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Caracas, 11 de febrero de 2016
Un mes rudo, y los que faltan l pasado viernes 5 de febrero, la nueva Asamblea Nacional cumplió un mes en funciones como el primer poder público nacional controlado por la oposición en 17 años de hegemonía chavista. Fueron 31 días marcados por la conflictividad con un oficialismo que se niega a aceptar las iniciativas de cambio y que prepararon a los diputados para lo que seguirá en los próximos meses. Durante la sesión inaugural de la AN, el jefe de la fracción de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Julio Borges, anunció la agenda legislativa de la coali-
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La nueva Asamblea ha dado prioridad en sus primeras semanas de ejercicio a la legislación social para que la oposición conserve el capital político logrado. Más adelante tendrá que combinar ese desempeño con compromisos políticos y romper con el predominio chavista sobre los demás poderes en aras de lograr un cambio en el TSJ y, posteriormente, en la silla de Miraflores
ción opositora que consta de cuatro proyectos: las leyes de Amnistía, de Propiedad de la Misión Vivienda, de Cesta Tickets para Pensionados y de Producción Nacional. Hasta ahora, los diputados han mantenido su palabra de concentrarse primero en concretar estas propuestas. Sin embargo, el control del chavismo sobre los demás poderes es una amenaza permanente de bloqueo a las acciones del Parlamento. Las leyes de Amnistía y de Propiedad de la Misión Vivienda ya están en la mira. Es poco probable que la cúpula roja deponga esta actitud en los Cont. en la pág. 2
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La superación el bloqueo a mayoría opositora en la AN que tendrá que enfrentar no solo a un Gobierno que se niega escucharla, sino a un TSJ aliado con el Ejecutivo para reducir su margen de maniobra. Todo comenzó con las impugnaciones de los resultados del 6 de diciembre por candidatos chavistas derrotados, que hasta ahora han anulado la proclamación de tres diputados opositores y amenazan con hacerle lo mismo a otros siete. Además, voceros del oficialismo han dicho que exigirán a la cabeza del poder judicial dejar sin efecto proyectos clave como la Ley de Propiedad de la Misión Vivienda y la Ley de Amnistía. La Asamblea respondió con el nombramiento de una comisión especial que revisará si la designación de 13 magistrados principales del TSJ por la legislatura saliente se hizo respetando las leyes en la materia. La bancada chavista también pidió a la Sala Constitucional que anule las actividades de dicha comisión, puesto que también "violan la Carta Magna". La fuente parlamentaria consultada por Descifrado reveló que la búsqueda de una manera para librar a la AN de este constante peligro judicial sería otro de sus principales focos de atención a lo largo de febrero. Al final de este mes ya se debería haber decidido qué hacer al respecto. "El máximo tribunal se ha convertido en 'sicario' de la soberanía popular expresada el 6 de diciembre y eso no se puede permitir. Vamos a revisar bien la Ley del TSJ y los credenciales de los nuevos jueces", dijo.
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próximos meses. Pero la MUD tendrá que buscar formas de sortear estos obstáculos. Está obligada a insistir en la realización de sus promesas, no solo para consolidarse como una mayoría política, sino para satisfacer las demandas de algunos de sus sectores y mantener la cohesión opositora. Esos serán sus mayores retos en los meses siguientes.
Primero lo social Los resultados del 6 de diciembre, aunque son los mejores que ha logrado la oposición, revelan que más que un crecimiento importante de la MUD hubo una fuerte caída en el apoyo al chavismo, expresada sobre todo en la abstención. Los adversarios del Gobierno necesitarían consolidar esta posición como nueva fuerza política mayoritaria con la atracción de más seguidores desilusionados del oficialismo, o al menos con la retención de los que ya convencieron. Para ello los dirigentes opositores debe persuadir a los sectores menos favorecidos económicamente de que son diferentes a cómo el Gobierno siempre los ha descrito: un grupo de políticos reaccionarios que acabará con los logros sociales de los últimos 17 años, beneficiará solo a los más ricos y antepondrá la salida adelantada de Maduro del poder a cualquier otra consideración. Es por eso que los diputados de los partidos de la MUD comenzaron su acción legislativa con un proyecto que denotaría su interés por hacer aportes a las clases bajas: la Ley de Propiedad de la Misión Vivienda. La iniciativa ya fue aprobada en primera discusión y se espera que pronto se dé el segundo debate para su envío a Miraflores. Con ella, los beneficiarios de dicha misión obtendrían títulos de propiedad sobre sus residencias, que eliminarían las prerrogativas del Estado sobre las mismas. Maduro no solo ha dicho que no la firmará, sino que ha garantizado que impedirá que entre en vigor. Aunque la junta directiva de la AN puede ordenar que se ejecute si el Presidente la veta dos veces, este puede también enviarla a la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que evalúe su constitucionalidad. Diputados de la bancada oficialista ya han opinado que el texto viola la Carta Magna y es altamente probable que los magistrados les den la razón, dada la abierta afinidad de varios de ellos con el Gobierno. Si esto ocurre, la AN tendría que empezar de cero con un nuevo proyecto de ley. Aunque con estos mecanismos el chavismo podría bloquear la propuesta, hacerlo pudiera incidir negativamente en su ya debilitada imagen ante la opinión pública. Maduro apuesta a que los afectados por la medida se olviden de los beneficios individuales que les pueda traer y la rechacen por razones ideológicas y de "defensa del legado" del expresidente Hugo Chávez. Sin embargo, más o menos así fue el mensaje general de la campaña roja para el 6 de diciembre, y los resultados fueron catastróficos. En su discurso durante las últimas celebraciones por el 4 de febrero, un Maduro visiblemente molesto exigió mayores movilizaciones en rechazo a la ley de propiedad. La hermana "social" de este proyecto es la Ley de Cesta Tickets, que ya fue presentada ante la directiva de la AN por el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Miguel Pizarro. Será debatida en primera instancia por el pleno durante la sesión de esta semana, según informó el diputado. Su propósito es otorgar bonos de alimentación y medicamentos para jubilados y pensionados del Seguro Social. El oficialismo no se ha manifestado hasta ahora sobre cómo reaccionará a esta otra propuesta de la MUD. Ninguna de las dos leyes resuelve los problemas que fomentaron el voto castigo contra el Gobierno y que los ciudadanos quieren ver resueltos a corto plazo: desabastecimiento crónico, reducción drástica del poder adquisitivo, largas colas, etc. Estas son cuestiones económicas sobre las que el Parlamento tiene un rango de acción muy limitado, pues dependen de las políticas del Ejecutivo. La AN puede, no obstante, convertirse en una plataforma de exhortaciones >> Cont. en la pág. 3
>> Viene de la pág. 2 para que el Gobierno rectifique, aunque la efectividad de esa presión dependerá del eco que el reclamo tenga entre los ciudadanos.
Marcando territorio En su primer mes de funciones, la nueva Asamblea ha tomado además una serie de decisiones para dejar clara su ruptura con el Parlamento anterior, caracterizado por una completa sumisión a los intereses del PSUV. Una de las primeras fue permitir, desde su sesión de instalación, la entrada a los medios de comunicación al hemiciclo y las sesiones de las comisiones, algo que la vencida dirección chavista había prohibido por años. Inmediatamente después vino una decisión netamente simbólica: el retiro de las imágenes de Chávez y la de Simón Bolívar generada por computadora (otro símbolo oficialista) de las instalaciones parlamentarias por orden del presidente de la AN, Henry Ramos Allup. Luego vinieron acciones más contundentes, como el rechazo al Decreto de Emergencia Económica ordenado por Maduro y que por decisión del Parlamento quedó constitucionalmente anulado. Esta respuesta de la AN constituye un fuerte impacto para un Gobierno acostumbrado por más de 10 años a que los demás poderes le digan siempre "sí" a sus planteamientos. Aunque Maduro amenazó (y sigue amenazando) con aumentar la conflictividad ante una desaprobación del decreto, la legislatura no bajó la cabeza. Otra muestra de cambio hacia lo interno del hemiciclo ha sido la serie de invitaciones de sectores sociales para que les planteen a las diferentes comisiones los problemas que atraviesan como resultado de la crisis económica y de las políticas gubernamentales. Tales sectores fueron generalmente ignorados por la
AN anterior. Destacan los casos de autoridades universitarias, dirigentes estudiantiles, medios de comunicación y organizaciones defensoras de DD HH. Los diputados incluso los han integrado en la búsqueda de soluciones, participación que antes estaba casi siempre condicionada a la militancia política chavista.
Comparecencias desoídas La nueva AN no tardó en demostrar que aspira a ejercer su función contralora de los demás poderes públicos en todo su potencial. Así quedó manifestado con la oleada de convocatorias a distintos funcionarios para que comparezcan ante el hemiciclo. Con muy pocas excepciones, los convocados se han negado a presentarse a sus respectivas citas. Esta lista de ausentes incluye al presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes; el ministro de Banca y Finanzas, Rodolfo Medina; el presidente del Cencoex, Rocco Albisinni; el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres; el ahora ministro de Educación Universitaria, Jorge Arreaza; la ministra de Sistema Penitenciario, Iris Varela; el comandante de la Guardia Nacional, Néstor Reverol; el director de la cárcel de Ramo Verde, José Viloria; y el presidente de Venezolana de Televisión, Jordán Rodríguez. Algunos, como Varela, se excusaron y pidieron una reprogramación. Otros, como Reverol, sencillamente no se dieron por aludidos. La semana pasada el presidente Maduro acusó al Parlamento de pretender "tener a los ministros todo el tiempo metidos ahí, perdiendo el tiempo". La AN ha respondido con moderación a este desconocimiento de sus atribuciones por parte del Ejecutivo. Se ha limitado a insistir en la convocatoria. No obstante, su vicepresidente, Enrique Márquez, advirtió hace siete días que empe-
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zarían a aplicar las sanciones contempladas en la Ley de Comparecencias ante futuras inasistencias. Dichas penalidades incluyen multas hasta por 200 unidades tributarias y la remoción del infractor de su cargo hasta por tres meses, sin cobro de salario durante ese período. Aunque Márquez se refirió específicamente al caso de Arreaza, se entiende que lo mismo vale para las demás comparecencias pendientes y las próximas que se harán. La oposición puede apelar a la opinión pública nacional e internacional para exponer al gobierno de Maduro como un violador sistemático de las leyes nacionales. Además de las comparecencias hechas hasta ahora, de ahora en adelante la AN podría comenzar a investigar escándalos de corrupción y otros delitos. Desde la Comisión de Contraloría han adelantado que le pondrán la lupa a casos como el de la Banca de Andorra y los miles de millones de dólares que según el exministro Jorge Giordani desaparecieron de las arcas públicas. El diputado Ismael García, vicepresidente de la comisión, incluso pidió revisar las denuncias emanadas desde Estados Unidos que vinculan al diputado Hugo "el Pollo" Carvajal con crímenes de narcotráfico.
Un compromiso político Lo más probable es que la mayoría opositora en la AN mantenga la legislación social que la ha caracterizado en sus primeras cuatro semanas en los próximos meses, pero alternada con acciones de más tinte político. En primer lugar, tendrá que pasar por el espinoso tema de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, una de las iniciativas más rechazadas por el chavismo y que posiblemente no sea vista como prioritaria por un amplio porcentaje de la población. Se trata de un compromiso difícil de
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4 DESCIFRADO >> Viene de la pág. 3 postergar. La amnistía es un acuerdo hecho dentro de la MUD mucho antes de las elecciones parlamentarias para que la oposición concurra cohesionada a esos comicios. Así se sanaron las divisiones generadas por el movimiento de protestas de 2014 conocido como "La Salida". El principal interesado en que se cumpla el pacto es Voluntad Popular. La tolda naranja es la que tiene más militantes emblemáticos tras las rejas por razones políticas, incluyendo a su máximo líder, Leopoldo López. Sobre Carlos Vecchio y Antonio Rivero, que siguen al exalcalde de Chacao en la jerarquía del partido, penden órdenes de captura que los mantienen en la clandestinidad. También habría una mayor inclinación por la amnistía en Un Nuevo Tiempo y Alianza Bravo Pueblo, ya que ella beneficiaría a sus dirigentes, Manuel Rosales y Antonio Ledezma, respetivamente. VP ha tenido un crecimiento innegable entre los partidos opositores, y junto con Primero Justicia, Acción Democrática y UNT forma el "cuadrilátero" que tiene más influencia en las decisiones de la MUD por el número de diputados logrados el 6 de diciembre. Por eso, dejar en el olvido la Ley de Amnistía podría tener consecuencias nefastas para la MUD, como una eventual ruptura con VP, que a su vez pudiera restar votos en siguientes eventos electorales si el partido decide lanzar candidatos fuera de la alianza. La amnistía fue anunciada por la MUD como el primer paso que daría si llegara a controlar la Asamblea. No obstante, apenas fue la semana pasada cuando la Ley de Amnistía llegó al hemiciclo, y todavía tiene que ser analizada por la Comisión de Política Interior antes de ser debatida por el pleno. Una de las fichas de VP en el parlamento, le dijo a Descifrado que el procedimiento tal como viene desarrollándose ha sido necesario y que, para que la ley
Directora: Cindy Medina Redacción: Alejandro Armas Asistente de prensa: Gabriel Vargas
Fiscal General rindió cuentas, pero se niega a ser interpelada sea lo más inclusiva posible dentro del marco constitucional, han tenido que trabajar extensamente con organizaciones de Derechos Humanos como el Foro Penal y la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro). Así, poco a poco fueron decidiendo cuáles casos entran en el rango de acción de la ley cuáles no. La fuente añadió que, ya introducido el proyecto ante la cámara, espera una rápida discusión en la Comisión de Política Interior (presidida por Delsa Solórzano, miembro de UNT y presentadora del documento). Prevé que la ley sea llevada en las próximas semanas ante el pleno para su aprobación en primera instancia.
Transmitir el cambio a Miraflores Otro de los próximos focos de actividad parlamentaria opositora en los meses siguientes sería el debate sobre el cambio de gobierno. El primer día de sesiones, el diputado Ramos Allup ratificó que desde la AN buscarán en los próximos seis meses un mecanismo "constitucional, pacífico y democrático" para adelantar la salida de Maduro del poder.
Gerente de Administración y Finanzas: Mirla Moros Jefe de Mercadeo y Ventas: Ileana Hidalgo
La dirigencia opositora deberá decidir cuál de las cuatro formas constitucionales para el cambio de gobierno es la que pueda implementarse más rápidamente y tenga mayores posibilidades de éxito electoral. Son el revocatorio, la enmienda constitucional, la reforma a la Carta Magna y la Asamblea Constituyente. Todas deben pasar por un proceso de votación. El revocatorio y le enmienda son las más sencillas. Representantes del partido La Causa R introdujeron la semana pasada en el hemiciclo una propuesta de enmienda que reduciría el período presidencial de seis a cuatro años y llamaría a elecciones en diciembre de 2016. La AN tendría que aprobarla con la mitad más uno de sus integrantes y someterla a consulta popular para su aprobación. La enmienda puede ser más expedita que el revocatorio, ya que este requiere la recolección de las firmas de al menos 20% de los inscritos en el registro electoral antes de su activación, un proceso largo que el Gobierno podría retrasar con trabas, como hizo entre 2003 y 2004. Para el oficialismo pudiera ser más fácil encontrar argumentos jurídicos para bloquear la enmienda vía TSJ, debido a que es un proceso más complejo que la destitución del jefe de Estado. El cambio de gobierno como una necesidad para cumplir con las exigencias de la mayoría descontenta de la población demuestra que los retos de la oposición no terminaron el 6 de diciembre. Más bien, su primer mes al frente de un poder público nacional ha dejado claro que los desafíos se han acentuado. Todo indica que febrero y los meses que siguen serán por lo menos iguales de difíciles y le hará falta a la MUD mucha pericia política para evitar que sus logros se vengan abajo. Seguiremos informando…
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