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economía
Opinión
Mgs. Aldo Abram
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Economista y Director Ejecutivo de la Fundación “Libertad y Progreso”.
Hay gobiernos que creen que el Estado, o sea sus funcionarios, pueden decidir mejor que la gente cómo tiene que trabajar o manejar sus negocios; por lo tanto, intentan regular todo en la economía. La Argentina es un claro ejemplo de este tipo de gestiones, ya que la mayoría basaron sus políticas en esta idea; por ende, no debería extrañarnos que se hayan podido relevar más de 67.000 regulaciones, que siguen aumentando día a día. Lo más notable, es que esos mismos gobiernos cuando asumen siempre ponen como uno de sus principales objetivos tener un país exportador e, incluso, con ventas externas diversificadas. Sin embargo, cuando dejan el poder, el resultado siempre es el contrario al que anunciaron; lo que no debería extrañar, ya que repiten siempre los mismos errores. Un reciente ejemplo de este fracaso es la enorme y permanente caída de las ventas externas durante la presidencia de Cristina Fernández, US$26.000 millones, -32%, entre 2011 hasta 2015. Hay una creencia generalizada entre los que opinan que es el Estado el que debe decidir todo en la economía e, incluso, también en la vida de los habitantes del país: “Si esas políticas fracasaron antes, es porque los otros las implementaron mal”. Pero ellos lo harán bien y obtendrán un resultado distinto. El problema es que, si adelante hay una pared y atrás hay una puerta, el que intente salir de la habitación hacia adelante, solo se romperá cabeza. Lamentablemente, en general, nuestros funcionarios han sido y son cabezas dura; pero, lo peor, es que su terquedad termina “doliéndole” a la gente, en especial a los más pobres. Esa es la historia de las retenciones impositivas o las restricciones a las exportaciones; que siempre han significado un desincentivo a producir el bien afectado; por lo tanto, terminan impactando negativamente en las ventas al exterior. Lo mismo pasa con los “cepos” que no son otra cosa que una retención cambiaria; ya que el que produce recibe un dólar oficial, artificialmente fijado, que no reconoce todo lo que perdió de poder adquisitivo el peso. Para saber qué porcentaje de quita a sus ingresos implica, habría que calcularlo viendo cuántos dólares menos podría comprar en el mercado paralelo con lo que le pagaron al valor “cepo” por US$100 exportados. En la actualidad, podría adquirir alrededor de US$60, o sea que cualquiera que produce un bien y servicio que se exporte perdió alrededor de 40%, que se los quedó el Banco Central (BCRA) si se vendió afuera, o el consumidor local si se colocó en el mercado doméstico. Esto es así porque el producto se puede vender afuera o adentro y siempre el valor interno tendrá un techo en lo que se podría reci-
Restricciones a las exportaciones: sólo los necios tropiezan siempre con la misma piedra
bir del exterior; porque, si no, se venderá localmente. Ahora, como dijimos, están las retenciones impositivas que también disminuyen el valor de lo que se produce. Por ejemplo, si sumamos ambas retenciones, quien produce soja terminará recibiendo alrededor de un 40% de lo que verdaderamente debió ser su ingreso. El resto, por lo exportado, se lo repartieron entre el BCRA y el gobierno y, por lo vendido localmente, se lo embolsaron los que lo compraron para consumirlo en Argentina. Un punto importante es que ambas retenciones son gravámenes que se aplican sobre el ingreso y no sobre la ganancia de alguien. Luego, con lo que recibe, el productor debe pagar todos sus costos, los mismos impuestos que su vecino que hace otra cosa e intentar sacar lo suficiente para vivir. Por lo tanto, esto es una verdadera, exuberante e injusta confiscación a los productores. Las restricciones a exportar, como las impuestas sobre la carne, tienen el mismo efecto doméstico que una retención impositiva; ya que, al limitarse las exportaciones, lo que no se pudo vender afuera se colocará internamente haciendo bajar el precio local. En este caso, la pérdida de ingresos que harán los productores se la quedarán los exportadores, por lo vendido afuera, y el resto se lo quedarán los consumidores argentinos. Ambos, al poder comprar artificialmente barato, estarían recibiendo un subsidio que sale directo del bolsillo del que produjo el bien o servicio en cuestión y va al del que lo compró localmente. En este caso y en todos los subsidios analizados antes, ni siquiera se puede decir que el que lo recibe está peor que el que lo paga; lo que lo hace aún más injusto. Las retenciones impositivas fueron una nefasta realidad argentinas la mayor parte del tiempo en las últimas décadas. Incluso, las cambiarias también lo fueron. En los últimos 80 años, hubo 25 controles de cambios o “cepos”, incluidos el actual. Todos los que se intentaron mantener en el tiempo, 23, terminaron mal o, incluso, en crisis. El impuesto por Cristina Fernández no terminó en desastre porque asumió un nuevo gobierno que se planteó salir rápidamente y pudo hacerlo con un costo moderado. Lamentablemente, no existe salida “gratis” de un control de cambio. Sin embargo, en 2019 se volvió a imponer un “cepo” y la actual gestión considera que lo mejor
es mantener en el tiempo la “administración de los dólares de la Argentina”. Interesante concepto, ¿alguien vio alguna vez a la Argentina generando divisas? Yo, nunca. Sí sé de gente que trabaja duramente para producir y exportar esos bienes; por los que recibe dólares que son de ellos. Así que deberían hablar apropiadamente. Ellos tienen que administrar los dólares que producen otros para poder quedarse con parte de su valor y, de esa forma, mantener un sector público excesivo. El BCRA produce papeles pintados, sin valor en sí, y con eso financia los excesos de gasto del gobierno. ¿Magia? No, como los argentinos no demandamos esos pesos, baja su valor, al igual que con cualquier cosa que se produzca más de lo que la gente quiere. El problema es que esto implica que la moneda local que tenemos ahorrada o cobramos de sueldo pierde poder adquisitivo, que es el que se transfiere al Estado para que pueda gastar de más; por eso algunos lo llaman “impuesto inflacionario”. Para evitar que esa pérdida de valor del peso se traslade al tipo de cambio, es que se imponen los “cepos”. Al permitirle al BCRA que decida a quién puede comprarle y quién no las divisas que obliga a todos a venderle, puede fijar el precio del dólar oficial artificialmente bajo, evitando mostrar todo lo que se depreció la moneda local. De esta forma, puede seguir financiando al gobierno y vendiéndole divisas baratas para pagar sus deudas. Claro, este esquema es adictivo para los políticos y, por eso, no lo quieren abandonar. Sin embargo, quitarle poder adquisitivo a la gente para financiar al Estado implica empobrecerla. Por otro lado, al desincentivar la producción y la inversión en los sectores más eficientes de la economía, la creación de empleos productivos y los salarios son cada vez menores; por lo que también lleva a que todos los habitantes del país sean cada vez más pobres. Entonces, cuando ven que cada vez tienen más dificultades para comprar cosas, les ponen más retenciones o restricciones a las exportaciones. En el corto plazo, este parche logrará aliviar la situación; pero agrava la desinversión y la pérdida de producción, empobreciendo más a los argentinos y aumentando su dificultad para comprar lo que necesitan, no porque sea caro, sino porque son cada vez más pobres. Está probado a lo largo de la historia de Argentina y del mundo, que estas políticas económicas llevan a una caída de la inversión, producción, las exportaciones y del bienestar de la gente. Siempre han fracasado. Lo trágico es que, en nuestro país, nuestros funcionarios siguen tropezando con la misma piedra, con el consecuente doloroso porrazo para todos los argentinos; mientras que otros países aprendieron a esquivarla para poder brindarles más oportunidades de progreso a su gente.
Opinión
Se reactiva el comercio internacional: ¿se unirá la Argentina a la tendencia?
Marcela Cristini/Guillermo Bermúdez
Economistas Senior de Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas - FIEL.
En el primer cuatrimestre de 2021 las exportaciones argentinas aumentaron un 21,8% con respecto a igual período del año anterior y las importaciones lo hicieron en un 37,4%. Una posible lectura de esos resultados sería que las exportaciones se vienen recuperando por una mayor actividad comercial internacional, luego del impacto de la Pandemia que se inició en marzo de 2020. A su vez, las importaciones se estarían normalizando de la mano de una incipiente mayor actividad económica interna. Sin embargo, esas observaciones podrían ser apresuradas. En efecto, desde 2019 ha sido difícil juzgar la tendencia del comercio exterior de la Argentina. Por el lado importador, los volúmenes han estado afectados por las trabas burocráticas de sistemas de información (Sistema Integrado de Monitoreo de Importaciones-SIMI) licencias automáticas y no automáticas y por la disponibilidad de divisas. Del lado exportador, los volúmenes han evolucionado en un clima de incertidumbre frente a potenciales intervenciones regulatorias, sobre todo en el caso de los productos agroindustriales. En 2020, por los efectos de la Pandemia, pero también por las dificultades locales en el clima de negocios (mayor presión tributaria e inestabilidad regulatoria), las exportaciones tocaron un mínimo para los últimos 13 años, de USD 54884 millones y las importaciones, uno de USD 42356 millones. Entre 2015 y 2019, con un clima de negocios local más favorable a la inserción internacional, las exportaciones se habían ido recuperando hasta los USD 65115 millones, luego de una pronunciada caída que siguió al boom de las commodities del 2006-2012 (ver Gráfico1). Las importaciones, en cambio, cesaron su recuperación en 2018 luego de una década de oscilaciones y, en 2019 mostraron una fuerte contracción hasta los USD 49125 millones, respondiendo a la crisis macroeconómica en desarrollo en ese momento (con todo, ese valor de importaciones fue superior al del 2020). Nuestros principales socios comerciales son Brasil, China y los Estados Unidos, por el valor de exportaciones e importaciones. Chile, India y Vietnam, por su parte, son destinos muy importantes de nuestras ventas externas (ver Gráfico2. Argentina sigue siendo un global trader. Esa condición se explica, básicamente, por la venta de nuestros productos agroindustriales a casi un centenar de países en el mundo, lo que se tradujo en una participación del 69% de la agroindustria en el total exportado en estos primeros cuatro meses del año (el 32% de lo exportado corresponde a la soja y sus productos). Dentro del sector manufacturero fueron los productos químicos y el
material de transporte los que lideraron las exportaciones, manteniendo su tradicional primacía. En cambio, los metales comunes y sus manufacturas, otra exportación manufacturera muy importante de la Argentina no ha despegado aún. Por último, pese a las expectativas puestas en los productos de la energía y al aumento de sus precios internacionales, los valores exportados este primer cuatrimestre han sido menores que los de 2020. Del lado importador, las compras se concentran como habitualmente, en los bienes intermedios y los bienes de capital y sus repuestos (ambos suman el 77% del total importado). Es decir, para crecer, consumir y exportar nuestro país requiere de importaciones de insumos para las cadenas pro-
Gráfico 1
ductivas y de maquinaria y equipos para la inversión. Esas compras están financiadas por las exportaciones que, por lo tanto, se vuelven esenciales para el proceso de crecimiento local. La novedad con respecto a 2020 es el significativo aumento de los términos del intercambio para nuestro país (precio de las exportaciones/precio de las importaciones). Si bien las exportaciones sólo aumentaron un poco menos de un 5% en volumen, sus precios aumentaron un 16,3%. Este incremento estuvo muy por encima del aumento de los precios de nuestras importaciones que se movieron sólo modestamente (+3,1%). Así, el aumento de los precios internacionales de los productos básicos abre una nueva oportunidad para crecer exportando. Lo hace directamente al aumentar el valor de los envíos a nuestros principales demandantes de alimentos (China, India, Vietnam). Pero también opera por vía indirecta, dado que el alto precios de los commodities de todo tipo ha mejorado las perspectivas de crecimiento en Brasil y Chile, por ejemplo. Ambos países han aumentado sus importaciones de manufacturas industriales desde la Argentina en estos primeros meses del año. Con respecto a nuestra agroindustria exportadora, como ha ocurrido intermitentemente variando con la orientación económica del gobierno de turno, nuestro país da por sentada su riqueza agropecuaria pero sólo en ocasiones logra aprovechar los beneficios que esa riqueza le brinda para promover el crecimiento y la diversificación productiva. La Argentina es el tercer país del mundo en tierra arable por habitante, lo que la convierte en un productor excedentario y uno de los mayores exportadores mundiales de granos forrajeros y aceites y un exportador principal de carnes y
Gráfico 2 Principales Socios Comerciales
Fuente: elaboración propia en base a datos INDEC
frutas. El sistema alimentario argentino es complejo y moderno y desde la producción primaria hasta la exportación, todos los actores responden a los incentivos de mercado, aprovechando los precios altos para incorporar nuevas tecnologías y ampliar su capacidad instalada. Las cadenas tradicionales de trigo y maíz,
la ultra-competitiva cadena de la soja, las carnes (bovina, aves y, más recientemente, los porcinos) y las producciones regionales (vinos, limones, peras y manzanas, arándanos) han transitado episodios de alto crecimiento desde los 90 y durante la Pandemia han mostrado su resiliencia manteniendo el abastecimiento interno y externo. Las preocupaciones con respecto al alto precio interno de los alimentos no son exclusivas de nuestro país. Internacionalmente se reconoce que los altos precios de los productos alimentarios básicos pueden enfrentar a las familias con dificultades transitorias de acceso que resultarían graves en el caso de los más vulnerables. Estos problemas se agudizan para los países que dependen de las importaciones para abastecer de alimentos a su población. Pero en el caso de países exportadores netos, como la Argentina, el problema debe encararse de modo muy diferente. Por ejemplo, la asistencia del Estado para la ampliación de la oferta de alimentos, aprovechando para dar un necesario impulso al desarrollo territorial, se transformaría en una solución cuyo costo se repagaría con beneficios en el mediano plazo. En el corto plazo y en el caso de las familias vulnerables, los subsidios alimentarios directos son las medidas más eficaces. Actualmente, la tarjeta alimentar (dentro del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria) constituye un instrumento como los mencionados, cubriendo aproximadamente 1,5 millones de beneficiarios. Debe indicarse también que las condiciones macroeconómicas actuales de la Argentina, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los países en desarrollo de la región latinoamericana, muestran un cuadro de alta inflación que agrega confusión al diagnóstico sobre el mercado de los alimentos. Los hogares argentinos ya venían registrando dificultades de acceso a su canasta alimentaria debido a la caída de sus ingresos reales aún antes de que los precios internacionales aumentaran. La evidencia analizada hasta aquí indica que la Argentina podría tener por delante un crecimiento potencial importante de su comercio exterior, comenzando por su agroindustria, si se organizara adecuadamente. La pregunta siguiente en esa estrategia se refiere al contexto mundial: ¿seguirá siendo favorable a nuestro país y le permitirá realizar su potencial y también avanzar en su diversificación exportadora?
A fines de marzo la Organiza-
ción mundial del cOmerciO
(OMC) dio a conocer su pronóstico de crecimiento comercial indicando que las perspectivas de una rápida recuperación habían mejorado y que el comercio de mercancías se había expandido más rápidamente de lo esperado en el segundo semestre del 2020. Según las nuevas estimaciones de la OMC, se espera que el volumen del comercio mundial de mercancías aumente un 8% en 2021 después de haber caído un 5,3% en 2020. Para 2022 se anticipa una expansión más modesta, en torno al 4%. Ese crecimiento será liderado por los países más avanzados junto con los países del Asia y Medio Oriente. América Latina se encuentra entre las regiones donde el crecimiento del comercio se retomaría con más rezago. La reanudación de los negocios, con todo, podría tener características y seguir tendencias diferentes a las del pasado. Son varios los temas que están en discusión para las empresas y los países. Uno de ellos se refiere a la vigencia de las cadenas de valor internacionales que han caracterizado a la globalización. Esas cadenas materializaron la mudanza a los países emergentes del Este Asiático, particularmente a China, de una parte importante de la producción de insumos desde los años 90. Una de las consecuencias de la Pandemia fue crear fuertes retrasos en los esquemas “just in time” de los inventarios de las principales empresas internacionales de manufacturas. Así, por ejemplo, la falta de microprocesadores que integran bienes durables de inversión y consumo sigue limitando la recuperación de los mercados con demandas ansiosas de nuevos productos. Otro problema visible ha sido la aparición de fallas en el abastecimiento de productos vinculados a la salud, lo que está llevando a una redefinición de la “seguridad sanitaria” de los países. Estos indicios anticipan que los riesgos del mayor proteccionismo comercial que siguió a la crisis financiera internacional del 200708 seguirán vigentes y que se requerirá estar atentos para evitar las consecuencias negativas de renovadas doctrinas de seguridad nacional (por ej., sanitaria y alimentaria) vinculadas a los efectos de la Pandemia o de nuevos requisitos ambientales que encubran barreras al comercio. A fines de este año dos reuniones multilaterales se están organizando para poner sobre la mesa una agenda ampliada en temas de comercio y desarrollo sustentable. La XII Reunión Ministerial de la OMC y la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios debatirán problemas de la agenda multilateral que nos afectan como país. Serán parte de esas discusiones la facilitación de inversiones para el desarrollo, la liberalización del comercio agrícola, la seguridad alimentaria y el comercio de alimentos sujeto a las normas del desarrollo sostenible. En síntesis, el escenario del comercio mundial de corto plazo podría resultar favorable a los intereses argentinos. En el mediano plazo, nuestra agenda internacional deberá estar muy activa buscando acuerdos que eviten los riesgos de un mayor proteccionismo, especialmente en el capítulo agrícola. Pero, sobre todo, la política local deberá acompañar el esfuerzo exportador evitando generar obstáculos reales o potenciales y dando reconocimiento al aporte de las ventas externas en la estrategia de crecimiento.
Informe
En busca de la restricción externa
La consultora Invecq Consulting SA realizó un informe luego que se dieran a conocer datos sobre el Comercio Exterior Argentino y la evolución de la actividad económica agregada, entre otros.
En la última semana se conocieron datos sobre el comercio exterior de Argentina y sobre la evolución de la actividad económica agregada, entre otros. Con respecto al intercambio comercial se sigue observando un superávit de la balanza comercial de gran magnitud. Mientras que las importaciones de bienes no llegaron a los 4.700 millones de dólares en el mes de marzo, las ventas de productos argentinos al exterior superaron los 6.100 millones, arrojando un superávit comercial de casi 1.500 millones de dólares. Sin embargo, cuando se hace un análisis algo más minucioso de la situación del comercio exterior se identifican dos fenómenos. En primer lugar, que la velocidad de recuperación de las exportaciones está siendo menor que el de las importaciones. Mientras que en los primeros cuatro meses del año las exportaciones avanzaron 22% en dólares, las importaciones lo hacen a un ritmo del 37%. En segundo lugar, la composición de estas dinámicas es muy diferente. El driver fundamental del incremento de las exportaciones es el fenomenal crecimiento de los precios internacionales de las commodities, que crecen16,3% en relación al mismo período de 2020 mientras que las cantidades o los volúmenes vendidos solo avanzan un 5% interanual. Contrariamente, las importaciones aumentan casi en su totalidad por una expansión de los volúmenes importados y no por un efecto de los precios. De hecho, los precios están relativamente estables con un aumento de solo 3% en dólares mientras que las cantidades importadas crecen más del 30% interanual. Simultáneamente los datos de actividad económica de marzo no fueron positivos. Si bien la contracción fue pequeña, con la caída del 0,2% desestacionalizado en relación a febrero se acumulan dos meses consecutivos negativos. Y, dadas las nuevas restricciones impuestas a partir de abril e intensificadas en mayo es difícil pensar que la economía no siga cayendo por estos días. Al mismo tiempo, la heterogeneidad sectorial que caracterizó a la recesión del 2020 sigue muy presente, y comparando los primeros trimestre del 2021 con el primero del 2019 encontramos que el sector hotelero-gastronómico (aún antes de las restricciones de esta semana) estaba funcionando a un nivel 40% inferior. Los servicios sociales y personales caían 20% en relación al 2019 y el transporte y las comunicaciones -15%. Encontraste, la actividad manufacturera parece haberse recuperado por completo del impacto de la cuarentena y alcanza un 4% superior respecto al primer trimestre del 2019. La economía en su conjunto, de todas maneras, aún se encuentra 3% por debajo de enero-marzo 2019. En este contexto, con un superávit comercial explicado fundamentalmente por un factor exógeno, por fuera del control del gobierno y que bien podría ser transitorio como los es el de los precios internacionales, y con una actividad económica que tanto en febrero como en marzo mostró la interrupción de la recuperación que veíamos desde mediados del
año pasado, el gobierno decidió suspender por 30 días las exportaciones de carne vacuna. El objetivo político de la medida es claro. Por factores de demanda, pero principalmente de oferta, la carne estaba experimentando un aumento de precios considerablemente superior al del promedio de la economía; es decir, se estaba dando un cambio de precios relativos hacia el interior del sistema de precios. Si bien no estaba en el podio de los precios relevados por el INDEC que es ocupado entre otros por la indumentaria y el costo de los automóviles, la carne estaba señalando aumentos superiores al 70% interanual. Dada esta situación, al prohibir las exportaciones, se busca generar una sobreoferta en el mercado local que deprima los precios de la misma manera que se implementó en marzo del año 2006. Sin embargo, en esta oportunidad, es probable que dada la reacción de los productores de convocar a un paro de comercialización por una semana pudiera generarse una insuficiencia de oferta en los próximos días y, por lo tanto, un aumento mayor de precios. Luego, el efecto podría revertirse en caso de que los productores no consigan sostener la medida de fuerza y que el gobierno no decida normalizar la situación del comercio exterior de carnes. De todas maneras, lo que sorprende un poco es que el gobierno se anime a tomar riesgos de tal magnitud con este tipo de medidas. La cadena de valor de la carne vacuna podría ser señalada casi sin lugar a dudas como un diamante en bruto en los últimos años en el contexto de la economía argentina. Desde el año 2016 el sector ha incrementado su producción y empleo generado en una economía en recesión y con destrucción de empleo asalariado, y ha sido el complejo exportador que más incrementó sus exportaciones, pasando de aportar apenas 1.000 millones de dólares en 2015 a 3.500 millones de dólares anuales en 2019 y 2020. Es decir que es un sector que está traicionando las exportaciones por un incremento enorme de las toneladas vendidas al mundo (principalmente a China) y al mismo tiempo es uno de los pocos sectores que ha mostrado dinamismo positivo en materia de actividad y empleo. Arriesgarse a dañar la dinámica virtuosa de un sector, a la luz de los efectos negativos y tan duraderos que generó una intervención similar en marzo del 2006 parece algo irresponsable si se piensa en clave de consistencia macroeconómica de mediano y largo plazo; pero muy comprensible y lógico si se piensa en términos meramente cortoplacistas. Entre 2005 y 2011 la intervención del mercado de carnes
generó que cayeran las exportaciones, cayera la producción, se perdieran 10 millones de cabezas de ganado, cerraran frigoríficos, se destruyeran puestos de trabajo y además de todo eso se encareciera la carne en lugar de abaratarse. En el siguiente gráfico se puede ver un simple ejercicio hipotético si se hubiera mantenido los volúmenes exportados en el año2005, en el año previo a la intervención. Dados los precios internacionales vigentes para la carne, entre2006-2019 se hubieran generado 16.000 millones de dólares más de exportaciones de los que efectivamente se generaron. A diferencia de aquella oportunidad, quizás hoy sea aún más llamativa la medida porque como describíamos antes, la economía se encuentra con serias dificultades para reencauzarse en una senda de recuperación económica y de generación de empleo y, al mismo tiempo, esta situación es resultado final de una crisis de balanza de pagos que explotó en 2018 y tenía como principal fundamento un déficit de cuenta corriente y de balanza comercial significativo. De hecho, de este diagnóstico, surgió casi como un mandamiento el lema de que “tenemos que exportar más” que Guzmán menciona en cada oportunidad que puede. Contradiciendo completamente esa idea, el gobierno decidió poner un palo en la rueda al complejo exportador que más aumentó sus volúmenes y dólares exportados desde 2015. Por este camino estamos yendo derecho, aún si haber salido, a buscar un nuevo stop en un ciclo de “restricción externa” que pareciera que se quedó sin la fase del go al menos desde el año 2011.
Opinión
Natalia Motyl
Economista de la Fundación Libertad y Progreso.
Como es bien sabido, nuestro país se encuentra transitando una de sus peores crisis económicas de la historia. No obstante, lo que más preocupa es el nivel de endeudamiento que recorre un camino muy ascendente. A raíz de la crisis del Covid-19, muchos países de la región latinoamericana comienzan a evidenciar las consecuencias contrarrecíprocas de las políticas económicas llevadas adelante el año pasado. Todos los países, en mayor o menor medida, inclusive los que hasta el momento “hacían los deberes en tiempo y forma”, empezaron a erosionar sus arcas fiscales con políticas fiscales expansionistas y a incrementar su nivel de endeudamiento a niveles preocupantes. Vamos a los datos. En el último
Los riesgos del endeudamiento argentino
año, el déficit fiscal se incrementó entre el 7,5% y el 2,2% en los países de la región. De ésta forma, países como Uruguay finalizó el 2020 con un déficit del 4,9%, desde el 2,7% de 2019 y luego de un promedio de déficit fiscal todos los años del 1,89% desde el 2010. Brasil, después de reducir su déficit fiscal del 7,1% al 5,9% en 2019, fue uno de los países que más erosionó sus cuentas fiscales y el déficit fiscal ascendió al 13,4% en 2020. También Ecuador tuvo un incremento del 2,8% en el último año, pasando de promediar un déficit fiscal anual del 3,7% al 5,9% en 2020. Bolivia fue uno de los países que casi duplicó su déficit fiscal al pasar de un déficit del 7,2% al 12% del PBI en 2020, y luego de 10 años de promediar un déficit del 3,2% anual. En tanto, Chile, evidenció un crecimiento de su déficit fiscal en 4,5 puntos porcentuales y se ubicó en 2020 en un 7,1% del PBI, desde el 2,68% de déficit fiscal del 2019 y después del déficit del 1,0% del PBI promedio anual que se observó en los últimos años desde el 2010. Por último, en Colombia, el déficit fiscal se ubicó en el último año en un 6,0% del PBI, desde el 2,5% de 2019 y luego de un promedio anual de 2,3% de déficit fiscal todos los años desde 2010. Resultado de las medidas monetarias y fiscales llevadas adelante por la mayoría de los países en un intento de amortiguar el impacto de la crisis, no sólo se erosionaron las cuentas fiscales, sino que la deuda se incrementó. Según el Fmi, la deuda en % del PBI en promedio entre 2019 y 2021 en Latinoamérica se incrementaría entre un 12% y un 15%. Esto puede significar un riesgo muy importante para los países de la región que, ante una erosión de sus cuentas fiscales, más una contracción económica, el quiebre de varias empresas y la pérdida de puestos de trabajo, obligaría a los países a necesitar más financiamiento. Bajo éste escenario es probable que de cuestionarse la solvencia de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones podría provocar un incremento del riesgo soberano y, así, los costos de endeudamiento. Entre los
países, la deuda en % del PBI, fue del 98,9% en 2020 para Brasil, del 66,3% para Uruguay, del 61,4% para Ecuador, del 61,0% para Colombia, del 47,7% para Bolivia, del 36,5% para Perú y del 32,5% para Chile. Obviamente, nada es gratis y todas esas políticas que, inicialmente intentaban aliviar la situación económica en un año excepcional, provocaron daños más profundos en el tejido económico. Además, de que suma una lista de riesgos a futuro. Ya desde los principales organismos internacionales alertan que una eventual suba de las tasas de interés a nivel global, hasta ahora bajas, podría aumentar los riesgos de incumplimiento de las obligaciones. Cabe mencionar que ya muchos países, tienen problemas de pagar sus deudas; además de los riesgos cada vez mayores de sobreendeudamiento. La pregunta es: ¿cómo le va a nuestro país? La Argentina incrementó su deuda del gobierno en % del PBI del 88% en 2019 al 104,5% en 2020. Esto es una suba de más de 16 puntos porcentuales en un año y más de 60 puntos porcentuales en 10 años. ¿Por qué somos unos de los países más endeudados de la región? Simple, el Estado gasta más de lo que le ingresa. Hoy nuestro país se encuentra frente a un trilema: i) mayores necesidades de gasto; ii) contener alza pronunciada de deuda pública; y, iii) incrementar los ingresos tributario. Por ejemplo, i) si el gobierno decide aumentar el gasto público deberá: endeudarse y/o incrementar impuestos; ii) si el gobierno decide incrementar los ingresos fiscales (racionalizando las exenciones y/o haciendo más eficiente el sistema tributario) deberá: reducir endeudamiento y/o reducir el gasto público; iii) si el gobierno decide reducir el endeudamiento deberán incrementar impuestos y/o bajar gasto público. Obviamente, dado este trilema, el único camino que les queda es o endeudarse o emitir para financiar el déficit fiscal. Obvio que se puede revertir, lo que se requiere es predisposición por parte
de la política. Para poder crecer necesitamos atraer capital de afuera y favorecer las inversiones locales. Hoy el abultado déficit fiscal de la Argentina genera lo que se conoce como efecto “crowding out”. Es decir, dados los altos niveles de endeudamiento y las dificultades que tenemos siempre de acceder a los mercados de capitales internacionales, el Estado absorbe todo el crédito interno, elevando así la tasa de interés y obstaculizando las inversiones de las empresas locales. Por ende, un paso urgente es reducir el déficit fiscal. Cabe ser redundante en éste punto, Argentina es uno de los países más riesgos y vulnerables de la región. En el índice de calidad institucional, que elaboramos desde la Fundación Libertad y Progreso, en 2020 nuestro país cayó 6 posiciones en el Índice de Calidad Institucional, quedamos en el puesto 112 de 189 países, nos encontramos entre los países con peor calidad institucional del mundo. Obviamente, noticias tales como la toma de tierras, los problemas en el Congreso, el control de precios, el control cambiario, el problema con Vicentin, el conflicto con el campo, no ayudan para nada. En la Argentina tenemos el problema de que no nos ponemos de acuerdo con los consensos básicos que ya fueron superados en el resto del mundo. Es más, en 2020, hemos retrocedido en materia de corrupción. Según el Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por la
Organización de transparen-
cia internaciOnal, la Argentina retrocedió 12 lugares. Ahora nuestro país, se encuentra por debajo de países como Botswana, Sudáfrica, Ghana, Rwanda, Jamaica en materia de corrupción. Eso marca una clara pauta de hacia dónde vamos en materia institucional. Por otra parte, la inflación alta. Somos uno de los cinco países del mundo con la inflación más alta, cuando la misma ha sido prácticamente erradicada en todo el mundo. Todo esto marca el estado de alarma en el que nos encontramos. Hoy la economía de nuestro país está sujeta a un montón de riesgos. Sin embargo, su principal problema es que el Estado gasta más de lo que le ingresa. En ese caso tenemos dos caminos. El primero, es el que te permitiría crecer, bajar el gasto público y para ello es imprescindible encarar una serie de reformas estructurales: achicar el tamaño del Estado, reforma laboral, bajar impuestos, reforma del sistema previsional y apertura comercial. El segundo, es el recesivo, recurrir a formas de financiamiento que condenan la posibilidad de consolidar un crecimiento económico sostenible: incrementando impuestos, tomando deuda o emitiendo moneda local. Hasta que desde la política no se entienda eso, podemos olvidarnos de volver en algún momento a crecer.
Índice de Calidad Institucional
Argentina cayó seis posiciones en un Índice de Calidad Institucional durante el primer año de Alberto Fernández
El informe elaborado anualmente por Martín Krause (Doctor en Administración, Profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires) junto con la Fundación Libertad y Progreso señala que nuestro país se ubica en la posición 112 entre 189, con los datos recabados que son hasta 2020.
Desde que Alberto Fernández asumió la Presidencia Argentina retrocedió seis puestos en el Índice de Calidad Institucional (ICI), un indicador de la Red Liberal de América Latina (RELIAL), que coteja instituciones Políticas y de Mercado y se elabora anualmente. Las claves de la caída Argentina responden a medidas de confinamiento y caída de la actividad económica por la pandemia. A nivel mundial, Argentina se encuentra en el puesto en el puesto 112 entre 189 países (75° en instituciones políticas y 137° en instituciones de mercado) arrojando así un descenso de seis puestos con respecto al año anterior. La caída es más significativa teniendo en cuenta que desde 1996 a la fecha, el país retrocedió 68 posiciones y 19 desde el 2007. En Latinoamérica la situación no deja de preocupar ubicándose en el puesto 26 de 35 países que conforman el continente, integrando “el final de la tabla”. El Dr. Martín Krause, autor del índice, profesor en la Universidad de Buenos Aires y Consejero Académico en la Fundación Libertad y Progreso, reflexionó sobre las caídas económicas en la pandemia: “Precisamente, los cuatro países con medidas más estrictas en América Latina han sufrido drásticas caídas de su actividad económica durante 2020 según las estimaciones del FMI Honduras -8% (9%Banco Central de Honduras) , Argentina -11,8% (10% INDEC), Bolivia -7,7% (organismo oficial sin datos totales de 2020) y Venezuela -30% (no hay datos del organismo oficial)” y agrega que “en buena medida se explican no solamente por las medidas tomadas en la pandemia sino por la frágil situación de sus
economías antes de que ésta llegara”. Finalmente consideró que “si observamos todos los países que tuvieron fuertes caídas en la economía, no solamente los de América Latina, veremos que son, en general, países de baja calidad institucional”. Metodológicamente el Índice de Calidad Institucional que elabora la Red Liberal de América Latina (RELIAL) es una herramienta que coteja ocho indicadores de organismos internacionales y le otorga un puntaje a 189 países. A mayor puntaje mayor es la calidad institucional lo que redunda en mayor seguridad para el resguardo de los derechos de sus habitantes. Esta edición del reporte hizo especial consideración en la Pandemia y de qué manera afectó las instituciones en América Latina. Entre las consideraciones finales el informe distingue seis categorías: 1. Países de buena calidad institucional que deberían protegerla y pueden mejorarla: Chile, Uruguay, Costa Rica e islas caribeñas. 2. Países de buena o media calidad institucional que deberían mejorar la calidad de sus instituciones políticas: Panamá, Perú, El Salvador. 3. Países de buena o media calidad institucional que deberían mejorar la calidad de sus instituciones de mercado: Uruguay e islas caribeñas. 4. Países de mediana a pobre calidad institucional que deberían mejorar ambas cosas, pero principalmente sus instituciones políticas: México, Paraguay, Honduras, República Dominicana, Nicaragua y Guatemala. 5. Países de mediana a pobre calidad institucional que deberían mejorar ambas cosas, pero principalmente sus instituciones de mercado: Brasil, Argentina y Ecuador. 6. Países con gran necesidad de realizar profundas mejoras en ambas: Bolivia, Haití, Cuba y Venezuela.
¿Qué es el Índice de Calidad Institucional y cuál es su utilidad?
El Índice de Calidad Institucional (ICI) es una herramienta que coteja ocho indicadores de organismos internacionales y le otorga un puntaje a 216 países. A mayor puntaje mayor es la calidad institucional, lo que redunda en mayor seguridad para el resguardo de los derechos de sus habitantes.
El ICI
El ICI es un índice “relativo”. Incluso, con aquél que ocupa el primer puesto no podemos decir cuán cerca o lejos está de la perfección porque no pretendemos poder medir tal óptimo. Pero entendemos que es mucho lo que nos puede decir que ciertos países ocupen los primeros puestos por décadas, u otros los últimos, o que algunos avancen o retrocedan muchas posiciones, pese a que el cambio institucional es inevitablemente lento.
Alberto Fernández, Presidente de la República Argentina.
¿Cómo se compone?
El ICI se basa en la selección de ocho indicadores que reflejan algún aspecto de la calidad institucional. A su vez esos indicadores se agrupan en dos categorías que comprenden “Instituciones políticas” por un lado e “instituciones de mercado” por el otro. A estos dos subíndices se le asigna un peso de 50% para cada uno de ellos.
Los indicadores que forman el subíndice de Instituciones de Políticas son: • Rule of Law (Respeto al Derecho) del Banco Mundial. • Governance Matters; Voz y Rendición de Cuentas, del Banco Mundial. • Libertad de Prensa, por Freedom House (1996 – 2019) y Índice de Libertad de Prensa de Reporters sans Frontieres (2020 - 2021). • Percepción de la Corrupción, Transparencia Internacional.
Los indicadores que forman el subíndice de Instituciones de Mercado son: • Competitividad Global, del Foro Económico Mundial. • Libertad Económica de Heritage Foundation. • Libertad Económica de Fraser Institute • “Haciendo Negocios” del Banco Mundial.
Se ha establecido como criterio que, para que un país aparezca en el ICI a su vez debe aparecer en al menos cuatro de los ocho indicadores, y también al menos uno en cada subíndice.
Opinión
Eduardo Filgueira Lima
MD, Mg. HS&SS, Mg. E&PS, PhD.PS
Es cierto que existen determinadas formas de interpretar la realidad, profundamente arraigadas en nuestra sociedad. Se trata de las consecuencias de múltiples factores de diverso origen. Pero existe una variable que considero importante y que requiere su particular análisis: la economía del conocimiento. Con ello me refiero a que -como en muchos aspectos- la acción humana tiende a la eficiencia, entendida como lograr un pretendido y aceptable resultado con el menor costo. La aceptación de determinadas creencias o conjeturas, que se acepten como interpretación veraz de los hechos es un proceso que puede demandar enormes costos (tiempo, aprendizajes, información, etc). Toda búsqueda de un objetivo tiene costos, que denominamos de transacción. Es probable que muchos de estos aspectos sean mejor satisfechos hoy en día tecnología mediante, pero en todos los casos las ideas que son además condimentadas por aspectos emocionales propios de cada individuo agregan costos, no los disminuyen. En este contexto es solo posible creer en la racionalidad limitada de los seres humanos. Por lo mismo, para la mayor parte de las personas es preferible aceptar explicaciones poco complejas y además que vayan en línea con los criterios que supone la intuición individual, sin demasiada controversia o discusión íntima que resultaría compleja, de altos costos e inciertos resultados. De esa manera se instalan “creencias” que son una forma fácil de explicar los hechos y que nos satisfacen porque nos explican la realidad con bajo costo y que no precisan verificación. Los seres humanos somos afectos para buscar certezas fáciles de comprender. No es previsible que deba ponerse en duda su veracidad, por lo que su formato lleva con mucha frecuencia y en espíritus no afectos a la falsación a su instalación dogmática, como única e indiscutible verdad. Por supuesto que este proceso se instala en muchos porque simplifica y nos hace asequibles lo que son fenómenos complejos. ¿Cuánto de nuestro primitivo espíritu tribal contribuye en este comportamiento? Con preocupación vemos que está carencia de análisis y espíritu crítico se pueden observar en todas las tendencias ideológicas. Pero con especial énfasis para permitir la propagación de las ideas populistas, cuyos mentores son incansables en instalar un relato simplificado que coincide con primeras intuiciones. En muchos casos la suficiencia académica no inmuniza contra estas formas poco felices de pensamiento. A pesar de lo que debiera esperarse como resultado de la evolución de la sociedad, de los medios de información y de los avances en todos los aspectos de la vida social, si los inter-
De certezas y dogmas
cambios se realizan desde la perspectiva de la aceptación acrítica de ideas -que se adoptan como resultado de un falso sentido de eficiencia del pensamiento- y como verdades irreductibles, de la creencia al dogma y de él a la tentación de su imposición autoritaria, se está a solo un paso. La democracia es así carcomida desde dentro, porque la pluralidad que supone -amiga de la incertidumbre- debe ser reemplazada por las certezas asumidas como dogma. Ideas de este tipo son fáciles de encontrar en nuestros intercambios cotidianos y es fácil advertir como tienen un hilo interpretativo común vinculado a lo conspirativo generado por el supuesto egoísmo inagotable del hombre o sus sueños de poder y dominación. Cómo no se comprende que las acciones humanas tienen en gran medida “consecuencias no intencionadas” se concluye que detrás de cada suceso hay una causal intencionada de tipo conspirativo. Decir y aceptar “hay pobres porque existen ricos,..” o “los medios hegemónicos transmiten ideas distorsionadas de la realidad,..” o “los poderes concentrados que son el 1% se quedan con el 90%, mientras,...” o “los poderosos solo quieren someter a la humanidad,..” o “el lawfare permitió a los poderes concentrados y a los medios hegemónicos,..” sin mayor análisis, son parte de un relato fácil y de bajo costo. Estas hipótesis generales que sirven para sostener creencias (ideologías) sin merecimiento de verificación alguna, explican todo adecuándose a un relato de bajo costo que satisface también lo emocional. Las formas simples de entender fenómenos que son de por sí complejos, conducen a la singular pretensión de cambiar la realidad con un voluntarismo constructivista. Y cualquier salvedad q se manifieste es un opuesto a confrontar, porque se opone al dogma que representa a las mayorías. Las mayorías -aún maleables, volubles y circunstanciales- son las que definen según su voluntad. La expresión de la “volonté générale” rousseauniana cobra todo su valor y puede quebrar el delicado equilibrio de necesario respeto a las minorías. Por ensayo y error las sociedades avanzan. La libertad de los modernos que es un requisito ineludible de la democracia es una parte importante de ese avance. Sin embargo, una imposición dogmática no solo hace perder calidad a la democracia, sino también un regreso a la libertad de los antiguos. Cuando CFK dice: “a mí me absolvió la historia!” Está diciendo: “no importa la ley, importa que los que me han votado me creen a mi -la mayoría: la “voluntad general”- y me han erigido por encima de la Justicia!” Rousseau hubiera aplaudido! Sin dudas las creencias y los dogmas tienen un gran efecto simbólico. “El Estado presente” merece un ca-
pítulo aparte porque nos sugiere que el Estado nos cuida, que cualquier acción del mismo va en ese sentido, por lo que debe permitirse que crezca sin límites y actuar libremente porque siempre su accionar es bueno, protege a todos. Es obvio que para muchos no importa si esto es cierto o si lo hace bien y menos cuestionar su eficiencia final o si limitarlo en muchos aspectos hubiera podido ser una mejor opción. Quienes creemos en la democracia como un medio de convivencia pacífico y fructífero para el desarrollo de cada uno y del conjunto, dentro de un marco republicano, debemos hacer comprender que la diversidad y la incertidumbre no son enemigos sino aliados para el desarrollo humano. ¡Obviamente que no es fácil comprender una realidad compleja! Sin embargo creo que debe simplificarse el discurso,.. facilitar contenidos que satisfagan elementales procesos emocionales,... desarrollar el pensamiento crítico,.. formar facilitadores,.. clarificar conceptos básicos,.. bajar del pedestal de academicismo,.. y hacer asequible a las mayorías la idea de cuestionarse siempre las respuestas fáciles que se nos ofrecen, porque muchas explicaciones están más allá de nuestras entendederas, por más costoso que fuere. Eso es solo una parte de la búsqueda continua de una sociedad mejor. Ya se que es más fácil decirlo que llevarlo a cabo.
Opinión
Actualidad tributaria nacional
Cristina del Carmen Mansilla
Directora de la Especialización en Impuestos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Belgrano.
La Argentina ya atravesaba una grave crisis económica cuando empezó la pandemia hace un año, por lo que fue uno de los países más golpeados del mundo en 2020, con
una alta tasa inflacionaria, que afectó de manera más grave al consumo de los sectores vulnerables y no obstante que algunos sectores de servicios tuvieron un crecimiento económico atenuado. A continuación, precisamente, presentamos las medidas adoptadas por el fisco nacional en materia impositiva, para atenuar su impacto en los costos empresariales. El 14 de mayo se publicó la rg n° 4988 aFip, que dispone una prórroga para la presentación y el pago de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias de sujetos empresariales que lleven contabilidad organizada, lo que les permita confeccionar balances en forma comercial, correspondiente al cierre de diciembre de 2020 y cuyo vencimiento es el 26 o 27 de mayo, dependiendo del dígito verificador. También se publicó la rg n° 4989 aFip, que reglamenta la Ley N° 27.613, que implementó el Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, destinado a promover el desarrollo o inversión en los proyectos inmobiliarios en el país, que incluye un régimen de declaración voluntaria de tenencia en moneda nacional y extranjera para la realización de inversiones inmobiliarias, debiendo depositarse los fondos en una Cuenta Especial de Depósito y Cancelación para la Construcción Argentina (CECON.Ar) en alguna de las entidades financieras, tras la implementación del “Registro de Proyectos Inmobiliarios”, la que genera un “Código de Registro de Proyecto Inmobiliario (COPI)” que deberá ser informado a la AFIP. El 17 de mayo se publicó la rg n° 4991 aFip, mediante la cual se dispuso el procedimiento para que las sociedades, asociaciones y demás personas obtengan la clave única de identificación tributaria (CUIT) a través del servicio “Inscripción y Modificación de Personas Jurídicas” disponible en www.afip.gob.ar. Con ese propósito, se debe adjuntar la documentación de respaldo indicada en la RG N° 10 AFIP, la que deberá presentarse en archivos digitales legibles y certificados digitalmente por escribano público o, de corresponder, por el organismo de contralor competente, así como la modificación de los datos registrados de las personas jurídicas. Cuando la documentación no se encuentre suscripta con firma digital, al momento de confirmar el trámite, se otorgará la posibilidad de solicitar un “Turno Web”, para efectuar su presentación en soporte papel, ante la dependencia que corresponde al domicilio fiscal, junto con la impresión del formulario Nº 420/E. Para las sociedades en formación, se dispondrá de un plazo de 90 días
corridos para presentar la documentación que acredite su constitución definitiva e informen la inscripción otorgada por el órgano de contralor, pudiendo solicitarse por única vez una ampliación por un plazo igual, mediante el servicio con Clave Fiscal denominado “Inscripción y Modificación de Personas Jurídicas”, opción “Sociedades con Inscripción Pendiente”. Sin embargo, cuando no se verifique la presentación de la documentación faltante en los plazos previstos, se procederá a la inactivación de la CUIT. El 17 de mayo se publicó la rg n° 4992 aFip, que prorroga la vigencia del plan de facilidades de pago con carácter permanente para regularizar las obligaciones impositivas, de los recursos de la seguridad social y aduaneras -así como sus intereses y multas-, dependiendo del tipo de contribuyente y del perfil de cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a la evaluación objetiva y automática del comportamiento observado de cada administrado, así como de la evaluación de la factibilidad del pago de las cuotas del plan. La suspensión rige hasta el 31 de agosto próximo, siempre que registren como actividad principal alguna de las consignadas como “sectores críticos”, cuya nómina puede ser consultada accediendo al micrositio denominado “Medidas de Alivio” (www.afip.gob.ar/medidas-de-alivio). El 18 de mayo, finalmente, se publicó la RG N° 4993 AFIP, que establece una actualizar de los valores de los aportes y contribuciones aplicables para los sujetos comprendidos en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, publicándose las respectivas tablas de valores, dependiendo de la carga horaria semanal.