbre del MERCOSUR realizada en la ciudad de Córdoba (2006), se desarrolló el “I Encuentro Regional por un MERCOSUR Productivo y Social” (antecedente central de las cumbres sociales), que reunió por primera vez en la historia del bloque a los gobiernos de los países miembros con distintos representantes de sindicatos, pequeñas y medianas empresas, productores rurales, universidades, ONGs y organizaciones sociales de los países miembros. En su declaración final, se incluyó la Declaración de la Cumbre de los Pueblos por la Soberanía y la Integración de Sudamérica, en la cual quedó explícitamente planteada la

3. Fundación Friedrich Ebert en Uruguay: esta fundación política de origen alemán se dedica al asesoramiento y la capacitación política, ofreciendo espacios de debate en todo el mundo. Su trabajo tiene como objetivo el fortalecimiento de la democracia y la justicia social. Inició sus actividades en Uruguay inmediatamente después del final de la dictadura militar. Sus contrapartes en Uruguay incluyen partidos políticos, el gobierno nacional y varios gobiernos departamentales, la central obrera PIT-CNT y varios sindicatos afiliados a la misma, organizaciones de la sociedad civil así como instituciones académicas y del MERCOSUR. Su sitio web oficial es: <http://www.fesur.org.uy/> 4. Información extraída del sitio web oficial de Somos MERCOSUR: <http://www.somosmercosur.net/>

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demanda a los gobiernos de la región para el desarrollo de “políticas que respeten los espacios comunes de los pueblos originarios en nuestras fronteras, sin dividir sus territorios ancestrales y que retomen las recomendaciones del III Informe sobre Cuestiones Indígenas, para que los temas de los pueblos originarios sean transversalizados en el MERCOSUR”. La I Cumbre Social de Brasilia (2006), enfatizó en su documento final, que en el marco del objetivo del fortalecimiento de las políticas regionales de educación “que respeten y valoren la diversidad cultural, racial, étnica y de género y que incorporen como fundamento a los derechos humanos”, debe garantizarse “la utilización, preservación y trasmisión de las lenguas maternas de las poblaciones originales de la región, especialmente en las áreas fronterizas”. Como podrá observarse a continuación, el tema de la educación intercultural y del respeto a las lenguas de las comunidades indígenas, constituyen tópicos que aparecen de modo recurrente en distintas instancias sociales del bloque, y aunque en este trabajo no se incluya, ocupa un lugar de relevancia en los programas y lineamientos de trabajo del MERCOSUR Educativo. La Declaración de la Cumbre Social de Brasilia también se destaca por la consideración explícita de los pueblos originarios como población en situación de vulnerabilidad, junto a otros grupos

como los migrantes y refugiados, o los niños, niñas y adolescentes. El análisis de los documentos declarativos que emanan de cada una de las Cumbres Sociales, da cuenta claramente de una progresiva mención de la realidad de los pueblos originarios en el MERCOSUR y de sus demandas históricas. Pero la importancia de la temática indígena quedó de manifiesto más patentemente en la Cumbre Social celebrada en Tucumán en junio del 2008. De ella surgió la Declaración final del la Cumbre de Organizaciones Populares por la Integración Soberana5, en la cual se reconoció el papel fundamental que tuvieron, y tienen, los movimientos sociales y organizaciones populares –entre ellos los pueblos originarios-, en esta construcción de un nuevo proceso de integración regional, sustentado en herramientas políticas, económicas y sociales en beneficio de los pueblos. Además, la Comisión de Pueblos Originarios, preparó un documento en el que instó a los Estados miembros del bloque a asumir el compromiso de respetar íntegramente los derechos de los pueblos indígenas, identificando en esta línea, tres ejes centrales: territorio, multiculturalidad y legislación. El primer eje, “territorio”, se considera el punto de partida para el ejercicio de los demás derechos y eje central del desarrollo productivo de los pueblos indígenas. En este marco, se encolumnan una serie de demandas concretas que

5. Disponible en <www.cumbredeorganizacionespopulares.blogspost.com.ar>

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van desde el reconocimiento efectivo del título comunitario indígena; al derecho de consulta previa e informada en todo lo referente a sus territorios y recursos naturales; pasando por el requerimiento de consentimiento para la realización y ejecución de los mega emprendimientos productivos en sus territorios. En el segundo eje se plantea como objetivo lograr un sistema educativo integral en el cual se contemple la educación bilingüe, los valores, cosmovisiones e historia de cada pueblo, el diseño de currículas que contemplen docentes y contenidos indígenas según la diversidad cultural, y la necesidad de “reconstruir la ciencia en base al conocimiento ancestral de cada pueblo”. En esta perspectiva, se incluyen el reconocimiento de la medicina tradicional en los ámbitos académicos y de salud pública; el reconocimiento y conmemoración de los calendarios culturales propios de los Pueblos Indígenas (PI); el respeto y cuidado de los recursos arqueológicos sagrados de los PI junto a la restitución y repatriación de piezas arqueológicas; la protección de los conocimientos ancestrales, el respeto a las expresiones artísticas, y la adecuación de las leyes de patentes y marcas vigentes, de modo tal que se reconozcan los derechos intelectuales de los PI; entre otras. En materia de legislación, se exige que como condición previa para ser país miembro del MERCOSUR, los Estados reconozcan la siguiente legislación básica: Convenio 169 de OIT; Convenio Internacional sobre Biodiversidad; Convenio Internacional sobre Cambio densidades nº 16 - septiembre 2014

Climático; Declaración Universal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Y a su vez, que los Estados parte del bloque realicen la adecuación de las legislaciones nacionales a estos instrumentos legales. Adicionalmente, en esta Declaración emanada de la Cumbre Social de Tucumán, se incluyeron como propuestas de la Comisión de Pueblos Originarios: lograr una verdadera representación de los Pueblos Indígenas en el MERCOSUR, representación elegida por los mismos P.I.; incluir su historia, lenguaje y cosmovisión cultural en los sistemas educativos de los Estados Miembros; diseñar y desarrollar un programa de “recopilación, formalización, difusión y promoción y protección de los saberes ancestrales, salud tradicional, soberanía alimentaria, vivienda adecuada respetando la cosmovisión y recursos de la zona, cuidados arqueológicos y economías locales ancestrales”, entre otros. En el marco de la Cumbre Social celebrada en Asunción en 2011, la Comisión de Pueblos Originarios conformada por los representantes de las organizaciones de los pueblos originarios de Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia y Chile, avanzaron en una amplia declaración bajo el lema “Tierra y Territorio”, como continuidad de los reclamos y procesos planteados en el II Encuentro de la Nación Guaraní desarrollada meses antes en Jaguatï, Amambay, que constituyen, según se manifiesta explícitamente “una realidad y necesidades comunes para todos los

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pueblos aborígenes de los países que integran el MERCOSUR”. Aquí se reiteran de manera enfatizada las demandas planteadas en el marco de la Cumbre Social de Tucumán y se añaden un largo listado de reivindicaciones en materia territorial, de educación diferenciada, de respeto y protección de la cultura en sus formas materiales e inmateriales, de garantía del acceso a la justicia, entre otras. Sin ánimos de exhaustividad, vale retomar algunas de las demandas explicitadas en el documento final, entre ellas, la exigencia del “reconocimiento político de nuestras naciones por parte de los países asentados sobre el espacio territorial ancestral de los pueblos originarios y de su libre determinación así como la existencia de un documento único de identidad como pueblos originarios”; la indemnización por el uso, explotación y destrucción de la tierra y de otros recursos naturales de los territorios originarios; el fin de la criminalización de los pueblos originarios y el cese de la persecución y muerte de sus hermanos y líderes y la garantía de la justicia; la protección y respeto sobre los saberes, espiritualidad, usos medicinales y demás demostraciones y expresiones de nuestros patrimonios culturales materiales e inmateriales; el cumplimiento de las

leyes sobre protección ambiental, con mayor rigor en los casos de cultivos con usos de agrotóxicos que destruyen comunidades, envenenan los cursos de agua y la tierra, destruye la biodiversidad, en especial la vida humana; la definición y ejecución de políticas de lenguas que protejan, revitalicen y respeten las lenguas autóctonas en toda la territorialidad de los pueblos originarios; la vigencia inmediata de educación diferenciada y específica; el cumplimiento del derecho a la consulta previa a la comunidad o pueblo afectado para la exploración y/o explotación de hidrocarburos y otros minerales; la garantía para el acceso de las comunidades a agua potable y de calidad; etc. A partir del año 2012, en el marco de las Cumbres Sociales, las demandas de los pueblos originarios pasaron de estar incluidas exclusivamente en los documentos declarativos, a formar parte de definiciones programáticas. En el marco de la XV Cumbre Social del MERCOSUR, desarrollada ese año en la ciudad de Mendoza (Argentina), el Instituto Social del MERCOSUR6 lanzó la primera edición del Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR (PEAS), instrumento para articular y desarrollar acciones específicas, integrales e intersectoriales, que consoliden la

6. El Instituto Social del MERCOSUR (ISM) es un órgano técnico político establecido el 18 de Enero del 2007 (CMC/DEC Nº 03/07) resultado de la iniciativa de la Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del MERCOSUR (RMDAS). Tratase de una instancia técnica de investigación en el campo de las políticas sociales e implementación de líneas estratégicas con el objetivo de contribuir a la consolidación de la dimensión social como un eje central en el proceso de integración del MERCOSUR. En este sentido, el ISM se suma a los esfuerzos de consolidación del proceso de integración, a través de iniciativas que contribuyan a la reducción de las asimetrías sociales entre los Estados Partes y promoción del desarrollo humano integral. <http://ismercosur.org/institucion/>

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dimensión social del bloque. Este plan define ejes, objetivos y directrices que atañen a aspectos de los más diversos tales como la educación, el trabajo, la cultura, la salud, los derechos humanos, la asistencia humanitaria, entre otros. En este documento existen algunas menciones específicas a la situación de las poblaciones indígenas en la región que de algún modo revelan el lugar que se le otorga a sus reivindicaciones y desde cuáles perspectivas se atienden sus demandas. En primer lugar, en el ámbito educativo, en el marco de la directriz que busca “Promover la educación de calidad para todos como factor de inclusión social, de desarrollo humano y productivo”, se incluye como objetivo prioritario, la promoción y armonización de políticas de educación específicas para los pueblos originarios y la construcción de currículas adecuadas a sus necesidades, respetando su diversidad cultural. En la misma línea, articular programas sociales para erradicar el analfabetismo femenino, en especial entre afrodescendientes, indígenas y mujeres portadoras de deficiencia y con mujeres por encima de 50 años. En segundo lugar, en el ámbito cultural, en el marco de la directriz que apunta a “Promover la conciencia de la identidad cultural regional, valorizando y difundiendo la diversidad cultural de los países del MERCOSUR, y de las culturas regionales”, se incluye como objetivo prioritario, alentar la producción cultural de los grupos culturales más diversos, entre ellos, los pueblos originarios. densidades nº 16 - septiembre 2014

En el ámbito de la salud, con el objetivo de asegurar el acceso a servicios públicos de salud integral, en calidad y humanizados, como derecho básico, se apunta explícitamente a promover y armonizar políticas específicas para la salud indígena; y promover la asistencia obstétrica calificada y humanizada, especialmente entre las mujeres negras e indígenas. Ahora bien, en cuanto a la dinámica de las cumbres sociales, es importante advertir dos cuestiones fundamentales. Por un lado, que no cuentan con una vinculación establecida con el proceso decisorio del MERCOSUR, de modo que es difícil advertir el grado de atención y prioridad que se le otorga a cada uno de los planteamientos que la sociedad civil plasma en los documentos que emanan de sus encuentros. En según lugar, esto se ve agravado por el bajo nivel de institucionalización de este tipo de espacios, que hace que siempre exista el riesgo de su desaparición ante un escenario en el que se transforme la visión y el rumbo del proyecto político integracionista. No obstante esta realidad, y al margen del carácter no vinculante de las declaraciones expuestas, la presencia indígena en estas instancias, su progresivo involucramiento y visibilidad, representan un punto de partida central para avanzar hacia modalidades de mayor institucionalización, como revela la trayectoria y experiencia de otros foros del bloque que nacieron en similares condiciones. 3. b. El Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos

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El MERCOSUR cuenta desde 2009 con un Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos (IPPDH), cuya función central es la cooperación técnica, la investigación, la capacitación y el apoyo a la coordinación de políticas regionales en derechos humanos. Su objetivo central apunta a contribuir en el diseño, implementación, evaluación y consolidación de las políticas públicas de derechos humanos como eje fundamental de la identidad, el desarrollo y la integración de los países parte y asociados del MERCOSUR. Lo cierto es que desde su creación, las poblaciones indígenas no cuentan con un lugar prioritario en las acciones que lleva adelante este organismo en materia de promoción de políticas de derechos humanos. En efecto, no están contemplados en los lineamientos estratégicos del instituto, que delinea como ejes centrales las políticas de prevención de la violencia institucional y seguridad ciudadana; las políticas de memoria, verdad, justicia y reparación ante graves violaciones; las políticas de igualdad y no discriminación; y la infraestructura institucional de derechos humanos. No obstante ello, su acercamiento, indirecto y se podría decir que marginal también, a la realidad y demandas de la población indígena, se registra a partir de la organización y participación por parte del IPPDH en actividades vinculadas a la discusión y promoción de políticas públicas interculturales, una de las reivindicaciones que los pueblos originarios alzan con mayor firmeza en el ámbito mercosureño. En junio de

2011, el IPPDH organizó en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina, el Seminario Regional de Políticas Interculturales, que representó un espacio destinado al debate sobre la interculturalidad en el plano nacional (argentino) y regional (MERCOSUR), y su articulación con las políticas públicas referidas a tres ámbitos específicos: la salud, la educación y la justicia. El desarrollo de este seminario habilitó un espacio para la revisión y reflexión de las políticas públicas monoculturales que prevalecieron durante todo el proceso histórico de conformación de los Estados latinoamericanos y que conllevaron a una invisibilización de la diversidad cultural existente al interior de cada uno de estos países. Y ante ello, se planteó el reconocimiento de la diversidad étnica como una asignatura pendiente. Las discusiones que tuvieron lugar en este encuentro tuvieron como objetivo impulsar políticas públicas en educación que visibilicen y legitimen la diversidad cultural en base al respeto y la no discriminación de las personas migrantes, indígenas y afrodescendientes, entre otras. En la misma línea, se propuso en el ámbito de la salud pública la adopción de una perspectiva intercultural que tome como punto de partida el reconocimiento y revalorización de los diferentes saberes y prácticas, para avanzar hacia el diseño de políticas públicas en este área que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones, particularmente, los pueblos originarios, migrantes y densidades nº 16 - septiembre 2014

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afrodescendientes. Y en tercer término, también se iniciaron una serie de discusiones, propuestas e interrogantes que intentan ser una invitación para iniciar un proceso de construcción de un modelo de pluralidad jurídica y la modificación de las prácticas de los operadores de justicia hacia una perspectiva intercultural. Sin lugar a dudas, este espacio fue de singular relevancia en términos de los contenidos abordados, que atañen directamente a las demandas de los pueblos indígenas. Sin embargo, ha carecido de constancia y sistematicidad en el ámbito del IPPDH que no logró incorporar estas líneas de trabajo entre sus actividades centrales, ni convertirlas en acciones programáticas. El IPPDH ha realizado desde su creación una labor destacada en lo que concierne a los derechos de las personas migrantes, refugiadas, y entre ellas, en el ámbito de la niñez migrante. En efecto, uno de los logros más trascendentales en este campo ha sido la solicitud de opinión consultiva que realizaron Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos y garantías de niñas y niños migrantes, un tema de fundamental relevancia para la protección de los derechos humanos en la región. El pronunciamiento de la Corte IDH ha permitido fijar un piso mínimo de obligaciones de los Estados (de origen, tránsito y destino) que

garanticen la protección de los derechos de estas personas, que no tiene precedentes en la región. Sin lugar a dudas, la destacada trayectoria con la que cuenta este instituto en otras esferas (derechos de los migrantes y de los niños y niñas migrantes; políticas de memoria, verdad, justicia y reparación, p.e.) contrasta de alguna manera con la atención que ha recibido los pueblos originarios, que reclaman dentro del bloque mercosureño un enfoque inclusivo y sobre todo, un abordaje de derechos humanos, en tanto población en situación de vulnerabilidad. Y a su vez, que no se presente a la población originaria como una simple receptora de dichas políticas, sino sujeto partícipe y protagonista de tales iniciativas. 3. c. Hacia el “MERCOSUR Indígena” La concreción de la incorporación de Venezuela como miembro pleno del MERCOSUR ha tenido impacto positivo en materia de avances de los pueblos originarios en el bloque. En efecto, las posibilidades de integración de este país ya habían generado grandes expectativas en las comunidades indígenas, que esperaban que dicha adhesión “contribuya a que los gobernantes tomen conciencia de la importancia de la consulta previa e informada de los pueblos originarios para la aprobación de políticas sociales y económicas que pudieran afectar a los pueblos indígenas de América, que somos un solo pueblo”7.

7. Palabras de Esteban Argelio Pérez, presidente del PIA-GPV (Parlamento Indígena de América-Grupo

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Durante la presidencia pro-tempore de este país, y por iniciativa del manda-tario venezolano Nicolás Maduro, el 11 de septiembre de 2013 se produjo la creación del denominado “MERCOSUR Indígena”, primera instancia para la integración de políticas de los pueblos originarios en el bloque. En consecuencia con el lanzamiento de esta iniciativa, el 12 de octubre de 2013, en el marco de la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena, se produjo la Primera Reunión del MERCOSUR Indígena, en el marco de la cual se suscribió la Declaración de Ciudad Bolívar de los Pueblos Indígenas del MERCOSUR8. En este documento, los representantes de los pueblos originarios expresaron la imperiosa necesidad de que “los pueblos indígenas seamos incluidos y nuestra voz escuchada en los espacios del MERCOSUR, tomando en consideración la diversidad multiétnica y pluricultural que caracteriza la región…”; que “La dimensión social del MERCOSUR debe ser una prioridad que genere y articule políticas públicas de carácter regional que protejan y contribuyan a la preservación y el enaltecimiento de los usos, costumbres y modos de vida de los pueblos indígenas originarios”; y que “nos comprometemos a ejecutar el ‘Plan de Acción de Ciudad Bolívar para el MERCOSUR Indígena’, como una

forma de establecer lazos de cooperación y comunicación que contribuyan con una inserción efectiva de los pueblos indígenas en la dinámica integracionista”9. En los considerandos de dicha declaración, los pueblos indígenas expresan “Que estamos conscientes de que el MERCOSUR es un bloque de integración que busca su adecuación a los nuevos tiempos que se viven en la región, tiempos en los que se revindica también la lucha de los pueblos originarios”; “Que, más allá de todos los avances y logros en materia política, social y económica que han alcanzado nuestros países, todavía existen grandes desafíos que el MERCOSUR debe impulsar para la transformación e inclusión de sectores históricamente excluidos” y “Que los pueblos indígenas debemos estar presentes y nuestra voz escuchada en los espacios del MERCOSUR, participando y construyendo colectivamente nuestra pluriculturalidad en la diversidad, incorporando de manera transversal nuestra herencia ancestral”; y “Que es el momento para dotar al MERCOSUR de un ámbito específico abocado a los pueblos indígenas”. En ocasión de la XLVI Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común, realizada en Caracas en julio de 2014, las Presidentas y Presidentes de los Estados Parte anunciaron en su Comunicado Conjunto que celebran “la

Parlamentario Venezolano). 8.Documento disponible en: <http://notiindigena.wordpress.com/2013/10/15/mercosur-indigena-declaracionde-ciudad-bolivar/> 9. Documento disponible en: <http://notiindigena.wordpress.com/2013/10/15/mercosur-indigena-declaracionde-ciudad-bolivar/>

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creación del MERCOSUR Indígena como un espacio que, junto a las organizaciones y movimientos sociales de la Región, propiciará la unión de los pueblos de la América India originaria, valorando su cosmovisión y rescatando los saberes ancestrales para el resguardo y protección de la Madre Tierra” y que “recibieron con beneplácito la creación de la ‘Reunión de Autoridades sobre Pueblos Indígenas del MERCOSUR (RAPIM)’ y la aprobación del ‘Plan de Acción de Ciudad Bolívar’, como un mecanismo para visibilizar a los pueblos indígenas de la Región”. Claramente, es imposible realizar una evaluación sobre el funcionamiento de esta instancia debido a su reciente creación, aunque vale advertir que su lanzamiento abre un panorama optimista en tanto se inaugura la posibilidad de integrar a las delegaciones originarias en determinadas áreas de vital importancia del bloque, tales como la agricultura, el medio ambiente, la salud, la educación, lo cual colabora en el proceso de visibilización de sus derechos y demandas, dando espacio a su vez, a sus reclamos de participación en las instancias del bloque. A modo de reflexión final En este artículo se ha desarrollado una primera aproximación a la realidad de los pueblos originarios en el Mercado Común del Sur y al nivel de consideración de sus demandas y situaciones específicas en algunas instancias institucionales del bloque, en el marco de la renovación del proyecto

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integracionista emprendido a inicios del siglo XXI. Los nuevos contornos de la integración a la que se viene apostando en este período se apoyan en los cimientos de una nueva política que otorga un rol activo al Estado en la economía, incluido el objetivo de disminuir las desigualdades históricas de la región y la necesidad de atender diversas problemáticas sociales. Ha sido la confección de las agendas domésticas de los Estados miembros a partir de búsquedas de caminos alternativos de desarrollo y la re-definición temática de prioridades (desde una revisión crítica de las políticas neoliberales) lo que ha dado ingreso a la “renovación” regional y al cambio de rumbo de la integración en el MERCOSUR (Vadell, 2008; Bizzozero, 2008; Teixeira y Neto, 2012). Los movimientos sociales en general, y el indígena en particular, han desempeñado un rol destacado y protagónico en el giro que experimentó el proyecto regional sudamericano. En este marco, se ha podido observar que el ingreso de la temática originaria a la agenda regional desde las diversas aristas analizadas marca un elemento de diferenciación en torno a la primera década de vida del MERCOSUR en la cual la realidad y demandas de estos grupos se mantuvo absolutamente invisible. La presencia indígena en el MERCOSUR es resultado de la democratización que ha venido atravesando el bloque regional a raíz de la apertura a la participación e involucramiento de la sociedad civil en diferentes instancias,

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pero que, hasta al momento, sólo evidencia intenciones prometedoras plasmadas fundamentalmente en documentos declarativos, e incluso en voluntades políticas, aún no trasladables a compromisos regionales vinculantes. Destacan especialmente las Cumbres Sociales, que constituyen espacios que han sido bien aprovechados por los pueblos originarios para la instalación y visibilización de sus demandas y derechos, los cuales han estado marcados por los ejes de territorialidad, identidad y autodeterminación. Pero como revelan los comunicados emanados de las cumbres sociales, los pueblos originarios no sólo han logrado visibilizar sus reivindicaciones históricas, sino también han tenido oportunidad de manifestar las lecciones que ellos pueden dar al “occidente” globalizado sobre sus experiencias de sustentabilidad social y ambiental, entre otros aportes. En este sentido, el ámbito de la soberanía alimentaria se revela como un terreno propicio para analizar las relaciones de los pueblos originarios en el MERCOSUR, que debería dar lugar a futuras líneas de análisis. Por su parte, el reciente lanzamiento del MERCOSUR Indígena emerge como un espacio prometedor en el que se logre una participación sistemática de las comunidades originarias y se de seguimiento a cada uno de los temas que estas comunidades buscan colocar en la agenda regional. Lo cierto es que la diversidad y multidimensionalidad de las reivindicaciones indígenas exigen que la cuestión originaria se incluya de manera

transversal en la agenda del MERCOSUR.

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Análise dos aspectos históricos das relações exteriores entre o Brasil e os países da América do Sul (1822 y 2009) Daniela Garcia da Silva 1.1. Uma análise desde a Independência até a queda do Império (18221889) No período imperial do Brasil, a imagem construída pelo país foi de uma civilização, supostamente superior aos seus vizinhos, pois se aproximava das monarquias européias ao manter o princípio dinástico como fonte de legitimação. Mesmo mantendo a escravidão, o Brasil via os países da região como selvagens e anárquicos. Por isso, o Brasil ainda não se englobava realmente na idéia de um país sul-americano (Santos, 2005)1. A Independência do Brasil se deu a

partir de diversos fatores, não aconteceu de maneira linear como algo preconcebido pelos interesses da época (Ribeiro, 2002)2. No período que constitui esse fato histórico, a política externa brasileira enfrentou diversos problemas não somente com os países situados na fronteira, bem como com a potência econômica da época, a Inglaterra. (Cervo, 2008)3. Uma dessas questões a ser resolvida era a do tráfico de escravos. O fim dessa prática era condição para o reconhecimento da Independência do Brasil por parte da Inglaterra (Conceição, 2004)4.

Maestranda da Maestria en Proceso de Integración Regional con Énfasis en MERCOSUR na Universidad de Buenos Aires (UBA). Graduada em Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais (LEA) na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Ilheus, Bahia, Brasil. 1. Santos, Luís Cláudio Villafañe G. “A América do Sul no discurso diplomático brasileiro”. In: Revista Brasileira de Política Internacional, 2005. p. 185-204. 2. Ribeiro, Gladys. A liberdade em construção, Rio de Janeiro: Relume-Dumará/FAPERJ, 2002. 3. Cervo, Amado Luiz; Bueno, Clodoaldo. História da política exterior do Brasil, Brasília: Editora Universidade de Brasília. 3 ed. 2008. 4. Conceição, Lívia Beatriz da. Soberania no mundo do atlântico: tráfico de escravos e a construção do Estado

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Análise dos aspectos históricos das relações exteriores entre o brasil e os países da América do Sul (1822 y 2009)

Para Cervo (2008), ao se tratar das relações com os países que constitui a Bacia do Prata, a política externa brasileira mudou ao longo do tempo. De 1822 até 1824, Argentina e Brasil haviam conquistado a Independência e haviam tentativas de cooperação entre esses países em prol da defesa dos territórios. De 1825 até 1828 ocorre a Guerra da Cisplatina, que resultou na Independência do Uruguai. Entre 1844 e 1852, a política adotada foi de neutralidade diante dos assuntos externos. No período de 1851 até 1864, a neutralidade foi deixada de lado e a atitude agora era de intervenção e de 1864 até 1876 foi marcado pela presença ativa brasileira. De 1877 até 1889, o Brasil optou por uma posição de retraimento vigilante. Os principais episódios que marcaram essa época foram: a Guerra da Cisplatina; o isolamento do Paraguai; a tentativa de negociação com a chamada GrãColômbia (Colômbia, Venezuela e Equador); e o fracasso da proposta de criação de um ordenamento jurídico supranacional que promovesse a união e o entendimento entre os países na região no Congresso do Panamá em 1826. A Guerra da Cisplatina ocorreu entre os anos de 1825 a 1828 e envolveu o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata. A questão da Cisplatina

antecede essa data. Desde 1808, Dom João pretendia conquistar seu império americano, contando para isso com a inclusão de Buenos Aires e Montevidéu aos seus limites territoriais. A Inglaterra mediou a Guerra da Cisplatina, que teve como final a perda da província Cisplatina por parte do Brasil e a assinatura do acordo de independência desta região, que assim se torna a República Oriental do Uruguai. A livre navegação do Rio Prata foi possível e o Brasil teve de pagar indenizações aos países prejudicados com o bloqueio realizado àquele território (Cervo, 2008). Silva (1986)5 afirma que o maior intere-ssado no fim da Guerra da Cisplatina era o país mediador do problema, a Inglaterra. Isso porque a região era de extrema importância comercial. Além disso, a navegação seria facilitada, permitindo à Inglaterra levar seus produtos a mais países, bem como a ter acesso à província do Mato Grosso. De acordo com Mattos (2005, p. 26)6, a Guerra da Cisplatina significou “a impossibilidade de um domínio ilimitado em termos espaciais”, no que se refere ao Estado Brasileiro. Pinto (2007) 7 completa esse pensamento dizendo que o conflito da Cisplatina não representava somente uma disputa territorial entre os Estados, ela estava baseada na idéia geopolítica e expansionista, bem como

nacional no Brasil monárquico (1831-1850). Dissertação de Mestrado: Universidade Federal Fluminense, 2004. 5. Silva, Maria Beatriz Nizza da. O Império luso-brasileiro (1759-1822), Lisboa: Estampa, 1986. 6. Mattos, Ilmar Rohloff. “Construtores e herdeiros: a trama dos interesses na construção da unidade política”. In: Almanack Brasiliense, n°01, 2005. 7. Pinto Pereira, Aline. Domínios e Império: o Tratado de 1825 e a Guerra da Cisplatina na construção do Estado do Brasil. 2007. 269 f. Dissertação (Pós Graduação em História) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2002.

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no pensamen-to político a cerca da importância do território e da soberania do Estado. Falcon (1997)8 acreditava que a política externa desse momento visava à dinâmica da disputa pelo poder entre as nações e afirmou que a política está condicionada a uma visão centralizada do poder. Sobre a questão do Paraguai, esse país representava um potencial aliado do Brasil devido a sua localização estratégica. Essa idéia já era defendida desde 1822 por Correa da Câmara que, três anos depois, ele foi ao Paraguai, como primeiro representante estrangeiro oficial, com a meta de conquistar simpatia de Francia, então governante do Paraguai, para as causas brasileiras, entre estas a guerra da Cisplatina. Em troca, o Brasil ofereceu facilidade de comércio por Montevidéu, já que Buenos Aires havia bloqueado a via natural de comunicação. O Brasil alcançou sucesso parcial nessa empreitada. Após Independência do Uruguai, o interesse brasileiro diminuiu e Francia culpava o Brasil pelos problemas nas fronteiras dos países da região. O Paraguai defendia o Princípio de Autodeterminação dos Estados9 e como a Independência do seu país não estava em risco, não acreditava serem necessárias alianças externas. Mantiveram-se assim neutros e afastados dos conflitos regionais (Cervo, 2008).

O mesmo escritor relata que, em 1826, Leandro Palácios foi ao Rio de Janeiro representar os interesses colombianos no Brasil. As propostas da Colômbia eram de intermediar a guerra da Cisplatina contra Buenos Aires, convidar o Brasil para participar da Conferência do Panamá, negociar as fronteiras e a assinatura de um tratado de amizade, comércio e navegação entre os países. Poucos resultados foram alcançados nessa visita. O representante brasileiro não chegou a tempo à Conferência do Panamá. As fronteiras não foram delimitadas por motivo de divergência entre as doutrinas dos países. A mediação foi recusada porque a os britânicos já haviam sido aceitos para exercer tal tarefa e porque suspeitavam que a Colômbia nutrisse simpatia pela Argentina. O tratado não foi assinado porque acreditavam no desmembramento da Grã-Colômbia. A Conferência do Panamá ocorreu em 1826 e era idealizada por Simón Bolívar. O evento reuniu representantes do México, da Grã–Colômbia, Peru e da Federação Centro-Americana. Portanto, dos países americanos, não se fizeram presentes o Brasil, a Argentina, os Estados Unidos da América, o Haiti, Chile, Paraguai e o Uruguai. Cuba e Porto Rico ainda eram dominados pela Espanha. Como resultado da conferência pode-se citar: a iniciativa de abolição

8. Falcon, Francisco. “História e Poder”. In: Cardoso, Ciro e Vainfas, Ronaldo. Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia, Rio de Janeiro: Campus, 1997. 9. Buzanello explica no seu trabalho, “Direito de Resistência”, que o Princípio da Autodeterminação dos Estados ou Princípio Político da Autodeterminação dos Povos assegura aos países à liberdade de organização política e soberania. Consultar: <http://www.buscalegis.ufsc.br/arquivos/Direito%20de%20resist%EAncia.pdf>

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de tráfico de escravos africanos e a assinatura de uma aliança para a construção de uma confederação das repúblicas hispânicas em defesa comum, solução pacífica para fins de conflitos e integridade dos territórios dos paísesmembros10. De 1844 a 1876, a política externa passou a ser energética e independente. Pretendia-se controlar a política comercial através da autonomia alfandegária; impulsionar a livre imigração e extinguir o tráfico de escravos; manter as posses territoriais e fronteiras, incluindo a defesa da Amazônia, ameaçada pelo expansionismo norte-americano; e participar do destino da região platina através da sustentação das relações internacionais. Não se alcançou todos esses objetivos como se gostaria, pois houve mudança de pensamento e de atitude por parte de alguns homens do Estado (Cervo, 2008). O mesmo autor conta que, em 1851, o Brasil controlava as finanças e a delimitação das fronteiras com o Uruguai sem a interferência de Urquiza e de Buenos Aires. Surgiu a insatisfação do partido Blanco uruguaio e o envolvimento de brasileiros na política uruguaia devido aos interesses materiais. Quanto à Argentina, o Brasil mantinha a neutralidade, simpatizava com as idéias de Buenos Aires, mas não abandonaria Urquiza. A situação era mais delicada com o vizinho Paraguai. Mesmo com a

aliança de 1850, os problemas referentes à delimitação das fronteiras e a liberdade de navegação continuavam. Acordos não eram respeitados e a guerra era cogitada entre as partes. Com a sucessão de poder, em 1862, de Carlos Antônio López para seu filho, Francisco Solano López, o radicalismo foi instaurado. A Teoria do “Equilíbrio dos Estados” do Prata (que visava preservar os Estados menores, Uruguai e Paraguai, das possíveis intenções imperialistas dos maiores, Argentina e Brasil e, talvez, formar um terceiro Estado constituído pelo Uruguai, Paraguai, Corrientes e Entre–Rios) foi adotada e uma aliança com os blancos uruguaios foi realizada por Solano López. Esperava-se que também Urquiza se unisse a estes. López, o pai, percebia no filho a personalidade agressiva e o desejo imperialista e o mesmo não acreditava que o Paraguai sairia vitorioso em uma guerra contra o Brasil (Gomes, 1966)11. Solano López não escutou as palavras do seu pai. Ele acreditava na superioridade do Paraguai frente aos seus adversários. Gomes relata (1966, p. 237) que: “Tão convencido estava ele da superioridade esmagadora dos seus exércitos sobre os das outras nações continentais, e da consecução dos seus mais loucos desígnios com o apoio desse argumento, que ousou tentar o aliciamento do imperador do Brasil aos seus projetos, propondo, segundo se afirma,

10. Dados contidos no seguinte website: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Congresso_do_Panam%C3%A1> 11. Gomes, Luiz Souza. América Latina: seus aspectos, sua história, seus problemas, 2ª ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1966.

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aliar-se à casa reinante de Pedro II, pelo casamento com uma das filhas deste, a princesa Isabel. A partir de 1860, o contexto muda. Mitre vence Urquiza, em 1861 e ascende à República Argentina em 1862, trazendo o liberalismo buenairense ao invés do pré-capitalismo do interior. Tal política era semelhante à brasileira e a Argentina era uma aliada. O Uruguai com o partido dos blancos, por outro lado, dificultou o comércio favorecido através do impedimento da passagem de gado para as charqueadas do Rio do Grande e se negando a assinar um novo tratado de comércio com o Brasil (Cervo, 2008). Essa passagem permitia que os criadores de gado do Rio do Sul levassem seus rebanhos para as melhores pastagens no Uruguai e os trouxesse para o abate no Brasil (Graham, 2004)12. Cervo (2008) também explica que os blancos iam e vinham de Assunção à Montevidéu, pedindo que López agisse em defesa do Uruguai e mostrasse na ativa seu projeto de “equilíbrio dos Estados”. Ao invés disso, López foi ao Rio de Janeiro e à Buenos Aires procurar um entendimento para a situação. Queria até mediar o conflito, mas tal iniciativa foi educadamente recusada pelo representante brasileiro. López também chegou a ameaçar o Brasil caso ocorresse o ultimatum no Uruguai.

Ninguém, entretanto, lhe dava ouvidos. Tanto o Brasil como a Argentina não acreditava que o Paraguai faria uma guerra. Atitude esta vista como humilhante para o Paraguai. Maestri (2009, p. 1)13 escreve que: “As ações militares se iniciaram em 16 de outubro de 1864, com a intervenção do Império no Uruguai contra o autonomis-mo “blanco”, exigida pelos criadores rio-grandenses instalados no norte daquele país e pela política imperial no Prata, e concluíram-se, em 1° de março de1870, com a morte de Solano López, com o Paraguai sob ocupação militar”. A guerra teve como origem da “escala gradual de interesses conflitantes, complicados por uma série de avaliações errôneas mas compreensíveis de todos os lados” (Graham, 2004, p. 816). Para o mesmo escritor, López tinha seus motivos de se sentir ameaçado pelo desmembramento do Paraguai e o fim da existência como nação. Ademais, López era estimulado pelas declarações belicosas feitas por alguns parlamentares brasileiros e pelos planos de contingência dos diplomatas brasileiros. Ele pensava que havia deixado claro que qualquer intervenção no Uruguai significaria guerra. Entretanto, calculara mal suas forças e o possível apoio de Urquiza. Os líderes de

12. Graham, Richard. “O Brasil da Independência a Meados do Século XIX”. In: História da América Latina: Da Independência a 1870, vol. III. Organização Leslie Bethell: tradução Maria Clara Cesca, 1ª Ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo; Imprensa Oficial do Estado; Brasília, DF: Fundação Alexandre de Gusmão, 2004. 13. Maestri, Mário. A Guerra contra o Paraguai: História e Historiografia: Da instauração à restauração historiográfica [1871-2002]. 2009. Disponível em: <http://www.estudioshistoricos.org/edicion_2/ mario_maestri.pdf> (Acesso em: 20 de agosto de 2014).

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Buenos Aires por sua vez, temiam a ascensão de Urquiza no nordeste da Argentina através de uma aliança com os paraguaios e com os blancos, no Uruguai. O Brasil, por razão dos proprietários de charque do Rio de Grande do Sul e demais interesses, queria os colorados no comando do Uruguai. Os brasileiros não acreditavam que López entraria mesmo numa guerra e, mesmo assim, pensava que caso ocorresse uma guerra o Brasil venceria e resolveria a questão pendente da fronteira e garantiria a livre navegação no Rio Paraguai. A Guerra do Paraguai foi financiada parte pelo Tesouro do Brasil, repassado sobre a forma de empréstimos à Argentina, e parte pelos bancos ingleses. Os mesmos ingleses, bem como americanos e países da América do Sul, se ofereceram para mediar o conflito. Todos foram recusados pelo Brasil. Chegando a guerra ao seu fim, o Brasil fez prevalecer sua vontade sobre a do governo argentino que pretendia absorver parte do território paraguaio. Para isso, ameaçou-se até uma nova guerra. Por sua vez, deixando de lado os interesses da aliança com Mitre, a paz em separado foi assinada em 1872. O Brasil queria que sua vontade de preservação do território paraguaio fosse respeitada e, até lá, tratou de ocupar o território desse país. Em 1876, assinaram o acordo de paz (Cervo, 2008).

Gomes (1966) acredita que começaram a investir no poder bélico paraguaio antes do processo de luta pela independência no país. O Paraguai viveu por muito tempo diante da ameaça argentina. Esse fato pode ter levado esse país a investir no exército e nos demais assuntos militares. No momento anterior à Guerra do Paraguai, este país não só contava com um desejo de ser uma potência, mas também com poder econômico e militar (Cervo, 2008). Ao escrever Genocídio Americano, o jornalista Chiavenatto (1987)14 não restringe sua visão ao nacional e ao lado hegemônico. Ele apresenta a situação como uma agressão do Império ao Paraguai e ao povo paraguaio, não acreditando que tal atitude se deva a um líder desvairado. Salles (1990)15 também critica a atuação “Estado imperial brasileiro” que pretendia, segundo ele, obstaculizar qualquer “potência regional hegemônica” no Prata. Durante esse período, o Brasil abriu o Amazonas para a navegação internacional em 1866, apaziguando o conflito por essa região e preservando o território. Negociou com a Bolívia e, em 1867, assinou um tratado de amizade, limites, navegação, comércio e extradição, que poderia tornar possível aliança desse vizinho na questão paraguaia (Cervo, 2008). Ainda segundo Cervo, como resultado

14. Chiavenatto, Júlio José. Genocídio Americano: a guerra do Paraguai. 21ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1987. 15. Salles, Ricardo. A Guerra do Paraguai: escravidão e cidadania na formação do exército, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990.

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de suas ações, o Brasil era por muitos considerado um país imperialista. Todavia, o Brasil não usou da força na cobrança dos empréstimos cedidos ao Uruguai e das dívidas paraguaias. O não pagamento das dívidas causou a falência internacional. O Brasil foi criticado por investir, não se sabe quanto, em uma guerra contra o país vizinho ao invés de investir na modernização e industrialização da nação. Caso houvesse optado por essa última ação, o Brasil poderia ter se tornado uma potência econômica regional e se destacado mais no cenário mundial. Maestri (2009, p.1) concorda dizendo que “os gastos comprometeram por mais de uma década as finanças do Brasil”. Graham (2001) acrescenta aos resulta-dos da Guerra do Paraguai o crescimen-to da luta política entre os partidos brasileiros, a volta do partido conserva-dor (1868) e o fim da moderada Liga Progressista. Quanto ao Paraguai, Gomes (1966) pensa que não há pior guerra desencadeada por um homem, e que o Paraguai jamais conseguiu se reestruturar e melhorar sua economia e seu setor social. Ademais, ele acredita que o povo paraguaio é ciente de que essa é a razão de sua atual situação e que necessitarão de anos para mudar essa realidade. No seu estudo sobre A Guerra contra o Paraguai: História e Historiografia: da Instauração à restauração historiográfica [1871-2002], Maestri (2009, p.4-5)

relata que: “A Historiografia republicana brasileira propôs que a guerra fosse apenas contra Solano López, retomando a retórica do Tratado da Tríplice Aliança, que pactuou, no início do conflito, agressão à incolumidade nacional paraguaia através da apropriação de parcela dos seus territórios; pesadas reparações de guerra; desarmamento do país; sua ocupação; internacionalização de sua navegação internacional; etc. Lançou a possibilidade de dizimação da população sobre o ditador e sobre o próprio povo, por segui-lo naquela aventura. Essa literatura encerra-se tradicionalmente com a morte de López, olvidando a aplicação impiedosa das condições do Tratado, que apontavam para as razões estruturais do conflito e para o programa de refundação liberal e dependente do país”. Termina o período do Império brasileiro e, segundo Cervo (2008), várias razões podem ser apontadas para esse fato histórico. Ele cita o fracasso brasileiro na Guerra da Cisplatina e a não aceitação por parte dos brasileiros e demais povos da América do Sul à Guerra do Paraguai. Souza (2003)16 confirma isso ao falar que a oposição contra a guerra crescia rapidamente. Entretanto, a guerra era apoiada pelos partidos brasileiros, liberal e conservador, não tornando possível a oposição

16. Souza, J. A. Soares. “O Brasil e o Prata até 1828”. In: Holanda, Sérgio Buarque de (org.). História geral da civilização brasileira, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. v. 3.

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por parte da força institucional (Lemos, 1999) 1 7 . Cervo (2008) ainda faz referência à falência de instituições brasileiras devido ao não pagamento da dívida externa por parte do Uruguai e Paraguai, a falta de iniciativa para lidar com os confrontos na Guiana Inglesa e Guiana Francesa e a acomodação diante da ratificação de tratados limites pendentes (Uruguai e Peru em 1851; Venezuela em 1859; Bolívia em 1867; e Paraguai em 1872). Em 15 de novembro de 1889 ocorre o Golpe Republicano sustentado pelos grandes proprietários provinciais que, “desobrigados pela superação da escravatura, em maio de 1888, da sustentação do centralismo monárquico, principal defensor daquela instituição” (Maestri, 2009, p. 3). Esse golpe foi possível graças à ação direta de alta oficialidade, que se interessavam na consolidação das idéias das forças armadas para representar o país (Sousa, 1996)18. 1.2. Da Proclamação da República ao Golpe Militar no Brasil (1889-1964) Bueno (2008) explica que não houve maiores problemas quanto à opinião exterior sobre o novo regime brasileiro. Os Estados americanos o aplaudiram. O Uruguai e a Argentina foram os primeiros países a reconhecê-lo. Somente os Estados Unidos hesitava em reconhecer a nova situação devido à boa impressão causada por Dom Pedro II em viagem a

este país. No dia 20 de fevereiro de 1890 foi aprovada unanimemente a nova forma de governo brasileiro por parte dos Estados Unidos. “Parte da opinião vislumbrava, pragmaticamente, a oportunidade de os Estados Unidos terem o Brasil sob sua órbita de influência” (Bueno, 2008, p.152). Após a Proclamação da República, no ano de 1889, a delegação brasileira que foi à Conferência de Washington. Passaram a identificar-se com o “espírito americano” e no discurso da chancelaria escutavam-se expressões tais como “América Latina”, “América do Norte”, “América Central” e “América do Sul”. A Diplomacia Brasileira dos primeiros vinte e cinco anos da República visualizou dois cenários para atuar: o sistema americano, comandado pelos Estados Unidos e um subsistema sulamericano (Brasil, Argentina e Chile) (Santos, 2005). A opinião do republicano Aristides Maia na Câmara dos Deputados em meados de 1892 foi destacada por Bueno (2008). Aristides Maia estabeleceu as diferenças entre a política exterior durante o Império e durante a República e acreditava que era necessário extinguir com as desconfianças dos vizinhos em relação ao Brasil, mantendo sempre a guarda. Desejava ele constituir uma Confederação Sul-Americana, que significava uma única nação constituída

17. Lemos, Renato. Cartas da Guerra: Benjamin Constant na Guerra do Paraguai, Rio de Janeiro: IPHAN; Museo Casa Benjamin Costant, 1999. 18. Souza, Jorge Luiz Prata de. Escravidão ou Morte: os escravos brasileiros na Guerra do Paraguai, Rio de Janeiro: Mauard: ADESA, 1996.

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pelos países da América do Sul. O mesmo autor diz que a atitude de idealismo foi substituída por preocupação durante o período que abrange os anos 1889 e 1902. Três temas deveriam ser tratados com a Argentina, eram eles: as relações comerciais, o rearmamento naval argentino e a hegemonia na região platina. O Brasil queria marcar presença no mercado interno argentino e a Argentina lutava por manter suas exportações, principalmente a farinha de trigo. A Argentina concorria com os Estados Unidos nesse comércio. Entretanto, este último recebia tratamento diferenciado por ser o maior importador do café brasileiro. O Brasil pretendia reequipar-se na área naval. A Argentina estava bem avançada nesse aspecto porque existia a possibilidade de conflito entre este país e o Chile por causa da fronteira. Não obstante essas questões, o Brasil e a Argentina disputavam na questão dos imigrantes. A fim de atrair mais imigrantes, a Argentina declarava que os portos brasileiros estavam infestados e que haviam problemas sanitários no Brasil, prejudicando também as exportações brasileiras a região do Prata. Outro assunto nesse período é a Diplomacia no discurso de Rio Branco, que focava: a definição das fronteiras, o aumento do prestígio internacional do país e a afirmação da liderança brasileira

(Burns, 1996)19. O patrono da diplomacia brasileira, como é conhecido Rio Branco, “buscava a supremacia compartilhada, a restauração do prestígio internacional, a intangibilidade de sua supremacia, a defesa da agroexportação...” (Bueno, 2008, p.177). O mesmo completa dizendo que o principal legado de Rio Branco foi a definição do território brasileiro. Ele negociou pacificamente com a Argentina, França, Colômbia (tratado de 24 de abril de 1907), Peru (tratado de 8 de setembro de 1909), Guiana Holandesa e Guiana Inglesa, Equador (6 de maio de 1904) e Uruguai (questão da Lagoa Mirim e do Rio Jaguarão, cedidos em 1909 pelo Brasil, tratado de 20 de outubro de 1909). Em 1907 e 1909, com o Barão do Rio Branco, o Brasil tentou assinar o Tratado ABC (entre a Argentina, o Brasil e o Chile). Porém, as rivalidades entre esses países dificultaram a existência do Tratado, que só se concretizou em 1915, com Lauro Müller, chanceler brasileiro naquele momento (Santos, 2005). O Tratado ABC seria uma aliança de fortalecimento entre os países, que a princípio causou preocupação nos vizinhos menores, como o Peru, que tinha questões territoriais pendentes com o Chile (Bueno, 2008). No período da Primeira Guerra Mundial, Valla (1976)20 explica que o

19. Burns, E. Bradford. The Unwritten Alliance: Rio Branco and the Brazilian-American Relations, New York: Columbia University Press, 1966. 20. Valla, Victor. Subsídios para uma melhor compreensão da entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Estudos Históricos, Marília, 1976, p.29-46.

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Brasil, a princípio, havia optado por uma completa neutralidade. No país, haviam aqueles a favor da Alemanha, como Lima Barreto e Monteiro Lobato e os que estavam a favor dos aliados, como Olavo Bilac e Rui Barbosa. Santos (2005)21 expõem a mudança da situação que ocorreu quando Lauro Müller perdeu seu cargo por apenas romper relações diplomáticas com a Alemanha após este último afundar o cargueiro brasileiro Paraná e após a declaração de guerra por parte dos Estados Unidos contra a Alemanha. Relata-se que o submarino alemão não prestou socorro às vítimas. A ruptura aconteceu através de uma nota do governo brasileiro assinada pelo ministro Lauro Müller, em 11 de abril de 1917. A declaração da guerra contra Alemanha ocorreu, segundo Bueno, após a prisão e o torpedeamento do comandante do vapor mercante Macau (Bueno, 2008). De todos os países sulamericanos, somente o Brasil tomou tal ação. Bolívia, Equador, Peru e Uruguai romperam relações diplomáticas com a Alemanha, enquanto Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai e Venezuela não tomaram partido algum (Santos, 2005). Segundo o mesmo, outra conseqüência que seria o convite ao Brasil para se representar na Conferência de Versalhes e para discutir questões de seu interesse. Desta Conferência surgiu a Liga das Nações, atual ONU (Organização das Nações Unidas), que chamava a atenção do Brasil devido ao prestígio que poderia

vir a adquirir caso se tornasse membro permanente. O Brasil colaborou ativamente no seu conselho como membro eleito (Burns, 1977; Valla, 1976). Reelegeu-se por três anos consecutivos (1923, 1924, 1925), por isso os países vizinhos reclamavam por representações rotativas e por não se sentirem representados pelo Brasil. Desse modo, na Assembléia de 1925 decidiu-se que seria obrigatória a rotação dos membros não-permanentes na Assembléia de 1926 (Santos, 2005). Santos (2005) expõe a pretensão do Brasil em conquistar um lugar permanente na Liga das Nações, mesmo que os assuntos discutidos não fossem de seu interesse. Entretanto, em outubro de 1925, se encontraram a França, a Alemanha, a Itália, a Bélgica, a Polônia e a Tchecoslováquia. Desse encontro, foi decidido que a Alemanha entraria na Liga das Nações como membro permanente, tirando a possibilidade brasileira de vir a compor tal organismo. Em março de 1926, utilizando-se do seu direito de veto na Liga das Nações, o Brasil opõe-se à entrada da Alemanha. O Brasil queria esse lugar sob a alegação de representar a América. Entretanto, os países latino-americanos pediram para o Brasil mudar essa postura referente à Alemanha por pensar que o objetivo ali seria “a reconciliação entre os povos da Europa”. Após esse fato, o Brasil responsabilizou as potências

21. Santos, Luís Cláudio Villafañe G. “A América do Sul no discurso diplomático brasileiro”. In: Revista Brasileira de Política Internacional, 2005. p. 185-204.

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signatárias de discutir o assunto em reuniões secretas e não no Conselho e na Assembléia (Bueno, 2008, p.224), também se retirou da Liga alegando que aquela instituição estava subordinada aos interesses europeus (Santos, 2005). Para Soares (1927), a culpa pela saída do Brasil da Liga das Nações se deve à prepotência do então presidente Arthur Bernardes, que comandava toda a opinião nacional, bem como a situação a partir do Rio de Janeiro. Por sua vez, Calógeras (1936)22 pensa que faltou habilidade na condução do caso e que, do modo como o Brasil agiu, não havia outra opção a não ser sua saída. Instaura-se no Brasil o Governo Provisório sob o comando de Getúlio Vargas, em 1930 (Bueno, 2008). Em 1933, o Brasil auxiliou o Peru e a Colômbia a resolverem um antigo problema do Tratado Salomón-Lozano, assinado em 22 de março e 1922. A Colômbia reivindicava o território da Letícia, área que dava acesso aos rios Putumayo e Amazonas. A preocupação do Brasil ocorreu devido à possível reivindicação por parte dos colombianos de um território ao leste da linha Apapóris-Tabatinga, área esta reconhecida pelos peruanos como território 23 brasileiro (Costa, 1942) . No dia 15 de novembro de 1928, o Brasil e a Colômbia assinam um tratado de limites, estabelecendo que Apapóris–

Tabatinga seria a linha que dividiria os dois países (Barros, 194324; Costa, 1942). O Peru não apoio a situação que seguia e somente em 24 de maio de 1934 foi assinado um acordo em que os dois países aceitaram o Tratado de SalomónLozano (Costa, 1942). Em novembro de 1937 é instaurado no Brasil o Estado Novo e, em 1939, começa na Europa a Segunda Guerra Mundial. Vargas barganha com os dois lados devidos aos interesses nacionais (Bueno, 2008). No ano de 1940, ocorre Conferência de Havana, após ocupação da França e da Holanda pela Alemanha. Nesse evento, as antigas colônias européias do continente americano decidiram que “qualquer tentativa contra a integridade ou inviolabilidade do território de um Estado americano por uma potência extracontinental seria tomada como uma agressão aos demais” (Santos, 2005, p. 10). A Segunda Guerra Mundial teve seu fim em 1945 e o mundo agora estava dividido entre dois países, os Estados Unidos e a União Soviética. Em 2 de setembro de 1947, foi assinado o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (Tiar), no Rio de Janeiro. Esse ato foi considerado “um marco do alinhamento do Brasil e da América Latina ao bloco liderado pelos Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria...” (Bueno, 2008, p. 271). O TIAR visava à

22. Calógeras, Pandiá. Estudos históricos e políticos, São Paulo: Nacional, 1936. 23. Costa, Sergio Correa da. A diplomacia brasileira na questão de Letícia, Rio de Janeiro: Ministério das Relações Exteriores, 1942. 24. Barros, Jayme de. A política exterior brasileira (1930-1942), Rio de Janeiro: Zélio Valverde, 1943.

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integração do sistema interamericano ao sistema mundial e previa ferramentas para a manutenção da paz e segurança regional (Malan, 1984)25. Esse tratado beneficiava os Estados Unidos ao estabelecer que a sua demanda por segurança estratégico-militar seria alcançada, mas não beneficiou os países americanos com auxílio financeiro necessário para a região. Os Estados Unidos preferiram o discurso de que ajudando na reestruturação dos países na Europa, estes, por sua vez, continuariam a comprar a matéria-prima dos países da região americana (Santos, 2005). Existem dados que comprovam que durante os anos de 1945 à 1952, “as vinte nações americanas, em conjunto, receberam menos ajuda econômica dos Estados Unidos do que a Bélgica ou o insignificante Luxemburgo” (Rabe, 1988, p. 17)26. Houve uma mudança no discurso brasileiro, que se tornou mais próximo dos países da região. Todavia, isso não foi suficiente para levar o então presidente Getúlio Vargas a reconsiderar a proposta do Pacto ABC refeita pelo presidente da Argentina, Perón27. A oposição no Brasil (UDN, setores militares e imprensa)

não era a favor da assinatura do pacto. Eles concordavam em manter a posição estadunidense e não a colaborar com a Argentina peronista. Era de interesse do presidente argentino em retomar a idéia de Rio Branco e reunir as três maiores economias da América do Sul, acreditava-se que ele possuía uma vontade antiimperialista. O Pacto ABC não foi assinado e a relação entre o Brasil e a Argentina esfriou (Santos, 2005). Segundo Almeida (2002, p.3)28, “as naturais diferenças políticas e de orientação diplomática hemisférica entre os governos dos três países no contexto da Guerra Fria sepultaram rapidamente essa tentativa de caráter mais hegemônico do que propriamente econômico ou comercial”. No governo de Juscelino Kubitschek, o desenvolvimento nacional foi percebido por todos. Esse desenvolvimento é considerado por Bueno (2008) como o ponto chave para compreender as relações internacionais do Brasil que foi adotada naquela época e continua em uso. Segundo Lima (1961)29, esse era um momento de nacionalismo, denúncia do

25. Malan, Pedro Sampaio. “Relações Econômicas Internacionais do Brasil (1945-1964)”. In: Fausto, Bóris (Org.). História Geral da Civilização Brasileira, São Paulo: Difel, 1984. v. 11. p. 51-106. 26. Rabe, Stephen G. Eisenhower and the Latin America: the foreign policy of anticommunism, North Carolina: University of North Carolina, 1988. 27. A idéia do Pacto ABC ou Tratado ABC está datado no ano de 1915 e foi uma iniciativa da Argentina, Brasil e Chile após mediação desses países no conflito entre o México e os Estados Unidos. Entretanto, o mesmo não foi ratificado pela Câmara de Deputados da Argentina por não ser aprovado pelo então presidente da Argentina e pelos Estados Unidos (Bandeira, 1987). 28. Almeida, Paulo Roberto de. MERCOSUL: antecedentes, desenvolvimento e crise – uma avaliação analíticodescritiva do período 1986-2002. 2002. Disponível em: <http://www.unimep.br/phpg/editora/revistaspdf/ imp31art01.pdf>. Acesso em: 20 de agosto de 2014. 29. Lima, Alceu Amoroso. “Os Estados Unidos e a América Latina”. In: Revista Brasileira de Política Internacional, Rio de Janeiro, 1961. p. 17-28.

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imperialismo e antiamericanismo na América Latina. Em 1958, foi criada a Operação Pan-Americana (OPA) que, segundo o discurso de Frederico Schmidt30 na ONU no ano seguinte, citado por Corrêa (1995, p.124)31, a OPA representava: “A adoção de um conjunto de medidas energéticas e coordenadas, suscetíveis de remover os obstáculos ao desenvolvimento dos países da América Latina, cujas economias necessitam de vigoroso impulso para que ultrapassem o estado de atraso em que se encontravam e ingressem numa era de industrialização, aproveitamento máximo dos recursos e ativo intercâmbio”. Bueno (2008) expõe que a OPA era uma proposta que visava à cooperação internacional hemisférica a fim de desenvolver os países e acabar com a miséria para não permitir que ideologias antidemocráticas e exóticas se instalem devido ao atraso dos Estados. Um resultado da OPA foi a assinatura do Tratado de Montevidéu, em fevereiro de 1960, pelo Brasil, México, Paraguai, Chile, Peru, Uruguai e Argentina. Esse tratado veio a criar a ALALC (Associação Latino-Americana de Livre Comércio), que tinha como objetivos de

desenvolver novas atividades; aumentar a produção e substituir as importações de países não-membros; e estabilizar e ampliar as trocas comerciais. O mesmo autor ressalva que essa associação não era uma união aduaneira, já que cada país tinha a liberdade de escolher o tratamento que seria dado às mercadorias originadas países não-signatários. No fim, faltaram projetos para tornar a OPA uma ação e ela acabou sendo mais uma boa idéia regional (Torres, 1960)32. Nos governos de Jânio Quadros e de João Goulart, governos estes seguintes ao de Kubitschek, a estratégia de Política Externa Independente do Brasil foi importante ao se identificar com os países em desenvolvimento, não só os da América Latina bem como países da Ásia, África e do Leste Europeu. As questões de controvérsias e diferenças entre o ocidente e o oriente deram lugar as discussões entre os países do Norte e os países do Sul. A Política Externa Brasileira destacou o Brasil como um país que faria parte do Terceiro Mundo e um país em desenvolvimento, termo antes utilizado, em 1957, por Oswaldo Aranha, chefe do Ministério de Relações Exteriores no governo de Vargas (Santos, 2005). Lafer (1982)33 diz que o

30. Frederico Schmidt era o assessor presidencial no momento do OPA (governo JK). Para mais informações sobre a bibliografia deste, consultar: <http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/biografias/augusto_frederico _schmidt> 31. Corrêa, Luiz Felipe Seixas. A Palavra do Brasil nas Nações Unidas, 1946-1995, Rio de Janeiro:FUNAG, 1995. CPDOC, Fundação Getúlio Vargas. Augusto Frederico Schmidt. Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br/producao/ dossies/AEraVargas2/biografias/augusto_frederico_schmidt> (Acesso em: 02 de agosto de 2014). 32. Torres, Garrido. “Operação Pan-Americana: a política a formular”. In: Revista Brasileira de Política Internacional, 1961. p. 133-136. 33. Lafer, Celso. Paradoxos e possibilidades: estudo sobre a ordem mundial e sobre a política exterior do Brasil num sistema internacional em transformação, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982.

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que tornava essa política diferente do OPA, proposta por JK, é que essa última abrangia apenas os países do hemisfério, enquanto a Política Externa Independente (PEI) abrangia outros países do mundo, não deixando de enfatizar as relações Norte-Sul. Bueno (2008, p. 311) ressalta que constam nos fundamentos da Política Externa Independente (PEI): a “mundialização das relações internacionais do Brasil”; atuação sem compromissos ideológicos; ênfase na divisão do mundo entre Norte-Sul; a ampliação das relações a fim de aumentar o comércio; a luta pela paz e pelo desenvolvimento; a posição contrária as experiências nucleares; a adoção do princípio da autodetermição dos povos e não intervenção; e uma maior aproximação da Argentina. Dantas (1964)34 explica que a PEI está datada na posse de Jânio Quadros (31 de janeiro de 1961) até o advento do regime militar (31 de março de 1964). A fim de discutir as relações com a Argentina, citada no último fundamento da PEI, se reuniram no Brasil, entre as datas 21 e 23 de abril de 1961, Jânio Quadros, então Presidente do Brasil, e o Presidente da Argentina, Arturo Frondizi Ercoli. Esse encontro proporcionou a assinatura do Convênio de Amizade e Consulta que permitiria o intercâmbio de informações e coordena-

ção de ação internacional, mais um acordo cultural e duas declarações (Bueno, 2008). Em 1964, ocorre no Brasil o golpe militara após diversos problemas internos que levaram ao refúgio de Jango no Uruguai. Desde o mandato de Jânio Quadro já havia dificuldades, tanto que ele renunciou pouco tempo depois, ainda em 196135, deixando seu vice, João Goulart no cargo. Castello Branco viria a ser eleito pelo Congresso Nacional como o novo presidente da nação (1964)36. 1.3. Análise histórica das Políticas Exteriores Brasileiras durante o Período Ditatorial no Brasil (19641985) O Primeiro Presidente brasileiro nesse período, Castello Branco (1964-1967), optou por alinhar-se aos ideais ocidentais e estadunidenses e assim, diferenciar-se da antiga Política Externa (Santos, 2005). Bandeira (1986)37 diz que Castello Branco retoma relações com os Estados Unidos. Ele e seu ministro das Relações Exteriores, Vasco Leitão da Cunha, pretendiam acabar com os princípios que norteavam a Política Externa Independente como o nacionalismo e a OPA. Quanto à questão da América Latina, esse presidente acreditava que as políticas

34. Dantas, Francisco Clementino de San Tiago. “Política exterior e desenvolvimento, discurso de paraninfo”. In: Revista Brasileira de Política Internacional, Rio de Janeiro, set. 1964. p. 533. 35. O Governo de Jânio Quadros começou em 31 de janeiro e teve fim em 25 de agosto do mesmo ano. 36. Dados disponíveis através do link: <http://www.suapesquisa.com/ditadura/> 37. Bandeira, Moniz. O eixo Argentina-Brasil: o processo de integração da América Latina, Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1987.

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regionais deveriam contar com o apoio econômico dos Estados Unidos. Seu projeto de política externa não durou muito tempo porque não condizia com as necessidades da época e os interesses do país (Cervo, 2008). Este último relata alguns importantes acontecimentos nesse período entre o Brasil e os países da América do Sul, como a tentativa de intensificar o comércio com a Argentina através do acordo do trigo (7 de novembro de 1964) e a construção da “Ponte da Amizade” (27 de março de 1965) na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, que buscavam melhorar a relação desses países, porém isso só foi alcançado com a assinatura da Ata da Catarata ainda em 1965 . Essa situação mudou com a entrada de Costa e Silva (1967-1969). Houve então uma retomada à identidade de país em desenvolvimento e latino-americano (Santos, 2005). Bandeira (1986) expõe que através da idéia da “Diplomacia da Prosperidade”, esse novo governo retoma os projetos de Jânio Quadros e de João Goulart da Política Externa Independente, diferentemente do seu antecessor. Cervo (2008) destaca que a política exterior desse momento estava preocupada com os interesses nacionais e com o desenvolvimento. De acordo com Cervo (2008, p. 383): “O projeto desenvolvimentista correspondeu aos desígnios de desenvol-

vimento restrito, na medida em que visava robustecer a economia antes de equacionar as desigualdades sociais. Durante o período de acelerado crescimento econômico, entre 1969 e 1973, sustentou a idéia de ‘Brasil Grande Potência’, com repercussões sensíveis sobre o sistema internacional”. Com Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), o Brasil destacou-se como um país emergente no cenário internacional devido ao crescimento econômico alcançado. A cooperação e o espírito latino não foram deixados de lado (Santos, 2008). Segundo explicado por Cervo (2008), a política externa de Médici seguia a mesma linha de Costa e Silva, ambas visavam os interesses nacionais e o desenvolvimento do país. Durante o governo de Ernesto Geisel (1974-1979), ocorreu no mundo a crise econômica causada pela valorização no preço do petróleo. Esse fato levou o então presidente a redefinir as funções da política externa. Cabia à diplomacia buscar a cooperação, a expansão do comércio exterior, o suprimento de matérias-primas e de insumos e o acesso a tecnologias avançadas (Cervo, 2008). O Brasil visa novas parcerias internacionais ademais dos Estados Unidos e maior presença internacional. Nesse período percebem-se a “vocação universalista e a inserção internacional multifacetada”, presentes também nos dias atuais (Lessa, 1998, p. 34)38. De

38. Lessa, Antônio Carlos. “A Diplomacia Universalista do Brasil”. In: Revista Brasileira de Política Internacional, 1998. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73291998000300003> (Acesso em: 6 de agosto de 2014).

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acordo com Vaz (1999)39, essas atitudes não agradaram aos Estados Unidos e à Argentina. Este último via as ações brasileiras como pretensões hegemônicas na região. Escreve esse mesmo autor que, no início do governo de Geisel e também no governo de Figueiredo, a aproximação do Brasil com os países regionais foi realizada a fim de diminuir os conflitos e rivalidades não somente com a Argentina, mas também com as outras nações. João Batista Figueiredo (1979-1985) foi o último presidente brasileiro no período ditatorial. Seu ministro de Relações Exteriores, Saraiva Guerreiro, insistia no uso de uma política externa voltada para a maximização das oportunidades de desenvolvimento da nação em um momento de depressão nacional. Para ele, os objetivos maiores da diplomacia seriam o desenvolvimento e o progresso. Estes objetivos seriam expressos “nas relações bilaterais e multilaterais, no comércio e na indústria, na luta contra o protecionismo do Norte, propagando a nova ordem internacional”. Não esquecendo a cooperação Sul-Sul para o enfrentamento da dívida externa (Cervo, 2008, p. 385). Reafirmando a identidade latinoamericana, Corrêa (1995, p.354-355) cita o discurso do chanceler Saraiva Guerreiro na Assembléia Geral da ONU em 1979 que diz que: “Embora conservando seus traços e

peculiaridades, os países da América Latina se aproximam cada vez mais. Com a expansão do campo de entendimentos, será necessário acordar novas formas de ação conjunta. Por sua parte, o Brasil está pronto a cooperar e é nosso interesse que a paz e o descontraimento prevaleçam em nossa região e que os países da América Latina possam enfrentar, ombro a ombro, a luta comum pelo desenvolvimento. Com esse objetivo desejamos trabalhar com outras nações de todas as partes da América Latina”. O Brasil enfrentava problemas energéticos com a Argentina por causa da Bacia do Prata e para solucionar essa questão, firmou-se o Acordo Tripartite (BrasilArgentina-Paraguai), possibilitando também a aproximação do Brasil com a Argentina. Anteriormente, o Brasil já havia assinado o Tratado de Cooperação Amazônico, julho de 1978, com a Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela (Santos, 2008). O acordo Tripartite de Cooperação Técnico-Operativa entre Itaipu e Corpus, firmado em 15 de outubro de 1979, é considerado por Vaz (1999) como o caminho que levou à superação da rivalidade entre o Brasil e a Argentina e trazendo uma nova fase dessa relação. Os governos militares ressaltavam a importância da região amazônica e sugeriam que questões referentes à

39. Vaz, Costa Alcides. Parcerias estratégicas no contexto da política exterior brasileira: implicações para o Mercosul, 1999. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbpi/v42n2/v42n2a04.pdf > (Acesso em: 12 de agosto de 2014).

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colonização, integração, exploração e vigilância fossem discutidas e solucionadas. Para isso, o governo brasileiro propôs em 1978 o Tratado de Cooperação Amazônico (TCA) ou Pacto Amazônico aos países. O mesmo foi ratificado no ano seguinte pelo Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela (Okamura; Lima; Araujo, 2007)40. Vaz (1999) acredita que esse tratado aproxima o Brasil dos países andinos e visa melhorar a imagem de desconfiança tida em relação ao Brasil. No ano de 1982, os Estados Unidos agiram em desacordo com o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (Tiar) ao apoiar a Grã-Bretanha, potência extra-regional, na Guerra das Malvinas (Santos, 2005). Por não ser um conflito entre países do continente ou regional, o Brasil apoiou a resolução do Conselho de Segurança da ONU que decidiu pelo fim das hostilidades, retirada das tropas argentinas e negociação. Contudo, a nação brasileira considerava o direito argentino sobre as Ilhas Malvinas e manteve a neutralidade (Cervo, 2008). Essa neutralidade foi útil, pois o Brasil trabalhou como locutor entre a Argentina e a Grã-Bretanha (Lafer, 1984). Mesmo com todas as antigas rivalidades, foi o Brasil que ajudou à Argentina ao não permitir que

aviões britânicos pousassem em território brasileiro para abastecerem. Acredita-se que essa decisão foi indispensável para o MERCOSUL (Mercado Comum do Cone Sul ou Mercado Comum do Sul), pois permitiu a consolidação da confiança entre o Brasil e a Argentina (Peixoto, 2010)41. Em 1985, Brasil, Argentina, Uruguai e Peru formam o Grupo de Apoio para trabalhar em conjunto com o México, Colômbia, Panamá e Venezuela (Grupo de Contadora) a fim de juntos padronizarem as atitudes latino-americanas diante dos conflitos regionais. O Brasil manteve sua idéia de que para que isso ocorresse deveriam existir: negociações, mantendo o Princípio da Autodeterminação e não-intervenção dos Estados; esforços de resolução dos problemas nos dois grupos; e paz a ser construída através da cooperação internacional (Cervo, 2008). A América Latina não fazia parte dos objetivos do desenvolvimento do Brasil durante determinados momentos no período de regime militar. A região era focada como um mercado para os produtos industrializados brasileiros e a integração, pretendida pelo país, era apenas comercial. O Brasil era maior e mais avançado. Havia o risco de estabelecer relações desiguais. A situação mudou, especialmente com a

40. Okamura, Angelo Kawakami; Lima, Reinaldo Nonato de Oliveira; Araujo, Fabiano Espínola. Organização do Tratado de Cooperação Amazônico: Integrar é preciso!, 2007. Disponível em: <http://www.eceme.ensino.eb.br/ portalcee/arquivos/organizacao_do_tratado_de_cooperacao_amazonica_integrar_e_preciso_maj_espinola_no v_07.pdf> (Acesso em: 3 de agosto de 2014). 41. Comunicação pessoal feita por Paulo Peixoto.

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Argentina, a partir dos anos 80. Os dois países passaram pela redemocratização e lutavam para resolver alguns problemas, tais como a dívida externa, a falta de poder nas decisões internacionais e a rivalidade (Bandeira, 1987). Com o próximo presidente do Brasil, José Sarney (1985-1990), várias transformações ocorreram no país e no mundo que mudaram a atuação do país com os países da América Latina e do Cone-Sul. Tudo isso gerou no Brasil uma nova postura diante dos que viriam a ser parceiros estratégicos para os objetivos brasileiros (Vaz, 1999). 1.2. Relato dos acontecimentos históricos desde a redemocratização no Brasil até o ano de 2009 (1985-2009) De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, o Brasil “buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações” (quarto artigo, parágrafo único). Com o fim dos regimes totalitário e seguindo o artigo da Constituição acima, o Brasil e a Argentina dão o primeiro passo para a formação do MERCOSUL, que foi a assinatura da Declaração do Iguaçu em 30 de novembro de 1985 (Santos, 2005). O primeiro presidente após o regime militar, José Sarney (1985-1990), firmou o documento acima com o presidente da Argentina, Raúl Alfonsín. O governo de Sarney estava compro-

metido com a restauração e manutenção da diplomacia. Também adaptou a política externa à nova realidade internacional e nacional, ampliando e fortalecendo as relações com os países da América Latina. A parceria construída com a Argentina tinha um sentido político devido à vontade de manter a democracia, bem como a cooperação em diversos setores e interdependência econômica (Vaz, 1999). A política externa aplicada pelo Ministro das Relações Exteriores de José Sarney, Olavo Setúbal, utilizava-se do que chamavam de “diplomacia para resultados” e visava “obter o desenvolvimento e exportar os seus efeitos” (Cervo, 2008, p. 385). A política externa utilizada por Fernando Collor de Mello (1990-1992) implementava “reformas econômicas de corte liberal e que tinham a abertura, a desregulamentação e a privatização como medidas inclináveis para a retomada do desenvolvimento e para tornar a economia brasileira competitiva” (Vaz, 1999, pag. 8). Também segundo Vaz (1999), buscava-se a credibilidade internacional, que havia sido afetada pelos projetos da época do regime militar, bem como acabar com a identificação do Brasil como um país subdesenvolvido. Hirst 42 (1995) explica que para alcançar esses objetivos estabeleceu-se que a agenda internacional seria atualizada e construiriam uma agenda benéfica com os Estados Unidos, além de mudar o perfil

42. Hirst, Monica; Pinheiro, Letícia. A política exterior do Brasil em dois tempos. In: Parcerias estratégicas no contexto da política exterior brasileira: implicações para o Mercosul, 1999.

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terceiro-mundista do Brasil. De acordo com Cervo (2008), os governos de Collor e FHC utilizaram o liberalismo econômico, foram influenciados pelo pensamento neoliberalista e fez uso destes em suas políticas externa e interna. Para o mesmo, a idéia neoliberal gerou conseqüências negativas para o país, não tanto quanto em outras partes da região. Incluem-se nessas conseqüências a elevação de transferências de renda ao exterior, aumento da desigualdade social, desemprego e desnacionalização. Collor foi afastado em 1992 e seu vice, Itamar Franco (1992-1994), ascende a Presidente da República. A política exterior do presidente Itamar Franco seguiu àquela de 1990, utilizada por seu antecessor, Collor. Entretanto, o Brasil foi caracterizado como um país em desenvolvimento, se identificando com as causas regionais, mas também estabelecendo relações com outros países. Esse governo reafirmou o MERCOSUL e buscou ampliar a integração no Cone Sul. Em 1994, o Brasil se encontrava em uma situação de estabilidade política e abertura econômica (Vaz, 1999). No mandato de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), ocorreram as duas primeiras Reuniões de presidentes da América do Sul (Cúpula de Brasília em 2000 e Guayaquil em 2002) para debater assuntos relacionados com a infra-estrutura regional, a consolidação e proteção da democracia. A primeira reunião teve como resultado o esquema da IIRSA (iniciativa de integração física regional), que contaria com a participadensidades nº 16 - septiembre 2014

ção do BIRD (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento). Nesse momento, o Brasil tinha um projeto chamado “Avança Brasil” e a troca de informações entre os países certamente colaboraria para o desenvolvimento da região (Santos, 2005). Almeida (2002) explica que a participação do BIRD como meio de financiamento da IIRSA deveria ser parcial na opinião do presidente seguinte do país, Luís Inácio Lula da Silva. Este último preferiu um financiamento bilateral pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Avaliando os dois mandatos da Presidência de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Almeida (2002) considera a política externa exercida de um multilateralismo moderado. Não se insistia na candidatura do Brasil a uma cadeira permanente no Conselho de Segurança das Organizações Unidas (CSNU), acreditava-se que tal iniciativa poderia comprometer o bom relacionamento com a Argentina. O pensamento quanto à liderança brasileira no governo FHC restringia-se somente à região devido à escassez de recursos financeiros, militares e diplomáticos. No primeiro mandato de FHC, a mediação no conflito relacionado à fronteira entre o Peru e o Equador foi bem sucedida. A região era vista como estratégica e o MERCOSUL significava uma oportunidade de integração econômica entre os países componente desse bloco econômico com o mundo. Houve um avanço no MERCOSUL através da

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“adoção de um conjunto de requerimentos econômicos de natureza técnica (similares, talvez, aos da União Européia)” (Almeida, 2004, p. 15). Segundo Cervo (2008), o governo de FHC utilizava-se das privatizações a fim de libertar o país de dívidas contraídas pelas empresas públicas e melhorar a competitividade. Entretanto, o resultado das privatizações, para o autor, foi o impedimento da inserção internacional através da expansão das matrizes brasileiras para outras regiões. No governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), a expressão “América do Sul” foi freqüentemente utilizada no discurso diplomático. Esse governo acreditava na necessidade de mudança da ordem internacional e reconhecia as assimetrias econômicocomerciais entre os países sul-americanos. O governo de Lula acreditava que deveria ser a partir da América do Sul que o Brasil alcançaria uma inserção internacional, começando através da consolidação do MERCOSUL, das negociações com a Comunidade Andina e da integração de alguns países da região, como o Chile, Suriname e Guiana. (Santos, 2005). De acordo com Luiz Inácio Lula da Silva (2003) “nós chegamos à conclusão de que era preciso juntar toda a América do Sul para fazer um MERCOSUL forte”. Para Almeida (2002), a diplomacia do governo Lula se caracteriza pelo ativismo exemplar, pelo programa da diplomacia presidencial, pela manutenção de um círculo de contatos, pela postura assertiva e enfática na defesa da

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soberania nacional e dos interesses do país, bem como da defesa do multilateralismo e igualdade de Estados, não esquecendo a busca por alianças estratégicas no Sul e na integração da América do Sul e no Mercosul. As negociações para obter uma cadeira permanente na ONU foram retomadas. Para o mesmo autor, a importância estratégica do Mercosul se sobressaia no governo Lula por acreditarem ser a base para uma união política na América do Sul. Almeida (2002) também faz uma comparação entre os dois governos (Lula e FHC). Ele diz que Fernando Henrique Cardoso procurou desenvolver políticas com as potências mundiais, enquanto Lula foi além, buscou alianças com as potências e com economias emergentes. A questão do Brasil como líder era considerada por FHC o resultado da preeminência econômica e deveria ser limitada à região. Já Lula tem essa idéia como objetivo político e não se limita à região. Outro ponto citado pelo autor é a Argentina. Enquanto para FHC, a Argentina era “um” parceiro estratégico, para Lula, a Argentina era “o” parceiro estratégico. De acordo com Cervo (2008), os dois presidentes, Lula e FHC, são determinantes para a evolução da inserção internacional do Brasil. Segundo o mesmo, Cardoso abriu o caminho para que Lula alcançasse tal resultado. O Brasil buscou parcerias não somente com os países da América do Sul, mas também com a África do Sul, China, Rússia, Índia e países árabes através de densidades nº 16 - septiembre 2014

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acordos de cooperação Sul-Sul. Essa iniciativa possibilitou a ascensão econômica do Brasil e influenciou na imagem do país perante outros países no mundo. Todos esses aspectos são avaliados no risco país. O Brasil alcançou certa estabilidade, atraiu diversas multinacionais, pagou sua dívida externa e, de devedor do FMI, passou a ser credor (Santos, 2005). O Brasil ampliou seus parceiros no mundo. Alguns desses estenderam seu relacionamento também para o MERCOSUL, casos da União Européia e da África do Sul. As relações estabelecidas entre o MERCOSUL e a União Européia trouxeram benefícios para ambos os lados, já que se estabeleceram planos financeiros e econômico, além de aproximar a América Latina da Europa (Vaz, 1999). Segundo Cervo (2008), desde 1998 tenta-se criar uma área de livre comércio entre o MERCOSUL e a União Européia. Entretanto, ainda não se chegou a um acordo. No caso da África do Sul, a presença do então presidente Nelson Mandela à Cúpula dos Presidentes do MERCOSUL, em 1998, foi vista na época como sinal da disposição política na construção de uma parceria. O Brasil é considerado aí um ponto chave devido às semelhanças culturais, sociais e políticas com a África Austral e, em especial, com a África do Sul (Vaz, 1999). Cervo (2008) explica o conceito de paradigma de três modelos diferentes de Estado: o Estado Desenvolvimentista, o Estado Normal e o Estado Logístico. O densidades nº 16 - septiembre 2014

primeiro modelo de Estado se caracteriza por ser tradicional, reforçar o lado nacional e autônomo da política externa. O Estado é considerado empresário e leva a sociedade para o desenvolvimento através da superação das dependências econômicas e autonomia de segurança. Na América Latina, esse modelo era desempenhado pelo Brasil e aumentou o desenvolvimento regional. O segundo modelo, do Estado Normal, foi uma criação da América Latina nos anos 1990 e foi definido dessa maneira pelo então ministro das Relações Exteriores da Argentina, Domingos Cavallo. Caracteriza-se pelo Estado subserviente, submetido aos mecanismos do capitalismo, transfere renda ao exterior, agindo como Estado destrutivo. Agiram dessa maneira, por volta dos anos 1989 e 1990, o Brasil, o Peru, a Venezuela e a Argentina. Esse último, ao utilizar-se desse modelo, levou o país à crise de 2001. O terceiro e último modelo de Estado, o Estado Logístico, fortalece a nação, transfere responsabilidades à sociedade e a auxilia a operar fora do país. Também equilibra os benefícios da interdependência através de uma inserção madura no mundo globalizado. O país na região que estabeleceu esse modelo de conduta foi o Chile. O mesmo autor diz que o único país que fez uso dos três modelos de Estado explicados acima foi o Brasil. O último Estado levou o Brasil a controlar as privatizações e a criar algumas empresas de matriz brasileira nos setores competitivos. Também aumentou a capacidade

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empresarial, utilizou a união da ciência e da tecnologia, bem como uma política em defesa do nacional. Esse processo unido à democracia, à estabilidade e a abertura econômica reforçou a idéia da América do Sul como área de fortalecimento das economias regionais sob a liderança do Brasil. O presidente peruano Alejandro Toledo convoca a Terceira Reunião de Presidentes da América do Sul. Como conseqüência de tal evento, cria-se a Comunidade Sul-Americana de Nações (Casa ou CSN) e definem-se seus parâmetros e metas na Declaração de Cusco, ato esse datado em 8 de dezembro de 2004. Nos dias 25 e 30 de setembro de 2005, ocorreu em Brasília a Primeira Reunião de Chefes de Estado da Comunidade Sul-Americana (Santos, 2005). A Comunidade Sul-Americana de Nações é conhecida atualmente como a União de Nações Sul-Americanas (UNASUL). O estudo da formação dos blocos econômicos requer um conhecimento teórico geral, além do conhecimento histórico da região em questão. A compreensão dos acontecimentos e fatos mundiais e dos aspectos históricos referentes ao tema, auxiliam na análise do processo de integração regional e econômica que transforma as diversas relações internacionais e causa impactos em toda a sociedade. Na América do Sul, o MERCOSUL alcançou importantes realizações como o aumento do comércio através da grande redução de barreiras alfandegárias e a representação única em

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negociações internacionais. Esse bloco econômico conseguiu estabilizar-se e superar fortes conflitos históricos entre os países-membros. Porém, ainda existem muitos desafios a serem superados pelos quatro países-membros e pela Venezuela, caso sua adesão seja devidamente aprovada. A União das Nações Sul-Americanas (UNASUL) abrange doze países da região com suas diferentes culturas, problemas e realidades. O projeto é ainda muito recente, mas propõe idéias audaciosas como a existência de uma única moeda regional e de um Conselho de Defesa. Muitos são os objetivos pretendidos, mas a idéia é possível caso haja o bom entendimento entre os países, projetos de inclusão social nacionais e regionais, crescimento econômico e estabilidade entre os blocos que o compõem (MERCOSUL e CAN), bem como entre os demais países regionais. Através da análise do tema foi possível evidenciar a evolução nas relações entre os países regionais e a tentativa de superação de diversos conflitos históricos ao assinarem uma proposta como a UNASUL. Também percebemos a importância do Brasil em todos esses acontecimentos devido a sua estabilida-de econômica, política e imagem internacional adquirida. Portanto, as expectativas referentes ao fortalecimen-to dessa parceria são otimistas. Entretanto, muito ainda pode ser feito, para isso, os Estados e seus governantes devem possuir vontade de mudança e de evolução. A UNASUL densidades nº 16 - septiembre 2014

Daniela Garcia da Silva

possui excelentes idéias que poderão se tornar reais através do fortalecimento dos blocos econômicos e países que o compõem, bem como de políticas governamentais que possibilite a efetivação e avanço dos seus projetos. Dessa forma, a América do Sul irá atingir o patamar de desenvolvimento e integração necessários para uma maior representatividade nas negociações internacionais. Com o presente artigo foi possível constatar a tentativa de resolução de conflitos históricos através da integração regional, política e economicamente. América do Sul trabalha para superar desafios e problemas comuns que afligem seus países. Por outro lado, vemos que a questão partidária influencia de forma favorável ou infavorável nestas negociações. O desafio da região possivelmente será priorizar projetos assinados entre diferentes países, mesmo com a mudança de um governo. Um novo governo não deve significar incerteza no cumprimento de acordos. Uma vez solucionada esta delicada e dificil questão, os cidadão sul americanos terão mais chances viver melhores dias através do desenvolvimento conjunto.

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América Latina y el multilateralismo global. El caso del G-20 Rodolfo López Introducción Las rápidas transformaciones políticas, económicas y culturales que a mediados de los años ochenta irrumpen en el escenario internacional abarcando Estados, sociedades civiles, mercados e instituciones nacionales e internacionales cuyos impactos se extienden en todos los ámbitos, el nacional, el regional y el global, cada vez más articulados entre sí por el alto grado de interdependencia, afectan a todas las sociedades y regiones del mundo, impidiendo que alguna quede fuera del proceso. Consecuentemente, surge la percepción de la necesidad, entre los académicos y hacedores de políticas, de liberarse de presuposiciones que eran parte del antiguo orden establecido

–entre las cuales estaban la de considerar la esfera doméstica separada de la internacional− y dar nuevas respuestas interpretativas a viejas y nuevas preguntas. De esta manera, en este contexto la revisión de los paradigmas dominantes, el multilateralismo, afectado en sus unidades constitutivas por el proceso de transición de un mundo ideológicamente bipolar hacia otro política y económicamente multilateral, también es reexaminado conceptual y sustantivamente. A la luz de estas transformaciones, en el movimiento crítico surge la idea de un “nuevo multilateralismo” que, al emerger de “una sociedad civil global” (Cox, 1997), como imaginan sus formuladores, volvería ineficaz el

Dr. en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - Programa Argentina. Director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA). Docente de la Licenciatura en Relaciones Internacionales (UNCPBA). Co-director del proyecto de investigación: “Políticas exteriores comparadas de América Latina, Regionalismo y Sistema Mundial (2009-2012/15)”, Facultad de Ciencias Humanas de la UNCPBA. Contacto:rodlopez08@gmail.com

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intento de perpetuación del conjunto existente de organizaciones internacionales, aunque modificadas, una vez que sus estructuras y procesos expresaban el antiguo discurso dominante que se apoyaba en una visión particular de Estado hegemónico (Mushakoji, 1977). Por otra parte, en el debate entre las distintas teorías de las Relaciones Internacionales, los neorrealistas, también llamados realistas estructurales, se diferencian de sus antecesores –realistas clásicos− en la medida que consideran que el factor de continuidad del sistema internacional no es constituido por la naturaleza humana y que, por lo tanto, no es éste el elemento determinante de la construcción política de los Estados. Para ellos, liderados por Kenneth Waltz, este factor se localiza en la estructura anárquica del sistema internacional y en la interacción entre unidades con funciones similares, ambos elementos considerados como la fuerza vital y permanente, responsables por la construcción y la acción de los Estados. Paralelamente, además de esos dos elementos constantes de la estructura internacional, Waltz incorpora un elemento variable constituido por la distribución de recursos de poder entre los Estados, distribución que varía de acuerdo con la configuración del sistema y a lo largo del tiempo (Keohane, 1988). Para los neorrealistas, las estructuras “son definidas no por todos los actores que florecen en el sistema, sino por los más poderosos”, cuyo número y grado de interdependencia determina la forma en que el sistema se organiza (Waltz, 1988).

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En lo referente al tema del multilateralismo, en la percepción de los realistas clásicos, las instituciones internacionales son importantes para impulsar formas de cooperación entre Estados y prácticas multilaterales efectivas. Los neorrealistas, sin embargo relativizan esa percepción al reconocer que los Estados, justamente por vivir en una situación de anarquía que no les permite contar con cualquier autoridad central que pueda cohibir el uso de la violencia, o de amenaza de la violencia, se muestran más receptivos a soluciones cooperativas. De esa manera los neorrealistas, al definir a los Estados como agentes que actúan en función de objetivos propios buscando la maximización de sus beneficios individuales, preservan a los realistas clásicos el principio de la racionalidad en la conducta estatal. Pero, al mismo tiempo, al percibir que el orden del sistema internacional es definido y mantenido por la acumulación de poder en manos de uno o de un grupo de Estados, avanzan al intentar explicar cómo se genera la posibilidad de construir instituciones internacionales y diferentes formas de arreglos multilaterales (de Camargo, 2000). Estos intentos llevan a los neorrealistas a incorporar la idea de regímenes, aunque identificándolos en la clásica caracterización de organizaciones internacionales. La dificultad en diferenciar conceptual y analíticamente estos dos tipos de cooperación está en el hecho de que regímenes efectivos −definidos como un conjunto explícito densidades nº 16 - septiembre 2014

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o implícito de principios, normas, reglas y procedimientos decisorios alrededor de los cuales las expectativas de los actores convergen− solo pueden existir cuando el patrón de conducta de los Estados es el resultado de decisiones tomadas en conjunto y no de forma independiente (Keohane, 1988). En un mundo en que la conducta internacional de cada Estado es el resultado de decisiones independientes y libres de cualquier restricción, no pueden haber regímenes internacionales. En lo que se refiere a la teoría de los regímenes, la cuestión que se plantea para los neorrealistas es explicar cómo el concepto legal de soberanía y la práctica concreta de la autonomía del Estado pueden coexistir con la realidad de la interdependencia económica y estratégica entre Estados (Stein, 1993). Incorporando esa dificultad conceptual a sus análisis, los neorrealistas dirigen sus estudios hacia las organizaciones internacionales, apoyándose en los principios clásicos de racionalidad, de cálculo y de autopreservación. Es esta perspectiva la que los lleva a pensar que, en ausencia de una autoridad jerárquica, esas instituciones desarrollan las funciones de estabilizar expectativas, producir información y crear condiciones bajo las cuales la reciprocidad puede operar. Dentro de un contexto de soberanía y autonomía del Estado, los costos de las negociaciones no son despreciables en la medida en que siempre es difícil comunicarse, controlar las acciones de los demás, y sobre todo, imponer la aceptación de las reglas. Por

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esta razón, reconocen que los efectos de las instituciones internacionales no son políticamente neutrales. De ellas se espera que favorezcan a aquellos Estados a quienes se les da acceso y parte de la autoridad política. En general, las reglas de cualquier institución reflejan la posición relativa de poder de sus miembros actuales y potenciales, lo que disminuye el espacio posible de negociación y afecta sus costos (Keohane, 1988). El multilateralismo y el Grupo de los 20 Si bien en el ámbito de la seguridad el mundo se concibe como unipolar, en la esfera económica en lo que va del presente siglo, estamos en presencia de un desplazamiento del centro de gravedad hacia el este y el sur, y de nuevos centros de poder que emergen. Como consecuencia de estos cambios nuestros sistemas de gobernanza internacional y sus instituciones, construidas sobre las ruinas de la Segunda Guerra Mundial y de la Gran Depresión, han comenzado a quedar obsoletos, sujetos a cuestionamientos al no poder dar respuestas a los constantes cambios y crisis que se han producido en las últimas dos décadas. Éstos, engloban las crisis financieras y crisis económicas, el terrorismo, el crimen transnacional y narcotráfico, el cambio climático, la seguridad alimentaria y los precios de la energía, el despertar árabe, los Estados fallidos, los peligros de la proliferación, entre otros. En este contexto las “virtudes” de la cooperación multilateral están siendo redescubiertas. Al mismo

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tiempo, el poder preminente en el sistema internacional de los Estados Unidos, agobiado por las deudas y sus divisiones internas, son conscientes de sus límites. El gobierno estadounidense puso un mayor énfasis en la colaboración y cooperación internacional norte-sur que la tradicional esteoeste. En respuesta a estos cambios sin precedentes, están innovando viejas instituciones y nuevas formas y variedades de cooperación internacional están llamadas a nacer. Los problemas de legitimidad, responsabilidad, justicia social y eficiencia están generando llamadas al cambio. Algunas, especialmente las nuevas potencias como China, India y Brasil les gusta ver una mejor representación del Sur, sus valores e intereses en los asuntos globales y en la toma de decisiones importantes en los órganos del sistema de Naciones Unidas y de Bretton Woods. Estos nuevos desafíos parecen probables que requieran nuevas forma de diplomacia multilateral –especialmente un minilateralismo− centrado en las innovaciones institucionales, como el grupo de los 20 (G-20). La diplomacia tendrá que ser más sensible a las necesidades y deseos de las economías emergentes y a los intereses de ese nuevo poder global. Pero Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) parece que están más dispuestos a aceptar la participación en los asuntos económicos que en los políticos. Como quedó demostrado en la crisis de Libia, las cuestiones políticas parecen aferradas a

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los viejos patrones de comportamiento de la política de poder. En los asuntos económicos globales en el G-20, China, Brasil, India y otras economías emergentes están jugando un papel cada vez más importante. Compartir el poder tiene que significar reparto para que el proceso de reforma pueda ser eficaz, legítimo y en última instancia responsable. Pero también reparto tiene que significar la participación en los beneficios (Hampson, 2011). En esencia el concepto de “multilateralismo” se centra en las normas acordadas colectivamente, reglas y principios que guían y gobiernan el comportamiento interestatal. Las instituciones multilaterales se basan en los principios de reciprocidad generalizada, en que los Estados hacen causas comunes y aceptan actuar cooperativamente. Pero en la actualidad, hacia la evolución del multilateralismo en el Siglo XXI no necesariamente represente al concepto tradicional. Si tomamos el argumento de Li Mengjiang, cuando se trata de cuestiones de gobernanza global y el multilateralismo, “China es probable que repita lo que ha hecho en el multilateralismo regional del este de Asia en la última década: participación, contratación, impulsar la cooperación en las áreas que sirvan a los intereses chinos, evitando tomar responsabilidades excesivas, bloqueo de iniciativas que perjudicarían sus intereses y abstenerse de hacer grandes propuestas” (Hampson, 2011). En el caso latinoamericano podemos compararlo con la posición de Brasil, que pretende convertirse en el densidades nº 16 - septiembre 2014

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líder regional legítimo pero sin resignar ningún beneficio por su participación en los distintos foros internacionales, dado que su política internacional está subordinada a su interés nacional. El número de participantes en las corporaciones multilaterales también varía, desde la participación universal de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hasta un “minilateralismo” del exclusivo grupo de los 7/8 o el G-20. En el minilateralismo la cooperación avanza y es promovida por la interacción de grupos menores que involucran a los actores más poderosos del sistema internacional. Así el G-20 es inherentemente minilateralista y es un ariete para la reforma de las operaciones y composición de las instituciones de Bretton Woods, pero la composición no hace más que reflejar la política de poder de la estructura del sistema financiero internacional, tal como lo expresaron los neorrealistas, en contraposición con los postulados del institucionalismo neoliberal. Muchos países subdesarrollados, “en vías de desarrollo” o emergentes, han sentido que no han recibido en forma proporcional los beneficios de los acuerdos económicos, financieros y comerciales multilaterales por su participación de las guerras mundiales. Ellos creen que los principios normativos y políticos de la arquitectura del sistema de Bretton Woods y de las organizaciones que rigen el comercio internacional, están sesgados hacia los intereses y valores de los países desarrollados del norte y los Estados densidades nº 16 - septiembre 2014

más poderosos del sistema internacional siendo los países del sur los meros receptores de dichas normas y valores. En palabras de Kevin Wtkins y Napier Woods, “los países ricos son ardientes defensores de la democracia alrededor del mundo. Pero cuando se trata del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el gobierno de los muchos por unos pocos es la opción preferida”. Colin Bradford sostiene que las instituciones de gobernanza global están experimentando una crisis existencial, sugiriendo que son “fragmentadas, ineficaces y poco representativas… cada vez más frágiles e incapaces de enfrentar los desafíos globales del siglo XXI” (Hampson, 2011). El Grupo de los 20 y la arquitectura del sistema financiero internacional A lo largo de los últimos 100 años las grandes crisis económicas han sido momento de ruptura y rediseño de la arquitectura financiera internacional. Entendemos por arquitectura financiera internacional al conjunto de instituciones, normas (implícitas y explícitas) y comportamientos sobre las que se basan las relaciones monetarias y financieras entre agentes públicos y privados de los distintos países. La crisis de los años treinta significó el colapso del patrón oro y del comercio internacional, y fue el prolegómeno económico de la Segunda Guerra Mundial. Entre 1944 y 1950 se consolidó el sistema de Bretton Woods, el cual se basaba en la fijación de las paridades cambiarias entre las principales

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economías, y se constituyeron el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Este esquema colapsó en 1971-73 tras la superación de la convertibilidad del dólar frente al oro y dio paso a un régimen de flotación entre las monedas líderes. Tanto el FMI como el BM fueron reordenados como instituciones que atienden exclusivamente a los países en desarrollo. En los dos últimos rediseños de la arquitectura financiera internacional (1944-50 y 1971-73), Estados Unidos actuó como líder indiscutido motorizando los cambios acompañado por un grupo reducido de economías industrializadas (Carrera, 2009). Las crisis económicas, financieras y los cambios políticos han generado instituciones para debatir la estructura de la gobernanza global. Así en 1975 se creó en Francia el Grupo de los 7 (G-7), integrado por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania, Japón y Canadá, en el marco de la transición desde el esquema original de paridades fijas acordado en Bretton Woods (1944) a un esquema de tipos de cambios flexibles. Con el fin de la Guerra Fría, sumó a Rusia a dicho grupo, creándose el G-8. El G-7/G-8 operó desde ese entonces como una instancia efectiva de negociación sobre el funcionamiento del Sistema Monetario Internacional (SMI), tratando de coordinar intervenciones en el mercado cambiario para evitar y revertir la apreciación del dólar o moderar su depreciación. Sin embargo, durante la década de los noventa el G-7

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fue perdiendo peso y legitimidad como consecuencia de la retracción relativa de las economías europeas y Japón en relación con la consolidación de las nuevas economías emergentes, fundamentalmente China, India y Corea del Sur. Como consecuencia de las recurrentes crisis financieras desatadas en los principales países emergentes (México 1995, Sudeste asiático 1997, Rusia 1998 y Brasil 1999) se generó una creciente inestabilidad en el Sistema Monetario Internacional con efectos que rápidamente se extendían a otros mercados. Aunque fue la profundidad de la crisis asiática y el incremento de la volatilidad financiera global los motivos que impulsaron la reformulación de las instancias de coordinación y regulación macroeconómica y financiera internacional. Los principales impulsores en el marco del G-8 de avanzar en la creación de un nuevo foro, el G-20, fueron Canadá y Alemania, y la idea era generar un debate más abierto que incorporase a las economías emergentes más relevantes desde el punto de vista sistémico, excluidas hasta ese entonces de esas instancias de discusión. La presencia de estos países en el G-20 es un reconocimiento de su creciente importancia relativa (representan más del 30% del PBI mundial y han explicado, aproximadamente, un 60% del crecimiento global en los últimos años) y de su mayor protagonismo en la arena comercial, monetaria y financiera internacional (Carrera, 2009). El mandato que se propuso para el Gdensidades nº 16 - septiembre 2014

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20 en la reunión de ministros del G8 de 1999 involucraba: 1) la promoción de la discusión, el estudio de los problemas del sistema financiero internacional y la coordinación de políticas por parte de los miembros; 2) la creación de mecanismos para que las economías sistémicamente importantes pudieran contribuir a las discusiones que tenían lugar en el marco del G-8; y 3) la coordinación de un abordaje común sobre las crisis financieras en los países emergentes y su impacto sobre el sistema financiero global. El mandato principal del G-20 respondía a la creciente preocupación por la inestabilidad financiera internacional. A la hora de elegir los países que formarían parte, se tuvo en cuenta que fueran representativos de la economía mundial y que hubiera un balance regional, a fin de maximizar la legitimidad del foro y al mismo tiempo minimizar la cantidad de participantes, para facilitar la discusión y dar lugar a que se estrecharan lazos de confianza entre sus delegados. Fue así que para el caso de América Latina se eligieron los países más grandes de la región, México, Brasil y Argentina, que también habían atravesado procesos profundos de reformas estructurales, liberalización comercial y financiera, y se encontraban expuestos a la inestabilidad financiera sistémica. Para el caso argentino, el plan de convertibilidad y los “beneficios” de la apertura económica permitieron su ingreso al listado de países con mayor peso relativo en la economía internaciodensidades nº 16 - septiembre 2014

nal. Paralelamente, las buenas relaciones forjadas desde el inicio del gobierno de Menem con los países desarrollados, especialmente Estados Unidos, han servido como apoyo fundamental e implicaron una puerta de entrada a este foro. Argentina siempre figuró en el listado de países pertenecientes al mismo, lo cual no sucedió con Chile, que finalmente no logró ingresar. Sin embargo, esto se encontraba más relacionado a los impactos que podía llegar a tener en el sistema financiero internacional la cesación de pagos de la deuda externa argentina, en contraste con la solidez financiera que presentaba Chile, que al desarrollo económico particular del país en ese período. Esto se analizaba, dado que hacia 1999 se evidenciaban signos de la que sería la peor crisis económica argentina de todos los tiempos, sobre todo dada la recesión económica que había comenzado en 1998 y la experiencia vivida por las economías mexicana, asiática, rusa y la “mega-devaluación” brasilera en enero de 1999. Ante los riesgos de un efecto dominó que alcanzara a la ya debilitada economía argentina, su participación en el Grupo permitiría un mayor control y una mejor manera de proveer recomendaciones en caso de que la crisis se manifestara. La incorporación de los países emergentes a la mesa de negociación resultaba necesaria por dos motivos. Primero, las sucesivas crisis que desestabilizaron los mercados financieros internacionales habían tenido lugar y centro en el mundo emergente, y por lo

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tanto la búsqueda de paliativos iba a involucrar la introducción de reformas (de “segunda generación), y a tal efecto resultaba necesario que dichos países participaran en la discusión y acordaran con esos criterios. En segundo lugar, algunos países emergentes, fundamentalmente China, en segundo plano India, habían ganado mucho peso en la economía mundial en las últimas décadas por lo que se volvía cada vez más inevitable su participación en las instancias de discusión de la arquitectura financiera internacional (Abeles, 2010b). En sus comienzos existieron dos líneas que debatieron la constitución y propósitos del G-20. Una sostiene que se trata de una consolidación hegemónica y la que afirma que se trata de una ampliación cooperativa de la toma de decisiones en el ámbito financiero internacional. Quienes adhieren a la primera asumen que la creación del G-20 y la incorporación del mundo emergente a la mesa de negociación responden a la lógica de dominación estadounidense y del mundo desarrollado en general, que convocan al nuevo foro con el propósito de legitimar decisiones que seguirían estando en su poder, orientadas fundamentalmente a fortalecer el consenso neoliberal luego de la crisis asiática. El segundo enfoque entiende que la creación del G-20 involucra un cambio más profundo en la estructura de gobierno (governance) internacional e implica una instancia de mutua influencia y mayor equilibrio en la toma de decisiones. En la primera fase del G-20

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hasta la crisis del 2008, es probable que la realidad se sitúe en un punto intermedio, es decir, que el G-20 exprese los cambios ocurridos en la economía mundial, con Estados Unidos como la economía hegemónica y predominante en el nuevo foro, pero con el creciente peso de India y China y los demás países emergentes encontrando una mayor capacidad de influencia y peso en la mesa de negociación. La incorporación de estos países no sería desde esta perspectiva un acto puramente formal que prolongara la hegemonía norteamericana por otros medios, sino que involucraría cierta redistribución de poder real, aunque sea en el margen (Abeles, 2010b). Durante los primeros años de existencia del G-20, en donde los países estaban representados por sus Ministros de economía y presidentes de bancos centrales, no se produjeron grandes avances o acuerdos sustantivos. El foro se focalizaba en el tratamiento de cuestiones meramente financieras, la estandarización de la contabilidad en el ámbito global, y el abordaje de algunos temas que planteó la coyuntura, como por ejemplo, el financiamiento del terrorismo. El planteo de reformas sustanciales al funcionamiento y funcionalidad del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM), o de la regulación financiera nacional e internacional estuvo ausente. El abordaje adoptado apuntó, más que a la reforma, a la reconstrucción de las ideas del Consenso de Washington. En esta línea de acción, los procesos de liberalización y apertura en las

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economías emergentes no fueron problematizadas, atribuyéndose la responsabilidad de las crisis a cuestiones de segundo orden, como la poca transparencia e inadecuada supervisión de los sistemas financieros en las economías emergentes (Abeles, 2010a). Pero la crisis económica internacional que afecta al mundo desde fines de 2007 ha tenido un impacto crucial sobre las instituciones existentes. A partir de la debacle financiera internacional que comienza en agosto de 2007 con el desencadenamiento de la crisis en el mercado hipotecario norteamericano, que desembocó en el 2008 en una de las peores crisis económicas, los principales líderes del mundo se han visto obligados a redefinir las estructuras existentes de regulación económica y política internacional. En los últimos años, frente a diversos acontecimientos, los órganos tradicionales nacidos en Bretton Woods han demostrado ser incapaces de alertar, prevenir y generar soluciones al crash financiero que se estaba atravesando que pudieran resolver cuestiones centrales para el sostenimiento de la estabilidad internacional. El FMI, el BM, la Organización Mundial de Comercio (OMC), todos han fracasado en evitar los más grandes desastres y problemáticas económico/ financieras acaecidas en el mundo en los últimos años. En consecuencia, rápidamente se evidenció la necesidad de introducir reformas que eran impensadas poco tiempo atrás. En este contexto desde la peor crisis económica y financiera desde la depredensidades nº 16 - septiembre 2014

sión de la década de 1930, que provocó estancamiento, desencanto y falta de coordinación de los órganos multilaterales formales, surge la oportunidad para el G-20 de convertirse en el nuevo foro de gobernanza global que permita abordar las temáticas claves que afectan al sistema internacional y que requieren una solución inmediata. Bajo esa premisa, en noviembre de 2008, el presidente George W. Bush convocó a una reunión de jefes de estado de los países miembros del grupo con la convicción de que dadas las dimensiones y el impacto de la crisis, ésta requería ser discutida y resuelta por el accionar consensuado de los líderes del mismo. A pesar de las críticas al G-20, los países miembros fueron eficaces en cooperar para estabilizar los mercados financieros, recomendando la regulación del sistema financiero y lograron el lanzamiento de un estímulo en el sistema económico global. De esta manera, lograron evitar daños graves a la economía global, incluyendo posiblemente una depresión. El grupo fue en gran medida eficaz en la reingeniería del sistema financiero para evitar una recurrencia de la crisis y para mantener un flujo global del capital. Cabe destacar que pusieron en discusión temas que estaban considerados como de tratamiento soberano de los Estados, en particular la política monetaria, las tasas de cambio y niveles de deuda, con lo cual podría inferirse –de continuar− que se están tomando pasos preliminares hacia una gobernanza macroeconómica global de largo plazo (Sanahuja, 2009).

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Respecto al rediseño institucional de los organismos ya existentes, el G-20 se avocó a dos grandes temas. El primero de ellos, en el cual hubo avances significativos, fue ampliar el fondeo de los organismos multilaterales y flexibilizar el acceso a sus líneas crediticias. El segundo, donde la discusión fue más tensa, fue la cuestión de sus estructuras de gobierno: esto es, la revisión de las reglas que determinan la voz y el voto dentro de estos organismos. Con el comienzo del debate sobre la necesidad de modificar las instituciones existentes, el G-20 creó un nuevo organismo, el Financial Stability Board (FSB, Consejo de Estabilidad Financiera), sucesor del Financial Stability Forum (FSF). El mismo está conformado por los antiguos miembros del FSF, a los que se sumaron los países emergentes del G-20, España y la Comunidad Europea. El FSB tendría un rol clave en la nueva arquitectura financiera internacional dado que su responsabilidad es coordinar a los distintos órganos de emisión de estándares y normas de regulación prudencial bancaria, elaborar informes de alerta temprana, intercambiar información entre los supervisores y controlar a los grandes bancos transnacionales. La incorporación de los países emergentes al FSB es uno de los avances más importantes logrados por el G-20 en el rediseño de la arquitectura financiera internacional. Complementariamente, esos países, también han sido incorporados en bloque al Comité de

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Basilea, que es el órgano encargado de proponer las regulaciones a los bancos (Carrera, 2009). Las reuniones del G-20 y las posiciones de la Argentina Aunque discreta en sus resultados, la cumbre de Washington dio el puntapié inicial a la búsqueda de consenso internacional para la salida de la crisis. A partir de este encuentro se plantearon cuestiones que forjaron el camino para reuniones posteriores y dieron comienzo a la búsqueda consensuada de un nuevo marco regulador internacional que reemplace a las ya antiguas instituciones de Bretton Woods. Esta cumbre estuvo signada por la urgencia de los principales centros económicos del mundo azotados por la crisis internacional, y con una agenda específica. En este contexto, los países emergentes, que no se habían visto fuertemente afectados por la crisis, participaron del encuentro sin grandes propuestas. En el caso argentino, la relevancia de este encuentro resultaba ajena al país. En esta reunión, la Argentina se unió al llamado de sus socios latinoamericanos, Brasil y México, para la inclusión de España como invitada a la reunión. Asimismo, asistió con una propuesta consensuada con Brasil centrada en el reclamo de reforma del Fondo Monetario Internacional para que los países en desarrollo logren alcanzar un mayor peso en el organismo y puedan tener acceso a nuevas líneas de crédito no condicionadas al cumplimiento de metas económi-

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cas. Además, Argentina y Brasil priorizaron simultáneamente la regulación financiera internacional y las políticas contracíclicas (Deciancio, s/f). La cumbre de Londres, realizada en abril de 2009, resume un cambio en el clima político internacional, que es evidencia de la crisis del paradigma neoliberal del Consenso de Washington, centrado en la preponderancia del mercado, para pasar a la necesidad de recuperar el papel del Estado en la formulación de políticas que orienten, regulen y participen en el mercado. La Argentina avaló la idea encabezada por Estados Unidos y Gran Bretaña de estimular la economía y reactivar así la demanda; pero también considerando oportuna la propuesta de Alemania y Francia sobre un mayor control a los mercados financieros y paraísos fiscales. Argentina, apoyada por Brasil, tuvo un rol clave en impedir que se incluyera en el acuerdo final una propuesta sobre flexibilidad de la legislación laboral dada las “nefastas consecuencias que tuvo para la Argentina” (Deciancio, s/f). El 24 y 25 de septiembre de 2009 la cita fue en Pittsburg, Estados Unidos. La nueva cumbre del G-20 consiguió instaurar al grupo como el principal foro de discusión para la cooperación económica internacional. La decisión de los más importantes líderes internacionales de disolver el G-8 e instaurar al G20 como único foro para la resolución de las cuestiones financieras internacionales marcó no solo la voluntad de las países desarrollados de democratizar la agenda económica internacional, sino densidades nº 16 - septiembre 2014

también la oportunidad para los países en desarrollo de comenzar a incidir en la elaboración de reglas de alcance global. En esta oportunidad, Argentina tuvo un importante protagonismo en la decisión adoptada para que el G-20 tenga a partir de ahora mayor poder de decisión en el ámbito global. Primó entre los líderes mundiales el criterio que impulsaba Argentina y otros países emergentes y subdesarrollados, por sobre la opinión de algunas potencias centrales que pretendían que el G-8 siguiera siendo el ámbito de referencia en la discusión mundial en materia económica. También la Argentina solicitó la inclusión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el apoyo de Brasil, a la mesa de discusión y la elaboración de un capítulo sobre trabajo decente, destacando el gran impacto que la crisis económica ha tenido sobre el empleo en todo el mundo (Deciancio, s/f). El proteccionismo laboral ya ha comenzado a manifestarse crudamente en muchos países, rayando en ocasiones la xenofobia, y se basa en priorizar el acceso al trabajo nacional para los propios ciudadanos. Las formas van desde las restricciones migratorias a los subsidios que dan preminencia al contenido de empleo local en los productos. A su vez, en el borrador final del G-20 las economías avanzadas se comprometen a reducir sus déficits fiscales en un 50% de aquí al 2013 y a estabilizar la relación entre la deuda y sus productos brutos. El ministro de economía brasilero Guido Mantega dijo,

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sin embargo, que ese objetivo no es realista. Los ajustes “deben ser realistas y no inhibir el crecimiento”. “Si los ajustes ocurren en países avanzados, es peor aún, porque si esos países, en vez de estimular el crecimiento prestan más atención al ajuste fiscal, y si son exportadores, estarán haciendo el ajuste a costa nuestra”. Según Mantenga, los países desarrollados en crisis apuestan así a “ocupar los mercados emergentes que están creciendo más. Los países avanzados exportadores no deben hacer ajustes fiscales muy severos y que no desestimulen consumo doméstico”, pues “eso echa en los hombros de los emergentes la responsabilidad de la reactivación”. El funcionario explicó la alineación en esta cumbre. Frente a una Europa que defiende los ajustes, esta vez Estados Unidos aparece en sintonía con lo que establecen los países emergentes y en esta posición lo que prima es que los estímulos se mantengan (Barón, 2010). En la Quinta Cumbre de Líderes del G-20, llevada a cabo entre el 11 y 12 de noviembre de 2010, en Seúl, República de Corea, el debate estuvo signado y dividido por la llamada “guerra de divisas”. El conflicto es importante, porque los compromisos que se adopten sobre cómo manejar las divisas pueden llegar a cambiar completamente la política económica de un país. En este contexto Estados Unidos acusó a China de frenar voluntariamente la cotización del yuan para hacer sus exportaciones más atractivas, y atribuyó a esta situación la falta de empuje de las empresas estadounidenses. China y otros países con superávit comercial,

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como Alemania, critican a Estados Unidos por inundar de dólares la economía mundial, después del anuncio de la Reserva Federal estadounidense (FED) de una expansión monetaria de 600.000 millones de dólares. Otros países emergentes, como Brasil, se encuentran en medio del conflicto. Por un lado consideran que China les está obligando a devaluar para no perder competitividad. Por otro lado, acusan a las naciones desarrolladas como Estados Unidos por sus bajos tipos de interés, que hace que los flujos de capital se refugien en naciones que ofrecen rendimientos mayores, como los emergentes, con el consiguiente peligro de que se creen burbujas especulativas y se dispare la cotización de sus monedas. En este contexto Brasil, Argentina y México apuestan a la cooperación, los líderes de estos países aprovecharon su presencia en la cumbre del G-20 en Seúl para pedir a los países un compromiso que permita superar la “guerra de la divisas” y asegurar un crecimiento equilibrado. Un equilibrio que para Brasil pasa por que los países desarrollados aumenten su propia demanda interna, en contraste con la posición de Estados Unidos de reclamar un mayor consumo interno a los emergentes. Poco antes del inicio formal de la Cumbre, Lula da Silva lanzó el contundente mensaje de que si los países ricos no aumentan su consumo en lugar de incrementar sus exportaciones, la economía global entrará en bancarrota. Brasil es uno de los más críticos con la política monetaria tanto de Estados

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Unidos como de China, porque a su juicio, promueven una “guerra cambiaria” al propiciar la devaluación artificial de sus monedas para promover sus exportaciones. También dijo que “en Europa hay contradicciones, muchos países no están consumiendo, no están incentivando el consumo, en consecuencia todo el mundo quiere ganar exportando. Si no se llega a un consenso para cambiar el actual rumbo de la economía global, volveremos a la vieja política del proteccionismo que nunca ayudó a ningún país (La Nación, 2010). También la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, llegó a Seúl con la intención de transmitir que una guerra de divisas simplemente traslada la crisis de un país a otro. Tras subrayar la necesidad de “cooperación” entre ricos y emergentes, pidió un replanteamiento de la situación actual de la economía, asegurando que es “absurdo” responsabilizar sólo al sector financiero, puesto que a su juicio se trata de una crisis estructural en la que “el capital se colocó más en escala financiera que en escala productiva (Terra, 2010). Sobre la cuestión de los tipos de cambio, México rechazó las devaluaciones artificiales, aunque en términos menos tajantes que Brasil o Argentina. La Sexta Cumbre de Líderes del G-20, realizada el 3 y 4 de noviembre de 2011, en Cannes, Francia, estuvo signada por la crisis europea, en especial la griega. Pero cabe destacar que previa a la misma se reunieron los países integrantes de los BRICS para ganar espacio político en el foro, y elaborar una postura común densidades nº 16 - septiembre 2014

respecto a la situación económica configurada en la Unión Europea. Además Brasil, que ha adquirido un creciente protagonismo en los foros internacionales se presentó en Cannes como una bisagra entre América Latina y los BRICS. Por otra parte los países latinoamericanos miembros del G-20 acordaron sus posiciones frente a la cumbre en una reunión celebrada en Montevideo, en la que reiteraron que la crisis es “responsabilidad” de los países desarrollados. En la capital uruguaya decidieron exigir un mayor peso de las economías emergentes en las decisiones mundiales y se sugirió pedir un asiento en el G-20 para la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), con el fin de reforzar la presencia de una región que hasta ahora resiste a los embates de la crisis con el crecimiento de la economía y con inversiones sociales, a diferencia de lo que sucede en la Unión Europea. La posición de América Latina sobre la actitud para mostrar en el foro de Cannes coincide en general con los BRICS, países que también están a favor de una reforma de los organismos internacionales que garantice más poder a los emergentes. Dilma Rousseff había manifestado que “la concentración del poder en las instituciones multilaterales, que hoy representan principalmente los países desarrollados, es obsoleta y muestra un orden internacional que ya no existe” (Núñez, 2011a) Brasil y los países emergentes salieron

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de la cumbre del G-20 muy fortalecidos frente a las divisiones europeas y la debilidad de Estados Unidos. Han marcado el terreno y su aporte económico les conducirá más tarde o temprano a tener una mayor cuota de influencia en organismos internacionales, tales como el FMI. Los países latinoamericanos se mostraron bastantes seguros de sí mismos e incluso se atrevieron a proponer a los países europeos sus recetas para superar la crisis. Dilma Rousseff atacó las medidas de ajuste pues dijo que “Brasil tiene una experiencia exitosa a la hora de enfrentar una crisis con inclusión social y generación de empleos” y Cristina Fernández afirmó que “el mundo está a tiempo de cambiar la actual situación, aunque para cambiar es necesario tocar intereses, pequeños pero poderosos, muchas veces es mejor enfrentar a esos poderosos intereses que más adelante enfrentar la furia de la sociedad. Se los digo por la experiencia que vivió la Argentina en 2001” (Núñez, 2011b). Brasil, como es habitual, apostó durante la cumbre a consolidar su liderazgo internacional aprovechando las oportunidades que aparecen en toda crisis. Los europeos querían que los emergentes invirtieran en un Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, pero Brasil y el resto de los BRICS, encabezados por China prefirieron aportar al FMI y no al Fondo Europeo. “¿Por qué tendría que tener deseos yo si ni ellos (los europeos) los tienen?” fue la

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respuesta de la presidente brasileña (Núñez, 2011b). La apuesta por el FMI supone una jugada con connotaciones geopolíticas para los emergentes y para Brasil ya que les hará volver a ganar poder en la próxima revisión de cuotas del Fondo, algo a lo que por el momento se resiste Estados Unidos. Dilma Rousseff lo explicó así: “siguiendo lo que los mismos europeos proponen, tanto la ampliación del Banco Central Europeo, con el Fondo Europeo pro Estabilización Financiera, como del FMI, en lo que refiere a éste, la posición de Brasil fue clara, nosotros nos proponemos participar en la ampliación de los recursos del Fondo a través de acciones bilaterales”. Para defender esta posición, Rousseff comentó que “el FMI tiene la responsabilidad de actuar frente al riesgo de todo el sistema y no sólo ante la crisis europea, por lo que entendemos que es importante que tenga más recursos. Y Brasil está dispuesto a participar, porque esos recursos tienen la garantía del FMI y, al mismo tiempo, tienen una característica que para nosotros es muy importante: tienen reglas. Por eso, entendemos más adecuada una garantía extendida a todos los países”. Dilma Rousseff aseguró que su país está dispuesto a realizar una contribución al FMI mediante “acciones bilaterales” para aumentar su capacidad de préstamo anual, que actualmente es de U$S 396.000 millones. “La posición de Brasil fue clara, yo hago una contribución al FMI”. Para Dilma, “una ampliación del FMI en momentos de crisis es muy importante para reducir riesgos sistémicos” (Núñez, 2011b).

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Cristina Fernández, como en otras ocasiones, abogó por posturas keynesianas para afrontar la crisis: “esto que estamos viviendo, señores, no es capitalismo. Esto es un anarcocapitalismo financiero total, donde nadie controla a nadie”. “Por eso nosotros sostenemos que el verdadero problema es la falta de regulación de los mercados financieros en el mundo” (Núñez, 2011b). La séptima Cumbre de Líderes del G20 se realizó en la ciudad de Los Cabos, México, siendo la primera cumbre realizada en territorio latinoamericano. Previo a la cumbre las presidentes de Argentina, Cristina Fernández y su par de Brasil, Dilma Rousseff, mantuvieron una reunión a los efectos de acordar posiciones comunes para promover la defensa de las políticas de desarrollo y crecimiento para enfrentar la crisis mundial. Esto se realizó frente las presiones de los países europeos y de los Estados Unidos, que intentaron un respaldo unánime a los planes de rescate a la banca privada europea y al ajuste fiscal. Según el canciller argentino Hector Timerman, “hubo coincidencias entre las presidentas de Argentina y Brasil en mantener una posición conjunta en el G-20 a favor de las políticas de crecimiento y desarrollo”. A su vez el canciller argentino recordó que la posición argentina cuenta con el respaldo de los países emergentes que en su momento enfrentaron crisis de diversos tipos. “No vamos a ser nosotros quienes paguemos las crisis de los países desarrollados” (Cadena de radios, 2012). Sin embargo, la persistencia y densidades nº 16 - septiembre 2014

profundización de la crisis global y su recrudecimiento en la Unión Europea relegaron el debate sobre los desbalances globales a un segundo plano. El eje central de la discusión durante la Cumbre de Los Cabos, se trasladó a la tensión entre las reformas estructurales y las políticas de ajuste o consolidación fiscal, por una parte, y el crecimiento con creación de empleo, por otra. El gobierno del Presidente de México Felipe Calderón adhirió a la visión del Fondo Monetario Internacional, y de algunos países europeos para salir de la crisis con la consolidación fiscal vía reducción del gasto público, sumado a la flexibilización laboral, y lo hizo bajo el argumento de que resultaba necesario un ajuste de costos para aumentar la competitividad (Gobbi, 2013). La posición de la Argentina, y de otros países emergentes, fue que las políticas de austeridad agravan la situación de los países que las aplican y representan un riesgo para la economía mundial por la masiva reducción de la demanda agregada global que implica un ajuste simultáneo en varias de las economías centrales. En efecto, la implementación de estas políticas desde 2008 ha frenado la recuperación de la economía mundial, conforme se refleja en la evolución de las variables macroeconómicas y del empleo durante 2012. La Argentina también destacó la necesidad de garantizar la coherencia entre las estrategias de crecimiento y la generación de empleo que es el único camino hacia la recuperación de la economía mundial. En este sentido la

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Argentina postuló que el G-20 no debía poyar las medidas de ajuste en marcha, ya que no generan trayectorias de crecimiento sostenible ni favorecen la inclusión social. Con respecto al fortalecimiento de la arquitectura financiera internacional y del sistema financiero y promoción de la inclusión financiera, la Declaración de Los Cabos promueve un aumento de los recursos del FMI, a fin de fortalecer su papel en la prevención y resolución de crisis; anuncia compromisos de aportes de más de 450 mil millones de dólares; y señala que esos fondos serán destinados mediante préstamos bilaterales disponibles para todos sus miembros. Esto último no se ha verificado en la práctica reciente, ya que la mayoría de los préstamos se destinaron a países europeos. Por ese motivo, la Argentina defiende la postura de que el incremento de recursos debe complementarse con una nueva asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG), que sería una opción más equitativa, por cuanto supone el aumento de liquidez global sin condicionalidades para todos los miembros del FMI, eliminando la discrecionalidad en el otorgamiento de los préstamos. En el mismo sentido, la Argentina también considera necesario impulsar el incremento de la capacidad prestable de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (Gobbi, 2013). Tal vez uno de los puntos que con más énfasis propuso la Argentina, y que se plasmó en la Declaración de Los Cabos, se refiere al impacto de las agencias calificadoras de riesgo crediticio sobre el

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sistema financiero internacional. La Argentina ha argumentado que dichas agencias se han convertido en instrumentos sesgados y funcionales a la especulación mediante calificaciones que muchas veces no responden a evaluaciones basadas en fundamentos económicos objetivos, lo cual afecta las posibilidades de acceso al financiamiento. Con respecto al tópico desarrollo, crecimiento verde, seguridad alimentaria e infraestructura, el gobierno del presidente Calderón buscó incluir la temática de “crecimiento verde” de manera transversal a la agenda del G-20, particularmente en materia de desarrollo y comercio internacional. Se trata de un concepto impulsado por los países de la OCDE, en reemplazo de la noción de “desarrollo sustentable” con sus tres dimensiones –económica, social y ambiental−. Dada la oposición de algunos países del G-20, entre ellos la Argentina, el planteo inicial de “crecimiento verde” fue modificado a lo largo de las reuniones por el de “crecimiento verde inclusivo en el marco del desarrollo sustentable”, idea que busca un equilibrio entre los conceptos referidos y que destaca la dimensión social como objetivo insoslayable de toda política pública (Gobbi, 2013). En relación a la seguridad alimentaria, la Argentina considera que las prioridades indiscutidas de la agenda internacional que debe ser atendida en términos amplios y no vinculadas únicamente con la regulación financiera, como fuera planteado inicialmente en el densidades nº 16 - septiembre 2014

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seno del G-20. La Argentina sostiene que las causas profundas del flagelo de la inseguridad alimentaria se encuentran en la pobreza y la mala distribución de la riqueza, y no en el precio de los alimentos. Finalmente, en materia de infraestructura, la Argentina se ha sumado a Indonesia e India para priorizar y movilizar recursos para la inversión en infraestructura, especialmente en países de bajos ingresos. El eje central de la posición de estos tres países es que los organismos financieros multilaterales deben incrementar los recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura. Con respecto al comercio internacional, que fue una de las prioridades de la presidencia mexicana, respondiendo a su modelo de inserción internacional, evaluó que el proteccionismo representa una de las principales amenazas para la recuperación de la economía global. Su agenda en el G-20, compartida por los países desarrollados y algunos emergentes, se centró en tres cuestiones: 1) crear una “nueva narrativa” que destaque las virtudes del libre comercio como garantía para el crecimiento y la creación de empleo; 2) dejar de lado la Ronda de Doha, sustituyendo su mandato de desarrollo por acuerdos parciales, como la “facilitación del comercio”, y evitar tratar temas más sensibles para los países desarrollados, como el de los subsidios agrícolas, y 3) extender temporalmente el compromiso de no innovar en aplicación de nuevas medidas restrictivas al comercio y la inversión (Gobbi, densidades nº 16 - septiembre 2014

2013). La Argentina ha planteado, tanto en el G-20 como en la OMC la necesidad de construir un sistema de comercio multilateral más equilibrado que permita cerrar la brecha de desarrollo, lo cual puede lograrse mediante la conclusión de la Ronda de Doha, según su mandato original y el principio del “acuerdo único” (Gobbi, 2013). Como se reflejó en las posiciones de los países latinoamericanos que integran el G-20, Brasil y Argentina intentaron mantener posiciones comunes, mientras México apoyó las posiciones de los países desarrollados y de los organismos internacionales que forman parte del foro, lo que demostró una vez más la difícil posibilidad de que la región pueda estrechar filas en posiciones comunes frente a los países del primer mundo. El pasado 5 y 6 de septiembre de 2013, se llevó a cabo en San Petersburgo (Rusia) la octava Cumbre del G-20. En esta oportunidad los países latinoamericanos, miembros permanentes del G20 llegaron a Rusia con agendas propias. Por una parte el presidente mexicano Enrique Peña Nieto llegó a la cumbre para presentar a la comunidad internacional su proyecto reformista que incluye cambios en materias educativa, energética y fiscal. Pero por otra parte el México de Peña Nieto ha tratado de hacer un difícil equilibrio: mantener la cercanía con su principal aliado, Estados Unidos, y a la vez levemente crítico en algunas decisiones de la administración de Obama. El tema sirio, que permeó la cumbre puso a

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México en la disyuntiva de no aceptar la intervención unilateral por parte de Estados Unidos y a su vez condenar al régimen de Al Assad por el clima de violencia, el uso de armas químicas y la definición o el acuerdo que las Naciones Unidas, a través de su Consejo de Seguridad, debe determinar para esta condición (Núñez, 2013c). En cuanto a la posición de Brasil, Dilma Rousseff fue mucho más crítica con su par norteamericano. La presidenta brasileña se opuso a la intervención en Siria por parte de la potencia del norte, pero el espinoso tema del espionaje al que supuestamente fue sometido su país por el servicio secreto norteamericano generó un singular distanciamiento en las relaciones diplomáticas (Infolatam, 2013). Por su parte la presidenta argentina, Cristina Fernández mostró su cara de dirigente “antiimperialista” y crítica con los países más poderosos y las políticas de los organismos multilaterales, en especial con el FMI. Esto la llevó a acercarse al presidente ruso Vladimir Putin y alejarla del presidente estadounidense. En esa línea de ataque al sistema internacional, la presidenta argentina señaló que “hay una crisis del multilateralismo, qué mundo es este en el que un problema tan serio como el de nuestra deuda, que puede afectar a otros países, se decide en la Corte de Estados Unidos. O en el que el Senado norteamericano decida si se bombardea o no en Siria”. Si bien Estados Unidos rechazó que la posición de la Argentina

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sobre la inclusión del tema de los “fondos buitre” fuera incluida en la agenda de la Cumbre del G-20; el gobierno argentino intentó presentar el tema como de interés global, que el fallo condenatorio de la Argentina sentaría antecedentes sobre otras negociaciones de deudas públicas impagas. Es un tema que preocupa a varios países sin capacidad de cancelación en las condiciones actuales. Pero otra iniciativa de la delegación argentina prosperó, la de incluir el tema de la sustentabilidad de las deudas entre los países y los organismos financieros y cambiar el término paraísos fiscales por “guaridas fiscales” (Rodríguez Yebra, 2013). A modo de reflexiones finales Indudablemente las crisis generan oportunidades y desafíos. El foro del G20, cuya idea en sus comienzos fue la de generar legitimidad a los países desarrollados al ampliarse a los nuevos países emergentes tenía como propósito la consolidación de las políticas globales inspiradas en el modelo “neoliberal”; además de contener las recurrentes crisis financieras que se originaban en los países periféricos, pero que sus efectos impactaban en el ámbito global. Pero la crisis ocurrida en Estados Unidos y luego en la Unión Europea hizo que las ideas originales fueran mutando y se ampliara la agenda de temas en discusión. Indudablemente el foro fue el ámbito en donde se discutieron las crisis económicas/financieras, pero no fueron sus propuestas las que ayudaran a resolverlas, ese tema quedó en manos de las políticas que los países o regiones densidades nº 16 - septiembre 2014

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afectadas pudieran instrumentar. Las diferencias entre Estados Unidos y Europa, sobre la manera de abordar las crisis, puso en evidencia que el mundo desarrollado iba perdiendo la homogeneidad y relevancia en la fijación de las políticas económicas globales y ese espacio comenzó a ser ocupado por los países emergentes que con el transcurrir de las cumbres de los líderes del G -20, fueron creciendo en importancia para convertirse en actores centrales en el debate de la nueva arquitectura de gobernanza global, centrada en las reformas que a las instituciones de Bretton Woods se debían realizar. En este contexto cobraron especial relevancia las posiciones de China y de Brasil, por su propio peso específico, que jugaron en las últimas reuniones del G-20. Además por primera vez las crisis financieras y económicas no se desarrollaron en países periféricos, sino se trasladaron al centro del mundo capitalista desarrollado, y no afectaron significativamente las economías de los emergentes, lo que le dio una mayor cuota de poder en el debate global. A su vez, los debates del foro permitieron que se fuera ampliando la agenda de discusión, de esta manera se incorporaron el tema del trabajo, el ambiental, los paraísos fiscales, la pobreza, la financiación del terrorismo, la crisis alimentaria, las “guerras de monedas” entre otros, en donde los países emergentes pudieron incorporar cuestiones de sus propias agendas nacionales. Pero esto también generó densidades nº 16 - septiembre 2014

diferencias, dado que la propia heterogeneidad e intereses de los distintos actores, hace difícil conseguir consensos importantes. Indudablemente el foro representa un espacio muy relevante para Brasil que le sirve para posicionarse como líder regional de incidencia global, y para la Argentina su participación en el G-20 la beneficia, ya que le permite ganar visibilidad pública internacional, a la vez de ampliar los foros donde hacer alianzas con los pares e intercambiar las demandas y visiones del mundo desarrollado. Pero por otra parte la presencia en el G-20 tiene un costado negativo, que es el compromiso público de adoptar las normas y reglas de conducta internacionales allí consensuadas. Por otra parte la “sobrerrepresentación” como argumentan los países desarrollados de la región latinoamericana, nunca se ha manifestado con una política y/o estrategia común a ser planteada en el foro del G-20. La fragmentación regional puesta de manifiesto en las distintas organizaciones formales e informales, tanto en lo político como en los diferentes esquemas de integración que conviven, sumado a esto las divergentes políticas exteriores, modelos de inserción internacional e intereses de los países que la integran terminan reflejando la posición particular de la Argentina, Brasil y México. En general el diálogo entre Brasil y Argentina ha sido más fluido, no así con México, pero esto no quita que cada país realice las alianzas

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con otros estados o bloque de países si los intereses son comunes.

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secciones

espacios “Cambiar la frontera es uno de

los mayores desafíos para la integración regional” Entrevista a Pablo Asa densidades: ¿Cómo nace la idea de una Clínica Jurídica orientada al abordaje de la problemática migratoria en la Argentina? Pablo Asa: En principio hay que hacer mención a la primer Clínica de Derechos Humanos que se crea acá en el CELS, en el año ‘94 si mal no recuerdo, cuando se da la posibilidad de empezar a trabajar temas de derecho internacional, por esto de que la reforma constitucional de 1994 incor-pora los Tratados Internacionales, la idea era cómo hacer para que esos tratados aterricen a nivel local. Entonces, dentro del CELS se crea un Programa que es de Derecho de Interés Público, que tiene como objetivo principal la aplicación de los estándares internacionales por los tribunales locales. En esa lógica, se hace un convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para que algunos estudiantes concurran al CELS, en principio a hacer un trabajo más bien de

análisis de casos hipotéticos, recortes de diarios, etc. Posteriormente, empiezan a hacer atención directa de consultas, esto también tomando la experiencia del CELS, que aproximadamente 10 años antes empezó a realizar un trabajo en barrios carenciados, que estuvo muy relacionado con el tema migratorio. El CELS participó, por ejemplo, de la primera amnistía de irregularidad migratoria que hubo en democracia, y trabajó directamente en el barrio “Ciudad Oculta”, en Buenos Aires ayudando a la documentación de sus habitantes. Esta experiencia se fue perfeccionado y se buscó la manera de hacer algo más estable e institucionalizarlo. Entonces apareció la idea de la Clínica Jurídica, influida un poco por las experiencias en otros países, como Colombia o Estados Unidos. Hay varias publicaciones de Emilio Mignone, uno de

Abogado por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Coordinador de la Clínica Jurídica de Derechos de Inmigrantes y Refugiados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados (CAREF) y la Facultad de Derecho de la UBA.

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“Cambiar la frontera es uno de los mayores desafíos para la integración regional”, entrevista a Pablo Asa

los fundadores del CELS, que hablan de la experiencia de la clínica jurídica, del uso alternativo del derecho, etc. Y en ese marco, se va perfeccionando la forma de atender. Tenemos entonces primero en los ‘80 el trabajo en barrios carenciados, después la Reforma Constitucional, luego la creación de la Clínica como algo teórico y después se empieza a atender casos a partir del ‘96/‘97. En todos esos años se atienden casos de todo tipo: privados de libertad, vivienda, lesa humanidad, etc. Ahí comienza a verse con fuerza la presencia de la problemática migratoria en las consultas -era toda una temática específica aparte-, consultas rutinarias por temas migratorios, que eran básicamente las mismas: por documentos nacionales de identidad (DNI) falsos, por temas de radicación, certificados de ingresos. Todo esto era lo más normal antes de la reforma de la Ley de Migraciones en 2003. También se empezó a trabajar con organizaciones que conformaban una mesa de organizaciones por los derechos de los migrantes. Ahí estaba CAREF, también estaba la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) que tenía un departamento de migraciones, el Arzobispado de la Provincia de Buenos Aires, la Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones, la Red de Investigadores Argentinos sobre Migraciones Internacionales Contemporáneas, al principio también estaba la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ). Era todo un grupo de organizaciones tratando de impulsar la reforma de la Ley Migratoria. Para el CELS la reforma de la ley siempre fue

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abordada en el marco de su política de “Memoria, Verdad y Justicia”, porque esa norma migratoria que había que derogar era un decreto ley de la Dictadura, y era muy evidente la continuidad de las políticas de la Dictadura en esa ley que se mantuvo aún en democracia durante tanto años. Y ese grupo de organizaciones, más allá de las discusiones sobre la necesaria reforma de la Ley, trabajaban casos concretos donde el CELS, por su experiencia, podía ayudar y mucho. Donde había que hacer un poco de litigio, alguna presentación, un pedido de vista, lo hacia el CELS. Todo esto nos fue llevando de alguna manera a generar un espacio específico (mucho que ver tiene que haya estado Pablo Ceriani en esa época, y también Víctor Abramovich que apoyó mucho esa idea). Fue cuestión de ir generando consensos y contar con el apoyo fundamental de CAREF, que puso el acento en llegar a construir un servicio especializado. densidades: ¿CAREF ya venía trabajando en un servicio especifico para migrantes? Ellos tenían un servicio donde ya había prácticas de estudiantes de trabajo social, pero no instrumentado como clínica. Trabajaba en todo lo que es servicio social, con notas, presentaciones, acompañamientos, pero no tanto pensando en casos testigos. No se había trabajado aún en realizar análisis más puntillosos de los casos y el diseño de estrategias legales. Entonces terminó siendo algo evidente la necesidad y posibilidad de trabajar juntos, porque estábamos en una articulación muy importante, compartiendo casos. Por

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todo esto nació la idea de hacer una clínica juntos. Después se fue a hablar a la Facultad de Derecho de la UBA y ahí se generó el consenso y se firmó un acuerdo para comenzar a trabajar de forma articulada. Tuvimos un apoyo muy importante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en su momento como auspiciante, por supuesto un trabajo muy comprometido fundamental para llegar hasta ahí de Pablo Ceriani, Violeta Correa, el apoyo de Víctor Abramovich, y también una persona muy importante para nosotros que es Barbara Hines, que es codirectora de una clínica de inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas en Austin. Ella fue una de las grandes impulsoras de la agenda de migrantes en el CELS. Ayudó mucho a que nosotros tengamos la visión estratégica del tema, y nos ayudó mucho también en la parte más de tipo administrativa, de los informes de los estudiantes con cada caso, las presenta-ciones, la forma de evaluar, todo lo que es la autoevaluación, la parte pedagógica. En eso aportó mucho de su experiencia y la de las clínicas en Estados Unidos que tienen una trayectoria importante, de 50 años o más y han avanzado muchísimo en cuestiones pedagógicas y han avanzado mucho en lo que es el litigio estratégico. Por supuesto que la situación de la problemática migratoria allí no tiene nada que ver con nuestra realidad. La política migratoria estadounidense es algo muy difícil de cuestionar, de cambiar a través de un litigio. Ellos, por ejemplo, han logrado un fallo de Corte para que los niños y adolescentes que no tienen residencia

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puedan estudiar, incluso a nivel secundario y universitario. Eso que para nosotros es un avance en la legislación, ellos lo ganaron con un caso y con fundamentos del estilo que si no permitimos que esta gente acceda a la educación, el día de mañana se p u ed en conv erti r en delincuentes y generar una repercusión negativa en la sociedad, entonces tenemos que permitirles el acceso a la educación como herramienta de socialización. No lo sacan por el lado de los derechos sino por una cuestión práctica. Ellos tienen experiencia en estas cosas, lo que pasa es que el fenómeno actual tomo una envergadura que nadie se imaginaba, incluso todos los que están relacionados con la cuestión migratoria no pueden creer la dimensión del problema. Pero estas pequeñas victorias de las acciones de litigio conviven con una política migratoria terrible, terrible e ineficaz. La política migratoria de Estados Unidos es altamente onerosa, alimenta a un gran negocio montado alrededor, algo que se intenta solapar por el argumento de la seguridad, de que se está frente a una invasión descontrolada, todo el discurso que ya conocemos. Todo ese dinero que se invierte en blindar la frontera no sirve para nada, porque en realidad, es muy poco lo que se puede evitar, los migrantes ya sabemos, que si no entran por un lugar entran por otro. densidades: y esa política se da en el marco de una cantidad de acuerdos de libre comercio que Estados Unidos firmó con sus vecinos, donde el único marco de discusión sobre la temática migratoria que acepta Estados Unidos está dirigida a sumar a los países vecinos a su política represiva antiinmigratoria.

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Pablo Asa: Si, porque va corriendo su frontera hacia el sur, sumando a los demás países a su esfuerzo en control y detención de los flujos migratorios. Y esto lleva también a que las rutas de la migración sean cada vez más peligrosas, volviendo más vulnerables aún a los migrantes. Un ejemplo terrible es lo que pasó en 2010 con la masacre de San Fernando, en Tamaulipas, México, donde ejecutaron a 72 migrantes, mayoritariamente centroamericanos. Estos casos pasan todo el tiempo en pequeña escala gracias a esta política que lleva adelante Estados Unidos y que exporta a la región -a partir del 2001 sobre todo- y ha transformado a su propia frontera: miles de muertos, separación de familias, el conflicto económico que se da entre pueblos que antes tenían un intercambio mucho más fluido, destruyéndose comunidades enteras. Uno piensa, hasta dónde se puede sostener cuando se están destinando tantos recursos a una política que no les va a generar ningún beneficio. Creo que realmente es insostenible en el tiempo, y eso también lo podés ver en Europa y sus política de endurecimiento con la inmigración que están teniendo consecuencias muy malas, no sólo con los migrantes que intentan alcanzar Europa, sino hacia dentro de sus propias sociedades. Porque en definitiva, donde no hay demanda de mano de obra no hay migración, es muy sencillo. densidades: ¿Qué peligro hay que ese discurso imperante en el norte pueda volver a nuestra región y a la Argentina en particular?, ¿que se vuelvan a abordar las migraciones desde un discurso de la seguridad y no desde los derechos?

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Pablo Asa: Tiene mucho que ver con esa cuestión pendular de los discursos, porque decir que el paradigma de los derechos humanos en las políticas migratorias implica abandonar el paradigma de la seguridad tampoco es tan cierto. El concepto de seguridad es también debatible, y sabemos que si se exacerba la doctrina de la seguridad se termina generando perjuicios para todos lados, los únicos que ganan son los burócratas, el agente migratorio y el que construye alrededor de la agencia migratoria. Se habla hoy de la seguridad humana, aunque también esto tiene consecuencias complicadas porque siempre se termina poniendo el eje en esto de establecer quienes son víctimas, por ejemplo víctimas de trata, víctimas de tráfico y se termina, de alguna manera, justificando una intervención bastante fuerte. Por ejemplo, bajo la excusa de evitar casos de tráfico y de trata, ahora los agentes migratorios hacen determinadas preguntas, que hace veinte años no se hacían. Está bien que se tengan ciertas garantías para evitar fraudes, que se actúe para detectar ciertas situaciones, pero no se puede controlar hasta el último detalle de todos los migrantes, no tiene mucho sentido. La Ley Migratoria de la dictadura, si bien era una ley súper restrictiva en materia de permanencia, en cuestiones de ingreso no había ninguna restricción. Esa era la contradicción o hipocresía de la Ley: te dejo entrar pero después cuando estas acá te hago la vida imposible, no te podés regularizar nunca, los trámites son muy costosos, si venís tenés que venir con un gestor, tenés que pagar coimas, etc. Ahora es fácil regularizarse pero se está endureciendo el control en frontera, o se

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está tratando porque es una frontera demasiado grande, no es fácil. densidades: ¿Ves un proceso de endurecimiento de controles en frontera en los últimos años? Pablo Asa: Sí, bastante, por esto que te digo, el agente migratorio está haciendo preguntas que antes no hacía, investiga mucho más allá de lo que antes investigaba. Por ejemplo en el Encuentro Regional sobre Políticas Públicas, Migración y Derechos Humanos que organizamos en junio junto al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús y el CAREF, hubo un segmento sobre fronteras, y vino un defensor de la ciudad de Orán, en la Provincia de Salta y Jujuy, y él contaba por ejemplo, que han tenido varios casos de personas detenidas por varios meses acusadas de tráfico porque llevaban el documento de otra persona al cruzar la frontera. Es muy común en la comunidad boliviana que un familiar acompañe a otro en su viaje hacia Argentina, y que en ese contexto lleve el documento de su familiar consigo. Y por el sólo hecho de que una persona porte el documento de la otra, es tomado como un posible caso de tráfico, se inicia un proceso penal, se pasa detenido tres o cuatro meses en Orán y después son todos absueltos porque obviamente no hay pruebas. densidades: Pero también hay que pensar en las herramientas con las que cuenta un inspector en frontera para poder detectar ciertas situaciones que suceden, como el tráfico de personas que terminan en situación de trata. ¿Cómo tener un equilibrio? Pablo Asa: Habría que ver. Pero hay una

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cuestión, por un lado de medios y de proporcionalidad, o sea el objetivo que vos tenés y los medios que vos utilizas. Yo lo comparo con la creación de las policías de la mujer en la provincia de Buenos Aires. Porque tratando de atender a una situación de violencia familiar o intrafamiliar -que me parece muy positivo-, ponés a atender en ese tema a un órgano que está pensado para otra cosa, que es la policía, que está para atender delitos ¿Por qué lo tenés que poner a atender cuestioes familiares? ¿Entonces qué pasa? La gente llega a ese lugar y se enfrenta con una barrera. Es muy difícil, por cuestiones prácticas, entrenar en esos temas a gente que está entrenada para otras cuestiones. Creo que es lo mismo en el tema migratorio, las cuestiones de seguridad las tienen que atender las agencias de seguridad y las cuestiones civiles las tienen que atender las agencias civiles y el problema es que en Argentina, la autoridad migratoria tiene las dos funciones, es un híbrido. Yo estaría de acuerdo en separar estas dos funciones principales de la autoridad migratoria: la función de entregar documentación, es decir radicaciones -que podría traspasarse al Registro Nacional de las Personas- y la función de controlar quién entra y quién no, quiénes viven acá, etc. Y ahí hay muchos temas para trabajar, que creo tienen que ver con esta mezcla de roles. Por ejemplo cuando no le dan la documentación a alguien por una cuestión de antecedentes penales, algo que está contemplado en la ley, ya que está previsto que por la comisión de un delito puede expulsarse a un extranjero, me parece perfecto, pero en el mientras tanto, cuando estoy discutiendo con la justicia si la orden de expulsión está de acuerdo a

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derecho pueden pasar años. Y hasta hace un par de meses -que la Dirección Nacional de Migraciones sacó el primero de julio la Disposición N°2.229 sobre residencias precarias-, se mantenía a todas esas personas en la irregularidad, a pesar que estuvieran con patrocinio de la defensa pública en un trámite ajustado a derecho. Incluso la propia ley dice que ante la apelación se suspenden los efectos de la orden de expulsión, pero se negaban a dar una residencia precaria porque no había una Disposición que dijera que a estas personas se les podía dar. Se tardó diez años en contemplar esta situación y se hizo también porque se presionó mucho para que se le diera una precaria a los que están ejerciendo su derecho, cuestionando la orden de expulsión. Y no son solo los que tenían causa penal, también pasa-ba lo mismo por cuestiones de irregularidad migratoria. Otro problema importante, teniendo en cuenta además el marco de integración que se está construyendo en la región, es el del ingreso legal al país. Se exige para iniciar el trámite de residencia que se acompañe la constancia de ingreso legal al país, algo que no está ni en la Ley N°25.871 de Migraciones ni en el Decreto N°616 del 2010, reglamentario de la Ley. Esta exigencia está en la Disposición N°1.488 del 2010 que es la Guía de Trámites de MERCOSUR. En esa Guía dice que para iniciar el trámite se debe acompañar la constancia de ingreso al país, que debe estar cargada en el sistema Sadex expediente digital. Hay miles de casos que o la gente pierde la tarjeta de ingreso o el oficial en frontera gendarme no lo cargó en el sistema o entró en un momento donde el paso no estaba informatizado y

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eso se perdió, o sea que no hay un registro fidedigno. Entonces empezamos a destacar esto cuando fue la discusión sobre el decreto reglamentario y solicitamos que hubiera una cláusula especial específica para las personas de MERCOSUR que no pueden acreditar el ingreso. En la reglamentación del artículo 29 sobre “impedimentos” dice -cito textual- que “a los fines previstos en el artículo que se reglamenta por el presente, último párrafo, se tendrá especialmente en cuenta la situación de los extranjeros nativos de los Estados Parte del MERCO-SUR y Estados Asociados que puedan hallarse incursos en el impedimento previsto en el inciso i) del artículo premencionado.” El inciso i) del artículo 29 que hace referencia al ingreso al país eludiendo el control migratorio o por un lugar o en un horario no habilitado. Como diciendo, bueno, si venís de MERCOSUR y no podes probar el ingreso, te voy a dispensar. Y percibimos que eso no se aplica y es un punto muy importante porque justamente lo que plateábamos era que un gran número de personas provenientes de los países del MERCOSUR no tenían constancia de ingreso legal al país. Entonces, sigue habiendo casos donde se hace lo mismo que hace diez o veinte años, le dicen a la persona que salga y vuelva a entrar al país. Pero lo más importante, que es la cuestión de fondo, es que en realidad no hay prueba de que esa persona ingreso ilegalmente, simplemente la persona no puede acreditar que ingresó legalmente. Entonces si querés aplicar una sanción, se tiene que demostrar que la persona es culpable, no se le puede exigir a la persona que demuestre su inocencia, violaría el principio de inocencia. Como no se puede

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hacer eso, en lugar de dictarle la expulsión, se lo conmina a hacer abandono del país. Ahora si lees en el diccionario que quiere decir conmina-ción, es una amenaza, es similar. Se cambió el término, en lugar de ordenar la salida del país, se lo conmina a hacer abandono del país, y se lo conmina bajo apercibimiento de expulsión, es decir que se lo esta expulsando. Y el argumento para todo esto que me han dicho a mi, es algo así como que “nosotros tenemos abierta la puerta para que entren los migrantes del MERCOSUR, no queremos que entren por la ventana”. Y yo digo que no es que la gente entra por la ventana, muchas veces la puerta está cerrada, o el que está en la puerta es una persona que no tiene ganas de trabajar y dice pasá y no te sella el ingreso o vos ya ingresaste hace muchos años y no lo podes demostrar. Al final se logró ganar esa pelea, pero luego uno se enfrenta contra prácticas institucionales muy enquistadas que son difíciles de cambiar, más allá de la modificación de la norma. Vuelvo entonces a lo anterior que te decía, para mí esto tiene mucho que ver con este problema de la cuestión de la seguridad mezclado con la cuestión documentaria. Creo que la cuestión documentaria tiene que ir por un lado, la autoridad migratoria puede llevar una expulsión hasta el final pero eso no implica que se esté en irregularidad migratoria. No tenía sentido que se negara dar una residencia precaria durante el trámite de expulsión. Si lo único que eso iba a permitir es que durante el año o los dos años que dure el proceso, la policía no lo moleste y pueda trabajar. Una vez que haya cosa juzgada se tendrá que ir, si ese es el caso.

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Así que sigue existiendo una tendencia fuerte hacia la cosa más securitista que reaparece cada tanto. Por ejemplo hace un tiempo que percibimos casos donde se ha vuelto a aplicar la Resolución 1089 de 1985, la del falso turista, que para nosotros es una resolución completamente derogada por la Ley de Migraciones y su Decreto reglamentario. Si además los que son de MERCOSUR ya tienen criterio para radicarse por ser de MERCOSUR, ¿Cómo se le va a exigir la bolsa de viaje, que tenga dinero para ser turista, etc.? densidades: Claro, si ya sabe que va a venir a vivir sólo le queda hacer el trámite en el Consulado y no ingresar como turista y después hacer el cambio de categoría. Pablo Asa: Sí, pero es una opción. Si estamos hablando de un proceso de integración, tenemos que pensar en algo más ágil, porque tampoco es fácil llevarle esa información al migrante. Además la idea de la Ley es que se adapte a la realidad. Tenemos una migración histórica de países limítrofes, démosle un criterio de radicación, no la podemos transformar, van a seguir viniendo, bueno regularicémoslo, y esto es lo mismo, si sabés que la gente viene de esta manera, lo más sencillo es crear una categoría. densidades: Por ejemplo, cuando ingresa al territorio, en lugar de decir que viene como turista, que viene con la intención de radicarse. Pablo Asa: Claro, y se lo puede incluso intimar en la frontera a que defina si tiene intención de radicarse, y darle un plazo para que lo haga. Y después ahí si puede venir todo el procedimiento y la parte securitista en caso de no hacerlo, pero por

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lo menos le informaste debidamente en un idioma que podía comprender y le diste una oportunidad de radicarse. densidades: ¿Hay rechazos en frontera por estos motivos ? Pablo Asa: Sí, hay varios, lo que pasa que es pendular, según el momento es más frecuente, y también según las nacionalidades. Siempre pasó con ciudadanos colombianos, también con peruanos y también ha habido muchos casos de rechazo en frontera de ciudadanos bolivianos. Y creemos que esto atenta con esta idea de espacio ampliado que implica la integración regional. Entiendo que existe la figura del falso turista en la Ley, pero creo que en su aplicación debe primar el criterio de MERCOSUR, hay que ser más tolerante con su aplicación con los ciudadanos de los países del MERCOSUR. Vuelvo a lo mismo, a esta separación que debe existir entre la función documentaria y la de control, si para que la gente obtenga la identificación se la presiona con el aparato represivo, se genera que la gente no se acerque, evite el contacto con las instancias que son las que deben facilitar su regularización. Por eso digo que el aparato represor vaya por un lado y que el aparato documentario vaya por el otro. Incluso creo que no deberían existir las precarias, debería otorgarse directamente un Documento Nacional de Identidad, que podría tener una duración más acotada, hoy esto se puede hacer al haber digitalizado todo el procedimiento. Esto sería una mejora sustancial para aquellos que están afrontando un proceso de expulsión o aquellos que son peticionantes de refugio, que es todo otro universo

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donde también encontramos muchos problemas. Es fundamental para mejorar las posibilidades de conseguir trabajo, es mucho más difícil con una precaria, más aún si la persona está afrontando una causa judicial o si está solicitando refugio. Los empleadores por más que sepan que son personas en condiciones de poder trabajar de forma regular le huyen bastan-te a contratarlos. densidades: ¿Harían falta mayores y mejores campañas de información sobre los derechos de los migrantes? Pablo Asa: Sí, hay campañas muy fuertes para la regularización de los trabajadores, pero no enfocadas específicamente a migrantes. Y también falta muchas veces conocimiento en los propios agentes estatales que interactúan con los migrantes de la obligación de informarles de sus derechos. Por ejemplo, un caso puntual, hace unos días en el aeropuerto internacional de Ezeiza se encontraba un ciudadano dominicano que estuvo quince días detenido por una cuestión simple de irregularidad migratoria. Uno mira el expediente y dice bueno, pero tenía orden de expulsión. Ahora, ¿por qué tenía orden de expulsión?, porque tuvo un pedido de regularización que se lo cancelaron, lo intimaron a regularizase y nunca más se presentó, y ¿por qué no se presentó? Y ¿por qué no se presentó?, porque cuando lo intimaron no estaba el régimen especial para regularización de ciudadanos dominica-nos. densidades: No tenía criterio migratorio. Pablo Asa: Claro, no tenía criterio, se le venció el plazo y nunca más se pudo presentar, o no se enteró. Y ahora se

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presenta frente a la autoridad migratoria y ahí mismo se lo detiene. Si uno mira el procedimiento, por ejemplo, le dictaron la orden de expulsión y nunca le comunicaron que tenía derecho a defensa, que podía recurrir a la Comisión del Migrante del Ministerio Público de la Defensa que lo iban a patrocinar de forma gratuita, que se iba a poder impugnar esa orden, seguir adelante. Tampoco nadie le dijo, por ejemplo, que de acuerdo al criterio con que la Corte Suprema de Justicia falló el 23 de junio de 2009 en el caso I-Hsing Ni sobre carta de ciudadanía, con dos años de residencia, aún sin tener regularización migratoria, se puede obtener la ciudadanía. Se tiene que demostrar la carencia de antecedentes penales, dos años de residencia continua y algún medio de vida honesto, que no necesariamente es contrato de trabajo en relación de dependencia, puede ser trabajo por cuenta propia. Y este es un fallo cuyo criterio se está aplicando, pero a esta persona nadie le informó. densidades: ¿Cómo llegan actualmente la mayoría de los casos a la Clínica? Pablo Asa: Hay mucho de boca en boca entre migrantes que hemos atendido, recibimos muchas derivaciones de otras instituciones que trabajan en la temática. También nos llegan a través de organismos gubernamentales donde se les informa de este servicio o de los propios agentes que nos llaman para ver cómo solucionar problemas simples, porque se sensibilizan con alguna situación que ven y que quizás por una tontería no se puede resolver. Igualmente el grueso de casos que recibimos hoy afortunadamente ya no pasa por problemas con trámites migratorios, pasan más por temas como el acceso a

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vivienda, la posibilidad de realizarse trasplantes, algunos temas de acceso a salud, quedan algunos casos de expulsiones, etc. densidades: El ejercicio de los derechos a la seguridad social también es toda una problemática importante a nivel regional ¿no? Pablo Asa: Claro. Acá tuvimos el caso de la niña boliviana Daniela Reyes Aguilera, que presentó una solicitud para obtener una pensión por invalidez que fue rechazada en 2003 por la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales que, basándose en el decreto que reglamenta estas pensiones le exigía tener una residencia de 20 años en el país. Ese caso lo llevamos desde el CELS, impugnamos y lo ganamos con el fallo de la Corte de 2007 que obligó a otorgar la pensión. Tuvimos también un caso para la inclusión a la lista de espera para trasplantes de una ciudadana colombiana que también logramos ganar. Después está el tema de la adaptación de la normativa a los fallos que se van logrando que es otro proceso muy complejo. densidades: ¿En el tema de derechos políticos de los migrantes han trabajado? Pablo Asa: No desde la Clínica, pero sí es un tema que está en la agenda del CELS. La Clínica está orientada a la asistencia directa, las presentaciones, el acompañamiento y eventualmente algunos casos testigos, amicus curiae, cosas así. No podemos someter a los estudiantes a un trabajo que no tiene que ver con la práctica profesional de la abogacía, ellos tienen que estar asesorando, haciendo presentaciones, tomar vista de los expedientes, etc.

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Todo lo que implica construir una agenda de incidencia política, de incidencia pública, se trabaja desde el CELS. densidades: ¿Cuántas personas hacen la práctica en la Clínica? Pablo Asa: 20 por año, ya son trece años, han pasado muchos estudiantes. densidades: ¿Quedan conectados con la Clínica de alguna forma después de su paso por ella ? Pablo Asa: Hay de todo, hay un grupo grueso que pasa y hace una muy buena experiencia. En general creo que tiene un impacto fuerte en los estudiantes porque realmente los conmueve y les cambia la visión de las migraciones con la que vienen. Cambian su visión respecto del migrante, porque pueden interactuar con alguien, en principio distinto, con otras costumbres, y eso les viene muy bien, es un excelente experiencia para ellos. Pueden tener contacto directo con la persona migrante, que en general no tienen, y ver de forma directa cómo son tratados por algunas personas en algunas instituciones. Esto se puede ver en todos los ámbitos, porque realmente no tiene que ver con una institución en particular, tiene que ver con personas individuales. En algunas instituciones tiene que ver con una ideología un poco enquistada, pero en otra tiene que ver solo con personas individuales. Esto les choca y los moviliza a pensar cosas distintas, estrategias para enfrentar esto cuando por ejemplo van a tramitar un subsidio y viven la discriminación en carne propia. De todos los grupos que pasaron por la Clínica hay algunos que se quedan y siguen vinculados como docentes, y ya son como parte del plantel docente, y a

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otros cuando hay alguna oportunidad los contratamos en el CELS. A nosotros nos sirve para ir identificando algunas personas que pueden estar bien para un trabajo como este, que no es para cualquiera, por la intensidad que tiene y el grado de compromiso que implica. Entonces nos es muy útil para identificar personas que tienen cierta habilidad en esto de dar respuestas rápidas, de poder adaptarse rápidamente al contexto, de poder pensar primero en un tema de detención, después en un tema de salud, después en un tema de vivienda y después todo lo que tiene que ver con pensar estrategias, estrategias a corto, a mediano, a largo plazo, pensar en la articulación con otros actores. Es un laburo muy complejo el de las ONG, no es sencillo, y lo hacen contentos, vos ves que no están sufriendo con lo que hacen, están motivados, sienten que están haciendo algo útil y esos son los que generalmente terminan trabajando con nosotros. Desde hace un tiempo que la gran mayoría de los aboga-dos del CELS provienen del trabajo en las clínicas. densidades: ¿En la Clínica sólo hacen su práctica abogados? Pablo Asa: Sí claro, en lo que es estrictamente la Clínica Jurídica sí, pero se trabaja articuladamente con la gente de CAREF donde está el equipo de trabajo social. Eso es algo muy bueno, porque también son estudiantes algunos y hay trabajadores sociales, y vamos organizando el trabajo y repartiendo la intervención en cada caso, qué parte hace cada uno. Ayuda mucho la mirada de la gente de trabajo social en la formación de los estudiantes de la Clínica, en cuanto a la entrevista, a todo lo que tiene que ver en

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cómo relacionarse con la persona, de los compromisos que uno va generando. También hacemos un tipo de formación en lo que es entrevista narrativa, por ejemplo el tipo de preguntas que se hacen, no interrumpir el relato, tratar de no aparecer con el cuaderno de apuntes frente a la persona, cosas que generan distancia, cierta barrera, no tener un escritorio en el medio para la entrevista, son cosas que ayudan a generar un vínculo de confianza. Con el tiempo lo que termina dando algún tipo de resultado es que vos puedas construir una relación con la persona. Donde te mantenés distante, si sos un abogado y nada más que un abogado, es como que los casos no pueden madurar, sobre todo porque los casos son a muy largo plazo, un litigio en temas estratégico, como por ejemplo el de Reyes Aguilera fueron cinco años hasta llegar a la Corte, y todavía no logramos modificar la norma de pensiones. densidades: ¿Cómo siguió el tema? Pablo Asa: Se avanzó bastante, se está discutiendo en las áreas de desarrollo social un proyecto de modificación de la normativa. De hecho la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia nos apoyó mucho y generó un proyecto propio. Plantearon una alternativa muy interesante, sostuvieron que en lugar de modificar el Decreto reglamentario de las pensiones, podemos entender que ese Decreto está derogado por la Ley de Migraciones y que con un decreto nuevo podemos modificar todo el régimen, podemos modificar todo el sistema y los veinte de años de residencia como requisito lo podemos eliminar sin necesidad de una nueva Ley. También lo

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estamos discutiendo con la Cancillería a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y otro efecto importante fue que cuando se dictó la norma que creó la Asignación Universal por Hijo (AUH), el plazo de residencia se bajó a tres años. Y eso tenía que ver con el fallo Reyes Aguilera que habla de la exigencia de años de residencia y dice que un requisito menor a 20 años de residencia no sería una restricción irrazonable. Incluso uno de los votos del Fallo dice que si pusieran cinco años de residencia como requisito no sería inconstitucional pero que veinte años si lo es. Entonces al implementar la AUH se cuidaron y pusieron lo de los tres años de residencia. Está bien que después se piden tres años de residencia a partir de la fecha establecida en el Documento Nacional de Identidad, y ahí viene toda la discusión de inicio del trámite y del ingreso legal, porque la fecha de ingreso legal determina la fecha de la radicación. Entonces también hay un problema ahí. Pero la verdad que se avanzó muchísimo e imagino que tiene que haber una modificación a la norma pronto. Igualmente en la práctica, con presentaciones administrativas apoyadas por algunos organismos públicos, la Comisión le termina dando a la gente la pensión, porque también se la están dando a otros casos que no entrarían en la actual reglamentación del Decreto de pensiones, por ejemplo las personas portadoras de VIH a las que se les otorga una pensión por discapacidad, y así hay muchos supuestos no contemplados en la norma. Así que creo es cuestión de tiempo, no mucho, para que se modifique la normativa.

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densidades: ¿Existe a nivel regional alguna instancia de trabajo con clínicas similares en otros países? Pablo Asa: Hubo una Red que funcionó bastante bien hace unos años, que era la Red Iberoamericana de Clínicas Jurídicas. Se hicieron varios encuentros de intercambio que fueron muy productivos, en general viajaban estudiantes y profesores de las clínicas y hacían presentaciones de casos, intercambios de experiencias, funcionaba muy bien y en un momento se cortó. Creo que el último encuentro fue allá por el 2006 en Santiago de Chile. Y recién ahora se está intentando retomar ese marco, y estamos discutiendo con algunas universidades un estatuto de Red Iberoamericana y ahí estaría la Universidad Diego Portales de Chile, la Universidad Javeriana de Colombia, la Universidad Autónoma de México, nosotros con el CELS como Clínica Jurídica. Se hizo un encuentro en Colombia hace unos meses con la idea de impulsar la Red y comenzamos a discutir su estatuto. Estamos pensando también en generar un nuevo encuentro el año que viene, en Buenos Aires, pero de clínicas en general, no seria de clínicas de migraciones. densidades: ¿Y a nivel nacional hay en una red de clínicas? Pablo Asa: Durante varios años hemos fomentamos la creación de clínicas en Argentina. Se generó una en San Salvador de Jujuy, en convenio con la Universidad Católica de Santiago del Estero que tiene sede allí, y ahí hicieron la Clínica Jurídica de Derechos de Migrantes, una clínica interdisciplinaria, en convenio con la Fundación ANDHES que es una ONG

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que tiene mucho vinculo con el CELS. En Neuquén también fomentamos la creación de una clínica con la Pastoral Migratoria del Obispado de Neuquén en Convenio con la Universidad Nacional del Comahue, con la idea de que sea un ámbito interdisciplinario, que haya estudiantes de todas las disciplinas. También fomentamos la de Paraná, Entre Ríos, con la Universidad Nacional de Litoral. Allí fue fundamental la relación que teníamos con Gabriel Chausovsky, que era profesor titular de Derecho de la Extranjería en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, cátedra que él mismo había creado y que se comprometió mucho con la idea de establecer una clínica allí. Logró con las autoridades generar un convenio en el cual nosotros somos parte y ya está la clínica funcionando, tiene casos, hay un grupo formado, hay docentes, ya está institucionalizada. Estamos también impulsando una idea de abrir una clínica de Migraciones en Temuco, en Chile, vinculada con la cuestión del corredor binacional de la Araucania-Comahue, que es una cuestión bastante focalizada pero que tiene mucho que ver con esto de que las migraciones, o que el migrante en general, no es alguien que viene y se queda y ahí termino: sino que las migraciones son algo muy dinámico, uno va y viene, trae a alguien de su familia, vuelve, y tiene un hijo acá y otro allá, trabaja un poco acá, después trabaja un poco allá, hago aportes acá, etc. Toda esa riqueza y complejidad del fenómeno migratorio es muy clara en este corredor, donde los pueblos se comunicaron antes de la creación misma del Estado argentino y el Estado chileno. Lo mismo sucede en la frontera de

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Argentina con Bolivia, en Jujuy. densidades: Ahí aparece claramente lo contradictorio con un proyecto de integración regional que es el discurso securitista acerca de la supuesta permeabilidad de las fronteras. Pablo Asa: Claro, es además donde más se ven sus efectos nocivos. De hecho las fronteras con todas sus instancias de control que se instalan alrededor del puesto fronterizo terminan un poco destruyendo a los pueblos, generando algo muy nocivo en términos de integración. Por eso creo que hay que pensar por un lado la frontera, esta de la línea y el punto que tiene un sentido en lo político, en lo estratégico, pero después habría que buscar algo superador. Creo que los problemas de seguridad obviamente tienen que ser resueltos por las agencias de seguridad y el poder judicial, pero me parece que los proble-mas de seguridad son de la línea para adentro, en el lugar de control -si bien está toda esta idea de la zona de seguridad, de la zona de excepción- creo que es muy poco lo que se puede prevenir en cuanto a delito. Por ejemplo en términos de drogas, si uno mira cuánta droga se incauta en la frontera, es mínima en términos de impacto de la que se incauta en territorio. Son unos pocos kilos contra toneladas. No digo, repito, que no sea necesario el control, el tema es que no tenés unos recursos ilimitados. Entonces con esos recursos limitados tenés que poner la fichas en los lugares que sea más efectivo, si vos pretendés controlar a toda la población, vas muerto, sos Estados Unidos, vas a poner los millones de dólares que pongas y no vas a controlar nunca al delito y lo

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único que vas a hacer es generar redes de ilegalidad y enriquecer a las que ya están. El tráfico de migrantes se genera como gran negocio cuando las fronteras se endurecen, ahí aparecen los traficantes: donde no hay fronteras duras no hay un negocio armado alrededor de hacer cruzar a la gente la frontera. Pero bueno es algo muy fuerte que viene de larga data y que es difícil de cambiar, cómo pensar de forma diferente a la frontera ¿no? densidades: Sigue siendo el lugar físico donde el Estado puede ejercer todos sus atributos de poder de forma directa y con muy pocas limitaciones. Es desde las instituciones de la integración regional de donde debería partir la construcción de una visión distinta de la frontera y su control. Pablo Asa: Exactamente, cambiar la frontera es uno de los mayores desafíos para la integración regional. La frontera tiene que cambiar, para eso hay que tratar de construir argumentos. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con organizaciones del norte y del sur de México, tratando de apoyar, desde nuestra experiencia en litigio estratégico, las acciones legales que inician estas organizaciones, en un contexto realmente terrible, en fronteras durísimas. La idea es tratar de impulsar que se hagan planteos sobre determinados temas y una de las cuestiones que queremos impulsar es la de los estándares en frontera, cómo ciertos estándares de derechos humanos también son aplicables en frontera. Lo que queremos demostrar es que la frontera debería ser un lugar más bien vinculado a identificar personas necesita-das de protección internacional, no solo peticio-

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nantes de refugio o víctimas de trata. Y también hay una idea que tiene que ver con que el tema de la frontera tiene que pasar no necesariamente por autoridades policíacas, puede pasar por autoridades civiles, los civiles pueden perfectamente hacer controles. El problema es que si vos ponés autoridades policíacas en el lugar de la frontera, es muy difícil que detecten casos de personas que necesitan algún tipo de protección. Y este es un tema fundamental para poder cumplir cabalmente con los objetivos de la ley, que es la capacitación del personal que está en frontera, sobre todo de las fuerzas de seguridad. Esto nosotros lo conocemos bien de cerca, porque venimos haciendo capacitaciones hemos llevado acabo capacitaciones sobre migraciones y derechos humanos desde la reforma de la Ley, y hemos trabajado con el personal de Gendarmería Nacional, de Prefectura Naval, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, etc. Y teníamos, sobre todo al principio discusiones fenomenales. Y sucedía algo muy curioso, que era que cuando hablábamos de derechos humanos no había acuerdo, en temas migratorios no había acuerdo, pero cuando hablábamos de refugiados, todos pensaban parecido. Había una sensibilidad mayor sobre esa población migrante en particular y un consenso sobre la necesidad de su protección. Y otra cosa que nos llamaba la atención era que el personal de las fuerzas de seguridad de rango superior conocían perfectamente toda la regulación acerca de refugio, sabían exactamente todos los supuestos, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, las declaraciones, la ampliación, la Declaración de Cartagena

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sobre Refugiados de 1984, conocían todo el marco. Ahora, el personal de los rangos inferiores que estaban en los puestos fronterizos, que tenía que estar en el puesto de control, no conocían todo ese marco, no sabían cómo actuar. Entonces, por eso decimos que tenemos que empezar a trabajar en estándares. Obviamente no vamos a eliminar la frontera de un día para el otro, ni el puesto de control no lo podemos sacar de un día para el otro, pero podemos empezar primero a elevar los estándares de debido proceso, de derecho a la información, la consulta con un abogado por ejemplo, la transparencia, la participación de agencias civiles, o de la sociedad civil incluso en las fronteras es importante. Y tenemos que trasladar esas competencias de control a organismos civiles en toda la región. Si tu deber es la protección y tenés a la integración regional como objetivo, eso tiene que ser algo puesto en manos de organismos civiles. densidades: En ese sentido en Argentina se avanzó mucho pasando la mayoría de los pasos fronterizos a control civil, mientras en la mayoría de los países de Latinoamérica siguen teniendo el control en manos de fuerzas de seguridad. Pablo Asa: Sí, lo de Argentina está muy bien, aunque también fue producto de la necesidad de trasladar a todas esas fuerzas de seguridad para destinarlas a operativos específicos. No me pareció algo muy planificado, más bien lo vi yo como algo bastante improvisado. Pero más allá de cómo se dio es un avance importante. Y también es muy importante si estamos hablando de integración y tenemos que

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pensar en la región. En estos temas, Brasil, o Chile, por ejemplo, tienen una deuda muy importante. densidades: Ahí también está el tema de la reciprocidad que es tan importante para poder darle viabilidad política a avances en estos temas. ¿Cómo ves a los otros países de la región en comparación con lo que se ha alcanzado en la normativa argentina? Pablo Asa: Para nosotros es fundamental que los demás países de la región que están comprometidos en un proceso de integración alcancen las reformas normativas que logró Argentina o Uruguay. En ese sentido, nosotros tenemos un objetivo estratégico en cuanto a la región, que es impulsar las reformas migratorias en Brasil y Chile para construir un bloque común con legislaciones en sintonía, que abarcaría Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Creo que eso empujaría a los otros países, que están más retrasados, a avanzar en la reforma de sus legislaciones. En Chile hubo un proyecto muy malo en el anterior gobierno que por suerte quedó en la nada, pero la idea ahora es volver a discutir los proyectos, por estas cosas también es tan importante para nosotros poder llegar a contar con una clínica amiga allá. En Brasil participamos mucho en toda la discusión que ha habido de reforma de la norma migratoria. Hay una representante del CELS en Brasil que participó de toda la Comigrar (la 1ª Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio) que se realizó este año, elaboramos un documento, leímos el anteproyecto de ley, le hicimos un montón de observaciones, estamos muy atentos a los avances que se puedan dar en Brasil, porque son fundamentales

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para la región. Sabemos que Paraguay se está planteando también la reforma de su ley que es muy restrictiva. Ecuador que había avanzado con la nueva Constitución, no reflejó esas mejoras en la ley migratoria. Venezuela avanzó pero todavía tiene una legislación bastante restrictiva, aunque tiene algo muy bueno que es que no contempla la detención por irregularidad migratoria. Ni hablar de Colombia que de las más duras. Hace poco participamos en un amicus curiae, en una demanda de inconstitucionalidad que se presentó contra la ley migratoria colombiana y fue rechazada. La demanda se refería a la condición jurídica de los migrantes, porque la ley actual prácticamente no le da condición jurídica al migrante irregular es casi como una no persona, hay una situación grave, no es titular de derechos directamente. Y por supuesto ni hablar de Centroamérica, pero bueno ahí ya excederíamos el MERCOSUR. densidades: Hoy no hay un espacio dentro de las instituciones de integración regional existentes para la discusión y participación de las ONG que trabajan la problemática migrante, ¿esto es un objetivo para ustedes? Pablo Asa: Yo te diría más bien que hoy nuestro esfuerzo -más allá de hacer el seguimiento de todas las instancias regionales donde se trabajan los temas que nos interesan- está dirigido a construir una serie de puntos comunes a nivel regional que puedan ser impulsadas por todas las organizaciones que trabajan en la temática, más allá de las enormes disparidades en objetivos y acciones que existen entre todas las organizaciones.

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Alcanzar a tener como una base común, y a partir de eso construir. Y creo que alcanzamos a avanzar un poco en ese objetivo en el Encuentro Regional sobre Políticas Públicas, Migración y Derechos Humanos que organizamos en junio. Fue parte del resultado de ese evento, que tenía como uno de sus ejes centrales construir esa base común. Alcanzamos ciertos acuerdos acerca de algunos temas en los cuales se tiene que avanzar en la región. Por supuesto el tema de las reformas migratorias, algunas cuestiones de no detención, de no criminalización de la migraciones -más orientadas a Centroamérica y El Caribe pero que también se podrían aplicar acá-, y después el tema que surgió con mucha fuerza -que tiene directamente que ver con avanzar en la integración regionales el ejercicio de los derechos sociales, seguridad social, salud, trasplantes, vivienda. Todo lo que es derechos sociales es el desafío más grande para la integración regional, principalmente por el grado de desarmonía que hay en las distintas legislaciones. Las grandes diferencias que hay en los sistemas de salud por ejemplo, también en algo tan básico como el sistema de identificación de las personas, son obstáculos muy grandes para llegar a alcanzar estándares comunes. Lo primero que deberíamos plantearnos es en avanzar en un sistema común de identificación. El MERCOSUR tendría que invertir para que todos los países tengan un sistema seguro, ágil, y que dé garantías de validez a todos los países. Otro tema muy importante es la armonización de los sistemas penales, régimen procesal penal y sobre todo el régimen de extradiciones. Hay que lograr un mecanis-

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mo que te permita, por cuestiones de seguridad, que las personas que están en el MERCOSUR puedan de alguna manera ser puestas a disposición de los tribunales por los que sean requeridos y eso se tiene que facilitar a través de acuerdos o armonización de legislaciones. Y por supuesto el tema de la seguridad social, teniendo en cuenta además que un gran porcentaje de trabajadores migrantes trabaja en el mercado informal o de forma no registrada, por más que hayan obtenido la regularidad migratoria. Los índices de informalidad en la región siguen siendo son muy altos. Pero además pasa que un trabajador que se encuentra regularizado, que tiene un trabajo registrado, hace aportes, y después vuelve a su país y esos aportes no cotizan para su jubilación. Ahí es importantísimo que se amplíe el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR, que es un gran avance, y que se pueda concretar otros instrumentos como el Iberoamericano. Hay que ver eso y hay que ver todos los derechos sociales, las pensiones por vejez, por discapacidad, hay que armonizar todas las legislaciones, va a llevar un montón de tiempo, hay mil desafíos, no sé realmente dónde estamos. Parece que estamos en foja cero como decimos los abogados, pero ese el camino claramente. densidades: Muchas gracias por tu tiempo.

Osvaldo Andrés García y Luciana Littero, Buenos Aires, 4 de septiembre de 2014.

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acciones Oitava Capacitação Regional de Mercocidades Ronaldo Lopes Garcia A Rede Mercocidades, criada para favorecer a participação das cidades na estrutura do MERCOSUL, realizou de 1° a 5 de setembro, na cidade de Porto Alegre, a 8ª Capacitação Regional de Mercocidades para a Formulação e Gestão de Projetos. Desta capacitação participaram 18 representantes de organizações sociais e governos locais provenientes de Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Um dos principais objetivos do evento era o de possibilitar que os representantes dessas organizações fossem capacitados e assessorados para a formulação de projetos regionais ou com enfoque regional, em três temáticas prioritárias: Integração Produtiva Regional, Integração Fronteiriça e Cidadania MERCOSUL. Nesta instância presencial, realizada em Porto Alegre, contamos com a participação de docentes e palestrantes que

representavam a institucionalidade do MERCOSUL através da Unidade de Apoio à Participação Social do MERCOSUL e do Instituto Social do MERCOSUL, a academia, com equipe de pesquisadores provenientes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especializados na Gestão do Ciclo de Projetos e a Secretaria Técnica Permanente da Rede Mercocidades. Os projetos apresentados para esta Capacitação contemplavam diversos subtemas como o desenvolvimento sustentável, inclusão social, integração fronteiriça, participação cidadã, integração produtiva regional, desenvolvimento econômico e turismo. Esses projetos terão um acompanhamento virtual por três meses, para que possam ser consolidadas, em forma de projetos, as idéias discutidas durante a Capacitação. Dois projetos foram apresentados pela cidade anfitriã, Porto Alegre, que tam-

Psicólogo pela Pontificia Univerisdade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS). Secretário de Gestão Adjunto da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Membro da Secretaria Executiva da Rede Mercocidades.

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bém é responsável pela Secretaria Executiva de Mercocidades, em 2014. O projeto do Gabinete de Inovação e Tecnologia (Inovapoa) trata sobre o fomento da gestão de resíduos eletrônicos economicamente viáveis, ambientalmente responsáveis e socialmente justos. Pela Secretaria do Trabalho e Emprego (SMTE) seu projeto tem como objetivo a formação de uma rede de projetos para diversificar a economia das regiões Arquipélago, Cristal e Extremo Sul. Dentre as atividades realizadas na Capacitação, destacamos as oficinas destinadas à conceitualização e formulação de projetos e à metodologia de planejamento de forma participativa, sob a coordenação de Fernanda Mora, consultora de Mercocidades; a oficina destinada a análise da integração regional no âmbito do MERCOSUL, contou com a participação de Mariana Velazquez e de Mayki Gorosito, pela UPS. Já Mariano Nascone, pelo ISM, apresentou as formas de inclusão social no Mercosul. Pela Secretaria Técnica permanente, Jorge Rodriguez abordou temas como o papel institucional do Mercosul e da Mercocidades e Sabrina Crovetto, destacou a importância da política de comunicação da Rede. Na oficina sobre gênero e políticas públicas, a cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi apresentado estudos de gênero abordando as práticas políticas e ação para a cidadania, as contradições nas políticas públicas e os avanços no sistema de medidas para superar a discriminação contra a mulher. Nas atividade e debates entre os grupos de trabalho, durante a capacitação, foram

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destacadas a importância da participação da sociedade civil nos processos de integração regional, enfatizando-se que essa integração está ligada à qualidade democrática das sociedades em nossos países, e, que a sustentabilidade dos processos integração regional não pode ser entendida apenas como os acordos comerciais ou como assinaturas de atas e tratados internacionais. Essa integração regional deve ser assegurada com a livre circulação de pessoas e com projetos que reflitam, na prática, as diretrizes e eixos políticos da Mercocidades, como o do turismo sem fronteiras, produto que vem sendo articulado por cidades vinculadas à Rede, como Montevideo, Porto Alegre, Buenos Aires e Punta del Este, visando com essa integração regional, a superação das barreiras geográficas e alfandegárias entre nossos países e a livre circulação entre as nossas diversas regiões. Outro fator destacado nos debates desta Capacitação se refere a importância da dimensão social da integração regional e suas implicações no campo das políticas públicas concebidas e aplicadas no MERCOSUL, as quais refletem diretamente na vida das pessoas que vivem em nossos países e moram em nossas cidades. Se faz necessário ao MERCOSUL, atenuar as assimetrias no bloco e a articulação de políticas comuns para a efetiva integração de cadeias produtivas e a promoção de uma agenda social efetiva. Há necessidade de estimularmos uma reflexão sobre o papel do FOCEM (Fundo para a Convergência Estrutural do MERCOSUL) instrumento para combater desequilíbrios regionais e fortalecer mecanismos de promoção ativa densidades nº 16 - septiembre 2014

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do processo de integração, haja vista que os municípios, pelo processo de descentralização, são cada vez mais demandados na prestação de serviços para as suas comunidades, sem as contrapartidas necessárias dos governos nacionais. Ainda que, para atender suas demandas, os governos locais procurem estabelecer parcerias público-privadas e de cooperação entre municípios, através de redes de cidades, é imprescindível que recursos financeiros no MERCOSUL, através do FOCEM, possam ser disponibilizadas para que os municípios implementem ações visando a coesão e a inclusão social, através do desenvolvimento social, de modo especial em áreas da fronteira, assim como a execução da prestação de serviços como de atenção à saúde, de qualificação de trabalhadores e de redução da pobreza e do desemprego, em suas localidades. Essa visão social que se deseja para o MERCOSUL, demonstra a necessidade de uma maior flexibilização em suas relações com os governos locais, haja vista que os financiamentos de seus projetos devem ter impacto significativo não apenas no desenvolvimento ou no incremento da competitividade mas, também, no estímulo à coesão e à inclusão social nas comunidades dos Estados membros e suas cidades. Para que isso ocorra, é preciso que o Bloco amplie a interlocução com os governos locais, através da Rede Mercocidades, que representa os municípios pertencentes aos países que integram o MERCOSUL, para que esta seja a porta-voz das demandas locais, através do FCCR, dentro das instâncias orgânicas do

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MERCOSUL, por exemplo. Certamente, essa interlo-cução cada vez maior do MERCOSUL com os movimentos sociais e com os governos locais, será fundamental, para a formata-ção de uma nova identidade do MERCOSUL, tornando-o cada vez mais social, inclusivo e participativo. Consequentemente, cada vez mais democrático na sua relação com a cidadania e com os governos, sejam eles nacionais ou locais. Esta 8ª Capacitação é resultado do esforço de muitos anos da Rede Mercocidades, de sua equipe e de instituições parceiras, que juntos, possibilitam a realização de atividades de qualificação de agentes dos governos locais e das organizações da sociedade civil, visando a construção de políticas públicas inclusivas e participativas desde o nível local para o regional. Esperamos que governos locais e as organizações da sociedade civil que estiveram conosco, em Porto Alegre, tenham se apropriado de conteúdos e possam alimentar dentro dos seus contextos locais as experiências vividas nesta capacitação, juntando-se aos demais parceiros que passaram por IN, e que desde os seus territórios contribuem para a construção da integração regional, com a implementação dos seus projetos, os quais geram políticas e iniciativas conjuntas entre os atores do MERCOSUL e de Mercocidades. Por isso, contem sempre conosco, desde Porto Alegre. Estamos de braços abertos para a integração regional.

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Alguns projetos selecionados para 2014: Municipalidad de Cerrito Transferencia de tecnología al ámbito agropecuario a través del intercambio de productores y técnicos entre las ciudades de Cerrito, Brasil y Cerrito, Argentina. Ya que ambas son ciudades que cuentan con un desarrollo agropecuario que es sostén de su economía y tienen características similares. Municipio de Santa Fe Creación de un banco de información, experiencias y buenas prácticas en materia de atracción y promoción de inversiones productivas. El trabajo se desarrollará en conjunto con las ciudades brasileñas de SãoPaulo y Porto Alegre. CEPAD (Centro para la participación y el Desarrollo Humano Sostenible) “Misiones Jesuíticas de Sudamérica como destino Turístico Internacional en el MERCOSUR”. El objetivo es dinamizar el nivel de integración regional entre las ciudades fronterizas de los países del MERCOSUR a través de la dinamización turística e intercultural de las Misiones Jesuíticas de Sudamérica como eje de integración y de desarrollo económico regional. Municipio de Jaboatão dos Guararapes Proyecto de escuela de tiempo completo para jóvenes de 12 a 17 años de las comunidades más pobres de la ciudad de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Con el objetivo de mejorar su rendimiento educativo, mejorar su acceso a la práctica deportiva, cultural y el acceso a las nuevas tecnologías, buscando reducir su vulnerabilidad social.

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Facultad de Derecho de Santa Maria Transformar el proceso constitucional en una realidad de igualdad para hombres y mujeres es un desafío para gobiernos y sociedades de América Latina. En Brasil, apenas el 8,6 % de los puestos legislativos son ocupados por mujeres. Y se encuentra en el puesto Nº 129 en el ranking de participación política de las mujeres de 189 países investigados. (información de la Organización Internacional de los Parlamentos). El proyecto plantea realizar rondas de charlas en tres escuelas de enseñanza básica de las ciudades de Santa María, Rio Grande do Sul (Brasil), Colonia (Uruguay), Asunción del Paraguay; e Independencia (Venezuela). CORFAL (Corporación de formación laboral al adolescente) El proyecto involucra a las ciudades fronterizas de Arica, Chile y Tacna, Perú. A partir del proyecto ya realizado con financiamiento de la CAF, llamado “Por la Integración y cultura de paz, promoviendo las buenas prácticas en las zonas fronterizas de Arica y Tacna”, que consistió en una instancia de reflexión, encuentros y coordinación con autoridades, pobladores, docentes y estudiantes de las ciudades mencionadas. Reforzando así el mensaje de integración y cultura de paz para propiciar un cambio social en dónde tanto peruanos como chilenos puedan resignificar la historia y reorientar las dinámicas relacionales. Los ejes temáticos a abordar son: política gubernamental, educación y desarrollo comunitario. Centro Social Mujeres Maulinas Debido a un estancamiento de la particidensidades nº 16 - septiembre 2014

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pación ciudadana en los últimos 4 años en el municipio de Maule (Chile)el proyecto esta dirigido a realizar capacitaciones, evaluación y certificaciones a los actores sociales comunitarios integrando el trabajo intersectorial tripartito (sociedad civil, organizaciones privadas sin fines de lucro y estado). Dejando así instalados los dispositivos comunitarios para activar dicha participación en el territorio, a través de la Ley de Participación Ciudadana N°20.500. El objetivo general es generar herramientas para que las organizaciones sociales logren el empoderamiento y el control ciudadano sobre las políticas públicas, reformas y cambios estructurales de nuestra región, tanto en las instituciones públicas como en las privadas. Tierra Nueva El proyecto de la Organización Tierra Nueva, (Asunción del Paraguay) tiene como objetivo general contribuir al control de la corrupción y la promoción de la integridad por medio de la incidencia ciudadana y la instalación de mecanismos de control ciudadano, transparencia, y rendición de cuentas. Promoviendo la formación cívica de la ciudadanía, en lo concerniente al impacto de la corrupción en la calidad de vida, así como en los mecanismos y herramientas para reducirla. Y la creación de capacidades en el ejecutivo municipal y la junta para brindar mecanismos que permitan mayor incidencia y control ciudadano. Municipalidad Metropolitana de Lima La Quinua puede desempeñar un papel importante en la erradicación del hambre, la desnutrición y la pobreza. Ante el desafío de elevar la producción de densidades nº 16 - septiembre 2014

alimentos de calidad para alimentar a la población del planeta en un contexto de cambio climático, la quinua aparece como una alternativa para aquellos países que sufren de inseguridad alimentaria. El proyecto propone revisar la identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para el desarrollo del cultivo de quinua en la región. Determinando las principales estrategias para lograr ser el primer productor y exportador de quinua en el mundo. Plantea además la creación de la Comisión Regional para la producción e industrialización de la quinua y del clúster de la quinua en la región sur. Municipalidad Metropolitana de Lima Construcciones térmicas para las poblaciones ubicadas en las zonas andinas, altiplánicas y por encima de los 1000 mts. Sobre el nivel del mar. Las mismas carecen de los recursos económicos y tecnológicos necesarios para enfrentar el problema, sumado a la falta de políticas públicas sociales y de buena administración de los recursos. Con el objetivo general de mejorar la calidad de vida de los pobladores que anualmente son gravemente afectados por la ola de frío. Y los resultados de reducción considerable de la mortalidad infantil, tasas de deserción escolar, casos de enfermedades e infecciones respiratorias, aumento de la calidad de vida y uso óptimo de la energía renovable. Liceo y Municipio de Aiguá Promover el desarrollo turístico de Aiguá, Departamento de Maldonado, articulando los recursos que la zona brinda. Iniciativa que se coordina con departamentos vecinos, pertenecientes a

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la zona este de Uruguay (Lavalleja, Rocha y Treinta y Tres) mediante la implementación de rutas, circuitos, que permitan fortalecer una propuesta turística innovadora promotora de actividades productivas características de la región, propuestas históricas culturales y que posicione la región este de Uruguay como destino turístico. A nivel de integración regional, esta propuesta forma parte del Proyecto Capitales Gauchas/Rotas Tche. Amigos del viento Amigos del viento forma parte de “la red global de organizaciones de la sociedad civil para la reducción de desastres” con más de 500 miembros en 120 países. El nodo regional del sur, involucra a Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Bolivia, Chile, Venezuela y Uruguay. El crecimiento de la población y la desigualdad humana han incrementado la vulnerabilidad de la sociedad y el ambiente. La adopción de estrategias eficaces de prevención permite el ahorro de recursos económicos y de vida humanas. La propuesta es apoyar el fortalecimiento del nodo regional del sur, propiciando la articulación entre los municipios, gobiernos locales y las Osc's que forman parte de la red global, articulando con redes existentes y sumando organizaciones para consolidar estrategias de promoción de una cultura de prevención. Gobernación del Estado Bolívar El proyecto consiste en asistir en materia de protección civil, prevención y manejo de situaciones de riesgo o siniestros colectivos a las poblaciones fronterizas de Santa Elena de Uairén (Venezuela) y Villa de Pacaraima (Brasil).

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Con el fin de garantizar el derecho a la seguridad civil de ambas poblaciones y la búsqueda de acercar lazos de cooperación y hermandad entre ambos pueblos. Ambas poblaciones han tenido un auge de desarrollo vertiginoso a partir de la activación de Venezuela en el MERCOSUR, sin embargo aún falta por consolidar los servicios públicos en general. Gobernación del Estado Bolívar La construcción de espacios físicos para la instalación de una segunda línea productiva de granitos Bolívar, que incluye una planta procesadora de granitos. Esto garantizará el procesamiento continuo de material para implementar la capacidad instalada de producción de láminas de granito, que permita satisfacer la demanda actual del mercado nacional e internacional. Con esta acción se elevará el nivel de vida de la población, porque los cantereros del estado de Bolívar tendrán mayor acceso a la materia prima, considerada anteriormente un lujo para ellos. También generará empleo para la masa obrera, operadores de equipos y maquinarias, además de funcionarios para el área administrativa. Fundación Aborigen Desarrollo socio económico interterritorial a través del fortalecimiento de mipymes de producción y/o prestación de servicios de turismo presentes en rutas y/o zonas de turismo convencional y no convencional vinculantes entre países miembros del MERCOSUR. A través de la identificación de factores vinculantes que promuevan el fortalecimiento operativo y de calidad en la producción y/o prestación de servicios, procurando densidades nº 16 - septiembre 2014

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el desarrollo funcional permanente de una red de cooperación e integración productiva entre las mipymes involucradas, como medio para fomentar el desarrollo socio económico de zonas bajo condiciones de vulnerabilidad, exclusión y superación de asimetrías sociales. Últimas propostas selecionados pelo projeto de Mercocidades, Inovação e Coesão Social Projeto Construindo a mudança juntos, por uma sociedade integrada. Coordenado pela Prefeitura uruguaia de Colônia. Esta iniciativa será implementada nas cidades de Colônia, San Isidro (Argentina) e Pergamino (Argentina). Seu objetivo geral é o fortalecimento das capacidades da Sociedade Civil e dos Governos participantes; promovendo seu empoderamento, sua capacidade de articulação, proposta e implicação, no desenho e implementação das políticas públicas descentralizadas no território, com ênfase nas mulheres e nos jovens com enfoque de gênero. Projeto Fortalecimento de Jovens empresários, empreendedores e micro e PMES, para melhorar sua capacidade de comercialização desde modelos de Gestão Associada. Coordenado pela Cooperativa de Trabalho Generar Limitada. Este empreendimento favore-cerá a região noroeste da Província de Tucumán. Seu objetivo geral é fortalecer aos jovens empresários, empreendedores e micro e PMES de municípios urbanos da grande San Miguel de Tucumán e rurais do vale Intermontano, favorecendo o desenvolvimento socioeconômico dos territórios e um impacto direto no incremento da

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produção, da comercialização e da rentabilidade. Projeto SE te ama, NÃO te machuca. Campanha regional de luta contra a violência de gênero. Coordenado pela Municipalidade argentina de Pergamino, e implementado em 4 Mercocidades. Tem como objetivo geral contribuir para a incorporação da luta e da prevenção contra a violência de gênero nas políticas públicas locais referidas à juventude, mediante ações conjuntas e coordenadas dos membros da Unidade Temática de Juventude de Mercocidades.

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lecturas América Latina TIEMPOS DE VIOLENCIAS Waldo Ansaldi y Verónica Giordano (coordinadores) Mariana Alberto, Luciano Alonso, Mara Burkart, Lucrecia Molinari, Inés Nercesian, Pablo Ponza, Martín Ribadero, Gina Paola Rodríguez, Julieta Carla Rostica, Lorenza Sebesta y Lorena Soler ISBN: 978-987-1496-89-1 362 pp.

Ed. Ariel Buenos Aires, junio 2014 http://www.paidosargentina.com.ar difusion@areapiados.com.ar

Alfredo Pucciarelli: Bueno, tengo que arrancar. Si tengo que arrancar estoy obligado a celebrar, celebrar por este libro. Amigos, compañeros, es un libro que uno lo celebra por dos razones: primero porque el libro es bueno. Realmente, léanlo porque es buenísimo. Creo que tiene muchas cosas interesantes. Celebro la aparición de un buen libro sobre un tema poco tratado, pero además

de ser un tema poco tratado, es un tema tratado de un modo diferente en este libro. El libro también me parece que a está a la altura de los acontecimientos de nuestra vida académica, que es un síntoma de una nueva realidad en el mundo de la academia. Quizás es el resultado no solamente del esfuerzo de los autores, de los coordinadores y de todo el mundo, sino que también me parece que hay que

Presentación realizada por Alfredo Pucciarelli, Verónica Giordano y Waldo Ansaldi, el día 3 de septiembre de 2014 en la sede del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires.

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América Latina. Tiempos de Violencias, de Waldo Ansaldi y Verónica Giordano (coordinadores)

empezar a verlo como el resultado del funcionamiento de un modo de hacer las cosas en la Argentina, que como siempre es atando las cosas con alambre. Es decir, es tratando con ingenio y con muchas ganas de resolver todas las restricciones que siempre se tienen en Argentina para hacer un montón de cosas. Nosotros somos de la generación que vino con muchas ganas de laburar y contó con muy pocos medios, casi ninguno. En ese contexto, con el apoyo de la Universidad primero y el CONICET después, inventamos, me parece a mí, un modo de organizar las entidades científicas, por lo menos en nuestra disciplina, que es la de trabajar con muy pocos recursos materiales y nada más. El otro día, siempre cuento esta anécdota, una compañera mía recibió un premio, la saludé y cuando me contestó me dijo “y pensar, profe, que esto empezó hace 20 años en el hall de su casa”. Así hicimos las cosas, en el hall de nuestras casas, en los boliches y en alguna aula que de vez en cuando conseguíamos en la facultad. Pero armamos equipos de investigación, produjimos áreas de especialización, creo que formamos bastante cantidad de gente y creo que estamos ya hoy en condiciones de celebrar eso. Que si bien en la Argentina no hay un sistema científico como todo el mundo sabe, con un poco de apoyo de las instituciones hemos sido capaces de producir ciencia. Y este es el ejemplo, y este es además un ejemplo más de un montón de un grupo grande que hemos venido amontonando durante los años. Así que pongámonos contentos también, porque tenemos una nueva realidad en la cual este libro y el

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trabajo del equipo se inscriben. Esa es la celebración. Ahora, uno sabe que el mejor homenaje que le hace a un libro, cuando lo lee, no es contarlo, sino plantear cuáles son las cosas que le han provocado reflexiones que están o que no están planteadas. Entonces, yo voy a tratar de establecer un equlibrio de habar del libro y hablar de algunas de las cosas que me hizo pensar este libro. En primer lugar, quiero destacar y no porque sea amigo mío, que realmente es otra cuestión, el trabajo teórico me gustó mucho. Me gustó porque hay una intención, también, de una cosa nueva que está ocurriendo, me parece que está ocurriendo en Argentina, que es la recuperación de viejas ideas que fueron arrinconadas por el aluvión neoliberal, la teoría de la modernización, etc., etc., etc. Hay muchas cosas que son valiosas y que va a haber que empezar a revalorizarlas, a ponerlas en valor como se dice ahora. Hay que volver a ponerlas en valor y volver a ver si son verdaderamente instrumentos analíticos que nos sirven para pensar mejor la realidad. Pero además de pensarla mejor, pensarla de un modo diferente. Todo el mundo sabe la deriva que ha habido en la Argentina, en el mundo, pero en Argentina en particular en las ciencias sociales en estos últimos años, que es el vaciamiento de ideas, de intentos de comprensión. Fueron teorías que apuntalan a la descripción y subordina-ron el análisis, subordinaron los enfoques. Lo que me gustó del trabajo teórico que plantea Waldo en la primera parte del libro, es el intento de pensar la cuestión de la violencia, que de eso se trata, rescatando densidades nº 16 - septiembre 2014

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tres teorías y un enfoque. Y es algo nuevo, que no solamente está en el artículo de Waldo, sino que está también como trasfondo analítico en la mayoría de los trabajos que uno lee como estudios de caso de América Latina. Waldo pone sobre la mesa otra vez, la teoría de las dos violencias, algo que fue explícitamente liquidado en los últimos años. La teoría de que no es posible pensar la violencia o las formas de violencia que ejercen los sectores populares, sin inscribirla dentro de un clima de violencia que está generado por la mecánica lógica de la reproducción de los sistemas de dominación. Donde hay dominación, hay contradicción, donde hay contradicción hay conflicto, donde hay conflicto hay búsqueda de soluciones, en la búsqueda de las soluciones hay distintos tipos de instrumentos. Lo que sabemos es que el siglo pasado en América Latina es un siglo de violencia y contraviolencia todo el tiempo. Me parece que hay que volver a plantear el tema, tanto la violencia de los sectores populares como de la forma de respuesta o las iniciativas que se han tomado del lado de los sectores dominantes. Primera cuestión, muy buena esta idea de volver a utilizar esta idea de las dos violencias como criterio analítico para pensar qué pasó en América Latina en el siglo pasado, y básicamente qué pasa hoy donde aparentemente ese fenómeno de violencia contra violencia no está presente, habría que ver qué es lo que está funcionando. Esa es otra de las reflexiones que me planteó el libro. La otra cuestión es también muy útil para pensar la violencia en aquella época densidades nº 16 - septiembre 2014

pero básicamente para pensar dónde estamos parados hoy, es la reivindicación del doble contenido que tiene la violencia, el contenido de violencia en los cuerpos y la violencia con su dimensión simbólica como violencia de las conciencias, como forma de articular subjetividades. Esta idea de que no se puede pensar ningún proceso violento, ninguna iniciativa violenta, nada que tenga que ver con la violencia de ningún tipo sino tiene que ver con los procesos de construcción de subjetividades. Aun las formas más extremas de la violencia militar, que podríamos llamar la teoría del foco en los sectores populares, es incomprensible si hay una teoría de que en realidad la revolución no se hacía ni con el foco ni con la lucha violenta, sino con el cambio de subjetividades en la cual la violencia estaba utilizada como un medio. Entonces hay que volver a plantear otra vez, pero también plantearlo al revés. Así como creo que plantea Waldo, que hay que plantear ver la doble dimensión de la violencia, violencia física y violencia subjetiva, hay que pensar al revés dentro de la no violencia subjetiva, qué grado de violencia está funcionando en la actualidad. Este es otro de los temas interesante que me generó la lectura del libro. La otra cuestión también interesante es el de abrir analíticamente esta idea del uso de la violencia. Es decir, hay una violencia política, pero hay una violencia institucional. La violencia está ínsita en el modo de gestionar el orden social, no solamente de restablecerlo en situaciones de emergencia social o de grave conflicto social, sino un orden social que funciona

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porque hay una institucionalización de la violencia. La forma como se institucionaliza la violencia, como se articula con la violencia política y como se articula con la violencia subjetiva, nos dan las formas, los regímenes de violencia como dice un autor de uno de los artículos. Los regímenes de violencia son parte de los regímenes sociales y que hay que desentrañar como mecanismo de reproducción, de cambio o de resistencia al cambio. Así que todo eso me parece fantástico. Y el mayor desafío me parece que es, lo que yo diría, la cuarta propuesta del artículo de Waldo, que es pensar todas estas reivindicadas formas de análisis de la violencia dentro de un contexto que a su vez, es más complejo, más amplio, más problemático, en el contexto de la lucha de clases. Volver a plantear los temas específicos de la reproducción social en función de una dinámica que le da sentido, la de la lucha social, es un desafío, en mi opinión, monumental. Yo no sé si vos pensás de la misma manera, pero a mi se me pone la piel de gallina cuando digo “lucha de clases”, porque lo que está contenido en ese concepto son una serie de implícitos que es necesario ir abriendo y analizando, evaluando cuántas cosas se pueden pensar a partir de esta idea. Y en ese sentido a mi me parece que la mejor manera de abordar este enfoque, de estas formas de la violencia dentro de una confrontación pensada como confrontación de clases sociales, me parece que es muy útil volver a Gramsci, pero también ahí volver a Gramsci de un modo diferente, no volver a Gramsci a ver cómo funcionan las categorías que él

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enunció, porque las categorías que enunció no forman parte de una teoría y han sido suficientemente articuladas como para que abran proyectos de mirada. Son orientaciones, son modos de organizar una mirada, pero una mirada no es nada más que eso, una mirada. Entonces, yo creo que hay que tomar cada una de esas categorías y abrirlas. Abrirlas quiere decir encontrar las dimensiones analíticas que nos permitan pensar la realidad desde esa mirada, pero con las nuevas subcategorías que se insertan dentro de esta. Es un camino muy fructífero que en cierta medida desarrolló Laclau para sacar algunas conclusiones que uno puede compartir, otros no, pero me parece que ese es el camino. Es decir, yo volvería a tratar de ver cómo el tema de la violencia se inserta dentro de una teoría más compleja de la hegemonía. Me parece que ese es el camino. Bueno, otra cosa. Esta idea de las dos violencias me da la sensación de que recorre casi todos los artículos del libro, más allá de que esté planteada expresamente como tal. Esta idea de la violencia puntual, pensada como violencia contextual, me parece que le da el carácter específico que tiene el elemento común que tienen los distintos estudios de caso sobre las experiencias de cambio y de transformación que se intentaron en el siglo pasado. Para nosotros que casi vivimos esas experiencias es un recordatorio que nos asombra y nos duele. Nos asombra mucho por todo lo que se hizo, pero también nos duele mucho por todo lo que se perdió. Porque de alguna manera en cada uno de los artículos hay un densidades nº 16 - septiembre 2014

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raconto histórico de una historia, yo diría para decirlo usando poco tiempo, hay una especie de saga, no una historia sino una saga, una cantidad de acontecimientos que uno los puede encadenar como parte de un proceso de frustración de las experiencias de desarrollo y consolidación de experimentos democráticos y populares, que fueron en casi todos los casos sistemáticamente liquidados por el uso de la violencia. Ahí hay una violencia institucional, política y militar articulada, que no vamos a discutir aquí, que fue realmente exitosa para impedir que muchos años atrás se pudieran consolidar cosas parecidas, relativamente parecidas, a las experiencias que hay hoy en América Latina. Entonces, este es un problema bastante serio. Yo diría que violencia contra violencia, quienes estuvimos involucrados con las aspiraciones populares perdimos. Perdimos en serio y de distintas maneras. Y perdimos en relación con distintas experiencias. Entonces, claro, esa evaluación más o menos esta hecha, más o menos se sabe por qué perdimos. Se sabe porque (y este es un tema que me importa, si tuviera un cachito de tiempo podré meterlo en la discusión que tenemos hoy), porque efectivamente el control y el monopolio de la violencia, en este caso era violencia institucional por parte de los organismos del Estado, fue siempre mucho más grande y mucho más eficiente que lo que pudieron generar los sectores populares. Esa es una historia, pero la otra también es porque yo creo por ahí que no se ve demasiado que esta relación de la violencia con la conciencia, en esta relación también nos ganaron la densidades nº 16 - septiembre 2014

batalla. Yo creo que cuando los movimientos populares utilizaron violencia para generar conciencia y esa conciencia que generaron fue, o lo suficientemente débil o fue lo suficientemente fragmentaria o fue lo suficientemente incompleta para que la contraviolencia pudiera actuar del modo que actuó. No solamente como diríamos en la calle, zafando la coyuntura, sino generando verdaderos procesos contrarrevolucionarios. Este es un tema muy importante y así no se lo ha abordado mucho. Lo que se critica es el modo en que se utilizó la violencia, el modo violencia contra violencia, pero no violencia como parte del proyectos políticos que la incorporaron mal, yo a veces diría, y pronto. Mucho antes de que quienes podrían ejercer violencia estuvieran en condiciones subjetivas de soportarla. Bueno, esto lo podríamos ver en cada una de las cosas tan lindas que aparecen en los distintos artículos, en el caso colombiano con Gaitán, el tema de la discusión en el MIR, todo el tiempo, reforma-revolución, reforma-radicalización, acuerdo-no acuerdo, toda esa discusión cómo se combinaban las distintas variables, digamos agrega luz al conocimiento de esas experiencias. Es evidente que esas experiencias del triunfo de la contraviolencia, o la violencia de los sectores dominantes en el siglo pasado, llegó a un punto de agotamiento aparentemente. Entonces, discutir sobre la violencia en esos términos parecería ser, yo creo que uno tiende a convencerse, de que forma parte del

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pasado, que es otra época. No es una nueva etapa de la misma época, sino es otra época y ahí aparece otra vez el tema de Gramsci y la hegemonía. Hay una nueva forma de darle capacidad de reproducción a relaciones sociales de dominación existentes, que no se basa en el uso, ni de la violencia institucional ni de formas de violencia popular, ni de formas de contraviolencia gubernamental. Los conflictos, si existen, se están procesando de una manera diferente. Entonces entramos en otra etapa en la cual nos tenemos que preguntar si la violencia que caracterizó el siglo pasado, ya no está porque no es necesaria o ya no está porque se produjo una terrible derrota y ya no hay desafíos que llevan hacia el uso de la violencia y necesitan lo de la contraviolencia. Aunque uno podría decir por la experiencia que tiene en el siglo pasado, que confrontaciones como las que hoy se viven en la Argentina, aún no siendo violentas, no hubieran sido soportadas por los sectores de la clase dominante. Entonces, yo creo que lo que hay es el agotamiento de la violencia sobre los cuerpos. La violencia sobre los cuerpos ya no genera conciencia, ya no genera consenso, ya no es medio adecuado para garantizar formas de reproducción. Pero lo nuevo es que quienes ejercieron esa violencia sobre los cuerpos, ahora están ejerciendo, no le voy a llamar violencia a propósito, están incidiendo sobre la sociedad de un modo diverso. Están incidiendo sobre las conciencias. Así como en aquella época, y se ve en los artículos, toda pelea era qué recursos tenemos para utilizarlo como contravio-

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lencia, la gran pregunta de hoy es ¿cuál es el recurso o los recursos que tienen los sectores dominantes para sostener el status quo sin ejercer la violencia? Ahora, esos recursos ¿son violentos? ¿son violentos y cambiaron de forma de violencia? Hay un sesgo, una tendencia a pensar la violencia como parte de las relaciones simbólicas. Hay violencia, por ejemplo, en la campaña del Grupo Clarín que tiene que ver con mentir, tergiversar, incidir sobre las conciencias con una capacidad que no tienen otros y que le permite violentar. Le permite ejercer arbitrariamente su poder de formación de conciencia. Si suponemos que eso es cierto, ¿cuáles son las formas de contrapoder que tenemos nosotros para neutralizar o para colocarnos en el campo de batalla en el cual nos están llevando, el ejercicio de estos nuevos modos de violencia? Bueno, esa ya es una pregunta apasionante, es un tema que corresponde a otra discusión pero me gustaba y tenía ganas de plantearlo porque efectivamente es el producto de esta reflexión de la lectura de un buen libro que realmente aprecio y que me ha gustado mucho poder comentar. Así que le agradezco mucho a los autores. (Aplausos). Verónica Giordano: Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Alfredo, la verdad que fue un placer haberte escuchado, incluso tomamos apuntes. Realmente la pregunta que coloca Alfredo en su reflexión, en su lectura del libro, es una pregunta acerca del presente y una pregunta acerca del futuro, por lo menos del futuro más inmediato que los latinoamericanos tenemos adelante en el

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marco de una coyuntura en la cual muchos de los arreglos estatales y expresiones de gobierno, que generan expectativas en América Latina, hoy están dando un giro por presiones ajenas a estos gobiernos o por tensiones internas de ellos mismos, que están anunciando un clima de incertidumbre, por lo menos en lo más inmediato, y entonces, la verdad es que me llena de satisfacción que el libro pueda generar una pregunta de estas características. Una pregunta que esté ubicada en el presente y que esté buscando con cierta vocación predictiva, o de diagnóstico o de análisis de coyuntura, respuestas para los problemas que nos preocupan de hoy para adelante. Creo que en ese sentido el libro cumple la lectura que hace Alfredo, uno de sus objetivos más importantes, que es interrogar el pasado, para encontrar claves para entender el presente. Algo que repetimos junto a Waldo y gracias a Waldo, desde hace muchos años quienes participamos de sus equipos de investigación y que nunca terminamos de calibrar hasta dónde es una frase que uno repite en el aula, porque es marketinero en algún punto entender la historia de esa manera, o hasta qué punto efectivamente como intelectuales que somos nos preocupa el presente. Y en lecturas como la de Alfredo se pone de relieve esta vocación que tenemos, vocación sincera y apasionada de buscar en el pasado las claves que nos lleven, no solamente a entender el presente, sino a vivir mejor y a imaginar escenarios mejores para vivir nuestro presente. Así que en principio agradecer la intervención de Alfredo y una cosa más que quisiera agregar densidades nº 16 - septiembre 2014

respecto del libro, antes de pasarle el micrófono a Waldo, que tiene que ver con el título que elegimos Tiempos de violencias, porque justamente puede parecer, como liviano o de sentido común decir que la violencia no es una sola, que hay varias formas de violencia, pero insistir con esto en el título es ofrecer de entrada, de movida desde la tapa, una puerta de acceso a un pensamiento que, coincido con Alfredo, coloca la cuestión de la violencia en una perspectiva que es por lo menos, original y necesaria, porque efectivamente cuando la violencia sobre los cuerpos deja de ser la violencia propia en nuestro tiempo, la interrogación acerca de qué otras caras puede tener esa violencia que en el pasado conocimos como violencia sobre los cuerpos, es una pregunta que nos puede conducir a explicaciones y a soluciones para algunos de los problemas más acuciantes. Alfredo hacía referencia a Clarín y a la situación de Argentina, pero seguramente en cada uno de los países de América Latina, tenemos estos poderes concentrados que están desafiando a las proposiciones más progresistas o más afincadas en la voluntad de un cambio con inclusión de sectores históricamente postergados. Entonces el libro, insiste mucho en los plurales, insiste en el plural de la temporalidad, que el tiempo no sea solamente el pasado, que sea el presente y también el futuro. Insiste en el plural del concepto de violencia para prestar atención a aquellas formas de violencia de las clases dominantes que de manera más velada van marcando una senda, en la que los latinoamericanos muchas veces terminamos en callejones sin salida o en

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callejones de la muerte. En ese sentido, el acento que ponemos en la década del ‘50 tiene que ver con empezar a destapar algunos de esos velos que ocultan momentos de suma violencia. Que fueron transcurriendo en la historia de modo tal que lo que se hizo más visible, que fue la confrontación de los años ‘60, opacó estos indicios que en los años ‘50 fueron cercando el camino hacia soluciones que terminaron en verdaderas derrotas populares. Y también es un plural el libro en cuanto a los autores que participamos de él y del equipo que trabaja de la mano de Waldo en este libro. La mayoría de los autores que están compilados en este libro formamos parte de un equipo de trabajo que Waldo fue formando a través de los años y en ese sentido creo que también es motivo de celebración la pluralidad de voces y la pluralidad de perspectivas que hay adentro de este libro. Donde nos caben reflexiones sobre la violencia desde aspectos más teóricos, hasta el humor gráfico, procesos resagados en las historias de América Latina, por lo menos en la historia de América Latina vista desde el Cono Sur, como Guatemala y El Salvador, trabajos con el de Martín Ribadero, sobre intelectuales o el de Pablo Ponza (cuando me refería al humor gráfico hacía referencia al trabajo de Mara Burkart. Cuando me refería a El Salvador, me refería al trabajo de Lucrecia Molinari, Guatemala Julieta Rostica, y Colombia, Paola Rodríguez y después Inés Nercesian, Lorena Soler y Verónica Giordano (quien les habla). Lorena ocupándose de la violencia en Paraguay,

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una reflexión sin duda necesaria en una América Latina que olvida a Paraguay sistemáticamente, Inés Nercesian con su tesis monumental comparativa sobre los orígenes de la lucha armada en Chile, Uruguay y Brasil, que fue como un mojón importante para poder reflexionar sobre la violencia, porque a partir de las reflexiones de Inés se dispararon muchas de las ideas que están contenidas en el trabajo y que fueron compartidas en sucesivas reuniones periódicas de intercambio de ideas, en el marco del proyecto del cual el libro es el resultado. Así que celebro estos plurales, y le paso el micrófono a Waldo. (Aplausos). Waldo Ansaldi: Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí, por compartir este momento, gracias Alfredo por tus generosas palabras, serás bien recompensado al final de la sesión. Fíjense qué interesante que en comentarios previos se habló de la temporalidad, pasado, presente y futuro. Y la mesa es expresión de eso, porque tenemos una generación del pasado, con Alfredo, una generación intermedia, que es Verónica y la generación del futuro que somos que los jóvenes que venimos a comenzar a transitar este camino. Efectivamente como recordaba Verónica, a mi me gusta mucho utilizar esa metáfora de que quienes nos preocupamos por el pasado en realidad lo hacemos con la misma tesitura que los psicoanalistas, buscar en el pasado claves explicativas del presente, porque queremos que el futuro sea diferente. Y acá se trata de una reflexión, retomo lo de Alfredo, que es efectivamente una

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reflexión sobre una brutal, monumental derrota. Sobre la cual además muchos no quieren volver a hacerse cargo, o si ustedes revisan la ya profusa literatura que hay sobre el período de los ‘60 y los ‘70, pero en realidad esa profusa literatura no tiene ninguna reflexión sobre la violencia política y específicamente la violencia política armada, en un modo de resolución de los conflictos. Con la excepción de Colombia, donde hay mucha reflexión no sólo sobre lo que ha ocurrido y está ocurriendo, sino procurando dar explicaciones sobre particulares, que nosotros no hay memorias de militantes, hay recuerdos de operativos de acciones, de cómo se formaron ciertas organizaciones, cómo se desarrollaron, cómo fueron derrotadas pero no hay una reflexión sobre por qué en una determinada coyuntura, buena parte de las sociedades latinoamericanas optaron por la violencia política armada como un modo de resolución del conflicto. Muchos de los que fueron partícipes, si no sujetos activos por lo menos acompañaban pasivamente la opción por la violencia política armada, después de la derrota renegaron terriblemente de ella. Y renegaron de dos maneras: una, ninguneando, es decir ignorando que la violencia fue un dato de la realidad y que como tal merecía ser examinada, eso se borró. Y la otra, creo que es más grave todavía, adjurando de la convicción o de la idea que la violencia es un componente de la vida política aún en democracia. Y que más tarde o más temprano, la apelación a la violencia aparece como un dato inexcusable, como un motivo de densidades nº 16 - septiembre 2014

reflexión absolutamente imprescindible, aunque más no sea para tratarlo en el plano estrictamente de las ciencias sociales. La violencia es un dato de la vida cotidiana y la violencia en democracia tiene una particularidad, que como es ejercida por el Estado, nunca es expresada como violencia. Aparece como coerción, como coacción, pero nunca como violencia. Y este no es un dato menor, el sentido o el uso que le damos a las palabras se vuelve relevante en muchas ocasiones y esta es una de ellas. A nosotros nos interesaba, y en mi caso particular, porque con excepción de mi querida amiga Lorenza que está aquí acompañándonos y yo somos los que tenemos un poco más de años, ya que el resto del equipo nació a finales del período del ejercicio de la violencia y se socializaron ya en democracia. En consecuencia su vivencia de la violencia política es distinta. En cambio para los que cargamos un poco más de años, la reflexión sobre la violencia es una reflexión también sobre nuestra propia historia, sobre nuestra propia vida y el compromiso que tuvimos, y el modo en que se enfocaron las cosas en una coyuntura muy especial de América Latina. Entonces, reflexionar sobre la violencia no es reflexionar sobre algo abstracto, es reflexionar sobre un contenido concreto de la historia de América Latina, en un momento muy especial de ella y cuya proyección en el presente todavía está opacada. Por eso la necesidad de reflexionar acerca de ¿por qué la generalización de la violencia? ¿Por qué en algunas sociedades, y la sociedad argentina en particular, muchos olvidan

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que a fines de los años ‘60, comienzos de los ‘70 del siglo pasado las organizaciones guerrilleras tenían un alto consenso popular? Mucho más pasivo que activo, pero es cierto que acompañaban el crecimiento y aplaudían las operaciones distintas que se hacían. Yo creo de una gran inteligencia del general Lanusse, inteligencia que no muchos le reconocen, y que convengamos bastante excepcional en los militares argentinos, era que la única manera de terminar con la violencia política en el país, era permitir aquello que había generado la violencia, que era el libre juego de las instituciones de la democracia liberal, especialmente la posibilidad de que el peronismo volviera a la competencia electoral, y su líder, le diera o no el cuero, viniera a participar de la vida política. Y eso cambió completamente el panorama político. Cambió completamente la coyuntura. Si esto ocurrió en Argentina y en otros países ocurrió con otras características, y además tensionada por una serie de cuestiones que nosotros vamos a explorar en el nuevo proyecto de investigación que estamos trabajando que va a continuar esto, que es la violencia en el mundo rural, específicamente. La violencia en el mundo rural tiene algunas expresiones, algunas manifestaciones, algunas experiencias que son realmente formidables no sólo de analizar, sino para extraer conclusiones acerca de esto, ¿por qué en determinado momento, hombres y mujeres deciden que la única manera de resolver los conflictos es en apelación a la violencia armada? Guatemala, Colombia, Perú, para citar solamente tres casos,. Un caso como el de Guatemala tan ignorado

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en el Cono Sur, pero el caso del ejercicio de la violencia más brutal por parte de la violencia estatal que se ha cometido en América Latina. Una guerrilla que nace indígena-campesina y que tienen una deriva porque buena parte de la dirección no indígena, no tenía cabal concepción de los que eran los pueblos indígenas. Procedían de la misma manera que los enemigos, con un razonamiento de inferioridad. Y eso no es un dato menor. O la violencia de Sendero Luminoso en Perú, difícil de entender desde muchas perspectivas. Entonces, hay una serie de cuestiones que fueron dejadas de lado, con este asunto de renuncia a la reflexión sobre la violencia, porque la violencia rememora la derrota y rememora la herida, como dirían los antiguos griegos, por qué recordar aquello que nos hace llorar, por aquello que nos causa dolor. Sí, hay que reflexionar justamente sobre eso, porque si no se reflexiona sobre eso, no podemos entender por qué la historia ha seguido la deriva que ha seguido. Para nosotros era un desafío importante desde muchos puntos de vista, esto de volver a poner en el tapete un tema que había sido una práctica política generalizada en América Latina, que no había sido objeto de reflexión y cuando uno recuerda o revisa la documentación existente, tampoco había sido objeto de mucha reflexión por quienes habían optado por la violencia política como un modo de resolución del conflicto. La certeza de que no había otro camino, era una certeza generalizada, y no es que hubiese una idea errónea de esa concepción, era una idea correcta. Después viene

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toda la discusión acerca de esto, como señalaba Alfredo recién, acerca de si estaban dadas todas las cuestiones subjetivas para que la violencia pudiera ser asumida colectiva-mente como la forma de resolución del conflicto. La cosa que siempre es importante tener en cuenta en nuestro campo, lo que son condiciones de posibilidad y condiciones de realización. Y América Latina de los ‘50, de los ‘60, de los ‘70 del siglo pasado, había muchas condiciones de posibilidad para el ejercicio de la violencia, la empiria lo prueba. En cambio, había muchas menos condiciones de realización para que esa violencia llegara a destino, y fíjense ustedes Centroamérica ofrece un caso bien interesante, porque hay una experiencia exitosa, la de Nicaragua, hay dos experiencias derrotadas, la de El Salvador y la de Guatemala, en un momento en el que en América del Sur como decía Norbert Lechner, se había pasado de la revolución a la democracia, no sólo como campo de reflexión teórica para las ciencias sociales, sino también como un campo de acción de la política cotidiana. Y muchos colegas centroamericanos y algunos sudamericanos exiliados en Centroamérica, decían que había allá una contraposición entre una Centroamérica revolucionaria con un Cono Sur que había olvidado todos los principios revolucionarios y adscripto a políticas reformistas o a la democracias demoliberales, etc. Entender ese debate es también entender cómo la violencia podía generar este tipo de situaciones en las cuales, triunfando en un caso y derrotado en otro, pero en todo volvía a densidades nº 16 - septiembre 2014

poner un problema que ahora lo tenemos mucho más claro, para el caso centroamericano, a partir del excelente trabajo de Edelberto Torres-Rivas ¿cómo construir democracia en un contexto de guerra civil? Que es una coyuntura, para nosotros absolutamente desconocida, porque en nuestros países, los del Cono Sur, la constitución del proceso democrático o de la democracia pos dictadura, no se dio por la vía de una guerra civil, sino por la vía de la caída de las dictaduras por diferentes motivos. Por colapso como en Argentina y en Bolivia, o por esa convergencia entre luchas populares y presión externa como en el caso de Brasil, de Uruguay y Chile, donde por otro lado eso generó también transiciones pactadas de muy larga data, de muy larga duración. Es un caso muy interesante cuando analiza los procesos de transición, como lo primero que aparece a veces negado otras veces explícito, es que el proceso de transición a las democracias supone toda renuncia a cualquier forma de violencia. Pero además, en la mayoría de los casos, supone un manto de olvido sobre el ejercicio de la violencia de los que ejercieron las dictaduras. El caso excepcional que es el de Argentina tiene su deriva, ustedes saben, cuando aparece la Ley de Obediencia debida y la del Punto final, pero el caso argentino fue excepcional y aún así esa excepcionalidad no permitió o no generó una reflexión sobre la violencia. Ahora, para nosotros era importante de analizar esto desde la otra perspectiva, que es la menos transitada, porque cuando uno hace referencia a la violencia política armada de los años ‘60 y ‘70 del

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siglo pasado, inmediatamente el interlocutor piensa en la violencia de las organizaciones revolucionarias y no se piensa en la más brutal violencia que es la violencia estatal. Si uno revisa cuidadosamente todas las acciones represivas a lo largo y ancho de toda América Latina, no hay ningún operativo de violencia revolucionaria, incluyendo la desviación de Sendero Luminoso, que sea tan brutal como la violencia estatal. Entonces, este es un dato más que significativo. Y en algún lugar donde hay una continuidad del ejercicio de la violencia, como es el caso de Colombia, no casualmente cuesta tanto generar un proceso de paz, porque hay sectores muy interesados en seguir aplicando la violencia, porque además es un negocio o está vinculado con grandes negocios. ¿Por qué es importante que haya paz en Colombia hoy? Y porque tienen que operar las grandes transnacionales, en los recursos petrolíferos, en la expansión de la frontera agrícola hacia la amazonia. Eso requiere paz o por lo menos, no violencia. Pero al mismo tiempo, hay quienes con el ejercicio de la violencia hacen negocios. Y hacen negocio en el sentido literal de la palabra. Entonces esto nos parecía que es algo que es una deriva sobre la cual se piensa menos. Bueno, uno puede decir si pero eso es en el caso excepcional de Colombia, sí, puede ser, porque Colombia también tiene un caso también excepcional de muy larga duración de apelación a la violencia. Es previa al resto de América Latina. Pero si uno repasa la geografía política de América Latina de los años ‘50 y ‘60, ¿cuándo, dónde y cómo apareció la violencia? ¿En respuesta a qué situación?

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Fíjense ustedes qué interesan-te que es el caso de Chile, en Chile donde la idea de la violencia estuvo presente sobre todo en el trienio de la Unidad Popular, pero estuvo presente de un modo abstracto. Los únicos que aparecían más o menos vinculados a la posibilidad de ejercicio de la violencia, eran los del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario). Pero el MIR chileno nunca se planteó efectivamente la constitución de una organización político militar, que pudiera hacer frente a una embestida de la derecha del país. Y cuando la derecha embistió, enfrente no había nada. Y esa violencia de la derecha chilena, fue mucho más brutal que la de la izquierda, incluyendo la izquierda chilena que era con todo la menos violenta, si no en toda, en buena parte de América Latina. En Uruguay ocurre algo parecido pero con características diferentes, porque en Uruguay la guerrilla sí generó una organización político militar. Ahora, fíjense qué interesante, circula por ahí un video documental, un mediometraje, donde hablan varios de los dirigentes tupamaros, que son el Pepe Mujica, su esposa, Fernández Huidobro y algunos otros, y todos ellos concluían en el mismo diagnóstico, que en realidad ellos habían constituido una organización político militar, para que operara como defensa de la clase obrera en momentos que las conquistas de esta iban a ser conculcadas, que es lo que ellos veían como lectura de la coyuntura de la crisis Uruguaya de los años ‘60. Nuestro problema fue que crecimos rápidamente, lo que era una prueba de éxito, y en esa prueba de éxito estaba su fracaso. ¿Por densidades nº 16 - septiembre 2014

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qué? Porque la capacidad de reacción de las fuerzas armadas fue superior a la suya. Entonces, decían no recuerdo si el Pepe Mujica o Fernández Huidobro: “en el momento que nuestro diagnóstico se hizo realidad, nosotros habíamos sido derrotados y no pudimos salir a apoyar a la clase obrera en su lucha contra la dictadura que estableció Bordaberry”. Es toda una perspectiva distinta a este proceso que complejiza la manera en que es necesario analizar este período tan intrincado de la historia de América Latina, que me parece que merece ser revisado. Alfredo lo planteó muy bien, nosotros estamos tratando de recuperar un conjunto de conceptos, de categorías, de modos de analizar la realidad que se perdió en esta cosa de los ‘90, que ha sido fatal, las décadas del ‘80, la del ‘90 son décadas perdidas no sólo en la economía, en el campo de las ciencias sociales son de una pérdida brutal, porque ha habido la renuncia a la capacidad de explicar. Cuando uno lee lo que se produce en ciencias sociales, y no solo en Argentina, en toda América Latina, mayoritariamente, análisis micro, descripciones, empirismo, positivismo, llámenlo como quieran. Pero todo eso es incapaz de hacerse una pregunta: ¿por qué ocurrieron estas cosas?. Y esta renuncia a reflexionar sobre nuestro pasado tan doloroso, tan brutalmente derrotado. Yo creo que es una tarea urgente, es intelectual y políticamente urgente. Y entonces, el libro está pensado en el sentido de aportar a un debate que nos parece, nos merecemos los latinoamericanos y nosotros los argentinos. Nos merecemos los latinoamericanos porque densidades nº 16 - septiembre 2014

tiene que ver con algo que pudo haber sido y no fue, pero también que pone de relieve de nuevo una cuestión sobre la que tampoco se quiere reflexionar que es: ¿qué va a pasar con la violencia de aquí en más? Porque la violencia existe con independencia de que quienes apelan a ella estén pensando que es la única forma de salir del conflicto. ¿Cuánto tiempo más pueden persistir estos procesos en los cuales el intento de resolución de los conflictos se hace por la vía pacífica? ¿Cuánta capacidad tienen las democracias realmente existentes de aguantar el reclamo creciente de las demandas populares? ¿En qué momento va a reaparecer la violencia? La violencia estatal, la violencia paraestatal. Yo no tengo ninguna duda que eso efectivamente va a ocurrir y no va a ocurrir de la misma manera que en el pasado, la historia no se repite. Pero la violencia es un elemento constitutivo no sólo de las sociedades, sino del Estado, particularmente del Estado. Ahora se habla de violencia institucional, fíjense ustedes que es muy interesante, porque se habla de violencia institucional para hacer referencia al gatillo fácil, a los excesos de la policía, etc. Es la única expresión que aparece dentro del lenguaje estatal o paraestatal, como violencia. Y hay otra violencia, que está ínsita con eso, que es también una violencia estatal, que es la violencia silenciosa que se ejerce todos los días dentro del sistema penitenciario. Esta es también una forma del ejercicio de una violencia estatal, solamente que poco se habla porque se ve todavía menos que la otra. Cuando se piensa en la represión de las manifestaciones, en la

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América Latina. Tiempos de Violencias, de Waldo Ansaldi y Verónica Giordano (coordinadores)

contención de las manifestaciones, la posibilidad de la apelación a la violencia también está. O cuando un secretario de seguridad piensa que hay que deportar a los extranjeros que vienen a delinquir, estamos viendo también la cuestión de la violencia en un plano muy relevante, más violencia simbólica, si se quiere, que violencia física. Pero una manera de tratar al otro, al diferente, mediante un ejercicio de violencia. Todo esto, me parece, es parte de un conjunto de cuestiones que nos parecía y nos sigue pareciendo, de relevancia para investigar y nuestra aspiración, además de continuar con nuestros propios proyectos, es que el libro pueda servir para abrir un debate que nos parece absolutamente relevante, si es que reflexionar sobre el pasado de una sociedad tiene algún sentido. Y yo creo que sí, lo tiene no sólo porque de eso vivimos, sino que también porque eso es lo que permite ir modelando los imaginarios sociales, las representaciones colectivas, como ustedes quieran llamarle a las formas en las que las sociedades van construyendo su futuro, su presente y su futuro, y en construcción en la cual lo que pasó y dejó de pasar en el pasado es relevante, más allá que hoy todas las cosas parecen ser tan efímeras que lo único que interesa es el presente. Nosotros reaccionamos contra ese tipo de posición y tratamos de reivindicar una perspectiva analítica que mire en la larga duración, que piense en el coeficiente histórico de lo que se ha ido acumulando como proceso y que muestre hacia delante qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, porque finalmente

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nuestra perspectiva, si nos asumimos como intelectuales no puede ser otra cosa, otra perspectiva, que la perspectiva crítica. La crítica del poder, del poder establecido pero también de los que quieren ser poder. Entonces eso pone en un plano de altísima responsabilidad y obliga a una reflexión lo más seria posible, estemos acertados o estemos equivocados. Si estamos acertados, fantástico, si estamos equivocados la equivocación saldrá del debate, de la confrontación, algo que entre nosotros lamentablemente no está presente. Pero, como dijo Alfredo el libro es muy bueno, vale la pena leerlo. Muchísimas gracias. (Aplausos).

Nota: Desgrabación y edición realizada por densidades, sin la supervisión ni corrección de los expositores y organizadores. J.G.

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academias Centro de Integração do MERCOSUL Universidade Federal de Pelotas Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil Na cidade de Pelotas, por iniciativa da Universidade Federal de Pelotas, foi criado o Centro de Integração do MERCOSUL, fundado em 29 de novembro de 1995, pelo professor Antonio Cesar Gonçalves Borges desenvolvendo ações voltadas para a integração e, por questões geográficas, priorizando o MERCOSUL. A fundação deste Centro como órgão suplementar da UFPel, tem o ideal de potencializar e atuar no revigoramento dos vínculos que ligam a Universidade Federal de Pelotas ao MERCOSUL e aos blocos econômicos a nível local, regional, nacional e internacional. O CIM prioriza sua atuação na metade sul do Rio Grande do Sul, a partir de atividades que valorizem o potencial da sociedade local e da própria UFPel, através de atividades que contribuam na formação de uma consciência favorável à integração. Objetiva, também, ser um ponto de referência no apoio e busca de informações que sejam de utilidade em todos os segmentos da universidade e na comunidade em geral. A integração regional do CIM surge no momento em que são assinados diversos convênios, nos mais variados campos,

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como: social, econômico, cultural, científico, tecnológico e de formação intelectual, com universidades dos diversos países do MERCOSUL e países associados. Esses convênios mostram o diferencial da UFPel na questão de integração, pois a partir deles todos os segmentos da comunidade acadêmica tem a oportunidade de desenvolvimento intelectual em outras universidades, de outros países, dando forma, assim, ao processo de integração das universidades conveniadas com a Universidade Federal de Pelotas, havendo uma troca mútua de experiências. Dentro do Centro de Integração do MERCOSUL, estão presentes outros segmentos de apoio a UFPel, como a Fundação Simón Bolívar e o Departamento de Intercâmbio e Programas Internacionais (DIPI), que atuam juntamente com o CIM no processo de integração latino-americana. Algumas metas e objetivos do Centro e Integração do MERCOSUL: - Estudar a integração entre os paises do MERCOSUL; - Promover debates, palestras e seminários sobre o MERCOSUL e outros assuntos que sejam relevantes à

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Centro de Integração do MERCOSUL. Universidade Federal de Pelotas

comunidade acadêmica e comunidade em geral; - Ser um ponto de informações entre empresas, sobre produtos, serviços e oportunidades de negócios nos países do MERCOSUL; - Assessoria a entidades públicas e privadas, a partir de programas relacionados à integração e desenvolvimento regional; - Estímulo à relação cultural entre Brasil e países do MERCOSUL; - Proporcionar a comunidade em geral acesso a informações sobre o MERCOSUL. O Centro de Integração do MERCOSUL dispõe atualmente de dois auditórios: o Auditório Simón Bolívar, localizado na parte térrea, com capacidade para 90 pessoas e o Mini-Auditório, localizado na parte superior, com capacidade para 36 pessoas, além de um espaço utilizado para exposições, divulgações, apresentações, equipamentos para acesso à Internet e uma pequena biblioteca para consultas locais. O Centro de Integração do MERCOSUL passou a ser uma unidade acadêmica que tem como finalidade abrigar Cursos de Graduação, Pós-Graduação e investigação científica e cultural para a integração do Brasil e do MERCOSUL com outros países sulamericanos e de outros continentes, conforme Portaria Nº 026 de 06 de janeiro de 2012. Os Cursos vinculados ao CIM são: Curso de Relações Internacionais . Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental

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Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria Curso Superior de Tecnologia em Transportes Terrestres Segundo resolução dos Ministros de Educação do MERCOSUL (Buenos Aires, 2006) o Setor Educacional do MERCOSUR (SEM): “promoverá educação de qualidade para todos como um fator de inclusão social e desenvolvimento humano e produtivo, bem como fortalecerá as atividades nas zonas de fronteira dos países do bloco”. Por isso, a UFPel inaugura o Núcleo de Estudos Fronteiriços como unidade do Centro de Integração do MERCOSUL durante a visita dos presidentes Lula, do Brasil e Mujica, do Uruguai à cidade de Santana do Livramento em 30 de julho de 2010. O Núcleo de estudos Fronteiriços se constitui em espaço disponível para toda a comunidade e para as universidades brasileiras, uruguaias e demais paísesmembros do MERCOSUL que desejam se dedicar às atividades de pesquisa e extensão na área de integração regional. As peculiaridades culturais, econômicas e sociais nas regiões de fronteira tem sido tema recorrente no processo de integração nos países do MERCOSUL. Para as políticas públicas avançarem neste processo é necessário conhecermos de modo mais íntimo as características e especificidades dos sujeitos, dos municípios e das regiões que compõem o território fronteiriço do Brasil e dos demais países latino-americanos. A implantação do Núcleo de Estudos Fronteiriços na fronteira Santana do Livramento, no Brasil e Rivera, Uruguai

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academiasJ

tem como foco principal, estudar a integração entre os países a partir do território fronteiriço, pois deste, emergem de fato os processos de integração social, bem como são experimentadas em primeiro plano as decisões governamentais relativas ao processo de integração. O projeto de criação do Núcleo de Estudos Fronteiriços do Centro de Integração do MERCOSUL vêm ao encontro das iniciativas integracionistas e aos objetivos propostos pela Universidade Federal de Pelotas. Na esfera educacional, o Núcleo de Estudos Fronteiriços contempla o Plano de Ação do Setor Educacional do MERCOSUL – SEM (2006-2010), aprovado em junho de 2006, durante a XXX Reunião de Ministros de Educação do mencionado bloco, em Buenos Aires. De acordo com o objetivo 2 do citado plano, o SEM “promoverá a educação de qualidade para todos como um fator de inclusão social e desenvolvimento humano e produtivo, bem como fortalecerá as atividades nas zonas de fronteira dos países do bloco”. No mesmo caminho está o objetivo 3 que destaca a necessidade de “promover a cooperação solidária e o intercâmbio, com

vistas ao fortalecimento dos sistemas educacionais do bloco, bem como o funcionamento de redes de instituições universitárias da região”. Assim, a criação do Núcleo está coadunada com as ações do governo federal brasileiro que visam promover e impulsionar o processo de integração regional, bem como atendem à vocação precípua da Universidade Federal de Pelotas. Alguns objetivos do Núcleo de Estudos Fronteiriços: - apoiar atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Pelotas; - proporcionar atividades de ensino, pesquisa e extensão das demais Universidades brasileiras; - manter programas permanentes de ensino tanto de graduação quanto de pósgraduação relacionados com esta área de conhecimento; - promover debates, palestras e seminários sobre o MERCOSUL e outros assuntos relevantes à comunidade acadêmica e a sociedade em geral; - estimular à relação sócio-cultural entre o Brasil e os países do MERCOSUL.

Centro de Integração do MERCOSUL Rua Andrade Neves, 1529 – Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil CEP 96020-080 – Fax: (55-53). 3229 2322 Fones: (55-53) 3222 0354 / 3222 0404 e-mail: mercosul@ufpel.edu.br Núcleo de Estudos Fronteiriços Rua Duque de Caxias, 1759 – Santana do Livramento/RS, Brasil Fone: (55-53) 3243-6444 email: nef.ufpel@yahoo.com.br

www.ufpel.edu.br/mercosul densidades nº 16 - septiembre 2014

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documentos MERCOSUR Comunicado especial sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados Caracas, 29 de julio de 2014

Los Presidentes y Presidentas de los Estados Partes del Mercado Común del Sur, expresan su profunda preocupación por la detención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, procedentes en especial de países de Centroamérica, en la frontera sur de los Estados Unidos. Exigen el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de estos niños, niñas y adolescentes, que al ser detenidos son alojados en refugios improvisados, incluso en bases militares, en condiciones insalubres y de hacinamiento que vulneran su integridad física y psicológica. Destacan que esta problemática trasciende las fronteras de un país, afectando a todo el continente americano, y están convencidos que el abordaje de esta situación de carácter humanitario, necesariamente debe contar con el apoyo y la cooperación de todos los países de la región. En tal sentido, recuerdan la obligación de todos los Estados – de origen, tránsito y destino – de respetar y garantizar los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes migrantes. Ratifican la posición que han defendido los países del MERCOSUR en diversos foros internacionales, en relación a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes migrantes, en particular, en la no criminalización de la condición migratoria, la prohibición de detención por motivos migratorios, y el rechazo de las políticas de deportación automática, sin evaluar en cada caso, las consecuencias de esa medida sobre las condiciones de vida y otros efectos adversos sobre estos niños, niñas y adolescentes. Consideran que las políticas migratorias no pueden guiarse exclusivamente hacia objetivos de seguridad y control de fronteras, sino también a la búsqueda de soluciones a los problemas estructurales que provocan la migración. 172

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documentos

Finalmente, ofrecen su cooperación a los gobiernos de los países de Centroamérica para apoyarlos en los esfuerzos de protección de los derechos humanos de sus pueblos y reiteran la importancia de tratar esta problemática en espacios multilaterales y en foros regionales que promuevan la concertación política de acciones y estrategias de cooperación para el desarrollo. Caracas, 29 de julio de 2014

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documentos Comunicado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en respaldo a la posición de la República Argentina en la reestructuración de su deuda soberana San José, 20 de junio de 2014

Frente al reciente fallo judicial referido a un grupo minoritario de tenedores de títulos de deuda soberana de la República Argentina pendiente de reestructuración (hold-outs) los Estados miembros de la CELAC reiteran lo expresado en la Declaración de La Habana, adoptada por la II Cumbre de la CELAC (28 y 29 de enero de 2014) en el sentido que: “Consideramos indispensable para la estabilidad y predictibilidad de la arquitectura financiera internacional, garantizar que los acuerdos alcanzados entre deudores y acreedores en el marco de los procesos de reestructuración de las deudas soberanas sean respetados, permitiendo que los flujos de pago sean distribuidos a los acreedores cooperativos según acordado con los mismos en el proceso de readecuación consensual de la deuda. Es necesario contar con instrumentos que posibiliten acuerdos razonables y definitivos entre acreedores y deudores soberanos, permitiendo hacer frente a problemas de sustentabilidad de deuda de forma ordenada”.

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densidades

El número dieciséis de la revista densidades fue editado en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, América del Sur en el mes de septiembre de 2014. Distribución libre y gratuita