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Caracas, 03 de septiembre de 2014
e d o t e El r C
on la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999, se inició una campaña contra el sector privado tradicional que terminó en un proceso de desindustrialización, que hoy tiene a la manufactura trabajando a poco menos de 50% de su capacidad. Ataques a lo que el gobierno de Chávez llamó los terratenientes, seguido de expropiaciones y políticas de Estado que cercaron toda la actividad privada del país –desde el agro hasta el sector comercial y de servicios- caracterizaron su mandato. En áreas donde Venezuela era competitiva, ya no lo es. De exportar algunos rubros agrícolas, insumos y productos terminados, el país se ha convertido en importador por excelencia. Peor aún, la administración de Nicolás Maduro ha acentuado los controles sobre la economía y aunque el Gobierno no haya ofrecido los resultados del desempeño económico en lo que va de año (tratando de ocultar la realidad), varios economistas coinciden en que Venezuela se encuentra en recesión. Conindustria elaboró una serie de propuestas que compiló en el documento Ruta Visión Industrial 2025, para reindustrializar el país e impulsar las exportaciones y que se discutió durante el congreso de la organización gremial.
En 15 años se han reducido las opciones a la empresa privada, sin embargo, hay quienes lo siguen intentando a pesar de las dificultades normativas y operativas que enfrentan. Y aunque no creen en un cambio en las condiciones actuales, algunos no sólo apuestan a exportar sino que exhortan a otros a hacerlo Ismael Pérez Vigil, presidente ejecutivo de Conindustria, asegura que una verdadera política industrial pasa por “acelerar el proceso de cambio estructural hacia actividades de mayor productividad, teniendo como norte la productividad”. Los temas de la política industrial contenidos en el documento incluyen el aprendizaje acerca de procesos y productos que pueden
elaborarse de forma rentable y generen beneficios sociales que excedan su valor privado; el desarrollo de actividades que requieren inversiones simultáneas no realizables espontáneamente; la existencia de bienes públicos específicos cuya necesidad el Estado puede y debe formarse una visión previa; y la vigencia de regulaciones e intervenciones para mejorar las condiciones de entrada y funcionamiento
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